ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El 3 de marzo pasado se cumplieron 25 años del primer triunfo electoral del PP con José María Aznar a la cabeza. Con tan fausto motivo, se han disparado los botafumeiros y las alabanzas. No solo han sido los medios de comunicación que podríamos llamar de derechas No sé si alguno merece el calificativo de izquierdas, sobre todo en lo referente a la política económica; sanchistas, sí, pero ese es otro tema. El caso es que casi todo el mundo se ha volcado en loas sobre el buen hacer de Aznar en materia económica. Pienso de manera muy distinta y considero que gran parte de los graves problemas que aquejan actualmente a la economía española tienen su origen en la época de Aznar.

Es más, el 13 de abril de 2004 publiqué un artículo en el diario El Mundo titulado “La encrucijada económica del nuevo Gobierno”, en el que pretendía, de forma figurada, avisar al Ejecutivo de Zapatero recién constituido de la herencia perniciosa que en materia económica le transmitía el gobierno saliente. Entonces como ahora había una impresión equivocada acerca de la política económica aplicada por el PP. Existía un cierto consenso alrededor de esa frase acuñada por Aznar de “España va bien”. Ciertamente el triunfo de Zapatero no se debió a la economía, sino al fatídico atentado cometido en Madrid tres días antes de las elecciones. Incluso Pedro Solbes aceptaba que la situación económica era buena.

En el artículo citado pretendía yo desmontar esa falsa creencia y -tal vez con cierta arrogancia- advertir al Gobierno recién nacido de los desequilibrios que se ocultaban detrás de esa falsa fachada construida a base de propaganda; ponerle sobre aviso acerca de las amenazas que entonces ya se cernían sobre la economía española y que, de no corregir la trayectoria, iban a ser ellos los que terminarían pagando los platos rotos. Ni que decir tiene que no hicieron ni caso, y la política económica aplicada por Pedro Solbes siguió por los mismos derroteros que la del gobierno anterior, con lo que los desequilibrios y los peligros continuaron incrementándose hasta que en 2008, tras el detonante de las hipotecas subprime, estalló la burbuja que se había creado y parte del edificio se derrumbó.

Entre los panegíricos escuchados estos días sobresale el de que gracias a Aznar estamos en la Unión Monetaria (UM). Triste mérito, porque la UM está siendo para los países del Sur una losa que ahoga sus economías y una trampa de la que resulta imposible salir. No cabe argüir que no podíamos quedarnos fuera, porque, aunque parezca paradójico, la realización o no de la moneda única en 1999 dependió, en mucha mayor medida de lo que se piensa, de la decisión española. Una moneda única formada exclusivamente por los países del área del marco carecía de todo sentido. Se necesitaba al menos la presencia de Francia, pero era claro que Francia no estaba dispuesta a dar este paso en solitario, quedándose prácticamente al albur de la política dictada por Alemania y como furgón de cola del núcleo duro. Hay abrazos que matan. Francia precisaba a Gran Bretaña, Italia y España, o al menos a alguno de estos tres países, para arrastrarlos a la aventura de la UM. Es claro que Gran Bretaña no estaba por la labor; e Italia se mostraba muy reticente y solo la decisión firme de España la dispuso afirmativamente.

Es mentira que el ingreso de España en la UM se debiese a los esfuerzos del Gobierno Aznar para que se cumpliesen los criterios de convergencia. Esfuerzos hizo; bueno, más bien los hizo la sociedad española, pero lograrlo, poco. Ni falta que hacía porque la decisión de crear el euro se tomó, como hemos señalado, antes, por motivos políticos, flexibilizando todo lo necesario los criterios para que todo el que quisiese pudiera incorporarse. En 1996 ni un solo país, excepto Luxemburgo, los cumplía, pero es que en 1999 la convergencia no había avanzado mucho más. Por citar un ejemplo, las bandas del SME se ampliaron al +/-10%. Todo para hacer creer que la condición se mantenía, aunque en realidad las monedas quedaban en libre flotación.

Resulta imposible, aunque sea de forma sumaria, describir en este limitado artículo los defectos y carencias sobre los que se ha constituido la UM, los desequilibrios y desigualdades que genera entre los países miembros, así como las contradicciones a las que tiene que enfrentarse día a día y que convierten su funcionamiento en anárquico y asimétrico. Los he descrito en otros muchos artículos, y más extensamente en mis libros “Contra el Euro” y “La trastienda de la crisis” de la editorial Planeta.

En los primeros años tras la creación del euro se produjo cierta euforia. La existencia de una moneda única y el hecho de que no hubiese pasado suficiente tiempo para que apareciesen las contradicciones crearon una apariencia de prosperidad. Las cuatro devaluaciones de la peseta (tres con Solchaga y una con Solbes) habían devuelto la competitividad a la economía española y, en consecuencia, el equilibrio en la balanza de pagos. Pero esta situación duró muy poco. A pesar de la moderación de los salarios, el diferencial de inflación hizo pronto su aparición y con él la pérdida de competitividad y el déficit por cuenta corriente en la balanza de pagos. Esta última variable llegó a alcanzar al final del gobierno de Aznar el 6% del PIB. Para comprender la desmesura que representaba este porcentaje conviene recordar que durante la etapa del gobierno anterior, cuando se esforzaban en mantener fijo el tipo de cambio preservando la peseta en el SME, los mercados les obligaron a realizar cuatro devaluaciones tan pronto como el déficit por cuenta corriente se elevó al 3% del PIB.

A pesar de los desequilibrios exteriores, la pertenencia al euro y, por ello, la imposibilidad de devaluar, permitió que la economía continuase creciendo, pero a crédito. Se trató de un crecimiento hasta cierto modo ficticio basado en una profunda inestabilidad, en el endeudamiento exterior y sometido al riesgo de la retirada de capitales, como de hecho ocurrió en 2008. Su plasmación más patente fue la burbuja inmobiliaria que antes o después tenía que estallar. El modelo de crecimiento seguido por los gobiernos de Aznar se basó en una mano de obra barata –favorecida en cierto modo por el fenómeno de la emigración–, en el consumo de las familias con su consiguiente endeudamiento y en el boom de la construcción.

Los gobiernos de Aznar se vanagloriaban de mantener las cuentas públicas en una situación de equilibrio. Pero detrás de este hecho se encuentra todo el proceso de privatizaciones de empresas públicas. La situación de cualquier unidad económica se mide no solo por lo que debe, sino también por lo que tiene. Se disminuyó el endeudamiento del sector público, pero por el procedimiento de reducir fuertemente los activos financieros. Se desprendieron de la participación que el Estado tenía en empresas muy rentables y estratégicas. Vendieron las joyas de la corona. El hecho de que ahora estén en manos privadas hace al Estado bastante más vulnerable y desarma a los diferentes gobiernos a la hora de instrumentar su política económica. Por otra parte, el menor endeudamiento público se compensó con creces con un mayor endeudamiento de las familias con el correspondiente impacto ya indicado en el déficit exterior, variable que es la verdaderamente estratégica. A Aznar le debió de pasar como a Zapatero, que nadie le habló del endeudamiento privado y especialmente del exterior, que constituía y constituye una espada de Damocles especialmente cuando está nominado en una moneda que el gobierno no controla como es el caso del euro.

Para enaltecer la política de Aznar se ha señalado el considerable número de puestos de trabajo que se crearon, pero esto se logró a costa de una baja productividad (las tasas de esta variable se encontraban entre las más reducidas de los últimos cincuenta años) y de precarizar todo el mercado laboral. El dato más llamativo es que, habiendo aumentado -en unidades equivalentes de empleo a tiempo completo– en tres millones el número de asalariados (un 26%), la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional no se incrementó, sino que por el contrario se redujo en algunas décimas. Difícilmente se pude atribuir, por consiguiente, a los salarios los diferenciales de inflación surgidos frente a otros países de la Eurozona.

Desde una óptica de izquierdas, uno de los aspectos más criticables de la época de Aznar es la política fiscal y presupuestaria aplicada. El sistema tributario se hizo mucho más regresivo, al primar los impuestos indirectos sobre los directos y más concretamente sobre el IRPF, cuya recaudación pasó de ser el 38% de todos los ingresos en 1995 al 31% en 2002. Las distintas reformas de este gravamen beneficiaron a las rentas altas y sobre todo a las de capital, a través del trato privilegiado concedido a las plusvalías. Incluso existe la sospecha de que las rebajas fiscales que incidieron sobre las clases bajas y medias terminaron trasladándose a los empresarios mediante un rebaja en los salarios nominales, dado el espejismo que habitualmente se produce en los trabajadores de considerar las retribuciones netas. Una desmesurada obsesión por el déficit cero, unida a las continuas rebajas en la imposición directa, redujeron la suficiencia del sistema con la paralela traducción en las partidas de gastos, en especial en las prestaciones y servicios sociales. Bien es verdad que, en esto, como en casi todo, los gobiernos de Zapatero siguieron el mismo camino.

Dejando atrás la política económica, Aznar es, en gran parte, responsable de los problemas actuales en Cataluña. Cuando del “Pujol, enano, habla castellano” pasó al “hablar catalán en la intimidad”, y concedió todo lo que le pidieron los convergentes en el Majestic, abonó el terreno para lo que ha venido después. Se configuró un nuevo sistema de financiación autonómica, otorgando capacidad normativa sobre impuestos cedidos y compartidos. Se acordó transferir a las Autonomías el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. Se traspasó a la Generalitat la competencia sobre puertos y también las del entonces INEM. Se convirtió a los mossos d´esquadra en un auténtico cuerpo de policía y se incrementaron fuertemente las inversiones en Cataluña, en especial en el AVE.

Aznar completó las transferencias de sanidad a las Autonomías, y renunció a recurrir la política de inversión lingüística adoptada por la Generalitat. En el Majestic se acordó la supresión del servicio militar porque se consideraba una humillación que los niños de papá catalanes tuviesen que jurar la bandera española, se convino eliminar la figura del gobernador civil porque molestaba a los nacionalistas al diluir la Comunidad a favor de las provincias y se aceptó cambiar la organización y política del PP en Cataluña, sustituyendo a su presidente, Alejo Vidal-Cuadras, por Piqué quien mantenía una postura mucho más flexible frente al nacionalismo.

Después de todo lo anterior no puede por menos que resultar extraño que Aznar pretenda dar lecciones sobre Cataluña. Tampoco parece muy lógico que lo haga sobre la unidad del centro derecha y acerca de la necesidad de construir un discurso político coherente, ya que el único discurso que él manejó en la oposición fue la promesa de bajar los impuestos, siguiendo la senda que le trazaba el diario El Mundo, además del eslogan de “Váyase, señor González”. Lo que finalmente le hizo ganar las elecciones, y por un margen muy pequeño, fueron los múltiples casos de corrupción que surgieron en la última etapa de González.

En cuanto a sus consejos acerca de la unificación del centro derecha no dejan de ser grotescos pues nadie ha hecho más para dividirlo que él criticando la actitud moderada de Rajoy. Rajoy no solo tuvo que enfrentarse a las dificultades económicas derivadas en buena medida de las políticas de los gobiernos de Aznar y de Zapatero, sino también a las críticas y batallas internas de su partido en las que también tuvo Aznar una parte importante, y que  colaboraron al nacimiento de Vox. Aznar no puede ahora esconder la mano después de haber tirado la piedra.

republica 12-3-2021

No me he prodigado en tratar en mis artículos el tema de la corrupción. Pienso que está sobredimensionado en la prensa, quizás por culpa de los propios políticos que ven en él un medio fácil de cargar contra el adversario, sin que de verdad les importe combatirla. Una gran parte de la sociedad es proclive a la carnaza. Hoy, sin embargo, voy hacer una excepción, pero acentuando la gran hipocresía que muchas veces se esconde tras la materia.

El Partido Popular ha pretendido justificar sus malos resultados en Cataluña por las filtraciones a la prensa de las nuevas declaraciones de Bárcenas. En realidad, hasta ahora nada nuevo. Dudo mucho, no obstante, que en esta ocasión hayan tenido un papel clave en el resultado estas informaciones interesadas. En otros momentos sí; por ejemplo, en la moción de censura, ya que fue la coartada de la que se valió Sánchez para dar el paso que hacía mucho tiempo acariciaba, pero que no se había atrevido a realizar, el de conseguir el gobierno pactando con los partidos que acababan de consumar un golpe contra el Estado.

Los resultados del PP en Cataluña y en el País Vasco nunca han sido muy brillantes. Tanto CiU como PNV aglutinaban buena parte del voto conservador. Lo novedoso es que el independentismo se ha hecho con el voto que tradicionalmente se considera de izquierdas. En esta ocasión, el PP en Cataluña ha sufrido la erosión de Vox, que se ha apoderado del votante más radicalmente españolista y que ansiaba una reacción más tajante frente al extremismo independentista. En todo ello no creo que haya influido demasiado el caso Bárcenas.

Tampoco se explica la reacción del líder del PP al pretender desentenderse de los errores y corrupciones del pasado que afectan a su partido. Más sorprendente aún ha sido la solución adoptada de abandonar Génova. Encarnar en la sede las corrupciones que haya podido cometer el partido o alguno de sus miembros responde a una concepción cuasi mágica similar a la adoptada por algunas culturas antiguas que sacrificaban un macho cabrío o un animal similar en la creencia de que con él se quemaban las culpas de la tribu o del pueblo. Existe una clara contradicción en la dirección de los populares cuando por una parte reivindican todo lo bueno que según ellos ha hecho el PP y, por otra, contemplan sus errores y corrupciones como si no fuesen con ellos.

Bien es verdad que esta forma de actuar no es única ni exclusiva del PP. Todas las formaciones políticas actúan de la misma manera. Sánchez se desentendió totalmente de los ERE de Andalucía, por señalar tan solo el último y más importante escándalo. ¿Y qué decir de las formaciones independentistas? Parece como si Pujol y el tres por ciento no tuviesen nada que ver con ellos. La historia de los partidos es una, y hay que asumir el lote completo, con lo bueno y con lo malo. En la vida política al igual que en la sociedad cada generación depende de la anterior. Pero es que, además, en los momentos actuales la gran mayoría de los políticos deben casi todo al partido. Podríamos decir que toda su vida personal, profesional y económica está unida a la formación a la que pertenecen. Todo lo han recibido de ella, y casi ninguno habría llegado a lo que es sin el partido. Difícilmente pueden renegar de toda su historia.

Pero dicho esto, hay que añadir que nada del pasado, en lo que no estén directamente implicados, puede representar una carga tan pesada que les invalide para actuar políticamente en el presente, entre otras razones porque nos quedaríamos sin política, la corrupción ha estado presente casi desde el principio de la democracia. De antes es mejor no hablar. Quizás no pueda ser de otra manera porque la vida pública se inserta en la sociedad, y sería una ingenuidad pensar que la corrupción está ausente de ella. Existe una cierta hipocresía social. Practicamos un comportamiento asimétrico respecto del gasto y del ingreso. Nos rasgamos las vestiduras ante la malversación de fondos públicos, pero contemplamos con cierta benevolencia el delito fiscal, como si no dañasen de la misma forma -y seguramente en mayor medida este último- a la Hacienda Pública.

La corrupción desde la perspectiva ex post, una vez cometida, debería permanecer básicamente en el ámbito penal, en el campo de la justicia, a la que se debe exigir que actúe con el mayor rigor sobre los responsables. En España no parece que los tribunales hayan sido renuentes en este cometido, teniendo en cuenta el número de asuntos que han sido investigados y aireados por la prensa. En todo caso, ha habido demasiados castigos de telediario sin que después hayan podido sustanciarse penalmente. La lentitud de la justicia, en buena parte no por culpa de ella, sino por la carencia de medios con que la han dotado todos los gobiernos, ha ocasionado que en multitud de ocasiones lo que debería permanecer en el ámbito penal se trasladase a la lucha política, convirtiendo los casos de corrupción en armas arrojadizas de unos contra otros.

Desconfío de las comisiones de investigación creadas en el Congreso. Nunca han servido para descubrir nada. Las conclusiones no obedecen a lo que se haya podido poner en claro a lo largo de sus sesiones, sino a las conveniencias e intereses de quien posee la mayoría. Raramente los casos pasados de corrupción se contemplan como fuente de enseñanza para adoptar las reformas y los medios necesarios a fin de evitar que se puedan cometer errores y delitos similares.

Aceptar la historia, sacar de ella las conclusiones adecuadas, no implica vivir de la herencia. Es absurdo que los políticos actuales se apropien como méritos los éxitos que se suponen realizados por su partido. De la misma manera tampoco es lógico que se les pretenda hacer responsables de las irregularidades o delitos cometidos en el pasado. Son las dos caras de la misma moneda. Incluso en el caso de los partidos independentistas catalanes lo que les invalida e ilegitima no es tanto el haber propiciado un golpe de Estado, con la consiguiente malversación de fondos públicos, sino el hecho de mantenerse en él y afirmar que volverán a repetirlo.

Existe una cierta deformación en el comportamiento electoral y político de la sociedad española, mucho más dependiente de las siglas y de la historia de las formaciones políticas que de sus actuaciones presentes. Es un proceder conservador, renuente al cambio e identitario. A los políticos actuales hay que juzgarles por sus actos, por sus políticas y, en materia de corrupción, por las medidas que proponen o adoptan para evitarla. Y ahí es donde casi todos los partidos hacen aguas. No parece que haya intención seria por parte de las formaciones políticas de crear las condiciones que dificulten y hagan casi imposible la corrupción, comenzando por fortalecer y potenciar la independencia de la justicia.

Los partidos han venido desfigurando los mandatos constitucionales acerca de cómo elegir los miembros de determinados órganos, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. La Constitución, al fijar el porcentaje de 3/5, pretendía conseguir un consenso suficiente entre los diputados que garantizase que, aparte de la cualificación técnica, los seleccionados poseyesen la neutralidad necesaria sin sesgos partidistas. Las formaciones políticas han  distorsionado esta previsión convirtiendo los nombramientos en un intercambio de cromos. Yo voto a los tuyos, si tú votas a los míos, de manera que se consigue el efecto totalmente contrario al querido constitucionalmente, los elegidos son a menudo los más politizados y unidos de una u otra forma a los partidos políticos.

En estos momentos, tanto el PSOE como el PP, tras muchos dimes y diretes, han optado por adentrarse por esta vía. Curiosamente todos los partidos, aun los más críticos con el sistema, Podemos, Vox, Esquerra, PNV, etc., han reclamado su cuota y no es que quizás, aceptado este juego, no tuviesen derecho a ella, sino que parece una cierta contradicción que los que se quejan de la politización de la justicia se introduzcan por un camino que la incrementa. Desde luego, sería paradójico que un partido como Esquerra, que manifiesta estar dispuesto a repetir un golpe de Estado, pueda intervenir en la designación de los miembros del poder judicial.

En el tema de la corrupción ha tenido especial gravedad la proyección de esta forma de nombramiento en los consejeros del Tribunal de Cuentas. Al menos desde la aprobación de su ley de funcionamiento, el PSOE y el PP se han repartido por igual, 6 y 6, la designación de los consejeros, de manera que este organismo ha quedado prácticamente inutilizado e incapacitado para acometer cualquier problema de corrupción relevante, puesto que una parte frena a la otra cuando le interesa, y viceversa.

Tampoco los partidos políticos han estado demasiado prestos a perfeccionar normas, procedimientos administrativos, e instrumentos y órganos de control, tendentes a minimizar el riesgo de la corrupción. Más bien, cuando gobiernan en el Estado, en las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos, con la excusa de conseguir una gestión ágil, han procurado por todos los medios librarse lo más posible de las ataduras administrativas.

Centrándonos en el presente, el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del plan de recuperación, es un buen ejemplo de lo anterior. Constituye un catálogo de todos los instrumentos posibles tendentes a desregularizar la gestión y generar los agujeros necesarios que permitan evitar los controles y condicionantes que deben regir la administración de los fondos públicos. Estos se van a conceder con total discrecionalidad, cuando no arbitrariedad. En el menos malo de los casos, va a crear una red clientelar para afianzar el poder del Gobierno; en el peor, dará lugar a todo tipo de corruptelas y a malversación de fondos públicos.

Desde el punto de vista político, esto es lo que nos debería estar inquietando y también lo que debería atraer principalmente la atención de los medios, cómo evitar la corrupción futura. La pasada ya no tiene remedio, dejémosla en manos de los tribunales, pero eso sí, sin que antes hayamos pretendido meter nuestras manos en ellos.

republica.com 5-3-2021

“Cuando un mortal se entrega a labrar su propia perdición, los dioses acuden a colaborar para que consiga su cometido”. No estaría mal que esta frase de Esquilo resonase en los oídos de la nueva dirección de Ciudadanos, porque parece que esta formación política está empeñada en caminar hacia su desaparición. Es cierto que la situación heredada por Arrimadas ha sido francamente mala, pero, siguiendo la ley de Murphy, si algo puede empeorar, empeorará. Pretender situarse en el centro no es garantía de supervivencia, en especial cuando el río baja revuelto. Que se lo digan si no al CDS.

La trayectoria de Ciudadanos ha sido un tanto ambigua. Fue meritorio su comportamiento casi en solitario en contra del nacionalismo, cuando su acción se reducía exclusivamente a Cataluña. Sin embargo, tras su salto al ámbito nacional, no ha sabido encontrar ni su sitio ni su papel. Hasta ahora sus planteamientos han sido impecables en lo referente a la política territorial, pero en el resto de los asuntos ha dado tumbos sin mostrar un perfil coherente. Comenzaron reduciendo su discurso a una especie de rigorismo, según el cual solo ellos eran los cátaros, los puros. Pretendieron instaurar un cierto código ético, un catecismo de la democracia, pero reducido a meros aspectos formales, muchos de ellos discutibles e incluso algunos contraproducentes como el de las primarias.

Más tarde, entraron en una carrera desenfrenada por arrebatar al PP el liderazgo de la derecha, presentando en el ámbito económico un programa muy similar al de esta formación política, incluso más reaccionario. Fue elaborado por un grupo de profesores que, en su momento y para medrar, habían rondando sin demasiado éxito al Gobierno de Rajoy, y que también se acercaron, con mejor resultado en esta ocasión, a las proximidades del Ibex 35. De ahí la simpatía que los dirigentes de las grandes sociedades mostraron en un principio por la formación naranja, en detrimento incluso de los populares.

En su andadura por la política nacional, Ciudadanos ha cometido una serie de equivocaciones que los condujeron muchas veces a obtener todo lo contrario de lo que, al menos en teoría, era su objetivo y que constituía su mayor activo, la firmeza frente al nacionalismo. La primera fue ya en 2015 cuando, basándose en una supuesta corrupción generalizada del PP y personalizándola en Rajoy, Rivera aseguró que bajo ningún pretexto estaba dispuesto a pactar o a votar al entonces líder del PP, insinuando que la postura sería distinta si los populares presentaban otro candidato. Esa pretensión sin duda era un brindis al sol, y se fundamentaba en el desconocimiento de cómo funciona un partido ya consolidado como el PP. Era impensable que después de haber ganado las elecciones, aunque fuese por un escaso margen, los populares iban a descabalgar a su candidato.

El error de Rivera fue aún mayor cuando, tras los comicios de diciembre de 2015, se dejó arrastrar por Sánchez a ese vodevil del pacto, puro teatro, que realizaron en el Congreso y con gran dosis de parafernalia y de boato, bajo el cuadro de Genovés. Era evidente que no conducía a nada que Ciudadanos pudiera aceptar y que para lo único que servía era para que el líder del partido socialista ganase tiempo de cara a torear al Comité Federal, en ese objetivo ya acariciado de pactar con los independentistas.

Ciudadanos erró también cuando se mostraron contrarios y se opusieron durante largo tiempo a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, y aún más cuando, al ser ya la medida ineludible, la terminaron aceptando, pero condicionándola a la celebración inmediata de elecciones. El motivo, la creencia de que los comicios les iban a ser propicios, como así ocurrió en realidad, pero sin obtener de ello demasiados frutos políticos. Más bien al contrario, consiguieron que el independentismo volviese a gobernar, sin que hubiese habido tiempo para desarticular la estructura que había posibilitado el golpe de Estado.

Es muy posible, sin embargo, que la equivocación mayor la cometiese Ciudadanos en 2018 con su reacción desproporcionada y desmedida ante la sentencia sobre la Gürtel, pensando que así provocaban unas elecciones generales. Creían que iban a obtener mejores resultados de los que entonces tenían, e incluso que podían dar el sorpasso al PP. De nuevo, el efecto conseguido fue el contrario del que buscaban. Sánchez utilizó la sentencia y la reacción de Ciudadanos como coartada para la moción de censura, que le posibilitó hacerse con el gobierno con 85 diputados y conseguir lo que parecía imposible, ese proyecto ansiado desde tiempo atrás.

Ciudadanos, y en particular Rivera, se sintieron burlados por Sánchez, quien en ningún caso tras la moción de censura quiso convocar elecciones generales. No era para menos. Fueron conscientes de que su aireada y teatralizada ruptura con el PP, lejos de acercarles a su objetivo, les dejaba en mucha peor situación que antes. Perdían la capacidad de presión que hasta el momento habían mantenido frente al Ejecutivo, y se constituía un gobierno Frankenstein, que era todo lo contrario de lo que defendían. Se concedía así una buena dosis de poder a los golpistas. Eso explica, quizás, la tajante negativa que Rivera mantuvo a lo largo de toda la campaña electoral de abril de 2019 a pactar con Pedro Sánchez.

Se ha generalizado una especie de mantra que da por cierto que la mayor equivocación de Rivera se produjo cuando, tras las primeras elecciones de 2019 y teniendo 57 diputados, no quiso negociar con el PSOE y que esa fue la causa de la debacle que experimentó en noviembre de ese mismo año. Discrepo de tal aseveración. Si hubo error, sería tal vez en la campaña de abril momento en el que, de forma gratuita y sin que nadie se lo exigiese, reiteró con frecuencia la negativa a prestar su apoyo a Sánchez. Esa postura le proporcionaría votos provenientes de la derecha, pero le alejó del centro.

Es razonable pensar, sin embargo, que, tras las elecciones, pocos serían los electores que, habiendo apoyado a Ciudadanos bajo ese supuesto, querrían el pacto, que representaba en realidad un incumplimiento de la promesa electoral. La prueba es que los votos perdidos por la formación naranja no se orientaron (como hubiera sido lo lógico, si este hubiera sido el motivo del abandono) hacia la izquierda, ya que el bloque PSOE-Podemos obtuvo cerca de un millón de votos menos (diez diputados). Por el contrario, parece que se dirigieron hacia el PP motivados por el llamado voto útil, y en el intento de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Por otra parte, no conviene engañarse, el líder del partido socialista en ningún caso pensó seriamente pactar con Ciudadanos. Lo único que pretendía era su apoyo incondicional. De lo contrario, hubiese aceptado la oferta que Rivera le hizo en el último momento.

Los únicos que estaban totalmente a favor del pacto se encontraban dentro de la propia formación. Era el grupo que después se denominarían “críticos” y que curiosamente en buena medida coincidían con los que habían elaborado el programa económico, profundamente neoliberal, pero tal vez también los que tenían prisa por ocupar puestos de responsabilidad y de poder en la Administración. Serían también los que de forma más o menos velada se enfrentaron con Arrimadas tras la dimisión de Rivera. Ha sido este grupo, junto con los cañones mediáticos del sanchismo, los que crearon el mantra de que el desastre electoral de Ciudadanos en noviembre de 2019 se debió a no pactar con el PSOE. En buena medida son las mismas voces que mantienen ahora la conveniencia para Ciudadanos de ayudar a Sánchez. Da la impresión de que Arrimadas, que tan firme se mostró en Cataluña frente al golpismo, se ha dejado arrastrar por los vientos que vienen del grupo parlamentario europeo y que están conduciendo a Ciudadanos a representar un triste papel, el de comparsa del Gobierno Frankenstein.

El sanchismo ha sabido poner en circulación un discurso un tanto artero, el de la crispación, que afirma que en la situación difícil por la que atraviesa España, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, toda crítica al Gobierno es dañina, puesto que convulsiona la vida política. Los partidos lo único que deben hacer es plegarse a la voluntad del Ejecutivo (según dicen, arrimar el hombro). Las formaciones políticas, los medios de comunicación social, los periodistas, las personas en general, se dividen en dos categorías: los que crispan y los que ayudan. Premio para los segundos y anatema para los primeros. Según este discurso, Ciudadanos se ha encaminado ahora por el camino correcto, merece todos los parabienes.

El buenismo se ha adueñado también de muchos de los altavoces mediáticos que repiten con frecuencia que los españoles lo que quieren es que los políticos se entiendan. Sin duda y planteado así, ¿quién va a decir que no en las encuestas? El problema como siempre está en el qué, en el contenido. Es el eterno dilema. En Cataluña hay que dialogar. Sí, pero ¿de qué? Hay que reformar la Constitución, sí, pero ¿qué aspectos y con qué orientación? Las formulaciones vacías de contenido no conducen a ninguna parte. Son meros tópicos para encubrir la incompetencia o la imposibilidad de gobernar. Sánchez, en enero pasado, creó una alianza política monstruosa, contra natura, que le sirvió para ser investido presidente de gobierno, pero que difícilmente le permite gobernar, y mucho menos en la situación crítica actual (véase mi artículo de la pasada semana). De ahí su llamada al entendimiento. Pretende ahora que las fuerzas políticas que no le apoyaron en la investidura y que se opusieron radicalmente a la formación del gobierno Frankenstein le ayuden; dice que por el bien de España.

Ciudadanos parece haber caído en la trampa, comenzando por esa absurda propuesta de recrear los Pactos de la Moncloa (véase mi artículo de 23 de abril de este año), que fue cogida al vuelo por el PSOE. Pero no nos engañemos, en la situación actual Sánchez necesita repartir culpas y responsabilidades, pero de ninguna manera está dispuesto a dar participación en el gobierno y en las decisiones más allá de lo que se vio obligado con Podemos para conseguir la investidura. Lo que pide son votos y adhesiones en blanco. Eso sí, concede dádivas a los independentistas y regionalistas con aquello que no es suyo. Pero más allá y como mucho, a todo lo que está dispuesto es a realizar gestos y teatro, como con Ciudadanos, haciendo ver que le han arrancado tales o cuales medidas, que carecen totalmente de importancia. Resulta patético contemplar al portavoz de Ciudadanos justificarse en el Congreso por votar a favor del Gobierno Frankenstein, haciendo ver que lo hacen por el bien de los españoles. Al tiempo Sánchez pacta con Bildu y otorga prebendas a independentistas vascos y catalanes.

Hay una argumentación que resulta inocente o interesada, según como se mire. Mantiene algo así: la postura de Ciudadanos es muy conveniente porque libera a Sánchez de la dependencia de los nacionalistas. Es una forma curiosa de verlo. La dependencia de los golpistas y demás secesionistas no es algo sobrevenido como un fenómeno atmosférico, sino algo libremente asumido y querido por el sanchismo, que en ningún momento se ha planteado pactar con los constitucionalistas y que tampoco está dispuesto a hacerlo ahora. Es evidente que el bloque de la moción de censura y el de la investidura, continúa perfectamente vivo y es el que concede la mayoría al PSOE. Ciudadanos no puede proporcionársela y, desde luego, Sánchez no quiere aproximarse al PP pues sabe que tendría que pactar y compartir poder.

Ciudadanos, con sus diez diputados, no sirve de alternativa a la alianza de la investidura, solo de muleta a Sánchez para afianzar su poder dentro de ese grupo, que es el mismo que el de la moción de censura y, cuya fidelidad le reclaman continuamente, y que desde luego nunca va abandonar, porque con Ciudadanos o sin Ciudadanos la necesita forzosamente para continuar en el poder. Su alianza y sus intereses van mucho más allá del Gobierno central, se extiende por Comunidades y Ayuntamientos: Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia, etc. Ciudadanos, una vez más, va a protagonizar un penoso papel. Quiéralo o no, se va a convertir en un apéndice del bloque Frankenstein. Si deseaba girar a la izquierda, tenía un camino sencillo, ir rectificando poco a poco su programa económico hacia el espacio socialdemócrata que está casi vacío, pero sin corregir un ápice su discurso territorial, aun cuando tuviese que coincidir en esa materia con la derecha, incluso con la extrema. Lo de Agamenón y su porquero.

republica.com 19-6-2020

Ideologías aparte, hay que reconocer que Pérez Rubalcaba ha sido uno de los políticos más hábiles surgidos en España desde la Transición. De una perspicacia y sagacidad nada comunes. Pocas metáforas podrían haber sido más elocuentes que la de gobierno Frankenstein para describir el proyecto que, en su ambición desenfrenada, Pedro Sánchez estaba ya acariciando en 2016, y que llevaría a cabo en el 2018 con 85 diputados y tras una moción de censura deshonesta.

El personaje Frankenstein, sin nombre propio pero que adopta el nombre de su creador, es, según la novela de Mary Shelley, un monstruo construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital por la demencia y loca ambición de un doctor, que pretende construir clínicamente la vida. El resultado del experimento es sin duda trágico. No solo es que su apariencia y su constitución interna, elaborada con despojos y partes de individuos diversos y por lo tanto totalmente heterogéneos, sean repelentes y deformes, hasta el punto de que su creador reniegue de él y lo abandone, sino que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana e integrarse en la sociedad.

Lo acertado de la metáfora radica ciertamente en que lo que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, y lo que se ha vuelto a repetir en enero de este año, con la investidura de Pedro Sánchez, aunque legal, es algo, desde el punto de vista democrático, contra natura, repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Golpistas, independentistas, herederos de terroristas, regionalistas, populistas, etc., aunados con objetivos diversos, y a menudo contradictorios y contrarios al interés general. Pero la metáfora va más alla y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. De ahí las rectificaciones, los desmentidos, las falsedades e incluso las contradicciones de los que está enlosada todas sus actuaciones.

Después de dos años se está poniendo en evidencia que Pedro Sánchez no puede gobernar, al menos democráticamente. Que este periodo está lleno de irregularidades y desvaríos. Ha estado siete meses en funciones. Continúa con los presupuestos de Montoro, que en otro momento tanto criticó, sin que hasta ahora haya podido aprobar unos nuevos. Para aplicar los ERTE ha tenido que utilizar la reforma laboral de Rajoy que prometió derogar. Del mismo modo, se ha visto obligado a utilizar la denostada ley mordaza, para mantener el orden durante los estados de alarma. En todo este tiempo apenas ha sido capaz de aprobar una ley en el Parlamento. Ha tenido que instrumentar toda la actividad legislativa mediante decretos leyes, que constitucionalmente están reservados para los asuntos de urgente y grave necesidad.

Pero quizás donde mejor se hace presente la debilidad del Gobierno y de su presidente es en los apuros en los que se ve envuelto y en las múltiples concesiones que debe hacer cuando tiene que aprobar cualquier asunto en el Congreso. Algún periodista, de manera un tanto acertada, le ha calificado de “Pedro el de las mercedes”, basándose en el título que la historia otorgó al primer Trastamara por la cantidad de dádivas y favores que se vio obligado a conceder para que los nobles le coronasen rey (Enrique II), en detrimento de su hermano Pedro el cruel o el justiciero. También Sánchez se ha visto forzado a otorgar toda clase de mercedes para ser elegido tanto en la moción de censura como en la investidura, pero es que además se ve en la tesitura de continuar concediéndolas para poder dar cualquier paso en la gobernanza.

Lo grave de tal situación es que estas cesiones están insertas en un sistema de suma cero, de modo que lo que se otorga a unos se les quita a los demás, y se crea todo tipo de injusticias y de diferencias entre las Comunidades Autónomas. En muchas ocasiones, se llega aún más lejos, pues se entra en un claro compadreo con aquellos que han dado un golpe de Estado o continúan amenazando con darlo, o incluso con quienes no condenan la violencia de una banda terrorista por sentirse sus herederos. La situación en Cataluña sigue siendo esperpéntica, y causa rubor y vergüenza ajena ver al Gobierno de la nación tratando con algodones por miedo a ofenderles -al tiempo que acceden a todas sus peticiones- a los que afirman claramente que pretenden destruir el Estado.

El culmen de la farsa es cuando el reparto de las mercedes llega incluso antes de haber cazado la pieza. Así, Pedro Sánchez ha tenido que prometer al golpismo catalán que le permitirá participar en la gestión de ese fondo de recuperación, quimera que está pendiente de aprobarse en Europa y que no se conoce todavía, de forma definitiva, ni la cuantía, ni las condiciones, ni la forma en que se va a recibir.

En esta subasta de sinecuras en que se ha convertido cada votación parlamentaria tiene un puesto preeminente el PNV, de rancia tradición mercantil, dispuesto siempre a venderse al mejor postor, y a traicionar al anterior si le conviene, tal como demostró en la moción de censura. Estos tiempos convulsos son ideales para los mercenarios, y el PNV está sabiendo explotarlos sacando tajada de cada sesión parlamentaria. Su virtualidad petitoria la ha extendido últimamente sobre Navarra en un gesto simbólico de enorme trascendencia, aparentar que existe un protectorado de Euskadi sobre esa Comunidad, con el silencio cómplice del PSOE y de la señora Chivite, que gobiernan también, en una especie de entramado Frankenstein, la Autonomía.

La última canonjía conseguida es el privilegio de que los gobiernos del País Vasco y Navarra puedan manejar a su antojo en el ámbito de sus respectivas Autonomías el recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV). Es comprensible que el resto de las Comunidades solicitasen inmediatamente la misma prerrogativa, a lo que el Gobierno central se ha negado. Como colofón, el ministro que se jactaba de ser independiente (y ahora, como el resto del gabinete, es dependiente de los golpistas), para justificar la negativa de su señorito dependiente del PNV, no ha tenido ningún reparo en insultar y menospreciar al resto de las Comunidades, afirmando que la razón de la diferencia se encuentra en que las únicas que saben gestionar adecuadamente esa renta mínima (o como se llame en cada sitio) son Navarra y el País Vasco. Tendría que haber dicho más bien que son las únicas que han tenido dinero para hacerlo, ya que cuentan con un sistema de financiación privilegiado, anacrónico, y que crea una situación de clara iniquidad entre Autonomías.

La dependencia de los nacionalistas ha influido también en el diseño del IMV. El ministro independiente, en sus peroratas triunfalistas, ha citado a menudo la referencia que los organismos internacionales habían hecho acerca de la pobreza en España. Lo que quizás no ha señalado suficientemente es que todos ellos indicaban la situación de injusticia que se produce al ser las prestaciones de carácter autonómico y muy diferentes en la cuantía y en el diseño. Se echaba en falta una prestación nacional que terminase unificando la ayuda. La fórmula adoptada, sin embargo, y sin duda por presión de los nacionalistas e independentistas, no corrige en absoluto la disparidad ya que, en lugar de completar las prestaciones autonómicas igualando todas en el nivel estatal, crean una ayuda de tipo general compatible con las de las Autonomías, subsistiendo por la tanto la misma disparidad territorial.

La decisión de Pedro Sánchez de gobernar a cualquier precio y la imposibilidad de hacerlo, con 120 diputados y un gobierno Frankenstein, según los cauces normales, le ha conducido a saltarse, allí donde ha podido, los diques democráticos. Ha pretendido acallar toda crítica. Anatematiza cualquier censura con el argumento de que se crispa la vida política. Intenta por todos los medios controlar los medios de comunicación. Somete a TVE a un régimen sectario y partidista, olvidándose de todas las exigencias y requerimientos que hacía en la oposición. Igual ha hecho con puestos que tradicionalmente habían gozado de cierta profesionalidad como por ejemplo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, nombrando a uno de los militantes más sectarios del PSOE, que ha terminado por convertir este organismo en el hazmerreir de toda la ciudadanía, pues ya nadie se cree sus estudios y sus encuestas.

Las exigencias de sus socios golpistas le han hecho intervenir descaradamente en la Abogacía del Estado con la finalidad de que los informes jurídicos se hiciesen a su dictado y, sobre todo, que se modificasen de acuerdo con sus conveniencias las calificaciones penales que se debían mantener ante los tribunales, removiendo incluso de sus puestos de trabajo a los funcionarios que se negaban a cumplir sus indicaciones sectarias. Algo similar intentó con el Ministerio Fiscal, aunque hasta ahora le ha resultado más difícil de conseguir, pero por eso mismo ha situado al frente de la Fiscalía General del Estado, a quien de ministra de Justicia había dado ya suficientes muestras de parcialidad y de no tener ningún reparo en torcer la legalidad para conseguir los intereses políticos del Gobierno.

La última hazaña en ese querer utilizar las instituciones estatales para su propia pervivencia ha sido la obstrucción de la labor de la policía judicial, con cese incluido del funcionario que se negó a cometer una ilegalidad, descubriendo el contenido de la investigación que estaba bajo secreto sumarial. A los sanchistas, con tal de solventar sus problemas, no les ha importado originar toda una crisis en la cúpula de la Guardia Civil, que veía con escándalo cómo se pretendía utilizar la institución como jamás se había hecho.

No es la primera vez que este Gobierno recurre a la pérdida de confianza y a la libre designación. Pero la libre designación no es la libre remoción. Es ya doctrina del Tribunal Supremo que los ceses en los puestos de los empleados públicos de cierto nivel deben ser motivados. Actualmente en la Administración abundan los puestos de libre designación afectando a los niveles de responsabilidad. Permitir arbitrariamente la libre remoción por el poder político es deteriorar de forma grave la ecuanimidad  de la que debe estar dotada la Administración.

En esta misma línea de patrimonialización de la función pública, el Gobierno Frankenstein está multiplicando los puestos de alto nivel, todos ellos clasificados como de confianza, carentes de contenido y de competencias, y orientados a colocar a amigos o a miembros de los respectivos partidos sin conexión alguna con la Administración. Una de las garantías de la imparcialidad y objetividad de la función pública radica en que los puestos de trabajo sean ocupados por funcionarios públicos, reclutados según procedimientos reglados en los que se puedan determinar los méritos y la capacidad. Está establecido que la provisión de las direcciones generales se realice entre funcionarios y solo cuando el puesto sea tan específico que no haya ningún empleado público capacitado se permite nombrar a alguien ajeno a la Administración.

El Gobierno Frankenstein está convirtiendo la excepción en la regla y, a veces, de la forma más descarada, pueblerina y cutre posible. Un presidente de gobierno que crea una dirección general sin contenido para hacer un huequito profesional a su amigo de la infancia. Encima quieren justificarlo por eso del currículum. Los currículos son todos excelentes. El papel lo aguanta todo. Menos mal que a la Administración no se entra por el currículum, sino por las oposiciones. En cualquier caso, no se trata de demostrar que Iñaki Carnicero puede desempeñar muy bien el puesto (seguro que sí, no tiene contenido), sino que no había ningún funcionario capacitado para ocuparlo, tal como indica la norma.

La obra de Mary Shelley tiene un subtítulo que casi nadie cita, “El nuevo Prometeo». La autora pretende relacionar a su protagonista con el titán de la mitología griega que, arrastrado por su ambición, lleva su osadía al extremo de retar a los dioses y es torturado por ellos. La soberbia del doctor Frankenstein le conduce a desafiar las leyes de la naturaleza y es castigado por su propia obra, ese engendro grotesco e incontrolable que se vuelve contra su creador. Pedro Sánchez, llevado por su orgullo y ambición, violentando el orden lógico de la política y de la ética y en contra de lo que era la voluntad de su propio partido, ha creado también un monstruo patético y deforme difícil dominar, el gobierno Frankenstein. La obra de Mary Shelley tiene una moraleja: el castigo que acarrea a quien, en función de la soberbia y el orgullo, traspasa los límites éticos y del orden natural. Dudo mucho de que eso se aplique al pie de la letra a la política. No sé cuál será el final de Pedro Sánchez, pero me temo y creo intuir que las consecuencias negativas serán para los españoles.

republica.com 12-6-2020

El independentismo catalán y el Gobierno Frankenstein nos tienen acostumbrados a lo insólito. Pues he aquí que, a pesar de ello, siempre logran sorprendernos, porque cada disparate es mayor que el que le precede. La última ocurrencia consiste en requerir la nacionalización de Nissan. Nada más y nada menos que una multinacional japonesa. El primero en lanzarse a la piscina parece haber sido el portavoz de Esquerra Republicana y, como se trata de nacionalizar, habría que preguntarle a cuál de las naciones se refiere, si a la española o a la catalana. Puestos a soñar empresas imperiales es posible que esté dispuesto a proponer también la invasión por la grandiosa nación catalana de Japón y su anexión posterior como colonia. Reinventando la historia, puede llegar a descubrir que, en algún momento, el imperio del sol naciente y otros similares pertenecieron al condado de Barcelona.

Rufián quiere ceder la fábrica en régimen de cooperativa a los trabajadores. Menudo regalo. Debe de pensar que las multinacionales del sector de la automoción se reproducen, como las estrellas de mar, por arquitomía. De un solo brazo fragmentado puede salir un individuo completo. Rufián cree que de una fábrica abandonada podemos extraer por la fuerza y la virtualidad del independentismo una Nissan pequeñita lista para mantener el empleo de 23.000 trabajadores, producir los coches más ecológicos del mundo y al precio más atractivo. Por supuesto, sin que importen el capital del que se disponga, las patentes, las marcas y la tecnología con la que se cuenta, el nicho que se posee en el mercado y los canales de distribución, y todo ello en uno de los sectores más competitivos del mundo, aunque al mismo tiempo de los más concentrados y en el que las economías de escala son fundamentales. Las limitaciones de la Unión Europea tampoco existen; en todo caso, carecen de importancia. ¿Pero en qué país viven?

El señor Rufián es muy joven para poder recordar, y por lo visto no ha tenido demasiado tiempo para documentarse, pero el sector público español ya tuvo una empresa de automoción, SEAT, reliquia del franquismo, nacida a la sombra de FIAT e incardinada en el holding INI. Dado que carecía de la tecnología y de los canales adecuados de distribución, y teniendo en cuenta la progresiva internacionalización del mercado del automóvil, SEAT resultó inviable en cuanto España se abrió a los mercados extranjeros. Su privatización, sin entrar a valorar la forma en que se llevó a cabo, fue inevitable. Se vendió a Volkswagenen 1986. ¿Qué decir después de 34 años, en los que la globalización se ha impuesto, el mercado del automóvil se ha integrado totalmente y nosotros pertenecemos a la Unión Europea?

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, muy seguro de sí mismo y cargado de razón, ha lanzado un tuit en el que afirma que «Nacionalizar Bankia para salvar un banco es de estadista; nacionalizar Nissan para salvar a 23.000 trabajadores es de comunista». Si yo fuese comunista me sentiría ofendido porque proponer nacionalizar Nissan no es de comunistas, sino de berzotas e ignorantes, eso sí con mucha prepotencia, y sin ser conscientes de su condición. Pero, de verdad, ¿son estos los que quieren crear el estado catalán? Lo malo es que no solo rigen la Generalitat, sino que están condicionando el gobierno de España.

Por otra parte, es difícil de entender el problema que algunos tienen con las entidades financieras. Rufián afirma con cierta ignorancia que Bankia se nacionalizó para salvar un banco. Por lo visto, los bancos no tienen trabajadores a los que rescatar. Pero es que, además, Bankia nunca se nacionalizó, se creó ya con carácter estatal y no para salvar un banco sino a una serie de cajas de ahorro que se encontraban prácticamente en quiebra. No tenían detrás a accionistas, asquerosos capitalistas, indignos de merecer el auxilio público, sino a trabajadores, a depositantes y demás acreedores, en muchos casos empresas, que a su vez se hubiesen visto arrastradas por la caída de las cajas y dejado en el paro a multitud detrabajadores. Eso es lo delicado y específico de las entidades financieras, que su quiebra conlleva la de otras muchas corporaciones y, en ocasiones, la de otras entidades financieras, transmitiéndose a toda la economía nacional en forma de dominó. Al final, no queda otro remedio más que socializar pérdidas. Por ello, su vigilancia resulta trascendental, ya que cuando se hunden terminan costando el dinero a todos los ciudadanos. Y entonces ya no tiene sentido llorar por la leche derramada.

Detrás de la crisis de las cajas de ahorro no ha habido banqueros, sino políticos, políticos de todos los signos. Constituye un triste legado para la izquierda, que vio diluirse la posibilidad de contar con una banca estatal. Fue mi primera desilusión respecto al partido socialista recién llegado al gobierno y también mi primera discrepancia, el tratamiento dado a las cajas de ahorro al poco tiempo de ganar las elecciones en 1982. Renunciaron a crear con ellas una potente banca pública. Mediante la Ley de órganos rectores de 1985, las dejaron en manos de las Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que se las configuró como presas fáciles del caciquismo local y se las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza -ni públicas ni privadas- las hizo totalmente vulnerables ante la recesión de 2008, en curioso contraste con la crisis bancaria de los años ochenta, en la que sufrieron mucho menos que los bancos, ya que fueron estos los que necesitaron en mayor medida la ayuda estatal.

Es posible que la razón por la que al portavoz de Esquerra Republicana no le guste el rescate de Bankia se encuentre en que los trabajadores y depositantes no eran catalanes, sino principalmente madrileños y valencianos. Pero habrá que recordarle que, en términos relativos, el mayor agujero al erario público no lo ha causado Bankia sino Caixa de Cataluña. Esta entidad, ahora en manos del BBVA, costó al Estado alrededor de 12.000 millones de euros, seguramente más en términos absolutos que la aportación a Bankia, si descontamos su valor actual. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta el volumen de ambas entidades, el pufo de la Caixa fue al menos cuatro veces mayor que el que puede resultar de Bankia. La diferencia, para que el portavoz de Esquerra no haya reparado en ella, puede estar en que era catalana y al frente de la entidad no estaba ningún gánster de la derecha, sino un prohombre del PSC como Narcis Serra.

Lo mejor que el independentismo catalán puede hacer en el tema de Nissan es examen de conciencia y procurar enmendarse de cara al futuro. No digo yo que la causa única de la marcha de Nissan estribe en el procés. Son, sin duda, muchas las variables que han podido influir en una decisión tan complicada como esta, e inserta en una estrategia de mercado de una multinacional de tales dimensiones. Habría que preguntarse incluso si la política medioambiental de la Unión Europea, comparativamente mucho más rígida que la de otras latitudes, no tiene su influencia. Pero, en cualquier caso, la inseguridad que la presión independentista ha instalado en Cataluña no ayuda precisamente.

El referéndum del uno de octubre y sus secuelas expulsaron de Cataluña a una parte considerable de su tejido empresarial, no solo por el número sino por la relevancia de muchas de las compañías que modificaron al menos su domicilio social. Otras, como las del sector de la automoción, de más difícil deslocalización, no tuvieron más remedio que quedarse, pero eso no quiere decir que permanezcan impasibles e indiferentes ante las pérdidas que sufren cada vez que a unos niñatos se les ocurre cortar las carreteras y las autopistas o cuando el muy honorable decide encabezar una marcha por la libertad. El “apreteu, apreteu” estará anotado en la memoria de sus responsables, y la amenaza de inestabilidad se encontrará presente cada vez que una multinacional tenga que tomar una decisión acerca de la localización de sus empresas.

La estulticia de la izquierda catalana ha llegado hasta el extremo de que hace tan solo unos días la teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, en un coloquio organizado por el periódico digital Cicloesfera, manifestó que había que aprovechar la caída de la actividad por el coronavirus y evitar que se reactivase la industria del automóvil. Ahora o nunca, exclamó. Hay que trasladar a los trabajadores a sectores más limpios. Pues bien, ahora. Solo para empezar, va a tener 23.000 parados que reciclar. A ver cómo limpia los puestos de trabajo. Digo que para empezar porque este sector representa en Cataluña el 10% de su valor añadido, y si ella y otros como ella continúan por esa senda los candidatos al desempleo van a ser innumerables.

La estulticia no es privativa de Cataluña, o al menos se contagia al resto de España. Las pláticas de la vicepresidenta cuarta (hay que llevar la cuenta con tantas vicepresidencias para no perderse) tampoco deben ayudar mucho a que la industria del automóvil permanezca en España. Claro que, tal como propone el niño Errejón respecto de Nissan, siempre nos quedarán las nacionalizaciones para reorientar la producción hacia la movilidad sostenible fabricando autobuses verdes o paneles solares. Ale, a llenar Españade autobuses verdes y paneles solares.

El vicepresidente segundo (creo que es el segundo) afirma que, de acuerdo con la Constitución española, las nacionalizaciones son perfectamente posibles. No cabe ninguna duda, pero lo que hace falta es que sean también posibles desde el punto de vista económico y, sobre todo, que sean convenientes. También acierta cuando añade que no son de izquierdas o de derechas. El franquismo fue adalid en esto de nacionalizar. Convirtió al sector público en la cloaca del sector privado. Como buena dictadura populista, se hacía cargo de empresas en pérdidas para evitar la quiebra y la consiguiente conflictividad laboral. En los años que llevamos de democracia tanto el PSOE como el PP, si se exceptúa el caso de las entidades financieras, se han dedicado más a privatizar que a nacionalizar. Así nos hemos quedado sin todas aquellas empresas públicas que eran rentables (algunas de ellas muy rentables). Las nacionalizaciones, por el contrario, cuando han existido, siempre han estado orientadas a asumir pérdidas. Un caso que sin duda viene a cuento señalar por la semejanza que guarda con la actual situación de Nissan fue la nacionalización en 1994 por la Junta de Andalucía de la factoría de Linares, tras su abandono por la multinacional Suzuki. Constituyó un agujero sin fondo en el que enterrar dinero público tanto de la Junta como del Estado, hasta que se terminó cerrando en 2011.

En principio, no solo las nacionalizaciones, sino en general todo lo que se denomina ayudas de Estado, están proscritas en la Unión Europea. Aunque siempre ha habido excepciones, como por ejemplo la de las entidades financieras, y sobre todo si afecta a los países miembros más importantes, como Alemania. En este momento, con la crisis del coronavirus se ha abierto la veda. La Comisión lleva ya autorizadas toda clase de ayudas por importe de dos billones de euros, de los que más de la mitad corresponden al país germánico. Me temo que ese plan de reactivación pendiente de aprobar que tanto ruido ha hecho vaya dirigido principalmente a este cometido (véase mi artículo de la semana pasada).

Es seguro que las prestaciones a fondo perdido, desmesuradamente esperadas, no se orientarán ni a pagar ese ingreso mínimo vital del que el Gobierno alardea ni a incrementar las prestaciones de desempleo a los parados (el SURE concede simplemente préstamos). Tampoco se encaminarán a potenciar y aumentar el equipamiento sanitario; las ayudas a esta finalidad se van a instrumentar mediante el MEDE cuya finalidad consiste exclusivamente en conceder créditos. El incremento de todos estos gastos, junto con el inevitable descenso de la recaudación fiscal, va a incidir sobre el ya abultado nivel de nuestro endeudamiento público, aumentando aún más nuestra vulnerabilidad financiera y fiscal sin que podamos esperar nada de la Unión Europea. Es muy probable, sin embargo, que las presuntas prestaciones a fondo perdido, sean muchas o pocas -que también costeará España como un país miembro más-, se dirijan principalmente a reflotar empresas en pérdidas (nunca mejor dicho lo de a fondo perdido), sea cual sea la modalidad de ayuda de Estado que en cada caso se elija, muy posiblemente también la de nacionalizaciones.

republica.com 5-6-2020

La semana pasada terminaba mi artículo refiriéndome a esos nuevos pactos de la Moncloa, ocurrencia lanzada por Arrimadas en su afán de encontrar para su partido un lugar en el mapa político y que ha sido cogida al vuelo por Sánchez, como salvavidas, en ese cenagal en el que anda metido. No hay nada en la situación actual que sea comparable con la de 1977, ni en la economía, ni en la política, ni en la sociedad, ni en la estructura administrativa, ni en los valores sociales, ni en las relaciones internacionales, ni en los posibles protagonistas. El simple hecho de que, en ambos momentos, la sociedad y el Estado sufran graves problemas no es suficiente para establecer semejanzas. Intentar solucionar las dificultades actuales con las recetas de hace 43 años es puro delirio. Bien es verdad que quizás lo que se pretenda sea solo un postureo, una operación meramente cosmética, o bien socializar los errores propios implicando a los demás en los desastres ya cometidos.

La situación económica actual poco tiene que ver con la de entonces. En la década de los setenta apareció un fenómeno nuevo que se denominó estanflación, que unía dos realidades, hasta entonces separadas, la recesión o estancamiento económico y la inflación. Tenía su causa en la desmedida e inesperada subida del precio del petróleo. Se había multiplicado por cuatro en poco tiempo, lo que significaba una ingente transferencia de recursos que pasaban de las manos de los países consumidores a los productores, originando, por tanto, un sustancial empobrecimiento de los primeros. Empobrecimiento desde luego muy acusado en España, ya que dependía en un 60% de ese tipo de energía.

El proceso inflacionario era la expresión de que ningún grupo social quería conformarse con esa pérdida de renta y pretendía adjudicársela al de enfrente. Detrás de esas desproporcionadas tasas (en España 19,8% en 1976 y 26,4% en 1977) se encontraba la lucha entre trabajadores y empresarios. Ambos sectores se negaban a soportar la pérdida de poder adquisitivo que la subida del precio del petróleo imponía. Los trabajadores exigían aumentos de salarios porque habían subido los precios y los empresarios elevaban los precios porque se incrementaban los salarios.

Desde el año 1973, fecha en la que se produce la primera crisis del petróleo, la tasa de inflación comienza a dispararse en todos los países occidentales. Pero en España se sufren incrementos mucho más elevados que en el resto. Esta diferencia en los precios interiores frente a los exteriores, unida al aumento de la factura energética, transforma el superávit de la balanza por cuenta de renta de los primeros años setenta en un déficit desmedido en los años 1974, 1975 y 1976 (3,5%, 2,9% y 3,9%, respectivamente). La devaluación de la peseta se hacía imprescindible.

Pero apresurémonos a señalar que este era el único desequilibrio coyuntural serio que tenía la economía española. Sin duda se precisaban importantes reformas estructurales, pero ¿cuándo no? Además, estas se encontraban mucho más condicionadas a la política que a la economía. Dese el punto de vista de la coyuntura los datos eran bastante aceptables. En 1976 el incremento real del PIB había sido del 3,3%, y en el mismo 1977 sería del 2,8%. La tasa de paro se situaba entre el 4 y el 5%. En 1976 el déficit público ascendía al 0,3% del PIB y el endeudamiento acumulado del sector público, al 12,2% del PIB. Con posterioridad se ha vendido el mantra de la situación caótica en que entonces se hallaba la economía española. A la vista de estas cifras habría mucho que hablar y debemos preguntarnos si no hay en esas opiniones un intento de disculpa de la izquierda por haber firmado unos pactos que tal vez no fueron especialmente beneficiosos para los trabajadores.

Antes de seguir adelante con los Pactos de la Moncloa (PdM) propiamente dichos, conviene hacer un paréntesis para señalar otros momentos en los que el sector exterior ha presentado déficits extremos, generando dificultades graves a la realidad económica. Esta disgregación nos puede ayudar a plantear el tema con mayor perspectiva. En 1983, Boyer optó por devaluar de nuevo la peseta después de que en 1979 se produjese la segunda crisis del petróleo, que empujó a la balanza por cuenta corriente a saldos negativos: en 1980 (2,5%), en 1981 (2,7%), en 1982 (2,5%). A principios de los años noventa fueron precisas nuevas devaluaciones (cuatro en total), al alcanzar la balanza por cuenta corriente durante los cuatro años anteriores déficits alrededor del 3,7%. El empecinamiento del entonces ministro Solchaga por mantener la peseta dentro del Sistema Monetario Europeo (SME), con un tipo de cambio irreal, como se deduce de los déficits citados, condujo a los mercados a especular contra la peseta y a forzar las devaluaciones, al tiempo que cuestionaba el SME y la viabilidad futura de la Unión Monetaria.

En la crisis de 2007 las circunstancias fueron muy diferentes. El déficit de la balanza por cuenta corriente llegó a alcanzar el 10% del PIB. Una cifra gigantesca y considerablemente mayor que las que se produjeron en anteriores crisis y que habían obligado a los respectivos gobiernos a la devaluación. En realidad, venía siendo más alta desde principio de siglo (4,3% en el 2000) e iba incrementándose año tras año. Esos niveles en el déficit exterior y en el correspondiente endeudamiento solo fueron permisibles por parte de los mercados porque estábamos ya en el euro, y se pensaba que no había riesgo de tipo de cambio. Pero precisamente ello hizo que la solución en 2008 y los años posteriores resultase mucho más problemática, ya que habíamos llegado a cotas del déficit y endeudamiento exterior insostenibles, y no teníamos ya peseta que devaluar.

La situación actual es distinta de todas las anteriores. La crisis económica que se avecina, por primera vez, no parte, por el momento, de un estrangulamiento del sector exterior, sino de los estragos de una epidemia que va a afectar en mayor o menor medida a todos los países de Europa. De partida, en esta crisis no hay deudores ni acreedores. Digo de partida, porque, a estas alturas, resulta difícil de vaticinar, cuáles vayan a ser los efectos en cada uno de ellos. Desde luego, en el caso de España, y en general en todos los países del Sur, se puede producir un impacto importante sobre la balanza de pagos como resultado de la caída del turismo.

Pero retornemos a los PdM. Se imponía, como hemos dicho, una devaluación de la peseta. Para ello ciertamente no se precisaba pacto alguno, ni siquiera para practicar una política restrictiva en materia monetaria, que entonces estaba tan en boga, y que defendía con ahínco el Banco de España. ¡Qué diferencia a la practicada ahora por los bancos centrales! Pero Fuentes Quintana, recién nombrado vicepresidente económico, pretendía algo más, un control rígido de las finanzas públicas con recortes importantes en el gasto público y, sobre todo, romper la espiral inflacionista. En el fondo, la intención última consistía en que en esa lucha entre trabajadores y empresarios a la que se aludía al principio cediesen los primeros. Para ello se hacía necesario eliminar la indexación de los salarios, referenciando su incremento a la tasa de inflación prevista, desregular el mercado laboral e incrementar la facultad de despedir de las empresas. Todo ello resultaba difícil de conseguir sin conflictividad social y laboral, como no fuera que se llegase a algún tipo de acuerdo con los partidos de izquierda y los sindicatos recién legalizados. Para el Gobierno, el pacto era imprescindible.

Pero desde la vicepresidencia económica poco se podía ofrecer, como no fuese la reforma fiscal. Era evidente que el sistema fiscal franquista era raquítico, estaba anquilosado, incapaz de una respuesta adecuada ni en cuanto a la suficiencia ni en cuanto a la progresividad. Ahora bien, una reforma fiscal lleva tiempo y no se puede hacer en una mesa de negociación. La reforma fiscal fue ante todo una promesa. En 1977 se produjo únicamente un anticipo, mediante el que se denominó decreto ley de medidas urgentes: impuesto transitorio de patrimonio, levantamiento del secreto bancario, delito fiscal, etc. Incluso muchos de estos elementos no tuvieron virtualidad de inmediato. El levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, recurrido por la AEB ante el Tribunal Constitucional, estuvo paralizado hasta siete años después, noviembre de 1984, cuando el Tribunal falló a favor de la Administración. A su vez, el delito fiscal resultó durante bastante tiempo inoperante.

A pesar de que se liga siempre la reforma fiscal a los PdM, a Fuentes Quintana y a Fernández Ordóñez, solo una parte y no la más importante tiene relación con ellos: el decreto ley citado y la creación del IRPF. El resto se implantó en los años posteriores. El impuesto de sociedades, estando García Añoveros al frente del Ministerio de Hacienda, con una redacción muy poco progresista, por cierto. El resto, la mayor parte, a partir del año 1983 con el PSOE ya en el gobierno: reforma de la administración, ley general tributaria, ley de activos financieros, impuesto de sucesiones, reforma del impuesto de sociedades, reforma del IRPF, reforma de la imposición indirecta con la implantación del IVA, etc.

En cualquier caso, la promesa de una reforma fiscal no parecía suficiente contrapartida para que las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda estuviesen dispuestos a llegar a un acuerdo, y ahí entra la parte política. Digamos que Fuentes Quintana pide árnica a Abril Martorell. Los PdM no se pueden entender sin considerar la dimensión política del acuerdo. Es preciso situarse en aquel momento. La Constitución aún no se había aprobado, los partidos y sindicatos acababan, como quien dice, de ser legalizados. El documento político adelanta una serie de derechos que más tarde aparecerá en la carta magna. Constituye un avance de la Constitución de 1978: libertad de reunión y asociación política, libertad de prensa, se elimina la censura previa (curiosamente, Sánchez con la ayuda de Tezanos pretende imponerla de nuevo), despenalización del adulterio y del amancebamiento en la mujer, se establece el delito de tortura, liberalización de los anticonceptivos, etc.

Los PdM fueron en buena medida el intercambio de derechos laborales y económicos por derechos civiles. A mi entender, se ha producido una mitificación tanto de los Pactos como de su teórico artífice, Fuentes Quintana (quizás fuera Abril su verdadero autor), excesiva. Una relevancia que tal vez nunca tuvieron ni políticamente (al año siguiente se aprobó la Constitución) ni económicamente (la economía española ha salido de situaciones peores sin recurrir a ningún pacto).

Lo que es evidente es que las circunstancias en que se firmaron nada tienen que ver con las actuales. Ningún parecido en materia económica. Hoy estamos en la Unión Europea. No tenemos moneda propia que devaluar y, por consiguiente, tampoco política monetaria. El problema actual no es la inflación, sino la deflación. Por ahora presentamos superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, el endeudamiento público es diez veces el de entonces y la tasa de paro actual multiplica por cuatro la de 1977, y no creo que Pedro Sánchez se proponga desregularizar aún más el mercado laboral y facilitar el despido.

La semejanza es aún menor en materia política. Entonces se encontraban en una situación preconstitucional, y se carecía de casi todas las instituciones democráticas. En cierto modo debieron inventarse la plataforma para los acuerdos. Hoy, llevamos más de cuarenta años de Constitución y de democracia y están perfectamente establecidos los cauces, procedimientos, estamentos e instituciones por los que tienen que circular los acuerdos y decisiones democráticas, no se precisa inventar nada.

Pedro Sánchez, sin embargo, es el hombre de los inventos, de los títulos grandilocuentes, de los anuncios, del postureo, de salirse de las instituciones y de eludir los procedimientos. Lo suyo es el caudillismo, casi la democracia orgánica, por eso ante la investidura convocaba a lo que llamaba la sociedad civil, a los sindicatos, a los empresarios, a las ONG y a las Autonomías. Todo menos un diálogo serio con los partidos que podían hacerle presidente, pero que, es verdad, le iban a pedir algo a cambio. Todo menos una auténtica negociación. Con Cataluña ha creado una mesa de diálogo al margen de todas las instituciones y de los cauces constitucional y legalmente establecidos Ahora intentaba hacer lo mismo. Proclamar solemnemente la celebración de grandes pactos, y meter en el mismo saco a los actores más heterogéneos, no solo por ideología, sino también por cometido y por representación, incluso a los golpistas y a los sucesores de los terroristas.

Hasta en esto se diferencia 2020 de 1977. Entonces querían pactar y, por eso, lo primero que hizo Suárez antes de anunciar ninguna negociación fue hablar con González y Carrillo. Sabía que ambos eran imprescindibles para llegar a buen puerto. Pero es que quizás a Sánchez no le importe ni el puerto, ni el final, sino el boato, la farfolla del inicio. En el fondo sabe que el acuerdo es imposible, al menos con la oposición. Sánchez, antes de cualquier anuncio y montaje, tendría que haber hablado con Casado, el único que, aunque fuese mínimamente, podía dar sentido a la negociación. Sin él y sin el PP, hasta el mismo espectáculo inicial quedaba reducido poco más que a la cuadrilla de la investidura, al gobierno Frankenstein.

El presidente del PP ha sabido eludir la trampa que le habían tendido, ha desinflado el globo de Sánchez y ha remitido las posibles negociaciones al Congreso, que es su sitio natural y de donde nunca deberían salir. El presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que ceder y mandar a su portavoz parlanchina a quitar importancia al tema. Esta ha afirmado que lo importante es su celebración, que el sitio no importa. Para los sanchistas son iguales las instituciones y la sede de la soberanía popular que la maraña y el totum revolutum. Seguro que prefieran lo segundo. Les da más posibilidades de ejercer el caudillismo. 

El Gobierno de Suárez, antes de que se iniciasen los PdM, puso sobre la mesa para su discusión dos papeles, uno económico y otro político. Ahora, el único papel que existe está en blanco y lo que me temo es que no saben cómo rellenarlo.

Republica.com 24-4-2020

Era difícil de creer, pero ahí estaba Pedro Sánchez en la ONU afirmando que “hoy hemos cerrado el círculo democrático”, como si hubiera sido necesario esperar cuarenta años para que nuestro sistema político fuese una verdadera democracia. Parece que todo hubiera estado pendiente de que la momia de Franco saliese del Valle de los Caídos.

Hay mucha similitud entre Sánchez y Zapatero. Ambos tienen la pretensión de situarse en el centro de la historia. La coincidencia en el tiempo de Zapatero como presidente de turno de la UE con Obama presidente de EEUU fue descrito por Leire Pajín como un acontecimiento histórico de dimensiones planetarias, y Sánchez, por su parte, pretende hacernos creer que en España la transición a un sistema democrático ha estado incompleta hasta que él no ha llegado a la presidencia del gobierno; por cierto, aupado por las fuerzas políticas que acababan de perpetrar un golpe de Estado. Quizás sea para que esto se olvide por lo que Sánchez ha querido desenterrar a Franco y con él al fantasma del franquismo.

Seamos serios. Por lo menos desde mediados de los ochenta, el franquismo ha desaparecido. Los que en otras épocas lo sufrimos lo más parecido que encontramos en la actualidad es el régimen dictatorial que intentan implantar los independentistas catalanes, aun cuando –paradojas- ellos llaman fascistas al resto. No se puede negar una cierta semejanza, hasta pretenden implantar en la universidad el aprobado patriótico, tal como exigían los falangistas con la camisa azul después de la guerra civil. Creían tener derecho a ello pues habían perdido tres años de carrera. Detrás de ambos movimientos se vislumbra el fantasma del nacional catolicismo. No obstante, no cometeré el error de negar la distancia inmensa que existe entre ambas posiciones, la que hay entre lo trágico y lo cómico, aunque lo cómico se puede transformar en cualquier momento en trágico.

No, hoy no quedan franquistas, por más que por rentabilidad electoral le hubiera venido bien a Sánchez su existencia, y por más que haya hecho para resucitarlos montando toda una verbena con el traslado de la momia de Cuelgamuros al Pardo. El Ejecutivo anunció que no iba haber prensa y, no obstante, invitaron a quinientos medios, eso sí, manteniendo el Gobierno o su comisaria, Rosa María Mateo, el monopolio de las imágenes televisivas.

Han sido unos días irritantes, pero también tremendamente aburridos. Fuese cual fuese la televisión, solo había una noticia. Siempre las mismas imágenes, que querían emular a las de otras épocas, pero que ahora resultaban esperpénticas. El escaso número de personas que se acercaron al Pardo en un intento de despedir al dictador era grotesco, patético, y contrastaba claramente con aquella cola interminable que hace cuarenta y cinco años desfilaba para ver el cadáver en el Palacio Real. Es precisamente esta enorme disparidad la que mejor expresa que ese capítulo oscuro de nuestra historia, al que se refería Pedro Sánchez en la ONU, no se cerraba ahora, ni tampoco se cerró en tiempos de Zapatero, sino que llevaba muchos años cerrado y bien cerrado.

En su afán por hablar de Franco en la ONU, Pedro Sánchez trastocó la historia y dotó a esta Organización de una característica que nunca ha tenido, la de estar compuesta únicamente por Estados democráticos. España estuvo excluida del grupo de los fundadores, no porque su forma de gobierno fuese una dictadura (había bastantes dictaduras presentes en su constitución), sino porque la ONU fue creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y Franco se había situado, aunque con un papel discreto, al lado de los vencidos que previamente le habían ayudado a llegar al poder.

Sánchez ha proclamado que “ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto y de respeto institucional”. Dicho así parece bastante sensato. La duda se encuentra en saber si la tumba de Franco en Cuelgamuros correspondía a esa descripción. En la actualidad, los únicos que la visitaban eran los turistas y no creo que precisamente como lugar de culto y de respeto institucional, sino más bien por curiosidad, para ver el símbolo de un régimen dictatorial que duró cuarenta años con la aquiescencia y complicidad de las democracias occidentales, que tras la Segunda Guerra Mundial se contentaron con hacer pasar hambre durante unos años a los españoles.

El Valle de los Caídos es lo que es, la obra y la expresión de un régimen inhumano y megalómano que, como los de todos los sátrapas, ha pretendido dejar su recuerdo para la posteridad, construyendo a costa del sudor y la sangre de los presos políticos (estos sí que eran presos políticos) un colosal monumento que fuese admirado en los tiempos futuros. No creo que pueda convertirse nunca en un signo de reconciliación. Personalmente me inclino por mantener estos vestigios con los menores retoques posibles. Solo así serán transmisores fieles de los horrores del pasado. Ahora que tanto se lleva lo de la memoria histórica no parece que convenga edulcorarla.

Por otra parte, cuidado con andar moviendo las tumbas de todos los enemigos de la democracia. Sería una tarea infinita. ¿Qué tendríamos que hacer con el panteón de los reyes en el Monasterio del Escorial? Pocos tiranos como Fernando VII. No creo que los miles de visitantes anuales vayan a dar culto y mostrar su respeto al rey felón. Dejemos a la historia y a los historiadores que pongan a cada uno en su sitio. Pero en todo caso, sea cual sea la opinión acerca de la conveniencia o no de las exhumaciones, lo que constituye una infamia es afirmar que hasta que no se ha llevado a cabo la de Franco, la democracia española estaba incompleta.

El asunto es especialmente grave cuando el discurso de los golpistas catalanes gira y se apoya de cara al exterior sobre la idea de que el sistema político español no es democrático, y una vez que se dieron cuenta de que el manido eslogan de “España nos roba” resultaba inverosímil, lo cambiaron por la cantinela de “España oprime a Cataluña” y que “el Estado español está lleno de franquistas y de fascistas”. Lo único que faltaba es que el presidente del Gobierno lo confirmase proclamando que nuestro sistema democrático estaba inconcluso. Claro que después del concepto que parece tener del ministerio fiscal cualquier cosa.

El otro día en el Valle de los Caídos quedó patente que el franquismo está muerto. Por más que el sanchismo pretendió sacarlo a la luz, las cámaras de televisión solo pudieron enseñar a un hatajo de fantoches nostálgicos que casi daban pena. Por otra parte, por mucho que algunos se empeñen, a Vox no se le puede atribuir el calificativo de franquista, al igual que a Podemos tampoco el de comunista. Ambos partidos están en los extremos respectivos del arco parlamentario y son, nos gusten o no, equivalentes a otras formaciones políticas de la Eurozona.

En la actualidad, el peligro que acecha a España no es precisamente el franquismo, sino el nacionalismo identitario y supremacista, y más en concreto el de aquellos que han dado un golpe de Estado, golpe que se mantiene activo y latente después de un año. Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos y preocupémonos de los vivos que pueden desestabilizar la sociedad y el Estado.

republica.com 8-11-2019

Algunos no lo saben, pero existe una asignatura que se llama Derecho Constitucional Comparado y que recoge los distintos modelos de organización política acuñados a lo largo de la historia en diferentes países. Todos ellos tienen sus propias reglas, lógica, y consistencia interna. Al elaborar su constitución, cada Estado se ha inclinado por uno u otro sistema. Así ha ocurrido con nuestra carta magna, aprobada en 1978, que tiene sin duda sus defectos, defectos que pueden corregirse, pero, eso sí, manteniendo siempre su coherencia. En los momentos actuales, época de irreverencia, carente de todo respeto, son muchos periodistas y políticos los que se creen capacitados para aconsejar cualquier cambio, mezclando normalmente churras con merinas, trasladando elementos propios de sistemas presidenciales y mayoritarios a los proporcionales y parlamentarios.

Pero ha sido el propio presidente del Gobierno el que desde la misma tribuna del Congreso de los Diputados ha propuesto la modificación del artículo 99. Todo ello tendente a que alguien, sin tener el suficiente respaldo de las Cámaras, pueda llegar a la Moncloa; dicho en román paladino, que Pedro Sánchez con 123 diputados pudiera gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Ciertamente, Sánchez nunca hubiera planteado tal modificación en 2015 o en 2016, cuando era el PP con Rajoy el partido más votado. Pero ya se sabe, en Pedro Sánchez nada es permanente, todo depende de cuáles sean sus intereses. Siempre tiene, si le conviene, otros principios disponibles.

Es cierto que la actividad política está casi bloqueada desde 2015, pero en modo alguno tiene la culpa de ello la Constitución ni el artículo 99, sino la clase política, que no se ha acostumbrado a la nueva estructura del arco parlamentario y son incapaces de entenderse. No obstante, la pieza sustancial de esa desarmonía y que se encuentra siempre en el centro del tablero es Pedro Sánchez y su ambición política. Fue el gran obstáculo en 2015 y en 2016, cerrando cualquier posible solución que no pasase por su investidura como presidente del gobierno, hasta el extremo de que tuvo que ser cesado de secretario general de su partido para que se deshiciese el bucle que había generado en la política española.

El paréntesis duró poco porque, tras retornar a la Secretaría general del PSOE por ese procedimiento caudillista que son las primarias, y apoyándose en el “no es no”, aprovechó la primera ocasión que se le presentó para alcanzar la presidencia del gobierno, aunque fuese mediante ese gobierno Frankenstein que su partido no solo había rechazado rotundamente, sino que había considerado una locura, porque locura era pretender gobernar con 88 diputados y con los votos y el apoyo de los que acababan de dar un golpe de Estado y continuaban en la misma estrategia y persiguiendo el mismo objetivo.

Pues esa locura se llevó a cabo a través de una moción de censura de la que paradójicamente fue muñidor Podemos. Seguro que a estas alturas esta formación política se arrepiente amargamente de ello. A Pablo Iglesias le ha ocurrido lo mismo que a la rana de la fábula. Esta no tuvo en cuenta que estaba en la naturaleza del escorpión comportarse como tal. Pues bien, Pablo Iglesias debería haber previsto que se encuentra en la naturaleza de Pedro Sánchez actuar como un depredador político, que no le iba agradecer que le hubiese dado el gobierno y que solo consideraría a Podemos en tanto en cuanto le resultase útil como instrumento para sus fines.

No obstante, Pedro Sánchez fue consciente desde el principio de la anormalidad que representaba un gobierno asentado sobre un partido con 88 diputados y sobre un amasijo de fuerzas políticas de lo más heterogéneo y con finalidades antagónicas e incluso algunas de ellas anticonstitucionales. Por eso asumió el poder como una larga campaña electoral, seguro de que se vería forzado más pronto que tarde a convocar elecciones. Poco importaba el gobierno real de la nación, lo relevante para él era la rentabilidad política y electoral que se pudiese obtener en ese periodo de tiempo. De ahí la utilización abusiva del decreto ley, y las múltiples concesiones a los independentistas con la finalidad, estas últimas, de alargar lo más posible una situación irregular que lógicamente era inestable y se sabía precaria.

Las cesiones de Pedro Sánchez a los secesionistas no pudieron evitar que el gobierno Frankenstein mostrase sus contradicciones, y después de gobernar durante un año con los presupuestos de Rajoy resultó imposible aprobar unos nuevos presupuestos. Los independentistas enseñaron pronto su verdadera faz y fue preciso convocar unas nuevas elecciones. Bien es verdad que para entonces Sánchez ya había utilizado su estancia en el gobierno para hacer la correspondiente propaganda, lo que le sirvió para pasar en los comicios, de 88 diputados a 123, a costa de Podemos que perdió más votos que los que ganó el PSOE. No nos puede extrañar que, tras las elecciones de abril y ya con más diputados, Sánchez pretendiera renovar el gobierno Frankenstein, ya que para ello contaba con los nacionalistas e independentistas -al menos con los más pragmáticos- y esperaba que Podemos siguiese aceptando la condición de tontos útiles. Pero por lo mismo, también, es harto comprensible que Podemos, escamado de la etapa anterior, no estuviese dispuesto a jugar con las mismas reglas y pretendiese formar parte de un gobierno de coalición.

A pesar de tener tan solo 123 diputados (la misma cifra que tenía Rajoy cuando hubo que convocar nuevas elecciones en 2016 y la misma que alcanzó Pérez Rubalcaba en 2011 y que le hizo dimitir de secretario general del PSOE), en ningún momento Pedro Sánchez ha estado dispuesto a compartir el poder. Por esa razón, más allá de pedir la abstención, no ha querido hacer ninguna oferta seria a Ciudadanos ni al PP, tal como la hecha por Rajoy en 2015, y a la que Sánchez contestó con el “no es no”. Y es por la misma razón que ha pretendido que Podemos le concediese su apoyo, con la añagaza de un programa que, como todo el mundo sabe, después se cumple o no.

Descartó desde el principio un gobierno de coalición. En esa línea fue haciendo proposiciones, a cada cual más pintorescas, bajo el nombre un tanto ignoto de “gobierno de colaboración”, desde colocar en el gobierno a independientes hasta ofrecer cargos en la Administración o en las empresas públicas (cuando lo lógico es que sean ocupados por funcionarios) a miembros de Podemos. No tuvo más remedio que aceptar sentarse a la mesa para discutir un gobierno de coalición cuando Iglesias le descolocó excluyéndose del futuro gobierno, accediendo así al veto utilizado por Sánchez como excusa. Pero toda la negociación fue una farsa puesto que Sánchez y los sanchistas hicieron todo lo posible para abortarla. Tras una serie de reuniones en las que se mareó la perdiz, presentaron una oferta (la única) ridícula y humillante (véase mi artículo del 1 de agosto pasado) y además con plazo de caducidad. Lo que se buscaba es que se rechazase, para descartar así con ese pretexto definitivamente el gobierno de coalición.

Tras la investidura fallida, dadas las buenas expectativas electorales que le pronosticaban las encuestas y las reticencias de Podemos a pactar sin gobierno de coalición, Pedro Sánchez ha jugado claramente a unas nuevas elecciones, por eso en estos dos meses no ha hecho absolutamente nada para formar gobierno, excepto teatro, responsabilizando a los demás de la previsible disolución de las Cortes. Los ha empleado en construir el relato, presentándose como el único que puede ofrecer estabilidad, pero lo cierto es que la inestabilidad que sufre desde 2015 la política española solo tiene un culpable, Pedro Sánchez y sus ansias de llegar y mantenerse en la presidencia del gobierno sin importar los medios a emplear y con quiénes haya que pactar.

No es que desde abril haya estado perdiendo el tiempo condenando a la política española a la inacción, tal como afirman ciertos comentaristas de derechas. Es que España lleva cuatro años de parálisis política, funcionando a retazos y en provisionalidad. Desde el “no es no”, Sánchez ha estado en el origen del circo. Por eso, la mayor hipocresía es pretender presentarse en las próximas elecciones como garante de la estabilidad, habiendo sido el principal elemento desestabilizador. Para que la política española se estabilizase se precisaría la dimisión de Pedro Sánchez y el nombramiento de otro candidato por el PSOE, pero dado el control que las primarias le han dado sobre el partido y la transformación a que ha sometido a este, la hipótesis de la dimisión es un puro espejismo.

republica.com 20-9-2019