ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El triunfo de la moción de censura nos ha mostrado una realidad, tal vez de sobra conocida, pero que no solía presentarse tan de golpe ni de manera tan precipitada. Me refiero a los innumerables trasiegos que se producen en los puestos públicos cuando cambia el gobierno. Sobreviene una verdadera cascada de movimientos sucesivos en la Administración y en las empresas públicas, dando la impresión de que cuando un partido gana las elecciones o entra a gobernar, el sector público se convierte en su botín de guerra y que sus militantes y sus afines deben ocupar la totalidad de los cargos públicos.

Tras los múltiples vaivenes y tribulaciones que afligieron durante gran parte del siglo XIX a la sociedad y a la política española, la Restauración basada en el turnismo constituyó una etapa de cierta tranquilidad; bien es verdad que pagando por ello un alto precio, el de desnaturalizar casi por completo el régimen democrático hasta convertirlo en una cascara vacía. La Administración pública se conformó como una mera continuación de los partidos políticos, botín del ganador. Los empleados públicos estaban abocados a seguir el mismo destino, inmersos también en un régimen de turnismo. Se incorporaban a la función pública con el gobierno de turno y solían quedar en paro cuando este cambiaba. Surgió así la figura del cesante, tan habitual en la literatura de finales del siglo XIX. ¿Cómo no recordar la despiadada crítica que Pérez Galdós realiza a la burocracia de aquella época y a las cesantías en su novela Miau?

Con el tiempo, principalmente a partir del Estatuto de Maura de 1918, la Administración se fue profesionalizando. Se consolidó el sistema de oposiciones como forma de acceso a la función pública, se impuso la estabilidad en el empleo y se admitió el principio de que nadie podía ser despedido por motivos políticos. La Administración se fue estructurando en cuerpos jerarquizados y por especialidades, que poco a poco irían cogiendo las riendas del poder administrativo. Todo ello constituye no solo un seguro para el funcionario, al establecerse de manera más o menos clara sus derechos, sino también una garantía de neutralidad de cara al administrado.

Incluso durante el franquismo la Administración, con todos sus defectos, mantuvo una cierta profesionalidad gracias a las oposiciones como sistema de acceso a la función pública. No es de extrañar que algún famoso administrativista llegara a afirmar que las oposiciones constituían el único elemento democrático que había pervivido durante la dictadura. Pasada la primera época de represión y patrioterismo en la que los funcionarios públicos fueron sometidos a depuración, con sanciones e incluso inhabilitaciones de por vida, se tendió a incorporar poco a poco elementos del sistema anterior, como el de las oposiciones, la estabilidad en el empleo y la estructura y jerarquización por cuerpos. Se termina por encomendar casi por completo la marcha de la propia Administración a los cuerpos de nivel superior y a los especiales.

El franquismo progresivamente fue abandonado la idea de mantener la Administración como botín de guerra para dotarla de cierta profesionalidad y autonomía, lo que adquirió su máxima expresión en la ley de 1964. En realidad, se trataba de encomendar a los cuerpos de elite de la Administración su funcionamiento. En su última etapa, el régimen intentó construir un modelo de Estado en el que, con el respeto formal a la ley y su cumplimiento por la Administración, se ocultaba que la propia ley tenía su origen en un Parlamento y un Ejecutivo no democráticos.

Todo ello, sin embargo, tenía su contrapartida, los cuerpos superiores constituían una especie de elite que acumulaba enorme poder y como consecuencia también emolumentos en muchos casos desproporcionados. Principalmente los cuerpos especiales, encargados en exclusiva de determinadas tareas, se conformaban como verdaderos grupos de presión dispuestos a considerar esas funciones como solo suyas y en consecuencia, sometidas a sus conveniencias. No es de extrañar por tanto que en la Transición, con la llegada de la democracia, los gobiernos y los partidos, principalmente los de izquierdas, contemplasen al principio a la Administración con cierto recelo y se considerase como un peligro el hecho de que los cuerpos especiales de elite pretendiesen patrimonializar la funciones respectivas.

Muy pronto se vio hasta qué punto el temor era infundado. La obediencia y disciplina en la Administración quedó en seguida patente. Pero según se iba asentado el sistema democrático, comenzó a aparecer el riesgo inverso, que fuesen los políticos los que pretendiesen patrimonializar la Administración, y que cada gobierno la considerase como su finca y el botín fruto de haber ganado las elecciones. A este proceso colaboró de forma sustancial la construcción del Estado de las Autonomías. La Administración central tenía, tal como se ha dicho, estructuras y normas consolidadas que resultaban difíciles de cambiar, pero las administraciones de las Comunidades Autónomas al ser, en una parte muy importante, de nueva creación, constituyeron un campo más propicio para la discrecionalidad y la intervención arbitraria del poder político.

En las Autonomías, sobre todo en la primera época de su creación, el reclutamiento de los funcionarios se hizo de manera mucho más flexible -léase a dedo-, prescindiendo de pruebas objetivas. Esa es la razón de que en Comunidades Autónomas como Cataluña y Andalucía, en las que se ha perpetuado en el gobierno un mismo partido, predominen en la función pública las personas políticamente afines a la formación que ha gobernado de forma continuada.

Esa laxitud en las pautas y procedimientos de la Administración periférica se ha pretendido exportar a la Administración central. No han faltado críticas al sistema de oposiciones, acusándolo de propiciar los métodos teóricos y memorísticos, y de ser un mecanismo inadecuado de calibrar la adecuación del aspirante al empleo público. No negaremos que el sistema puede tener sus defectos, pero a menudo estos no obedecen a la esencia de las propias oposiciones, sino a la forma de diseñar las pruebas. Con las oposiciones ocurre como con la democracia, que es un mal sistema, pero el mejor de los posibles. No parece que exista ningún otro método que garantice más adecuadamente el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública.

Una larga tradición en la forma de ejercer sus funciones ha conservado con excepciones a la Administración central a resguardo de esa relajación y ha hecho que, en lo sustancial, se mantengan las oposiciones como procedimiento de acceso, y se garantice la estabilidad en el empleo. Se ha introducido, no obstante, una especie de turnismo con cierto parecido al implantado en la Restauración. Tan solo con cierto parecido, puesto que hay que reconocer que la situación no es la misma, ahora el cambio de gobierno no acarrea a nadie la pérdida de la condición de funcionario; es más, a la mayoría de los empleados públicos no les afecta lo más mínimo las crisis que puedan darse en el Ejecutivo, pero sí se produce un auténtico terremoto en todos los puestos y cargos de responsabilidad, a pesar de ser muchos de ellos de claro carácter técnico, razón por la que no deberían estar sometidos a los vaivenes políticos.

Cada vez son más los empleos de este tipo que tanto en la Administración como en las empresas públicas están cubiertos por personal no funcionario. Se habla de puestos de confianza, pero habría que preguntarse de confianza de quién, porque lo importante es que lo sean para la ciudadanía y esta se basa en una función pública profesionalizada, neutral, objetiva y nada politizada. Sin embargo, cada cambio de gobierno representa la renovación de un sinfín de cargos, muchos de ellos en puestos con claro contenido técnico, y que precisamente por la función a desarrollar deberían gozar de la máxima neutralidad partidista. Ha sido especialmente chirriante el nombramiento del director del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha recaído en José Félix Tázanos, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva federal del PSOE, y que posee una larga historia de sectarismo partidista. Es de suponer que será de plena confianza de Pedro Sánchez, pero de lo que no hay duda es de que el CIS y sus encuestas a partir de ahora habrán perdido la confianza de todos los ciudadanos.

Da la sensación de que los partidos que consiguen el gobierno consideran la Administración una presa y que hay que copar todos los puestos con militantes o afines. La situación se ha ido complicando en los últimos años. En los momentos actuales, los partidos carecen de gente técnicamente preparada, ya que la mayoría de sus miembros se han dedicado a la carrera política desde muy jóvenes, lo que se traduce en que los nombramientos recaen sobre personas cuyos únicos méritos son políticos. Incluso hay presidentes de empresas públicasque han llegado a sus puestos por tener la condición tan solo de esposa de un exministro, o de marido de una compañera del hermano de un presidente de gobierno. Resulta muy ilustrativo ojear los currículums de los altos cargos, y eso que cada vez hay más que se presentan remozados de forma fraudulenta, incluso parece ser que hasta el del actual presidente del Gobierno antes de serlo. Los masters constituyen un gran invento.

Esta apropiación por el partido ganador de miles de puestos del sector público sirve para retribuir de forma generosa a gran parte de los cuadros de la formación política y consolida al líder frente a los militantes. Resulta elocuente lo que en estos momentos está ocurriendo en el PSOE. Se han silenciado todas las críticas. Los mismos que condenaban a Pedro Sánchez y le prohibían pactar con los independentistas, incluso con todos aquellos que defendían el derecho a la autodeterminación, en cuanto ha llegado el cuerno de la abundancia se han acomodado al hecho de haber llegado al gobierno con los apoyos de los golpistas y, lo que aún resulta peor, que los necesiten para cualquier medida que pretendan aprobar. Supongo que cerrarán los ojos a las contrapartidas que está concediendo el Gobierno y a las que se verá obligado a otorgar. Es más, tendrán que cerrar los ojos también al hecho de que sus mismos nombramientos tienen un pecado original, se fundamentan en los votos de los secesionistas. No sé si las poblaciones de sus respectivas Comunidades estarán tan dispuestas a mirar para otro lado. Resulta hiriente oír a Rosa María Mateo hablar del sueño de recuperar la credibilidad de la radio y televisión pública y convertir la entidad en plural y independiente, después de haber sido nombrada por un procedimiento tan peculiar como el de un decreto-ley y con una exigua mayoría de votos entre los que se encontraban los del PDeCat y de Esquerra Republicana, formaciones que controlan una emisora tan democrática como TV3.

También en el mundo de la función pública, especialmente en el de los funcionarios de más alto grado se ha introducido el turnismo en el acceso a los cargos y puestos de nivel superior. En realidad, cuenta poco el mérito y la capacidad, sino más bien el grado de empatía que se le suponga con el partido gobernante. Ciertamente ahora no ocurre como en la Restauración, que puedan despedir a un empleado público por motivos políticos, pero en buena medida por motivos políticos se asciende o se desciende de puestos que teóricamente son técnicos. No es infrecuente escuchar a un alto cargo que ha cesado con ocasión de un cambio de gobierno, preguntarse el motivo del cese al considerar que su puesto es técnico. Habría que responderle que quizás el mismo por el que había sido nombrado.

republica.com 3-8-2018

Hace poco menos de dos años (el 1 de septiembre de 2016), escribí en este diario un artículo titulado “Qué fácil sería todo si Rajoy tuviese toda la culpa”. Tras describir los males que, a mi entender, desde el plano económico y social afectaban a la sociedad española, dando la razón así a todos aquellos que denunciaban la desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y calamidades que se le había hecho padecer a una gran parte de la población, me cuestionaba lo que en mi opinión, ya no resultaba tan claro, el origen de todos estos males. Para los partidos de la oposición era evidente. Rajoy tenía toda la culpa. Ojalá fuese así, afirmaba yo, ya que la solución estaría en manos de los ciudadanos, consistiría exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Y me dedicaba más tarde, a lo largo del artículo, a demostrar cómo la cosa era harto más compleja.

Han pasado aproximadamente veintidós meses y Rajoy ya no está en la Moncloa. Bien es verdad que su salida ha tenido poco de operación limpia, ya que se ha sustentado en los votos no ya de los secesionistas sino de los golpistas, pues en estos meses habían pasado de la potencia al acto. Si, tal como afirma Borrell, el problema de la integración territorial es el más importante que tiene España, mal augurio contar con un gobierno nacional que se apoya en aquellos que están dispuestos por cualquier medio a romper el Estado. Es ello entre otras cosas lo que me lleva a preguntarme si no vamos a echar de menos a Rajoy.

Presiento que los que muy pronto van a contestar afirmativamente son los distintos círculos de la derecha. Los mismos por los que ha sufrido Rajoy durante mucho tiempo un fuerte hostigamiento: sectores de su partido en extraña actuación cainita, medios de comunicación y periodistas heridos en su orgullo en la creencia de no haber recibido adecuada atención; empresarios y poderes económicos que se han creído perjudicados o no suficientemente beneficiados como debería ser por un partido de derechas y que han coqueteado con Ciudadanos. Me da la impresión de que, sin pasar mucho tiempo, se van arrepentir de haber sometido a Rajoy a acoso y derribo.

Los que seguramente ya le echan de menos, aunque no lo digan, son los dirigentes de Ciudadanos. Tenían una postura muy cómoda, manteniéndose en una cierta ambigüedad. Por una parte, como socios de gobierno, condicionando su actuación, pero sin jamás comprometerse y, por otra, atacándole y criticándole si las cosas salían mal o creían que podían obtener rentabilidad electoral, ya que ellos no se habían manchado las manos. Se han mantenido desde el primer momento en una permanente cacería contra el líder del PP y fueron los que hicieron, aunque después se han debido de arrepentir de ello, el disparo para que se iniciara la moción de censura. Creo que empiezan a comprender cómo va a cambiar en su contra la situación tanto en Cataluña como en el resto de España, y cuan plácidamente vivían antes.

Algo parecido le puede ocurrir a Podemos. Contra Rajoy vivían mejor. Gran parte de su discurso y de su programa consistía en criticar al líder del PP. Ahora, con Pedro Sánchez, después de haberle encumbrado a la presidencia del Gobierno no saben qué hacer. Han pasado de afirmar que si no formaba un ejecutivo de coalición ejercerían una oposición dura, a una luna de miel. Me da la sensación de que Pedro Sánchez les está toreando y se van a encontrar con que poco a poco les va a ir comiendo el terreno.

¿Y la mayoría de los ciudadanos? Pues es posible que también le echen de menos. Pienso que no tanto por la excepcionalidad del personaje como porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey y, dada la mediocridad del mundo político en todas sus variantes ideológicas, alguien con simple sentido común y prudencia, con firmeza, pero sin reacciones espasmódicas u ocurrencias, puede ser un valor a tener en cuenta. Después de tanta renovación y regeneración, uno se pregunta si lo que realmente hay es lisa y llanamente degeneración. Es conocido lo que cuentan de Belmonte que como alguien le preguntase por cómo un banderillero suyo tras la Guerra Civil había llegado a gobernador de la provincia de Huelva, de forma muy seria contestó: “Degenerando, hijo, degenerando”. Hoy no sé si se podría afirmar lo mismo de muchos políticos, pero desde luego sí de la actividad política en su conjunto.

A Rajoy nadie le podrá negar que se ha enfrentado con relativo éxito a dos grandes problemas, para mí los más importantes que tenía el Estado y que continúa teniendo. El primero, la integración de España en la Unión Monetaria que ha zarandeando su economía y la ha sumido en la mayor crisis, al menos de los cincuenta últimos años. El segundo, el golpe de Estado propiciado desde las máximas instancias de una Comunidad Autónoma, una de las más ricas de España, y que sin duda está aún latente y sin desarmar por completo.

En el primer tema, parece claro que en 2011 el Gobierno de Rajoy recibió una herencia endemoniada, cuyo origen se remonta a los gobiernos de Aznar, al crecimiento a crédito, a los ingentes déficits de la balanza de pagos, al enorme endeudamiento exterior, a la burbuja inmobiliaria, a la génesis de la crisis financiera, etc. Todos los horrores que heredó Zapatero y de los que se sintió muy orgulloso y agravó en la primera legislatura hasta que estalló la crisis, crisis, a la que, tras negarla, intentó enfrentarse de forma espasmódica y sin ningún éxito.

Todo ello es de sobra conocido y cómo Zapatero transmitió a Rajoy la economía en estado catatónico, y también cómo a lo largo de estos seis o siete años se han logrado restablecer las cifras macroeconómicas, incluso algunas que eran sustanciales para el crecimiento económico y cuya corrección parecía imposible alcanzar, Me refiero, por ejemplo, al saldo de la balanza por cuenta corriente, que de un déficit del 10% del PIB ha pasado a porcentajes positivos. Algo bastante inimaginable.

Claro que esta historia tiene también su reverso. Tal como ha venido afirmando la oposición, y yo señalaba en el artículo anteriormente citado, la recuperación no está llegando de igual modo a toda la población y la desigualdad se ha intensificando sustancialmente. Ahora bien, ¿alguien podía pensar que con Rajoy o sin Rajoy el resultado podía ser distinto? Quizás sí, pero peor, tal como ocurrió con Rodríguez Zapatero y puede ocurrir con Pedro Sánchez. Nos guste o no admitirlo, este es el precio a pagar por estar en la Unión Monetaria, por eso algunos éramos tan críticos con el euro, porque era evidente que el coste de las crisis las pagarían los trabajadores y las clases bajas.

Durante las dos legislaturas de Aznar y la primera de Zapatero, la economía española perdió cotas muy importantes de competitividad que se tradujeron en elevados déficits de la balanza de pagos y en un stock abultado de endeudamiento exterior que, antes o después, tenían que entrar en crisis. La corrección en condiciones normales, y así había sido siempre, pasaba por la devaluación de la divisa, pero al pertenecer a la Unión Monetaria esta no era posible. La moneda hace de cortacircuito, pero cuando este no se produce el ajuste se traslada al sector real transformándose en recesión y paro. La única alternativa entonces es la deflación interior, reducción de salarios y precios de manera que se recupere la competitividad exterior, pero pagando un elevado precio en cotas de igualdad.

Existe una diferencia importante entre la devaluación monetaria y la interior. La primera empobrece a los ciudadanos frente el exterior, pero no modifica la relación interna. En la segunda, por el contrario, es imposible que todos los salarios y los precios evolucionen en la misma medida (los precios relativos incluyendo los salarios se modifican). El coste se distribuirá de manera desigual. Es hasta posible que algunos de los agentes obtengan beneficios. Sin duda, son las clases bajas las que asumen las mayores pérdidas.

Hay otro factor que complica aún más el tema. La carencia de la moneda propia limita la capacidad de acción de los gobiernos nacionales y los deja, por una parte, al albur de los mercados y de las autoridades comunitarias, especialmente del BCE. Además, el diseño de la Unión Europea ha prescindido de todo mecanismo de solidaridad entre los países acreedores y deudores, y las ayudas establecidas, únicamente como créditos, se han planteado a menudo en condiciones draconianas. El mejor o peor resultado de la política de los gobiernos depende por tanto también de la habilidad y energía para manejarse en Europa. Fue sin duda una de las razones del desastre del último Gobierno de Zapatero.

Tanto los partidos de izquierdas como los de derechas deberían tener presente el escaso margen que los gobiernos nacionales tienen a la hora de instrumentar su política económica y social dentro de la Eurozona. Es posible que en algunos aspectos se hubiesen podido obtener mejores resultados que los conseguidos por el Gobierno de Rajoy, pero seguramente también mucho peores. Conviene no olvidar las presiones a las que tuvo que enfrentarse orientadas a que pidiese el rescate. Por supuesto desde el exterior, pero también desde el interior. Poderes económicos, financieros y mediáticos asustados por los altos tipos de interés clamaban al unísono para que el Gobierno pidiese el rescate. ¿No nos acordamos ya de los editoriales de El País y de las tesis mantenidas por el economista de cabecera de Ciudadanos? La resistencia del Gobierno no fue la epopeya de la que intenta convencernos Guindos en su libro «España amenazada», pero sin duda fue un gran acierto. De haber cedido (nada tiene que ver este posible rescate con el saneamiento de los bancos), los resultados, qué duda cabe, hubiesen sido más dramáticos y la desigualdad generada, mucho mayor.

El nuevo Gobierno ha recibido una economía en una situación bastante desahogada, lo que le puede permitir un margen considerable para ampliar las políticas sociales y de igualdad. Los empresarios y los sindicatos han firmado un acuerdo para subir los salarios un 3%. Pero la permanencia en la Unión Monetaria continúa creando grandes incertidumbres y seguramente peligros, que no pueden combatirse con ocurrencias, figuritas y demagogias. La verbena en que Pedro Sánchez ha convertido el Ministerio de Hacienda, pieza sustancial de la política económica, y la falta de conciencia de los partidos de izquierdas de que la pertenencia a la Unión Monetaria reduce sustancialmente el margen de maniobra, genera los peores presagios.

El segundo tema es el de la integración o, más bien, desintegración del Estado. En el conflicto catalán a Rajoy se le ha acusado a menudo de practicar una política demasiado blanda o al menos indecisa. Tales planteamientos pueden tener un punto de razón ya que hubiesen sido necesarias actitudes mucho más enérgicas. Pero, una vez más, no se puede olvidar el contexto en el que el Gobierno del PP se movía: 137 diputados propios y el resto del Parlamento, fraccionado. En el ala izquierda, Podemos, una formación política que contra toda lógica y traicionando sus principios, se declaraba partidaria del derecho de autodeterminación de todas las regiones de España y que, mientras arremetía con saña contra la corrupción del Partido Popular, coqueteaba y coquetea aún con los golpistas, incluso con los herederos del partido más corrupto de España, Convergencia. Situado no se sabe dónde, Ciudadanos, una formación nueva y un tanto oportunista que a menudo se presenta como el azote del independentismo, pero que se ha movido por mero cálculo electoral y ha estado dispuesta a dejar solo al Gobierno si eso le ocasionaba rentabilidad política. Y un partido socialista secuestrado por un caudillo con un solo objetivo: llegar a la presidencia del Gobierno al precio que fuese.

Durante casi todo el tiempo, el Gobierno de Rajoy se ha encontrado en gran medida solo frente a un movimiento dogmático y sectario que supedita todo, ideología y legalidad, a obtener por las buenas o por las malas la independencia. En este procés se unen sin ningún escrúpulo la extrema derecha y la extrema izquierda, y se disculpan las cotas más altas de corrupción, incluyendo el 3% de Pujol y sus discípulos. No es por tanto de extrañar la prudencia de Rajoy y su pretensión de arrastrar en sus decisiones al menos al PSOE y a Ciudadanos.

El PSOE, el de Pedro Sánchez, empujado por el PSC, ha mantenido siempre una postura reticente, ambigua, adoptando una tercera vía que, si bien condenaba determinadas actitudes y conductas de los independentistas, responsabilizaba también al Gobierno por no intentar dar una solución política, que en realidad no se sabía en qué consistía, aunque ahora ya se conoce perfectamente, en hacer concesiones a los secesionistas. Lo que se ignora en los momentos actuales es hasta dónde se va a llegar en las renuncias. Bien es verdad que el haber alcanzado el gobierno con el apoyo de los golpistas y que vayan a ser estos necesarios para sacar adelante cualquier ley o acuerdo en el Congreso, presagia los peores resultados. Las actuaciones realizadas hasta ahora por el nuevo gobierno lo confirman. En este tema es, sin duda, en el que con mayor probabilidad podemos terminar echando de menos a Rajoy.

republica.com 6-7-2018

Entre la opinión pública actual se ha extendido la suposición de que la actividad política se encuentra paralizada en España. Se basan, sobre todo, en la falta de resultados legislativos. Vaya por delante mi creencia de que la moderación en la actividad legislativa no es forzosamente negativa. A menudo, las reformas legales son contraproducentes y sería bastante mejor que no se produjeran. Por otra parte, las permanentes modificaciones jurídicas crean un clima de inseguridad e incertidumbre bastante pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, esto es una cosa y otra muy distinta que la inoperancia de los partidos paralice todo avance y reforma legislativa necesaria. Muchos creadores de opinión señalan al Gobierno como único culpable, lo cual sería cierto si tuviese mayoría absoluta o al menos el escenario político presentase la estructura de las etapas anteriores, es decir, el bipartidismo. Pero en este nuevo contexto en el que el arco parlamentario se ha fraccionado de forma considerable y en el que ha desaparecido -parece que para siempre- el bipartidismo y las mayorías absolutas, las responsabilidades hay que repartirlas. En la estructura actual no hay posibilidad de avance sin pacto y sin consenso, por lo que la mayor responsabilidad recae sobre las formaciones políticas que se niegan a priori a la negociación y al acuerdo, sea estando en el Gobierno o en la oposición.

El secretario general del PSOE ha reprochado a Rajoy su ineptitud para sacar los presupuestos adelante, retándole a que dimita o a que se presente a una moción de censura si no es capaz de lograr su aprobación. En su esquema -que es quizás el que se había seguido hasta ahora con resultados muy negativos- el presupuesto era cosa del Gobierno y la función de la llamada oposición era criticarlo, enmendarlo en su totalidad y votar en contra.

En ese escenario donde o bien se daba la mayoría absoluta de una formación política o bien esta se construía a base de acuerdos con algún partido nacionalista -pagando por supuesto el correspondiente peaje-, el Gobierno controlaba prácticamente el Parlamento. En realidad, la diferencia entre Ejecutivo y Legislativo desaparecía o, más bien, el último se convertía en correa de transmisión del primero. Es por eso por lo que en la práctica las leyes, y la propia ley de presupuestos, que en sí deberían ser frutos del Parlamento, se convertían en obra exclusiva del Gobierno sin que la oposición tuviese nada que decir.

En la nueva situación, sin embargo, en la que se ha superado el bipartidismo e impera el fraccionamiento del espacio político, se ha devuelto al Parlamento la capacidad (no solo formal) de legislar y modificar eficazmente los proyectos de ley (entre ellos el del presupuesto) presentados por el Gobierno, y el Legislativo ha adquirido autonomía frente al Ejecutivo. El Gobierno pierde capacidad de maniobra y el resto de partidos debe trascender el simple papel de oposición para convertirse en agentes políticos activos que pueden hacer realidad parte de su programa mediante el pacto y la negociación.

Esta transformación invalida la tesis que culpa exclusivamente al Ejecutivo de la supuesta paralización institucional y le hace responsable único de la aprobación o no aprobación del presupuesto. Ciertamente sería responsable si se negase a negociar o si negociando fuese inflexible en sus planteamientos, pero cuando son las otras formaciones políticas las que rechazan incluso sentarse a dialogar hay que afirmar que por lo menos tienen tanta o más responsabilidad que el Gobierno.

Es evidente que Pedro Sánchez continúa en el escenario anterior, reclamando para sí el papel exclusivo de jefe de la oposición, reduciendo su función a la denuncia y a la crítica, esperando pasivamente tiempos mejores en los que por fin logre que Rajoy se marche y pueda sustituirle. El problema está en primer lugar en que puede que el sucesor de Rajoy no se llame Pedro Sánchez, sino Albert Rivera o cualquier otro que en este momento ni siquiera imaginemos y, en segundo lugar, que, si por fin el Gobierno fuese del PSOE, no existe ninguna certeza de que no terminase realizando la misma política que el PP. Además, esa postura y actitud de cerrazón a toda negociación tiene el gran inconveniente de preferir ciento volando a uno en la mano, de perder el tiempo presente y condenarse mientras se está en la oposición a la inoperancia política sin aprovechar la gran ventaja de que el Gobierno se encuentre en el Congreso en una posición precaria y necesite el concurso de otras fuerzas para sacar adelante cualquier ley.

Podemos, que surgió en contra del bipartidismo, se mantiene paradójicamente en la misma lógica que el PSOE de Pedro Sánchez; es más, pretende disputarle el título de oposición. Se contenta con criticar al Gobierno, denunciar y reclamar todo tipo de medidas (en algunas ocasiones sin considerar demasiado acerca de si dentro de la Unión Monetaria son posibles). Todo ello está muy bien para un movimiento activista, pero no tanto para un partido político que tiene que saber pasar de su programa máximo a obtener la aplicación del máximo posibles de sus medidas. En último término, se les exige resultados y no solo palabras. Pablo Iglesias se presentó en el primer momento renegando de la vetusta izquierda que se había contentado con una postura testimonial, sin tener influencia práctica en la política. Ellos iban a por todas, y ciertamente capitalizaron el descontento de la crisis y de los recortes y consiguieron más de cincuenta escaños. Pasado el tiempo, da la sensación de que la vetusta IU con sus quince o veinte escaños obtuvo más resultados prácticos que ahora Podemos con cincuenta.

Ortega y Gasset en su “Mirabeau”, afirmaba que una cosa era hacer filosofía y otra, política. Me temo que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como el Podemos de Iglesias se dedican a hacer filosofía, o algo parecido, y no política. Todo se les va en querer echar a Rajoy, por eso dejan a Ciudadanos y al PNV que se lleven el gato al agua, pactando con el Gobierno. No solo no echan a Rajoy, ni logran, –al negarse a negociar con él– modificar lo más mínimo sus políticas-, sino que con su parálisis e inoperancia consienten que sean las medidas regresivas de Ciudadanos y del PNV las que se terminen aprobando. Pueden, por ejemplo, salir en manifestación con los pensionistas, pero exclusivamente con ello no lograrán que se retorne a la actualización anual por el IPC.

En las condiciones actuales, permitir que el PNV tenga la llave de la política española tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado. No se trata ya de que, como siempre, cobren su peaje al margen del interés general y en contra de otros territorios, sino que se les concede la posibilidad de chantajear al Gobierno respecto a la política que haya de aplicarse en Cataluña. Supongo que al Podemos de Iglesias, dada su política territorial y la actuación de su sucursal en Cataluña, esto no le importará demasiado; pero en cuanto al PSOE -aunque sea el de Pedro Sánchez, que ha mantenido continuamente la tesis de que estará siempre en la defensa del Estado de derecho-, su parálisis y su inoperancia institucional y presupuestaria, dejando el mando en manos del PNV, es un baldón difícil de justificar.

republica.com 30-3-2018

Se ha consumado lo previsto, lo ya iniciado hace tiempo; simplemente se puso por escrito y se aprobó por el Comité federal el pasado día 17. No podía ser de otra manera, ya que este órgano de dirección, al igual que el Congreso, se ha conformado como simple prolongación del secretario general. Quizás esté mal el decirlo, pero se está cumpliendo punto por punto lo que escribí en este mismo diario digital el 1 de junio pasado en un artículo titulado “El 18 de Brumario”. Era evidente que Pedro Sánchez, tras ser ratificado por los militantes, iba a tratar de acaparar todo el poder en el PSOE. Se anuncia que únicamente se trata de dar voz a las bases; pero, en realidad, lo que se pretende es quitársela a los órganos pluripersonales para concentrar toda la autoridad en el jefe.

En el fondo, nada inesperado. No se precisa mucha perspicacia para darse cuenta de que las primarias, lejos de ser un instrumento de democratización de los partidos, se han convertido en un mecanismo para todo lo contrario, de hecho, destruyen la pluralidad y promueven el caudillismo. No nos puede extrañar, por tanto, que el Comité federal haya aprobado sin ningún voto en contra los estatutos propuestos por la Ejecutiva, que es lo mismo que decir que por Pedro Sánchez. A los barones, que a su vez son representantes de gran parte de la militancia, solo les ha quedado el pobre recurso de la no asistencia o de ausentarse en el momento de la votación.

Lo malo es que la uniformidad que se ha creado artificialmente en el PSOE produce efectos negativos en la sociedad y en el Estado. Por lo pronto, la imposibilidad de crítica interna y la inviabilidad del contraste de opiniones han originado que el sesgo a favor del PSC que mantiene Pedro Sánchez incline al partido socialista a adoptar posturas sorprendentes en materia territorial en lo referente a Cataluña, que difícilmente aceptarían sus votantes del resto de España.

El Gobierno quizás se haya equivocado en plantear un problema, el de la inmersión lingüística en Cataluña, antes de tener diseñada la solución; sin embargo, el hacerlo ha tenido un efecto positivo, obligar a que todos hayan tenido que definirse. No dudo de que, tal como afirman todos los que no quieren que cambie el statu quo, sea un tema sensible. Tal vez por eso conviene contemplarlo con toda frialdad y de forma aséptica, desde fuera. Y mirado así, es difícil encontrar justificación para que se discrimine a favor de uno y en contra de otro de los dos idiomas que son oficiales en Cataluña.

El primer secretario del PSC y detrás de él el PSOE de Pedro Sánchez (aunque lejos de interpretar el pensamiento de todos los socialistas) se apresuraron a salir en defensa de lo que eufemísticamente llaman el “modelo escolar de Cataluña” que, en el fondo, se reduce a mantener el catalán como lengua principal y casi exclusiva en la enseñanza, relegando el castellano a un papel casi residual. Quizás lo más sorprendente radique en los argumentos que se utilizan. Se afirma que la inmersión lingüística pretende evitar la segregación de los alumnos, atendiendo a la lengua, en dos grupos diferentes. Y jactándose de progresistas mantienen que no quieren que los castellanoparlantes se encuentren más tarde en inferioridad de condiciones al dominar de forma más imperfecta el catalán.

Hay que preguntarse por qué motivo el trato paritario de las dos lenguas, y la igualdad en el tiempo que se dedica a ambas, va a dividir a los alumnos, y hay que señalar que resulta preocupante que muestren, aunque de forma inconsciente, su visión supremacista cuando aseveran que no dominar completamente el catalán resta más posibilidades profesionales que no controlar a la perfección el castellano. En diversas ocasiones, los tribunales han dictaminado la necesidad de corregir esta situación discriminatoria sin que las fuerzas independentistas ni el PSC hiciesen el menor intento para que las sentencias se cumpliesen.

Tampoco los gobiernos centrales han hecho mucho para garantizar los derechos de todos los catalanes en materia lingüística. El único paso dado parece haber sido la chapuza introducida en la LOMCE y que ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado como no podía ser de otra manera, puesto que la competencia es de la Generalitat. La única manera de que el Gobierno central pueda interferir en el tema es mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que está precisamente diseñado para corregir todas aquellas situaciones en las que las autoridades autonómicas no ejercen adecuadamente sus competencias.

Se entiende por tanto mal que algunos, desde distintos ángulos, comenzando por el PSOE, hayan defendido que no es este el momento de solucionar el problema. Lo cierto es que -dado que la Generalitat no parece que vaya a cumplir las sentencias- de no interferir ahora habría que aplicar de nuevo el art. 155, aunque lógicamente limitando su actuación a esta materia. Aún más, lo correcto hubiese sido que dicho artículo se hubiera aplicado mucho antes, en general en todas aquellas ocasiones en las que las Comunidades Autónomas se han negado a cumplir la ley o las sentencias de los jueces. Estaría entonces ausente ese carácter dramático y de excepcionalidad con el que se le ha revestido en esta ocasión. (Ver a este respecto mi artículo del 2 de noviembre del año pasado).

Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE por una senda muy estrecha. Fuerza a la organización a adoptar comportamientos sectarios y bastante dogmáticos, que no pueden por menos que causar sorpresa. No puede extrañarnos que Ramón Tremosa, habiendo adoptado todos estos meses el papel de palafrenero de Puigdemont, y después de robar fotos a los políticos belgas, se haya dedicado durante el proceso de la elección de vicepresidente del Banco Central Europeo a denostar al candidato español y a hacer propaganda a favor del irlandés. Los independentistas catalanes nos tienen acostumbrados a denigrar todo lo que se refiere al Estado español, que quieran o no, hasta ahora, es el suyo, y que por lo tanto su deterioro irá también en su propio detrimento. Lo que resultaba, sin embargo, difícil de imaginar era que Podemos y mucho menos el PSOE actuasen de la misma forma.

La cuestión no giraba en torno a juzgar sobre las virtudes o defectos del señor de Guindos, sino de ver si era un español o un irlandés el que se sentaba en el segundo sillón de la institución más importante de la Unión Monetaria, y en la que reside el poder real por encima del de los gobiernos. Durante todos estos años, Italia ha notado claramente la importancia de que Draghi sea italiano. Hoy por hoy, las nacionalidades cuentan y mucho en Europa. Tampoco se trataba de escoger entre una mujer y un hombre; que yo sepa el señor Lane no pertenece al género femenino. Por otra parte, si la pulsión que siente Pedro Sánchez por promocionar a las mujeres es tan grande, podía haber renunciado a su candidatura en las primarias, con lo que hubiese sido una mujer la que hubiera llegado a secretaria general del partido.

El criterio de elección no era tampoco ideológico. Los dos candidatos pertenecen al Partido Popular Europeo, y sería difícil determinar cuál de ellos tiene un pensamiento más neoliberal. Resulta una ingenuidad pensar que al Banco Central Europeo pueden incorporarse representantes de otras tendencias. El reproche de haber trabajado en Lehman Brothers es desconocer los orígenes de la mayoría de los que ocupan puestos relevantes en la Unión Europea. Draghi fue vicepresidente, para Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs; Duisenberg fue vicepresidente del banco privado Rabobank; Jean-Claude Trichet, aunque al final fue absuelto, se vio acusado de haber falsificado las cuentas del Crédit Lyonnais; Mario Monti fue director europeo de la Comisión Trilateral y asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, y así se podrían continuar citando otros muchos casos. Por otra parte, me parece que Luis de Guindos y Pedro Solbes serían perfectamente intercambiables.

Al final, Luis de Guindos ha sido designado para el puesto, y Pedro Sánchez una vez más ha hecho el ridículo, y con él los eurodiputados socialistas que pasarán a los anales de la historia de la Unión Europa como el único caso en el que frente a dos candidatos de similares características se vitupera al de la propia nacionalidad y se hace propaganda por el contrario. Supongo que a más de uno dentro del PSOE la cara se le habrá puesto sonrosada. Pero qué se le va a hacer, le han elegido los militantes.

republica.com 2-3-2018

El Congreso de Pedro Sánchez (porque no ha sido tanto del PSOE como del Secretario general) se ha celebrado bajo el lema de “Somos la izquierda”. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, afirma el refrán popular. Mal asunto cuando las cosas no se ven y hay que proclamarlas y publicitarlas. Si se es de izquierdas no hace falta decirlo. El partido socialista ha tenido siempre tendencia al nominalismo, a manipular palabras como izquierda y derecha contraponiéndolas, pero sin prestar demasiado interés a los contenidos. Ellos, hiciesen lo que hiciesen, eran la izquierda y el PP, la derecha. Es más, tal como ahora, no se limitan a manifestar que son un partido de izquierdas sino que son la izquierda, la totalidad de la izquierda, excluyendo así de este ámbito a cualquier otra formación política.

Ha sido la apropiación de esta ideología la que les ha permitido desde la Transición gobernar la mayor parte del tiempo. En nombre de los descamisados y con los votos de la izquierda se realizaba una política bastante de derechas. A lo largo de todos esos años fueron múltiples las reformas laborales acometidas, todas ellas con pérdida progresiva de los derechos de los trabajadores, múltiples cambios en los impuestos con deterioro de la progresividad del sistema fiscal, sucesivas modificaciones del sistema público de pensiones con empobrecimiento gradual de las prestaciones… En realidad, nada distinto de las políticas realizadas por los otros partidos socialdemócratas europeos. De ahí el declive de todos ellos.

Alardear de izquierdismo cuando se está en la oposición es fácil, lo difícil es demostrarlo cuando se está en el gobierno, y ahí es donde han fallado los partidos socialdemócratas. Es más, han ido aceptando y asumiendo principios que hacen imposible un gobierno de izquierdas en el futuro. La globalización pone obstáculos sin límites al mantenimiento del Estado social y la Unión Monetaria no deja ningún margen a otra política que no sea la del neoliberalismo económico. Los diecisiete años transcurridos desde la creación del euro han dejado bien claro lo que se puede esperar de la Eurozona. Quienes piensan que es posible aplicar otra política o son unos ingenuos o, lo que es peor, unos hipócritas. Es más es la misma democracia la que se pone en peligro con la moneda única.

Pedro Sánchez no solo se ha envuelto en la bandera de la izquierda durante las primarias, sino que con ese congreso que ha construido a su medida intenta convencernos de que el partido socialista es la izquierda. Todo ello sin desplegar un programa coherente que justifique tamaña pretensión, tan solo el odio indiscriminado hacia Rajoy y al Partido Popular, como si tal aversión, casi física, fuese bastante para autoproclamarse “la izquierda”. Su discurso se ha construido sobre esquemas muy simples. El primero es la creación de un cordón sanitario alrededor del PP, denominando al resto de las formaciones bajo la expresión «fuerzas del cambio» y situando al PSOE a la cabeza de la revuelta. Lo cierto es que el montaje tiene un error de partida, porque el partido socialista no está fuera sino dentro de esa elite política que los indignados ambicionan cambiar. Esa es la razón por la que el bipartidismo ha venido a resultar inservible.

Pedro Sánchez llegó a afirmar que el PSOE va a representar a los del 15-M, aquellos que hace seis años se reunieron en la Puerta del Sol. Olvida que en ese momento quien gobernaba era Zapatero y el partido socialista, y que la repulsa se dirigía entonces principalmente contra ese gobierno. Ponerse ahora al frente de la manifestación no deja de ser un considerable ejercicio de cinismo. Alguien dirá que se trata de un nuevo PSOE, lo único que tiene de nuevo el partido socialista de Pedro Sánchez es haber intensificado enormemente las estructuras caudillistas (ver mi artículo del 1 de junio pasado “El 18 de Brumario”). Es difícil hablar de un nuevo PSOE cuando los ideólogos son Manu Escudero, José Félix Tezanos o Cristina Narbona, y cuando muchos de sus dirigentes, comenzando por Pedro Sánchez, han estado plenamente implicados en la etapa anterior. ¿Acaso no dieron su apoyo a los recortes y a las reformas de Zapatero?, ¿acaso no votaron sí en el Congreso a la reforma de la Constitución? ¿Abandonó el escaño alguno de ellos?

No se puede estar en misa y repicando, nadar y guardar la ropa, hacerse izquierdista en la oposición y practicar una política neoliberal y conservadora en el gobierno. Cuando no se está en el poder se dispara con pólvora del rey y determinadas posiciones no tienen coste; se puede practicar cierta superchería y presentarse para ganar votos como paladín de los derechos sociales y de las clases trabajadoras a pesar de que los intereses y compromisos contraídos encaminen por una línea de actuación radicalmente distinta. En Pedro Sánchez todo es puro tacticismo. Tacticismo y un elevado grado de hipocresía es cambiar de postura en la votación del Tratado de libre comercio con Canadá, conscientes de que los votos socialistas no hacen peligrar la sanción por España del Tratado. ¿La postura sería la misma de estar en el gobierno? La abstención es una forma de poner una vela a Dios y otra al diablo. Es una manera de atraer a los votantes de Podemos y de agradecer su apoyo a las organizaciones sindicales sin romper con la Unión Europea y con sus correligionarios. Es algo así como el «sí critico» que algunos, especialmente los sindicatos, dieron en el pasado al Tratado de Maastricht y a la moneda única, y del que supongo que ahora estarán arrepentidos.

Moscovici, comisario de Asuntos Económicos Europeos, ha llamado ya la atención seriamente a Pedro Sánchez, le ha recordado dónde está situado el partido socialista: «Si se quiere ser un partido de gobierno, hay que ser creíble y europeísta». Si se quiere el poder, hay que mantener los compromisos europeos. «Ser de izquierdas no es estar contra la globalización». Este es el gran error de la socialdemocracia europea, en el que el PSOE está enjaulado, no haberse percatado de que asumir la globalización era aceptar el derrumbe del Estado social. La abultada hipoteca que pesa sobre el partido socialista y sobre su posible ideología de izquierdas es estar a favor de la Unión Monetaria (ver mi artículo «Podemos, Pedro Sánchez y la socialdemocracia» de 9 de abril de 2015).

El pretendido izquierdismo de Pedro Sánchez es mero tacticismo, por ello sometido a múltiples paradojas, y desaparecería inmediatamente si algún día alcanzase el gobierno. Su conversión nacionalista -incompatible con un pensamiento de izquierdas- es mero oportunismo, agradecimiento al PSC por el apoyo manifestado en las primarias. El PSC alardea de ser un partido diferente del PSOE y por lo tanto de tener el derecho de actuar de forma independiente cuando desee, pero lo cierto es que sus votos terminan eligiendo a los secretarios generales del PSOE y condicionando fuertemente su actuación en materia autonómica y especialmente en el tema de Cataluña, donde el PSC se mueve en tierra de nadie y lleno de contradicciones, y obliga al PSOE a que persista en la ambigüedad.

Es cierto que Pedro Sánchez ha manifestado ya estar en contra del golpe de Estado que pretenden dar los sediciosos catalanes, ¡solo faltaba! Pero la cuestión está en saber hasta qué punto el Gobierno va a poder contar con el apoyo del partido socialista en las medidas que ha de tomar para evitarlo y es en ese terreno donde persisten la indeterminación y el equívoco. Surge la duda cada vez que los líderes del PSOE, en el afán de censurar a cualquier precio al PP, se sitúan en una rara equidistancia entre los golpistas y el Gobierno. La alarma se hace mucho más evidente cuando se considera el discurso y sobre todo lo que ha sido y lo que es la actuación del PSC. De su antigua defensa del derecho a decidir, a la inconstitucionalidad del Estatuto, pasando por los ayuntamientos con gobiernos socialistas que apoyan el referéndum y las recientes manifestaciones de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, que parecen peligrosísimas, acerca del art. 155 de la Constitución. Se puede estar o no de acuerdo sobre la oportunidad de acudir a dicho artículo -aunque uno piensa que para algo se puso en la Constitución y no se me ocurre otra situación más delicada que la presente para aplicarlo-, pero en todo caso lo que resulta a todas luces impresentable y gravísimo es que un miembro de la Ejecutiva federal del PSOE dude de su legalidad y que amenace, al estilo de los golpistas, con acudir a las instancias internacionales si se llegara a aplicar.

Pedro Sánchez se debate en el laberinto que él mismo ha creado en torno al término nación de naciones. En una cosa al menos estoy de acuerdo con Zapatero, en que el concepto de nación es un término discutido y discutible, pero, por esa razón, lo mejor es no utilizarlo, puesto que cada uno lo entiende a su modo y se presta a la confusión. En realidad yo no sé muy bien qué es y me temo que casi nadie lo sepa con seguridad. Resulta preferible hablar del Estado, que hoy en día a pesar de todos sus defectos, viene a ser el baluarte de la clases bajas y medias frente al poder económico; por lo que desde la óptica de izquierdas hay que huir de todo lo que sin motivo lo debilite o lo fraccione, bien por arriba (la globalización) bien por abajo (los nacionalismos), tanto más si la tendencia proviene de las regiones ricas que quieren aminorar o romper la función redistributiva tanto en el ámbito personal como en el regional. No seamos ingenuos, todos sabemos que tras la demanda de nacionalidad propia los separatistas esconden la exigencia de soberanía e independencia. Si, tal como dice Pedro Sánchez, se trata de sentimientos, cada uno es muy dueño de sentirse como quiera; es más, incluso, si se es tan tonto como para ello, considerarse superior a otras personas o colectivos, siempre que tales sentimientos no se conviertan en privilegios o derechos discriminatorios. Si de sentimientos se trata, no sé qué pintan en las leyes, y mucho menos en la Carta Magna.

republica.com 30-6-2017

Hay que dar la enhorabuena al Partido Nacionalista Vasco (PNV) porque en esta nueva etapa en la que el Parlamento se encuentra fragmentado está sabiendo rentabilizar muy bien sus cinco diputados. Es llamativo el contraste con los partidos nacionalistas catalanes que, perdidos en el “procés”, se olvidan de lo que ha sido hasta hace algunos años su estrategia, estrategia que, al igual que al PNV, tan buenos resultados les ha proporcionado. Si yo fuese catalán, habría titulado el artículo “El coste del procés”, ya que los millones conseguidos por el PNV dejan en evidencia lo que podrían haber obtenido los catalanes.

Pero como ni he nacido ni vivo en Cataluña, veo el tema desde otra óptica, la del coste que vamos a soportar el resto de los españoles. He leído, no recuerdo en qué diario, la siguiente consideración: “El presidente del Gobierno ha pagado un precio muy alto para conseguir el apoyo del PNV en los presupuestos”. Lo cierto es que el precio no lo paga Rajoy, sino los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas. El dinero que mediante el acuerdo firmado se destina al País Vasco va en detrimento de otras aplicaciones de carácter general, que redundarían en beneficio de todos los españoles, con independencia de la Autonomía de pertenencia.

El País Vasco, al igual que Navarra, goza de una situación privilegiada que de forma un tanto inexplicable le fue concedida en la Constitución. Se trata de un régimen fiscal propio de la Edad Media en la que la justicia no se distribuía por igual para todos los ciudadanos y los derechos se consideraban privilegios (fueros) y debían ser arrancados a la corona por cada ciudad, región o territorio.

El concierto económico crea una situación anómala en un Estado moderno, ya que no son los ciudadanos vascos los que tributan directamente a la Hacienda Pública central sino las Haciendas forales (cupo) y tan solo como participación en los servicios que presta directamente el Estado. Es un “do ut des” en el que está ausente toda redistribución territorial. Eso explica que el País Vasco, a pesar de ser la Autonomía más rica -esto es, con mayor renta per cápita de España- mantenga un saldo fiscal positivo, es decir, reciba del Estado más de lo que aporta. El cupo, además, ha estado siempre sometido a una especie de chalaneo, en particular cuando como en esta ocasión el Gobierno central ha necesitado de los votos del PNV; invariablemente se ha calculado a la baja, no cubriendo siquiera el coste proporcional de las competencias no transferidas.

La intervención en el Parlamento nacional de partidos nacionalistas y regionalistas que tan solo contemplan los intereses de sus respectivos territorios crea en la política nacional importantes distorsiones y asimetrías, dejando en condición de inferioridad a aquellas Comunidades que carecen de ellos. La negociación entre los partidos nacionales y los nacionalistas no se realiza en términos de igualdad, en tanto que unos se ven constreñidos a defender los derechos de todos los españoles y los otros se cuidan exclusivamente de su provincia o región. No tiene nada de extraño que en aquellas Comunidades en las que han arraigado estas últimas formaciones políticas los partidos nacionales obtengan cada vez menor representación en un momento en el que prima más la territorialidad que la ideología. Algún día quizás haya que plantearse si no se debería exigir a los partidos políticos que para conseguir escaños en la Cortes Generales tengan que tener representación en varias Comunidades Autónomas.

La novedad de un Parlamento español fragmentado nos llevó al espejismo de creer que se habían superado las mayorías absolutas y el chantaje nacionalista. Se pensaba que en el futuro ningún partido podría imponer sus planteamientos al cien por cien y que en adelante todas las leyes y medidas que se adoptasen no serían propiedad de una única formación política, sino que tendrían un carácter híbrido, de mestizaje, siendo el resultado del concurso de varios partidos. Sin embargo, Pedro Sánchez con su “no es no” rompió enseguida tales expectativas, negándose a cualquier negociación con el partido que, gustase o no, más votos había conseguido y que tenía por tanto todas las probabilidades de gobernar.

El ex secretario general sumió al partido socialista en una especie de pureza ritual, encerrándolo en una torre de cristal y condenándolo a la inoperancia en el ámbito de la política nacional. Renunció así a toda influencia en el Gobierno, teniendo como único objetivo no tanto impedir que Rajoy gobernase, cosa en extremo improbable dados los resultados, sino que no lo hiciese con los votos del PSOE, tal como proponían una y otra vez sus partidarios afirmando que había una mayoría alternativa, la formada por Ciudadanos y nacionalistas. Preferían de este modo que la política gubernamental girase claramente a la derecha y que se produjese una vez más el chantaje nacionalista con tal de no mancharse las manos. Alguien podía haberles dicho lo que Péguy predicaba del kantismo, que a fuer de querer conservar las manos limpias se había quedado sin manos. La postura no deja de ser chusca teniendo en cuenta que no se ha dado demasiada diferencia cuando ambos partidos han gobernado, y aun menos se puede dar desde el momento en que ambos defienden la pertenencia a la Eurozona.

La historia es de sobra conocida, y también se sabe cómo Pedro Sánchez en este aparente objetivo (aparente, porque en realidad tras este había otros menos confesables) estaba dispuesto a todo, a pasar por encima del Comité Federal y a dar un golpe de mano pretendiendo convocar unas primarias con quince días de plazo, a las que nadie excepto él hubiese podido presentarse. La situación fue tan crítica y la posibilidad de un enorme desastre del PSOE en unas terceras elecciones tan alta que obligó a reaccionar a una buena parte de los dirigentes regionales y nacionales del partido.

Hoy, Pedro Sánchez critica a la gestora por haber entregado a Rajoy el gobierno por nada. Pero lo cierto es que solo él ha sido el responsable, negándose a negociar cuando tenía ocasión y era tiempo para ello; y llevando a su partido a la división y a una encrucijada en la que toda negociación para la investidura resultaba ya imposible. La gestora, sin embargo, supo negociar más tarde -no sé si con acierto o no- el techo de gasto necesario para que funcionasen las Autonomías, obteniendo a cambio una subida sustancial del salario interprofesional y otras cesiones como mayores recursos para el seguro de desempleo y, sobre todo, impidiendo que otros partidos impusiesen sus condiciones, peores desde una óptica de izquierdas y sesgadas territorialmente.

Con los presupuestos ha ocurrido lo contrario. Inmersos en primarias y con un Pedro Sánchez vociferando como único discurso que el dialogo con Rajoy constituye desde la izquierda una herejía, se ha hecho imposible cualquier negociación con el Gobierno. El PSOE ha vuelto a sumirse en la irrelevancia desde el punto de vista práctico, obligando al PP a demandar el concurso del PNV y de los canarios, con lo que retornamos al chantaje regional. En esta ocasión Ciudadanos tiene razón al atribuir al partido socialista la responsabilidad de haber tenido que pagar al PNV un precio tan alto.

Al PSOE le cabe otra culpa. Desde una óptica de izquierdas, su negativa a negociar las cuentas públicas ha ocasionado dos costes añadidos. Uno, que Ciudadanos adquiera un importante protagonismo y haya sesgado el presupuesto hacia una política aun más liberal y conservadora, con medidas tales como el complemento salarial o la limitación a elevar los impuestos progresivos, lo que pronostica subidas de los indirectos o nuevos recortes. Dos, el coste de oportunidad, es decir, el sesgo a la izquierda que podría haberse introducido en una negociación con el PSOE, a la que se ha renunciado. Nunca sabremos hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos. En todo caso, negociación no quiere decir acuerdo y el PSOE siempre podría haberse levantado de la mesa de no considerar satisfactorio el resultado, pero entonces la culpa hubiera sido del PP o al menos cabría la duda. Ahora, al haberse plegado al “no es no” de partida sanchista, la responsabilidad recae por completo en el partido socialista.

La irrelevancia no es de izquierdas y mucho menos puede ser de izquierdas renunciar de antemano a influir en la actividad política recluyéndose en una negativa hipostasiada, esperando tiempos mejores que nunca llegan. El supuesto izquierdismo que vende Sánchez está costando muy caro a su partido y a toda la izquierda.

republica.com 12-5-2017

En aquellos años del felipismo, evocados con nostalgia por algunos, cuando muchos pensábamos que el PSOE había derivado hacia el neoliberalismo económico y surgían multitud de voces críticas acerca de la política económica que se estaba aplicando, dos conspicuos miembros de este partido, Ludolfo Paramio e Ignacio Sotelo, aunque amigos, con profundas divergencias ideológicas -oficialista el primero, crítico el segundo-, decidieron de común acuerdo escoger cada uno un grupo de economistas afines para mantener un debate de fin de semana.

Integrado en el equipo de Ignacio Sotelo, escuché entonces de boca de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, encuadrado a su vez en el bando de Paramio, la definición del término socialismo más delirante, pero al mismo tiempo más inmovilista, que hasta entonces había escuchado: “Socialismo es lo que hacen los socialistas”. Es decir, no cabía crítica alguna frente a la política económica que se estaba aplicando; puesto que la realizaban los socialistas, era socialismo.

Por más sorprendente que resulte esta definición, lo cierto es que ha estado en vigor durante muchos años y ha orientado la actuación del PSOE en múltiples ocasiones. Es más, quizás con una formulación no tan clara, se ha aplicado también en muchos países a la doctrina socialdemócrata. Se piensa que socialdemocracia es lo que hacen y profesan los partidos socialdemócratas. Así, por desgracia, en el imaginario colectivo se ha condenado a esta ideología a seguir el destino de los partidos de igual nombre, de tal manera que el fracaso de estos en casi todos los países se ha interpretado como la muerte también del ideario correspondiente.

Al menos en España, ha surgido en esta última época otra definición de socialismo, tanto o más disparatada que la anterior: “Socialismo es lo que se opone a la derecha”. Pedro Sánchez, tal vez por intereses personales, la ha puesto en circulación con su “no es no”, pretendiendo con ello trazar un “cordón sanitario” alrededor del PP, pero en realidad condenando a su partido a la más pura inactividad. No es de extrañar que durante su etapa al frente del PSOE este haya ido perdiendo posiciones en el espacio electoral.

Metodología errónea es el intento de definir las cosas por lo que no son en lugar de por lo que son. Tan solo hay, según parece, una excepción. Los teólogos lo aplican a la idea de Dios, pero en este caso no se trata de una verdadera definición. Definir un partido por contraposición a otro le priva de autonomía e iniciativa, condenándole al papel de permanente oposición, estatus en el que únicamente tal estrategia puede realizarse.

De hecho, cuando el PSOE ha estado en el gobierno ha coincidido con la derecha en muchos más aspectos de los que le gustaría reconocer. No podía ser de otra manera, tanto más cuanto que aceptó la integración en la Unión Europea y especialmente en la Unión Monetaria. Sin duda, el Gobierno de Zapatero constituyó una buena muestra de ello, pero también el de Felipe Gonzalez desde el momento en el que dio su aquiescencia a Maastricht y a lo que llamaron condiciones de convergencia, fiel anticipación de lo que después serían las políticas de austeridad de la Eurozona. El mismo Pedro Sánchez, si hubiese conseguido ese sueño de llegar al gobierno, se hubiese visto impelido a este tipo de políticas, en especial si su investidura se hubiese realizado con la participación de Ciudadanos, del PNV y del Partido Demócrata Catalán (PDC), prolongación de Convergencia. El antagonismo de Pedro Sánchez no parece que se refiera sin más a la derecha, sino a una determinada derecha, la del PP, aunque otras formaciones como la de Ciudadanos o el PDC sean tanto o más conservadoras.

La ideología y el programa de un partido no pueden definirse por la mera oposición a otro, sino por un conjunto de ideas y medidas que prefiguran la acción de gobierno y las reformas que instrumentaría si alcanzase el poder. Bien es verdad que las medidas y las reformas deben acompasarse a las circunstancias y a las condiciones existentes. Antiguamente los partidos de izquierdas distinguían entre el programa sin más (se entendía que a corto plazo) y el programa máximo, es decir, aquel diseño de la sociedad que se consideraba inviable de conseguir en aquel momento, pero al que no se renunciaba y que servía de objetivo asintótico en la tarea de ir removiendo poco a poco los obstáculos que en ese momento lo convertían en inalcanzable. No sería mala cosa que se retornase a costumbre tan higiénica; a no ser que los partidos de izquierdas hayan renunciado ya a tener programa máximo.

Cuando los resultados electorales obtenidos por una formación política no le permiten gobernar, no se puede pretender que se aplique no ya su programa máximo, sino ni siquiera el del corto plazo (incluso aunque se hayan ganado las elecciones, si no ha sido con mayoría absoluta, tampoco se puede pretender aplicar la totalidad del programa); pero no por eso se tiene que renunciar a todo logro político y a encerrarse en una oposición total y estéril. De la pericia de sus dirigentes depende, a través de la negociación y del pacto, conseguir introducir en la acción de gobierno el mayor número posible de los elementos de su programa o evitar que se apliquen algunas de las medidas que desde su ideología se consideran perniciosas.

La gestora del PSOE parecía haber entendido esta estrategia consiguiendo por ejemplo la subida del salario mínimo en un 8%. Cuando los seguidores de Pedro Sánchez argumentan que Rajoy podría haber conseguido la investidura con otras minorías como por ejemplo la del PNV, parece que en realidad no les importa que gobierne el PP con tal de que el PSOE no incurra en lo que consideran que es mancharse las manos.

La celebración de primarias y la táctica de Pedro Sánchez de identificar socialismo con la oposición radical al PP han originado que el PSOE se haya inhibido de la negociación presupuestaria, renunciando así a la posibilidad de modificar el proyecto de presupuestos introduciendo algunas medidas de su propio programa, tal como la de la actualización de las pensiones con el IPC o al menos la aplicación de un incremento superior al previsto del 0,25%. Además, deja el campo libre para que otras formaciones políticas como Ciudadanos puedan incorporar a los presupuestos medidas tan reaccionarias como la del complemento salarial (subvención encubierta a los empresarios) o la prohibición de subir el IRPF. Incluso, la inhibición del PSOE deja una vez más a los nacionalistas y regionalistas (en este caso el PNV y los canarios) en el papel de árbitros de la situación, con lo que se romperá de nuevo la equidad territorial.

Resulta difícil mantener que la cerrazón total del “no es no” constituye una postura más de izquierdas que la de la negociación. Cuando el PSOE debe demostrar que es un partido de izquierda es cuando gobierna, por haber ganado las elecciones. Cuando ha perdido las elecciones y el partido es minoría no le conviene identificar socialismo con sectarismo.

republica.com 14-4-2017

Es una triste realidad que en la mayoría de los casos el discurso de los políticos se haya vaciado de contenido. De hecho, resulta huero, artificioso y carente de toda credibilidad en casi todas las materias. Pero el tema adquiere una gravedad mayor cuando atenta al propio sistema democrático, utilizando sofismas y falacias. Construir una concepción falaz y mentirosa de la democracia para escudarse en ella como pretexto y coartada para incumplir la legalidad y malversar fondos públicos, tal como hacen los independentistas catalanes, es adentrarse en el caos y en la dictadura.

Hoy va ganando terreno el caudillismo como doctrina política que, para justificarse recurre al asambleísmo. En la derecha y entre los liberales ha surgido una admiración por los sistemas presidencialistas mayoritarios que, si bien facilitan la gobernabilidad, consolidan el bipartidismo y tienden a la autarquía. Un Trump habría sido difícilmente imaginable en un sistema parlamentario. Por otro lado, las fuerzas que se titulan progresistas y defensoras de lo que ellas mismas denominan “nueva política” han hecho de las primarias bandera y garantía de la democracia interna de los partidos, hasta el extremo de que en algunos casos no solo las practican y las incorporan a sus estatutos, sino que pretenden imponerlas a todas las formaciones políticas.

El discurso choca con la realidad y con los resultados obtenidos. Recientemente se han celebrado primarias en Ciudadanos, formación que las defiende ardorosamente, pero lo cierto es que estas han devenido más bien en una pantomima. Dos hombres de paja para que Rivera no fuese el único candidato. Que el actual líder salga elegido de nuevo presidente no tiene nada de extraño al ser Ciudadanos un partido de autor, pero lo peligroso es que lo sea por primarias. En primer lugar, porque así se le pretende revestir de un plus de legitimidad del que carece y, en segundo lugar, porque le dota de un poder cuasi absoluto al ser él quien nombra a todos los miembros de la Ejecutiva y a casi todos los miembros del Consejo general. La designación de arriba abajo origina que los órganos intermedios de gobierno acaben siendo una mera prolongación del presidente. La situación sería totalmente distinta si el procedimiento de elección fuese de abajo arriba. Resultó todo un espectáculo el acto de la presentación de la nueva Ejecutiva, antes de la celebración del congreso nacional; Rivera quiso dejar muy claro que era su dedo el que había señalado uno por uno a todos sus miembros.

La reaparición de Pedro Sánchez, por su parte, ha situado de nuevo en el tablero político toda una serie de falacias y sofismas que a fuerza de haber sido repetidas machaconamente van tomando carta de naturaleza y se van aceptando como verdades incontrovertibles. Así se repite por doquier en la prensa que la militancia está con Pedro Sánchez, sin que exista ninguna prueba que lo certifique. Pedro Sánchez emerge como el líder de las bases en contraposición a los llamados barones, que representarían al aparato. Tan es así que el ex secretario general del PSOE parece que se lo ha llegado a creer o al menos pretende que lo creamos los demás, y de esta manera se exhibe en los mítines con todo el desparpajo.

La realidad es muy otra. Porque si Pedro Sánchez podía sentirse representante de los militantes por haber ganado las primarias, los líderes regionales y el resto de los miembros del Comité federal fueron designados por procedimientos no menos democráticos, que se apoyaban en última instancia en la elección de las bases. Es más, resulta muy discutible que Pedro Sánchez -en aquel momento bastante desconocido entre la militancia- hubiera ganado las primarias si no hubiera sido por el apoyo de algunos de los prohombres del partido.

La historia tiene una lectura diferente. No se trata del enfrentamiento entre las bases y el aparato, tal como aun ahora se quiere presentar, sino entre un órgano unipersonal (el secretario general) y otro colectivo (el Comité federal); y la resistencia del primero, engreído con la idea de haber ganado las primarias, a reconocer las competencias del segundo. La militancia para Pedro Sánchez ha sido tan solo una coartada con la que librarse del corsé de un órgano colegiado, el Comité federal, supremo órgano entre congresos, al que estaba obligado a someterse y condicionar sus decisiones en múltiples asuntos.

Aun es menos veraz esa imagen que el ex secretario general del PSOE intenta proyectar de sí mismo como defensor de la izquierda frente a una gestora y unos barones territoriales vendidos a la derecha. En realidad, Pedro Sánchez, tras su fracaso electoral del 20 de diciembre de 2015, tuvo un solo objetivo: mantenerse en el cargo, y sabía que ello solo era posible si alcanzaba la Moncloa, operación ciertamente difícil, podríamos decir que casi imposible, si tenemos en cuenta los resultados en los comicios. Pero a su consecución dedicó todos sus esfuerzos y con esa finalidad estaba dispuesto a pactar, exceptuando al PP, con cualquier formación política, incluyendo los independentistas catalanes. La razón de excluir al Partido Popular no radicaba en una razón ideológica, como quiere hacer creer a sus militantes, sino que, dados los mejores resultados del PP, ese posible pacto le excluía a él de la presidencia del Gobierno. La prueba más palpable de que en este afán no le importaba suscribir políticas de derechas es el pacto que acordó con Ciudadanos en una línea bastante conservadora, y que incluso estaba dispuesto a pactar con Convergencia, el partido más conservador del espectro político.

Parece lógico que en esta dinámica el secretario general del PSOE comenzase a tener problemas con los líderes territoriales, especialmente con aquellos que tenían responsabilidades de gobierno en sus respectivas Comunidades. Con el objetivo de eludir el posible veto del Comité federal se sacó de la manga, al margen de toda previsión estatutaria, una consulta a la militancia en términos tan amplios y vagos que pasará a la historia como claro ejemplo de manipulación populista. A pesar de todos los esfuerzos, la operación no pudo llegar a buen puerto al ser imposible casar a Podemos con Ciudadanos.

Tras el 26-J y el acrecentamiento del deterioro electoral del PSOE, Sánchez no abandonó su objetivo, aun cuando se vio obligado a abordarlo con más cautela y sigilo, al haberse ampliado todavía más la dificultad de conseguirlo y no poder contar ya con Ciudadanos, a tenor de los nuevos resultados electorales. La única vía era el pacto con Podemos y con todas las fuerzas nacionalistas incluyendo los insurgentes catalanes, lo que, resultaba patente, sería radicalmente vetado por el Comité federal. De ahí que de nuevo, como todo buen autócrata, dirigió la mirada a la militancia no por motivos democráticos, sino por todo lo contrario, como argucia para librarse de la prohibición más que probable del supremo órgano entre congresos.

Su devoción por la militancia se reducía tan solo a la necesidad de salir del atolladero en el que se había metido al negociar un pacto con independentistas que el Comité federal había prohibido. Esa es la razón por la que contraviniendo lo que hasta ese momento había defendido, pretendió convocar de inmediato y sin que se hubiese solucionado la investidura a la presidencia de gobierno, un nuevo congreso y unas nuevas primarias que le revalidasen, al ser imposible que, debido a los plazos, se pudiese presentar otro candidato. Con la autoridad que supuestamente le daría haber sido ratificado en el cargo, pensaba conseguir en el congreso el aval a ese pacto que su antecesor había denominado Frankenstein. Esta operación fue la que desmontó el Comité federal forzando la dimisión del secretario general. Algunos comentaristas han tildado la reacción de los dirigentes territoriales de golpe de estado, pero el verdadero golpe de estado fue el que pretendió Pedro Sánchez convocando unas primarias relámpago para sacudirse el yugo del Comité federal.

El discurso con el que ahora reaparece es tan solo otro conjunto de sofismas. Ni él es el candidato de la militancia ni representa a la izquierda. Mientras estuvo de secretario general no tuvo ningún reparo en oponerse a lo que habían decidido los militantes, interviniendo discrecionalmente en las agrupaciones regionales, incluso disolviendo ejecutivas y nombrando y manteniendo gestoras a su voluntad y conveniencia.

republica.com 10-2-2017