ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

PEDRO SÁNCHEZ, DE LAS PRIMARIAS AL OLIMPO

Entre los múltiples tópicos que se han instalado en la vida política en España se encuentra en un lugar destacado la creencia de que el establecimiento de lo que llaman primarias (elecciones directas por las bases) en los partidos políticos constituye un avance en el grado de la democracia y un paso esencial para la regeneración política. La opinión está tan extendida que hasta se piensa -y algún partido lo reclama- en incorporarlas a la normativa jurídica como obligación para todas las formaciones políticas.

En diversos artículos (por ejemplo, el de 5 de septiembre de 2014), he mostrado mi escepticismo y prevención acerca de la bondad de tal procedimiento. La creencia de que la democracia directa es siempre preferible a la representativa no tiene fundamento, tanto más cuanto que la complejidad de la sociedad actual hace casi siempre imprescindible la especialización, ya que no resulta posible que todos entendamos de todo y tengamos criterio sobre cualquier cuestión. El apoderamiento se hace, así, habitual en nuestras vidas.

Pero es que, además, cuando la elección se realiza mediante primarias el cargo se suele ejercer de una forma menos democrática. Aquel que ha sido investido por las bases se siente con legitimidad y autoridad suficientes para no someterse a ningún otro órgano o instancia. Se cae en una especie de caudillismo en el que toda la autoridad, de forma más bien despótica, se concentra en el líder. El sistema tradicional (al menos en los partidos de izquierdas) se orienta por el contrario a órganos pluripersonales. Los militantes en las agrupaciones votan a los delegados al congreso y este elige al comité federal (o central) que es el supremo órgano entre congresos y a la comisión ejecutiva. En este esquema el secretario general es tan solo el miembro principal de la ejecutiva, una especie de primus inter pares. Este carácter lo expresaba mejor el nombre que dicho cargo adoptaba antiguamente: “primer secretario” (en el PSC continúa llamándose así).

La experiencia está demostrando que los líderes elegidos por primarias terminan creando sistemas más autoritarios y despóticos. Buen ejemplo de ello lo constituye el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE. Desde el principio estableció una ejecutiva monocolor, formada atendiendo no a la competencia y preparación, sino a la fidelidad personal, sin que apenas tuviesen sitio personas de la candidatura perdedora. No tuvo ningún problema y se sintió legitimado a disolver la ejecutiva de una de las federaciones más importantes y colocar a dedo como candidato a la presidencia de esa Comunidad a alguien que ni siquiera era afiliado. En las elecciones generales, violentando todos los procedimientos, situó en los primeros puestos de la lista por Madrid, en detrimento de afiliados con muchos más méritos, a dos personas ajenas a la organización o de reciente ingreso. Eso explica que el PSOE hay asido la cuarta fuerza en esta circunscripción.

Pero quizás donde se ha manifestado de forma más obvia el presidencialismo ha sido en el pulso que está echando Sánchez al Comité Federal de su partido con motivo de los pactos poselectorales. Para librarse de su control, no ha dudado en recurrir a lo que él considera última instancia, por encima de los estatutos y de cualquier normativa: la voluntad de los militantes, que es más manejable; y como en todo régimen caudillista que se precie, programa un referéndum, que es una buena forma de cubrir con una capa democrática el cesarismo.

El carácter autocrático con el que está acostumbrado a actuar en el PSOE se trasluce también en el exterior y se está manifestando en el comportamiento adoptado tras las elecciones. Se ha negado con un tono algo chulesco a cualquier diálogo (no digo acuerdo) con el partido que ha ganado las elecciones y, como el mejor tartufo, le acusa de haber bloqueado el proceso de formación de gobierno.

La prepotencia del líder socialista se ha manifestado también en la forma de asumir la designación del Rey para ser candidato, con el mismo empaque y solemnidad que si ya fuera presidente del Gobierno, sin reparar en que el Rey estaba obligado a elegir a cualquiera que le asegurase que dispone de los votos necesarios para conseguir la investidura. Pero ahí comienzan las contradicciones, porque, a no ser que todo sea un teatro, de contar con los apoyos necesarios, nada de nada, y ha pedido un mes para conseguirlos; pero además de una manera un tanto torticera, ya que, creyéndose la reina madre, afirma que quiere hablar con todos los partidos, sin decidir claramente en qué dirección quiere pactar.

Tiene toda la razón Pablo Iglesias cuando le apremia a que no maree más la perdiz y diga claramente con quién desea negociar, si a su derecha o a su izquierda, ya que tanto Podemos como Ciudadanos se han declarado mutuamente incompatibles entre sí para un acuerdo de gobierno, lo que por otra parte parece bastante evidente, desde el derecho a decidir hasta la política económica y social. En realidad, todo se reduce a dos opciones. La primera es pactar con Ciudadanos, pero para que salgan los números necesitan al PP, tal como ha señalado el propio Albert Rivera. Es un camino bloqueado porque desde el principio Pedro Sánchez se ha negado a dialogar con Rajoy y es de suponer que no esperará que ahora le apoye.

La segunda opción es pactar con Podemos, las confluencias, IU, PNV y conseguir la abstención de Convergencia y Esquerra. Opción que aparentemente está también cerrada ya que chocaría con las condiciones impuestas por el Comité Federal. Aunque en este caso bien podría eludirlo, tal como ya ha previsto recurriendo como buen caudillo al voto directo de las bases.

El resultado que Pedro Sánchez ha obtenido en las urnas desde luego ha hecho historia, pero por ser el peor alcanzado en todas las elecciones celebradas hasta la fecha. Y no se puede consolar aduciendo que el PP también ha perdido muchos escaños y votos, porque eso es cierto pero Rajoy ha tenido que sufrir el desgaste de cuatro años de crisis y de recortes, lo que lógicamente debería haber rentabilizado Pedro Sánchez desde la oposición. Y, además, el PP partía de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE lo hacía desde un nivel ínfimo, el peor resultado hasta entonces obtenido; parecería que no se podía bajar más y, sin embargo, el resultado de diciembre pasado aún ha sido peor. Cualquier líder con un mínimo de vergüenza debería haber dimitido el mismo día de las elecciones, pero él ha reaccionado en sentido contrario, investido de no se sabe qué providencial destino está dispuesto a proponerse como presidente del Gobierno o, al menos, a volvernos a todos locos.

Aun cuando el resultado de las elecciones haya sido tan malo para el PSOE, lo que sí es cierto, sin embargo, es que, dada su situación en el espectro político, todo posible acuerdo de gobierno pasa por él, pero por eso mismo también es el único responsable de que se esté perdiendo el tiempo y estemos todos mareados (véase mi artículo de 31 de enero de 2016). No se sabe muy bien a qué conducen las negociaciones con Ciudadanos, si no tienen ninguna posibilidad de formar gobierno. Por eso, tampoco se entiende a qué juega Albert Rivera.

Pedro Sánchez, desde ese trono de papel que se ha fabricado, solo afirma que antes de con “quién” hay que ponerse de acuerdo en el “qué”. Me parece una solemne tontería. No se puede perder de vista el objetivo, que no es otro más que obtener la investidura, por lo que habrá que ponerse de acuerdo en el “qué” únicamente con “quien” se pueda formar gobierno y con quien sumen los números. Es lo malo de las matemáticas, que son inflexibles y no admiten retóricas ni bambalinas. Pero, eso sí, mientras se pierde el tiempo, Pedro Sánchez está feliz con su papel de gran hombre de Estado.

EL IMPUDOR DE LA DOCTRINA BOTÍN

Resulta fácil reclamar la lucha contra el fraude fiscal, pero lo que ya no es tan sencillo es acometerla. El primer y principal obstáculo estriba en que la sociedad no está convencida de la gravedad de la falta, al menos en el mismo grado que lo está de la de otros delitos. No se siente implicada activamente en combatirlo. La mayoría de los ciudadanos considera que esa batalla es exclusiva del Gobierno o del Ministerio de Hacienda. Es más, en muchos casos se está dispuesto a juzgar con tolerancia al defraudador, y hay incluso quien se pone de su parte y en contra de la Administración Tributaria.

La opinión pública, pero principalmente la opinión publicada, trata a menudo con suma benevolencia a los defraudadores, sobre todo si son personajes públicos: artistas, banqueros, empresarios, deportistas, toreros, jugadores de fútbol, etc. A veces, cuando tienen que presentarse ante la justicia, hasta son jaleados como víctimas. Algún caso hubo en que se llegó a hacer una colecta pública para sufragar la multa y la cantidad defraudada. Ninguno sufre la sanción social que padecen los que son condenados por otros motivos.

Ahora que la sociedad española está tan concienciada sobre la corrupción, no se puede por menos que advertir el contraste entre el tratamiento que se da a los acusados por malversación de fondos públicos y el de los que lo son por delitos contra la Hacienda Pública. Los primeros, aparte de la condena judicial, sufren la pena de ostracismo social; los segundos, por el contrario, continúan gozando de fama y popularidad y todo termina y se olvida con el pago de una determinada cantidad de dinero.

La razón de esta disparidad en la consideración social tal vez se encuentre en que no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos malversar fondos públicos, pero todos somos contribuyentes y, por lo tanto, defraudadores en potencia. En la malversación de fondos públicos se cumple lo de que “Hacienda somos todos”, porque todos nos sentimos robados y por eso reaccionamos con tanta irritación y agresividad. Sin embargo, cuando se trata de fraude fiscal el “Hacienda somos todos” no pasa de ser un eslogan publicitario, como afirmaba la abogada del Estado en el caso Nóos.

Ciertamente extraña escuchar a un funcionario público, cuya misión, además, es defender a la Hacienda Pública, tamaña afirmación, pero en realidad la abogada del Estado no hizo más que verbalizar el pensamiento que subyace en la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo. Esta sentencia, novedosa por lo descabellada y bochornosa, ha dado lugar a lo que se ha denominado “doctrina Botín”, puesto que se refiere al juicio dirigido contra el banquero y otros procesados por el affaire de la cesión de créditos, activos financieros ideados por el Banco de Santander para con fraude de ley eludir la transparencia y retención a cuenta impuesta por la ley de activos financieros, y defraudar así a la Hacienda Pública por miles de millones de pesetas.

En la citada sentencia el Supremo interpretó el art. 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido literal y estricto, entendiendo por acusación particular únicamente al perjudicado y ofendido directamente por el delito, y excluyendo a la acusación popular. De tal modo que cuando el Ministerio Fiscal y el acusador particular piden el sobreseimiento de la causa, el juez se ve abocado a hacerlo, ya que la acusación popular no está legitimada para sostener la acusación en solitario. Como se puede apreciar, el principio que subyace en la sentencia es que el único ofendido por el fraude es el Ministerio de Hacienda y no todos y cada uno de los ciudadanos.

Esta sentencia ha hecho un daño enorme a la conciencia fiscal, pues abunda, y nada menos que desde el Tribunal Supremo, en la creencia de que el perjudicado por el fraude es solo el Gobierno o la Agencia Tributaria. Como ha demostrado el defensor de la Infanta Cristina, han sido ya muchos los casos en los que se ha aplicado esta perniciosa doctrina; y en aquellos en los que no se ha aplicado ha sido a fuerza de bordearla y demostrar que los presupuestos son distintos. Así ocurrió con la sentencia referente al caso Atutxa (54/2008) y vuelve a suceder con el auto de la Audiencia de Baleares relativa a la infanta Cristina.

La sentencia 54/2008 se separa de la 1045/2007 al considerar que la exclusión de la acusación popular solo se justifica cuando se da al mismo tiempo la ausencia de un interés social y de un interés particular, lo que no ocurre en aquellos delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, dentro de los cuales incluye el delito de desobediencia al que se refiere la citada sentencia. Resulta difícil aceptar que el delito fiscal, precisamente el que se juzgaba en el caso Botín, no sea un ataque al interés social.

En el proceso de la Infanta Cristina, tanto el auto del juez instructor como el de la Audiencia de Palma intentan justificar, en primer lugar, por qué la llamada doctrina Botín no es aplicable a este caso. En la sentencia 1045/2007, el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado (acusación particular) pedían el archivo de la causa. En el proceso actual, sin embargo, ninguno de los dos le solicita, reconocen el delito en determinados procesados pero no creen que deba acusarse de él a la Infanta Cristina. Diferencia que consideran suficiente para no aplicar la susodicha sentencia del Tribunal Supremo.

Ahora bien, ambos autos hacen algo más: critican y desmontan la llamada doctrina Botín y la sentencia que la da a luz. El auto del Juez Castro es el alegato más completo contra dicha sentencia. Con gran perspicacia, señala al menos veinte ocasiones en las que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cita explícitamente a la acusación popular, pero indica que se llegaría a conclusiones absurdas si a la expresión “acusación particular” se le diese una interpretación restrictiva dejando fuera a la popular. Por lo que no se ve la razón para no aplicar el mismo criterio al artículo 782.1.

El auto de la Audiencia provincial de Palma, entre otros aspectos, deja claro, en un recorrido por la jurisprudencia, cómo el delito contra la Hacienda Pública se ha configurado como un delito de naturaleza pluriofensiva, difusa, colectiva o metaindividual, con lo que el perjuicio no se puede restringir al erario público, sino que afecta a todos los ciudadanos. “Hacienda somos todos” no solo es un eslogan publicitario, sino un principio implícito en la Constitución y refrendado por la legislación y la jurisprudencia.

Se mire por donde se mire, la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo es toda ella una aberración y está distorsionando la jurisprudencia posterior y obligando a alambicar los argumentos jurídicos para eludirla. Resulta difícil incrementar la conciencia fiscal si es el mismo Tribunal Supremo el que mantiene que la Hacienda Pública no somos todos. Ha sido una pena que en septiembre de 2012 la Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes desistiese del recurso de amparo que había interpuesto frente a dicha sentencia, porque de esta manera el Tribunal Constitucional tendría que haberse pronunciado sobre ella.

SIEMPRE HA SIDO EL TURNO DEL PSOE

La quiebra del bipartidismo en las pasadas elecciones ha dejado al descubierto en el Congreso y en la investidura del presidente del Gobierno un protocolo que permanecía oculto, al haber sido hasta la fecha claro, en todos los comicios, de forma inmediata, quién tenía que ser investido. Ahora nos damos cuenta de que la liturgia que rige todo este proceso está obsoleta y de que es propia más bien de una sociedad decimonónica, pero muy poco operativa para el siglo XXI. Es curioso el tiempo que se pierde en toda una serie de pasos, recovecos, trámites y requisitos para llegar a resultados que se conocen de antemano y que hacen inútiles todas estas formalidades. En esa especie de rigodón que se está bailando hay espacio para todo y, además, se esgrimen las teorías más peregrinas como si aún estuviésemos en campaña electoral.

El PP lleva tiempo intentando convencernos de que es la lista más votada a la que le corresponde gobernar; lo que ciertamente no tiene ningún fundamento. En un sistema parlamentario como el nuestro, debe ser designado presidente aquel que concite un mayor apoyo en el Congreso. Cosa distinta sería si se tratase de un régimen presidencialista, pero en ese caso lo normal es que hubiera una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, con lo que tampoco se podría afirmar que gobernaría el que mejor resultado hubiera obtenido en la primera vuelta. No hay ninguna razón para denigrar lo que el PP ha dado en llamar “alianza de perdedores”; no solo son lícitas, sino en ocasiones también convenientes, eso sí, siempre que tengan coherencia y una cierta homogeneidad, porque de lo contrario es posible que la investidura fuese viable, pero no el gobierno de todos los días.

Pero, por el mismo motivo, carece de lógica tambien ese estribillo que como consigna y desde el mismo día de las elecciones, llevan repitiendo machaconamente los mandatarios del PSOE, acerca de que hay que respetar los plazos y las formas: ahora –dicen—es el tiempo del PP, cuando Rajoy fracase, intentaremos nosotros formar un gobierno de progreso. En esa cantinela hemos estados enfangados durante más de un mes. Si el día de las elecciones podíamos pensar que tal afirmación obedecía a una postura elegante y respetuosa con los procedimientos, puesto que el PP había ganado las elecciones, se convierte en una farsa tan pronto como Pedro Sánchez afirma de manera rotunda que de ninguna manera, ni siquiera mediante la abstención, está dispuesto a apoyar al PP. Con lo que Rajoy está descartado de la investidura, a no ser que el PSOE cambie de opinión. ¿Qué turno de Rajoy? El turno de los populares terminó a los pocos días de celebrarse las elecciones, cuando el PSOE cortó de raíz toda posibilidad de diálogo con ellos, hasta el punto de que el acuerdo para constituir la Mesa del Congreso solo fue posible con la intermediación de Ciudadanos. Es más, posteriormente el PSOE continuó negando que el acuerdo fuese a tres.

A pesar de haber ganado las elecciones, los resultados han dejado muy poco margen al PP. No seré yo el que asuma el papel de defensor de Rajoy, pero creo sinceramente que ha hecho lo poco que le era permitido hacer, convocar en los días inmediatamente posteriores a las elecciones a los otros líderes políticos y confirmarles que estaba dispuesto a sentarse a negociar. Pero todo posible pacto quedaba abortado por la negativa de los socialistas. Las críticas vertidas sobre Rajoy acerca de que no realizaba ofertas concretas son poco razonables. En cualquier negociación las ofertas se hacen en la mesa y nadie enseña sus cartas antes de sentarse.

El discurso adoptado durante este mes por los socialistas acerca de los tiempos y los turnos ha sido solo una forma de marear la perdiz y de escudarse para no mostrar sus intenciones, o para dar tiempo a que internamente se aclaren las diversas posiciones. Pedro Sánchez está en su derecho de no querer dialogar con el PP, así mismo tiene todo el derecho de pactar o no pactar con Podemos, pero a lo que no tiene derecho es a tomar el pelo a todos los españoles queriéndonos convencer de que la pelota está en el campo del PP, cuando para bien o para mal los resultados de los comicios han colocado la pelota desde el primer momento en el campo del PSOE.

La decisión de Rajoy de no presentarse a la investidura al carecer de los apoyos necesarios entra dentro de la lógica. Lo contrario es una farsa y una pérdida de tiempo. En ninguna parte está escrito que sea el líder del partido más votado el que tenga que presentarse a la investidura; puede ser, si se quiere, un derecho o más bien una cortesía, pero no una obligación. De lo contrario, sobraría la ronda de representantes de los partidos con el Rey que tienen por finalidad saber los apoyos con que cuenta cada uno. El procedimiento sería automático. Por eso se entiende mal el enorme enfado que mostraron tanto Pedro Sánchez como César Luena al conocer la decisión de Rajoy tildándole de trilero, irresponsable y no sé cuántas cosas más. Así como no se entiende que hayan continuado afirmando que la pelota estaba en el campo del PP. La única explicación posible es que Pedro Sánchez quiera ganar tiempo y presentarse al Comité Federal del día 30 sin haber dado ningún paso que sirva de argumento a los críticos.

La única alternativa que el veto del PSOE deja al PP es un pacto con Ciudadanos y con los partidos nacionalistas, lo que constituye en las circunstancias actuales un ente de razón, una contradictio in términis, algo impensable tanto por parte de Rivera como de Rajoy. En realidad, el pacto con los independentistas debería ser tabú también para el PSOE, pero parece ser que Pedro Sánchez, aunque no se atreva a confesarlo, no piensa del todo así, y por eso hace guiños de complicidad a unos y a otros. De ahí que haya dado un puesto en la Mesa del Senado al PNV, prestado cuatro senadores a Convergencia y a Esquerra o haya hecho esa llamada al presidente de la Generalitat -el mismo que ha declarado solemnemente que no acata la Constitución- y que le haya ofrecido una reforma constitucional que sabe que no puede afrontar sin el concurso del PP, con el que ha roto toda vía de diálogo.

La renuncia de Rajoy ha cogido a la dirección del PSOE con el pie cambiado y no van a poder esconderse ya tras el eslogan de que es el turno de Rajoy. Pedro Sánchez va a tener que definirse y decir claramente con quién y bajo qué condiciones va a pactar.

PODEMOS Y EL DERECHO A DECIDIR

Ante la posibilidad de la convocatoria de unas nuevas elecciones, a casi todos los comentaristas les ha dado por afirmar que beneficiarían a Podemos. Parece que se basan en que los votos de IU previsiblemente se transferirían a la formación morada y en lo que sus dirigentes han llamado “la remontada”, es decir, la creencia de que al final de la pasada campaña electoral estaban en fase ascendente y que si esta hubiera durado una semana más los resultados habrían sido mejores. Se piensa, por tanto, que una segunda vuelta electoral les concedería un mayor número de votos.

No estoy yo muy seguro de que estos planteamientos sean acertados. El supuesto ascenso de esta formación en la última etapa ha estado unido a cierta ambigüedad en el discurso territorial y en la forma de presentarse a las elecciones, aglutinando en regiones como Cataluña, Valencia, Galicia y País Vasco a formaciones nacionalistas o al menos próximas al nacionalismo; con el agravante de que no se sabe muy bien quién aglutina a quién. Estos planteamientos tienen por fuerza que chocar con los posibles votantes del resto de España. Tal heterogeneidad hasta el momento de las elecciones pasó casi desapercibida, pero progresivamente se va haciendo más patente, y es previsible que genere cada vez más recelos, en especial cuando se coloca la autodeterminación de Cataluña como núcleo central del mensaje y línea roja a la que no se está dispuesto a renunciar a la hora de hacer alianzas, o bien se queda al margen de los acuerdos en los momentos de formar la Mesa del Congreso, sacrificando todo a la exigencia de que los diputados elegidos en determinados territorios tuviesen grupo propio. Me cuesta creer que hayan sido estos aspectos los que hayan estado detrás de las motivaciones de la mayoría de los votantes de Podemos. Es más, estoy convencido de que tomar conciencia de ellos puede ser un revulsivo a la hora de volver a votarles.

Históricamente, el derecho de autodeterminación nace asociado al sistema colonial como una exigencia de las regiones sometidas a la explotación y en las que los naturales son ciudadanos de segunda clase. Desde esta óptica constituye una pretensión justa y progresista, pero no tiene nada que ver con esa fuerza centrífuga que se ha adueñado de algunas regiones ricas de Europa que reclaman la independencia de sus respectivos países. Las motivaciones aquí son totalmente reaccionarias, porque en el fondo hay un poso de xenofobia, de ínfulas de excelencia moral y, sobre todo, un intento de romper la unidad fiscal y social del Estado, en otras palabras: la sublevación ante una política regional redistributiva.

Conviene recordar que el proceso soberanista en el que se ha embarcado Convergencia y al que ha arrastrado a parte de la sociedad catalana se inicia con la negativa de conceder el pacto fiscal a Cataluña; aunque el tema venía de antes, de un discurso victimista acerca del déficit fiscal, cuya cuantía era en parte inventada, pero en el que había otra parte cierta como es lógico que se produzca en las regiones ricas de los países al tiempo que en las pobres se obtiene superávit. No es más que la traslacion al plano regional de la redistribución en la renta personal que debe realizar el Estado.

No se puede negar que en los movimientos independentistas se aglutinan muchos factores sentimentales y emotivos que nada tienen que ver con el dinero y que, hábilmente agitados y mezclados con toda clase de deformaciones históricas y de patrañas sin cuento, son muy efectivos a la hora de movilizar multitudes y de despertar fervores y paroxismos, pero detrás de todo ello y sobre todo en el ánimo de los que los agitan lo que se persigue prioritariamente es la ruptura de la unión fiscal.

Precisamente la ausencia de esta unidad fiscal en Europa (al darse al mismo tiempo la integración de los mercados y una moneda única) es la causante de los enormes problemas económicos que afectan a la Unión y en buena parte de los recortes sociales y del sufrimiento al que se ha sometido a las poblaciones, en especial a las de los países del Sur, y que ha hecho crecer en estos formaciones políticas como Podemos. Es difícil entender que quien está en contra del diseño que se ha seguido para el proyecto europeo lo pretenda importar en el ámbito nacional (véase mi artículo del 6-11-2015 en este mismo medio).

Tradicionalmente, el Estado social y de derecho se ha venido basando, con mayor o menor intensidad, sobre una cuádruple unidad: comercial, monetaria, fiscal y política. Es sabido que las dos primeras generan desequilibrios regionales, tanto en tasas de crecimiento como en paro, desequilibrios que son paliados al menos parcialmente mediante las otras dos unidades, la fiscal y la política. La unión política implica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su lugar de residencia, y que por lo tanto pueden moverse con libertad por el territorio nacional y buscar un puesto de trabajo allí donde haya oferta. La unión fiscal, como consecuencia de la unión política y de la actuación redistributiva del Estado en el ámbito personal (el que más tiene más paga y menos recibe), realiza también una función redistributiva en el ámbito regional, que compensa en parte los desequilibrios creados por el mercado.

La Unión Monetaria Europea ha roto este equilibrio creando una unidad comercial y monetaria, pero sin que se produzca, ni se busque siquiera, la unidad fiscal y la política, lo que genera una situación económica anómala. Resulta ilustrativo que en Cataluña los nacionalistas se nieguen a aceptar que la teórica independencia conllevaría la exclusión de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. Pretenden seguir teniendo el mismo acceso a los mercados, pero sin pagar por ello. En una palabra, pretenden convertirse en Alemania.

Esta postura no es incoherente para la derecha, no en vano el proyecto de la Unión Monetaria se ha construido con un patrón netamente neoliberal, pero resulta contradictoria para la izquierda, y tanto más viniendo de un partido que teóricamente ha surgido para dar respuesta a la desigualdad y miseria que ha producido la moneda única. Me da la sensación de que los votantes de Podemos esperan de esta formación otra cosa muy distinta.

Y no se diga que lo que se defiende es el derecho a decidir, porque hablar de plurinacionalidad y conceder el derecho de autodeterminación a Cataluña -que por la misma lógica habría que conferirlo a toda región que lo solicitase- sería generar un caos de consecuencias incalculables, y retornar a la Primera República con la sublevación cantonal.

TAMAYAZO EN CATALUÑA

No puede por menos que sorprender la presión a la que ha estado sometida la CUP durante más de tres meses, hasta el último instante en el que vencía el plazo para convocar nuevas elecciones. Se les ha responsabilizado de que el proceso -tal como lo llaman los independentistas- no llegase a buen puerto. Lo cierto es, sin embargo, que desde el primer momento la CUP se negó a adherirse a esa lista pastiche creada por Artur Mas para embozarse detrás de Esquerra Republicana y de no se sabe cuántas organizaciones de las llamadas civiles pero que, en realidad, son tan solo apéndices de la Generalitat, colgadas de sus ubres. Durante la campaña electoral, sus dirigentes y candidatos repitieron hasta la saciedad que nunca votarían como presidente a Artur Mas, por lo que parece que nadie debería haberse extrañado de su postura tras las elecciones.

No obstante, desde Junts pel sí estaban dispuestos a proclamar su victoria fuese cual fuese el resultado del 27-S, y puesto que no fue bueno -lejos de esa mayoría absoluta que reclamaban- ni en votos ni en escaños, se apoderaron en seguida de los votos de la CUP, como si fuesen propios; que si bien no les servían para justificar la victoria soberanista en el seudoplebiscito que habían pretendido convocar, sí les proporcionaba una mayoría para la sesión de investidura. Y ahí comenzaba un culebrón de más de tres meses, puesto que en JPS estaban dispuestos a todo, excepto a renunciar a su candidato, que por cierto iba en la lista escondido en el cuarto lugar. Eso era justo lo que la CUP no podía conceder si no quería traicionar lo que explícitamente había prometido a sus electores a lo largo de toda la campaña. Culebrón que ha pasado por las etapas más diversas y las propuestas más atípicas, cayendo a menudo en lo grotesco y en el esperpento.

En estos tres meses ha habido todo tipo de acontecimientos y elementos sorprendentes. No es desde luego el menor el de que apenas haya habido, hasta el último momento y cuando el descalabro de la repetición de las elecciones parecía inminente, ninguna presión sobre Artur Mas para que abandonase la escena, cuando parecía a todas luces la forma más lógica y sencilla de solucionar el problema. Es más, en cualquier otra formación política que no fuese Convergencia, ante fracasos electorales tan palmarios, se le habría exigido su dimisión. Artur Mas, tras intentar desnaturalizar las elecciones autonómicas haciéndolas pasar por un plebiscito, las pierde estrepitosamente. La coalición JPS, en la que se intentó englobar a todas las fuerzas soberanistas, obtuvo tan solo 62 diputados y el 39,55% de los votantes, lo que representa el 30,66% del censo electoral.

La situación era aún más evidente para Convergencia puesto que en 2012 había perdido ya 12 diputados con respecto a 2010. Para comprender el fracaso de Mas y adónde le ha llevado su operación independentista, conviene recordar que CiU obtuvo 62 diputados en 2010, es decir, los mismos que ha obtenido el 27-S con Esquerra, y con todo ese batiburrillo formado por Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana, Súmate,[] Solidaritat Catalana per la Independència, Reagrupament, Catalunya Sí, Catalunya Acció y Avancem, y con marionetas como Lluís Llach, Josep Maria Forné y Germà Bel. Quizá haya sido en las últimas generales en las que el fiasco de Convergencia ha sido más claro: de ser la primera fuerza en el 2011 con 16 diputados ha pasado al cuarto lugar con la mitad de escaños (ocho).

Parecería lógico que no hubiese hecho falta la pretensión de la CUP para su dimisión y que hubiera sido su propia formación política (Convergencia) la que en primer lugar reclamase su alejamiento de la escena política. Pero nada de eso se produjo. Todo lo contrario. Durante tres largos meses han cerrado filas para defender su liderazgo, y no solo Convergencia, sino Esquerra Republicana y todo ese batiburrillo de asociaciones creadas con la pretensión de representar a las sociedades civiles, desde la Asamblea Nacional Catalana hasta Ómnium Cultural pasando por otras muchas de distinto pelaje. Lo coherente habría sido que hubiesen presionado a Mas para que cediese y dejase libre el camino. Sin embargo, las presiones y coacciones se han ensañado con la CUP hasta niveles insoportables. ¿Qué se esconde detrás de todo ello?, ¿qué intereses se ocultan en Cataluña?

Una formación política que en tres años ve cómo su líder cambia radicalmente los planteamientos programáticos pasando de un nacionalismo moderado a un independentismo dogmático y sectario, y que en esa travesía pierde la mitad de sus votantes y sin embargo no produce en su interior ninguna crítica, controversia u oposición, ¿qué secretos encubre? Solo al final y ya al borde del abismo se ha producido el cambio. Aunque se tiene la impresión que este cambio se ha originado no tanto por la imposición externa cuanto por los propios razonamientos interesados de Mas.

Tras la última votación de la CUP, Artur Mas sabía que tenía perdida la presidencia. Su última baza, y casi a la desesperada, era la de reeditar en la consulta que se avecinaba el batiburrillo de la lista en común, para lo que tanteó a Esquerra con la inusual propuesta de que entrasen a formar parte del gobierno en funciones. La radical negativa de los republicanos le convenció de que no tenía nada que hacer y de que unas nuevas elecciones en solitario le conducirían al fracaso más absoluto, tanto de él como de la formación que pilotaba, lo que le llevó a hacer de la necesidad virtud, y a presentar lo que era ya un hecho consumado como un acto de generosidad e inmolación por la causa, con lo que de momento salvaba a Convergencia, se aseguraba que ponía en su lugar a un hombre de su entera confianza y sometía a la CUP, que sorprendentemente se hacía el harakiri. Todo ello sin descartar que pueda seguir actuando como hombre fuerte en la sombra y con la esperanza de volver algún día en loor de multitudes.

Lo que resulta más incomprensible es la postura adoptada a última hora por la CUP. Tras más de tres meses de resistir presiones y de proclamar una y otra vez que sus decisiones se adoptaban en asamblea, tras procesos alambicados y eternos de votaciones en plenarios, la rendición se ejecuta en pocas horas y se decide únicamente por un grupo muy reducido de dirigentes. Bien es verdad que ya había resultado sorprendente la postura de su cabeza de lista que, tras afirmar en diversas ocasiones que nunca, nunca, nunca, investiría a Más como presidente, dimite como diputado para no tener que hacer lo que tantas veces había prometido. Caso insólito el de un político que dimite no por incumplir sus promesas electorales, sino porque la mayoría de sus bases le obligan a cumplirlas.

La CUP podría argüir que su compromiso con los votantes era el de no apoyar a Mas como presidente de la Generalitat y que esa condición se ha cumplido. Pero se supone que su repulsa a Mas no era por el simple hecho de que les cayera especialmente antipático, sino por lo que representaba, y en ese sentido el nuevo presidente no tiene nada que envidiar al anterior. Pero, sobre todo, lo inaudito consiste en que se aten las manos de cara al futuro y acepten dar un cheque en blanco al nuevo gobierno a lo largo de toda la legislatura. Les ceden dos diputados y se comprometen a que el resto del grupo no votará nunca en contra, de manera que siempre puedan contar con mayoría absoluta.

Por si todo eso no fuese bastante, acceden a que se les imponga una purga al estilo estalinista y se someten a un proceso de reconciliación abjurando de sus errores y pidiendo perdón por los daños ocasionados al proceso. Solo les ha faltado calarse el sambenito. De nuevo, se establece que esto del nacionalismo tiene mucho que ver con la religión. Es imposible, en cualquier caso, no preguntarse con qué armas cuenta Mas y qué ha ocurrido en los dos últimos días para que se haya producido un cambio tan radical.

En fin, se demuestra una vez más que cuando la ideología de izquierdas se amanceba con el nacionalismo la primera pierde siempre y termina diluyéndose. Y es que el nacionalismo es un dios celoso que como el del Antiguo Testamento no soporta los rivales. Todo, todo, debe sacrificarse a sus intereses. Podemos haría bien en tomar buena nota de ello.

FUNDAMENTALISMO DE SIGLAS Y SECTARISMO

Resulta curioso el contraste entre el discurso que algunos quieren mantener acerca del antagonismo de los dos grandes partidos políticos (PP y PSOE), que impide cualquier acercamiento o pacto, y la realidad enmarcada más que por los programas electorales (el papel lo aguanta todo) por las actuaciones realizadas en sus etapas gubernamentales. Los prohombres del PSOE quieren convencernos de que entre ellos y el PP existe una brecha infranqueable, una distancia infinita. Señalan al PP como único responsable del sufrimiento infligido a la sociedad española en los últimos años, pero olvidan que, a diferencia de Podemos y de Ciudadanos, ellos no son nuevos en esta fiesta y que, en materia económica, entre acción y reacción transcurre un largo espacio de tiempo, de manera que las responsabilidades en esta crisis se extienden mucho más allá del Gobierno de Rajoy.

No seré yo el que cierre los ojos a las duras medidas adoptadas en estos cuatro años, pero hay que reconocer que no son muy distintas de las acometidas durante la última etapa de Zapatero. Unas y otras han venido condicionadas por nuestra pertenencia a la Unión Monetaria (de manera que el margen de maniobra resulta reducido) y difícilmente se puede plantear ante ellas una alternativa radical, si no se está dispuesto a adoptar una postura crítica frente a la moneda única, lo que no aparece en absoluto claro en el discurso de casi ninguna formación política y desde luego no en el del PSOE.

Nadie puede afirmar con seguridad qué hubiese sucedido si Zapatero hubiera continuando gobernando cuatro años más. Es un futurible. Pero existen suficientes indicios para aventurar que los resultados hubiesen sido mucho más negativos, no tanto por la posición ideológica, sino por su demostrada incapacidad para desenvolverse en las instituciones europeas y para resistir la presión de Merkel. ¿Cómo no recordar aquella aciaga noche de mayo de 2010 en la que, a pesar de que lo que se dirimía era el rescate de Grecia y de que la prima de riesgo de España se situaba a unos niveles similares a los actuales, España salió de la Cumbre como la gran derrotada, sometida a duros ajustes, congelación de las pensiones y una reducción en el sueldo de todos los funcionarios del 5%? Conviene tener en cuenta que ha sido esta medida la que ha colaborado principalmente a empobrecer de manera permanente a los empleados públicos ya que, a diferencia de aquella que más tarde adoptaría el PP – supresión de una paga extraordinaria con efecto en un solo ejercicio-, se consolida a futuro el resto de los años.

¿Cómo olvidar las necias explicaciones reiteradas frecuentemente por Zapatero para justificar su actuación, argumentando que el euro estuvo a punto de romperse? Resulta absolutamente ingenuo pensar que tanto Alemania como Francia iban a consentir la ruptura de la Eurozona, cuando todos sus bancos estaban implicados en los créditos de los países del Sur. Pero es que, además, tal hecho hubiese sido lo mejor que hubiera podido ocurrir: la desaparición del euro de común acuerdo y en aquel momento en el que todavía no se habían tomado determinadas medidas que dificultan aún más la vuelta atrás.

De la posición pusilánime de Zapatero ante Merkel y Bruselas es también buena prueba su celeridad para modificar la Constitución, movilizando para tal efecto al PP de Rajoy con la finalidad de garantizar la deuda pública por encima de cualquier otra obligación o pago, incluso de las pensiones, de la sanidad o del sueldo de los empleados públicos. Aun cuando la mayoría de los países se comprometieron a adoptar esta medida, casi ningún país lo ha realizado hasta el momento.

No parece muy probable tampoco que el Gobierno de Zapatero hubiese dado una mejor solución al rescate bancario, entre otras razones, porque tiempo tuvo para hacerlo, en lugar de negar al principio el problema, afirmando que, gracias a la supervisión del Banco de España, eran las entidades financieras más sanas de Europa, y que constituían un ejemplo para las extranjeras, y posteriormente, embarrándose en una serie de fusiones que, lejos de solucionar las dificultades, las incrementaron.

Del empobrecimiento de una gran parte de la población española y de la trampa en que se debate nuestra economía son muchos los responsables: de hecho, todos los que no han cuestionado la Unión Monetaria y han participado en su constitución. Ciertamente lo son los Gobiernos de Rajoy y del segundo Zapatero por la forma en que han acometido las consecuencias de la crisis, distribuyendo sus costes de manera muy desigual. Pero Aznar y el primer Zapatero lo son también por haber permitido su gestación. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Incluso la responsabilidad llega mucho más atrás, a los Gobiernos de Felipe González, que firmaron el Tratado de Maastricht y se conformaron a la política alemana y a los criterios de convergencia, incorporándose incluso antes de lo que correspondía al SME y a su política deflacionista, precedente de la situación actual.

Tampoco en materia tributaria, en la que el margen puede ser mayor, las actuaciones de los dos grandes partidos (PP y PSOE) han presentado diferencias sustanciales. Desde principios de los noventa el sistema fiscal ha ido evolucionando a posiciones cada vez más regresivas. Si los Gobiernos de Aznar desnaturalizaron el IRPF, reduciendo la progresividad y separando las rentas de capital de la tarifa general, los de Zapatero, en lugar de corregir las reformas anteriores, profundizaron en la misma tendencia, eliminaron el impuesto de patrimonio y vaciaron de contenido el de sociedades hasta el punto de que Montoro, forzado por las circunstancias, ha tenido que corregir algunos de los desaguisados realizados por el anterior Gobierno.

No creo que en materia fiscal el PSOE, después sobre todo de proponer aquella idea tan luminosa del tipo único, pueda realizar muchos reproches al PP, como tampoco creo que pueda hacerlos en general en materia económica y social. Ambos tienen poco que recriminarse. Se entiende mal, a no ser por motivos estrictamente personales o por un fundamentalismo de siglas, una negativa radical a cualquier negociación o ese intento de atribuirse el protagonismo del cambio, de ese cambio que Pedro Sánchez afirma que han reclamado los españoles. Ni por el resultado ni por su historia podemos aceptar que el cambio viene de la mano del PSOE, tal como nos quieren hacer creer.

El voto es personal e intransferible y cada español ha votado con acierto o desacierto lo que ha creído conveniente. Y el único cambio obvio que se desprende del resultado de estas elecciones ha sido la pluralidad de opciones políticas y la superación por tanto del bipartidismo. Aunque, entiéndase bien, ello no implica la desaparición de las dos formaciones políticas hasta ahora hegemónicas, en cuyo caso estaríamos de nuevo inmersos en el bipartidismo. Lo único que se habría modificado serían los actores.

Este cambio es sin duda claramente positivo, ya que nos libra de dos lacras, a cual más negativa, a las que nos tenía sometidos desde los orígenes nuestra ley electoral: las mayorías absolutas y el sometimiento al arbitrio y chantaje de los partidos nacionalistas, aunque existe la amenaza de que esta última retorne de manera distinta, y por donde menos cabría esperar. La contrapartida es la mayor dificultad para alcanzar la gobernabilidad. De ahí que los partidos, especialmente los antiguos, tengan que cambiar de chip.

Uno de los aspectos más repulsivos de los políticos en la España reciente –tal vez fruto del bipartidismo- ha sido el sectarismo que ha informado la mayoría de sus discursos, condenando como nefasto todo lo que la formación política contraria realizase o propusiese, incluso cuando fuese lo mismo que ellos habían ya practicado. La nueva etapa, por el contrario, comporta y hace imprescindible buscar las semejanzas y acordar las discrepancias. La gobernabilidad exige abandonar toda posición dogmática y maniquea, así como todo maximalismo. Solo quien obtenga mayoría absoluta, lo que no es previsible, puede pretender mantener intacta la totalidad de su programa. El pacto, la negociación, el consenso, requieren renuncia. Los políticos, y también por qué no sus votantes, deberán acostumbrarse a que la democracia, tal como afirmaba Richard Hofstadter, es «un equilibrio armónico de frustraciones mutuas».