ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

FRANCIA SE ACERCA AL SUR

La semana pasada, Francia sufrió una huelga general que en buena medida dejó paralizado todo el país. Una huelga de las que ya no se estilan en España, donde los sindicatos han perdido toda credibilidad, y más que van a perder si su principal reivindicación es el derecho de autodeterminación de Cataluña. El motivo de la huelga, la pretensión de Hollande de acometer una reforma laboral totalmente lesiva para los trabajadores: abaratamiento del despido, simplificación de los requisitos para aprobar expedientes de regulación de empleo por motivos económicos, preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, etc.

Esta reforma laboral nos resulta muy familiar a los españoles, puesto que es similar a la que debió afrontar el Gobierno de Rajoy (ya que al Gobierno de Zapatero no le dio tiempo a llevarla a cabo) y que estaba entre las condiciones chantajistas que el BCE, en carta firmada por su presidente y por el gobernador del Banco de España, dirigió al propio Zapatero como condición para intervenir en el mercado y cortar la presión a la que se estaba sometiendo a las deudas italiana y española.

Philippe Martínez, secretario general de CGT, primer sindicato de Francia, ha manifestado que abaratando el despido no se crea empleo y que la afirmación contraria es una estupidez. No le falta razón, porque la finalidad última de las reformas laborales es otra, la de rebajar los salarios, y esa sí la consiguen. Buen ejemplo lo tenemos en España. Se trata de lograr lo que se ha dado en llamar la devaluación interior, sustitutiva de la devaluación monetaria. Con una moneda única los desequilibrios en las balanzas de pagos no se pueden corregir con ajustes en el tipo de cambio, sino por una deflación de los precios interiores que, como de costumbre, recae sobre los salarios.

Entre las razones por las que algunos desde un pensamiento de izquierdas nos manifestamos contrarios en su día a la Unión Monetaria se encontraba, ocupando un lugar de primer orden, la creencia de que en cualquier shock económico ante la imposibilidad de retornar al equilibrio mediante el ajuste monetario del tipo de cambio, la presión se trasladaría al orden de la economía real, con desempleo, bajos salarios y consolidación fiscal, dañando de manera notable el nivel de vida de los trabajadores y el Estado del bienestar. Es más, existe una alta probabilidad de que parte del ajuste no se traslade cien por cien a los precios, sino que vaya a agrandar los beneficios de los empresarios. La enorme diferencia entre la devaluación monetaria y la devaluación interior es que la primera representa un empobrecimiento generalizado frente al exterior, pero sin que la distribución interior de la renta sufra modificaciones. En la devaluación interior, por el contrario, los costes siguen una distribución muy desigual, recayendo principalmente sobre las clases bajas.

Se ha instalado una postura cínica en la política internacional. No hay reunión de mandatarios mundiales (G-8, G-20, etc,) en la que no renieguen de las devaluaciones competitivas. La postura es perfectamente lógica. El intento de crecer mediante el procedimiento de robar un trozo de tarta al vecino solo sirve para desequilibrar la economía internacional, puesto que es lógico pensar que cada país que se ve perjudicado por las devaluaciones de otras monedas reacciona devaluando la suya, y así se produce una carrera sin fin. Todo el mundo tiene en cuenta lo nocivas que fueron las devaluaciones competitivas adoptadas por todos los países en los años treinta del pasado siglo, mediante las cuales las distintas naciones pretendían salir de la crisis económica sustrayendo mercado a las demás. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué la condena no se orienta, por idénticos motivos, también a las deflaciones competitivas.

Lejos de ello, el pensamiento único que rige la ciencia económica aconseja y ensalza todas aquellas medidas tendentes a obtener competitividad mediante la deflación competitiva, es decir, a conseguir un descenso de los precios interiores, reduciendo los costes laborales. En la Eurozona, tanto la Comisión como el BCE exigen a los Estados reformas laborales y medidas fiscales encaminadas a incrementar la competitividad frente a los otros Estados, pero ello contradice la más elemental lógica, porque al aplicarlas a todos los países los efectos se compensan y se neutralizan.

Coincidiendo con la huelga francesa, Eurostat ha publicado su último informe comparado acerca de los sueldos y los costes laborales en Europa. Las diferencias son sin duda abismales entre los países ricos, del Norte, y los de menor renta, del Sur y del Este europeos. Así, por ejemplo, en 2015 la retribución media por hora de un danés es de 35,6 euros, diez veces superior a la de un búlgaro (3,4 euros) y nueve veces a la de un rumano (3,9 euros). Con independencia de ello, la retribución media en España en 2015 (15,8 euros, inferior a la de la media de la Eurozona, que asciende a 21,8 euros), se incrementó en tan solo 0,10 euros con respecto a 2014. Nuestro país continuó así por la andadura que había iniciado años atrás de devaluación competitiva, aumentando la diferencia salarial que le separaba de la media de la Eurozona. No obstante, el mayor ajuste en 2015 lo sufrieron Italia y Chipre con descensos respecto a 2014 de 0,5 y 1% respectivamente, tomando así el relevo a España.

Es de suponer que si la reforma laboral que plantea Hollande llega a implantarse, será Francia la que el próximo año se adentre por esta senda, y así sucesivamente van pasando todos los países por ella: Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, Chipre, Francia… De manera que todas las actuaciones se terminarán compensando y se harán inútiles los esfuerzos. El único resultado conseguido será la bajada del nivel de vida de los trabajadores y extender la deflación a toda la Eurozona de la que el BCE se muestra incapaz de sacar a la economía europea.

El Banco de España acaba de corregir a la baja las previsiones de las tasas de crecimiento para este ejercicio y el próximo. Para explicar esta desaceleración no hay que acudir a la incertidumbre política, como se pretende interesadamente a menudo. Basta con ser consciente de que, mientras permanezcamos en la Unión Monetaria y la política a aplicar sea la deflación competitiva, toda recuperación de la economía es inestable y provisional y se encuentra amenazada por infinidad de peligros. Pero de esto parece no darse cuenta ninguno de los partidos políticos españoles, que siguen construyendo castillos en el aire o escribiendo cartas a los Reyes Magos.

HABLEMOS EN SERIO DE CORRUPCIÓN

Según dicen las encuestas, la corrupción esta en los primeros puestos en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, quizás porque también es uno de los principales temas de información y debate en los medios. De lo que no hay duda es que se ha convertido en un arma política de unos partidos frente a otros. Todos escupen la denuncia a la cara del vecino, pero postergan sus propios escándalos.

La utilidad política que cada partido espera obtener y los beneficios mediáticos que la prensa recibe han creado un clima inquisitorial en el que cada indicio se acepta como cosa probada y en el que apenas se respetan la presunción de inocencia ni el secreto del sumario. Lo malo es que esta atmósfera de sospecha no ha quedado restringida al ámbito político, sino que se ha contagiado al campo estrictamente técnico y administrativo. El miedo a verse implicado en un supuesto escándalo puede echar para atrás a los funcionarios a la hora de adoptar responsabilidades y empujarles a elegir aquellas alternativas que, si bien no son las más ventajosas para el Tesoro Público, sí resultan las menos comprometidas y no susceptibles a malas interpretaciones.

Todos los partidos se han lanzado en sus programas electorales a proponer medidas contra la corrupción, seguros de que eso les proporcionaría rentabilidad política. Hay que reconocer, sin embargo, que con poco éxito, ya que muchas de ellas parecen ocurrencias muy discutibles o tangenciales, que apenas van a tener un impacto significativo. Las más cuestionables son todas aquellas que sitúan la solución en el establecimiento de nuevas entidades, agencias u organismos (hay hasta quien propone la creación de una oficina) dedicadas a combatir la corrupción, como si no hubiese ya suficientes instituciones. Lo que hay que lograr es que funcionen bien las existentes, y para ello hay que empezar por un análisis serio del origen, de los motivos y los factores que propician la corrupción.

Conviene destacar, en primer lugar, que la corrupción política tiene su principal caldo de cultivo en la financiación de los partidos políticos. Es más, me atrevo a asegurar que casi todas las otras formas de corrupción han tenido su origen en ella. Se comienza pidiendo comisiones para el partido y se termina exigiéndolas para el propio pecunio. Por otra parte, un partido que encomienda a sus militantes que detraigan fondos públicos con destino a sus finanzas será difícil que posea la autoridad necesaria para descubrir, perseguir y eliminar de sus filas a los corruptos. La que podemos llamar “madre de todas las corrupciones” presenta además un agravante, el de romper fraudulentamente la igualdad de oportunidades en el juego político. No es ningún secreto que las probabilidades de triunfo se incrementan, ceteris paribus, en proporción a los recursos que se poseen.

Este tipo de corrupción ha afectado a todos los partidos y se instaló muy pronto en la política española, nada más instaurar la democracia. Recordemos las comisiones en los contratos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Tierno Galván y cuya denuncia le costó a Alonso Puerta tener que abandonar el PSOE. Pero precisamente por eso, por su generalización, el problema nunca se ha tomado en serio ni se han adoptado las medidas necesarias para su erradicación. El control asignado al Tribunal de Cuentas ha resultado a todas luces insuficiente y la legislación hasta ahora aplicada a las donaciones ha sido demasiado permisiva. De un lado, es imprescindible someter la contabilidad de los partidos políticos a una supervisión mucho más rigurosa y constante, en la que desaparezca toda posibilidad de contabilidad b y, de otro, limitar de manera muy clara los recursos que provienen del sector privado.

Carecen de toda lógica las donaciones de las personas jurídicas, puesto que se supone que entre los objetivos de las sociedades y empresas no se encuentra el de influir en el juego político beneficiando a un determinado partido. Es más, las donaciones de las personas físicas en ningún caso deberían ser anónimas e incluso habría que limitar la cuantía por individuo, de manera que los mayores recursos de los simpatizantes no concediesen ventajas adicionales a una determinada formación política. Por último, pero no menos importante, todas las medidas que se adopten en la financiación de los partidos deberían hacerse extensibles a sus fundaciones o a cualquier institución de ellos dependientes. De lo contrario, devendrían inútiles todas estas previsiones.

En segundo lugar, conviene analizar con qué intensidad se ha producido la corrupción en los distintos ámbitos de la Administración. Parece evidente que el poder local ha sido mucho más vulnerable, la corrupción se ha cebado en ayuntamientos y diputaciones. A estos les han seguido en orden de importancia, las Comunidades Autónomas, encontrándose al final del ránking la Administración central. En este ultimo ámbito los casos de corrupción han sido mucho más raros, y han afectado a lo que se denomina la Administración institucional o instrumental, es decir, organismos, agencias, empresas y demás entidades públicas.

Deberíamos preguntarnos a qué se debe esta distribución tan irregular. La respuesta no es demasiado complicada, obedece al mejor o peor funcionamiento de los sistemas y mecanismos de control interno. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que la modificación producida en el régimen de intervención de la Administración local iba a tener unos efectos devastadores. ¿Cómo esperar que un interventor de un ayuntamiento pueda hacer bien su trabajo si es nombrado y cesado por el alcalde, y si del alcalde dependen su régimen laboral y sus retribuciones? Me indicaba una funcionaria, que por motivos personales había pasado de trabajar en la intervención de un ministerio a la de un ayuntamiento de una ciudad importante, cuál fue su sorpresa al comprobar que en esta última institución era impensable poner un reparo suspensivo a un expediente, todo se reducía a recomendaciones y a consejos y, por supuesto, formulados con sumo cuidado y delicadeza.

En las Comunidades Autónomas, sin llegar quizás a los extremos de la Administración local, se participa del mismo defecto. Son administraciones jóvenes, sin cuerpos consolidados de funcionarios, en las que con frecuencia la contratación de los empleados se ha hecho más por captación ideológica que atendiendo al mérito y a la capacidad, y donde el grado de politización y de intromisión de los cargos políticos en la función pública es bastante elevado. Las intervenciones generales y sus intervenciones delegadas gozan de mucha menos independencia que en la Administración central. Lo ocurrido con los ERE de Andalucía es un buen ejemplo de cómo se crea un procedimiento al margen de los mecanismos ordinarios y del control de la intervención.

La Administración central ha tenido la ventaja de contar con una función pública bastante profesionalizada y con una larga tradición y experiencia en el juego de las instituciones. Las intervenciones delegadas en los ministerios y organismos no dependen de los altos cargos de estas entidades, sino del Interventor general, que está encuadrado en el Ministerio de Hacienda. La diferencia con las de las Autonomías, y sobre todo con las locales, es considerable. Dicho lo cual, no quiere decir que no haya muchas cosas que perfeccionar en esta institución, incluso en cuanto a la independencia y, desde luego, en relación con los medios de que dispone. Resulta chocante que casi ningún partido haga referencia a ella en su programa electoral.

Desde hace algún tiempo, un peligro vuelve a acechar a las tres Administraciones. Una especie de moda que, bajo el eslogan de asumir los sistemas de gestión de la empresa privada, propugna la separación de determinadas parcelas de la Administración en forma de organismos, entidades o agencias, librándolas de los controles clásicos, haciéndolas vulnerables no solo a la corrupción sino también al despilfarro y a la mala gestión. No deja de ser curioso y contradictorio que alguna formación política abogue, como si fuese una novedad, por la creación de agencias cuando ya se conoce muy bien a qué resultados conduce. Desechemos los esnobismos y hagamos funcionar mejor las instituciones y estructuras que poseemos.

En tercer lugar, conviene tener en cuenta que el riesgo de corrupción se incrementa proporcionalmente en aquellas áreas o negocios en los que la Administración se relaciona con el sector privado. En la mayoría de los casos, para que se dé la corrupción en los políticos se precisa que al mismo tiempo se produzca en las empresas y sociedades privadas. En esta materia se mantiene una enorme hipocresía, nos rasgamos la vestidura con el menor vestigio de corrupción pública y cerramos los ojos a la que se da en el sector privado y, sin embargo, es fácil comprender que una sociedad mantendrá una clase política tanto más corrupta cuanto más corrupta sea la sociedad, y viceversa.

La cercanía entre el sector público y el privado genera sin duda la posibilidad de que el segundo pretenda sobornar a los responsables del primero, y también la tentación de que estos accedan. Las llamadas colaboraciones público-privadas, que se han puesto de moda (véase el Plan Juncker), aparte de resultar a menudo ineficaces y de convertir al sector privado en parásito del público, incrementan de manera significativa las probabilidades de corrupción.

PACTAR CON LOS INDEPENDENTISTAS

En los momentos actuales, la principal y casi única función del Parlamento es la de formar gobierno. Pero, en lugar de ello, los padres de la patria se dedican a lo que se ha dado en llamar bárbaramente “postureo”, es decir, al espectáculo, a la farsa. Los diputados se agitan, se distorsionan, se contonean. Pretenden controlar al Gobierno, ese Gobierno que no existe más que en funciones, porque ellos no lo han nombrado. Crean comisiones, debaten proposiciones no de ley que son brindis al sol, dado que no pueden aprobar leyes. Se trata de actos de mera propaganda de los distintos partidos, ya que todos están pensando en las próximas elecciones. Y es que si el Ejecutivo es un gobierno en funciones, el Congreso actual es un parlamento provisional, porque es muy posible que tenga que disolverse en poco más de un mes.

Pues bien, al terminar una de esas sesiones dedicadas al torneo dialéctico, en la que se había discutido y votado acerca de la unidad de España, Albert Rivera, que en este teatrillo pretende oficiar de hombre de Estado, acuñó eso de que “Hoy los españoles puede estar tranquilos porque tres cuartas partes de las Cortes defienden la unidad de España y apoyarán sin fisuras al Gobierno”. Pero, lo cierto es que los españoles -incluyendo a la mayoría de los catalanes, los que no quieren la independencia- estamos cada vez más inquietos en esta materia. Y lo ocurrido en las Cortes ese mismo día no ha sido precisamente tranquilizador.

Los tres partidos que se autodenominan constitucionalistas fueron incapaces de ponerse de acuerdo en un mismo texto. Lo impidió el PSOE introduciendo en el debate la tan cacareada reforma de la Constitución, sin aclarar, como siempre, en qué consiste. Sin duda, hay muchas cosas que cambiar en la Carta Magna, lo que no se vislumbra es qué modificaciones podrían solucionar el llamado “problema catalán”. En primer lugar, porque los independentistas están claramente ya en otra onda, más bien hay que decir que siempre han estado en ella, porque cualquier paso dado en la autonomía únicamente constituía, en su mentalidad, un nuevo escalón en el que auparse para continuar la ascensión hacia la independencia.

En segundo lugar, porque junto al principio de la unidad de España, y totalmente fundido con él, debe colocarse el de la igualdad de todos los españoles, sin privilegio alguno por motivos territoriales, y eso es lo que jamás han aceptado los nacionalistas. Existe la sospecha de que lo que algunos pretenden con la reforma de la Constitución es introducir en la Carta Magna aquella parte del último Estatuto que el Tribunal Constitucional anuló. En tercer lugar, porque en esta materia resulta muy difícil creer que se produzca un consenso, al menos aproximado, al que hubo en 1978. Es de suponer que Ciudadanos no hubiese podido votar a favor de la versión presentada por el PSOE si, en lugar de la afirmación genérica sobre su reforma, se explicitase lo que se pretende modificar de la Constitución en el tema territorial.

A pesar de las palabras de Albert Rivera y de las protestas de falta de lealtad que realiza de vez en cuando Pedro Sánchez con respecto a la unión de España, lo cierto es que desde la etapa de Zapatero el PSOE da pocos motivos de sosiego acerca de su firmeza en la lucha contra el independentismo. Hasta hace muy poco tiempo, tal como no se priva de repetir Pablo Iglesias, el PSC defendía el derecho a la autodeterminación de Cataluña, e incluso en los momentos actuales son múltiples los concejales de este partido que han dado su aquiescencia para que sus respectivos ayuntamientos se adhieran a la plataforma por la independencia.

Por otra parte, es difícil olvidar aquellas imprudentes palabras de Zapatero: Pasqual, aprobaré lo que venga de Cataluña”. Zapatero propició un Estatuto de autonomía anticonstitucional, fuente de todos los conflictos posteriores. El problema no lo causó, tal como a menudo se afirma, ni el Tribunal Constitucional ni quienes recurrieron el Estatuto, sino quienes lo elaboraron y aprobaron.

Durante todos estos años, desde que Convergencia se deslizó por la senda del soberanismo, Pedro Sánchez y sus adláteres han adoptado frente a esta ofensiva una postura en extremo tibia. Se han situado entre el independentismo y el Gobierno, en una tercera vía, culpabilizando al primero y responsabilizando al segundo, lo que representa romper la unidad de acción. Su tesis es que hay que negociar, pero eso es lo realmente preocupante, porque el independentismo solo quiere negociar la separación de Cataluña con España. Cualquier paso en ese terreno es entrar en su juego.

No existe mayor sofisma que el de mantener que no se puede responder con la ley y los tribunales a un problema político. En una democracia la ley es el fundamento de toda acción política, de manera que fuera de la ley no existe la política, lo único que existe es la anarquía y la delincuencia, y son por supuesto los tribunales los encargados de restablecer el Estado de derecho. La postura irenista mantenida por Pedro Sánchez conduce sin duda al desastre. La historia demuestra que frente a los nacionalistas -y más concretamente frente al soberanismo catalán- de nada valen las concesiones. Tal como afirmaba Ortega, no cabe solución, solo conllevar el problema. Obviamente, por ambas partes, pero si la otra parte no quiere, no queda otra opción más que la fuerza, de la ley, pero la fuerza.

De forma un tanto empalagosa se afirma que hay que reformar la Constitución para que los catalanes se sientan cómodos. Antes que nada habría que decir que muchos catalanes, la mayoría, se sienten muy cómodos, al menos tan cómodos como los de otras regiones de España. Desde la Transición, buena parte de la política española ha estado condicionada por el intento de incorporar las pretensiones y los gustos de los nacionalistas. Se hizo una Constitución a su medida. En Cataluña este hecho se manifestó en el buen resultado obtenido en el referéndum, muy superior incluso al alcanzado en otras regiones; en el País Vasco y Navarra, concediéndoles el privilegio del concierto, régimen propio de la Edad Media o de una monarquía absoluta, pero totalmente incompatible con un Estado social de derecho y una hacienda pública moderna.

Así y todo, el nacionalismo nunca ha estado cómodo. Siempre ha pretendido más y más privilegios (ellos los llaman singularidades) y, dado el sistema electoral que los convertía a menudo en árbitros de los dos partidos mayoritarios, los conseguían porque los gobiernos en minoría se veían forzados a concedérselos. Convergencia se ha vanagloriado a menudo de haber colaborado a la gobernabilidad del Estado, pero en realidad lo único que han hecho siempre ha sido chantajear al Gobierno central para obtener concesiones, no tanto para Cataluña como para los intereses de una determinada clase política.

El nacionalismo practica una distorsión en el lenguaje nada inocente, pero que se está introyectando de forma muy hábil incluso en el discurso de los que combaten el soberanismo, y es la identificación de Cataluña con la Generalitat y con su Gobierno. Así, se habla del Parlamento o del presidente de Cataluña, cuando en realidad habría que referirse al Parlamento o al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo cual cambia mucho (sobre todo en el ámbito de las competencias). Se afirma que Cataluña está en quiebra, cuando en realidad goza de muy buena salud económica y las únicas finanzas que se encuentran en estado de insolvencia son las de la Generalitat. La Generalitat es tan solo una de las tres Administraciones con las que cuenta Cataluña. Se sostiene que la hacienda estatal sea visto obligada a prestar a Cataluña, cuando en realidad está prestando tan solo a la Comunidad Autónoma, y en ese confusionismo los nacionalistas pretenden defender que los recursos han salido antes de Cataluña, lo cual puede ser cierto, pero no de la Generalitat, que recibe lo que le corresponde y si mantiene un déficit mayor que el de otras economías es tan solo por su mala gestión o porque aborda competencias que no le corresponden. Todo el victimismo del nacionalismo catalán termina diluyéndose al considerar que los sueldos del presidente y de los consejeros de la Generalitat son los más elevados de todas las Comunidades Autónomas.

Otra de las falacias que se repite con cierta insistencia es que la falta de diálogo ha sido la causante de que el independentismo haya aumentado en los últimos años. Este argumento participa de la confusión de creer que porque dos fenómenos coincidan en el tiempo uno es causa del otro. El origen del incremento habría que buscarlo más bien en la enorme crisis económica, que ha fustigado a Cataluña, como a otras regiones, y en sus terribles secuelas, que ha generado las críticas y las más duras protestas, adquiriendo según las latitudes distintos ropajes, y que en Cataluña se ha revestido de independentismo.

Pretender solucionar el problema del nacionalismo catalán a base de concesiones es de una gran ingenuidad. Bien lo experimentó el propio Azaña quien, después de ser un defensor acérrimo del Estatuto catalán en la II República, se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de la deslealtad del nacionalismo catalán; primero cuando Companys, aprovechando la revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán, y más tarde por el comportamiento de la Generalitat en plena guerra civil. De ahí la intranquilidad que produce la postura ambigua de Pedro Sánchez tendente a la cataplasma, al diálogo y a la negociación. Son difíciles, por no decir imposibles, nuevas concesiones sin romper el principio de igualdad. La actitud adoptada por Ciudadanos, al convertirse en un partido acólito del PSOE, tampoco infunde mucha tranquilidad. Albert Rivera haría bien en reflexionar en ello, ya que el gran activo (quizás el único) de su formación política ha sido oponerse al nacionalismo.

UN PACTO PARA NO CUMPLIRSE

Solo el pavor que despierta Podemos a las distintas instancias mediáticas puede explicar la acogida tan favorable que se ha dispensado al documento suscrito por el PSOE y Ciudadanos. En cualquier otra circunstancia las críticas lo habrían destrozado por utópico, irrealizable y contradictorio. Tierno Galván, el viejo profesor, con ese cinismo que le caracterizaba, acuñó la conocida frase de que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas, y esto es lo menos que se puede decir de las doscientas medidas fijadas en el pacto.

Por eso suena tan hipócrita la aseveración de que lo único importante es el contenido y no quién pueda encarnar el Gobierno. En realidad, es todo lo contrario, no solo porque en lo que estamos ahora es en un proceso de investidura para elegir a un presidente, sino porque nadie piensa en serio que se puedan llevar a término las medidas anunciadas. Se trata tan solo un anzuelo con el que alcanzar el Gobierno. En la práctica, lo único relevante es la credibilidad que se otorgue a cada uno de los aspirantes.

En primer lugar, el documento parece ignorar todos los condicionantes que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria, lo que choca frontalmente con el hecho de que las dos formaciones políticas que lo suscriben se declaran firmes partidarias de la Moneda Única. Se plantea con mucha alegría la creencia de que se va a lograr que la Comisión cambie la secuencia en la consolidación fiscal. Pero es que, además, las limitaciones que el euro introduce en la economía van mucho más allá del simple cumplimiento del Pacto de Estabilidad.

Con independencia de los mandatos de la Comisión, el alto nivel que alcanza en la actualidad el stock de deuda pública, unido al también muy elevado porcentaje de endeudamiento exterior, junto con tasas de inflación alrededor de cero, sin posibilidad de devaluar y sin banco central propio que respalde a la económica española, el margen que podemos permitirnos en materia de déficit es casi nulo. Todo incremento en el gasto público tiene que financiarse forzosamente con una subida de la recaudación fiscal, y ahí comienza el enorme vacío del pacto, pues no se determina ni el coste de las medidas ni la forma de financiarlas. Quien afirme que quiere mantener la economía del bienestar pero no esté dispuesto a incrementar la presión fiscal es un ingenuo o un mentiroso.

Casi la mitad de las iniciativas propuestas implican elevación del gasto público o reducción de ingresos, que para el caso es lo mismo. Se proyecta dedicar más recursos a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la investigación, y en general a I+D+i, a la cobertura del seguro de desempleo, a las pensiones, a la formación profesional, a establecer un ingreso mínimo vital, a promocionar a los autónomos, incluso a sufragar parte de los salarios que deben pagar los empresarios mediante ese engendro -pergeñado por el señor Garicano y FEDEA- del complemento salarial garantizado. A lo que hay que añadir los beneficios y exenciones fiscales que se van a conceder por distintos motivos, entre otras figuras a los mecenazgos, y la enorme cantidad de organismos e instituciones que a lo largo de todo el documento se prevé crear.

Ninguna de estas partidas está valorada, pero es que tampoco aparece en el documento ninguna planificación adecuada acerca de dónde se piensan obtener los recursos. En materia fiscal se mueve en la mayor ambigüedad. Sus autores, en especial Ciudadanos, repiten que no se van a subir los impuestos. Al margen de generalidades, la única referencia cierta es la creación de un nuevo tributo sobre las grandes fortunas y el establecimiento de un mínimo obligatorio para todas las Comunidades Autónomas en el tipo del impuesto de sucesiones. Eso sí, y como no podía ser de otro modo, constituir una comisión de expertos. Ahora bien, con estos palillos poco se puede financiar, como tampoco es previsible que a corto plazo la lucha contra el fraude fiscal proporcione los recursos que se precisan.

Todos los gobiernos presentan como un objetivo inaplazable combatir la economía sumergida y la evasión fiscal, aunque lo cierto es que la tarea resulta más ardua de lo que se supone, especialmente ahora cuando la libre circulación de capitales es una exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y esta institución, a pesar de sus pomposas declaraciones, no se toma ningún interés en que desaparezcan los paraísos fiscales ni da ningún paso hacia la armonización de los impuestos directos. No deja de ser curiosa la promesa de establecer por ley la prohibición de reconocer futuras amnistías, lo que constituye un brindis al sol, ya que las amnistías se aprueban también por ley y una norma invalida a la otra. No hay que prohibirlas, basta con no aprobarlas; pero todos los gobiernos de una u otra manera han concedido alguna. Por ejemplo, la regulación de balances aprobada en tiempos de Zapatero constituye una de las formas más lesivas de amnistía fiscal, ya que exonera de gravamen a todas las plusvalías acumuladas por las sociedades a lo largo del tiempo.

Alguno de los portavoces de los partidos firmantes, especialmente de Ciudadanos, recurre a la supresión de las Diputaciones como forma de obtener los recursos precisos. Ello lo único que demuestra es el desconocimiento total que poseen de la Administración. Suprimir legalmente determinadas entidades no implica que puedan eliminarse las tareas que estas realizan y mucho menos prescindir de los medios humanos y materiales de las que están dotadas. La reestructuración y reorganización de la Administración local puede ser encomiable; la supresión de tumbonas y sinecuras, plausible; pero que nadie espere con ello financiar la sanidad, la educación, las pensiones o el seguro de desempleo.

El documento parece haber encontrado el bálsamo de Fierabrás en la creación de agencias y organismos independientes. Todo él está plagado del establecimiento de este tipo de entidades. Sin embargo, considero que lo único que se puede lograr con ello es incrementar el descontrol y la arbitrariedad. En esta materia, al igual que en el afán de introducir términos académicos, lo que se desprende es un cierto olor a pedantería y a un total desconocimiento del sector público. La misma inexperiencia que parió la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que lleva casi doce años siendo ejemplo de inutilidad.

Lo mejor que se puede decir de este documento es que está elaborado para engañar al personal y para mantener el espectáculo, y que de ninguna manera piensa aplicarse. Ha que suponer que sus mismos autores no creen en su viabilidad. De lo contrario, el problema sería mucho más grave, porque indicaría la total incompetencia de los que aspiran al Gobierno, absoluto desconocimiento de nuestro sector público, de nuestra economía y de las limitaciones que implica nuestra pertenencia a la Unión Europea. Tampoco las fuerzas mediáticas y económicas y los ínclitos comentaristas políticos se creen que vaya a aplicarse jamás, por eso no les da miedo, porque en el fondo los que nos les producen ningún temor son los firmantes del pacto. En realidad, sí es un tema de quien ocupa los sillones.

MÁS MONÁRQUICOS QUE EL REY

Dada la situación política de España, es difícil escribir sobre otra materia, ya que esta proporciona a diario suficientes lances dignos de comentar. La verdad es que no se vive tan mal sin gobierno. Me explicaré para no escandalizar a la concurrencia, que estos días está muy propensa a rasgarse las vestiduras. La Administración continúa funcionando. Gobierno tenemos, solo que con las manos atadas, como el que dice, puede ejercer solo en los asuntos corrientes, en los de trámite. Lo que no le está permitido es legislar, lo cual se agradece después de una época más bien larga de diarrea legislativa, en la que cada gobierno se superaba respecto al anterior. Por otra parte, la experiencia dice que la mayoría de las normas traen pocas cosas buenas. Se produce un gran contraste entre los programas electorales (o los de investidura) y lo que después se termina llevando a cabo en el gobierno.

Después de las sesiones de no investidura, los dos partidos políticos del pacto han quedado un poco fanés y descangallados, como en el tango. Dicen que los socialistas están indignados con Pablo Iglesias, no solo por no plegarse a los deseos de Pedro Sánchez, sino por su alusión a la cal viva y a Felipe González, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué. La historia y el pasado son inmisericordes. Recuerdo yo a una diputada de Izquierda Unida que hace años le propinó a González aquello de que tenía las manos manchadas de sangre, y poco después la hicieron consejera en el Gobierno de Andalucía con Griñán, y más tarde ministra con Zapatero, diputada con el PSOE, y actualmente es consejera con Susana Díaz. Así que me he preguntado si Iglesias que veía cómo Pedro Sánchez no era proclive a nombrarle vicepresidente -ni siquiera ministro- no habrá quizás escogido este camino pensando que era una forma más directa de conseguir su objetivo. Tampoco entiendo muy bien que el PSOE haya pretendido demonizar al líder de Podemos por la referencia que hizo de Otegui. ¿Acaso olvidan que el primero que le llamó hombre de paz fue Zapatero?

Felipe se ha hecho el displicente afirmando que no le ofenden las palabras de Pablo Iglesias y apostillando a continuación que no entiende por qué tiene esa carga de rabia y de odio dentro. Y sin venir a cuento añadió: “Yo sé que es un buen discípulo de Anguita”. Con lo que demostró que es él el que arrastra una buena dosis de resentimiento y rencor, ya que, por lo visto, después de tantos años no puede olvidar a Julio Anguita. Y es que el problema de González ha sido siempre la izquierda. Problema que ha contagiado a todo el PSOE.

El partido socialista, a pesar de que cuando ha estado en el gobierno ha hecho la mayoría de las veces políticas de derechas, ha querido ser siempre la única y auténtica izquierda, ha tolerado muy mal la existencia de cualquier otra formación política a su siniestra, y ha dado todos los pasos posibles para destruirla. Es más, la ha ninguneado permanentemente y se ha creído con derecho a contar siempre con sus votos sin pagar peaje alguno, bajo el chantaje de que, de lo contrario, se hacía el juego a la derecha. En otras épocas, frente a Izquierda Unida agitó de continuo el fantasma de la pinza, fantasma que vuelve de nuevo de la mano de Pedro Sánchez y sus adláteres aplicado a Podemos. Esta formación tiene por fuerza que ser su lazarillo sin pedir nada a cambio, porque, si no actúa así, es que opta por el gobierno del PP.

El argumento es infantil pero sin duda tiene gancho. Tan es así que Ciudadanos lo ha copiado para emplearlo en sentido contrario contra el PP; esta formación al votar “no” a Pedro Sánchez se situaba del lado de Podemos, de los independentistas y de Bildu. El sofisma es evidente, porque si algo ha quedado claro de estas sesiones de investidura es que el nacionalismo y el independentismo prefieren un gobierno de Pedro Sánchez al de Rajoy.

El otro día en el discurso de la no investidura, entre los muchos sofismas que utilizó, el candidato realizó dos afirmaciones ciertas. La primera, que todo posible gobierno pasa por el PSOE. No obstante, es incapaz de sacar las consecuencias y es que por eso mismo esta formación también está implicada y es la máxima responsable en el fracaso de posibles pactos y en la convocatoria de nuevas elecciones.

La segunda aseveración se refería a que el 20-D los ciudadanos optaron por los acuerdos y a favor de que las fuerzas políticas se entendiesen. Sin duda es cierto que el abanico político se ha hecho más plural, y lo único claro de los resultados de las pasadas elecciones es que los partidos, si quieren garantizar la gobernabilidad están forzosamente obligados a dialogar y a pactar. Pero esta consideración se la debía haber aplicado a sí mismo, y tendría que haber negociado al menos con las otras fuerzas con las que puede sumar, es decir, con Podemos y con el PP. Pactar exclusivamente con Ciudadanos es un brindis al sol, como ya se ha comprobado.

Pedro Sánchez, siguiendo la tónica de sus antecesores, ha pensado que las fuerzas a su izquierda están obligadas a cederle sus votos sin ninguna contrapartida, con la única finalidad de que no gobierne la derecha. Se olvida de que en esta ocasión el PSOE tiene tan solo 90 diputados, y Podemos se acerca a él en escaños y casi les alcanza en votos, por lo que no cabe el ninguneo ni el apoyo gratuito. Pactar significa pactar y, si es necesario, ofrecer gobiernos de coalición tal como ha hecho Rajoy y tal como, con toda lógica, demanda Podemos al PSOE, tanta más lógica cuanto que el partido socialista tiene una larga experiencia en ser rojo en la oposición y azul en el gobierno.

El error de Pedro Sánchez es que ha procedido como si tuviera mayoría absoluta o le faltasen unos pocos escaños para tenerla. Ha justificado su actuación poniendo como pantalla al rey. Su conducta obedecía a que el Rey le había nombrado candidato a la presidencia del Gobierno -se alejaba así de lo que en sentido estricto es una monarquía parlamentaria-, responsabilizando al monarca de decisiones que no le competen. La designación real obedece tan solo a lo que le indican en la ronda de contactos los líderes políticos. Si el rey designó al secretario general del PSOE fue únicamente porque este le dio a entender que obtendría los votos necesarios.

Curiosamente, es la propia Casa Real la que está recordando semejante obviedad, refiriéndose a un texto del discurso de Navidad del propio monarca: “En un régimen constitucional y democrático de Monarquía Parlamentaria como el nuestro, las Cortes Generales, como depositarias de la soberanía nacional, son las titulares del poder de decisión sobre las cuestiones que conciernen y afectan al conjunto de los españoles: son la sede donde, tras el debate y el diálogo entre las fuerzas políticas, se deben abordar y decidir los asuntos esenciales de la vida nacional”. En fin, que cuando hay intereses en juego algunos son mas monárquicos que el propio rey.

EL TINGLADO DE LA ANTIGUA FARSA

“He aquí el tinglado de la antigua farsa”. Así comienza “Los intereses creados”, la obra más conocida de Benavente. Y así podría comenzar cualquier descripción que se haga en estos momentos de la actividad política española. Fuimos conscientes de ello durante la campaña electoral. La preeminencia mediática (véase mi artículo de 25 de diciembre de 2015) convirtió en buena medida los actos electorales y los debates en reality shows, desalojando los argumentos, el raciocinio y el sentido común. Presumíamos que el afán escénico desaparecería una vez acabadas las elecciones, pero no ha sido así.

Un personaje, Pedro Sánchez, ha decidido convertir la política en un circo, ha construido toda una farsa desde el mismo día de las elecciones. La presentación de los resultados constituyó ya un teatrillo. Cuando todo el mundo esperaba su dimisión, apareció en tono triunfalista afirmando que se había hecho historia, y ciertamente el PSOE había hecho historia obteniendo el peor resultado desde la Transición. A partir de ahí, se decide crear un mundo de ilusión en el que nada es lo que parece, sin embargo solo a las apariencias se les da importancia. Todo se trastoca en función de los intereses del candidato socialista y de su permanencia al frente de su partido.

Comenzó por negar lo evidente, esto es que, dado el lugar que el PSOE ocupaba en el espacio electoral, todo posible acuerdo para investir a un candidato pasaba por la dirección que tomase esta formación política. Pedro Sánchez, desde el primer día, se negó no solo a pactar sino incluso a hablar con el Partido Popular. Estaba en su derecho, pero esa decisión excluía a Rajoy de la investidura, por lo que no se entiende muy bien la continua crítica a este por haber declinado la invitación del rey. Esa decisión también bloqueaba, como es lógico, todo pacto de investidura por la derecha, porque era de suponer que el PP no estaría de ningún modo dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez. Desde ese momento, solo una vía quedaba abierta, un juego complicado de carambolas difíciles de conseguir: el acuerdo con Podemos y fuerzas afines, con la complicidad de los partidos nacionalistas e independentistas.

Cuando Pedro Sánchez reclama del rey ser designado para la investidura, nadie duda de que ese es el camino que va a seguir, ya que no le queda otro posible y, además, determinadas actuaciones como dar un puesto en la mesa del Senado al PNV y prestar cuatro senadores a Convergencia y a Esquerra para que ambos tengan grupo parlamentario son claros signos de esta ruta. Incluso esa fue la suposición del Comité Federal y de ahí sus resistencias y suspicacias, hasta el punto de que el candidato recurrió a la consulta directa a los militantes como forma de eludir la supervisión de los órganos del partido. Consulta que ha quedado sin sentido y desvirtuada tras el acuerdo con Ciudadanos.

A estas alturas de la película, todo este mes aparece como una tremenda farsa montada por Pedro Sánchez y con la complicidad, tal vez cándida, de Rivera. Es posible que el secretario general del PSOE juzgase que la petición de Podemos era inasumible, en especial la idea de formar un gobierno de coalición con ministros de varios partidos, y se decidió a montar todo un espectáculo que poco tenía que ver con la investidura, una representación a su mayor gloria, en la que actuaba recibiendo a unos y a otros no ya como un presidente de gobierno, sino como un jefe de Estado; ha empeñado todos sus esfuerzos en catapultar y potenciar su imagen quizás pensando ya en unas nuevas elecciones, o en asegurar su liderazgo en el PSOE. Pedro Sánchez mintió al rey y ha tomado el pelo a todos los españoles. Ni tenía los votos ni ha hecho ningún esfuerzo para conseguirlos. Durante todo un mes ha estado mareando la perdiz y dedicándose al autobombo. De hecho, ha establecido negociaciones con todo el mundo excepto con aquellos que podían darle los apoyos necesarios.

Al final de este tobogán de despropósitos se llega al acuerdo firmado con Ciudadanos, pacto fantasmal, virtual, carente de finalidad, puesto que se sitúan muy lejos del número de escaños necesarios para la presidencia y, además, cierra cualquier posibilidad de acuerdo con Podemos. El pacto con Ciudadanos se configuró como un acto de propaganda política, fue una buena representación teatral. Deciden conjuntamente que aparezca Rivera en primer lugar anunciando cinco medidas como inexcusables para el pacto y como si de ellas dependiese la salvación de España y de todos los españoles. Se trataba de permitir que el líder de Ciudadanos tuviese su minuto de gloria. Inmediatamente después, aparece Pedro Sánchez para afirmar que las acepta y que ya hay pacto, y se monta la parafernalia.

Para la firma usan toda la prosopopeya posible, hasta el punto de caer en la mayor ridiculez, solo comparable con la “confluencia planetaria” de Leire Pajín. Utilizaron uno de los salones más solemnes de las Cortes, delante del cuadro de Juan Genovés, y con una liturgia tal que parecía que estaban aprobando una nueva Constitución o la adhesión de España a la Unión Europea. Se habló de momento histórico, de una nueva transición y de no sé cuántas cosas más. La petulancia fue infinita. Todo el montaje caía en lo histriónico o en la payasada. En periodismo se suele afirmar que cuanto más grande el titular, más insustancial la noticia. Pues bien, si la representación teatral fue tan solemne se debió a que el acuerdo era intrascendente.

La irrelevancia del pacto está en primer lugar en que los firmantes representaban poco más de un tercio de la cámara y, por lo tanto, un número totalmente insuficiente para formar gobierno, y no digamos para reformar la Constitución, tal como pretenden. La teoría de que se trata de política y no de números tiene muy poca consistencia porque la democracia y la elección de un presidente es una cuestión de aritmética, de mayorías. Es esa inoperancia, esa conciencia de que el acuerdo no va a ninguna parte, mas allá de la firma y del escenario, lo que permite introducir en él todo lo que se quiera y constituir un pastiche, un agregado de los dos programas sin orden ni concierto, sin coherencia y sin ningún cuadre de cuentas. Allí se incluyen por igual las manías de Jordi Sevilla y las de Garicano, del contrato único a las agencias, del ingreso mínimo garantizado al complemento salarial.

Los enterados comentaristas y tertulianos se echaron las manos a la cabeza con el documento presentado por Podemos, afirmando que era inaplicable. No obstante, lo cierto es que al menos presentan una memoria económica, que podía ser relativa, como todas, pero se señalaba claramente qué impuestos se iban a subir para financiar las nuevas prestaciones. En el pacto del PSOE y Ciudadanos apenas se habla de los ingresos, sí sabemos que no pretenden elevar el IRPF, ni siquiera a los consejeros de las empresas del Ibex (que son rentas del trabajo y están por encima de los 300.000 euros anuales). Constituye la carta a los Reyes Magos. Todo se piensa conseguir por obra del Espíritu Santo, la multiplicación de los panes y los peces. Este acuerdo sí que es inaplicable, pero la verdad es que da igual porque no está hecho para que se pueda aplicar. Puro teatro.

La inconsistencia del pacto aparece de forma evidente cuando se pretende que sirva igual para el PP que para Podemos. Ciudadanos intenta que se adhiera Rajoy. «Dijo que no al rey y ahora dice no al consenso Constitucional», Ribera dixit. ¡Habrá tamaña petulancia! El PSOE se esfuerza para incorporar a Podemos. Pedro Sánchez resucita la imagen de “la pinza”. Este es el pacto del milagro, el líquido taumatúrgico que cura todas las enfermedades y sirve para todos y para todo, lo mismo se puede aplicar a un roto que a un descosido.

Pedro Sánchez afirma del pacto que no tiene fecha de caducidad. Yo creo que nace ya caducado. Después del 5 de marzo estará obsoleto. En los dos próximos meses no parece probable que se produzca la investidura de algún candidato, pero en todo caso, si sucede, será prescindiendo de dicho acuerdo, y tampoco creo que el PSOE y Ciudadanos quieran presentarse juntos a una próximas elecciones.

No hay por qué extrañarse de que Pedro Sánchez haya montado este sainete. Es la huida hacia adelante con la que cree poder salvar la cabeza. Menos comprensible es la postura de Rivera. Quizás piensa que es la forma de rentabilizar su cuarto puesto en las elecciones, aunque el juego le puede resultar muy peligroso. De todos modos, lo que carece de lógica es que muchos comentaristas y tertulianos se dejen engañar por lo que no es más que una ficción y lo tomen por realidad. La única explicación está en el miedo que les produce Podemos y ven con alivio cualquier alternativa. Sería muy triste que la sociedad española caiga en el mismo error. Pero todo es posible, al fin y al cabo la vida, y también la social, tiene mucho de tinglado de la antigua farsa.

PEDRO, NO SABES DÓNDE ESTÁS

Hace dos semanas, después de que Podemos presentase a los medios su documento orientado a los pactos, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, también en rueda de prensa, apesadumbrado, desanimado y sorprendido, lo único que se le ocurrió afirmar es “Pablo, no sabes dónde estás”, que era más bien expresión de su propio desconcierto y de la confusión que embargaba en aquel momento a todo el PSOE. Y es que Pedro Sánchez fija toda su argumentación en lo que considera un hecho cardinal y que él y los suyos no paran de repetir como un eslogan. Él es el elegido. Desvirtúa así el papel que la Constitución otorga al rey, meras funciones de representación, sin capacidad de decisión efectiva.

El nombramiento de candidato a la investidura es el simple reconocimiento por el monarca de una situación preexistente, la derivada del resultado electoral y de la capacidad que cada líder tiene de llegar a pactos, manifestada en las rondas de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios. El rey lo único que hace es designar a aquel que considera con posibilidades de obtener los votos necesarios para la investidura. Es por eso por lo que carecía de sentido que Rajoy se presentase a ella desde el mismo momento en el que el PSOE se había negado a cualquier diálogo con el PP y, además, resultaba evidente que esta última formación no podía pactar ni con Podemos ni con los partidos independentistas.

Pedro Sánchez, sin embargo, ha trastocado totalmente el sentido de la designación real para la investidura. Ha ocultado el carácter meramente funcional (designar a aquel que puede conseguirlo) para interpretarlo como un verdadero nombramiento institucional que sitúa al elegido por encima del resto de los representantes políticos. De ahí lo de que es su tiempo y no el de Rajoy ni el de Pablo Iglesias. De ahí también lo de “Pablo, no sabes dónde estás” o esa otra frase de Antonio Hernando, tan deficientemente construida por cierto: “Pablo, ¿en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura?». Solo al elegido le está permitido hacer las propuestas y los planteamientos.

Pedro Sánchez se ofreció a presentarse a la investidura haciendo creer a todos, empezando por el rey, que tenía los apoyos necesarios pero, una vez designado, no se ha dedicado precisamente a esa tarea, sino a otra muy distinta, a desenvolverse como si estuviese investido de una dignidad especial, exhibiéndose como hombre de Estado, y recibiendo con magnificencia y solemnidad a todas las fuerzas políticas, agentes sociales (no se entiende qué pintan en la investidura), e incluso organizaciones sociales. A la hora de negociar se ha centrado especialmente en el partido de Ciudadanos con el que firma un acuerdo aun cuando no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno. Es más, se va a Bruselas coincidiendo con la Cumbre en la que se decide la salida o no de Gran Bretaña con la finalidad de hacer ver que su papel es al menos tan relevante como el del presidente del Gobierno en funciones. Parece que su objetivo es más hacer campaña electoral de cara a los próximos comicios que lograr la investidura.

A Pedro Sánchez, después de haberse negado a dialogar y a negociar con el PP, el único camino que le queda de cara a la investidura es el de Podemos. Pero curiosamente es la vía que ha postergado. Piensa que las peticiones de la formación naranja son desproporcionadas. De ahí lo de “Pablo, no sabes dónde estás”. No obstante, quizás el que no sabe dónde está es Pedro Sánchez, porque no es consciente de que tan solo tiene noventa diputados, por lo que a la hora de pactar para formar gobierno necesita otros tantos escaños, y no puede pretender conseguirlos haciendo tan solo unas cuantas concesiones. Es posible que Ciudadanos se conforme con ello, puesto que sabe que sus votos no bastan y pretende tan solo vender su imagen de dialogante, pero no Podemos, que quiere poder real, que no se fía del PSOE y sabe que las transformaciones solo se hacen desde el Gobierno. Es posible que la forma no haya sido la más correcta, pero la petición de participar en el Ejecutivo en proporción a los diputados que aporta parece totalmente lógica. ¿O es que acaso Pedro Sánchez pensaba que le iba a salir gratis ser presidente del Gobierno? Podemos no quiere un pacto de investidura, sino de gobierno y eso es a lo que el líder socialista no está dispuesto a ceder en ningún caso.

Si exceptuamos lo de la plurinacionalidad y la pretensión de sembrar de referéndums toda la geografía peninsular, y a pesar de la campaña en contra de las fuerzas económicas y de los medios de comunicación, no hay nada en el documento de Podemos que sea disparatado o abusivo. Ciertamente hay aspectos discutibles, incluso puede haber errores. Se nota que no conocen la Administración, pero eso también fue una característica del comportamiento tanto del PSOE como del PP la primera vez que llegaron al poder. Desde luego, no es un documento imbuido de doctrina leninista ni bolivariana. Por no llegar, no llega ni a socialdemócrata. Se han distorsionado muchas de sus demandas, queriendo ver planteamientos totalitarios en el nombramiento de ciertos altos cargos cuando el documento proyecta precisamente modificar los procedimientos actuales para hacerlos más democráticos, pero, eso sí, reclama al mismo tiempo, que mientras tanto, en tanto que continúe como hasta ahora nombrándolos el Gobierno, sea por consenso entre las fuerzas que van a componer el Ejecutivo. Se trata de un problema de la distribución de poder dentro de la coalición.

Tampoco en el tema económico cabe rasgarse las vestiduras. Su único punto débil es que puede chocar con la política y las pretensiones de la UE, pero eso es una limitación que se descubre en la práctica tal como le ocurrió a Tsipras. En cualquier caso, el incremento de las prestaciones y servicios sociales estará limitado por la capacidad que se tenga de aumentar la recaudación fiscal, lo que sin duda puede tener mucho recorrido si tenemos en cuenta que la presión fiscal de España presenta una diferencia con la media de la Eurozona de casi ocho puntos del PIB. La única manera de mantener el Estado de bienestar a niveles acordes con los que subsisten en los países de nuestro entorno es incrementar progresivamente en el futuro la presión fiscal.

Las reformas fiscales que plantea Podemos no son en absoluto exorbitantes. En buena medida, intentan solo retornar a lo que era el sistema tributario a principios de los ochenta. Corregir los enormes agujeros que en los diez últimos años se han venido haciendo en el impuesto de sociedades; reconstruir el impuesto de sucesiones y patrimonio; en el IRPF aplicar a las rentas de capital la misma tarifa que a las rentas de trabajo; incrementar los tramos y tipo marginal en este impuesto a partir de 60.000 euros de ingresos desde el 45% actual hasta el 55%, que se aplicaría a partir de los 300.000 euros de rentas anuales. Son medidas sumamente moderadas si recordamos, por ejemplo, que un gobierno de centro como UCD creó el IRPF con un marginal máximo del 65% y para tramos de renta muy inferiores a los de 300.000 euros. Escuchar a los tertulianos afirmar que una renta de 60.000 euros pertenece a la clase media resulta extremadamente risible, si no fuese indignante.

El problema de Pedro Sánchez es que no sabe muy bien qué quiere, si pactar con la derecha o con la izquierda. Bueno, sí, quizás lo que desea es gobernar como si tuviese 180 diputados. Él, según dice, no quiere hablar de sillones sino del “qué”. En realidad, lo que no le importa es el “qué”, por eso le da igual mirar a la derecha que a la izquierda. Lo que le importa son los sillones, es decir, mantenerlos todos sin ceder ninguno. No quiere coaliciones, solo que le respalden en la investidura, pero se olvida de que solo tiene 90 diputados, por eso hay que decirle: Pedro, no sabes dónde estás, no sabes el número de diputados que tienes.

EN EUROPA NO TODOS SOMOS IGUALES

Hace unos días se hizo público el informe de la auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas europeo a la Comisión acerca de los rescates de Irlanda, Portugal, Rumania, Hungría y Lituania. La primera conclusión a la que llegan los auditores es la arbitrariedad y la falta de equidad con que ha venido actuando la Troika al aplicar criterios distintos según los países. Se han impuesto condiciones diferentes en situaciones similares. En realidad, este comportamiento no es nuevo, ha sido una constante en los organismos internacionales. Quizás el caso más evidente y también el más antiguo sea el de las misiones llevadas a cabo por el FMI en América Latina y en otros países subdesarrollados.

La carencia de protocolos y reglas concretas permite que las actuaciones de la Troika se realicen en el vacío, guiadas exclusivamente por la discrecionalidad de sus miembros, sus análisis subjetivos y sus particulares ideologías. Hay, no obstante, un factor aún más negativo y que incrementa la arbitrariedad en todas las decisiones de las instituciones europeas. Y es que ni todos los países son iguales ni tienen la misma influencia en Bruselas. La discriminación fue evidente desde el principio, cuando tanto Francia como Alemania sobrepasaron ampliamente el déficit fijado por el Pacto de Estabilidad sin que las autoridades comunitarias fuesen capaces de llevar adelante el expediente de déficit excesivo.

El último ejemplo lo hemos tenido recientemente en la aceptación por Bruselas del sistema que el Gobierno italiano ha diseñado para sanear a sus bancos, consistente en que las entidades financieros titularicen en paquetes la enorme cantidad de créditos fallidos o dudosos con el aval del Estado. Italia se libra así de sufrir un rescate similar al que padeció España en el pasado, y no se ve obligada, por tanto, a los ajustes y reformas que se impusieron a nuestro país, y los bonistas y accionistas de los bancos se han librado, al menos por ahora, de las quitas que podrían sufrir de haber adoptado el otro camino.

Resulta sorprendente que el BCE no haya puesto ningún reparo y que la única condición exigida por la Comisión sea que las operaciones se realicen a valor de mercado para no violentar la competencia con respecto a otros bancos, lo que sería en caso contrario ayuda de Estado. Lo más insólito es que este acuerdo se produce después de la creación en 2014 del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), dependiente del BCE y que asume la inspección al menos de los grandes bancos considerados sistémicos y, sobre todo, del Mecanismo Único de Resolución (MUR), constituido con la finalidad de que la intervención de las entidades financieras en dificultades no sea tarea de los gobiernos nacionales sino de la UE.

La filosofía que preside ambos organismos es lograr que el coste de los rescates bancarios no recaiga sobre los contribuyentes sino sobre los accionistas, bonistas y demás acreedores de la entidad, de acuerdo con la jerarquía de riesgo establecida. Solo los depositantes de cantidades inferiores a 100.000 euros están claramente excluidos de las posibles pérdidas. Tal como afirma la presidenta del MUR, Elke König, el rescate de los bancos con dinero público es cosa del pasado. Pues bien, el plan diseñado por el Gobierno italiano para sanear sus bancos y aceptado por las autoridades europeas desmiente esta última aseveración, al menos para algunos países. Es evidente que los contribuyentes italianos se verán obligados a asumir las posibles pérdidas, cosa harto probable, dado que el Estado garantiza la titulización. Aun cuando el ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan, ha conseguido que en los avales que se van a conceder no se tengan en cuenta ni en el déficit ni en el stock de la deuda pública, lo cierto es que son un pasivo contingente que aumenta el riesgo de endeudamiento público, tanto más cuanto que previsiblemente van a ser activos tóxicos.

A pesar de que hace poco más de tres años la situación de Italia era parecida a la de España y que los dos países sufrieron fuertemente el acoso de los mercados con la prima de riesgo a niveles prohibitivos, la trayectoria posterior, desde que el BCE intervino en el mercado, ha sido diferente. El Gobierno español se sometió de forma disciplinada a los distintos mandatos que venían tanto de la Comisión como del BCE y acometió la reforma del sistema bancario, mientras que los mandatarios italianos tiraron balones fuera, marearon la perdiz e hicieron como si acometiesen reformas; ahora emprenden la reforma del sistema bancario, pero con un plan propio y saltándose las reglas estipuladas.

Bien es verdad que la situación actual es muy distinta de la de hace tres o cuatro años. La actuación del BCE impide cualquier movimiento especulativo sobre los bonos de los países. Pero, sobre todo, la explicación de que Bruselas haya aceptado el plan hay que buscarla en la influencia que Italia tiene sobre las instituciones europeas y en los puestos de suma importancia que ocupan algunos italianos en Europa: Mario Draghi como presidente del BCE, sin duda la institución con más poder de la Eurozona; Andrea Enria, presidente de la Autoridad Bancaria Europea; Ignazio Angeloni en el Mecanismo Unico de Supervision y Marco Buti como director general de Asuntos Económicos. Igual que España, vamos.