ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Si algo quedó claro de la sesión de investidura de la semana pasada, es que el gobierno de coalición no entraba en los planes de Pedro Sánchez. Del mismo modo que logró hacerse con todo el poder dentro del PSOE y transformarlo en un instrumento a su mayor gloria, con sus 123 diputados ha pretendido y pretende gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Al igual que persigue (aun cuando se hizo famoso por su «no es no») la abstención sin contrapartidas de Ciudadanos o del Partido Popular, ha ambicionado desde el primer momento que, de forma graciosa y sin nada a cambio, Podemos votase afirmativamente su investidura. No reiteraré lo ya señalado en mi artículo de la pasada semana acerca de la cantidad de pretextos que los sanchistas fueron desgranando para evitar negociar un gobierno de coalición.

La ultima excusa, cosa totalmente insólita, el veto al líder de la formación con la que se tenía que pactar y que estaba sin duda orientada a abortar radicalmente cualquier posibilidad de coalición. La renuncia de Pablo Iglesias debió de cogerles por sorpresa y los dejó momentáneamente desorientados. Los sanchistas no tuvieron más remedio que sentarse a negociar, pero para comenzar una transacción enloquecida y delirante, cuya finalidad era más bien justificar la ruptura que conseguir el acuerdo. Solo así se explica que se pretendiese abordar en cinco días una negociación que, por ejemplo, en Alemania duró más de tres meses, y con múltiples momentos de desencuentro que daban la impresión de que iba a romperse la baraja.

A quien conozca un poco la Administración no le puede caber la menor duda de que Pedro Sánchez y sus secuaces han pretendido burlarse de los podemitas, al tiempo que construían un relato falsario e hipócrita tendente a echar sobre la otra parte la responsabilidad de la ruptura que se vislumbraba y se perseguía desde el principio. Solo la ignorancia de los periodistas y la adhesión de muchos de ellos al poder representado en este momento por el PSOE han podido hacer que se comprase el relato de los sanchistas y que no se haya visto desde el primer momento el retorcimiento y mala fe con los que estos han actuado.

Las ofertas presentadas por el PSOE eran para lanzar una carcajada. Solo humo, promesas sin contenido, flatus vocis. Nadie puede tomarse en serio a poco que se reflexione la propuesta del PSOE: una vicepresidencia sin saber muy bien lo que incluía, excepto un comisionado inventado en su momento por Sánchez para hacer creer al personal su extrema preocupación por la pobreza infantil y para colocar a unos cuantos fieles, entre ellos a la actual ministra de sanidad. Las competencias del comisionado: hacer estudios y recomendaciones a los ministros.

Tras más de cuarenta años de democracia y la existencia de múltiples gobiernos, cada uno con su estructura, conocemos ya bastante bien que la importancia de una vicepresidencia depende de varios factores. Primero, de las competencias y cometidos que el decreto de organización del ejecutivo le asigne directamente. Segundo, de los ministerios que dependan de ella, aun cuando el poder es menor que si asumiese directamente esas competencias. Hecho que conocen muy bien los vicepresidentes económicos, que siempre han preferido que Hacienda estuviese unida a Economía y a la Vicepresidencia, formando un único ministerio. Tercero, del número de vicepresidencias que haya en el ejecutivo; y cuarto y principal, del papel y las tareas que quiera encomendarle en cada momento el presidente. A la vista de todo ello, parece bastante claro que no había nada que garantizase que Irene Montero no quedase convertida en un elemento ornamental, un jarrón chino como diría González.

La burla se confirma con los tres ministerios ofrecidos por los sanchistas a Podemos, poco más que direcciones generales. Dos de ellos pertenecen a la hornada de ministerios ficción creados por Zapatero en su etapa de esnobismo y ocurrencias, diseñados como puros instrumentos de publicidad y propaganda y para dar cabida a las ministras de la cuota. El primero es Vivienda, que en 2004 surgió por la transformación de una dirección general, retrotrayéndose a la época franquista, única etapa en la que había existido como tal, y que en 1977 se había transformado ya en dirección general. Había, además, un factor que hacía más inexplicable y cómico el retorno: en 2004 las competencias estaban ya transferidas casi en su totalidad a las Comunidades Autónomas. Todo ello lo deben conocer bien tanto Cristina Narbona como Borrell. La primera ocupó esa dirección general a mediados de los noventa en el Ministerio de Fomento, en el que era precisamente titular el segundo. El ministerio duró lo que duró Zapatero. En los momentos actuales, la dirección general ha retornado a Fomento, eso sí, convertida en una secretaría general. Cosas de la inflación administrativa.

El otro ministerio de origen zapateril es el de igualdad, ministerio fugaz que no duró ni siquiera una legislatura. Creado por Zapatero para Bibiana Aído, que aportaba amplios conocimientos de gestión adquiridos como directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Se formó con retales extraídos del Ministerio de Trabajo, tales como el Instituto de la Juventud y el de la Mujer. No tenía como finalidad combatir, por supuesto, la desigualdad con mayúscula, sino únicamente la de género, y habrá que convenir, sectarismos aparte, que no es la más grave, ni representa según las encuestas el problema número uno de los españoles. Sin embargo, sí es cierto que esgrimir la bandera de su persecución les suele resultar muy rentable desde el punto de vista electoral a los partidos políticos y puede constituir al mismo tiempo el medio para que la izquierda disimule y justifique el desistimiento en la batalla de las otras desigualdades más radicales, pero más difíciles de corregir. El éxito del nuevo ministerio debió de ser tan arrollador que fue el mismo Zapatero el que, dos años después de su creación, decidió integrarlo en el departamento de Sanidad, eso sí, convertido ya en secretaría de Estado.

Y con el rango de secretaría de Estado permanece actualmente en el gabinete de Pedro Sánchez, incardinado en la vicepresidencia de Calvo (bonitas). Resalto lo del rango porque otra cosa no tiene; tan solo una dirección general, e incluso le sobra, ya que las competencias sobre la materia se encuentran, como no puede ser de otro modo si se pretende de verdad la igualdad de hombres y mujeres, en los otros ministerios: Trabajo y Seguridad Social, Interior, Justicia, Sanidad, Hacienda, Educación, etc., etc. Recordaré para terminar que la ocurrencia de Zapatero acerca de la creación de estos dos ministerios llenó, en primer lugar, de estupor a los funcionarios de Hacienda que tuvieron que implementar las correspondientes modificaciones presupuestarias, contables y de control y, más tarde, de cierta indignación acerca del desconocimiento y ligereza con que los políticos jugaban con la organización administrativa. Me imagino ahora su cara de asombro y sorpresa al escuchar a Calvo y a Lastra afirmar que han ofrecido las joyas de la corona a Podemos.

El tercer ministerio propuesto, el de Sanidad, aparentemente es el que tiene más consistencia, pero tampoco debe olvidarse que, desde que Aznar se bajó los pantalones frente a Pujol en el Majestic, la materia está transferida a las Comunidades Autónomas. En fin, resulta evidente que -tal como proclamó Andrea Lastra desde la tribuna del Congreso en un intento perverso de anatematizar a Podemos- a estos se les habían ofrecido las dos terceras partes del Gobierno. ¿Sabrá acaso la portavoz del grupo parlamentario socialista cuáles son las funciones del Gobierno y cuál es la organización administrativa?

Con todo, lo más indignante radica en el tratamiento despectivo que los sanchistas infligieron a Podemos, a los que se calificó de novatos, incompetentes e inexpertos. Lo más indignante por el grado de humillación que implicaba para la formación morada, a la que además deben el gobierno, y por el nivel de osadía y presunción que denotaba en los mariachis de Pedro Sánchez, que no destacan precisamente por su cualificación ni intelectual ni profesional, empezando por el propio presidente del Gobierno, cuyo único mérito es haber presentado una tesis doctoral plagiada y terminando por Andrea Lastra que no fue capaz de acabar la carrera. Resulta sarcástico escuchar a la portavoz del partido socialista reprochar a Pablo Iglesias que quiera conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante. Desconozco si los podemitas saben o no saben dónde está el volante, pero de lo que no me cabe duda es que no es precisamente este Gobierno el que puede dar clases de conducción.

En cuanto a la gestión, vale más no tener experiencia que contar con una mala experiencia. Me viene siempre a la memoria esa simpática novela de Pérez Lugín, «La Casa de la Troya», y la perorata del primer día de clase del catedrático, protagonizado en la película por Pepe Isbert, en la que afirmaba que entre un alumno que no supiese nada de la asignatura y otro que se aprendiese el libro de memoria aprobaría al primero y suspendería al segundo. Y daba la siguiente razón: porque el primero algún día podría aprender la materia, pero el segundo, nunca. Permítanme que haga una digresión y afirme que esto deberían tenerlo también en cuenta ciertos tribunales de opositores (abogados del Estado, interventores, inspectores, etc.) que se empeñan en que los opositores canten los temas en lugar de exponerlos. Pero retornando a la gestión administrativa, hay experiencias acuñadas entre tantos vicios, errores y descalabros que impiden cualquier intento de aprender a gestionar adecuadamente en el futuro. Mejor el no tener experiencia de gestión.

En estos días ha sido enormemente ilustrativo el haber descubierto quiénes eran los verdaderamente interesados en que Pedro Sánchez fuese nombrado presidente del gobierno. En las novelas de suspense hay siempre que interrogarse acerca de a quién beneficia el crimen. Aquí la pregunta sería «a quiénes favorecía la investidura». La respuesta parece inmediata. Lo dejaron medianamente claro ellos mismos, tanto desde de la tribuna como desde fuera: Bildu, Esquerra, Compromis y el PNV se posicionaron como los más entusiastas fans de Pedro Sánchez. Sería también enormemente aclaratorio que nos preguntemos acerca de sus motivos. Dejemos la contestación para un próximo artículo. Desde luego, nada tiene que ver en ellos el sentido de Estado que pretende Aitor el del tractor, que va de nube en nube, es decir, de bolsillo en bolsillo, ni por supuesto la política de izquierdas. Nunca he creído que el nacionalismo, y mucho menos el secesionismo, fuese de izquierdas. En este momento me contentaré tan solo con repetir ese refrán popular de “dime con quién andas y te diré quién eres”. Dime quiénes son los que te quieren y es posible que se pueda pintar tu retrato.

republica.com 1-8-2019

Cuentan, y creo que cuentan con fundamento aquellos que lo saben bien, que allá en 2004, cuando nadie esperaba el triunfo de Zapatero (puesto que nadie podía imaginar la tragedia que iban a originar los terroristas en Madrid), antes de que se hubiesen cerrado los colegios electorales, el difunto Botín llamó a Peces Barba. Existía ente ellos una buena relación debido a las actividades académicas que financiaba el Banco Santander (de los mecenazgos hablaremos otro día). La finalidad de la llamada era comunicarle que el partido socialista había ganado los comicios y que el ministro de Economía tenía que ser Pedro Solbes, como así fue finalmente.

No me detendré en el hecho de cómo las fuerzas económicas y empresariales, a menudo, intervienen y condicionan la actividad política ni en la desconfianza que la bisoñez e impericia del equipo de Zapatero despertaba en el poder económico. Pretendo señalar tan solo cómo para quienes dominan ciertos medios e instrumentos les es posible conocer los resultados electorales antes de que cierren los colegios.

No es de extrañar por tanto que el día 26 del pasado mes, el Gobierno conociese los resultados con anterioridad a que se hiciesen públicos. De ahí que Pedro Sánchez quisiera comparecer sin esperar al final del recuento, sabedor de que había perdido la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (sus dos grandes apuestas) y muy posiblemente Aragón, Castilla y León, Murcia, La Rioja y un montón de alcaldías de plazas principales. Su prematura aparición le libraba de tener que dar explicaciones más tarde sobre estas posibles pérdidas. Podía, como así hizo, comparecer con Borrell afirmando que había ganado las elecciones europeas, únicas en las que era indudable su triunfo (una vez más Borrell se había prestado a blanquear a Sánchez), y también en las municipales y autonómicas, puesto que era cierto que el PSOE había sido el partido más votado, pero eso no significaba, al igual que le había ocurrido al PP en las elecciones de hace cuatro años, que los votos se transformasen automáticamente en opciones de gobierno.

Sin duda alguna, Madrid enturbia el triunfalismo de los sanchistas, puesto que tanto el candidato de la Comunidad como el del Ayuntamiento eran apuestas personales de Sánchez. Desde que fue elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez no ha tenido reparo alguno en intervenir de forma dictatorial en aquellas federaciones que eran vulnerables, al tiempo que caía en la ocurrencia de realizar nombramientos estrambóticos de personas a las que llama independientes, pero que en realidad son astronautas en el mundo de la política (en algunos casos en el sentido estricto). De la sociedad civil, se afirma, como si hubiese dos sociedades distintas. Ya en 2015, entró en la organización de Madrid como elefante en una cacharrería. Despreciando todos los procedimientos democráticos, cesó al secretario general de Madrid. Le echó de malas maneras de la propia sede sin permitirle ni siquiera recoger sus enseres. Nombró una gestora a su conveniencia, y también por obra y gracia del dedazo nombró a Ángel Gabilondo, sin ningún arraigo en el partido, candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Ciertamente, no tuvo demasiado éxito en las elecciones.

En 2019 no solo ha mantenido el mismo candidato para la Comunidad, sino que, en un alarde de genialidad y despreciando a muchos militantes con historia y méritos más relevantes, ha colocado como candidato a alcalde a quien parece saber mucho de baloncesto, pero que carece de cualquier capacitación para ejercer de político. Las primarias para su designación constituyeron toda una pantomima, pues había un mandato implícito (bueno, no tan implícito) del secretario general a la militancia. Su presencia en los debates constituyó una ópera bufa pues se le preguntase lo que se le preguntase contestaba «déjeme que les diga» y leía un papel que alguien le habría escrito, sin relación, por supuesto, con la pregunta. Y como el que no se engaña es porque no quiere, se jactaba de haber ganado unas primarias. Los resultados electorales fueron los que cabía esperar.

La fiesta va por barrios. En la legislatura anterior la división de la izquierda permitió al PP ser el partido más votado. Pero eso no supuso la posibilidad de gobernar de forma generalizada. En muchas Comunidades y Ayuntamientos los pactos le mandaron a la oposición. A menudo, esta situación no fue aceptada de buen grado por los populares (políticos y partidarios mediáticos). Reclamaban el poder para la formación más votada. En múltiples ocasiones, me he referido a lo ilógico de tal pretensión, puesto que no se ajusta a un sistema parlamentario y no mayoritario como el nuestro, en el que debe gobernar quien consiga el apoyo de más parlamentarios o concejales, y por lo tanto resulta imprescindible abrirse a los pactos.

Pues bien, paradójicamente, ahora al estar dividida la derecha es el PSOE el que ha sido en la mayoría de los sitios el partido más votado, pero por el mismo motivo es posible que en muchos de ellos los pactos puedan arrebatarles el gobierno. Y ahora también es el PSOE el que se queja de ello y Pedro Sánchez afirma aquello de que los españoles han votado a los socialistas, lo mismo que hace cuatro años los populares mantenían que los ciudadanos habían manifestado su deseo de que fuese el PP el que gobernase. Lo cierto es que los ciudadanos o los españoles con mayúscula no existen a la hora de votar. Es cada uno de forma individual el que se inclina por una u otra formación política. A no ser que haya mayoría absoluta -lo que en España va resultando cada vez más difícil-, es de ese sudoku y de los pactos y consensos de donde surge la voluntad popular y por lo tanto el gobierno.

Pedro Sánchez lleva muy mal que a pesar de ser el PSOE el partido más votado en la mayoría de las Comunidades y Ayuntamientos termine gobernando en muchas de ellas otra formación política gracias a las negociaciones. Con el mal perder que le caracteriza, recurre a innobles artimañas en el extranjero para que se presione a Ciudadanos con la finalidad de que pacte con el PSOE y no con el PP. Sánchez no tiene ningún reparo en utilizar su cargo de presidente del Gobierno y aprovechar la comida que en concepto de tal mantuvo con el primer ministro francés para comparecer a continuación en público y afirmar con pose de tartufo y en clara alusión a Ciudadanos que en Europa no se entiende que un partido liberal pacte con la ultraderecha.

Tanto dialogar con los golpistas, a Sánchez se le ha pegado la pésima costumbre de internacionalizar los conflictos nacionales, dando entrada a los extranjeros en aquellos asuntos que deben ser solucionados exclusivamente por los españoles. Cada país tiene leyes propias, sus características, sus problemas y su forma de solucionarlos. Lo de la extrema derecha, lo mismo que lo de la extrema izquierda, no constituye un término univoco. En principio, son conceptos vacíos. Indican tan solo que en una ordenación de izquierda a derecha del espacio político (por otra parte, cada vez más difícil de delimitar en los momentos actuales) se está en el extremo de uno u otro lado. Se rellenan y adquieren contenido solamente en cada país. Ciertamente con semejanzas, pero también con muchas diferencias. Las reacciones ante ellos no pueden ser las mismas.

Se comprende que Macron tenga a Le Pen como enemiga pública número uno, la considere el máximo peligro y pretenda aislarla, no en vano le pisó los talones en las generales y le ganó en las europeas. Pero la situación en España es muy distinta. Vox por mucho que Pedro Sánchez lo agite, de acuerdo con su conveniencia, como un fantoche, para meter miedo, no constituye ningún peligro. Aquí la amenaza radica en el independentismo (que apenas existe en Francia) y más concretamente en el secesionismo golpista. Por todo ello es tan hipócrita el planteamiento de Sánchez al condenar toda relación con Vox al tiempo que la ha mantenido y mantiene con los sediciosos, siendo presidente del Gobierno gracias a ellos. Entre ambos grupos no existe comparación, por mucho que se empeñen Ábalos y la ministra de Justicia.

El 23 de diciembre del pasado año, al comentar en estas mismas páginas las reacciones a las elecciones andaluzas, señalaba yo la incongruencia que se comete cuando se anatematiza a Vox, por muchos que sean los desacuerdos que se tengan con sus planteamientos. Nuestro sistema político es tan garantista que consiente lo que otros prohíben. Permite a los partidos mantener todo tipo de opiniones por muy contrarias que sean a lo políticamente correcto e incluso a la propia Constitución. No es ningún delito criticar algunos aspectos de la Carta Magna y desear su modificación. De hecho, es muy posible que como buen documento de consenso no haya nadie que esté al cien por cien de acuerdo con ella. Todos, comenzando por el presidente del Gobierno, querrían cambiarla. El problema es que las reformas señaladas por cada uno serían distintas y que el consenso se vería mucho más reducido que el conseguido en 1978.

El hecho de no estar de acuerdo con determinadas partes de la Carta Magna no convierte a una formación política en anticonstitucional, incluso es perfectamente lícito que abogue por su modificación, siempre que el cambio se plantee siguiendo los procedimientos que establece la propia Constitución. Lo que hace a los nacionalistas catalanes ser golpistas y anticonstitucionalistas es pretender cambiar la Constitución por la fuerza, valiéndose del inmenso poder que les concede controlar todas las instancias de una de las Comunidades más ricas y más descentralizadas de España. Y lo que convierte también en sospechosos de mantener una postura ambigua ante la Carta Magna, a los que defienden el derecho a decidir, es que parecen conceder este derecho a las regiones o a las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, la soberanía, cuando la Constitución no la confiere.

Por más disparatados que pensemos que son los planteamientos de Vox, no parece estar entre sus intenciones dar un golpe de Estado o modificar la Constitución por la fuerza. Es más, cuanto más desatinadas sean sus pretensiones, menos peligro representará. Por otra parte, su nacimiento se debe en buena medida a los desmanes cometidos por los independentistas y por lo que consideran tibia reacción ante ellos de los gobiernos y de los partidos de implantación nacional. Por más que le interese a Sánchez, no equivoquemos la diana. El peligro se encuentra en los partidos supremacistas que pretenden hablar en nombre de no se sabe qué pueblo y que desprecian al resto. Dejemos a Europa en Europa, a Macron en Francia y preocupémonos de las fuerzas centrífugas que amenazan con destruir el Estado español.

republica.com 7-6-2019

Los sanchistas han pedido al PP y a Ciudadanos que, por el “bien de España”, se abstengan en la votación de investidura a la presidencia del Gobierno. Saben de sobra que esto no va a ocurrir, pero les sirve como excusa de su previsible pacto con los secesionistas, responsabilizando de la decisión al resto de las formaciones políticas. Ciertamente los partidos nacionales, durante los últimos cuarenta años, deberían haber tenido en cuenta lo del «bien de España», para pactar entre ellos y ponerse de acuerdo en que el gobierno nunca dependiese de los partidos nacionalistas y de aquellas otras formaciones que, lejos de defender el interés de todo el Estado, se cuidan solo del provecho de una región o territorio concreto. Pero, de hecho,no ha sido así.

La superación del bipartidismo alentaba cierta esperanza, pronosticaba que la multiplicación de formaciones políticas tal vez hiciese posible el acuerdo entre ellas y, en consecuencia, innecesario, el chantaje nacionalista o regionalista. No ha ocurrido nada de eso. Más bien, todo lo contrario. El problema ha empeorado. Primero porque algunos de los que eran nacionalistas se han transformado en independentistas, incluso en sediciosos. Segundo porque las formaciones regionalistas o reducidas a un solo territorio se han multiplicado como las setas, aun en Comunidades en las que nunca se hubiese sospechado que algo así llegase a ocurrir.

Tras las elecciones del 28 del pasado abril, continúa viva la conveniencia de que el Gobierno se libre del chantaje nacionalista y, dados los resultados obtenidos, la única vía posible es que la alianza se trenzase entre PSOE y Ciudadanos, pero parece que eso tampoco es viable. Rivera ha reiterado con frecuencia a lo largo de la campaña electoral que no pactaría nunca con Pedro Sánchez. Una promesa intempestiva e imprudente cuya única finalidad era disputar absurdamente el liderazgo de la derecha al PP, pero que le hizo perder el centro a favor del PSOE. Ahora bien, eso no representa ciertamente el mayor obstáculo, ya que no es la primera vez que Rivera cambia de opinión. Terminó pactando con Rajoy cuando había afirmado que no lo haría nunca.

La causa de la gran dificultad de este pacto no se encuentra en el líder de la formación naranja, sino en el propio Pedro Sánchez. La invitación de Sánchez y sobre todo la motivación que aduce no se pueden tomar muy en serio cuando provienen de quien en 2015, ante una situación similar pero a la inversa, se negó a cualquier negociación o apoyo a Rajoy hasta el extremo de que tuvieron que repetirse las elecciones pagando incluso el coste de obtener peores resultados. Esta pérdida de escaños no le hizo cambiar de táctica, por el contrario, continuó acariciando la idea de conseguir un gobierno Frankenstein.

No deja de ser irónico que los sanchistas demanden ahora la abstención cuando rompieron la disciplina de partido y Pedro Sánchez dimitió de su acta de parlamentario para no tener que abstenerse en la investidura de Rajoy. Es difícil tomar en serio tal petición cuando el actual secretario general del PSOE hizo del «no es no» y de la imputación de pactistas a sus contrincantes el arma principal en las primarias. Su victoria no se basó en la España multinacional, sino en la utilización de los sectarios sentimientos anti PP de la militancia socialista, simétricos a los que las bases del PP tienen frente al PSOE.

Una vez de nuevo en la secretaría general del PSOE, no solo no evitó «por el bien de España» que Rajoy pactase con los nacionalistas del PNV, sino que le incitaba a ello para justificar su falta de apoyo, ocasionando que el Gobierno pagase (la sociedad entera) un elevado precio. Pero, sobre todo, la petición de los sanchistas aparece como el culmen de la hipocresía y evidencia que no van en serio cuando se confronta con la moción de censura y los nueve meses de gobierno posteriores, en los que Pedro Sánchez no solo llega al poder con los votos de nacionalistas e independentistas, sino que les hace todo tipo de cesiones con la finalidad de mantenerse en el poder.

La falta de credibilidad de la solicitud de los sanchistas se hace patente cuando se analizan las semejanzas y desemejanzas entre la situación creada tras las elecciones del 2015 y la situación actual. En las elecciones del 2015, el PP como partido más votado obtuvo 123 diputados, el mismo número que ha conseguido el PSOE como formación triunfadora en los últimos comicios. En 2015, se quebró el bipartidismo y esta superación se mantiene en los momentos presentes. Pero a partir de ahí comienzan las diferencias.

En el 2015, Rajoy, nada más conocer los resultados, fue consciente del nuevo escenario en el que a partir de entonces se iba a desarrollar la realidad política, un abanico mucho más abierto y en el que ningún partido podría gobernar por sí mismo, ya que necesitaría siempre el concurso de otro u otros. Creyendo también que el problema más importante de España era la rebelión en Cataluña y la posible disgregación territorial generada por el nacionalismo, lo primero que hizo fue llamar al diálogo y a la negociación a las fuerzas políticas que consideraba constitucionalistas, diálogo totalmente abierto sin prejuzgar el tipo de alianza que al final se produjese, bien gobierno de coalición, bien pacto de legislatura o simplemente acuerdo para la investidura.

Sin embargo, como es sabido, este posible consenso fracasó desde sus inicios por la negativa radical de Sánchez a sentarse a negociar con Rajoy. De haberse llegado a un pacto, del tipo que fuese, los acontecimientos en Cataluña seguramente hubieran sido distintos. La unión de los tres partidos habría puesto las cosas mucho más difíciles a los independentistas, y les hubiera hecho pensar más sus actos. Pero es que incluso desde la óptica económica y social los resultados habrían sido más positivos. En lo económico, mayor estabilidad; y, a la vista de lo que Rajoy cedió frente a Ciudadanos y al PNV, cuánto más grandes no hubieran sido sus concesiones sociales a lo largo de esos cuatro años de haberse llegado a un acuerdo desde el principio; seguramente bastante más importantes que los obtenidos en toda esta frustrada legislatura, incluyendo los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez.

La oferta al diálogo de Rajoy parecía totalmente sincera. Contrasta, por tanto, con la petición que los sanchistas hacen a Ciudadanos para que se abstengan. No es creíble ni están dispuestos a hacer nada para conseguirlo. En primer lugar, porque en ningún momento se propone como negociación, sino como un voto de adhesión sin nada a cambio. En segundo lugar, porque, cuando se produce, el PSOE de Pedro Sánchez ha tomado ya determinadas decisiones que indican bien a las claras cuáles son sus preferencias y por dónde va a orientarse su actuación política. Se intuye que se encamina en la misma dirección de los nueve meses anteriores de gobierno.

El pacto para la constitución de las mesas de Congreso y Senado no indica para nada que su propuesta a Ciudadanos fuese en serio. El nombramiento en las dos Cámaras de presidentes del PSC y con posturas más bien ambiguas frente al nacionalismo, y las primeras actuaciones de ambos indican sin género de duda cuál va a ser el tratamiento y la relación con los golpistas, más cerca de ellos que de los constitucionalistas. En especial, Batet nos va a proporcionar días de gloria. Miguel Cruz, por su parte, en una entrevista retaba a que le dijesen qué motivos había en los momentos actuales para aplicar el 155. Me atrevo con modestia a remitirle a mi artículo de hace quince días en estas mismas páginas.

Dados estos resultados electorales, las encuestas indican de forma clara que el pacto preferido por la mayoría de los españoles sería el de PSOE y Ciudadanos. Incluso entre los mismos votantes del PSOE. Tal vez estén pensando en el «bien de España». Nunca he sabido muy bien qué es eso de España. Quizás el resultado de un devenir histórico. Lo que sí sé bien es lo que es el Estado español, que sin duda podría ser otro, pero es el que es y en él se asientan el derecho, la democracia y la única posibilidad de mayor igualdad. Todo ataque al Estado es un asalto a esas realidades. Su desintegración nos retrotrae a la tribu. ¿Por el bien de España? Por el bien de los españoles, por el bien del Estado, la actuación del PSOE debería ser bien distinta.

republica.com 31-5-2019

Hace más de cinco siglos que Maquiavelo intento describió los mecanismos por los que, según él, se rige la política; muy distintos, desde luego, de los que imperan en el campo de la ética y de la moral. El fin justifica los medios, y el fin es el poder, alcanzarlo o mantenerlo. Pero curiosamente todos los políticos pretenden, por el contrario, convencernos de que sus actuaciones se basan en el más puro altruismo. Unos y otros nos dicen que todos sus movimientos van únicamente destinados al bienestar de la sociedad. Todos son unos benefactores. Claro que en esto como en cualquier otra cosa existen grados y hay quien lleva el cinismo al extremo. Pocos especímenes como Pedro Sánchez. Ha roto todos los moldes.

Lo malo es que, según parece, Maquiavelo tenía razón. El fin justifica los medios. Todo se le perdona al triunfador, y poco importan los medios de los que se haya valido para alcanzar el objetivo. Las expectativas electorales eran totalmente adversas a Pedro Sánchez hasta que decidió acometer uno de los actos más indignos que se han visto en la política española: llegar al poder con el apoyo de los partidos que acababan de intentar un golpe de Estado. Por mucho que algunos repitan que este reproche no tiene consistencia, lo que resulta inconsistente es querer comparar el apoyo en una moción de censura constructiva, en la que se nombra un presidente de gobierno, con el hecho de que varias formaciones situadas en las antípodas políticas puedan coincidir en algún momento y de forma accidental en el signo del voto, aunque sea para rechazar unos presupuestos.

La prueba más palpable de que el apoyo de los golpistas a Pedro Sánchez no era meramente coyuntural se encuentra en que este último no se creyó obligado a convocar elecciones, tal como había prometido, y se dispuso a gobernar, lo que indicaba que contaba con una mayoría para ello -la misma que le había apoyado en la moción de censura- y que, por lo tanto, existía un acuerdo explícito o implícito con los golpistas. No es el momento de hacer una lista de las múltiples concesiones que a lo largo de estos meses ha venido haciendo el Gobierno a los sediciosos para mantenerse en el poder. Son de sobra conocidos e indican claramente la unión espuria que representaba el gobierno Frankenstein, lo que desde el punto de vista ético representará siempre un baldón para Pedro Sánchez y cada uno de sus ministros, ya que han llegado a su puesto gracias a aquellos que han atentado contra la legalidad y la Constitución.

Era de esperar que la sociedad española estuviese presta a castigar electoralmente tamaña felonía, pero pronto se vio que no era así, que al parecer la política discurre por otros vericuetos, en los que el poder lo es todo y este ejerce una enorme atracción sobre todos los grupos sociales. En cuanto Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, las encuestas empezaron a cambiar de signo, muchos de los medios de comunicación comenzaron a justificarle y se encontró en sus manos con toda una serie de instrumentos, empezando por TVE, que no dudó, como era de suponer, en utilizar sectariamente.

La confirmación de todo ello ha sido el resultado en las elecciones de este pasado domingo. Es cierto que durante la campaña Sánchez se cubrió con piel de cordero y negó cualquier connivencia con los independentistas, lo que no supo o no quiso hacer Podemos, con lo que el trasvase de votos de esta formación hacia el PSOE estaba asegurado. Al mismo tiempo, supo agitar el miedo a la ultraderecha, metiendo en este mismo saco a todos los partidos. Hay que reconocer, sin embargo, que ello fue posible también por los muchos errores cometidos por los tres partidos que se denominan constitucionalistas que persiguiendo unos objetivos consiguieron justamente los contrarios. El revés de la trama.

“El revés de la trama” es una de las principales novelas de Graham Greene, ambientada en una colonia, Sierra Leona, y cuyo protagonista es un oficial de policía, Sobie, quien asume el papel de figura trágica porque a lo largo de la trama los resultados que va obteniendo de todas sus acciones son precisamente los contrarios de los que pretende. Incluso su suicidio final, que acomete pensando que arreglaba así el problema de las dos mujeres que ama, resulta no solo inútil sino también contraproducente.

Algo parecido le ha ocurrido a la derecha. Lo ha dicho claramente Abascal. Hoy estamos peor que ayer, lo que es totalmente cierto, desde su punto de vista. Sin embargo, los líderes de Vox están lejos de hacer examen de conciencia, y de reconocer que algo tienen que ver en el hecho de que Pedro Sánchez vaya a poder gobernar. Lo mismo ocurre con muchos medios y creadores de opinión del ámbito de la derecha. Ahora lloran y se rasgan las vestiduras, pero no reconocen que la situación actual ha sido posible entre otros motivos por el acoso y derribo al que sometieron a Rajoy. Quieran o no admitirlo, con la dimisión de Rajoy comenzó la debacle del PP y, antes o después, le echarán de menos.

Abascal se manifestaba la otra noche eufórico por el hecho de que su voz vaya a estar en el Parlamento. Alguien le podía preguntar ¿y para qué? A lo mejor descubre que su presencia va a ser totalmente inútil, porque al final y a la hora de votar todo es cuestión de mayorías y las prédicas y la retórica tan solo valen para la satisfacción personal. Si su finalidad y objetivo era echar a Pedro Sánchez e implementar el 155 en Cataluña, han conseguido precisamente todo lo contrario. Le han confirmado para cuatro años y han hecho imposible la aplicación del 155, al dar la mayoría del Senado a los sanchistas.

Un caso no muy distinto es el de Rivera. Aparentemente se ha perfilado como ganador en estas elecciones, pero ¿ciertamente es así? En la pasada legislatura Ciudadanos con pocos diputados estuvo en una situación excepcional, condicionando en buena medida al Gobierno. Equivocaron también el tiro al utilizar la famosa sentencia de la Gürtel para dar el pistoletazo de salida al acoso a Rajoy, que dio ocasión a Sánchez a lanzarse a la moción de censura. No cabe duda de que durante estos meses su situación empeoró notablemente. Ha pintado mucho menos y ha tenido que ver cómo el Gobierno de la nación se entregaba, al menos parcialmente, en manos de los secesionistas, lo que resultaba especialmente hiriente para la formación naranja.

En rueda de prensa, el domingo, Rivera se presentó optimista, casi eufórico, por el incremento substancial que había obtenido en el número de diputados. Pero ¿ello le va a proporcionar una situación mejor? Presiento que no, como no termine pactando con Pedro Sánchez, escenario que parece rechazar, pues da la impresión de que su objetivo es arrebatarle el liderazgo de la derecha al Partido Popular. Para ello sí le puede servir contar con un número mayor de escaños, pero desde luego no para influir en la realidad política española. El bloque constitucionalista, al que apela continuamente Rivera, tendrá menos fuerza y eso contando con una formación de la que Ciudadanos reniega, Vox, y con la que no le hará ninguna gracia negociar. Pedro Sánchez se encontrará mucho más libre para pactar con los golpistas, ya que los electores no le han castigado por ello y por supuesto que se olviden del 155, ya que la mayoría en el Senado la va a tener ahora el PSOE.

Ciudadanos se fijó como objetivo disputar los votos al PP. De ahí la promesa de Rivera de no pactar con Pedro Sánchez, con lo que lanzaba un mensaje a sus votantes -pero potenciales votantes del PP- de tranquilidad, garantizándoles que su voto de ninguna manera iba a servir para investir a Pedro Sánchez; pero con ello renunciaba a quitar votos al PSOE. Esta estrategia ha servido, quizás, para incrementar el número de sus electores, pero no para aumentar el total de apoyos del conjunto del bloque llamado constitucionalista, ya que lo que se ha producido es una simple redistribución interna.

El Partido Popular ha colaborado también activamente al éxito de Pedro Sánchez. Determinados planteamientos y los nuevos fichajes, en muchos casos extremistas o folclóricos, no ponían demasiado fácil que se les pudiera votar. Su viraje teórico a las posiciones de Aznar, hoy en el extremo ideológico de la propia derecha; la asunción en materia económica de un neoliberalismo rabioso, representado en la captación de algún economista de sobra conocido por su profundo dogmatismo en las posturas más reaccionarias; la increíble facilidad con la que se han metido en todos los charcos: pensiones, salario mínimo, aborto, con posturas ambiguas que dejaban flancos abiertos a la interpretación interesada de sus adversarios y que precisaban después de aclaraciones, lo que hacía que la partida estuviese perdida de antemano, todo ello ha repelido a potenciales votantes. La obsesión por competir con VOX le hizo perder el centro y la lucha con Ciudadanos.

Determinados datos relativos a los que se ha identificado como bloques diferentes/ (PSOE y Podemos, por una parte, y PP, Ciudadanos y Vox, por otra) son clarificadores:

1) A pesar de la sustancial diferencia de escaños en estas elecciones, los porcentajes de votos son similares en los dos bloques.

2) Los porcentajes también son idénticos, con pequeñas variaciones, a los de los comicios de 2015 y 2016. A pesar de esa práctica igualdad, se producen variaciones muy fuertes respecto a estos años en el número de escaños, lo que implica cambios notables en el control de las cámaras, ocasionados tan solo por la movilidad de los votos intergrupo y dependiendo de la mayor o menor división interna.

3) Un hecho significativo y al mismo tiempo paradójico es que el porcentaje obtenido en esta ocasión por Pedro Sánchez es del 29%, y se considera un gran triunfo del PSOE. En 2011, Pérez Rubalcaba alcanzó un porcentaje del 28,76% y se calificó de enorme desastre electoral, hasta el punto de tener que dimitir al día siguiente. La diferencia no está en los resultados obtenidos por el PSOE y tampoco en los obtenidos por la derecha, sino en la división de esta. En 2011 estaba solo el PP con un porcentaje del 44%. En estas elecciones la derecha ha obtenido un porcentaje similar (43%), solo que dividida en tres formaciones políticas.

El previsible gobierno de Pedro Sánchez (gobierno, que no triunfo, porque no se puede calificar de tal lo que en 2011 fue tenido como la mayor debacle del partido socialista) se va a basar fundamentalmente en dos hechos:

El primero, el extremismo de una parte de la derecha que estaba impaciente por echar a Pedro Sánchez y meter en vereda a los independentistas, y que curiosamente ha conseguido el efecto contrario. El revés de la trama.

El segundo, la falta total de escrúpulos de Pedro Sánchez, que por llegar al gobierno está dispuesto a pactar si es preciso con el diablo, como ya ha demostrado, y la ceguera de una parte de la sociedad (solo el 29%) que ha confirmado una vez más que el fin justifica los medios.

republica.com 3-5-2019

Una vez que el peligro inmediato ha desaparecido, la opinión pública y en general las sociedades se olvidan rápidamente de las situaciones críticas. Con optimismo desmesurado confunden los paréntesis de cierta tranquilidad con la solución definitiva. No hace demasiados años que la ruptura del euro parecía inevitable, sin embargo, últimamente nadie piensa en ello. Ha bastado con que las economías de las principales naciones de la Eurozona se adentrasen en tasas positivas de crecimiento para que, de forma generalizada, se crea que el riesgo está conjurado, sin que nadie quiera darse cuenta de que subsisten los mismos límites y factores que desencadenaron la crisis anterior.

Solo ahora, cuando los informes de los distintos organismos e instituciones han comenzado a pronosticar la desaceleración de la economía de la Eurozona, y especialmente cuando el BCE ha modificado el plan trazado de subida de tipo de interés, haciéndose así visible el cambio de coyuntura, se han disparado las alarmas y han surgido las dudas. Lo peor, con todo, es que los informes y los análisis continúan enfocando la economía como hace muchos años, prescindiendo de la globalización y de la Unión Monetaria, y razonando como si no existiesen. Esta falta de perspectiva contamina a la propia Unión Europea. En su último informe la Comisión reprendía a España por la elevada desigualdad y pobreza que subsistía en nuestra sociedad, como si la propia Comisión no hubiese sido protagonista de las medidas tomadas y la Unión Monetaria no hubiese estado en el origen de todas ellas.

Tampoco las organizaciones sindicales se libran de tal ofuscación. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) acaba de publicar un estudio, «Benchmarking Working Europe 2019”, que señala cómo en una serie de países los salarios reales se han reducido en los últimos diez años (23% en Grecia, 11% en Croacia, 7% en Chipre, 4% en Portugal, 3% en España, 2% en Italia, etc.). En la presentación, Luca Visentini resaltó que esto es una prueba de que la crisis no ha terminado en todos los países y situó la causa en las medidas de austeridad adoptadas.

Todo ello parece bastante cierto, pero lo que no añadió el secretario general del CES es que tales medidas tienen su origen en la Moneda Única, a la que los sindicatos dieron su aceptación con esa simpleza del “sí crítico” a Maastricht. Era evidente que la imposibilidad de ajustar los desequilibrios exteriores en el plano monetario mediante la devaluación de la divisa acabaría originando que el ajuste se trasladase al campo real, con desempleo y reducción de salarios. Esa es una de las razones por las que algunos nos opusimos por todos los medios a Maastricht y a la creación del euro. Es más, mientras la armonización laboral no se imponga en la Unión Europea -lo que parece totalmente alejado de la realidad al exigirse la unanimidad de 28 países-, es de prever que todos los gobiernos continúen usando las condiciones laborales y las retribuciones como instrumentos para ganar competitividad frente a los demás.

Tampoco parece que los gobiernos de los distintos países tengan muy claras las cosas. Continúan pensando y actuando como si mantuviesen íntegra su soberanía y fuesen dueños de su moneda. Concretamente en España, la campaña electoral presenta un panorama desolador. Ciertamente que el peligro número uno es que se pueda reproducir un gobierno Frankenstein, pero, dicho esto y cuando a pesar de todo se abandona en el debate el tema de Cataluña y se ahonda en los programas electorales, la sensación de vértigo es inmediata. No solo es que los fundamentos políticos sean de lo más superficial, sino, lo que es peor, el discurso económico carece de toda coherencia. Es verdad que ya el viejo profesor afirmó que las promesas electorales estaban para no cumplirse, pero entonces, se cumpliesen o no, eran al menos creíbles y factibles, los políticos podían engañar. Hoy, los partidos hacen sus planteamientos y propuestas como si las condiciones fuesen las mismas que entonces, como si los gobiernos conservasen, al igual que al principio de los ochenta, toda su capacidad de actuación.

La frivolidad del discurso económico de las distintas formaciones políticas es inquietante. Todas sus propuestas cuelgan del vacío y, es más, parece que no les importa demasiado la total ausencia de fundamento y de consistencia. Hay que comenzar por señalar la levedad de los equipos económicos, que por otra parte están -si es que existen- desaparecidos y en el mayor de los anonimatos. Del de Podemos se desconoce su existencia, pero tampoco parece que les importe mucho tenerlo. En IU, con eso de que el coordinador se tiene por economista, y dice eso de que el euro no importa y que no condiciona nada, ¿para qué van a necesitar más? Desde esta coalición política alguien ha dicho que los Estados no pueden quebrar. En otros tiempos yo también mantuve la misa afirmación, pero eso era cuando nos endeudábamos en nuestra propia moneda, y ahora lo hacemos en una divisa que no controlamos, con lo que claro que podemos quebrar, estamos a expensas del BCE y de los mercados. Que se lo digan a Grecia.

El equipo económico del doctor Sánchez (él también dice que es economista) está en consonancia con su tesis doctoral: la ministra de Hacienda, licenciada en medicina, y sus mariachis, traídas todas de Andalucía; y la ministra de economía, discípula de Solbes, (ministro que tuvo tanto éxito en la anterior crisis) y que ha sabido hacer carrera en la burocracia europea con el presupuesto de la Unión, presupuesto que, como se sabe, apenas tiene contenido y el poco que tiene es totalmente ajeno a los problemas fiscales que afectan al de los Estados. En realidad, da toda la impresión de que Calviño, como buena independiente, ha asumido el ministerio tan solo como un escalón, encaminado a lograr una comisaría tras las próximas elecciones europeas. No parece, sin embargo, que vaya a poder conseguir su objetivo, porque la exigencia de los independentistas de que Borrell saliese del Gobierno y el veto de Iceta a que encabezase la lista catalana han situado al ministro de Exteriores en la lista de Europa y se supone que con la promesa de ser próximamente comisario.

La ministra de Economía, para cubrir al Gobierno en su despendole presupuestario, ha recurrido a la tasa de crecimiento. Pero una vez más hay que incidir en el hecho de que las cosas cambian cuando se forma parte de la Unión Monetaria. Cuando un país carece de moneda propia y se endeuda en moneda extranjera o en una moneda que no controla, una tasa positiva de crecimiento tiene un carácter ambiguo, ya que si el crecimiento es a crédito constituye una bomba de relojería a medio plazo. Eso fue lo que ocurrió en los primeros ocho años del presente siglo. La existencia de una moneda común, el euro, propició que el saldo de la balanza por cuenta corriente alcanzase niveles jamás conocidos (9%) y que se disparase su contrapartida, el endeudamiento exterior (en esta ocasión el privado). Esto nunca hubiese ocurrido, por lo menos a esos niveles, de ser la peseta la divisa, ya que los inversores internacionales, temiendo el riesgo de tipo de cambio, no se hubiesen aventurado tanto. El “España va bien” de Aznar y las bravatas de Zapatero acerca de que la renta per cápita de España había superado a la de Italia, estuvieron en el origen de la fuerte recesión que sufrió la economía española.

Con la finalidad de no cometer los errores de Aznar y Zapatero, el Gobierno y en general todos los partidos políticos harían bien en tener en cuenta el nuevo escenario que crea la pertenencia a la Unión Monetaria, sobre todo cuando aún subsisten múltiples desequilibrios de la etapa anterior. La tasa de desempleo, si bien ha descendido once puntos desde 2013, se encuentra en el 15%, la más alta de la Eurozona si exceptuamos a Grecia. España necesita sin duda continuar creciendo para crear empleo, pero el hecho de que la tasa de productividad sea cercana a cero, indica bien a las claras que los puestos de trabajo que se están creando son de muy baja calidad y que resulta previsible que cualquier incremento de los costes laborales impacte muy negativamente en el crecimiento y en la creación de empleo.

La ministra de Economía ha minimizado el nivel de endeudamiento público. “No llega al 100%”, ha señalado, pero la cifra es la más alta de los cincuenta últimos años y muy distinta de la de 2007 (el 35%). Entonces fue el endeudamiento privado el causante de la crisis, pero ahora, dado su nivel, podría ser el público a poco que el déficit se incrementase. Los últimos indicadores señalan que gran parte del crecimiento económico actual se debe al sector público. El sector exterior, por el contrario, se debilita progresivamente. El saldo de la balanza por cuenta corriente se reduce de manera notable, y aun cuando es verdad que se mantiene en zona positiva, el peligro de que pueda adentrarse en cifras negativas no es descartable.

El saldo en la balanza por cuenta corriente (causante del endeudamiento exterior) se encuentra detrás de la gran recesión anterior, pero también de la recuperación. Pasó de un déficit del 9,7% en 2007 a un superávit del 2,2% para 2016. Pero esta variable es una variable flujo. Su recuperación lo único que ha garantizado es que la deuda exterior (variable fondo y la verdaderamente estratégica) no haya continuado aumentándose, pero apenas se ha reducido, con lo que se mantiene en una cuantía cuasi límite, y todo nuevo incremento por una evolución negativa del sector exterior puede colocar de nuevo a España al borde del precipicio.

La levedad en materia económica no es ajena tampoco a las formaciones a la derecha del PSOE, tanto en la composición de los equipos económicos como en sus propuestas. Sus líderes no son economistas, pero también se expresan con toda futilidad en esta disciplina. Los equipos económicos se han reclutado entre los liberales más dogmaticos, economistas de laboratorio o de periódico, totalmente divorciados de la realidad e ignorantes de las limitaciones que impone el hecho de no contar con una moneda propia. Solo así se pueden explicar ocurrencias tales como la propuesta de Ciudadanos de rebajar el 60% del IRPF para aquellos contribuyentes que residan en zonas despobladas. Presiento que todas las grandes fortunas, y las no tan grandes, van a establecer su domicilio en estas zonas, que por supuesto dejarán automáticamente de ser tales. Es increíble la propensión que tienen algunos a intentar solucionar todos los problemas mediante la bajada de impuestos, cuando cualquier manual de Hacienda Pública señala los múltiples defectos que los gastos fiscales presentan en comparación con las políticas directas.

Y hablando de reducción de impuestos, el nuevo líder del PP ha perdido toda proporción y medida, promete a diestro y a siniestro todo tipo de reducciones tributarias sin ninguna consistencia. En una alocada gesta pretende barrer toda huella de marianismo (ya se arrepentirá de ello el PP) y resucita el aznarismo, que tan nefasto fue desde el punto de vista económico y en cuyos gobiernos se engendraron todos los desequilibrios que darían lugar a la peor crisis económica que ha padecido España en los últimos cincuenta años.

Los forofos del pablismo hablan con orgullo del retorno al liberalismo, enterrando la socialdemocracia de Montoro. Hace muchos años que conozco a Montoro. Participamos juntos, cuando él era presidente del Instituto de Estudios Económicos, en múltiples mesas redondas. Nuestras posiciones solían ser siempre divergentes. Nunca le hubiera tenido por un socialdemócrata. Bien es verdad que la política fiscal que impulsó en su última etapa fue más progresista que la de Solbes y Salgado. La explicación no hay que buscarla en la ideología, sino en el mero pragmatismo. Rajoy se vio obligado a enfrentarse con la desastrosa situación económica engendrada en los Gobiernos de Aznar y Zapatero. No tuvo más remedio, con mejor o peor acierto, que pisar tierra.

Por el contrario, los líderes actuales de todas las formaciones políticas parece que viven en las nubes y que con anterioridad a ellos no ha existido nada. Tierra quemada. Iglesias, Sánchez, Ribera y Casado persiguen el vellocino de oro. Son argonautas pero sin carga, sin peso, ingrávidos, levitan, y con ellos hay el peligro de que lo haga toda España.

republica.com 5-4-2019

Cuenta Sánchez Albornoz en su libro “España un enigma histórico” que como el jefe de una de tantas mesnadas (bien de moros, bien de cristianos) que en el siglo XII recorrían los territorios salmantinos preguntase en un poblado quién era el señor de aquella aldea, recibió la siguiente contestación: “Aquí todos somos caudillos de nuestras propias cabezas”. Y es que quizás esa ha sido siempre una característica del ser español. Cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. Cada pueblo, cada comarca, cada provincia, ha ansiado siempre desligarse y constituirse en autoridad soberana e independiente. De ahí que secularmente el anarquismo haya enraizado con tanta fuerza en nuestro país y me atrevería a decir que también del mismo modo la otra cara de la moneda, el liberalismo. Los extremos se tocan. España no es que sea más plural que otros estados, sino que es más anárquica, y cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. En los momentos en los que las circunstancias políticas lo han permitido esta tendencia se ha hecho presente de la forma más estrambótica posible gritando “Viva Cartagena”.

Era previsible que la organización territorial del Estado creada en la Transición, con las Autonomías, fuera a enervar tales posiciones y sentimientos. La tentación se ha cernido especialmente sobre la izquierda, portadora en su ADN de esa idea anarquizante. En tiempos recientes, Podemos ha surgido como partido con un pecado original, la defensa del derecho a decidir de cada territorio, región o provincia. ¿Cómo negar entonces el derecho a decidir de cada agrupación, facción o grupúsculo dentro de la propia formación política? Las confluencias, lejos de ser tales, se van transformando en corrientes divergentes. Incluso llegan a contagiar a regiones poco dadas a la independencia como Andalucía y Madrid.

Errejón justifica su pacto con la alcaldesa de Madrid argumentando, con ese aire jesuítico que le caracteriza, que su intención era sumar dentro del ámbito de la izquierda, pero lo cierto es que, se quiera o no, y él tenía que ser consciente de ello, con su actuación lo que ha propiciado ha sido la división interna. Sostuvo, como si estuviese enunciando un axioma o una regla moral irrebatible: “La razón de las siglas no está por encima de la razón de las personas”. Planteado de esta forma suena bien, y parece convincente, pero cuando se profundiza lo que realmente se está afirmando es que las razones colectivas no están por encima de las individuales, en el bien entendido de que el individuo siempre se identifica con el “yo”.

La historia es vieja en política. Se asciende a través de la comunidad, del grupo y del partido, pero tan pronto como se llega arriba se cae en la tentación de declararse independiente y soberano y de pensar que las reglas generales no les competen. Errejón fue elegido por Podemos como cabeza de lista de la propia formación a la Comunidad de Madrid. Pero ha creído que la lista era suya y que la podía manejar a su antojo y sin someterse a ninguna regla. Carmena surgió del anonimato gracias a Ahora Madrid y a Podemos (fue quien era entonces secretario regional de esta formación quien la propuso), pero en cuanto se vio alcaldesa se dispuso a jugar a la autonomía y a la independencia.

Carmena no ha dejado de repetir que ella no es política, que no pertenece a ningún partido y que es independiente, y como independiente ha actuado todos estos años. Se ha movido en la confusión y en la anarquía, pero también, aunque parezca paradójico, en la autarquía. Ahora ha dado el paso definitivo y, como diría Errejón, abandona las siglas por las personas, por su persona, por su plataforma personal. No se siente obligada a ningún colectivo. La lista es suya y por eso afirma con la mayor tranquilidad, como si fuese un derecho innato, que no permitirá que le impongan ningún nombre. Reiteradamente he afirmado que las primarias fomentan en las organizaciones políticas el caudillismo. Ahora se da un paso más. Carmena, como Colau, no quiere primarias. Habla de listas participativas. Es decir, que participa solo quien ella designe. La lista es suya, siempre que gane y sea la alcaldesa, porque, de lo contrario, se marchará y abandonará a sus seguidores. Para no ser política y no tener ambiciones, va sobrada.

Carmena y Errejón, en ese extraño maridaje entre anarquía y prepotencia, en ese prescindir de lo colectivo y de la norma para declarar como única ley la propia voluntad, tienen cierto parecido con los golpistas catalanes. Estos han alcanzado y ocupan puestos de poder, porque la Constitución y el Estado español se los han concedido, pero desprecian a este mismo Estado español y se sublevan contra la Constitución y las reglas que les han sacado del anonimato. La anarquía es contagiosa. Si los mandatarios y líderes catalanes la practican, y saltan por encima de las leyes, ¿por qué los CDR no se van a sentir legitimados para instaurar cuando les apetezca el caos en Cataluña?: cortan carreteras y autopistas; deciden quién puede y quién no puede manifestarse y reunirse; escrachan a jueces, políticos y hasta a mossos de escuadra que consideran enemigos; amenazan, coaccionan y atentan contra la propiedad de los que no piensan como ellos. Cataluña, región sin ley ni democracia. El Gobern y el resto de cargos de la Generalitat que han defendido la legitimidad de transgredir el ordenamiento jurídico, en función de las razones personales, carecen de autoridad y se sienten impotentes -aunque quizás tampoco lo deseen- para implantar el orden.

El ejemplo cunde y los taxistas catalanes, viendo el comportamiento de los CDR, se preguntan que, si sus reivindicaciones están más fundadas, ¿por qué no van a actuar de forma similar al menos en lo que al orden público se refiere y ejercer para sus fines la misma presión social? Es más, si la Generalitat no procede frente a los CDR ¿por qué habría de actuar frente a ellos? Y no se equivocan, las autoridades de Cataluña ceden ante el caos. Y de los taxistas de Barcelona a los de Madrid. Unos y otros tienen sus razones seguramente derivadas de la dejadez e inoperancia de las autoridades municipales, que han permitido que la situación se pudriera y se creara un mercado secundario de licencias totalmente desproporcionado.

Pero sean cuales sean sus razones más o menos ciertas, la cuestión no radica en ellas sino en creer que esas razones personales están por encima del interés y de los derechos de la colectividad. La cuestión se encuentra también en la indolencia y dejación de funciones de las distintas autoridades. El espectáculo montado estos días por el sector del taxi ha sido realmente deplorable y sombrío. No es que los taxistas no tengan derecho a la manifestación y a la huelga como cualquier profesional, aunque hay quien afirma que es un cierre patronal y que está prohibido por la Constitución. En cualquier caso se trata de un servicio público y como tal debería estar sometido a una regulación precisa y a la vigilancia de su cumplimiento. Quizá muchos de los problemas actuales provienen de la desidia de los ayuntamientos que han permitido que el servicio prestado por este sector se haya ido deteriorando y que perdiera competitividad respecto a otras empresas que proporcionan servicios similares. En esta ocasión ni Carmena ni Colau han hecho el menor intento de establecer servicios mínimos, lo cual era previsible dados los planteamientos populistas y anárquicos que mantienen ambas alcaldesas en otros temas.

Especial responsabilidad ha tenido en esto de inhibirse y echar balones fuera el ministro de Fomento que, siendo consciente de la complejidad del problema, no dudó en quitarse de en medio y trasladarlo a las Comunidades Autónomas, aunque fuese a costa de crear una situación caótica con soluciones diferentes según la región. E inhibición también la de los responsables del orden público de la Administración central y de la Generalitat, que están permitiendo graves disturbios y fuertes restricciones en la movilidad de ciudades como Madrid y Barcelona, con daños graves para las poblaciones y para los intereses del Estado español. Han consentido que las razones particulares de un gremio primen sobre las normas, el orden público y el interés colectivo. Además, ceder a la coacción de los taxistas puede terminar costando una cantidad elevada de dinero al erario público, si este tuviera que asumir finalmente las indemnizaciones a las compañías de VTC.

Surge la duda de si la razón de esta pasividad no se encuentra en la inacción que la Generalitat mantiene respecto a los CDR y en la renuncia del Gobierno central a intervenir en Cataluña. Quizás se busque que la indolencia ante los desmanes de los taxistas sirva de alguna manera de coartada para excusar la apatía ante el caos que los golpistas están generando en Cataluña. Algo debe de significar el que una delegación de taxistas catalanes haya ido a Waterloo a postrarse a los pies de Puigdemont; que la Generalitat haya cedido a las primeras de cambio; que sea Tito Álvarez (Cataluña) el que capitanee a los taxistas de Madrid y que estos se hayan manifestado en Génova al grito de menos 155 y más 1/30.

republica.com 1-2-2019

Las elecciones a la Junta de Andalucía y los dimes y diretes previos a la constitución de su Consejo de Gobierno indican, una vez más, que las formaciones políticas y gran parte de la opinión públicada están lejos de entender el nuevo mapa electoral creado en España tras el hundimiento del bipartidismo. Se ha afirmado desde distintos ángulos sociales y políticos (incluso esta aseveración encabeza el documento-acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos) que los andaluces el 2 de diciembre votaron cambio.

Tal afirmación es bastante incierta, como incierta era esa misma aseveración aplicada al Gobierno de España en las últimas elecciones generales. Tanto en unos como en los otros comicios, el voto ha sido plural y diverso. Cada andaluz y cada español han votado la opción que han creído conveniente. Tampoco es verdad, como se ha dicho en las dos ocasiones, que tuviese que gobernar la formación política más votada. Estamos en un sistema parlamentario y proporcional. El cambio (o no cambio) se produce de manera puramente aritmética por las respectivas combinaciones y alianzas. Las mayorías absolutas han desaparecido y el resultado en el gobierno se origina por la negociación y el consenso de las distintas fuerzas políticas. Constituye un ejercicio de humildad porque ninguno de los partidos puede pretender aplicar sus tesis al cien por cien. El grado de influencia en el posible acuerdo y, por lo tanto, la parte que pueda imponer de su programa dependerá de la habilidad de cada uno en la negociación y de la fuerza que tenga en función de los diputados con los que cuente.

Es notorio que los partidos políticos se resisten hasta ahora a aceptar esta nueva situación y continúan en buena medida anclados en una concepción fundamentalista de la política, olvidando que esta, en gran parte, tiene un componente práctico, el de maximizar lo más posible los objetivos que se pretenden, en función de la fuerza que se posee; pero para ello, lógicamente, hay que pactar a menudo con fuerzas políticas de las que se discrepa profundamente. Una postura puritana, que se niega a mancharse las manos y proclive a establecer cordones sanitarios, conduce a menudo a la ineficacia total y en ocasiones a la parálisis del propio sistema político.

Este prejuicio estuvo desde luego presente en la militancia del partido socialista, que consideraba una perversión tan solo suponer que se pudiera pactar con el PP. Y esa animadversión fue de la que se valió Pedro Sánchez para ganar en las primarias. Lo curioso fue que poco después él no tuvo ningún reparo en apoyarse en los que habían dado un golpe de Estado, entre los que se encontraba uno de los partidos más corruptos, ligados al 3% y políticamente tanto o más a la derecha que el Partido Popular. Es muy posible que muchos militantes socialistas actuasen por una motivación ideológica, pero de lo que no hay duda, teniendo en cuenta con quién han terminado aliándose, es que la postura adoptada por Pedro Sánchez obedeció exclusivamente a sus propios intereses.

A pesar de ser un partido político de reciente fundación y en buena medida surgido bajo la bandera de la superación del bipartidismo, Ciudadanos parece que no ha entendido el nuevo marco político y la necesidad de pactos. Se ha situado en una plataforma superior de incorruptibilidad -solo posible por su corta existencia- desde la que reparte títulos de honradez y se niega a tratar con aquellos que, según ellos, les pueden contagiar. Primero fue la radical negativa a negociar con Rajoy, aunque al final no tuvo más remedio que pactar con él y con los distintos gobiernos regionales del PP. Eso sí, siempre con una postura ambigua y despegada, sin comprometerse y sin mancharse las manos, creyéndose el pepito grillo de la política, dictaminando e imponiendo lo que considera reglas y normas democráticas, las cuales, sin embargo, son muy opinables y discutibles.

Aceptó pactar la investidura de Pedro Sánchez, pero se negó a negociar con Podemos, aun cuando era evidente que sin sus votos era imposible que prosperase. En los momentos actuales, ha vuelto a repetir la misma actitud en Andalucía. En este caso ha pactado con el PP, incluso su entrada en el Gobierno; pero, adoptando de nuevo una postura puritana, se ha negado a sentarse con Vox, aun cuando era consciente de que sin sus 12 diputados las cuentas no salían.

No son solo los partidos políticos los que adoptan estas posturas dogmáticas y sectarias. Desde algún sector de la opinión publicada se anatematizó a Podemos, y ahora desde el lado contrario la condena se dirige a Vox y se les pretende aislar con un cordón sanitario. Pienso que, guste o no, ambos partidos han llegado para quedarse y, quieran o no, las otras formaciones políticas tienen que contar con su presencia, ya que van a tener la representación de un número importante de votantes. Ello no quiere decir, por supuesto, que se tenga que estar de acuerdo con los programas de uno y de otro, pero tampoco considerar a uno o a otro como la encarnación de todos los males, segun pretenden algunos.

Por otra parte, tanto Podemos como Vox, al igual que otros muchos partidos europeos a los que se tilda de populistas, son fruto de la globalización y de su plasmación más perfecta, la Unión Europea. Sus efectos negativos sobre amplias capas de la población han originado un enorme descontento que se materializa en animadversión a los partidos tradicionales a los que se considera responsables de los problemas surgidos y defensores del statu quo.

Estas masas sociales que se consideran perjudicadas buscan otras formaciones políticas, aquellas que se presentan como capaces de dar respuesta a sus inquietudes y de solucionar los errores de este sistema que no les gusta. Los otros partidos las sitúan en los extremos del arco parlamentario tanto a la derecha como a la izquierda (las respuestas son diversas), pero paradójicamente y en buena medida se nutren de clientelas parecidas y a menudo intercambiables, con un denominador común, la indignación al juzgarse injustamente tratados.

Ni los votantes de Podemos son comunistas ni los de Vox, fascistas. Se rebelan simplemente frente a dos dictaduras, poniendo el acento en una u otra según se sitúen a la izquierda o a la derecha. La tiranía del neoliberalismo impuesto como pensamiento único en la economía en el caso de Podemos, y la intolerancia de lo políticamente correcto, que no admite la menor vacilación o duda respecto a las supuestas verdades que ciertos grupos sociales han decretado, en el caso de Vox.

Es posible que los planteamientos de unos y otros no sean muy rigurosos, que sus discursos estén llenos de hojarasca y de ocurrencias, que para una parte de la política oficial Podemos sea un partido de extrema izquierda, cuyas ideas nos conducirían al desastre económico y a una estructura social anárquica y caótica. Para otra parte de esa misma oficialidad, Vox es la extrema derecha, xenófoba y reaccionaria, que nos trasladaría a una sociedad autocrática. Sin embargo, la política oficial en su conjunto haría bien en considerar que las posturas de ambos partidos, aunque aparentemente en las antípodas ideológicas, tienen una misma causa: el descontento ante la evolución seguida por los países europeos y la indignación ante los errores y equivocaciones cometidos en la construcción de la Unión Europea.

En el caso de Vox, que es el que en estos momentos está de actualidad, y al margen de lo que se pueda pensar de muchos de sus planteamientos, hay que reconocer que ha puesto voz a una gran parte de la sociedad, que mantiene muchas dudas acerca del tratamiento que el stablishment y los grupos de presión han dado a ciertos temas que imponen como verdades absolutas sin admitir la menor matización o incertidumbre. En democracia no pueden existir asuntos tabúes ni dogmas. Todo lo que afecta a la sociedad es susceptible de discusión y cuestionamiento.

Sería absurdo negar que una buena parte de la población, incluyendo a muchas mujeres, no terminan de entender cómo se puede dar una calificación penal diferente a un mismo acto, dependiendo del sexo del que lo comete. La reciente sentencia del Tribunal Supremo infringiendo una mayor pena al hombre que a la mujer en una riña de pareja callejera ha puesto sobre la mesa la supuesta contradicción, tanto más cuando parece que la agresión la inició ella.

El hecho de que el número de víctimas femeninas sea mucho más elevado que el de masculinas es una razón clara para extremar las medidas y los medios de prevención y salvaguarda para evitar las agresiones a las mujeres, pero lo que ya no resulta tan evidente es que deba discriminarse penalmente en función del sexo, y mucho menos que se quiebre la presunción de inocencia. Los delitos no son colectivos, sino individuales. Las palabras pronunciadas por la elocuente vicepresidenta del Gobierno, “La protección sexual de las mujeres pasa por aceptar la verdad de lo que dicen siempre”, son sin duda la expresión más clara del grado de demencia sectaria al que pueden llegar ciertas actitudes feministas, tanto más si, como suele hacer a menudo la señora Calvo, se vanagloria de ser doctora (a lo mejor de la misma forma que Sánchez) en Derecho Constitucional. No es de extrañar por tanto que la desconfianza y el recelo acerca de este tema vayan cosechando más y más adeptos.

Entre los muchos despropósitos legales del franquismo, uno de los mayores, era el distinto tratamiento que el Código Penal daba a la infidelidad matrimonial del hombre y de la mujer, concediendo un trato mucho más favorable a la primera que a la segunda. Tal discriminación era intolerable y fue recibiendo progresivamente la reprobación de todos los grupos sociales. ¿Es tan extraño que hoy muchos ciudadanos y ciudadanas (lenguaje inclusivo) se pregunten si después de tantos años no se ha seguido la ley del péndulo y se está aceptando una discriminación parecida solo que en sentido inverso?

Ante los cuestionamientos desarrollados por Vox en este asunto, en seguida han surgido voces dispuestas a contradecir sus argumentos. Pero toda precipitación apasionada conduce a discursos erróneos y a razonamientos débiles. Se afirma que las denuncias falsas solo son el 0,007% del total, porque consideran tales únicamente las que han terminado en condena, según los informes de la Fiscalía, pero eso sería tanto como afirmar que la cuantía de dinero negro se reduce al detectado por la Agencia Tributaria en sus inspecciones. Resulta evidente que entre los miles y miles de denuncias la gran mayoría quedan archivadas sin sentencia. Desde luego, no se puede afirmar que todas sean denuncias falsas, pero tampoco que no lo sean. Es más, incluso en aquellos casos en los que ha habido sentencia habrá que preguntarse cuántas se han debido a que el denunciado, aun sintiéndose inocente, ante el peligro de ser condenado y dada la presión social existente, ha preferido pactar con el fiscal e indemnizar a la otra parte. No parece descabellado pensar que en procesos de divorcios haya mujeres que caigan en la tentación de usar el tema de la violencia doméstica para obtener ventajas de todo tipo.

La postura que Ciudadanos mantiene respecto al pacto de gobierno de la Junta de Andalucía resulta bastante incomprensible, a no ser que la explicación se encuentre en el palacio del Elíseo y en las declaraciones de Macron; que a su vez tienen difícil justificación, pues nadie sabe quién le ha dado vela en este entierro, sobre todo si se considera el desaguisado que tiene en su patio interno y el ridículo que ha hecho en Europa, donde Merkel le ha toreado y no ha conseguido prácticamente nada de lo que se había propuesto. En este burlesco trance de meterse donde no le llaman, le ha acompañado el vicepresidente de la Comisión Europea y futuro cabeza de lista de los socialdemócratas en las elecciones europeas, el holandés Frans Timmermans. Curiosamente, ninguno de ellos dijo nada sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya pactado con golpistas y haga depender de ellos su Gobierno. Además, no creo yo que estén en condiciones de dar muchas lecciones en materia de ultraderecha. Esta, donde de verdad existe, y quizás constituya un peligro, es en sus respectivos países y algo habrá tenido que ver en su crecimiento la actuación de los gobiernos socialdemócratas. No deberían establecer muchos cordones sanitarios, no sea que en un tiempo relativamente próximo sean ellos la minoría y otros estén dispuestos a aplicarles la misma terapia.

El documento firmado entre PP y Vox no parece que proporcione especial motivo de preocupación o miedo. Más peligroso puede ser el de PP y Ciudadanos, pues todas esas proposiciones que parecen muy bien intencionadas, casi una carta a los reyes magos, se desvanecen cuando se consideran las medidas fiscales: reducción de todos los impuestos progresivos (sucesiones, donaciones, IRPF, patrimonio, etc.), que va a disminuir sustancialmente la capacidad económica de la Junta y a dejar en papel mojado todas las mejoras sociales proyectadas. No van a ser precisamente las clases medias trabajadoras las que van a salir beneficiadas, tal como torticeramente señala el documento. Da la sensación de que los firmantes están bastante despistados acerca de entre qué tramos de renta se sitúa la clase media en Andalucía. La izquierda mientras se rasga las vestiduras con Vox se olvida del verdadero peligro, el neoliberalismo económico.

republica.com 18-1-2019

Mi buen amigo Luis Velasco, a finales del pasado mes de septiembre, escribía un artículo en este diario digital con el título «Elecciones generales, ya, por favor». Se unía así a las muchas voces, y a gran parte de la opinión pública, que vienen reclamando la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios. Sin duda, tienen buenas razones para ello, pero no siempre lo político se encamina por la senda de lo razonable, como demuestra el hecho de que se haya querido gobernar con 84 diputados y con el apoyo de un conglomerado tan heterogéneo de partidos que resulta imposible cualquier acuerdo, tanto más cuanto que entre ellos se encuentran formaciones secesionistas cuyo único objetivo, por lo menos es lo que dicen, es la independencia.

Me temo que esta sea una de esas ocasiones en las que lo razonable escapa de lo político y que, por lo menos de manera inmediata, no habrá convocatoria de elecciones. Todo indica que Pedro Sánchez está dispuesto a enrocarse en la Moncloa. Ya lo dice la portavoz con tono solemne: «Este Gobierno es de granito engrasado». Por lo visto, el engrasado debe de ser más duro que el granito a secas. Será por eso que le resbale todo. En cualquier caso, lo que sí parece seguro es que, dure lo que dure, esta es una legislatura fallida. En realidad, lo deberíamos de haber intuido desde el principio, desde el mismo momento en que Pedro Sánchez se encastilló en lo del «no es no».

Éramos muchos los que veíamos con gran recelo el bipartidismo que, junto con la injusta ley electoral en vigor, nos condenaba o bien a la mayoría absoluta de un partido, estableciéndose un gobierno un tanto despótico, o bien a que una formación nacionalista prestase sus votos y cobrase el correspondiente peaje que, además de romper la equidad con otras Autonomías, producía los efectos desastrosos que en estos últimos años estamos presenciando. Así que saludamos con cierto optimismo el hecho de que la crisis económica dibujase un nuevo mapa electoral. Pensábamos que era el momento de la negociación, de los acuerdos y del consenso.

Hay que reconocer que Rajoy supo ver desde el primer día la nueva situación política creada y, habiendo sido el partido más votado, estuvo presto al consenso, ofreciendo la negociación y el diálogo por lo menos a los dos partidos que él consideraba constitucionalistas, sin cerrar ninguna forma de acuerdo, desde la coalición de partidos, hasta los compromisos puntuales, pasando por el pacto de legislatura. La proposición tenía sentido, ya que los dos problemas centrales con los que se enfrentaba España eran el problema catalán, ante el que se suponía que las posturas de las tres fuerzas eran convergentes, y la crisis económica, en la que, campañas publicitarias y electorales aparte, tampoco podía haber diferencias sustanciales, ya que los tres defendían la Unión Monetaria y por ende los condicionantes que esta imponía.

El PSOE, como partido que se postula de izquierdas, podría haber aprovechado el escaso margen que dejaba la carencia de moneda propia, para haber obtenido los beneficios sociales y las medidas progresistas posibles a lo largo de toda la legislatura, cualquiera que hubiese sido el tipo de acuerdo adoptado. Sin embargo, lo cierto es que el escenario cambió radicalmente con la tajante negativa de Pedro Sánchez a sentarse en cualquier mesa de negociación, lo que no puede por menos que resultar paradójico a estas alturas cuando se ha convertido en el campeón del diálogo con los independentistas.

No es demasiado arriesgado suponer que en aquellas circunstancias Rajoy hubiese adoptado una gran flexibilidad en la negociación. Es posible que estuviese dispuesto a conceder casi todo. Sin embargo, en cualquier alianza, había algo que no podía ceder el partido mayoritario, la presidencia del Gobierno, y paradójicamente era lo único que interesaba a Pedro Sánchez. Por eso, a pesar de la sorpresa colectiva -me atrevería a decir que incluso en buena parte de su propio partido-, se negó a sentarse en cualquier mesa de negociación con el PP. “No es no”. Ahí comenzó y terminó la legislatura.

Pedro Sánchez, en su megalomanía, se hizo otros planes, los de ser él el presidente de gobierno, a pesar de haber obtenido los peores resultados en la historia reciente de su partido y de contar con bastantes menos diputados que el PP. Es conocido cómo acarició la idea de establecer un acuerdo con Ciudadanos y Podemos, lo que resultaba bastante difícil. No hay duda de que Pedro Sánchez podía pactar por separado con ambas formaciones y que podía hacerse totalmente dúctil en materia ideológica para decirle a cada uno lo que quería oír, pero la mezcla resultaba inviable. Ciudadanos y Podemos eran como el aceite y el agua.

Teniendo en cuenta que el Comité Federal de su partido no veía con buenos ojos el pacto con Podemos, Sánchez ideó la táctica de negociar primero con Ciudadanos, creyendo que Podemos estaría obligado a votarle sin condiciones, con el argumento de que, de no hacerlo, se les podía acusar de preferir a Rajoy como presidente del Gobierno. No fue así, Pablo Iglesias consideraba que la diferencia en escaños entre el PSOE y Podemos era muy reducida y que, por lo tanto, se merecían una alianza en toda regla, un gobierno de coalición; por otra parte, pensaban que en unas nuevas elecciones podía darse el sorpasso y, sobre todo, de cara a un pacto de investidura, no querían ser compañeros de viaje de Ciudadanos, sino de los nacionalistas, como lo han conseguido dos años después. Bien es cierto que este amor por los golpistas es algo que un partido teóricamente de izquierdas como Podemos difícilmente puede explicar, sobre todo cuando uno de los dos partidos del independentismo (la antigua Convergencia, ahora llamada PDeCAT) no tiene que envidiar en nada al PP ni en conservadurismo ni en corrupción.

La historia es de sobra conocida: nuevas elecciones con peores resultados del PSOE, intento de Pedro Sánchez de prescindir del Comité Federal de su partido, investidura in extremis y en precario de Rajoy como presidente de gobierno con tan solo 135 diputados y sin que la izquierda pudiera obtener casi nada a cambio dada la premura del tiempo. Posteriormente, las primarias en el PSOE en las que triunfó la demagogia de Pedro Sánchez que supo explotar con el “no es no” el odio y el sectarismo originados durante 30 años de bipartidismo en las relaciones entre las dos formaciones mayoritarias. Es curioso que los mismos militantes de toda España que repudiaban cualquier negociación con el PP se encuentren ahora tan cómodos dialogando con partidos golpistas, supremacistas, fascistas y responsables del 3%.

Las primarias consolidaron el caudillismo de Pedro Sánchez, destruyendo todo posible equilibrio de poder en el PSOE. Después de haber sido coronado por las bases, nadie tiene fuerza dentro del partido para oponerse a sus planes, por muy descabellados que sean. Se cerró así toda posibilidad de consenso y acuerdo con el Gobierno y Sanchez volvió a coquetear, aunque pareciese incoherente y poco ética, con la posibilidad de constituir lo que desde su propio partido habían denominado gobierno Frankenstein, y que en la legislatura pasada no había podido lograr.

Ante el cerco del PSOE, Rajoy, con 135 diputados y con un apoyo vacilante de Ciudadanos, que tampoco era suficiente para alcanzar la mayoría necesaria, apenas pudo gobernar. Para aprobar dos años los presupuestos, se vio obligado a acercarse puntualmente al PNV, que cobró sus servicios a muy buen precio. Se retornaba así a lo de siempre, a que la llave estuviese en manos de los nacionalistas. En esta ocasión, sin embargo, con una diferencia, tan solo los vascos entraban en el posible pacto, puesto que era impensable llegar a un acuerdo con los catalanes, declarados ya en franca rebeldía. Todo el mundo lo consideraba insólito, una contradicción en sus propios términos. Todo el mundo menos Sánchez, quien no tuvo ningún reparo en apoyarse en ellos para llegar al gobierno.

Lo concedido por el Gobierno de Rajoy al PNV y a Ciudadanos indica bastante bien las conquistas sociales y las medidas progresistas que el PSOE a lo largo de estos cuatro años podría haber conseguido mediante el pacto y la negociación. De haberse planteado la legislatura de otra manera, habrían sido mucho más elevadas y numerosas que las ahora presentadas con toda solemnidad y boato con Podemos, y que resulta tan improbable que puedan aplicarse, y en todo caso su aprobación quedaría condicionada a los golpistas y a sus exigencias. Pero es que, en el fondo, a Pedro Sánchez le importa poco todo esto y las medidas que podrían o no, aprobarse. Lo único relevante para él es haber llegado a presidente del Gobierno y conseguir mantenerse en el puesto en la próxima legislatura.

Es por eso por lo que la puesta en escena de Sánchez con Pablo Iglesias el pasado 11 de octubre constituye una copia mimética de la que organizó hace poco más de dos años con Rivera. Entonces se trataba de un programa de gobierno en las antípodas del que se ha firmado ahora. Eso para Sánchez carece de valor. Lo substancial es el fin y ese sí que es idéntico, llegar o permanecer en la Moncloa. El documento que los líderes del PSOE y de Podemos han firmado y han presentado a la prensa no es un presupuesto, sino un plan de gobierno, en definitiva, un programa electoral para la próxima legislatura y como todo programa electoral está elaborado en buena medida para no cumplirse.

La señora ministra de Hacienda afirma que estos son los presupuestos más sociales de la Historia. Por este lado, nada nuevo. Hace poco lo proclamaba Montoro en referencia a los de este año. Es una constante en toda presentación. Lo específico en este caso es que se predica de unos presupuestos que no existen o, al menos, no se han hecho públicos. Lo que sí es irónico y hasta jocoso es la aseveración de la ministra de Hacienda indicando que nunca se había dado más información, y ello cuando no se ha facilitado, y es de suponer que no existen, ni ley ni estado numérico ni partidas, ni posibilidad de descubrir si los números cuadran o no porque sencillamente no hay números. Por no saberse, no se sabe ni la cuantía del gasto público ni cuál va a ser el déficit. Sus explicaciones acerca del 1,3% o del 1,8% parecían extraídas de una película de Berlanga. ¿Cómo no va a pedirles explicaciones la Comisión Europea? ¿Muy benignos? No. Solo pueden decirles, oigan, con esto que nos han enviado no podemos afirmar nada. Cuando tengan un presupuesto, nos lo mandan. Por ello, la carta la firma un director general en lugar del Comisario. El documento no ha podido pasar ni la primera criba. No tenía consistencia ni siquiera para ser acreedor a un primer dictamen.

Rajoy con 135 escaños apenas pudo gobernar, ¿cómo va a hacerlo Sánchez con 84 diputados, teniendo que apoyarse en los golpistas y en los grupos más heterogéneos, sin controlar la Mesa del Congreso, y teniendo el PP mayoría en el Senado? Y lógicamente no puede esperar que el PP les apoye después del cerco al que le sometieron cuando estaba en el gobierno. Se quiera o no, la legislatura está agotada, ha sido una legislatura fallida, lo que era previsible desde que Pedro Sánchez comenzó a entonar el “no es no”, negándose a todo pacto que no incluyese para él la presidencia del gobierno. Esperemos que en la próxima legislatura no vuelva a repetirse la faena.

republica.com 26-10-2018