ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. El juego político debe de ser una encarnizada contienda porque también en él la verdad desaparece. Se sustituye por la demagogia y la dialéctica amigo-enemigo. El amigo siempre tiene razón, el enemigo nunca. Contra él vale todo. Es esa parcialidad la que da al discurso una apariencia tan falsa. Es ese sectarismo el que hace que los ciudadanos desprecien cada vez más a los políticos. Es esa obcecación la que origina que la política pase de ser la actividad humana más noble, tal como afirmaba Platón, a la más repudiada.

El otro día en la Asamblea de la Comunidad de Madrid se produjo un acontecimiento que provoca la hilaridad, una especie de ópera bufa. Toda la oposición, con Mónica García a la cabeza, se lanzaron en tromba contra el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad por haber percibido 195 euros como bono social térmico, cuyos destinatarios, según la ley, son las familias numerosas, y parece que la de Osorio lo es.

Hasta aquí quizás nada raro. Es a lo que nos tienen acostumbrados, y lo que les debe de ordenar Sánchez que hagan. Lo cierto es que no aprenden. Son incapaces de hacer una verdadera oposición, y miren ustedes que hay cosas que criticar. Sin embargo, se agarran a nimiedades y se les ve demasiado el plumero y la demagogia. Ellos, proclives a comparecer a todas las manifestaciones y participar en todas las protestas contra el gobierno regional, parece que no tienen nada que decir ante el caos de cercanías o la huelga de los letrados judiciales que, a pesar de que afecte -y mucho- a los ciudadanos madrileños, depende de Sánchez.

No obstante, en esta ocasión el ridículo ha llegado al summum, porque se ha descubierto que la líder de Más Madrid, después de vociferar y dedicar toda clase de epítetos a Osorio, también percibe el importe del bono por tener familia numerosa. A mi entender, no habría nada que recriminarle, si no fuese por el papel inquisitorial previamente adoptado, rasgándose las vestiduras ante la conducta, igualmente legal, del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Pero la pantomima se acentúa por las explicaciones que ha facilitado. Afirma que no era consciente de ello, que quien cobraba la ayuda era su marido. Muy feminista ella. Un poco a lo Tartufo, manifiesta que se arrepiente y que reconoce su error. Revistiéndose de puritanismo, intenta convencernos de que su comportamiento era muy diferente al de Osorio.

No suelo ocuparme de la política regional de Madrid. No conozco demasiado sus intríngulis, y no me gusta hablar ni escribir de lo que no sé, pero si en esta ocasión me he adentrado algo en ella ha sido porque el circo se ha trasladado más tarde a la política nacional. Distintos miembros del Gobierno, incluso la Ministra de Hacienda, han mostrado su sorpresa porque familias no vulnerables pueden ser beneficiarias de la ayuda, ayuda que por cierto no se financia con impuestos, sino con el recibo de la luz a costa del consumidor. En el fondo sí es un gravamen, solo que bastante regresivo.

Todos los ministros se apresuraron también a escandalizarse de que alguien sin ser pobre hubiese cobrado esa subvención. Es más, invocaron la honestidad y la decencia y no sé cuántas otras zarandajas de carácter pío, de esas que deben quedar circunscritas al campo privado y, como mucho, al ámbito religioso. En política las obligaciones las determinan la ley y el Código Penal. La ministra de Hacienda manifestó, no sé si con descaro o inocencia, que en la finalidad de la norma nunca había estado presente beneficiar a las familias numerosas con suficientes ingresos. La conclusión es evidente: o bien la licenciada en medicina no se había enterado de lo que había aprobado el Consejo de Ministros, (lo que es grave siendo la responsable de los caudales públicos), o bien una vez más el Gobierno se había equivocado al elaborar la norma y había dicho lo que no quería decir.

Para mayor desconcierto, todos los ministros que han hablado se han reiterado también en modificar la ley e incluir un nivel de renta como una limitación para ser beneficiario de ayudas públicas. Estamos ya curados de espanto y hartos de que se legisle a borbotones, deprisa y corriendo, ad hominem, en función de los acontecimientos y las ocurrencias. En esta ocasión, además, para ser coherentes deberían modificar no sé cuántas leyes y reglamentos, tanto de ámbito estatal como autonómico, puesto que son muchas las ventajas y beneficios de que gozan las familias numerosas, sin referencia alguna a sus ingresos.

Sin pretensión de ser exhaustivos, podríamos citar la deducción de 1.200 a 2.400 euros en el IRPF, exención de tasas en el DNI y en el pasaporte, bonificación en la Seguridad Social al contratar cuidadores, descuentos en los vuelos, Renfe, barcos, museos y centros culturales, bonificación del 50% o 100% en tasas educativas, permiso laboral retribuido por nacimiento de hijo, derecho de preferencia en los procesos públicos de educación regulados por baremos, etc. Si no recuerdo mal, en ninguno de estos casos se tiene en cuenta la renta. Y habría que añadir las múltiples ayudas o bonificaciones autonómicas y municipales. ¿Se van a modificar todas estas normas o es que los señores ministros no se habían enterado de su existencia?

Parece ser que el cabeza de lista del PSOE a la Comunidad de Madrid, va de micrófono en micrófono, mostrando su indignación por que dos políticos han percibido el bono térmico y el eléctrico. Digo yo que su enfado en todo caso se debería dirigir contra su señorito y demás ministros, que son los responsables de la ley.

Por otra parte, quiero pensar que él y aquellos periodistas que también se han rasgado las vestiduras por este suceso no aplicarán ninguna deducción en su declaración del IRPF, ni por planes de pensiones, ni por vivienda, ni las familiares, incluyendo la de guardería, ni las donaciones a las entidades sin fines de lucro, ONG o fundaciones, ni a los sindicatos y partidos políticos, ni los gastos por obras de eficiencia energética, etcétera, etcétera; a las que habría que añadir otras muchas autonómicas, nada, de nada, porque la gran mayoría no hacen ninguna referencia a la renta, y habiendo tantos necesitados…  

Supongo también que cuando este tiempo de atrás se acercasen a repostar a las gasolineras solicitarían que no se les descontasen los 20 céntimos, ya que son ricos; y por el mismo motivo demandarán en la frutería, en la panadería, en la factura de la luz y en la del gas, etc., que no se les descuente el IVA, ya que pertenecen a la clase acomodada. Llevado el argumento al extremo, hay que imaginar que solo utilizarán la educación y la sanidad privada, porque no está bien que siendo adinerados tenga que ser el erario público el que les costee esos gastos.

No todas las actuaciones del Estado se orientan a la distribución de la renta o a la protección social, muchas de ellas tienen como única finalidad incentivar distintos sectores de la realidad económica o impulsar determinadas conductas sociales, y la mayoría de las veces por simplicidad y claridad, incluso por una finalidad práctica, no hay  por qué mezclarlas con la función redistributiva del Estado, que tiene sus cauces y mecanismos propios, tales como el IRPF o los gravámenes sobre el patrimonio y la herencia, y que se pueden usar con toda la intensidad que se desee. Cierto que esto último resulta más incomodo para un gobierno.

Soy más bien reacio a los incentivos fiscales. La mayoría de las veces no estimulan realmente nada y solo sirven para distorsionar la progresividad de los tributos, y lo mismo cabe considerar en cuanto al gasto público. Estimo que una de las medidas más rentables y eficaces consistiría en expurgar y cercenar las distintas partidas presupuestarias y depurar de deducciones los impuestos. Sin embargo, dado el problema demográfico existente en nuestro país, no parece demasiado descabellado promocionar la natalidad y, por tanto, las familias numerosas. Otra cosa sin embargo es que estos teóricos estímulos sean eficaces y cumplan el objetivo de mover a la procreación.

Nunca he compartido la idea de los que quieren introducir el nivel de renta y de riqueza como factor discriminatorio en los bienes y servicios públicos o en todas las subvenciones y transferencias. Soy partidario de que, en materia de gasto público, en la mayoría de los casos el disfrute sea general. Para diferenciar por ingresos ya están los impuestos directos. No tengo ningún reparo en que las rentas altas se beneficien de la sanidad y de la educación pública a condición del que el sistema fiscal sea suficientemente progresivo. Es más, creo que es conveniente puesto que la única forma de que no se deterioren sus prestaciones es que sean también usadas por clases altas. De lo contrario, antes o después se convierten en pura beneficencia.

Algo parecido hay que decir de las ayudas y prestaciones sociales, aunque aquí lo que más prima es una finalidad práctica, ya que distinguir por la cuantía de renta complica sustancialmente la gestión. Utilizar en todos los casos esta separación conduce a que muchas medidas sean inaplicables o a que su aplicación deje mucho que desear y no se cumplan los objetivos previstos. Cuando se trata de pequeñas ayudas puede ocurrir incluso que, paradójicamente, el coste de la gestión llegue a superar el de universalizar la prestación.

Es una constante de este Gobierno tomar las medidas, muchas veces ocurrencias, sin analizar previamente los obstáculos y conflictos que van a suceder en su implantación. La consecuencia es que en la mayoría de los casos se produce la frustración de los resultados y la imposibilidad de ejercer el control. Salen beneficiados no los verdaderamente necesitados a los que iba dirigida la ayuda, sino los más listillos y avispados, sean o no acreedores a ella. El Gobierno piensa que el problema se soluciona encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, pero, en ocasiones, esta entidad tampoco cuenta con la información precisa ya que la que posee se ha diseñado para otros cometidos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además, a este organismo se le aparta de su verdadera función, la gestión de los impuestos y el control del fraude.

Cuando la aplicación de las medidas fracasa hay quien echa la culpa a deficiencias de la Administración y a la burocracia, la responsabilidad, sin embargo, no se encuentra ahí, sino en un diseño imperfecto a la hora de elaborar la norma y  en el desconocimiento de aquellos que legislan.

republica.com 23-3-2023

Hay quien contrapone el derecho a la vivienda al de la propiedad privada, como si para dar satisfacción al primero fuese necesario violar el segundo. No hay tal antagonismo. El derecho establecido por el artículo 47 de la Constitución a que todos los españoles tengan una vivienda digna y adecuada no es frente a los bancos, ni frente a los propietarios de fincas o casas, ni siquiera frente a los fondos buitre de los que tanto se habla. El derecho es frente al Estado, frente a los poderes públicos. Son las distintas administraciones las obligadas a proporcionar la solución habitacional, tal como se denomina ahora. Luego no tiene por qué darse ninguna oposición a la propiedad privada.

Solo los Estados con gobiernos fallidos e inhábiles para cumplir sus funciones cargan sobre el sector privado las obligaciones que solo a ellos competen. Son los gobiernos que no son capaces de distribuir las cargas sociales de forma equitativa entre todos los ciudadanos, de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema fiscal progresivo, los que terminan asignándolas de manera anárquica e injusta sobre personas y grupos sin motivo especifico que no sea otro que el librarse lo más rápidamente posible de sus obligaciones.

Por eso en España solo el franquismo que, en su falta de voluntad e incapacidad para aplicar una política fiscal progresista y por lo tanto para dar respuesta a las necesidades sociales con la finalidad de acallar a los inquilinos, echó la carga de manera arbitraria sobre los caseros congelando los alquileres y prohibiendo los desahucios.

En la época actual únicamente desde el populismo (y no desde la socialdemocracia) se puede defender una política parecida. Las especiales características de la crisis de 2008 y la generalización de problemas en el pago de las hipotecas pueden explicar que desde dentro de los indignados del movimiento 15-M surgiese la plataforma anti desahucios, como forma de protesta frente al Ejecutivo, aunque en realidad debería haber sido contra los gobiernos anteriores que fueron los que permitieron la burbuja inmobiliaria.

La cosa cambia radicalmente cuando la protesta se extiende al ámbito de los alquileres y, sobre todo, cuando los que protestan están ya en el poder. Muchos de los que son hoy dirigentes de Podemos y que comenzaron su carrera política obstaculizando los desahucios, están hoy en el Gobierno y son los encargados y responsables de dar la respuesta a la carencia de viviendas. Resulta irónico que hablen de personas vulnerables y de soluciones habitacionales como si ellos no tuvieran nada que ver en el asunto y hubiese que encomendar a los jueces y a los propietarios la resolución del problema. El mismo concepto de vulnerable es indeterminado, sobre todo si se deja en manos de los servicios sociales su apreciación. Estos son muy heterogéneos y cada uno de ellos tendrá un criterio diferente.

La respuesta al derecho a una vivienda no puede encontrarse en prohibir los desahucios, sino en que las administraciones públicas cumplan sus obligaciones de facilitar de forma inmediata a aquellas familias sin capacidad económica a las que se vaya a desahuciar una solución habitacional, sea cual sea esta, o bien subvencionar su alquiler hasta que su produzca el arreglo definitivo.

Es el Gobierno el obligado a proporcionar a aquellos españoles que no pueden obtenerla por sus medios, esa vivienda digna y adecuada que determina la Constitución, y a repercutir este coste social entre todos los contribuyentes según su capacidad económica, es decir, mediante impuestos. No parece muy equitativo, más bien una pura lotería, que tenga que ser el arrendador respectivo quien deba asumir la carga social destinada a paliar el deterioro en la posición social o económica de su inquilino. Es como si el médico o el maestro debieran atender gratuitamente y a su costa (y no a la del Estado) a las familias en riesgo de exclusión social, o los tenderos y comerciantes de todo tipo hubieran de suministrar todos sus productos sin contrapartida a las familias socialmente vulnerables. Una cosa es la caridad y otra la justicia.

El problema es ciertamente de justicia: distribuir adecuadamente el coste de la política social de forma generalizada en función de la capacidad económica de cada ciudadano. Pero existe también una cuestión de eficacia, conseguir los objetivos propuestos. El mercado del alquiler, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Si se quieren precios más asequibles y mejores condiciones para los arrendatarios, el camino tiene que ser ampliar la oferta, nunca medidas que puedan restringirla (ver mi artículo del 20-9-2018 en este mismo medio).

El mercado español de la vivienda es un mercado muy atomizado. Más del 96% está en manos de pequeños propietarios o familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con estos ingresos. Este colectivo se caracteriza por una mentalidad muy conservadora que no quiere riesgo, que en buena medida ha canalizado su inversión al mercado inmobiliario porque lo considera mucho más seguro que el de los activos financieros y cuyos miembros está dispuestos a salirse de él en cuanto vislumbren que el riesgo aumenta.

Una gran parte de ellos consideran que padecen ya indefensión y que se encuentran en una posición de inferioridad frente al arrendatario, que puede impunemente dejar de pagar el alquiler. Su única arma es el desahucio. Desahucio que suele dilatarse en el tiempo y que, cuando al final se logra el piso suele presentar grandes desperfectos, a lo que hay que añadir a menudo considerables deudas en suministros. Y, desde luego, en raras ocasiones se recuperan las rentas dejadas de ingresar. Campañas como las de estigmatización de los desahucios y la previsible aprobación de medidas a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores incrementan su intranquilidad y sus dudas acerca de si van a verse inmersos en líos judiciales y en escándalos públicos, que es lo último que desean.

Todas estas políticas y actuaciones encaminadas teóricamente a defender a los inquilinos lo que están provocando o pueden provocar es una reducción de la oferta, con la consiguiente elevación del precio o, lo que es aún peor, que los arrendadores adopten medidas muy selectivas a la hora de alquilar. Se expulsará así del mercado a los más vulnerables (emigrantes, parados y precarios con riesgo de desempleo, familias con hijos pequeños o con ancianos, etc.), precisamente a los que se dice querer proteger. Este colectivo, ante la duda de los posibles arrendadores acerca de si van a poder hacer frente al pago de la renta y la sospecha de que en caso de conflicto va a ser mucho más arduo el desalojo, tendrá enormes dificultades para encontrar quien esté dispuesto a alquilarles el piso. El resultado, como se ve va a ser el contrario al que los defensores de la intervención afirman perseguir.

republica.com 26-12-2022

José Luis Escrivá llegó al Gobierno con dos promesas: solucionar el problema de las pensiones y la creación de un sistema de renta mínima de reinserción. Hoy todo el mundo sabe que el ingreso mínimo vital ha sido un auténtico fracaso, siendo prácticamente ingestionable, lo que desde luego no se arregla con la subida del 15%. Con la tan cacareada reforma del sistema público de pensiones va a ocurrir lo mismo. Se está muy lejos de que desde el Gobierno se solucione la supuesta quiebra de la Seguridad Social, ya que mientras se mantengan las pensiones unidas a las cotizaciones sociales como única fuente de financiación la viabilidad del sistema estará en entredicho y será la primera diana, quizás por ser la más fácil, que considere la Unión Europea a la hora de hablar de la consolidación fiscal.

Parece ser que la Comisión nos ha obsequiado ya con el primer aviso ante los palos de ciego que viene dando el ministro corrigiéndose a sí mismo y sin que hasta ahora haya habido concreciones suficientes de sus propuestas. De momento, la única medida adoptada que reviste cierta entidad ha sido el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, actualizándolas anualmente por el IPC. A pesar de que la medida había sido consensuada por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo y por más que el Gobierno lanzase las campanas al vuelo y en tono triunfalista asegurase que por primera vez la actualización estaba para siempre garantizada por una ley, ha bastado que la inflación se disparase para que surgiesen desde todos los ángulos multitud de voces poniendo en duda la posibilidad de una actualización de tal cuantía.

Se dice una y otra vez que el presupuesto público no puede asumir un incremento del gasto de esa envergadura. Se silencia que la inflación produce en los ingresos públicos un aumento de igual o mayor cuantía que en los gastos, incluyendo las pensiones. El déficit o el superávit del sector público no tienen por qué modificarse en función de cuál sea el incremento de los precios, excepto que se quiera emplear el exceso de ingresos para otras finalidades. Estas ofensivas infundadas en contra de la actualización de las pensiones seguirán existiendo mientras las finanzas de la Seguridad Social se mantengan al margen de las del Estado. No habrá reforma verdadera en tanto en cuanto permanezca esta división. Y es claro que el Gobierno está lejos de superarla, puesto que cuando se producen déficits en la Seguridad Social se financian con préstamos en lugar de mediante aportaciones del Estado.

Entre las voces que en este momento se han levantado en contra de la actualización de las pensiones quizás la más preocupante sea la del Banco de España, porque no se puede olvidar que en nuestro país es la franquicia del Banco Central Europeo (BCE) y en buena medida su portavoz. Tras la Unión Monetaria, es en el BCE donde en realidad radica el poder y es esta institución la que tiene capacidad suficiente para forzar a los países a seguir sus indicaciones. El hecho de que la actualización se encuentre en una ley no constituye ninguna garantía, a pesar de lo mucho que de ello se ha vanagloriado el Gobierno. Una ley con otra ley se modifica.

Las múltiples ocurrencias que va desgranando el ministro del ramo desde luego no van a solucionar el problema, porque la cuestión radica precisamente en considerar las pensiones un problema al margen del problema general de la financiación del Estado. Incluso algunas de estas ocurrencias van a resultar negativas como esa idea de crear fondos de pensiones de empleo de promoción pública que, para mayor gloria y boato del ministro, ha merecido una ley que en este momento se encuentra en el Parlamento. Ley de contenido pobre, reducida a la creación de esta nueva figura de ahorro y de toda una estructura burocrática, innecesaria y que en realidad no va a controlar nada.

Los fondos de pensiones en general han sido los máximos enemigos  del sistema público. Siempre se han considerado un mecanismo complementario, pero en realidad ha pretendido ser sustitutivo. Es por eso por lo que desde hace más de treinta años las entidades financieras, principales beneficiarias de los fondos, se han dedicado con sus servicios de estudios a difundir la teoría de que el sistema público de pensiones es inviable económicamente, en la creencia de que cuanto más se deprimiese este, más se generalizarían y extenderían los fondos privados.

En nuestro país, los fondos privados de pensiones se encuentran con un obstáculo casi insalvable, la escasa capacidad de ahorro que tiene la mayoría de la sociedad española. Solo la clase media y media alta pueden acceder a ellos. Que lo hagan o no depende únicamente de los incentivos fiscales. En realidad, los fondos no son más que una forma de inversión, y no de las mejores. Los partícipes no conocen en qué activos se materializan y si la elección se hace pensando en la rentabilidad de los partícipes o en el interés de los depositarios o de las gestoras que normalmente están unidas a las entidades depositarias.

Los planes de pensiones se mueven en una encrucijada complicada. Sin desgravaciones fiscales no son interesantes y si se les dota de ellas se cae en la contradicción de que al tiempo que se admite que no hay dinero suficiente para mantener las pensiones públicas se dediquen importantes recursos a incentivar los fondos privados, cuyos beneficiarios, tal como hemos dicho, serían las rentas altas y media altas. De hecho, los incentivos fiscales se han ido reduciendo de manera significativa a lo largo del tiempo hasta llegar a la situación actual en la que los fondos de pensiones carecen de todo atractivo y únicamente son convenientes para las entidades financieras, ya que mediante ellos mantienen cautivas importantes cantidades de dinero.

El ministro Escrivá, como es su costumbre, nos obsequia con una ocurrencia. Lo suyo es inventar. En esta ocasión se saca de la manga un fondo de pensiones que llama público y además de empleo. La figura es un poco engendro, como ya ocurrió con el ingreso mínimo vital. Lo primero es que ya existe un sistema público, por lo que resulta inútil e incluso contraproducente colocar otros a su lado. La clásica distinción entre reparto y capitalización tiene mucho de ficción y asintóticamente se confunden, si consideramos que las cotizaciones del sistema público de pensiones son aportaciones que realizan los empresarios y los trabajadores a la Hacienda Pública que los invertirá en la economía nacional y se los devolverá en el momento de la jubilación en forma de pensiones. De alguna manera, se podría hablar de capitalización.

La única diferencia, pero diferencia muy importante, es que en el sistema público de pensiones no hay una correspondencia exacta, ni individualmente ni en su totalidad, entre aportaciones y retornos. Esta misma ausencia de identidad cuantitativa es la que le concede su carácter redistributivo y lo liga al mandato de la Constitución y por lo mismo lo diferencia también de la nueva ocurrencia del ministro que, aunque se presente como complementaria, en realidad pretende ser sustitutiva. Solo puede tener éxito a base de restar recursos que se podrían dedicar a las pensiones públicas.

La ley elaborada por el Ministerio de la Seguridad Social y que se está debatiendo en el Congreso crea un fondo de pensiones de empleo, pero de promoción pública. En la exposición de motivos aparece la queja de la escasa difusión que han tenido los fondos de pensiones de empleo en nuestro país, lo cual es cierto. Tan solo se han generalizado entre los grandes ejecutivos. Las compañías los han usado para que pasen más desapercibidas las astronómicas retribuciones que perciben, especialmente en el momento de las liquidaciones por finalización de su relación laboral. También han ocupado un lugar en las empresas públicas, y se han seguido manteniendo en ellas después de ser privatizadas. Por último, hay que considerar algún que otro sector económico muy consolidado, como la banca, y que durante la dictadura eran tenidos como pertenecientes a un estrato superior, los trabajadores de cuello blanco.

Pero, al margen de estos ámbitos, los fondos de pensiones de empleo no han tenido éxito, como es lógico cuando existe un sistema público de pensiones. Si se niega la posibilidad de incrementar las cotizaciones será difícil que los empresarios y los trabajadores se encuentren en condiciones de contribuir a un sistema paralelo al de la Seguridad Social. Es por eso por lo que el invento del ministro está condenado al fracaso. Se afirma que se nutrirá de los convenios de empresa o sectoriales. Lo cierto es que los empresarios solo asumirán estas obligaciones siempre que se compensen con incrementos salariales más reducidos. Pero es de suponer que esta alternativa de ningún modo convencerá a los trabajadores, tanto más cuanto que los salarios en España no son nada elevados y muchos de ellos se encuentran en el nivel de mera subsistencia.

Escrivá confía en los autónomos y en los funcionarios. Como siempre, el ministro diseña la política al margen de la realidad. En nuestro país el colectivo de autónomos es muy heterogéneo. Muchos de ellos militan en el infraempleo o en el paro encubierto. Personas que, ante la dificultad de encontrar un puesto de trabajo, se lanzan a montar un negocio o a ejercer una profesión por su cuenta con futuro muy dudoso y con cierto empobrecimiento generalizado, ante el hecho de tener que repartir la demanda entre un número mayor de agentes productivos. Lo cierto es que la mayoría de los autónomos ponen dificultades para soportar cotizaciones sociales moderadas (lejos de las de los trabajadores dependientes). Luego no parece que haya muchas posibilidades de que en este ámbito se extienda el invento del ministro.

En cuanto a los funcionarios, el único experimento realizado ha sido un auténtico fracaso. A finales de 2002, siendo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro pactó con los sindicatos de la función pública la constitución de un fondo de pensiones del 0,5% de la masa salarial de los 523.000 empleados públicos de la Administración central (54,65 millones de euros). El fondo fue constituido en el BBVA en 2004, ya con el PSOE en el gobierno y siendo ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. En realidad, constituía una retribución en especie y, como era lógico, iba en detrimento de las retribuciones en metálico.

A los funcionarios no se les dio a elegir. De lo contrario, casi todos se hubieran inclinado por el pago en efectivo. Podían, sí, rechazar el fondo, pero sin recibir a cambio contrapartida alguna. La razón del pacto hay que buscarla primero en el interés de Montoro en hacer propaganda de estos instrumentos financieros, y después en el poder que concedía a las organizaciones sindicales al controlar un fondo de pensiones de esa envergadura. No creo que desde 2004 hayan existido muchas aportaciones, con lo que el saldo se está consumiendo poco a poco, según se jubilan los funcionarios que se encontraban entonces en activo y van retirando las ridículas cantidades que les corresponden.

Todo lo dicho no parece pronosticar un buen futuro para el proyecto de Escrivá. Las ventajas que la ley considera son muy dudosas. El fondo diseñado es un engendro, un híbrido. Se define como público, pero la gestión será privada. Resultará difícil garantizar que las comisiones serán más pequeñas y que las inversiones serán las adecuadas. El bosquejo es espectacular, pura megalomanía por la extensión y amplitud que se piensa que alcance y por las potestades que concede a la Administración y el andamiaje de órganos de vigilancia que diseña, pero la gestión continúa siendo privada y de muy difícil control.

Nada hace pensar que este fondo vaya a ser atrayente. No creo que tenga mucha demanda, como no sea que al igual que en 2002 se obligue a los funcionarios a incorporarse sacrificando parte del incremento salarial al que tendrían derecho. Como el resto de los fondos, su único atractivo y medio para obtener clientes sería agrandar y extender considerablemente los beneficios fiscales. A eso juega ahora la CEOE. Pide exenciones y deducciones para los trabajadores en el impuesto sobre la renta y para los empresarios en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones sociales. Ese es el peligro del invento del ministro, que termine por restar recursos al erario público y por lo tanto a las pensiones públicas y además sirva de coartada para reducirlas.

republica.com 25-5-2020

 “Me sorprende que se sorprendan de que haya revisiones”, espetaba la ministra de Economía a los señores parlamentarios en el Congreso. Se refería a la revisión realizada por el INE respecto a la previsión de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año actual. Me imagino que la extrañeza de los diputados obedecería a dos motivos. Primero, a la magnitud del ajuste (del 2,8% en julio al 1,1% en la actualidad). Ciertamente siempre ha habido correcciones, pero no de esta dimensión. En segundo lugar, a que el Gobierno mantenga sus previsiones inamovibles como si la revisión no existiese o no les afectase.

Pero a lo mejor es verdad que los diputados no tendrían por qué sorprenderse. Respecto del último motivo porque deberíamos estar acostumbrados a que el relato del Gobierno vaya siempre  por derroteros distintos e independientes de la realidad. En cuanto al primero, porque, aun cuando la desviación es de una magnitud desproporcionada y poco habitual, se produce en una crisis que tiene muy poco de típica o clásica, y las tasas trimestrales pueden variar fuertemente no por razones económicas, sino al ritmo en el que va desarrollándose la pandemia.

La crisis actual es muy distinta de las tradicionales y aún más de la de 2008. La anterior recesión en Europa tuvo como origen la conjunción de una serie de hechos económicos. El diferencial de inflación entre los distintos países que en presencia de la Unión Monetaria creó importantes desequilibrios en las balanzas de pagos que, a su vez, incrementaron fuertemente el monto de deuda intercomunitaria. Se abrió una fractura profunda entre países acreedores y deudores. La enorme dimensión de los créditos concedidos por unos y suscritos por los otros generó una situación de profunda inestabilidad financiera, proclive a devenir en recesión en cuanto cualquier elemento exterior, como ocurrió con las hipotecas subprime, hiciese de detonante (véase mi libro “La trastienda de la crisis”, en editorial Península).

Nada de esto se ha producido por el momento en la actual crisis; no tiene su origen en factores económicos, sino en decisiones políticas y administrativas adoptadas para dar respuesta a los problemas sanitarios. Hoy por hoy, no hay ninguna semejanza, a no ser que la reciente acumulación de deuda pública y un plausible diferencial de inflación entre países genere una recesión (sería otra distinta de la actual) parecida a la del 2008. Son absurdos, por tanto, los esfuerzos del Gobierno para ponerse medallas y convencernos de que la respuesta que se está dando a esta recesión es radicalmente mejor y más efectiva que la que se dio a la anterior.

En este sentido, la entrevista a la ministra de Economía en El País de 26 de septiembre pasado es sumamente ilustrativa. Sus contestaciones son de un triunfalismo infantiloide y bobalicón que causa vergüenza ajena, además de estar plagadas de contradicciones. Sin ningún pudor, afirma que España va a ser uno de los motores de crecimiento de Europa. Acepta, sin embargo, que hay países que van mucho más adelantados que España en ese camino de retornar a la situación anterior a la pandemia.

La ministra pretende justificarlo por el hecho de que venimos de una sima mucho más profunda que el resto de países. Lo cual es cierto. En 2020 nuestro PIB disminuyó el 10,8%. España se situó así a la cabeza de todos los países de la UE con la más elevada tasa negativa de actividad económica. La Eurozona en su conjunto se contrajo el 6,5%. Pero precisamente esto es lo que echa por tierra cualquier posible triunfalismo gubernamental. Hay que preguntarse  por qué el deterioro de la economía española fue mayor que el del resto de las naciones. Calviño lo atribuye a que la hostelería y el turismo, que son los sectores que más han sufrido en la pandemia, son también los que tienen más relevancia en nuestro tejido productivo. Pero, como acertadamente le indico el periodista que la entrevistaba, hay otros países como Francia, Italia, Grecia, Croacia, Chipre o Malta que tienen un sector turístico muy destacado y su desplome económico ha sido mucho menor.

El Gobierno se escuda en el desempleo, como si la evolución de este pudiera ir separada de la del PIB. La ministra de Economía se jacta de que las medidas que han tomado han impedido que las cifras de paro se disparasen como en la crisis anterior. Es el mismo argumento que ya empleó la ministra de Trabajo afirmando que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor. Afirmación difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables.

Las medidas del Gobierno, concretamente los ERTE, no se dirigen a crear empleo. De ser así, la medida también hubiese impactado en el PIB. Los ERTE no impiden la aparición del paro, tan solo dan al fenómeno y a su cobertura un tratamiento diferente. No es el momento de juzgar la eficacia de los ERTE. Todo el mundo los bendice, lo que quizás pueda dar que sospechar. Habría que preguntarse si no hay medidas alternativas mejores. Pero, en cualquier caso, lo único que no es admisible es que se empleen para ocultar el paro. Para conocer en cada momento la verdadera tasa de desempleo se debe sumar a la oficial el número de trabajadores en ERTE. Por ejemplo, en mayo del año pasado las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje de paro si a la cifra oficial, 3,8 millones, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? Quizás cuando el empleo se analiza en horas trabajadas los datos comienzan a tener más sentido, el descenso en 2020 fue del 30%.

Algo parecido ocurre con la afiliación a la Seguridad Social El ministro de Inclusión, o de exclusión, ha presumido varias veces de que se habían alcanzado ya las cifras anteriores a la pandemia. Escrivá pretende engañarse o engañarnos, ofrece los datos de afiliación en términos brutos sin descontar los trabajadores en ERTE, reducción que debe hacerse puesto que estos, aunque mantienen la afiliación a la Seguridad Social, lo hacen de manera nominal y por el único motivo de que los financia el Estado. En ningún caso se puede decir que están trabajando.

La ministra de Economía tiene razón cuando en la entrevista citada asegura que la salida de esta crisis va a ser muy diferente de la anterior. Estoy de acuerdo, pero este hecho no tiene nada que ver con el buen o mal hacer del Gobierno. La recuperación va a ser distinta por el único motivo de que también lo han sido el origen y la causa. En 2008 la salida de la crisis pasaba por superar un disparatado endeudamiento privado y corregir graves desequilibrios exteriores. Sin poder depreciar la moneda su ajuste se hizo lento, muy doloroso y con tremendos sacrificios, mediante lo que se ha llamado devaluación interior. En 2020, la balanza de pagos estaba ya equilibrada y lo que generó la crisis fue la respuesta obligada a una catástrofe sanitaria. La salida en este caso depende de la gestión mejor o peor de la pandemia y de su evolución. La respuesta a la crisis es, en consecuencia, más sanitaria que económica.

El hecho de que corresponda a España el triste honor de ser entre todas las naciones de la Unión Europea la que ha alcanzado en 2020 la mayor tasa negativa del PIB tiene lógicamente su correlato en la desastrosa gestión en los primeros meses de la epidemia y en el estado de alarma que se estableció durante ese periodo y que ha terminado por ser declarado inconstitucional por el alto tribunal.

El ritmo de la recuperación económica y el momento en que se alcancen los niveles de 2019 van a depender de la depresión de la que se parte originada en 2020, y de la gestión de la epidemia en los meses posteriores, gestión en la que no queda muy bien parada la actuación del Gobierno ni siquiera en la vacunación, a pesar de que uno de sus aduladores tertulianos se esfuerce en resaltar su gran participación en ella, mediante la logística. Tarea hercúlea la de distribuir las dosis entre diecisiete Comunidades Autónomas. Si la vacunación se ha desarrollado con cierto éxito ha sido gracias a las Comunidades Autónomas y al menor rechazo que ocasiona en la opinión pública española que el que se produce en otras latitudes.

Coincido con la señora Calviño cuando en el artículo referido manifestó que hay datos que no están recogidos en el PIB. Pero los importantes no son los que ella cita, sino por ejemplo el incremento de la deuda. En la pasada crisis aprendimos que un crecimiento a crédito (como el que se produjo en tiempos de Aznar y primera legislatura de Zapatero) termina siendo extremadamente peligroso. Cuando retornemos al nivel del PIB de 2019 (seguramente en el 2023) subsistirá la hipoteca de haber incrementado el stock de deuda pública hasta el 125% del PIB, que solo sera sostenible por las compras del BCE en el mercado, a lo que seguramente habrá que añadir una situación muy deteriorada en el empleo y el fantasma de una inflación en lontananza. El panorama no es precisamente para sacar pecho y lanzar las campanas al vuelo.

Republica.com 7-10-2020

Hay que reconocer que el sanchismo es experto en crear mitos vacíos de contenido, pero que sirven a la perfección para influir en los ciudadanos, transmitiéndoles aquellas imágenes que le interesan al gobierno, aunque no se adecuen a la realidad. Hace ya algunos días, Pedro Sánchez, tal como le gusta actuar, en su función propagandística, anunció que el escudo social se prorrogaba hasta octubre. El nombre es rimbombante, enfático. Pero por eso mismo causa extrañeza que se hable de prolongar. Uno tendería a creer que un escudo, un verdadero escudo social, debería tener un carácter de permanencia.

Pero es que, además, cuando uno se acerca a ver el contenido de eso que Sánchez llama escudo llega al convencimiento de que se queda como mucho en un mantelete deformado y reducido. El auténtico escudo social lo diseña la Constitución al definir a nuestro Estado como social, contrapuesto al liberal. Nuestra Carta Magna, ella sí, establece un marco para intentar no dejar a nadie atrás, otra cosa es que se cumpla) y por eso constituye una sanidad y una educación públicas que aseguren, si no por completo, sí parcialmente, la igualdad de oportunidades. De la misma forma instaura una serie de derechos sociales, que lo son frente a la sociedad y al Estado y no frente a las personas individuales. Son los poderes públicos los encargados de garantizarlos y al erario público le corresponde financiarlos.

Pero más alla de todo eso, la Constitución establece como principal baluarte frente a la indigencia social el derecho a un puesto de trabajo y la obligación a los gobiernos de practicar una política de pleno empleo. Bien es verdad que con la globalización e instituciones como la de la Unión Monetaria, lograr el pleno empleo, desaparece a menudo del abanico de posibilidades que tienen a su alcance las autoridades de los distintos países. Deben entrar, por tanto, en funcionamiento las previsiones que el Estado social establece cuando por distintos motivos no es posible tener un puesto de trabajo. Es necesario potenciar y ampliar las prestaciones sociales ligadas al paro y a las que de alguna forma se encuentran asociadas a ellas, las pensiones, puesto que a determinada edad es precisa o al menos conveniente la salida del mercado laboral. No se debe olvidar, sin embargo, que seguramente la mejor política social es la creación de puestos de trabajo dignos.

El escudo social del que habla el Gobierno tiene muy poco de escudo y me atrevería a decir que tampoco de social. Es un puro simulacro, un artificio con el que ocultar los defectos de la política social aplicada y con el que disimular el hecho de que se ha abandonado a su suerte a amplias capas de población. Todo se reduce a prohibir los desahucios y el corte de suministros esenciales a las familias vulnerables. La pregunta surge de inmediato: ¿no sería preferible que el Estado se comprometiese a que no existiesen familias vulnerables o al menos que una vez detectada su existencia por encontrarse en las situaciones extremas anteriores fuese el erario público el que tendiese a solucionar el problema y no hacer recaer sobre terceros y de forma arbitraria el coste de la protección social? Resulta irónico escuchar esa coletilla de si «no existe alternativa habitacional», como si este hecho dependiese del juez o del propietario de la vivienda, y no de los poderes públicos.

Lo que llama escudo social el gobierno sanchista cubre una pequeñísima parte de las contingencias sociales, y además de forma impropia. Tan es así que incluso puede terminar siendo contraproducente. Es el erario público con todos sus impuestos el que tiene que subvenir a cubrir las necesidades de las capas de la población más vulnerables. Cuando un gobierno cambia las reglas del juego y hace que sean terceros los que de buenas a primeras y de forma aleatoria, sin ninguna lógica, deban asumir el coste, se resiente no solo la equidad, sino también la seguridad jurídica, con efectos bastante negativos. Nos encontramos más cerca de las repúblicas populistas de América Latina que de un Estado social, democrático y de derecho de la Europa Occidental. En realidad, un gobierno que obra así está mostrando su incompetencia para desarrollar el Estado social y su debilidad para aplicar una política fiscal que genere los recursos necesarios para cumplir la Constitución en materia social.

Además, en el caso que nos ocupa -como en todos los demás en los que se pretende forzar las leyes del mercado- el tiro puede salir por la culata, y precisamente perjudicara aquellos que teóricamente se pretende beneficiar. Si los arrendadores ven que se les quita, o al menos que existe el riesgo de que por h o por b se les prive de la única arma que tienen frente al arrendatario, que es el desahucio, y que esto se produce principalmente respecto a las familias que se califican de vulnerables, la reacción de muchos de ellos será seleccionar cuidadosamente a los inquilinos y excluir a todos aquellos sobre los que tengan la menor sospecha de que un día se pueden declarar insolventes y presentar ingentes obstáculos para el desalojo. Trabajadores precarios, quizás emigrantes, con muchas cargas familiares, con numerosos hijos, etc., se verán excluidos del mercado porque casi ningún arrendador estará dispuesto a alquilarles un piso.

Nadie puede quedarse impasible ante los dramas sociales que se presentan a menudo en ciertos desahucios, pero el problema de la pobreza de algunas familias que las incapacita para el mantenimiento de una vivienda digna no debe recaer sobre las personas y sociedades privadas, sino que debe asumirlas el Estado. Incluso hacerse cargo de ellas a tiempo y no esperar a que la indigencia se presente de forma tan dramática. Además, la vivienda o ciertos suministros son sin duda necesidades esenciales, pero no son las únicas ni a las que se reduce la carencia de las familias. La actuación de los poderes públicos debe adoptar una forma más generalizada de ayudas, dotar de medios a las familias vulnerables, proveerlas de los recursos precisos y que sean ellas las que escojan su distribución entre sus múltiples necesidades.

Si la pobreza va unida en la mayoría de los casos a una situación de paro, el escudo social debería centrase en establecer una prestación por desempleo adecuada que se aplicase tan pronto se produjese el despido, se hubiese cotizado o no, y que se mantuviese todo el tiempo necesario hasta que se encontrase un nuevo empleo. Tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones por jubilación son herederas del sistema de seguridad social de tiempos de la dictadura, basado en cotizaciones y carente de generalidad. En cierta forma tienen una orientación preconstitucional. La Carta Magna, sin embargo, los configura como derechos sociales con un carácter de universalidad y de ninguna manera condicionados a la existencia de cotizaciones.

La prestación por desempleo en España está muy lejos de constituir un verdadero escudo social con la amplitud debida y a ello tendría que haberse dedicado este Gobierno si fuese verdaderamente progresista al tiempo que abandonaba la política de parches que solucionan poco e incluso a veces empeoran la situación. En junio de este año la cobertura de la prestación por desempleo alcanza, según datos del CEPES, el 58,1%. Es decir, que casi el 50% de los parados no cobran prestación alguna.

Pero la situación es bastante peor si estudiamos con cierto detenimiento las cifras. En el denominador no se engloba a todo el paro registrado, ya que se excluyen aquellos que solicitan empleo por primera vez. Si los considerásemos, la tasa de cobertura se reduciría aproximadamente en un 10%. Además, el numerador comprende a todos los beneficiarios ya sean los del nivel contributivo o los del asistencial, incluyéndose dentro de este toda una tipología de lo más diversa de perceptores de subsidios. Desde hace ya tiempo, dada la precariedad del mercado laboral y la movilidad en los puestos de trabajo, pocos son los parados que cumplen los requisitos exigidos para situarse en el nivel contributivo, por lo que el número de beneficiarios del régimen asistencial sobrepasa ya la mitad del total. Sin embargo, el gasto en este nivel es poco más de la tercera parte del que se aplica en el régimen contributivo, lo que indica que por término medio las prestaciones del nivel asistencial –llámese como se llame el subsidio -alcanzan la tercera parte que las del régimen contributivo.

De lo anterior se puede concluir que escasamente el 25% de los parados está cobrando una prestación más o menos adecuada. El resto hasta llegar al 50 o 58% perciben un subsidio de una cuantía muy reducida, que ya no es que no les dé para pagar el alquiler o el suministro de electricidad, es que no les permite vivir. Más allá, hasta el 100%, más del 40% de los parados, están totalmente desprotegidos, a expensas de la caridad privada, de los llamados comedores del hambre, o de algún que otro subsidio de las Comunidades Autónomas.

Este estado de pobreza es el que prometía arreglar el ministro independiente poniendo orden además en las rentas básicas-sea cual sea su denominación- de las Comunidades Autónomas. La montaña parió un ratón. Se elaboró un subsidio al que se ha llamado “ingreso mínimo vital”, de una complejidad tal que es un infierno su aplicación, y su control, casi imposible. La conclusión es que no van a estar todos los que son, ni serán todos los que deban estar, y a pesar de eso va llegar a un número muy reducido de necesitados. Por otra parte lejos de armonizar las ayudas de las distintas Comunidades Autónomas, se va a fraccionar incluso la estatal para dar su parte al País Vasco. En fin, un engendro.

Si el Gobierno quiere establecer de verdad un escudo social tiene campo para hacerlo. No obstante, deberá huir de las ocurrencias y de los parches que solo sirven para dar a entender que se hace algo, ocultando la inoperancia. Deberá ir al centro del problema, y modificar sustancialmente la prestación por desempleo. Claro que para eso hace falta dinero, una reforma fiscal en profundidad, y de eso huye el Gobierno como de la peste. Como mucho, mareará la perdiz con el comité de expertos y con algunos cambios anodinos.

No quiero terminar el articulo sin referirme a un tema que parece menor, pero proporciona un claro ejemplo de la impudicia de este Gobierno a la hora de falsear las cifras. Cuando se contempla la serie de la cobertura de desempleo que ha publicado el Ministerio de Trabajo, hay por fuerza que sorprenderse. Abril, mayo y junio de 2020 presentan los siguientes datos: 127,2%; 134,8% y 109,2%, respectivamente. ¡Oh, maravilla, oh, milagro! El número de beneficiarios por desempleo era superior al de parados. Habrá habido, incluso, algún ministro tentado de gritar ¡datos históricos, jamás en la historia, la cobertura de la prestación por desempleo ha sido tan alta!

La trampa es muy burda, pero por lo mismo tanto o más impúdica. No cuenta como parados a los trabajadores en ERTE, para que no se incremente la tasa de desempleo; sin embargo, sí se consideran las prestaciones a estos trabajadores en el número de beneficiarios. Está en la misma línea de enmascaramiento simplón ejecutado por la ministra de Trabajo cuando se jactaba tiempo atrás de que en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido mucho menor. En mayo del año pasado el número oficial de personas en paro ascendía a 3,8 millones. ¿Cuál hubiera sido el dato real si a esta cifra se le hubiesen sumado los 3,6 millones que se encontraban en ERTE?

republica.com 26-8-2021.

Hace algunos días, José María Escrivá sorprendía a la audiencia afirmando que la generación del baby boom no tendría más remedio que trabajar más o cobrar menos. La frase no era original. Una similar la había pronunciado hace ya diez años, en 2011, Díaz Ferrán, entonces presidente de la CEOE, aunque más tarde procesado por trapicheos nada claros en sus empresas. Hay una diferencia, no obstante, que el patrono de patronos se refería a los trabajadores y Escrivá alude a los futuros jubilados.

Al ministro independiente le han obligado a rectificar desde la Moncloa. Ha tenido que reconocer públicamente que aquel día no estuvo muy acertado. Debió asumir la humillación y el bochorno, convirtiéndose en un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar para permanecer en el cargo. Y eso es lo que le ha debido salvar de la quema.  Aunque bien mirado, si el presidente del Gobierno con tal de permanecer en la Moncloa se humilla y permite que sus propios socios le dejen por mentiroso, ¿por qué no va a humillarse un ministrillo?

Es cierto que Escrivá ese día no estuvo demasiado afortunado porque le rompió la táctica al jefe y descubrió el pastel que el Gobierno quería tener oculto. Reveló que el acuerdo firmado a bombo y platillo entre el Ejecutivo y los agentes sociales era puro humo, flatus vocis, porque todo lo importante quedaba por determinar. Es decir, que se había practicado el deporte favorito de Sánchez, balones hacia adelante, si no se pueden echar fuera.

Del tema de las pensiones han escogido aquellos elementos que no eran problemáticos o que incluso resultaban favorables, y han pospuesto para más adelante los ajustes y los recortes. Se ha repetido por activa y por pasiva que los fondos europeos venían sin condiciones. Sin embargo, cada día resulta más innegable que cuando pase el tiempo de la calentura en el que todo son facilidades para gastar, motivado por ese intento de que se recupere la economía española -también la europea-, Bruselas retornará a sus dogmas e impondrá sus límites y restricciones. Me temo que no serán suaves, después de haber provocado que el endeudamiento público se eleve al 130% del PIB. Endeudamiento que solo se puede mantener por el apoyo del BCE, pero a condición de que la situación sea muy inestable, y seamos totalmente dependientes de esa institución.

Los primeros condicionantes comienzan a intuirse, a pesar de que Sánchez por ahora los oculte, demorándolos para reiterar mientras pueda que la salida de esta crisis es diferente a la anterior. Recordemos que entonces hasta el año 2010 no comenzaron a implantarse los recortes. En el orden de los previsibles ajustes, se encuentra, como siempre, en primer lugar, la reforma de las pensiones. La problemática de esta prestación social está mal enfocada, al menos desde la mitad de los ochenta. Se ha permitido, quizás de forma premeditada, que la Seguridad Social apareciese con importantes déficits, con lo que las pensiones se convertían en pieza de caza de todos aquellos que bien en España o bien en los organismos internacionales están encantados de practicar recortes.

El origen de estos déficits se encuentra en la llamada separación de fuentes, en aceptar poco a poco la convención de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales prescindiendo de las aportaciones del Estado. Es más, las necesarias transferencias estatales que se producían ante los desequilibrios financieros de la Seguridad Social se han instrumentado hasta ahora a modo de préstamos (aunque en realidad se cuenta con que nunca se van a poder devolver), en lugar de considerarlas entregas a fondo perdido, como otra fuente más de financiación, complementaria de las cotizaciones.

Desde esta perspectiva, el sistema público de pensiones estará siempre amenazado, a no ser que se esté dispuesto a elevar todo lo que sea necesario las cotizaciones. Cosa poco probable. Lo que parece más verosímil es que se opte por reducir las prestaciones. Dígase lo que se diga, esto es lo que ocurrirá si no se cambia el modelo, si no se consideran las cotizaciones sociales como un impuesto y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social como una fuente más de financiación, que ayuda a sostener las pensiones, al igual que lo hace con la sanidad, la educación y con toda clase de servicios públicos y prestaciones sociales. Nadie se plantea que los gastos en sanidad, en educación, etc. no son viables. Nadie ha alegado que los gastos derivados de los ERTE, de los créditos ICO o demás partidas asociadas a la pandemia no eran factibles, a pesar de incrementar el endeudamiento público en un 30% del PIB.

Es obvio que este Gobierno tampoco está dispuesto a cambiar el modelo de financiación. Prueba de ello es que las transferencias que el Estado ha hecho últimamente a la Seguridad Social han continuado instrumentándose en forma de préstamos, no sé sí con la intención de hacer patente la inviabilidad del sistema. Es más, al presupuesto del Estado se están trasladando a todos los que han denominado gastos impropios; lo que tiene una doble vertiente, por una parte, puede considerarse positivo, porque disminuye los gastos a financiar con las cotizaciones, pero, por otra, constituye tan solo un parche, al configurarse como una señal de que se pretende continuar con la separación de fuentes y, por lo tanto, con la incertidumbre.

El cambio del modelo actual supondría trasladar el problema de las pensiones al de todo el Estado del bienestar y en general al de todos los gastos del sector público, o más bien al de su financiación. Lo que hay que plantearse no es la suficiencia de un tributo en particular (las cotizaciones), sino de todo el sistema fiscal en su conjunto, que a su vez exige tener en cuenta la productividad. Lo cierto es que a todos los gobiernos les repele hablar de impuestos. Como mucho, se deciden a veces a incrementar algunos indirectos, que, aunque sean más injustos, se notan menos y además muchos de ellos se pueden argumentar en términos ecológicos.

Ningún gobierno está dispuesto a hacer pedagogía y proclamar claramente que los impuestos son imprescindibles no solo para mantener el Estado social, sino para sostener simplemente el Estado. Bien es verdad que ello les conduciría también, para ser consecuentes, a una criba efectiva de los gastos superfluos y de todos los chiringuitos que solo sirven para colocar a los políticos del partido.

La productividad es también una variable esencial por supuesto para determinar el nivel de vida de una sociedad, pero también la mayor o menor capacidad de financiación del sector público. La productividad (mucho más que la demografía, e incluso que la población activa) y el sistema fiscal son las dos coordenadas que pueden enmarcar no solo la viabilidad de las pensiones sino, en general, de toda la actividad del Estado. Lo importante es cuánto se produce y no cuántos producen. El excedente empresarial debe colaborar también a la financiación del sector público.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las pensiones apenas recoge novedades importantes. Tan solo nos confirma que se va a continuar por un camino equivocado, y que además no se ha despejado qué medidas se van aplicar para transitar por esa ruta. La actualización anual de las pensiones por el IPC puede venderse como un avance importante, pero lo cierto es que en los últimos años se venía aplicando ya sin demasiado impacto presupuestario, dada la escasa cuantía de la inflación.

Se dirá que la diferencia radica en que con esta ley se garantiza la actualización para el futuro. Pero tal aseveración constituye un cierto espejismo, porque una ley se cambia con otra ley y no se puede asegurar que en caso de crisis o de que se dispare la inflación no se vaya a modificar lo que ahora se establece. De hecho, a pesar de que con anterioridad a la crisis de 2008 estaba establecida la actualización por el IPC de las pensiones, ello no fue ningún obstáculo para que Zapatero las congelase en 2010. En cierto modo, aunque esté previsto en una ley, cada año la norma presupuestaria puede cambiarlo y decidir el incremento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Mientras el modelo no se modifique y se garantice la aportación del Estado, siempre existirá una espada de Damocles sobre las prestaciones que reciben los jubilados.

Solo en un esquema de separación de fuentes, en el que el problema de las pensiones se aísla de todo los demás, puede tener algún sentido situar parte de la solución, tal como hace el señor Escrivá, en prolongar la edad de la jubilación. En un país con una tasa desproporcionada de paro, que además en buena medida es crónica, alargar la vida laboral tendrá un efecto negativo sobre el empleo, y en definitiva sobre el presupuesto del Estado, si no se quiere dejar en la indigencia a los parados. Aunque, después del fracaso del ingreso mínimo vital, cualquier cosa. De todos modos, choca que con estos planteamientos se hable después de crear un mecanismo de equidad intergeneracional.

El acuerdo firmado el otro día entre el Gobierno y los agentes sociales fue mero teatro, encaminado, en el interior, a la publicidad y la propaganda, y en el exterior, a contentar a Bruselas transmitiéndole la idea de que se está camino de la reforma. El acuerdo deja sin concretar lo principal, que también será lo más negativo, dado que no se piensa modificar el esquema clásico de la separación de fuentes. Se elimina el factor de sostenibilidad, pero se anuncia un mecanismo de equidad intergeneracional que será su sustituto y que de una o de otra forma tendrá efectos similares: ajuste y recorte. Bien es verdad que eso será como mínimo dentro de un año. Es por ello por lo que el ministro locuaz metió la pata, adelantó acontecimientos hablando de recortes antes de lo que le conviene a Sánchez. A pesar de todo, como se arrepintió y reconoció su error, ha salido indemne de la masacre.  Lo realmente inexplicable es que los agentes sociales se hayan prestado a este numerito.

republica.com 15-7-2021

Parece ser, no es ninguna novedad, que el Gobierno está dividido acerca de si se debe o no se debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha recurrido a crear una comisión de expertos. Ahora todo el mundo utiliza a los expertos. Son famosos los del Ministerio de Sanidad, porque nadie los había visto ni conocía sus nombres y, sin embargo, estaban detrás de todas las medidas que anunciaban Illa y Simón. Pero, en realidad, como se supo después, nunca existieron. La ministra de Hacienda también ha creado su grupo de expertos para que digan en materia fiscal lo que interesa al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos.

En lo referente al SMI, se han manifestado también otros grupos de expertos, que lo son por oficio, no por captación, lo cual no quiere decir que carezcan de ideología: son los del Banco de España, los del servicio de estudios del BBVA, o los de la AIREF, por ejemplo. Todos ellos se han pronunciado sobre el crecimiento del SMI, y unos y otros han seguido un método empírico, observar las variaciones en esta variable y contrastarlas con los datos de desempleo. Los resultados en este aspecto son siempre relativos, porque en el nivel de paro actúan, además del SMI, otras muchas variables difíciles de de  separar o ser tenidas en cuenta de forma aislada. Resulta, por tanto, arriesgado conceder carácter absoluto a cualquier conclusión que se obtenga.

Al margen de lo más o menos exactas que puedan ser las deducciones que se extraigan de estos estudios, no está de sobra que analicemos, desde el enfoque puramente teórico, cuáles son la relaciones entre los salarios, concretamente el SMI, y el empleo en los distintos estados de la economía, y suponiendo que el resto de las variables permanecen constantes. Hay algo cierto, la intensa relación existente entre productividad y salarios. Incrementar esta última magnitud sin que por ello tengan que elevarse las cifras de paro es perfectamente viable, con tal de que a su vez la productividad suba en igual o mayor cuantía, y se impida que todo el aumento vaya a engrosar el excedente empresarial. Es más, la subida salarial puede tener un efecto económico positivo, y aumentar el empleo, puesto que la propensión a consumir suele ser más elevada en los trabajadores (y más en el colectivo al que afecta el SMI), con lo que se expandirán la demanda y la actividad económica.

La realidad cambia, sin embargo, cuando los incrementos de productividad son cero o incluso simplemente inferiores a las alzas salariales. El tema es especialmente delicado al tratarse del SMI y afectar por tanto a los puestos de trabajo más marginales y de baja productividad. Además, como su propio nombre indica, es interprofesional, es decir, transversal, no es exclusivo de ningún sector o profesión, con lo que resulta harto difícil analizar la evolución de la productividad de un colectivo tan heterogéneo. Hay, no obstante, pocas dudas de que cualquier empresario prescindirá de un puesto de trabajo cuyos ingresos no compensen la retribución del personal, tanto más si es precario y fácil de suprimir.

De todos modos, la relación es compleja y el resultado distinto dependiendo del escenario económico. Y ello se debe a que la productividad que importa para este análisis no es la que se expresa en meros términos cuantitativos, sino monetarios, de valor. La productividad no se incrementará por el simple hecho de que un mismo número de trabajadores produzca un mayor número de tuercas si a su vez el precio de las tuercas se reduce en la misma cuantía, o viceversa.

Desde esta perspectiva, nos podemos encontrar en tres situaciones distintas cuando se pretende elevar el SMI y el aumento de la productividad es cero o sencillamente inferior al que proyectamos del SMI. En el primer supuesto se acepta que nos movemos en una economía semicerrada, es decir, el Gobierno mantiene todavía algún control sobre exportaciones e importaciones. En este caso el aumento del SMI no tendría por qué traducirse forzosamente en cifras mayores de paro, ya que es posible que los empresarios optasen por un incremento en el precio de los productos y servicios correspondientes, siempre que la demanda lo permitiese y se diese un cierto proteccionismo que eliminase la competencia exterior. Se habría incrementado de esta manera la productividad en términos monetarios de esos artículos. El resultado se concretaría tan solo en una transferencia de rentas de los consumidores de tales productos a los trabajadores afectados.

En el segundo caso estaríamos en presencia de una economía totalmente abierta en la que se practica el libre cambio, pero el Gobierno tiene el control de la moneda. En estas circunstancias, el resultado puede ser más incierto. Pero, así y todo, sería posible la subida del salario mínimo sin afectar al empleo, siempre que se produjera una depreciación del tipo de cambio que permitiese la elevación de los precios en moneda nacional de los productos afectados por el salario mínimo, sin impacto en los precios de estos mismos artículos en moneda extranjera. El resultado sería el mismo que en el caso anterior, una transferencia de renta hacia los perceptores del SMI.

En el tercer escenario la economía está plenamente abierta y además el país no tiene moneda propia o su Gobierno no la controla. Es la situación en la que se encuentran todos los países de la Eurozona. En esta coyuntura, por poco que los productos y servicios afectados por el SMI estén sometidos a la competencia exterior, habrá muy pocas posibilidades de que el aumento de esta variable se pueda repercutir en el precio, lo que hace previsible que los empresarios prescindan de aquellos empleos que ya no les son rentables, tanto más si, como es el caso, son temporales o precarios, y cuyo despido sale muy barato, o al menos no contrataran nuevos trabajadores.

El análisis, como se ve, es complejo. Sin embargo, sí parece extraerse una conclusión: sin incremento de productividad, en unas coordenadas de libre comercio y en ausencia de moneda propia, la probabilidad de que un aumento del SMI no influya en los niveles de empleo se hace pequeña. Esto se debería tener muy en cuenta en todos los países miembros de la Unión Monetaria.

Es curioso lo que le ocurre a la izquierda española. Es como si hubiesen olvidado que la pertenencia a la Eurozona cambia radicalmente las posibilidades que tienen los gobiernos. Los que desde la izquierda criticamos en su día la creación de la Unión Monetaria lo hicimos porque éramos conscientes de que su constitución hacía muy difícil la aplicación de una política socialdemócrata. No está de más recordar la gran disparidad que el SMI presenta entre los diferentes países europeos. El de España, con un valor de 1.108 euros, se encuentra en el medio. Por encima se sitúan Luxemburgo (2.142), Irlanda (1.707), Países Bajos (1.654), Bélgica (1.594), Alemania y Francia (1.584). Es curioso que los dos Estados con el SMI más elevado sean paraísos fiscales. Por debajo de España están todos los demás miembros, con Eslovenia (941) y Malta (777) a la cabeza, pasando por Grecia (758) y Portugal (741), y el resto de países hasta finalizar la serie con Rumania (466), Letonia (430) y Bulgaria (312). En cierta forma, también se sitúan detrás Italia, Chipre, Suecia, Dinamarca y Finlandia, puesto que ninguno de ellos tiene SMI.

En un mercado único con libre circulación de capitales y en el que la mayoría de los países tienen la misma moneda una disparidad tan grande en los salarios tiene por fuerza que crear numerosas distorsiones. La diferencia salarial tiene menos importancia entre economías que tienen estructuras productivas dispares, mano de obra de distinta cualificación y tecnología diversa, pero puede crear complicaciones ingentes cuando esa desigualdad en las retribuciones de los trabajadores se da entre países con similares estructuras productivas y que, por lo tanto, entran en competencia.

Desde la crisis pasada la economía española arrastra una baja tasa de productividad. Un desproporcionado desequilibrio exterior (el déficit por cuenta de renta ascendía al 10% del PIB en 2007) estuvo en el origen de la recesión de España, que provocó un enorme nivel de desempleo. Al no poder ajustar el tipo de cambio, la salida de la recesión y la recuperación de la competitividad exterior, cerrando el déficit de la balanza de pagos, se basó en lo que se denomina “devaluación interna”, bajada de precios y salarios. Se creó, sí, una cantidad considerable de empleo, pero en gran medida empleo basura, de muy baja calidad y con salarios reducidos.

Por otra parte, desde 2016 el SMI en España ha subido un 45 %. En una economía sometida al libre comercio y sin moneda propia no cuesta mucho suponer que determinados sectores expuestos a la competencia internacional pueden tener problemas a la hora de asumir en cuatro años una subida de este tipo y terminen por prescindir de trabajadores cuya productividad no compensa el incremento salarial.

Un gobierno de izquierdas debería ser consciente de que nos encontramos en la Unión Europea y en la Eurozona y que ello crea múltiples condicionantes que impiden aplicar determinadas medidas, por muy progresistas que parezcan a priori. Tendrán que estudiar al menos cuál va a ser el resultado final, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad. En el caso del SMI, no se puede olvidar la baja calidad del empleo actual en España. Ciertamente se puede cambiar la estructura productiva, pero eso es más fácil decirlo (de hecho, lo dice todo el mundo) que hacerlo, dado que la que tenemos es en gran parte la que nos han dejado en ese reparto de papeles que se ha ido produciendo poco a poco dentro de la Unión Europea, y que no va a ser sencillo invertir ni con fondos ni sin ellos.

La subida del SMI es sin duda una decisión muy tentadora para un gobierno que se predica de izquierdas. Es una medida aparentemente muy social y además no cuesta un solo euro al erario público. Pero cuando se juega en un escenario de total competencia exterior y con puestos de trabajo de muy baja productividad, resulta ineludible preguntarse cómo va a afectar al empleo, precisamente al de aquellos trabajadores que se dice querer proteger.

Es lícito que un gobierno juzgue que determinados empleos basura deben desaparecer, pero si no se crean otros de mayor cualificación, al menos tendrá que potenciarse y ampliarse el seguro de desempleo, no sea que la alternativa a un mal empleo sean las colas del hambre.

republica.com 1-7-2021