ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Reescribir la Historia se ha convertido en un vicio de los políticos. Por supuesto, los nacionalistas catalanes han llegado a alcanzar grados difícilmente imitables de estulticia y ridiculez en esta tarea, pero también hay otros muchos hombres públicos que pretenden trastocar los hechos pasados para presentarlos de forma interesada, de manera que el juicio sobre sus políticas y actuaciones sea mucho más favorable. Felipe González lo ha hecho a menudo arrogándose éxitos que no le correspondían o escondiendo los efectos negativos de muchas de sus acciones de gobierno. Zapatero ha publicado un libro titulado “El dilema” en el que pretende, mediante un relato infantil de los hechos, justificar su desastrosa gestión de la crisis económica y en especial el entreguismo frente a Merkel y las autoridades europeas adoptado por su Gobierno en 2010.

Aznar apareció hace algunos días en la fundación Valores y Sociedad, que dirige Mayor Oreja, con parecido objetivo. Hay que ver cómo proliferan últimamente las fundaciones con la manifiesta finalidad de constituirse en centros de emisión de ideología política, incluso sin aparente vinculación directa con los partidos. Valores y Sociedad, Villacisneros, FAES, Alternativas… Cabría preguntarse cuál es su fuente de financiación. Las fundaciones de las formaciones políticas se nutren principalmente de los presupuestos del Estado, método discutible, sin duda, pero al menos relativamente claro y transparente ya que los fondos se distribuyen según una cierta lógica, de acuerdo con los resultados electorales y, mal o bien, deben responder ante el Tribunal de Cuentas. Pero ¿qué ocurre con aquellas que se jactan de ser independientes de los partidos políticos?, ¿cómo se financian? Porque resulta evidente que quien asuma sus gastos marcará su ideología. De ahí la ostensible unanimidad con que se manifiestan.

Pues bien, Aznar en una de esas fundaciones (Valores y Sociedad) y siendo portavoz de otra, FAES, ha pretendido reescribir la Historia, su pequeña historia. En su discurso titulado «El necesario fortalecimiento de España» mantuvo una interpretación de los hechos pasados y presentes muy particular. Se situó a sí mismo entre los que ahora considera prohombres políticos y que le precedieron (Suárez y Felipe González), mientras que censuró a sus sucesores (Zapatero y Rajoy). Manifestó que en la actualidad tenemos un país que se está desmembrando social, territorial y políticamente. En esto último no digo yo que le faltase razón, al igual que cuando afirmó que la brecha social aumenta al entrar en contacto con la grieta territorial; un proceso de centrifugación institucional, ya que la relación entre el Estado y las Comunidades es hoy un pulso permanente de suma cero o negativa, como si se tratara de poblaciones distintas.

El juicio a emitir sobre la intervención del presidente de FAES debe cambiar radicalmente en lo que se refiere a la génesis de estos problemas. Porque la causa de todos esos males proviene de antiguo; resulta por tanto muy ingenuo trazar una línea divisoria en el año 2004. Aznar hace una loa de la Transición y del sistema político nacido en 1978. Lo cual no deja de ser curioso cuando a menudo se le han recordado ciertos artículos redactados en su juventud mostrando una valoración bastante negativa de la Carta Magna. Pero, al margen de los cambios de criterio que haya podido mostrar el ex presidente del Gobierno (todos tenemos derecho a mudar de opinión), lo cierto es que los problemas que hoy presenta el Estado de las Autonomías tienen su origen en buena parte en el diseño constitucional, y desde luego aún en mayor medida en los pactos que los dos partidos mayoritarios establecieron de forma reiterada con los partidos nacionalistas para asegurar sus gobiernos. Sin duda, la primera legislatura del PP de Aznar destaca en las concesiones a los independentistas, y los Pactos del Majestic han tenido mucho que ver en el desorden actual.

El presidente de FAES en su conferencia situó el año 1999 entre los grandes hitos que, según él, han jalonado el mejor periodo de nuestra historia, ya que el 1 de enero de ese año entró en vigor el euro y España se convirtió en motor de Europa como socio fundador de la moneda común. Por el contrario, calificó el año 2009 como inicio de una etapa de oscuridad y a partir del cual se agotó el impulso modernizador, ambicioso y profundo que permitió obrar una enorme transformación económica, social y política. A partir de ahí se arroja sobre el futuro de los jóvenes una nueva y pesada carga en forma de déficit y de deuda. Una curiosa visión de los hechos, porque si bien es verdad que desde 2008 se cernió sobre la sociedad española una de las mayores crisis económicas y sociales que ha padecido, no es menos cierto que el origen se encuentra en la introducción del euro y en las políticas instrumentadas en los años siguientes y que coincidieron con los Gobiernos de Aznar y los cuatro primeros años de Zapatero.

Aznar olvida que tras su famosa frase de que España va bien se encontraba tan solo el espejismo creado por la moneda única, la burbuja inmobiliaria y un crecimiento a crédito que habría que pagar posteriormente, como así ha ocurrido. La herencia económica recibida por Zapatero fue un regalo envenenado, todo un conjunto de desequilibrios que no podían perdurar. Así lo manifesté en un artículo que escribí en el diario El Mundo el 23 de abril de 2004, en el que de forma figurada advertía al nuevo Gobierno de que la crisis económica se produciría antes o después. La realidad es que continuaron aplicando una política similar durante los siguientes cuatro años, incrementando el déficit y el endeudamiento exterior. Esa pesada carga -que, según Aznar, planea sobre las nuevas generaciones- se originó en sus años de gobierno y en los cuatro primeros de Zapatero; entonces en forma de endeudamiento privado, pero que, al ser exterior y al pertenecer España a Unión Monetaria, estaba llamado a convertirse en público.

No deja de resultar irónico escuchar al ex presidente del Gobierno popular afirmar que es absurdo pensar que el único Estado legítimo sea un Estado residual. No es así, añade, con un Estado débil y fragmentado perdemos todos. Solo un Estado sólido y bien dimensionado puede garantizar la cohesión y la igualdad. Es irónico porque los Gobiernos de Aznar emprendieron una ingente operación de adelgazamiento del Estado al malvender y liquidar la casi totalidad del sector público empresarial, a lo que hay que añadir las reformas fiscales acometidas durante esos años, causa del desmoronamiento de la recaudación en la crisis y la cuasi quiebra del Estado. Y si hablamos de la fuerza centrífuga que ha troceado territorialmente, hasta debilitarlo, al sector público, el Pacto del Majestic jugó un importante papel al transferir la sanidad pública y la capacidad normativa sobre múltiples impuestos a las Comunidades Autónomas.

Republica.com 3-2-2017

LAS SEIS SALVAS DE RIVERA

Lo malo de Albert Rivera es que solemniza lo más baladí, dando a todo lo que hace una trascendencia desmedida. Ocurrió con el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en la pasada legislatura, cuando ambos aparecieron ante la prensa como si estuviesen ratificando una nueva Constitución o la entrada en la Unión Europea (los pactos de Guisando, los denominó con sorna Rajoy). Y ha vuelto a suceder ahora en la presentación de las seis condiciones que ha puesto al Partido Popular para negociar, pues se asemejaba a Thomas Jefferson leyendo la declaración de independencia de EE. UU.

Lo cierto es que ni el acto en sí tenía nada de extraordinario, ni las condiciones expuestas constituyen pasos relevantes en la regeneración democrática, pues o bien ya existían o bien son muy discutibles. Antes o después, el anuncio de Rivera era de esperar. Por mucho que, según sus planteamientos puritanos, le repugne un gobierno de Rajoy, no dispone de una opción mejor ya que las otras dos alternativas le resultarían mucho más inaceptables. Es de suponer que no le agrade demasiado un gobierno del PSOE con Podemos y con los separatistas, y en unas terceras elecciones solo hay una cosa cierta: que acarrearían resultados muy negativos para Ciudadanos. Quizás Rivera tenga que estar más interesado que el propio Rajoy en que se forme un gobierno.

A su vez, las condiciones planteadas no son nada sustanciales. Comencemos por la última, la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Creo poco en las comisiones de investigación, casi ninguna ha servido para nada, ni se ha descubierto nada nuevo que no estuviese presente en los procesos judiciales. Tan solo constituyen un arma arrojadiza entre los distintos grupos parlamentarios. Las conclusiones que al final se establecen no dependen de lo investigado, sino de cuál es en ese momento la correlación de fuerzas entre los partidos en la Cámara. Por otra parte, esta condición carece de toda virtualidad, pues dada la composición del Parlamento no se necesita la aquiescencia del PP para constituirla, tal como ha querido poner de manifiesto el PSOE.

Continuando con las condiciones, resulta bastante lógica la prohibición de indultar a los políticos, pero ¿por qué solo a los políticos? El problema de las medidas de gracia, figura que por otro lado está recogida en la Constitución, exige un examen serio, teniendo en cuenta todos los aspectos y situaciones posibles. Recientemente el indulto que ha producido mayor escándalo no fue el de ningún político, sino el de un banquero, Alfredo Sanz, libertado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Los muchos casos de corrupción que últimamente están en los tribunales y que, por tanto, la sociedad viene conociendo (queda la duda de si antes también existían, con la única diferencia de que no salían a la luz por no llegar a los juzgados), pueden estar originando en la opinión publicada y en algunas fuerzas políticas un movimiento pendular en el que nos olvidemos de la presunción de inocencia y de las garantías jurídicas de las que deben gozar todos los ciudadanos, también los políticos. La eliminación total de los aforamientos y el compromiso de los partidos de separar de su puesto a todo político que resulte imputado (ahora investigado) pueden componer un cóctel bastante explosivo en el que todos los cargos públicos (incluyendo los de mayor nivel, hasta el propio presidente del Gobierno) estén indefensos ante cualquiera que por motivos bastardos se muestre dispuesto a denunciarles, y por el que tendrían que dejar su cargo en cuanto un juzgado de primera instancia les citara como investigados. Los que defendemos la acusación popular como un elemento democrático y de participación de los ciudadanos en la administración de justicia tendremos que reconocer que este aspecto, unido a las dos condiciones que ahora exige Rivera, puede tener consecuencias nefastas.

Es cierto que en España hay un número excesivo de aforamientos, muy superior al de otros países, pero no conviene irse al otro extremo. Una cosa es reducir su número y otra, eliminarlos todos completamente. No estoy tan seguro, además, de que constituyan un privilegio, porque si por un lado se libra al investigado de los juzgados de primera instancia, al ser procesado por un tribunal superior, también se le priva de la posibilidad de recurrir.

Mayor relevancia tiene el compromiso de que todo cargo investigado en un proceso judicial debe cesar en sus funciones. Desde luego, tal condición no se puede materializar en una ley puesto que sería contraria a la presunción de inocencia, al aplicar una inhabilitación sin que medie sentencia judicial. Pero es que, además, la condición de investigado se da a todo aquel que tenga que comparecer ante un juzgado, siempre que existan los más leves indicios de que pueda resultar encausado. Precisamente se le da esta calificación como garantía procesal ya que, a diferencia de los testigos, el investigado está en su derecho de mentir.

Cualquier juez o tribunal ante una denuncia, aun cuando los atisbos de ilícito sean muy reducidos y dudosos, no tendrá más remedio que abrir una instrucción y citar como investigado a todo aquel que pueda resultar implicado. La probabilidad de que según avance el proceso se exonere a los antes imputados la mayoría de las veces es muy alta y así ha ocurrido en infinidad de casos, pero el perjuicio estará ya hecho si se les ha pedido que abandonen el cargo. En realidad, el cambio de nombre de imputado a investigado obedeció a la finalidad de suprimir toda connotación de culpabilidad de esta situación, y trasladar la obligación de dimitir a una fase posterior del proceso, quizás cuando termina la fase de instrucción.

En España siempre hemos sido muy dados a copiar miméticamente medidas foráneas, sin reparar en que a menudo obedecían a un contexto social, económico o jurídico muy distinto del nuestro. Eso es lo que pasa con la moda de limitación de mandatos que, al igual que las primarias, tiene su encaje en un sistema presidencialista, totalmente distinto del nuestro de carácter parlamentario. Por otra parte, no estoy muy seguro de su conveniencia. Si bien es verdad que puede servir para que nadie se perpetúe en el cargo, no evita el mayor problema que estriba en que sea el mismo partido el que esté en el poder elección tras elección. Además, existe el peligro de que en el segundo mandato, ante la certeza de que no va a ser reelegido, el gobernante actúe con mucha menos responsabilidad y sin el autocontrol que se impone todo aquel que va a tener que pasar por las urnas. Presiento que Aznar se habría comportado de manera muy distinta frente a la guerra de Irak, si no se hubiese comprometido en la limitación de mandatos y, en consecuencia, hubiese sido él el candidato de su partido en las siguientes elecciones.

Las listas abiertas constituyen un tópico que desde hace mucho se ha venido manejando, pero que en realidad se trata más de una reclamación de periodistas y de tertulianos que de la sociedad. La prueba está en que en el Senado contamos con listas abiertas y casi la totalidad de los votantes se comporta como si fuesen cerradas. Se arguye que así disminuiría el poder de los aparatos de los partidos. Puede ser cierto, pero también lo es que con las listas abiertas el poder se traslada a los medios de comunicación, que podrán encumbrar o hundir a un candidato. Entre ambas situaciones, me quedo con la primera.

He sido de los primeros en criticar el actual sistema electoral (es más amplio que la ley), en el que todos los votos no valen igual, con lo que facilita la consolidación de un bipartidismo imperfecto que conduce o bien a mayorías absolutas o al chantajista arbitraje de los partidos nacionalistas. No obstante, uno empieza a dudar de que la ruptura del bipartidismo sea tan conveniente, pues cuando esta se ha producido por otras causas se ha mostrado la incapacidad de los partidos actuales para el diálogo y la negociación, ya que actúan como sectas con un tremendo dogmatismo de siglas. Cómo no estar escéptico si la solución que propone el PSOE para la gobernabilidad es que de nuevo los partidos nacionalistas hagan de árbitros, incluso ahora que los catalanes se han convertido en insurgentes.

EL REY SE EQUIVOCÓ POR SEGUNDA VEZ

El PP no tiene razón cuando manifiesta que debe gobernar la lista más votada, y están en lo cierto por tanto aquellos que desde las filas socialistas, o sus adláteres, le contestan que estamos en un sistema parlamentario y que alcanza la presidencia de gobierno aquel que logra en el Congreso una mayoría absoluta o simple (según sea en la primera o en la segunda vuelta). Pero precisamente por eso no se entiende que Pedro Sánchez se empeñe, tanto en esta como en la pasada legislatura, en hablar del tiempo de Mariano Rajoy, y que dedique la totalidad de la rueda de prensa convocada para dar cuenta de su entrevista con el rey, a requerir una y mil veces al presidente en funciones su obligación institucional y constitucional –le faltó decir teológica– de presentarse a la investidura, dando también por supuesto que era obligación del monarca designarle como candidato. Y todo ello al mismo tiempo que se ratificaba con contundencia en su voto negativo, sin dejar el mínimo resquicio a la abstención, única posibilidad que tiene Mariano Rajoy de alcanzar la investidura. Lo de los independentistas es una broma de mal gusto que no se la creen ni quienes lo proponen.

Parece que el único objetivo de Pedro Sánchez consiste en conseguir que Mariano Rajoy pase por el trance de una sesión de investidura de antemano perdida, sin que le importe demasiado la formación de gobierno; quizá por eso, mientras reiteradamente insistía en lo que tenía que hacer el presidente del PP, no dijo una sola palabra de lo que pensaba hacer él para que se forme gobierno, una vez que la negativa del PSOE a abstenerse bloquea toda posibilidad de que Mariano Rajoy sea investido. Es decir, contestar a lo que le preguntaban una y otra vez los periodistas y que es lo que interesa a los españoles, si va a intentar, tal como le han solicitado algunos de los suyos, un gobierno con Unidos Podemos y con los independentistas.

La monarquía, en su misma esencia, presenta un evidente y enorme defecto, consistente en que el puesto de rey es hereditario y no se somete al voto popular. Por esa razón en las democracias modernas las constituciones pretenden paliar esta tara de origen, atribuyendo al monarca funciones exclusivamente representativas y vaciando de contenido cualquier otro papel que protagonice. Nuestra carta magna declara al rey irresponsable, y dispone que cualquier norma que apruebe ha de ser refrendada por un político. Pero como los cortesanos son peores que los reyes, en esta temporada tan incierta en la que nos encontramos con un gobierno en funciones, no falta quien pretende sacar al rey de su papel institucional y de la debida escrupulosa neutralidad para asignarle funciones o incluso decisiones que no le competen.

No es solo que Albert Rivera desbarrara afirmando que iba a pedir al rey que intercediese ante el PSOE para convencer a esta formación de que debía abstenerse en segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy, actitud propia de un político imberbe, sino que el papel del monarca ha sido desnaturalizado en la interpretación que muchos han hecho del artículo 99 de la Constitución, y que ese mal entendimiento ha podido contagiar al mismo Felipe VI.

Hay que comenzar afirmando que debería ser obvio que de ningún modo la propuesta es un acto discrecional del rey, el cual basándose en su solo juicio o en sus creencias, pudiera designar a quien considerase más conveniente. No obstante, tampoco es el reflejo de un mero automatismo que conduzca al monarca a tener que designar por obligación al cabeza de la lista más votada. Si esto fuese así, sobraría la actuación del rey y por supuesto la ronda de consultas.

Pero entre el automatismo y la discrecionalidad existe una vía intermedia que es donde adquieren sentido las entrevistas con el rey de los representantes designados por los grupos políticos, porque mediante estas consultas el monarca puede aquilatar quién tiene posibilidades de conseguir la investidura, y por lo tanto quién debe ser designado, sea de la primera fuerza o de la quinta. De todo esto se deduce que las negociaciones entre los partidos deben ser previas a la rueda de consultas y no viceversa. Ahora que han surgido tantos exégetas del artículo 99 de la Constitución, notarán el carácter de inmediatez que el texto concede entre la designación y la sesión de investidura, signo de que la negociación se ha efectuado con anterioridad, al menos en sus partes esenciales.

Saquemos las conclusiones de todo ello:

Primera.- No hay tiempo de Rajoy ni de ningún otro, al contrario de como se han empeñado en convencernos Pedro Sánchez y el PSOE, tanto en la pasada legislatura como en la actual. En un parlamento tan fraccionado como este, nada más conocerse los resultados electorales comienza el tiempo de todos porque todos deben buscar los acuerdos oportunos para formar gobierno, de manera que pueda llegarse a la ronda de consultas con al menos un germen de gobierno, que haga posible que el rey designe al candidato.

Segunda.- En la pasada legislatura, el rey se equivocó al designar a Rajoy y acertó este al declinar la invitación, puesto que era evidente que ni tenía ni iba a tener los apoyos precisos, una vez que el PSOE había manifestado su firme propósito de no negociar.

Tercera.- Se equivocó también el rey –o “lo equivocaron”– cuando designó a Pedro Sánchez, sin que hubiese la menor garantía de que contase con los votos necesarios.

Cuarta.- Asimismo, en las pasadas elecciones, Pedro Sánchez nos hizo perder a todos mucho tiempo, porque si su intención era formar gobierno debería haber empezado desde el primer momento a negociar con Pablo Iglesias, ya que si Rajoy no tenía ninguna posibilidad sin el voto del PSOE, él tampoco la tenía sin la aquiescencia de Podemos. Pero Pedro Sánchez nunca tuvo la intención de negociar de verdad con la fuerza morada, simplemente exigía de ellos un cheque en blanco. En lugar de ello, se empecinó en montar todo un espectáculo, mediante una negociación teatral con Ciudadanos que a nada conducía.

Quinta.- Acertó el rey cuando tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez no designó a ningún otro candidato a la espera de que los partidos pudiesen llegar a algún acuerdo, lo que como es palmario no se consiguió.

Sexta.- El rey se ha equivocado de nuevo al designar a Mariano Rajoy y este también al aceptar la designación, puesto que, dada la negativa del PSOE y de Ciudadanos a emprender cualquier clase de negociación, la investidura es de antemano fallida y la sesión, una farsa. La finalidad de la sesión de investidura no es, como intenta persuadirnos Pedro Sánchez, que comience a contar el plazo de los dos meses de cara a la disolución de las Cortes (esa cursilada de “poner en marcha el reloj de la democracia”), sino la elección de un presidente. Es verdad que nuestra Constitución tiene una laguna, pero en democracia siempre hay soluciones sin montar pantomimas y sin tener que desfigurar las instituciones. Las Cortes son soberanas y, aun cuando no figure explícitamente en la Constitución, siempre podrán disolverse en caso de bloqueo para convocar nuevas elecciones.

Séptima.- Si la decisión del PSOE de no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy es firme y no piensa modificarla, y si es verdad que tampoco quiere ir a unas terceras elecciones, Pedro Sánchez tenía que haber dejado de marear la perdiz y desde el primer momento acometer lo que parece ser su auténtico objetivo, el que no se atreve a confesar abiertamente, que es negociar con Podemos y con los independentistas. ¿Para qué todo ese teatro acerca de la investidura de Rajoy? Es un juego infantil el que se traen con ese asunto los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Una venganza pueril, que ni siquiera lo es. Se puede pensar lo que se quiera de Pablo Iglesias, pero hay que reconocer que es el único que ha hablado claro desde el principio, exhortando a Pedro Sánchez a negociar nada más saberse los resultados electorales, sin andarse por las ramas, sin esperas y sin encomiendas reales.

PSOE Y PP, FALSO ANTAGONISMO

Desde la Transición, el sistema electoral ha venido orientando la realidad política española al bipartidismo, lo que originó secuencialmente dos situaciones no se sabe a cuál más negativa. O bien un gobierno con mayoría absoluta, que da capacidad a un partido para actuar a sus anchas y de forma totalmente despótica, o bien un gobierno en minoría apalancado en el chantaje nacionalista, que impone los privilegios de determinadas regiones en detrimento del interés general. La crisis y la Unión Monetaria han roto el sortilegio incrementando el pluralismo político.

En principio, la nueva situación podría ser positiva si los políticos estuviesen dispuestos a plegarse a ella, aceptando que los pactos son absolutamente necesarios para la gobernabilidad, lo que pasa en primer lugar por abandonar todo antagonismo dogmático. Uno de los aspectos de nuestras formaciones políticas que más rechazo popular causan es su condición de secta. Acostumbrados al bipartidismo, sus miembros se ven en la obligación de defender contra viento y marea todo lo que el partido dice o hace por muy deplorable o irracional que sea, mientras que están dispuestos a condenar, o criticar, todo lo que afecta al partido contrario, por más lógica y beneficiosa que sea la medida. Buen ejemplo de ello es la crítica generalizada a la que se sometió al PP por aprobar los presupuestos del 2016, gracias a los cuales la situación actual es menos dramática.

En las nuevas coordenadas, para lograr la gobernabilidad se necesitan pactos o acuerdos entre las formaciones políticas, y que nadie se empeñe en imponer la totalidad de su programa. Por el contrario, cada uno tiene que asumir el lugar que le corresponde y moderar sus exigencias en función de los diputados con los que cuenta y del papel que va a ocupar respecto del futuro gobierno; lógicamente esas exigencias no pueden ser las mismas cuando se pretende entrar en el Ejecutivo que cuando se firma un pacto de legislatura, o cuando el acuerdo se reduce a la simple abstención para facilitar la investidura.

Lo cierto es que después de seis meses, las formaciones políticas no parece que hayan entendido nada de esto. Siguen planteando su discurso en términos de antagonismo y asegurando que sus programas son irreconciliables, lo que resulta realmente irónico cuando al mismo tiempo todos hacen promesa de adhesión a la Unión Monetaria, cuya permanencia deja un margen muy estrecho a cualquier acción de gobierno. Las instituciones europeas, y sobre todo Alemania, están prestas a cortocicuitar cualquier desviación que pueda presentarse. Lo está recordando la Comisión, que pretende sancionar a España y a Portugal por déficit excesivo, y también -y lo que es peor- Alemania y Holanda entre otros, que no están dispuestos a la menor concesión en un intento de ejemplaridad para el resto de los países.

La ironía se hace aún más pronunciada cuando el antagonismo se plantea entre el PSOE y el PP, que han gobernado alternativamente este país sin que apenas haya habido diferencias apreciables en la mayoría de las materias. Por ello se entiende tan mal la postura adoptada por el PSOE en la breve legislatura pasada, pero resulta totalmente incomprensible en los momentos actuales. Después del revolcón del 26 de junio, continúan instalados en la misma cantinela como si nada hubiese pasado. Al tiempo que afirman que no quieren terceras elecciones, se niegan a todo posible acuerdo con el PP, y se escudan en una alternativa irreal, la de que Rajoy busque apoyos en otras latitudes. Otras latitudes que, al margen de Ciudadanos, no pueden ser más que los partidos nacionalistas e independentistas. Alternativa que implicaría retornar a los chantajes tan dañinos de antaño.

Su pretensión es un tanto infantil: la de fastidiar a Rajoy, desgastarle y obligarle a hacer concesiones, pasando por alto que las concesiones frente a los nacionalistas las hace el candidato, pero suelen ir en perjuicio de toda la sociedad española. El famoso pacto del Majestic garantizó el gobierno a José María Aznar, pero a condición de ceder a la Generalitat de Cataluña múltiples competencias, que después, como es lógico, hubo que transferir también a otras Comunidades, incrementando más y más la desvertebración de España y el desconcierto de los ciudadanos. Aquel pacto en buena medida fue el principio de los problemas que hoy aquejan a Cataluña y a España. Tras él vinieron los múltiples desaciertos de Zapatero con el Estatuto; y como es bien es sabido que la postura de los nacionalistas es insaciable, únicamente les restaba la independencia.

Pero precisamente por la conversión del nacionalismo catalán al independentismo hoy resulta inviable la demanda del PSOE de que sea en este ámbito donde Rajoy busque los apoyos para su investidura. No se entiende esta exigencia, a no ser que esté cargada de malicia y constituya una trampa en la que Mariano Rajoy parece haber caído, al reunirse con Esquerra y con Convergencia. Entrevistas llevadas a cabo, según se afirma, por cortesía parlamentaria, y desde luego inútiles para la investidura, pero que pueden servir para legitimar los contactos acometidos en las pasadas legislaturas por Pedro Sánchez, quien nunca descartó del todo la posibilidad de apoyarse en estas formaciones, y sobre todo para justificar lo que pueda suceder en el futuro, si cuajan las ideas lanzadas por la presidenta del Gobierno balear y por el primer secretario del PSC (hay que suponer que sugeridas desde la Ejecutiva) de que Pedro Sánchez aspire de nuevo, con el apoyo de Podemos, a la investidura.

Los socialistas se empeñan en postularse como alternativa. Se olvidan de que para ser alternativa lo primero que se precisa es que haya gobierno, lo que parece imposible si se empecinan en bloquear la situación. Se olvidan de algo más, de que, dados los resultados, los españoles no los han reconocido como alternativa al PP, sino como partícipes de la misma política de continuidad. Por eso les han castigado incluso en mayor medida que al Partido Popular. Esas desgracias, sacrificios y desigualdades que han caído sobre la sociedad española, y que tan a menudo aducen los socialistas, no comenzaron con Rajoy, sino bastante antes y de las cuales el PSOE ha sido tan culpable como el PP.

No se entiende bien, por tanto, el cortejo de Unidos Podemos al partido socialista, ni en las anteriores elecciones ni en la actualidad. Podemos debe ser consciente de que su origen se encuentra en el movimiento 15-M y en la indignación popular que lo suscitó. Y hay que recordar que dicho movimiento surgió durante el Gobierno de Zapatero. La enmienda era a la totalidad de las políticas que venían de Europa y que eran secundadas y asumidas tanto por el Partido Popular como por los socialistas. La reforma laboral que acaba de aprobar Hollande no se diferencia mucho de la que efectuó Rajoy. La razón por la que IU no acabó de despegar se encuentra quizás en la complicidad que estableció con el gobierno en tiempos de Zapatero. La oligarquía económica y política, a la que Podemos se refería con el nombre de casta, no está integrada exclusivamente por políticos del PP, sino también del PSOE. El PSOE no es el cambio, es más de lo mismo. Situarse en un campo semejante al del partido socialista, aunque sea para gobernar, desnaturaliza a Podemos. Sus votantes no necesitan un PSOE bis, para eso ya tienen el original y, además, segundas partes nunca fueron buenas.

TRAS LAS ELECCIONES

Se ha convertido en costumbre que todos los partidos políticos, tras las elecciones, oculten de una u otra manera sus derrotas. Sin embargo, recientemente ha surgido una formación política que no solo no disfraza sus descalabros, sino que los magnifica. En las elecciones municipales y autonómicas, Podemos ya mostró su descontento por los resultados obtenidos, aun cuando objetivamente representaban un récord para un partido con un año escaso de vida. Ahora, en estos comicios han vuelto a tomar la misma postura. Han sido los únicos que se han presentado ante la opinión pública como claros perdedores, iniciando incluso un proceso colectivo de autocrítica que parece más bien una flagelación.

Los resultados de Podemos han sido bastante buenos para un partido que cuenta con poco más de dos años de vida; bien es verdad que por debajo de los que obtuvieron el 20 de diciembre y mucho peores de los que les auguraban las encuestas, y a mayor distancia aún de las expectativas que ellos mismos se habían fijado. Las encuestas solo son encuestas, y son muchas las ocasiones en las que han errado, por lo que no es oportuno confiar demasiado en ellas. Y las expectativas, convienen que se basen en hechos reales y no en meros deseos o en una autoestima exagerada. Podemos ha confiado excesivamente en la alianza con IU olvidando que está de sobra demostrado que en política dos más dos no suelen sumar cuatro, tanto más si se trata de un acuerdo tan apresuradamente hecho.

De todos modos, sin esa coalición es muy posible que Podemos hubiera perdido muchos más escaños, tal como les ha ocurrido al PSOE y a Ciudadanos. Razones hay para suponerlo. La defensa del derecho de autodeterminación puede ser rentable en el País Vasco o en Cataluña (en cuanto a los buenos resultados en esta región conviene no olvidar que la CUP no se presentaba), pero puede tener efectos muy negativos en otras muchas Autonomías (véase mi artículo “Podemos y el derecho a decidir”, del 21 de enero pasado). Resulta difícil jugar a todas las barajas. El error cometido por Unidos Podemos ha sido la impaciencia, situar como su único objetivo llegar al gobierno, al creer que solo desde ahí se puede modificar la sociedad, y para ello no han tenido reparo en aglutinar a unos y a otros, pero al precio de diluir el mensaje hasta el extremo de no saberse en qué espacio estaban situados. Afirmaciones como la de que la unidad monetaria no constituye ningún problema o la de poner de ejemplo a Zapatero no han ayudado, por supuesto, a delimitar campos. Desde luego, lo que no tiene ningún sentido es achacar el empeoramiento de los resultados a la negativa de dar un cheque en blanco en la investidura del PSOE en la legislatura pasada.

La política de la transversalidad, aglutinando a todos los descontentos, sean por el motivo que sean, puede ser aceptable cuando se trata de un movimiento social como el 15-M, pero resulta improcedente cuando se aplica a una formación política, aun más si aspira a ser gobierno. La transversalidad se convierte entonces en frivolidad y los electores lo captan, y desconfían. Las encuestas anunciando el sorpasso les han podido jugar una mala pasada, porque muchos ciudadanos estaban dispuestos a votarles para que fuesen efectivos en la oposición, pero no les consideraban maduros para gobernar. Quizás es a eso a lo que se llama “voto del miedo”.

En estos momentos, la entrada de Podemos en el gobierno hubiese sido contraproducente incluso para esa misma formación política. En primer lugar, tendría que haber pactado con el PSOE. Su aproximación al PSOE a lo largo de toda la campaña también ha podido perjudicarles. En segundo lugar, no se puede prescindir del corsé de la Unión Monetaria. Con toda probabilidad, se habría quemado al igual que le está ocurriendo a Syriza en Grecia. Lo más conveniente para Podemos es consolidarse y organizarse en la oposición, definiendo su ideología y su espacio, que hoy están totalmente borrosos, y trazando unos límites claros con respecto al PSOE, lo que no es nada difícil. El mayor peligro que les acecha es la desvertebración, dada su creación rápida y por aluvión.

La Ejecutiva del partido socialista ha reaccionado de forma totalmente diversa. No han llegado a lanzar aquella afirmación de diciembre de que se había hecho historia, pero han intentado ocultar de nuevo la catástrofe electoral, escudándose en el hecho de que no se había producido el sorpasso. Para comprender la magnitud del descalabro de Pedro Sánchez hay que considerar de dónde partía. El 20 de diciembre obtuvo ya los peores resultados de la historia, sin ser capaz de rentabilizar el desgaste que había sufrido el Partido Popular tras la corrupción y una legislatura muy complicada. Había ya motivos suficientes para que aquella misma noche electoral Pedro Sánchez hubiese dimitido. Pero es que el 26 de junio los resultados han sido aún peores, perdiendo cinco escaños, y si el deterioro no ha sido todavía mayor se debe seguramente al patriotismo de siglas que conservan los partidos históricos.

Era del todo previsible que el PSOE iba a pagar en las urnas el espectáculo montado por Pedro Sánchez y el mareo al que este sometió a los ciudadanos en la pasada legislatura, dando la impresión de que lo único que le interesaba era llegar a presidente de Gobierno. Su programa tanto servía para pactar con Ciudadanos como con Podemos, incluso, aunque nunca lo explicitó claramente, con independentistas, puesto que su actitud ante ellos no daba ninguna seguridad de que en el último momento no estuviese dispuesto a dejarse querer. A pesar de los malos resultados obtenidos, el capricho de la aritmética parlamentaria situó al PSOE en el centro de cualquier posible pacto, de manera que los electores han responsabilizado al partido socialista de la repetición de las elecciones.

Las elecciones del 26 de junio han modificado los resultados pero no el papel crucial del PSOE, mal que le pese, para que pueda celebrarse la investidura; ni parece que, por desgracia, tampoco la actitud de bloqueo de su Ejecutiva. Los datos le obligan, al menos por ahora, a reconocer que tiene que ir a la oposición, pero se olvida de que para ello antes hay que permitir la formación de gobierno. Continúa encastillada en su negativa a facilitar -bien sea por activa o por pasiva- la investidura del PP; lo que, de mantenerse el veto, conduciría irremisiblemente a unas terceras elecciones, de las cuales sin duda el PSOE sería el único responsable. Ha vuelto al discurso de que ahora es el tiempo del PP y de que negocie con sus afines ideológicos. De nuevo se marea la perdiz porque a ciencia cierta se sabe que sin la abstención de al menos un diputado de la lista socialista no salen las cuentas. Hay que suponer que entre los afines ideológicos no contará a los independentistas, que desde luego se sienten mucho más cómodos con el PSOE, como muestra la última propuesta realizada por el PSC.

La quiebra del bipartidismo podría tener de bueno al menos librarnos del chantaje permanente que el nacionalismo ha venido practicando en detrimento de todas las demás regiones. Obligar al PP a negociar con el PNV y con Coalición Canaria es retornar a situaciones que creíamos pasadas y conceder al País Vasco más privilegios de los que ya tiene. Por otra parte, habría mucho que matizar sobre las afinidades ideológicas. No creo yo que sea precisamente la ideología la que separa radicalmente al PSOE del PP, sino la mutua ambición de gobierno. Pedro Sánchez no tuvo ningún reparo en unirse con Ciudadanos en ese pacto que Rajoy tituló con cierta ironía “de Guisando”, aun cuando en muchos aspectos Ciudadanos pasa al PP por la derecha.

Ciudadanos también ha intentado disimular su fracaso el 26 de junio. En este caso, aludiendo al sistema electoral. Los defectos de las reglas que este sistema aplica son conocidos desde hace muchos años y hemos sido también muchos los que hemos alertado sobre la necesidad de su reforma. Castiga a los partidos pequeños y tanto más cuanto menor sea el número de votos obtenidos, a no ser que estén concentrados en una o en un número reducido de circunscripciones como en el caso de los nacionalistas. No obstante, con la misma ley electoral en las pasadas elecciones obtuvieron ocho escaños más.

El problema de Ciudadanos ha sido, por una parte, su acercamiento al partido socialista y su participación en un espectáculo que a nada conducía, incrementando aun más su ambigüedad acerca del espacio ideológico que pretende ocupar. Por otra, la misma vacuidad de su discurso, centrado exclusivamente en la denuncia, a veces con cierto fanatismo, de la corrupción de las otras fuerzas políticas, hasta el punto de que parece la única justificación de su existencia, sin que además las medidas que propone para combatirla dejen de ser meras ocurrencias sin consistencia ni efectividad. Al margen de ello, su programa se reduce a unas pocas propuestas poco fundamentadas y con un contenido más conservador que las del PP, tales como la del contrato único, o la del complemento salarial, tan beneficiosa para los empresarios.

El relativo triunfo de Rajoy solo se explica por la poca fiabilidad y seguridad que presentaban los candidatos alternativos. A pesar del enorme castigo sufrido por la sociedad española, la situación actual no es tan grave, al menos para una gran parte de la población, como para lanzarse al riesgo y al aventurerismo. Tal vez podían querer el cambio, pero no a cualquier precio. En el caso de PSOE y Ciudadanos, porque no había ninguna garantía de que el cambio fuese tal, sino más de lo mismo, solo que con menos profesionalidad, con mayor improvisación y bastante superficialidad. Resulta difícil creer en la solidez del discurso de las tres fuerzas que se presentaban como alternativa cuando todas ellas eludieron el tema de la Unión Monetaria que, se quiera o no, constituye un corsé enormemente fuerte para cualquier acción de gobierno. PSOE y Ciudadanos, porque la defienden ardientemente, pero prescinden de ella a la hora de hacer promesas, y Unidos Podemos porque sospechaban que encarar ese debate podía restarles votos.

Es de suponer que tanto el PSOE como Ciudadanos salgan de su torre de cristal, dejen la escena y faciliten la investidura, si no quieren ir a unas terceras elecciones que serían letales para ambas formaciones. Es comprensible que el PSOE se oponga a la gran coalición, lo que implicaría dejar la oposición en manos de Unidos Podemos, pero cosa muy distinta es la abstención en la sesión de investidura. Es claro que tanto el partido socialista como Ciudadanos pueden imponer condiciones, desde luego de forma muy distinta si se implican en el gobierno o si se comprometen a la abstención; pero en cualquier caso siendo conscientes del número de diputados de que disponen, y de que ellos están tan necesitados de que se forme gobierno como el PP.

DE BORBONEO Y DEBATES

El diccionario de la Real Academia no recoge el vocablo borbonear, no obstante ser una palabra utilizada con frecuencia en el argot político a lo largo del siglo pasado. Se usó principalmente para designar la predisposición que el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual monarca, mostraba a entrometerse y enredar en el juego político; también se ha aplicado, aunque en menor medida, a determinadas actuaciones de su nieto, el rey don Juan Carlos. De Felipe VI hay que decir que apenas ha tenido tiempo, a pesar de haberse visto abocado en los pasados meses a una situación un tanto comprometida, por lo inédita, en la democracia española. Parece, no obstante, que la prueba la ha superado satisfactoriamente.

El hecho de que la calificación haya sido la de aprobado, no es óbice para reconocer que la tentación ha estado revoleteando a su alrededor. Si bien el problema se ha centrado más en algunos políticos y en la interpretación abusiva que han hecho de ciertos gestos y palabras del rey que en él mismo, con lo que se demuestra que a menudo los cortesanos son más monárquicos que el propio monarca.

Todo comenzó con la adopción de ciertas prácticas que rompían una sana costumbre: la de que nadie, después de una entrevista con el rey, se hacía portavoz de sus palabras. En esta ocasión en las rondas de conversaciones con el monarca, y dado el vodevil en el que se ha convertido la actividad política, los portavoces de los diferentes partidos, por escasa que fuese su representatividad, intentaron conseguir su minuto de gloria. Tras su paso por la Zarzuela, comparecían ante la prensa y se sentían autorizados para comunicar las palabras del monarca y, lo que es peor, interpretarlas a su conveniencia.

El tema fue especialmente grave en lo referente a la designación del candidato. La novedad de la situación, cierta laguna legal en la forma de computar el plazo en el caso de que no se produjera ninguna sesión de investidura y determinada ambigüedad en el comportamiento de la Corona, dieron lugar a que algunas formaciones políticas atribuyesen una dimensión a la designación real que de ninguna manera puede tener en una monarquía parlamentaria.

Según nuestra Constitución, el papel del rey es neutral, aséptico, meramente pasivo, no podría ser de otro modo. Se reduce a actuar como mero notario de las consultas llevadas a cabo y, en función de ellas, a designar a aquel candidato que dispone de los votos necesarios para obtener la investidura. La designación ha de ser la finalización de un proceso y nunca el inicio. Así fue en la primera ronda, y en la tercera, no en la segunda, en la que, instrumentando la decisión real, se quiso dar a esta un significado activo y discrecional, de verdadera elección, que revestía al candidato de una posición singular y diferente a la de los otros candidatos, con poderes especiales y una preeminencia a todas luces ilógica. Se utilizó al rey y este, quizás por su inexperiencia y por lo nuevo de la situación, cayó en la trampa.

Felipe VI volvió a borbonear cuando en la tercera ronda -y en esta ocasión no puede echar la culpa a nadie- se dedicó a aconsejar a diestro y siniestro a los partidos políticos que fuesen austeros en la próxima campaña electoral, entrando así en un terreno que no le corresponde. La cosa no tendría mayor importancia si no fuese porque hay siempre políticos y periodistas dispuestos a hacer de cortesanos y aduladores, y a tomar las palabras reales como si de un oráculo se tratase.

La propuesta cae de lleno dentro del discurso populista. Se extiende en la sociedad una argumentación peligrosa que menosprecia todo lo que rodea a la política y que mantiene una postura cicatera frente a su financiación, tanto en lo relativo al sueldo de los políticos como en cuanto a los gastos precisos para un funcionamiento democrático transparente y eficaz. Son muchos los interesados en restringir el ámbito de lo político y degradar a sus protagonistas, aunque bien es verdad que estos últimos no hacen muchos esfuerzos para evitarlo.

A los pocos días de celebrarse las pasadas elecciones, el 25 de diciembre, desde estas mismas páginas de republica.com me refería yo al encanallamiento en el que había devenido la pasada campaña electoral, en la que los eslóganes, los insultos y los shows habían sustituido a las ideas y a los programas. Los intereses mediáticos, entre otros, habían primado el espectáculo sobre el discurso y sobre los argumentos. En este momento, cuando nos encaminamos hacia una nueva campaña, todo apunta a que se va a repetir la situación. Llevamos pocos días con las Cortes disueltas y las actuaciones comienzan a ser similares.

Se da prioridad ya a los golpes de efecto y se crean gobiernos imaginarios que nunca van a gobernar, pero que intentan disimular y encubrir la levedad del líder y de sus adláteres. No deja de ser curioso que, tras las pasadas elecciones y a la hora de formar gobierno, algunos partidos solo pretendiesen hablar de medidas y anatematizasen a otros por querer discutir la composición del Ejecutivo, y ahora sean ellos los que antes de las elecciones, sin saber los resultados, sorteen sillones de un gobierno fantasma, y pasen por alto las políticas que piensan aplicar.

Se opta por el insulto y la descalificación personal que, como señala muy bien Schopenhauer, se emplea cuando faltan los argumentos y las ideas: “Si se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. El personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia del argumentum ad hominem; este último parte de una materia puramente objetiva para atenerse a lo que el adversario ha dicho o admitido sobre él. Al personalizar, sin embargo, se abandona por completo el objeto y uno dirige su ataque a la persona del adversario: uno, pues, se torna insultante, maligno, ofensivo, grosero”. Este párrafo de Parerga y paralipómena de Schopenhauer parece escrito como una premonición del comportamiento de algunos políticos actuales.

De nuevo se habla de debates, pero se plantean con una concepción idéntica a la que se utilizó en la anterior campaña electoral, más como espectáculo y reality show que como un verdadero acto electoral en el que se puedan contrastar los programas de los diferentes partidos. Es por ello por lo que se da tanta importancia a que los participantes sean los candidatos a la presidencia del Gobierno.

No deja de resultar contradictorio que el líder de Ciudadanos, por una parte, manifieste que estas elecciones no son presidenciales, “no son la operación triunfo”, no se elige un presidente de Gobierno sino parlamentarios, y gana por tanto el que más apoyos obtiene en el Parlamento; pero, por otra parte, exige que sean los números uno los que debatan, ya que se presentan a la presidencia del Ejecutivo. ¿En qué quedamos, pues, son elecciones parlamentarias o presidenciales?

Los debates pueden constituir instrumentos útiles para que los ciudadanos interesados conozcan los programas de las diferentes formaciones políticas y las diferencias que existen entre ellas. Pero para conseguirlo y que no se conviertan en un teatrillo o en una riña callejera deben centrarse, en primer lugar y principalmente, sobre los programas. Ahora es el momento de hablar de medidas y reformas, y también de que el adversario pueda criticarlas o mostrar su inviabilidad. En segundo lugar, deben ser múltiples y monotemáticos. En un solo debate no se puede hablar y argumentar de todo con seriedad. Sería conveniente centrar uno de ellos sobre la respuesta que cada partido está dispuesto a dar ante al golpe de Estado del Gobierno catalán. Hasta ahora, la misma actitud del PSOE, por mucho que reivindique lo contrario, resulta de lo más ambiguo, con sus críticas al PP por no dialogar, su Estado federal, sus pactos con los independentistas y su tópico de que no hay que judicializar lo que es un problema político. Otro debate debería dedicarse a la Unión Monetaria y a la postura que cada formación política adopta ante ella. Se quiera o no, hoy por hoy, el euro es una envolvente que limita de manera sustancial toda política económica. La economía y el paro, el sistema fiscal, las pensiones, la educación, la sanidad, etc., constituyen temas alrededor de los cuales se podrían organizar otros tantos debates electorales.

En tercer lugar, habría que abandonar toda tentación presidencialista o caudillista y que sea cada partido el que designe, en función del tema y de las circunstancias, quién participa como representante de la formación en cada uno de los debates. Es posible que esta opción no ilusione demasiado a los medios de comunicación, que desean espectáculo y carnaza, pero por eso mismo les resultarán sin duda mucho más provechosos a los ciudadanos que quieran enterarse verdaderamente de dónde se sitúa cada partido. Así y todo, no hay ninguna garantía de que la forma no prevalezca sobre el contenido, lo que se desea oír sobre la cruda realidad. Quizás uno de los debates de mayor interés que se han dado en campaña electoral fuera el protagonizado por Pedro Solbes y Francisco Pizarro. Ninguno de los dos era candidato a la Moncloa. Entonces, casi todo el mundo dio por ganador al primero. El tiempo transcurrido nos ha proporcionado otra perspectiva acerca de quién tenía razón. La crisis -¡y qué crisis!- estaba ahí aunque nadie, ni por supuesto Solbes, quisiera reconocerlo.

El pasado domingo, uno de los principales diarios de Madrid editorializaba sobre los debates como un derecho del elector. Nadie lo duda, siempre que se hagan de acuerdo con los cánones adecuados. No obstante, existe el peligro de que se desfiguren y termine ocurriendo como sucede a menudo con el derecho a la información, que acaba por ser un derecho de los periodistas, cuando no de los medios y del poder económico que los sustenta.

INDEPENDIENTES

Al mismo ritmo que el neoliberalismo se ha ido apoderando del pensamiento económico, ha ido adquiriendo notoriedad la predilección por todo lo que lleve el calificativo de independiente. Parece que connota un plus sobre lo político. Desde la aceptación del sufragio universal, el poder económico siempre ha mirado con recelo a la política y a los procedimientos democráticos, y ha pretendido sustituirlos en gran medida por la tecnocracia, lo que hasta cierto punto es lógico, si tenemos en cuenta que los desprotegidos suelen suponer un número mucho más elevado que el de los privilegiados.

La política monetaria ha sido la parte de la economía a la que en primer lugar se ha pretendido, y casi se ha conseguido, independizar de la política. Se piensa que el dinero es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. De ahí el esfuerzo por dotar a todos los bancos centrales de un estatuto de autonomía que los mantenga al margen del dictamen de los gobiernos y de las presiones populares. Los bancos centrales desde su independencia, comenzando por el BCE, se han convertido al mismo tiempo en los principales emisores del pensamiento económico neoliberal y conservador.

La unión monetaria en Europa constituye un buen ejemplo de la importancia de la moneda y del poder que adquieren quienes la controlan. Los años ya transcurridos de vigencia del euro han mostrado de forma clara la capacidad del BCE para doblegar a los gobiernos y a las sociedades. Cómo no recordar el papel coercitivo asumido por el BCE frente a los Gobiernos italiano y español cuando los mercados habían colocado a las economías de estos países contra las cuerdas, al carecer de moneda propia. Y cómo no recordar también el trabajo sucio del BCE cortando el grifo de crédito a los bancos griegos para doblegar al Gobierno de Syriza.

Los aires que provienen de Europa no se han conformado con independizar a la política monetaria de la democracia, sino que pretenden que sea absolutamente toda la economía la que permanezca al margen de las opciones ideológicas, que es lo mismo que decir al margen de las presiones de los ciudadanos. De ahí el afán de constitucionalizar la política de austeridad fiscal y de ahí también la pretensión de multiplicar los organismos teóricamente independientes a semejanza de los bancos centrales.

La Comisión Europea ha forzado, por ejemplo, a España a crear un organismo nuevo (AIREF), dotándole teóricamente de independencia, destinado a vigilar al Gobierno en materia fiscal, o más bien en materia de déficit público (para la Unión Europea toda la materia fiscal comienza y termina en el déficit). Los gobiernos no son de fiar, deben controlarlos los tecnócratas.

Visto lo visto, habrá que preguntarse si las elecciones sirven para algo. ¿Por qué no dejar que gobiernen abiertamente los tecnócratas, ya que en la actualidad lo hacen escondidos entre bambalinas? A esto debía referirse Albert Rivera cuando propuso esa idea tan ingeniosa de elegir un presidente de gobierno independiente. Creíamos que las ocurrencias eran propiedad exclusiva de Zapatero, pero por lo visto todos lo intentan. En esa carrera el jefe de los naranjas ha ocupado un puesto importante últimamente, emulando la Transición y creyéndose Suarez.

Hablo de ocurrencias porque no parece muy viable que los distintos partidos, que en cuatro meses no se han puesto de acuerdo para formar un ejecutivo fuesen a hacerlo de la noche a la mañana confluyendo en el nombre de un elefante blanco. Bien mirado es posible que la idea no fuese de Rivera, sino de los poderes económicos que tanto le miman.

Como era de esperar, la propuesta no fue muy bien acogida por el resto de partidos políticos, que se resisten a perder la escasa cuota de poder que les queda, la condición de hombres de paja. Una cosa es que les manejen desde detrás de las cortinas y otra que les digan que están totalmente de más. El mismo Pedro Sánchez, socio de Rivera hasta que las elecciones les separen, reaccionó negativamente con una frase que sería para esculpir si se la creyese: “Lo que hace falta es más democracia y menos tecnocracia”. Difícil de creer cuando, imitando los pasos de Zapatero, ninguneó a sus compañeros de partido para dar prevalencia en las listas a algunos denominados independientes, como si el hecho de no militar en ningún partido representase un mérito añadido.

A mayor abundamiento, Pedro Sánchez se contradecía a los pocos días, proponiendo a la desesperada su última ocurrencia, un gobierno de independientes bajo su presidencia. Independientes que, según afirmó, pertenecerían a todas las ideologías, aunque bien mirado no serían tan independientes, puesto que dependerían de él como presidente de gobierno. Últimamente, el secretario general del PSOE repite sin cesar que Pablo Iglesias nunca ha querido un presidente de gobierno socialista. Yo diría más bien que Pedro Sánchez nunca ha querido un vicepresidente o un ministro de Podemos.

Cómo valorar a la política y a los políticos cuando son ellos mismos los que consideran un timbre de gloria ser independiente. Conozco alguno que después de ser secretario de Estado, ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, diputado, comisario europeo y vicepresidente económico, continuaba diciendo que él no era político sino independiente. Parece ser que los únicos que valoran a los políticos son los presidentes del IBEX, que los reclutan con mucha frecuencia para sus consejos de administración. Bien es verdad que entonces dejan de ser políticos y pasan a ser consejeros y, además, independientes.

Y es que en las grandes empresas todos son independientes, independientes de la presión ciudadana, pero muy dependientes del poder económico. Los prohombres del IBEX están muy intranquilos e indignados. No les han gustado nada los resultados electorales del 20 de diciembre, rompen las aguas tranquilas del bipartidismo. Reclaman por ello una reforma electoral, pero en las antípodas de la que, por lo menos hasta ahora, exigían los partidos emergentes. No quieren incrementar la proporcionalidad, sino todo lo contrario, convertir el sistema en mayoritario y asegurar así la alternancia, donde todo queda atado y bien atado. Así se demuestra una vez más la vacuidad del pacto de las doscientas medidas. Proponer una reforma electoral es no decir nada, ya que es muy posible que los firmantes estén pensando en reformas electorales muy diferentes, casi antitéticas.

Don Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de empresarios, asociación formada por doscientas grandes empresas, entre ellas casi todas las del IBEX, al tiempo que se pronunciaba a favor de una reforma electoral que facilitase siempre mayorías absolutas, se mostraba indignado por el fracaso de las negociaciones para formar gobierno y proclamaba tajantemente que a unos líderes políticos como estos se les cesaría inmediatamente en la empresa privada. Supongo que también prefiere líderes independientes, pero no parece que sea precisamente en las grandes sociedades donde los puestos de presidentes o consejeros delegados se encuentren, por más desafueros que realicen, en gran peligro de defenestración; suelen estar perfectamente blindados gracias a los consejeros a los que se han tildado de independientes, pero que son muy dependientes de ellos, puesto que son ellos mismos los que los han nombrado.

¿Hay alguien que sea de verdad independiente? Todo el mundo tiene su ideología y, lo que es más relevante, sus condicionantes e intereses. Casi todo el mundo sirve a alguien. Lo que sí hay son responsables e irresponsables. En una democracia, por defectuosa que sea, algunos tienen que rendir cuentas cada cierto tiempo en las urnas, y otros no responden ante nadie ni ante nada o, de responder, responden ante otras fuerzas y poderes que nada tienen que ver con la democracia. A estos es a los que se les llama independientes.

EL GOBIERNO DEL CAMBIO

El discurso político ha llegado a unos niveles tales de farsa que no se tiene el menor pudor en presentar la realidad totalmente distorsionada. Se niega lo evidente y se afirma lo contradictorio. En ese carnaval de mentiras y despropósitos, en el ir y venir de los pactos, ocupan un lugar destacado tanto el PSOE como Ciudadanos. Pero en pocas ocasiones se han acumulado tantas falacias, sofismas y mentiras como en el artículo que el ínclito Jordi Sevilla, el de las agencias y el tipo único, publicó en el diario El País el pasado día 14 de este mes de abril.

Todo el articulo se dirige a convencer a los electores de la maldad del PP y de Podemos, que van a bloquear cualquier acuerdo forzando unas segundas elecciones, y de la bondad del PSOE y de Ciudadanos que, atendiendo exclusivamente a las necesidades de los españoles, han trabajado todo este tiempo en medidas de gran calado para constituir el gobierno del cambio. Bien es verdad que los electores, listos y clarividentes, sabrán recompensarles en las urnas.

La realidad es muy otra. El único responsable de la convocatoria de unos nuevos comicios es el PSOE, ya que, como bien afirma el mismo Sevilla, todas las soluciones pasan por esta formación política. Pedro Sanchez no ha querido negociar en serio ni con el PP ni con Podemos, únicas formaciones con las que podía formar gobierno, mientras que se ha entretenido en marear la perdiz en una pacto fantasma, etéreo y que no conduce a ninguna parte.

¿Cómo se puede acusar desde el PSOE al PP de no querer dialogar y de bloquear la situación, cuando a partir del primer día Pedro Sánchez se opuso reiteradamente a hablar con Rajoy, y cuando el propio Comité Federal del PSOE ha prohibido de forma expresa todo acuerdo con el PP? Por otra parte, si, según repiten a menudo, la primera finalidad del pacto es expulsar al PP de la Moncloa y cambiar radicalmente sus políticas, la adhesión de Rajoy sería un acto de masoquismo. El cinismo tiene un límite. Pedro Sánchez está en su pleno derecho a no querer pactar con Rajoy, pero entonces no se puede afirmar, tal como hace Jordi Sevilla, que es excepcional que el líder de la primera fuerza parlamentaria renunciase, por dos veces, a intentar formar gobierno. ¿Con quién quería que lo formase, con los independentistas y con Podemos?

Tampoco parece lógico que Jordi Sevilla eche en cara a Podemos que quisiese entrar en el Ejecutivo, ¿o es que acaso el pacto era para ejercer la oposición? Quizás Pedro Sánchez en el debate de investidura no se presentaba a presidente de gobierno sino a deán de la catedral de Cádiz. En todas las negociaciones que el PSOE ha emprendido se da el sobrentendido de que el sillón, el de presidente de gobierno, es para su secretario general, derecho que por otra parte Podemos nunca le ha discutido; pero eso es una cosa y otra quedarse con todas las sillas que es lo que Pedro Sánchez pretende, aun cuando se ampare en cierta moralina, al pregonar que no se trata de discutir sillas sino medidas. Y eso cuando únicamente se dispone de unos trescientos mil votos más que la otra fuerza. ¿Quién le ha dicho a Sevilla que la formación de un gobierno es un asunto partidista y no afecta a los ciudadanos?

En realidad, el acuerdo de las 250 medidas es puro flatus vocis, palabras que se lleva el viento, papel mojado. Promesas que no se piensan cumplir. Si no, ¿por qué plantear una reforma de la Constitución que se sabe a ciencia cierta que no se puede llevar a cabo sin el concurso del PP? ¿Y es que puede ser la misma la reforma que pretende Sánchez que la que defiende Rivera? La prueba más palpable de la vacuidad del texto es que tanto el PSOE como Ciudadanos, cada uno por su lado, intentan convencer a Podemos y al PP de que lo suscriban. Parece ser que vale lo mismo para uno que para el otro. Según lo cual, ¿por qué no realizar el pacto entre Rajoy e Iglesias?

La estrategia de Pedro Sánchez pasa por seguir los pasos de Extremadura. Fernández Vara llegó a la presidencia de esa Comunidad Autónoma gracias a los votos de la formación morada, pero luego si te he visto no me acuerdo, y para aprobar los presupuestos se desentiende de Podemos y se apoya en la abstención del PP y de Ciudadanos. Pedro Sánchez planea hacer lo mismo. Necesita los votos de Podemos para llegar a la Moncloa; pero más tarde puede olvidarse de las promesas, puesto que para los recortes y las medidas regresivas contará con el PP y con Ciudadanos. ¿Es tan disparatado que Podemos quiera evitarlo entrando a formar parte del Gobierno?

Los comentaristas de la derecha se preguntan indignados cómo es que el PSOE acepta sentarse a negociar con Podemos y no con el PP. La respuesta es simple y no tiene nada que ver con las ideologías, la corrupción o los programas. Un pacto con Podemos daría a Pedro Sánchez la presidencia. Con el PP tendría que renunciar a ella, ya que lo lógico es que fuese Rajoy el presidente, por la sencilla razón de que tiene más diputados. Estoy convencido de que el PSOE tiene mucha más similitud con el PP que con Podemos, pero lo que de verdad le importa a Pedro Sánchez son las sillas, bueno, más bien el sillón.

Jordi Sevilla nos intenta convencer en su artículo de que esta legislatura es excepcional, y en parte tiene razón. Es cierto que es excepcional por el extenso y profundo malestar social que la ha precedido, de manera que ha hecho surgir con fuerza dos partidos nuevos con 109 diputados. Pero este mismo hecho expulsa al PSOE de todo gobierno del cambio. ¿Es que acaso el descontento social no se ha dirigido al partido socialista al menos en la misma medida que al PP? En sentido contrario, no habrían surgido esas dos nuevas fuerzas políticas, y el partido socialista hubiese sabido rentabilizar la contestación social. No ha sido así y prueba evidente es que, a pesar de estar en la oposición, sus resultados electorales han sido peores incluso que los del PP. Muchos electores les culpan a ellos con la misma intensidad que al Partido Popular.

La mayor paradoja -y, por qué no decirlo, hipocresía- es que Pedro Sánchez pretenda liderar un gobierno del cambio como si el PSOE no fuese también responsable de ese dolor y sufrimiento del que él mismo habla, y que se ha infligido a muchos españoles. ¿Ya no nos acordamos de los gobiernos de Rodríguez Zapatero (de los que Jordi Sevilla fue ministro) y de las medidas que adoptaron? ¿Acaso la política tributaria implantada por Solbes y Elena Salgado no fueron más regresivas que las de Montoro? Por otra parte, en política y en economía el origen de los problemas se encuentra siempre muy lejos. Los lodos de estos últimos años, legislatura de Rajoy y última de Zapatero, provienen de los polvos de las dos legislaturas de Aznar y primera de Zapatero, incluso cabría remontarse a los Gobiernos de Felipe González con la firma de Maastricht y la política de convergencia. Después de 18 años de gobierno, solo un gran cinismo puede empujar al PSOE a presentarse a liderar un gobierno del cambio.

Quizás, hoy por hoy, no sea posible en España un gobierno que pueda realizar una política progresista. No cuadran los números, no están maduros quienes tendrían que acometerla, ni lo permitiría, desde luego, nuestra pertenencia a la Unión Monetaria. Los acontecimientos en Grecia enseñan que, por ahora, es preferible que Podemos madure en la oposición y no se queme en el gobierno.

Todo el mundo, incluyendo a Jordi Sevilla, se empeña en dilucidar lo que han dicho en las urnas los españoles, pero no existe un voto colectivo. Cada uno ha votado a su opción y a su candidato. Es evidente que el PP no ha sacado una mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero el PSOE la ha obtenido aún menor. Solo, creo yo, dejaron algo claro los electores: que eran precisas las coaliciones. En contra de lo que el PSOE y Ciudadanos se empeñan en repetir, en mi opinión, tanto el PP como Podemos lo entendieron. El primero convocando el día después de los comicios a todos los partidos con la finalidad de formar una coalición, iniciativa que chocó frontalmente con la negativa del PSOE, cuya concurrencia era totalmente necesaria para cualquier acuerdo real. Podemos, a su vez, hizo una propuesta de gobierno de coalición, que podía ser maximalista como toda propuesta inicial, pero que constituía un punto de partida para la negociación.

Ha sido Pedro Sánchez el que ha cegado los dos únicos caminos viables. Con Podemos, por motivos ideológicos y programáticos, tanto más al ser necesaria la abstención de los nacionalistas. Con el PP, no tanto por razones ideológicas (la política aplicada en el pasado por ambas formaciones políticas lo indican de forma clara) como porque esa alianza le impedía ser presidente de gobierno. Si, tal como afirma Jordi Sevilla, en estos meses han emergido los viejos demonios de la intransigencia y el sectarismo ha sido el PSOE el que los ha despertado, aunque pienso que el motivo es más pragmático, la simple supervivencia política de Pedro Sánchez.

Jordi Sevilla termina el artículo afirmando que si se va de nuevo a las urnas, los ciudadanos sabrán juzgar quiénes han sido los dos partidos buenos y los dos malos durante estos meses de negociación (yo diría más bien de teatro). Todo es posible. La capacidad de intoxicación a la opinión pública es muy grande. Pero, en cualquier caso, si Podemos pierde votos en los próximos comicios, no se deberá, creo yo, por no querer pactar con Ciudadanos o por no dar un cheque blanco al PSOE, sino por defender el derecho de autodeterminación o por pretender regar el territorio nacional con referéndums.