ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

No suelo referirme en mis artículos a los casos concretos de corrupción. Las denuncias y comentarios suelen estar casi siempre contaminados por los linchamientos; en la mayoría de los casos, rodeados de intereses electorales de los partidos de la competencia o del fuego amigo y, si no, del ajuste de cuentas o del morbo más nauseabundo, sin respetar en muchas ocasiones la presunción de inocencia. En las acusaciones se dan a menudo posturas inquisitoriales, demasiado fariseísmo y bastantes personas dispuestas a tirar la primera piedra.

No digo que la corrupción no deba ser perseguida. Todo lo contrario, pero sin algaradas, sin talibanes y dejando trabajar a los jueces. Claro que en eso de dejar actuar a los tribunales cada vez nos deslizamos más por la pendiente de manera peligrosa. La judicatura se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. Todos reclamamos la división de poderes, pero a la hora de la verdad son frecuentes los intentos de, por uno u otro motivo, presionar a los jueces mediante manifestaciones o revueltas populares, en ocasiones respaldadas, cuando no propiciadas, por instituciones públicas y por partidos políticos. Con el pretexto de la libertad de expresión se puede poner en peligro la independencia de los jueces, valor tanto o más fundamental para la democracia.

Retornando a nuestro tema, más importante que linchar a los corruptos es descubrir y combatir la corrupción estructural, implementar las medidas para eliminarla y crear los mecanismos adecuados de control. Pero todo eso no parece que interese demasiado a las fuerzas políticas, ni siquiera a aquellas que se presentan como paladines de la honestidad y la honradez. Los casos concretos deberían tan solo servir de plataforma para planteamientos más generales.

El affaire del máster supuestamente fraudulento de la hasta hace algunos días presidenta de la Comunidad de Madrid (lo del vídeo es mejor no comentarlo) y los múltiples sucesos que ha ido dejando al descubierto dan ocasión para incidir sobre el funcionamiento defectuoso y las numerosas lacras que afectan desde hace muchos años a la universidad española. Lo más curioso ha sido la actitud de escándalo que se ha generalizado y cómo muchos se han apresurado a rasgarse las vestiduras, como si la mayoría de los aspectos que se iban detectando no fuesen de sobra conocidos.

El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razon, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.

Al primer gobierno de Suárez se le denominó en tono coloquial «el de los PNN». No es que en realidad sus miembros perteneciesen a este colectivo. Se quería indicar tan solo la relativa juventud y escaso pedigrí de los ministros en comparación con los currículos que eran habituales en los ejecutivos del tardofranquismo. Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.

De hecho, no había nada de malo ni de reprochable en esta ausencia de profesores titulares. Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones. Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores. Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad. ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o la Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día.

republica.com 4- 5- 2018

Albert Rivera tenía razón. La comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso no era el mejor formato ni el que más favorecía a la oposición a la hora de exigir cuentas sobre la financiación del PP. Solo la absurda competencia establecida entre Podemos y el PSOE -o más bien entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- y una precipitación desmedida de ambas formaciones para llegar al poder (deberían preguntarse ambas el para qué) les ha podido conducir al error tan garrafal de forzar la sesión del miércoles 15 de agosto, en la que Rajoy tuvo todas las de ganar. Así se lo hacía presente, con gran dosis de ironía, Rivera a Margarita Robles cundo le dirigía palabras como estas: «Ya se lo decía yo… No ha tenido bastante, ¿quiere más?». Hacía referencia con cierto sarcasmo al mal estreno que como portavoz había tenido la juez, al ser vapuleada dialécticamente por el presidente del Gobierno. Es posible que algunos, quizás muchos, de sus correligionarios lo contemplasen con satisfacción, descontentos de que una outsider fuese primero entronizada en las listas y después nombrada portavoz con el único mérito de haber sido designada por el dedo del caudillo.

Rivera, con cierta habilidad que no hay que negarle, prefirió situar el debate en otro campo, en uno que él maneja con soltura, lo que llama “regeneracionismo de la política española”, denominación altisonante, pero que en boca de Ciudadanos queda reducida a unas cuantas medidas tan discutibles como superficiales: limitación de mandatos, listas abiertas, primarias, eliminación de los aforamientos, etc. y alguna más con algún sentido como la relativa al fiscal general, a la elección del poder judicial o a la eliminación de la posibilidad de indulto a los condenados por corrupción, pero que en todo caso, no son el bálsamo de fierabrás ni atacan las raíces de la posible corrupción del sistema.

Como casi todo el mundo conoce, el regeneracionismo fue un movimiento intelectual a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, que hunde sus raíces en la decadencia social y política de España, y cuyo detonante fueron las derrotas en las que se perdieron definitivamente las colonias de ultramar. Reacción frente al turnismo, sistema establecido en la Restauración, en el que se hermanaban una clase política perteneciente a dos partidos con alternancia en el poder con la Monarquía y con una oligarquía económica y financiera principalmente de corte provinciano y caciquil, que imponía sus intereses a toda la nación. Toda esta amalgama, que constituía el sistema ideado por Cánovas, impedía que la economía se desarrollase y hacía que la política fuese una mascarada al servicio de las clases dominantes.

Joaquín Costa, fundador del movimiento, lo describe perfectamente. “…forma un vasto sistema de gobierno, organizado a modo de una masonería por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados ayuntamientos, diputaciones provinciales, alcaldías, gobiernos civiles, audiencias, juzgados, ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegios de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe.”

La palabra regeneración proviene del lenguaje médico como antónimo de corrupción, corrupción que se supone de todo el sujeto y, trasladado al orden social, de todo el sistema. Así emplean el término los regeneracionistas y en ese sentido hay que entender el lema lanzado por Joaquín Costa: «Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid». Consiste en un cambio político sí, pero también socioeconómico que corrija las desigualdades sociales y la situación de pobreza en la que se hallaba entonces la sociedad española. En consecuencia, se trata de un cambio en profundidad que de ninguna manera se puede reducir a unos cuantos parches al sistema.

Han sido muchos los que a lo largo de este siglo han intentando apropiarse del pensamiento, o al menos del nombre, regeneracionista, comenzando por el dictador Primo de Rivera, y suele ser habitual también que determinados grupos, sociedades o partidos hayan recurrido a él como fuente de inspiración, y se consideren sus herederos. Es por tanto pertinente que nos preguntemos si este pensamiento continúa teniendo actualidad y si tiene algo que ver con aquellos que hoy levantan la bandera de la regeneración, como Ciudadanos.

Desde luego, la sociedad española en los momentos actuales presenta características muy distintas de las que se daban a finales del siglo XIX. No hemos vivido ningún desastre como el de 1989. Tampoco podemos afirmar que nuestro país se vea afectado especialmente por males diferentes a los que acechan a otros países, y no es necesario echar doble llave al sepulcro del Cid, puesto que hace mucho que no cabalga. Solo los gobiernos de vez en cuando sucumben a tentaciones triunfalistas. La mayoría de los ciudadanos, por el contrario, continúan inmersos en cierta medida en un complejo de inferioridad, pensando que las cosas (sobre todo las malas) solo ocurren en nuestro país, y prestos a importar como bueno todo aquello que provenga de allende los Pirineos.

No obstante, el sistema político y económico puede estar tan corrompido como entonces. Los gobiernos, tal como afirmaba Marx, pueden continuar siendo el consejo de administración de los intereses económicos. A nuestro sistema le sería de aplicación perfectamente el párrafo que más arriba citábamos de Costa y que podríamos retratar también con la descripción que el socialdemócrata y iuspublicista alemán Herman Heller hacía de tal fenómeno hace ya muchos años:

«La superioridad económica y de civilización pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar (mediante la influencia ejercida, directa o indirectamente, sobre la opinión pública) la democracia en su contrario. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose aparentemente las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción».

Lo específico del momento presente es que el mal descrito no es exclusivo de España, sino que se extiende a todas las latitudes. Al aceptar la globalización, las instituciones democráticas de los distintos países han cedido el poder a las fuerzas económicas y financieras supranacionales; y los Estados miembros de la Eurozona, que mal o bien se habían estructurado como democracias, han transmitido la decisión y la capacidad de coacción a organismos como el BCE, con profundos déficits democráticos. El amancebamiento entre clase política y económica es generalizado y basta con asomarse a Europa o a Estados Unidos para comprobarlo. Pero si la enfermedad es global, la medicina tiene que ser también global y la regeneración difícilmente se puede plantear con éxito en un solo país.

Es por eso por lo que resulta tan cómico el mensaje de Ciudadanos que ha centrado todo su discurso en la regeneración, presentándose como los adalides de la misma, por el solo hecho de proponer una serie de medidas que ni siquiera arañan la piel del monstruo y que, además, muchas de ellas son muy discutibles e incluso contraproducentes, tales como considerar que solo las primarias dan certificado de democracia a una formación política. Hasta han pretendido hacer obligatoria la medida para todos los partidos. La realidad es precisamente la contraria. Las primarias, como se está comprobando, dan todo el poder a los órganos unipersonales y acentúan el caudillismo. Los congresos, los programas y los comités se convierten en una prolongación de la voluntad del secretario general. Deberíamos preguntárselo al PSOE, que se ha desnaturalizado de tal manera que solo existe una voluntad, la de Pedro Sánchez, y una gran mayoría de militantes, con toda seguridad, se ven forzados, en contra de sus convicciones, a defender por ejemplo la plurinacionalidad, como resultado de una votación, en la que sin duda este y otros muchos aspectos ahora asumidos estarían ausentes en la consideración de los votantes (véase mi artículo del 1 de junio de este año, “El 18 de Brumario”).

También puede ser contraproducente la propuesta de listas abiertas. Al menos no parece que vaya a servir para mucho cuando existen desde siempre en el Senado y casi nadie ha hecho uso de esta condición para modificar el orden y los nombres establecidos por cada partido en la papeleta. Pero es más, si realmente se utilizasen, dudo mucho de que con ello mejorase el nivel de nuestra democracia. Se argumenta que su finalidad es quitar poder a los aparatos de los partidos, lo cual puede ser cierto, pero como contrapartida se transfiere la facultad de decisión a los medios de comunicación, que es lo mismo que decir a las fuerzas económicas. Resulta evidente la colosal capacidad con que contarían para promocionar a uno o a otro candidato.

La eliminación de los aforamientos, es verdad, tiene muy buena venta en la opinión pública, pero aparte de que para aplicarse de forma racional sería necesario modificar la Constitución, no es demasiado relevante. Su condición de privilegio es muy discutible, porque si bien en principio se blinda al aforado frente a la decisión de cualquier juez, ya que debe actuar un órgano superior y se supone que con más garantías, también pierde la opción de la segunda instancia que posee cualquier imputado. Puede ser razonable reducir el número de aforados pero que nadie espere que con ello se produzca un cambio radical en la bondad de nuestra democracia. En cualquier caso, lo que no parece que tenga mucho sentido es quitar el aforamiento al Gobierno y mantenerlo para cualquier miembro de un parlamento autónomo.

El lunes pasado, tal como había prometido, Rivera ha presentado en el Congreso una ley para implantar la limitación de mandatos. Como siempre, al igual que pasa con las primarias, pretendemos importar del extranjero medidas que allí son aplicables a sistemas políticos o jurídicos distintos al nuestro. Allí se aplica a los sistemas presidenciales mientras que el nuestro es parlamentario. En España al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos. Estos eligen diputados y son estos los que terminan nombrando al presidente del Ejecutivo. Ello hace que se generen muchas dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Por otra parte, no estoy muy seguro de que la democracia de aquellos países que tienen la limitación de mandatos sea más perfecta que la nuestra. Yo, desde luego, no cambiaria nuestro sistema por el de EE. UU., donde los políticos desde el inicio de su carrera están supeditados al dinero y a los recursos económicos. Incluso en sí misma la medida tiene ventajas, pero también inconvenientes. El gobernante que sabe que ya no puede ser elegido tiende a actuar a su arbitrio y sin someterse al control de la opinión pública. En EE. UU. llaman pato cojo al presidente en su segundo mandato. Siempre me he preguntado si Bush y sobre todo Aznar hubieran actuado de igual forma con respecto a la guerra de Irak en el caso de que hubiesen tenido que someterse de nuevo a las urnas.

No es precisamente en el gobierno central donde el problema, de haberlo, es mayor. Es en otros ámbitos donde este fenómeno puede ser más peligroso. Por ejemplo, en las Comunidades Autónomas, donde el problema no radica tanto en la prolongación de una persona en el cargo, sino en la permanencia en el gobierno de la misma formación política, lo que resulta más difícil de resolver. ¿Y por qué no mirar también al sector privado, donde los presidentes de los consejos de administración de las grandes empresas se blindan con los consejeros “independientes” que ellos mismos han nombrado?

No se entiende el fuerte interés de Rivera en limitar el mandato del presidente del Gobierno, a no ser que se trate de una forma de quitar del medio a Rajoy, ya que no lo ha conseguido por otros procedimientos y tal vez piense que su única chance reside en eliminar políticamente al actual presidente de gobierno ya que compiten en el mismo espacio político.

Por otra parte, tal vez esté bien que al fiscal general del Estado lo nombre el Parlamento, pero es muy posible que la mayoría de las veces la situación apenas cambie puesto que el Congreso está controlado por el mismo partido o partidos que nombran al Gobierno. De todas maneras, la alternativa no puede ser, como se insinúa a veces, (para los órganos colegiados de la judicatura,) la elección corporativa por los mismos jueces.

La regeneración del sistema político ahora, al igual que Costa y sus seguidores planteaban en su época, debe consistir en un cambio radical y sustancial que abarque también los aspectos sociales y económicos, pues sin regeneración social y económica no puede existir la regeneración política. En el programa de Ciudadanos no encontramos muchos cambios sociales y económicos. Y los que hay se orientan más bien en sentido contrario, en la línea del neoliberalismo económico (contrato único, complemento salarial, limitación o bajada de impuestos, etc.). Rivera habla a menudo y de forma enfática de nueva y vieja política (no quiere hablar de oligarquías). Si todo lo que nos trae la nueva política son esas medidas discutibles y más bien superficiales, parches que no se sabe si arreglan algo o lo empeoran, casi es preferible quedarse con la vieja. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

En la época de la globalización resulta inviable hacer una regeneración a fondo en un país en solitario, pero lo que sí se puede hacer a nivel nacional es introducir medidas que minimicen el dominio y control que el poder económico mantiene sobre la democracia. Nada de eso hace Ciudadanos, pero por ese camino va en la actualidad la única regeneración posible. Pero ello puede ser objeto de otro artículo en una próxima semana.

republica.com 8-9-2017

LOS ERE DE ANDALUCÍA, ¿IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA O RED CLIENTELAR?

La pasada semana se hizo público el auto del juez Álvaro Martín, referente al caso conocido como de los ERE de Andalucía, por el que se cierra provisionalmente el periodo de diligencias previas y se da traslado de las mismas a las partes. El auto, que no es precisamente de la juez Alaya, a la que desde la Junta y de los aledaños socialistas se había acusado de parcialidad y se la había sometido a todo tipo de presiones, ha sido rotundo. Los hechos narrados y demostrados son sumamente elocuentes y no dejan lugar a dudas acerca de su gravedad.

Su publicación ha cogido con el paso cambiado a Pedro Sánchez y al PSOE. Después de basar la pasada campaña electoral en la corrupción del PP, se encuentran con que a pocos días de unas nuevas elecciones les rebosan los cadáveres del armario. Los prohombres socialistas se han visto obligados a salir todos en tromba intentando justificar lo injustificable, especialmente en lo referente a Chávez y a Griñán, ya que consideran que en este caso se toca la línea de flotación del propio partido (Chávez incluso pertenecía al famoso clan de la tortilla). El primer bastión de defensa pasa por negar que se trate de un caso de corrupción y por considerar que son simples irregularidades en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, lo que se deduce del auto es algo muy distinto. Durante 10 años se saqueó el erario público de la Junta de Andalucía desviando 854 millones de euros (142.000 millones de las antiguas pesetas) del presupuesto para dedicarlo a finalidades espurias, construyendo una red clientelar que sirviese de soporte y apoyo al Gobierno y al Partido Socialista en Andalucía y en el resto de España. Para ello fue preciso confeccionar un procedimiento torticero que eludiese todos los controles establecidos en la Ley de subvenciones y en la propia normativa fiscal y presupuestaria de la Junta.

Se ha esquivado la fiscalización previa de la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, sin que se produjese tampoco la de la IFA-IDEA (instituto público que finalmente abonaba las subvenciones). Se prescindió de las bases reguladoras al igual que de la convocatoria pública. Ausencia de todo control sobre si el beneficiario cumplía las condiciones y requisitos precisos para percibir la ayuda. Se prescindió también de cualquier seguimiento a posteriori acerca de si la subvención se había dedicado a la finalidad propuesta por el beneficiario. En fin, se incumplieron todos los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, que deben regir en todo proceso de concesión de subvenciones.

La conclusión parece obvia. No se trata de una serie de errores administrativos o de irregularidades procedimentales fruto de una mala gestión, sino de la decisión conscientemente tomada para mantener y administrar una cuantía sumamente elevada de recursos públicos al margen de los cauces legales. Una decisión así no la adopta un director general, tanto más cuanto que la situación se prolonga durante diez años y precisa de toda una ingeniería presupuestaria y contable, y del concurso de múltiples actores. A lo largo del tiempo fueron necesarias veintidós modificaciones presupuestarias, de las que dieciséis fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno y seis por la Consejería de Economía y Hacienda. Parece evidente que el procedimiento tuvo que ser elaborado y aprobado en las más altas instancias de la Junta, y conocido y ejecutado por infinidad de altos cargos. No se puede hablar de responsabilidad in vigilando, sino de algo mucho más directo. En todos los casos hay que suponer que al menos se sabía y se consentía. Todo ello con una finalidad clara, la de aprovechar los recursos públicos para sus propios fines.

Y con esto entramos en la siguiente línea de defensa que los portavoces del PSOE y algunos de sus periodistas adláteres no han parado de repetir: “No se han llevado un euro para su bolsillo”. La malversación de fondos exige el enriquecimiento, pero existen muchas formas de enriquecimiento y muchas maneras de aprovecharse de los recursos públicos, y es evidente que la finalidad de la trama era usar ingentes fondos del presupuesto de la Junta para crear una red caciquil que beneficiase a su partido y por ende a ellos mismos.

Es más, sería conveniente distinguir entre actos corruptos y corrupción del sistema. Me parece mucho más grave este segundo caso, porque, además, casi siempre los actos corruptos tienen lugar y posibilidades cuando previamente se ha corrompido el sistema. La ruptura de las reglas de juego, concediendo más posibilidades a unas formaciones políticas que a otras, mediante la financiación ilegal de los partidos o mediante el uso indebido del poder aprovechando la inmensa capacidad que conceden los medios públicos para, de forma clientelar, entretejer una trama de intereses que les perpetúe en el gobierno, es, a mi entender, mucho más grave que las corruptelas más o menos indignas de las singularidades individuales.

Existe una constante tentación entre los políticos de saltarse las normas y los procedimientos, incluso de crear mecanismos e instituciones donde aquellos no tengan que cumplirse de manera que los recursos públicos puedan utilizarse libremente, con total arbitrariedad a favor de sus amistades y de sus afines. En los primeros años de la Transición, ante una Administración que provenía del franquismo, se solía afirmar que existía el peligro de que los grandes cuerpos de funcionarios patrimonializasen la función pública. Hace ya mucho tiempo que el peligro estriba más bien en que esta patrimonialización la lleven a cabo las formaciones políticas.

La lucha contra la corrupción no exige de grandes novedades, ni de nuevas normas, ni muchos menos de la creación de nuevas instituciones. Es suficiente con que se cumplan los procedimientos actuales, y que se concedan los medios, el poder y la independencia necesarios a los organismos encargados de controlarlos. En mi artículo del 4 de abril pasado, indicaba que resultaba interesante constatar cómo la corrupción había anidado principalmente en aquellos ámbitos en los que los mecanismos de control se habían debilitado, administraciones locales y autonómicas, donde la autonomía de las intervenciones es muy reducida.

El grado de ilegalidad del procedimiento acuñado por las más altas instancias de la Junta de Andalucía para manejar a su antojo una cantidad tan exorbitante de recursos lo manifiesta el hecho de que el Interventor General de la Junta se atreviese a emitir varios informes denunciando la anomalía de la situación, cuando se supone, y no creo que sea mucho suponer, que era una persona de confianza del Gobierno de la Junta y del PSOE.