ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Pobreza en España, en Europa y en las autonomías

El día 24 del pasado mes de mayo casi todos los diarios en papel o digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión abrían en portada con el siguiente titular: “El 22% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza”. Y es que ese día el Instituto Nacional de Estadística había publicado la encuesta de condiciones de vida, estudio estadístico anual dirigido a los hogares, que se realiza en todos los países de la Unión Europea. Se trata de una estadística armonizada, de acuerdo con el Tratado 1177/2003.

Son muchos los aspectos relevantes que pueden extraerse de esta encuesta, pero antes que nada conviene situar las cosas en sus justos términos. La exageración y la demagogia casi siempre terminan volviéndose en contra y desautorizan la totalidad de la argumentación, quitando la razón incluso en aquella parte que puede resultar totalmente correcta.

La pobreza que señala la encuesta no es absoluta, sino relativa. Podríamos decir que más que la indigencia el índice mide la desigualdad, ya que considera incluidos en ese colectivo a los hogares cuyos ingresos netos anuales son inferiores al 60% del ingreso medio (mediano) del país en estudio. Sus condiciones económicas y sociales, por tanto, dependen del nivel de vida y de la renta nacional del Estado al que se pertenece. Los que la encuesta aquí y ahora considera pobres poco tienen que ver con los que se tomaría por tales en los países subdesarrollados o emergentes, ni siquiera con los de otras naciones europeas. Nada que ver los pobres de Luxemburgo, Holanda o Alemania con los de Polonia, Lituania o Rumania.

Parece bastante probable que los pobres de Dinamarca sean más ricos que el 90% de los búlgaros, teniendo en cuenta que el salario mensual medio de Dinamarca (3.706 euros) es diez veces el de Bulgaria. Es por eso por lo que carece de sentido que Eurostat facilite como índice del umbral de pobreza de Europa (de los 28) el 17,2% y de la Eurozona el 17.1%, como tampoco significa casi nada que la Comisión afirme que en Europa hay 122,3 millones de pobres. Suma churras con merinas. Y es que estamos a años luz de constituir una verdadera unidad política; si lo fuéramos, los umbrales de pobreza deberían elaborarse tomando como referencia para todos los países el 60% del ingreso neto medio (mediano) de la Unión Europea. De esta forma, sí sería posible ver la distribución real de la pobreza y en qué países se acumula. Pero tal vez eso es lo que se intenta ocultar, porque en tal caso aparecería de manera evidente la contradicción y la locura del proyecto europeo.

La relatividad del concepto de pobreza también aflora con el tiempo. Lo que hoy llamamos pobres en España seguramente tampoco tiene mucho que ver con los pobres de los años 50, 60 e incluso 70. Es muy probable que las condiciones de vida de nuestros jóvenes indignados sean bastante mejores que las de sus padres y abuelos, lo que no quiere decir que no tengan motivos para el enojo, porque para algo la renta per cápita se ha aproximadamente duplicado en los últimos cincuenta años. La indignación de los jóvenes y de los no jóvenes se justifica por el hecho de que no existe ninguna razón económica para que se pierdan las conquistas sociales y económicas conseguidas y para que, por el contrario, no se continúen incrementado si, como es perfectamente posible, la renta per cápita mantiene una evolución similar a la seguida en el pasado.

El hecho de que esta estadística no constituya un buen indicador de la pobreza absoluta no implica que no nos suministre información sumamente interesante, en especial acerca del grado de desigualdad que afecta a una sociedad. Lo que convierte irritante a la pobreza es principalmente la falta de equidad con la que a menudo va asociada. Un primer dato a resaltar es la falacia que se esconde tras la exaltación que tertulianos, comentaristas y políticos realizan acerca de la clase media, tomando por tal la que no lo es. Según la encuesta, el ingreso anual neto por hogar se sitúa en 26.092 euros, muy alejado de las rentas de todos aquellos que se identifican con la clase media y que, en una especie de victimismo, se sienten enseguida perjudicados por toda medida fiscal progresiva.

Los resultados de la encuesta nos indican también que la llamada recesión económica ha dañado fuertemente el ingreso medio de los españoles y, además, algo que ya sabíamos: lo ha hecho de manera desigual recayendo en mayor medida sobre las rentas bajas, por lo que el umbral de pobreza ha subido a lo largo de estos años en dos puntos y medio. Así mismo, nos demuestra que una cosa es la macroeconomía y otra la microeconomía, y que las crisis económicas dejan en las sociedades secuelas muy profundas que perduran mucho más allá de la reconstrucción de los datos macroeconómicos. Los últimos resultados señalan que la recuperación de las tasas de crecimiento solo está sirviendo para que el umbral de pobreza deje de aumentar, incluso para que descienda levemente, pero que tardará mucho en alcanzar (si es que un nuevo empeoramiento de la actividad económica no se lo impide) los niveles anteriores a la crisis.

La situación habría sido sin duda mucho más dura sin la política redistributiva del Estado, que corrige la desigualdad en el reparto de la renta que realiza el proceso productivo; gracias a ella, el umbral de pobreza se reduce nueve puntos (del 31 al 22%), según consideremos los ingresos, bien brutos, es decir, tal como se generan en el mercado, o bien netos, después de la actuación fiscal y presupuestaria del Estado. El maltratado Estado del bienestar sirve de paracaídas y ha sido la única tabla de salvación a la que han podido aferrarse muchas familias. Comparativamente con otros países europeos, España se encuentra en la media tirando hacia abajo; desde luego el impacto del Estado es menor que en los países nórdicos como Finlandia, Dinamarca (15 puntos) o Suecia (13 puntos) y también menor que en Inglaterra (13 puntos), Bélgica (12 puntos), Francia, Austria y Luxemburgo (11 puntos), Holanda (10 puntos) e incluso sorprendentemente que en Grecia (14 puntos); pero se mantiene a la par de Alemania y es superior que en Portugal y en Italia, con siete y cinco puntos respectivamente. Si existe una constante es que en todos los países la política redistributiva de la Hacienda Pública se ha reducido en los últimos años.

La encuesta facilita también información acerca de cómo se distribuye territorialmente la pobreza. A diferencia de la Unión Europea -que por mucho que pregone otra cosa no deja de ser nada más que una unión comercial y financiera-, en España al constituir, hoy por hoy y mal que a algunos les pese, una unión política, el umbral de pobreza de cada Comunidad Autónoma se calcula con referencia al ingreso neto nacional, de manera que en este caso el índice sí expresa la distribución real de la pobreza. Frente a una tasa nacional del 22,1%, las “regiones explotadas”, Navarra, País Vasco y Cataluña, poseen las tasas de pobreza más reducidas (9,8; 10,9 y 13,9%, respectivamente); mientras que las “regiones explotadoras”, Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, (35,7; 31,8; 29,0; 28,5%, respectivamente), arrojan las más elevadas del país. Y eso después de la acción redistributiva del Estado, de la que están ausentes País Vasco y Navarra, y que tanto incomoda e irrita al nacionalismo catalán que quiere la independencia gritando que España les roba. Lo más indignante es que muchos de los que se declaran de izquierda caen en esa trampa.

TAXONOMÍA EUROPEA

Hoy son ya pocos los que dudan de los muchos quebrantos y sufrimientos a los que se ha sometido desde 2008 a las sociedades europeas, especialmente a las del Sur. Pero ahí termina la coincidencia, porque ante esta situación los discursos son muy diversos.

Algunos, a los que podríamos denominar ortodoxos, contemplan este periodo como una especie de paréntesis maléfico provocado por un cataclismo en la economía internacional al que califican de Gran Recesión y al que otorgan la condición de fenómeno cuasi natural, o al menos sometido a las fuerzas del destino, del que nadie es responsable y de serlo lo serían los ciudadanos y los Estados que han querido vivir por encima de sus posibilidades. Del bucle letal, según ellos, se sale mediante lo que han llamado políticas de austeridad, a las que se han aplicado con ahínco durante todos estos años. Austeridad que se encargan de repartir de manera muy desigual, puesto que afecta principalmente a las clases bajas, mediante la desregulación del mercado laboral, la disminución de salarios y el recorte del gasto público, y únicamente en situaciones extremas se cede a la necesidad de elevar los impuestos.

A los ortodoxos, a su vez, podemos subdividirlos en dos clases, los moderados optimistas y los dogmáticos radicales. Los primeros consideran, ante cualquier mejoría provisional, que se ha retornado al punto de partida. Creen que la reconstitución parcial de los datos macroeconómicos representa también la solución de los problemas de millones de familias que se han visto fuertemente dañadas y que difícilmente van a recuperar su situación económica anterior, pero es que, además, olvidan que los desequilibrios y los peligros subsisten, y que las dificultades y la crisis económica pueden retornar en cualquier momento. En algunos casos reconocen incluso que se ha llevado demasiado lejos la política de la austeridad.

Los dogmáticos radicales en cierta forma son más pragmaticos. Para ellos siempre hay riesgos que justifiquen las políticas de ajuste. Sean cuales sean las circunstancias, su consigna es la misma: más madera, Representación destacada de esta forma de pensar en nuestro país la encarna el ex presidente Aznar y su círculo de confianza, por otra parte cada vez más pequeño. La semana pasada en el foro de economistas de CaixaForum reprendió a su sucesor, aunque sin nombrarlo, por lo que considera relajamiento de la única línea política correcta, la de los recortes y las reformas, reformas todas encaminadas, por supuesto, en la misma dirección. Aznar parece que puso como ejemplo sus ocho años floridos de gobierno. Y afirmó que todo país cuya deuda alcance el 100% de su PIB se adentra en una espiral de problemas.

En esta última afirmación podría tener razón, siempre y cuando la hubiera matizado, lo cual sería extraño en Aznar ya que no es un economista, sino más bien un ideólogo; porque la cuestión no está tanto en la deuda pública como en la deuda exterior, sea pública o privada. Por eso Italia ha podido soportar durante muchos años, con anterioridad a la creación del euro, un porcentaje de deuda pública superior al 100%, ya que en su mayor parte era interior, estaba en manos nacionales; y por esa razón también el problema de España se generó hace ya mucho tiempo, precisamente en los años de los Gobiernos de Aznar, en los que se consintió un fuerte endeudamiento exterior privado, orientado principalmente al ladrillo, que se transformó más tarde en público. El crecimiento del que Aznar se siente tan orgulloso fue a crédito, crédito que ahora debemos pagar todos. A Aznar, como a Zapatero, tampoco le habló nunca nadie del endeudamiento privado (véase mi artículo del 4-12-2015).

Aznar introdujo a España en la Unión Monetaria, origen de todas las dificultades actuales, porque el endeudamiento exterior se hace mucho mas grave e hipoteca a una economía cuando se realiza en una moneda que no controla. Además, la minoración que los Gobiernos de Aznar realizaron del stock de deuda pública fue a costa de privatizar las grandes empresas, de manera que si bien se libraba al Estado de pasivos, también se le privaba de importantes activos, activos que proporcionaban al sector público pingües ingresos. Por otra parte, las reformas fiscales llevadas a cabo por sus Gobiernos, junto con las acometidas por los de Rodríguez Zapatero, deterioraron gravemente la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública, situación que si bien la burbuja del ladrillo se encargó de ocultar a corto plazo, se hizo presente con toda su virulencia en cuanto asomaron los primeros síntomas de la crisis.

Pero retornando al tema que nos ocupa y continuando con la taxonomía en la respuesta que se da a la grave situación actual por la que atraviesa la economía de muchos países de Europa nos encontramos a los que podríamos denominar críticos o “los del cambio”. Consideran que la raíz del problema se encuentra en que la mayoría de los países europeos han estado gobernados por la derecha y por partidos conservadores, que han impuesto una estrategia nefasta basada en la política de la austeridad que no solo ha originado tremendos daños sociales, sino que ha estrangulado el crecimiento. En épocas recientes, antes de que el BCE actuase con firmeza en los mercados, se responsabilizaba también a esta entidad, reprochando su pasividad y falta de compromiso con una política expansiva imprescindible para el crecimiento. La solución para este grupo está asociada a un cambio de signo político de las mayorías gobernantes.

Hay que reconocer la parte de verdad que tiene este discurso, aunque no deja de resultar ingenuo, porque la cuestión radica en saber si, dados los parámetros con los que se ha construido la Unión Monetaria y el contenido de los Tratados, resulta posible, sean de uno u otro signo los que se sienten en el Consejo de Ministros, aplicar otra política. Eso explica que partidos que mantienen una fuerte crítica cuando están en la oposición terminan haciendo la misma política cuando llegan al poder. Véase, por ejemplo, el caso de Rodríguez Zapatero en España, de Hollande en Francia, de Antonio Costa en Portugal y hasta de Tsipras en Grecia. Los Gobiernos son totalmente impotentes para condicionar la política del BCE, lo que no sucede a la inversa. De hecho, esta entidad no se ha decidido a actuar hasta después de disciplinar a los países deudores y cuando el euro se encontraba en grave riesgo de saltar por los aires.

Por otra parte, la política monetaria resulta muy eficaz a la hora de estrangular el crecimiento, pero tiene graves limitaciones cuando se trata de estimularlo. “Se puede llevar el caballo al abrevadero pero no se le puede obligar a que beba”. Es posible inundar el mercado de dinero, pero no resulta factible forzar a los empresarios privados para que inviertan. Esta premisa debería tenerla también muy en cuenta José María Aznar cuando aconseja menos gasto público y más inversión privada. Para surtir efecto la política monetaria precisa de una política fiscal expansiva, tal como se ha dado en EE. UU., y que se muestra inviable en Europa, ya que los países deudores no pueden y los acreedores no quieren, y no hay nada en los Tratados que les obligue.

Dentro de los que hemos llamado “los del cambio” existe una variedad a los que podríamos denominar los pangermánicos, ya que piensan que los causantes de todos los males se sitúan en Alemania y en sus países satélites. No les falta razón, puesto que la Unión Monetaria se ha construido según el modelo impuesto por el país germánico, y así se ha plasmado en los Tratados, con lo que el resto de los Gobiernos están atados de pies y manos. Ahí se encuentra la explicación de que todos los ajustes tengan que recaer sobre las economías deudoras y en ningún caso sobre las acreedoras. Los países de Sur se han visto sometidos a fuertes políticas de deflación competitiva que han arruinado a buena parte de sus poblaciones, mientras que Alemania y Holanda continúan incrementando su superávit en balanza por cuenta corriente, que alcanza ya la escalofriante cifra del 8% y del 9% del PIB respectivamente, factor de desestabilización no solo de la Eurozona, sino de la economía internacional.

¿Pero tiene la culpa Alemania de todo ello? Al menos habría que convenir en que no en exclusiva. Lo que ha hecho Alemania en todo momento ha sido defender e imponer lo que consideraba mejor para los intereses de su economía. Quizás de lo único que se la puede acusar es de cortedad de miras y de no querer ver que la situación a largo plazo es insostenible. Pero mayor responsabilidad, creo yo, recae sobre los gobernantes de uno u otro signo de todos los demás estados, que aceptaron un juego tan peligroso y que ratificaron unos Tratados que introducían a las economías de sus países en una trampa de difícil salida. Es por eso por lo que resulta tan irritante ver a esos mismos gobernantes, llámense Aznar o Felipe González, salir dando lecciones tras el embrollo en el que nos han metido.

Desde las posiciones críticas se suele manifestar que lo que se precisa es más Europa. Frase bonita pero vacía de contenido. Europa está a años luz de constituirse como un Estado, ni siquiera federal. Los países ricos como Alemania nunca permitirán la creación de aquellas estructuras necesarias para que una unión monetaria funcione. La unión política conllevaría democratizar el poder y trasladarlo de Alemania, que ahora lo detenta, a todos los ciudadanos, y la integración fiscal implicaría la transferencia de enormes recursos económicos de los países más ricos a los menos favorecidos. Es comprensible que Alemania y demás naciones del Norte se opongan. Pero, por esa misma razón, los mandatarios de los países del Sur nunca deberían haber consentido la creación de la moneda única.

Hay también quien afirma que la solución para la Eurozona viene ligada a la salida de Alemania. Sin duda, supondría un alivio a corto plazo, pero me temo que los desequilibrios y los choques asimétricos, antes o después, volverían a presentarse en los países que permaneciesen en la Eurozona. Y, una vez más, aquellos países que fuesen deficitarios en sus cuentas exteriores, al no poder devaluar, tendrían que trasladar el ajuste a la economía real, con paro y deflación competitiva, reducción de salarios y ajustes presupuestarios.

El quid de la cuestión radica en que una unión monetaria no es concebible sin una unión fiscal y política, tanto más si se realiza en un régimen de libre circulación de capitales. Los partidos socialdemócratas y en general todas las fuerzas progresistas tendrían que haber pensado en ello antes de dar su aquiescencia a los Tratados y deberían haber sido conscientes de que con su aprobación condenaban irremisiblemente no solo la realización de una política de izquierdas, sino el Estado Social y la propia democ

DE BORBONEO Y DEBATES

El diccionario de la Real Academia no recoge el vocablo borbonear, no obstante ser una palabra utilizada con frecuencia en el argot político a lo largo del siglo pasado. Se usó principalmente para designar la predisposición que el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual monarca, mostraba a entrometerse y enredar en el juego político; también se ha aplicado, aunque en menor medida, a determinadas actuaciones de su nieto, el rey don Juan Carlos. De Felipe VI hay que decir que apenas ha tenido tiempo, a pesar de haberse visto abocado en los pasados meses a una situación un tanto comprometida, por lo inédita, en la democracia española. Parece, no obstante, que la prueba la ha superado satisfactoriamente.

El hecho de que la calificación haya sido la de aprobado, no es óbice para reconocer que la tentación ha estado revoleteando a su alrededor. Si bien el problema se ha centrado más en algunos políticos y en la interpretación abusiva que han hecho de ciertos gestos y palabras del rey que en él mismo, con lo que se demuestra que a menudo los cortesanos son más monárquicos que el propio monarca.

Todo comenzó con la adopción de ciertas prácticas que rompían una sana costumbre: la de que nadie, después de una entrevista con el rey, se hacía portavoz de sus palabras. En esta ocasión en las rondas de conversaciones con el monarca, y dado el vodevil en el que se ha convertido la actividad política, los portavoces de los diferentes partidos, por escasa que fuese su representatividad, intentaron conseguir su minuto de gloria. Tras su paso por la Zarzuela, comparecían ante la prensa y se sentían autorizados para comunicar las palabras del monarca y, lo que es peor, interpretarlas a su conveniencia.

El tema fue especialmente grave en lo referente a la designación del candidato. La novedad de la situación, cierta laguna legal en la forma de computar el plazo en el caso de que no se produjera ninguna sesión de investidura y determinada ambigüedad en el comportamiento de la Corona, dieron lugar a que algunas formaciones políticas atribuyesen una dimensión a la designación real que de ninguna manera puede tener en una monarquía parlamentaria.

Según nuestra Constitución, el papel del rey es neutral, aséptico, meramente pasivo, no podría ser de otro modo. Se reduce a actuar como mero notario de las consultas llevadas a cabo y, en función de ellas, a designar a aquel candidato que dispone de los votos necesarios para obtener la investidura. La designación ha de ser la finalización de un proceso y nunca el inicio. Así fue en la primera ronda, y en la tercera, no en la segunda, en la que, instrumentando la decisión real, se quiso dar a esta un significado activo y discrecional, de verdadera elección, que revestía al candidato de una posición singular y diferente a la de los otros candidatos, con poderes especiales y una preeminencia a todas luces ilógica. Se utilizó al rey y este, quizás por su inexperiencia y por lo nuevo de la situación, cayó en la trampa.

Felipe VI volvió a borbonear cuando en la tercera ronda -y en esta ocasión no puede echar la culpa a nadie- se dedicó a aconsejar a diestro y siniestro a los partidos políticos que fuesen austeros en la próxima campaña electoral, entrando así en un terreno que no le corresponde. La cosa no tendría mayor importancia si no fuese porque hay siempre políticos y periodistas dispuestos a hacer de cortesanos y aduladores, y a tomar las palabras reales como si de un oráculo se tratase.

La propuesta cae de lleno dentro del discurso populista. Se extiende en la sociedad una argumentación peligrosa que menosprecia todo lo que rodea a la política y que mantiene una postura cicatera frente a su financiación, tanto en lo relativo al sueldo de los políticos como en cuanto a los gastos precisos para un funcionamiento democrático transparente y eficaz. Son muchos los interesados en restringir el ámbito de lo político y degradar a sus protagonistas, aunque bien es verdad que estos últimos no hacen muchos esfuerzos para evitarlo.

A los pocos días de celebrarse las pasadas elecciones, el 25 de diciembre, desde estas mismas páginas de republica.com me refería yo al encanallamiento en el que había devenido la pasada campaña electoral, en la que los eslóganes, los insultos y los shows habían sustituido a las ideas y a los programas. Los intereses mediáticos, entre otros, habían primado el espectáculo sobre el discurso y sobre los argumentos. En este momento, cuando nos encaminamos hacia una nueva campaña, todo apunta a que se va a repetir la situación. Llevamos pocos días con las Cortes disueltas y las actuaciones comienzan a ser similares.

Se da prioridad ya a los golpes de efecto y se crean gobiernos imaginarios que nunca van a gobernar, pero que intentan disimular y encubrir la levedad del líder y de sus adláteres. No deja de ser curioso que, tras las pasadas elecciones y a la hora de formar gobierno, algunos partidos solo pretendiesen hablar de medidas y anatematizasen a otros por querer discutir la composición del Ejecutivo, y ahora sean ellos los que antes de las elecciones, sin saber los resultados, sorteen sillones de un gobierno fantasma, y pasen por alto las políticas que piensan aplicar.

Se opta por el insulto y la descalificación personal que, como señala muy bien Schopenhauer, se emplea cuando faltan los argumentos y las ideas: “Si se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. El personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia del argumentum ad hominem; este último parte de una materia puramente objetiva para atenerse a lo que el adversario ha dicho o admitido sobre él. Al personalizar, sin embargo, se abandona por completo el objeto y uno dirige su ataque a la persona del adversario: uno, pues, se torna insultante, maligno, ofensivo, grosero”. Este párrafo de Parerga y paralipómena de Schopenhauer parece escrito como una premonición del comportamiento de algunos políticos actuales.

De nuevo se habla de debates, pero se plantean con una concepción idéntica a la que se utilizó en la anterior campaña electoral, más como espectáculo y reality show que como un verdadero acto electoral en el que se puedan contrastar los programas de los diferentes partidos. Es por ello por lo que se da tanta importancia a que los participantes sean los candidatos a la presidencia del Gobierno.

No deja de resultar contradictorio que el líder de Ciudadanos, por una parte, manifieste que estas elecciones no son presidenciales, “no son la operación triunfo”, no se elige un presidente de Gobierno sino parlamentarios, y gana por tanto el que más apoyos obtiene en el Parlamento; pero, por otra parte, exige que sean los números uno los que debatan, ya que se presentan a la presidencia del Ejecutivo. ¿En qué quedamos, pues, son elecciones parlamentarias o presidenciales?

Los debates pueden constituir instrumentos útiles para que los ciudadanos interesados conozcan los programas de las diferentes formaciones políticas y las diferencias que existen entre ellas. Pero para conseguirlo y que no se conviertan en un teatrillo o en una riña callejera deben centrarse, en primer lugar y principalmente, sobre los programas. Ahora es el momento de hablar de medidas y reformas, y también de que el adversario pueda criticarlas o mostrar su inviabilidad. En segundo lugar, deben ser múltiples y monotemáticos. En un solo debate no se puede hablar y argumentar de todo con seriedad. Sería conveniente centrar uno de ellos sobre la respuesta que cada partido está dispuesto a dar ante al golpe de Estado del Gobierno catalán. Hasta ahora, la misma actitud del PSOE, por mucho que reivindique lo contrario, resulta de lo más ambiguo, con sus críticas al PP por no dialogar, su Estado federal, sus pactos con los independentistas y su tópico de que no hay que judicializar lo que es un problema político. Otro debate debería dedicarse a la Unión Monetaria y a la postura que cada formación política adopta ante ella. Se quiera o no, hoy por hoy, el euro es una envolvente que limita de manera sustancial toda política económica. La economía y el paro, el sistema fiscal, las pensiones, la educación, la sanidad, etc., constituyen temas alrededor de los cuales se podrían organizar otros tantos debates electorales.

En tercer lugar, habría que abandonar toda tentación presidencialista o caudillista y que sea cada partido el que designe, en función del tema y de las circunstancias, quién participa como representante de la formación en cada uno de los debates. Es posible que esta opción no ilusione demasiado a los medios de comunicación, que desean espectáculo y carnaza, pero por eso mismo les resultarán sin duda mucho más provechosos a los ciudadanos que quieran enterarse verdaderamente de dónde se sitúa cada partido. Así y todo, no hay ninguna garantía de que la forma no prevalezca sobre el contenido, lo que se desea oír sobre la cruda realidad. Quizás uno de los debates de mayor interés que se han dado en campaña electoral fuera el protagonizado por Pedro Solbes y Francisco Pizarro. Ninguno de los dos era candidato a la Moncloa. Entonces, casi todo el mundo dio por ganador al primero. El tiempo transcurrido nos ha proporcionado otra perspectiva acerca de quién tenía razón. La crisis -¡y qué crisis!- estaba ahí aunque nadie, ni por supuesto Solbes, quisiera reconocerlo.

El pasado domingo, uno de los principales diarios de Madrid editorializaba sobre los debates como un derecho del elector. Nadie lo duda, siempre que se hagan de acuerdo con los cánones adecuados. No obstante, existe el peligro de que se desfiguren y termine ocurriendo como sucede a menudo con el derecho a la información, que acaba por ser un derecho de los periodistas, cuando no de los medios y del poder económico que los sustenta.

LA AMNISTÍA DE LOS 500 EUROS

Y parió un ratón. Después de no sé cuantas semanas de discusión, el pasado día 4 de mayo el Banco Central Europeo llegó a un acuerdo acerca de los billetes de 500 euros. Se inclinó por la opción más gradualista. El compromiso consiste tan solo en que a partir de 2018 no se emitirán nuevos billetes, pero manteniendo sine die la circulación de los existentes y sin imponer condición alguna ni temporal ni formal para su canje. Se pierde así una buena ocasión para luchar contra la evasión fiscal. Una vez más, triunfan las tesis de Alemania.

En realidad, el nacimiento de este billete obedeció ya a una exigencia alemana, y no a una necesidad real de la economía. Al igual que el BCE se creó a imagen del Bundesbank, el billete de 500 euros nació para sustituir el billete de 1.000 marcos. Pocos países en la Eurozona contaban con billetes de valor similar. El mayor en España, por ejemplo, era de 10.000 pesetas (60 euros) y en Francia de 500 francos (76 euros). En la actualidad, solo dos billetes superan su valor: el de 1.000 francos suizos y el de 10.000 dólares de Singapur.

Los billetes de 1.000 dólares dejaron de emitirse en 1947 y se retiraron de la circulación en 1969, lo que muestra bien a las claras el sinsentido de haber creado a principios del siglo XXI billetes de 500 euros. Su único cometido ha consistido en ser vehículo del fraude fiscal, cuando no del negocio del narcotráfico, terrorismo y venta de armas. De hecho, según un informe del mismo BCE, el 56% de los ciudadanos europeos no lo habían visto nunca, lo que es totalmente indicativo del escaso uso que ha tenido en los intercambios comerciales y financieros normales.

No obstante ser casi un billete virtual, desconocido para la mayoría de la población, representa el 30% de todo el efectivo en circulación, su importe, de 300.000 millones de euros; la casi totalidad al margen del tráfico normal y orientados al atesoramiento, y a dar cobertura a la economía sumergida. Se puede decir que esta era su finalidad desde el mismo momento de su creación, y que en la Eurozona se ha facilitado la evasión fiscal conscientemente. La decisión actual de su limitación (que no eliminación) obedece exclusivamente al miedo que infunde el terrorismo internacional, sin que el fraude fiscal importe demasiado.

Eso explica que se haya optado por perder una gran oportunidad de poner en aprietos a los poseedores de una parte importante del dinero negro materializado en el efectivo. Habría sido la ocasión de establecer un plazo breve para su canje previa identificación, lo que hubiera facilitado un material sumamente interesante a las administraciones tributarias. Pero esa forma de actuar no cuadra con la Unión Europea que ha mostrado múltiples veces su pasividad, cuando no su complicidad, con la evasión fiscal, desde la tolerancia a los paraísos fiscales a la permisividad del dumping fiscal entre los Estados, pasando por su negativa a cualquier medida de armonización en materia de imposición directa. El mismo hecho de haber creado billetes con un nominal tan elevado es una buena prueba de las presiones existentes para dar cobertura a la economía sumergida.

Europa se vanagloria de ser la cuna y la defensora del Estado del bienestar y de la protección social y, sin embargo, estas realidades se van disolviendo como un azucarillo, al menos en la Eurozona. La Unión Europea, obsesionada por la estabilidad de las finanzas públicas, ha sometido a los servicios públicos y a las prestaciones sociales a recortes continuos, sin conseguir a pesar de ello demasiado éxito. El olvido del endeudamiento privado y de su control ha propiciado que una gran parte de él se fuese trasformando en deuda pública, hasta alcanzar esta en la actualidad en todos los países un nivel muy preocupante que, ya al margen de pactos de estabilidad y de imposiciones comunitarias, establece limitaciones ciertas en los presupuestos futuros. Si a ello añadimos el escaso crecimiento económico y la baja inflación de la Eurozona, se explica que la única manera no ya de mejorar sino de mantener la economía del bienestar sea incrementar la capacidad recaudatoria y la progresividad de los sistemas fiscales.

Es por ello por lo que resulta tan indignante la postura de los gobiernos y mandatarios europeos propiciando la evasión fiscal, y escudándose en argumentos pueriles tales como los del presidente del Bundesbank cuando preguntaba: ¿De verdad alguien cree que el hecho de que no existan los billetes de 500 euros acabará con las actividades ilegales? Es evidente que no, pero está claro también que no conviene dar facilidades. Por el mismo motivo, se podrían eliminar la policía, los jueces y las cárceles, ya que su existencia no garantiza la erradicación del crimen, del robo y del resto de delitos.

Hay quienes se oponían a la medida aduciendo el coste que representaría sustituir los billetes de 500 euros por otros de 100 o de 200. Lo primero que habría que preguntarse es si no se deberían eliminar también estos. En la era de la informática y de las tarjetas de crédito los billetes de un valor facial elevado van teniendo cada vez menor utilidad, como no sea para el fraude fiscal. Lo segundo es que la sustitución nunca sería total porque los billetes de menor valor no cumplirían, por lo menos no de forma total, la finalidad para la que se atesoran los de 500.

En la misma línea, hay quienes han querido ver un ataque al dinero en efectivo, y con ello una violación de la libertad y de la intimidad. Por una parte, eliminar determinados billetes no significa cuestionar el sistema de efectivo en su conjunto; por otra, no deja de ser curioso lo celosos que son algunos de su intimidad cuando se trata de dinero. En ese campo todo debe ser secreto. Sin embargo, en los demás ámbitos personales no encuentran impedimento en que se tenga que aportar todo tipo de información. Lo último es que los pasajeros van a tener que facilitar a las compañías aéreas aproximadamente veinte datos por cada viaje que se realice.

En fin, lo cierto es que durante quince años se ha permitido a los evasores fiscales ocultar parte de su renta y riqueza mediante los billetes de 500 euros. Todos los sabíamos, hasta el punto de bautizarles con el nombre de Bin Laden. En España teníamos el dudoso honor de atesorar en algunos momentos el 26% de ellos. Ahora los amnistiamos. ¿Cómo vamos a exigir después a los ciudadanos que paguen sus impuestos?

INDEPENDIENTES

Al mismo ritmo que el neoliberalismo se ha ido apoderando del pensamiento económico, ha ido adquiriendo notoriedad la predilección por todo lo que lleve el calificativo de independiente. Parece que connota un plus sobre lo político. Desde la aceptación del sufragio universal, el poder económico siempre ha mirado con recelo a la política y a los procedimientos democráticos, y ha pretendido sustituirlos en gran medida por la tecnocracia, lo que hasta cierto punto es lógico, si tenemos en cuenta que los desprotegidos suelen suponer un número mucho más elevado que el de los privilegiados.

La política monetaria ha sido la parte de la economía a la que en primer lugar se ha pretendido, y casi se ha conseguido, independizar de la política. Se piensa que el dinero es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. De ahí el esfuerzo por dotar a todos los bancos centrales de un estatuto de autonomía que los mantenga al margen del dictamen de los gobiernos y de las presiones populares. Los bancos centrales desde su independencia, comenzando por el BCE, se han convertido al mismo tiempo en los principales emisores del pensamiento económico neoliberal y conservador.

La unión monetaria en Europa constituye un buen ejemplo de la importancia de la moneda y del poder que adquieren quienes la controlan. Los años ya transcurridos de vigencia del euro han mostrado de forma clara la capacidad del BCE para doblegar a los gobiernos y a las sociedades. Cómo no recordar el papel coercitivo asumido por el BCE frente a los Gobiernos italiano y español cuando los mercados habían colocado a las economías de estos países contra las cuerdas, al carecer de moneda propia. Y cómo no recordar también el trabajo sucio del BCE cortando el grifo de crédito a los bancos griegos para doblegar al Gobierno de Syriza.

Los aires que provienen de Europa no se han conformado con independizar a la política monetaria de la democracia, sino que pretenden que sea absolutamente toda la economía la que permanezca al margen de las opciones ideológicas, que es lo mismo que decir al margen de las presiones de los ciudadanos. De ahí el afán de constitucionalizar la política de austeridad fiscal y de ahí también la pretensión de multiplicar los organismos teóricamente independientes a semejanza de los bancos centrales.

La Comisión Europea ha forzado, por ejemplo, a España a crear un organismo nuevo (AIREF), dotándole teóricamente de independencia, destinado a vigilar al Gobierno en materia fiscal, o más bien en materia de déficit público (para la Unión Europea toda la materia fiscal comienza y termina en el déficit). Los gobiernos no son de fiar, deben controlarlos los tecnócratas.

Visto lo visto, habrá que preguntarse si las elecciones sirven para algo. ¿Por qué no dejar que gobiernen abiertamente los tecnócratas, ya que en la actualidad lo hacen escondidos entre bambalinas? A esto debía referirse Albert Rivera cuando propuso esa idea tan ingeniosa de elegir un presidente de gobierno independiente. Creíamos que las ocurrencias eran propiedad exclusiva de Zapatero, pero por lo visto todos lo intentan. En esa carrera el jefe de los naranjas ha ocupado un puesto importante últimamente, emulando la Transición y creyéndose Suarez.

Hablo de ocurrencias porque no parece muy viable que los distintos partidos, que en cuatro meses no se han puesto de acuerdo para formar un ejecutivo fuesen a hacerlo de la noche a la mañana confluyendo en el nombre de un elefante blanco. Bien mirado es posible que la idea no fuese de Rivera, sino de los poderes económicos que tanto le miman.

Como era de esperar, la propuesta no fue muy bien acogida por el resto de partidos políticos, que se resisten a perder la escasa cuota de poder que les queda, la condición de hombres de paja. Una cosa es que les manejen desde detrás de las cortinas y otra que les digan que están totalmente de más. El mismo Pedro Sánchez, socio de Rivera hasta que las elecciones les separen, reaccionó negativamente con una frase que sería para esculpir si se la creyese: “Lo que hace falta es más democracia y menos tecnocracia”. Difícil de creer cuando, imitando los pasos de Zapatero, ninguneó a sus compañeros de partido para dar prevalencia en las listas a algunos denominados independientes, como si el hecho de no militar en ningún partido representase un mérito añadido.

A mayor abundamiento, Pedro Sánchez se contradecía a los pocos días, proponiendo a la desesperada su última ocurrencia, un gobierno de independientes bajo su presidencia. Independientes que, según afirmó, pertenecerían a todas las ideologías, aunque bien mirado no serían tan independientes, puesto que dependerían de él como presidente de gobierno. Últimamente, el secretario general del PSOE repite sin cesar que Pablo Iglesias nunca ha querido un presidente de gobierno socialista. Yo diría más bien que Pedro Sánchez nunca ha querido un vicepresidente o un ministro de Podemos.

Cómo valorar a la política y a los políticos cuando son ellos mismos los que consideran un timbre de gloria ser independiente. Conozco alguno que después de ser secretario de Estado, ministro de Agricultura, ministro de Hacienda, diputado, comisario europeo y vicepresidente económico, continuaba diciendo que él no era político sino independiente. Parece ser que los únicos que valoran a los políticos son los presidentes del IBEX, que los reclutan con mucha frecuencia para sus consejos de administración. Bien es verdad que entonces dejan de ser políticos y pasan a ser consejeros y, además, independientes.

Y es que en las grandes empresas todos son independientes, independientes de la presión ciudadana, pero muy dependientes del poder económico. Los prohombres del IBEX están muy intranquilos e indignados. No les han gustado nada los resultados electorales del 20 de diciembre, rompen las aguas tranquilas del bipartidismo. Reclaman por ello una reforma electoral, pero en las antípodas de la que, por lo menos hasta ahora, exigían los partidos emergentes. No quieren incrementar la proporcionalidad, sino todo lo contrario, convertir el sistema en mayoritario y asegurar así la alternancia, donde todo queda atado y bien atado. Así se demuestra una vez más la vacuidad del pacto de las doscientas medidas. Proponer una reforma electoral es no decir nada, ya que es muy posible que los firmantes estén pensando en reformas electorales muy diferentes, casi antitéticas.

Don Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de empresarios, asociación formada por doscientas grandes empresas, entre ellas casi todas las del IBEX, al tiempo que se pronunciaba a favor de una reforma electoral que facilitase siempre mayorías absolutas, se mostraba indignado por el fracaso de las negociaciones para formar gobierno y proclamaba tajantemente que a unos líderes políticos como estos se les cesaría inmediatamente en la empresa privada. Supongo que también prefiere líderes independientes, pero no parece que sea precisamente en las grandes sociedades donde los puestos de presidentes o consejeros delegados se encuentren, por más desafueros que realicen, en gran peligro de defenestración; suelen estar perfectamente blindados gracias a los consejeros a los que se han tildado de independientes, pero que son muy dependientes de ellos, puesto que son ellos mismos los que los han nombrado.

¿Hay alguien que sea de verdad independiente? Todo el mundo tiene su ideología y, lo que es más relevante, sus condicionantes e intereses. Casi todo el mundo sirve a alguien. Lo que sí hay son responsables e irresponsables. En una democracia, por defectuosa que sea, algunos tienen que rendir cuentas cada cierto tiempo en las urnas, y otros no responden ante nadie ni ante nada o, de responder, responden ante otras fuerzas y poderes que nada tienen que ver con la democracia. A estos es a los que se les llama independientes.

MANOS SUCIAS

Entre los múltiples casos de corrupción que inundan la actualidad española, la semana pasada nos ha obsequiado con el escándalo de Manos Limpias y de Ausbanc. Sin embargo, no creo que este descubrimiento haya sido especialmente sorpresivo. Concretamente en el caso de Ausbanc era un secreto a voces que se movía entre la presión y el chantaje; y no recientemente sino desde muchísimos años atrás, cuando era poco más que un chiringuito sin apenas estructura. Todo el que se haya movido por ámbitos financieros y periodísticos ha escuchado más de una vez la insinuación de su comportamiento cuasi mafioso.

Lo más interesante a considerar no es el caso en sí, del que los jueces dirán en su momento lo que crean conveniente, sino lo que podríamos llamar “daños colaterales”. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. El descrédito de ambas organizaciones se puede emplear para atacar una institución, tal como la de la acusación popular, que ha mostrado en múltiples ocasiones su eficacia. Los brochazos de trazos gruesos de tertulianos y comentaristas pueden terminar tirando al niño junto al agua sucia.

La acusación popular tiene profundas raíces en nuestra tradición jurídica. Surge unida a los primeros conatos del Estado liberal, en la Constitución de 1812, y se ha mantenido durante largos periodos, precisamente en todos aquellos en los que se acentuaba la democracia. Es cierto que se trata de una figura poco conocida en el Derecho comparado, pero no siempre lo foráneo es mejor que lo nacional. Junto con la institución del Jurado, compone la vía de participación de los ciudadanos en uno de los poderes del Estado, el judicial. Pero es que, además, supone un buen exponente de la consistencia del bien público y de cómo este no es algo etéreo, sino que afecta e incide en el bien de cada uno de los individuos que integran la comunidad.

Es por ello por lo que cuando se daña el bien común se perjudica el interés de todos y cada uno de los ciudadanos, y parece lógico habilitar a aquellos que lo deseen a ejercitar las acciones penales correspondientes. La acusación popular resulta más lógica y al mismo tiempo más útil en aquellos casos en los que el delito no se dirige contra una persona concreta y, por lo tanto, no hay ningún legitimado para ejercer la acusación particular. De no existir la acción popular, todo quedaría en manos del ministerio público.

Es por eso también por lo que la doctrina Botín resulta tan disparatada e inadmisible. Es difícil mantener que el delito fiscal no representa un robo a todos y a cada uno de los ciudadanos, y que cada uno de ellos no tiene derecho a defenderse con independencia de que la acción penal la ejercite o no también el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. La Agencia Tributaria resulta perjudicada tan solo en cuanto que es la encargada de la recaudación de los ingresos públicos, es decir, de todos los españoles.

Los delitos que hayan podido cometer Miguel Bernad y Luis Pineda no deben utilizarse para desprestigiar la figura de la acusación popular y mucho menos para orquestar una campaña en pro de su eliminación de nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier institución puede utilizarse indebidamente. A nadie se le ocurre poner en tela de juicio la función de la fiscalía o de la judicatura porque determinados jueces o fiscales hayan sido acusados de prevaricación o de cohecho. Podrían ponerse miles de ejemplos. A menudo, el chantaje consiste en la omisión de denunciar un delito a cambio de una remuneración dineraria. Sería absurdo que para evitarlo se prohibiesen las denuncias.

Tampoco los procesamientos de Bernad y Pineda tienen por qué implicar a priori ningún cambio en la situación procesal de la Infanta. Esta será inocente o culpable según lo que se derive del juicio. Y mucho menos puede implicar una descalificación, tal como se ha pretendido hacer en alguna tertulia, de la actuación del juez Castro. Sus argumentos no pierden un ápice de rigor por las intenciones presuntamente bastardas de quienes ejercitan la acción popular.

Dicen que en el timo tan culpable es quien lo realiza como quien lo sufre. En la mayoría de los chantajes se produce algo similar. Si el que lo efectúa es un delincuente, el que lo sufre anda cerca porque algo vergonzoso o incluso delictivo pretende ocultar. Por eso hay que preguntarse qué sucede en nuestro sistema financiero cuando, según parece, las entidades financieras han estado padeciendo durante tantos años el chantaje de una organización relativamente pequeña, al menos en un principio, sin rebelarse ni denunciarlo. Incluso el tema se eleva de grado cuando el chantaje se dirige, como parece ser en el caso de UNICAJA, a un directivo, pero se paga con el dinero de la entidad. E incluso lo más grave consiste en que el resto del Consejo hace oídos sordos como si no se hubiese enterado.

Si Ausbanc, con el silencio cómplice de todos, ha llegado a desarrollarse tal como lo ha hecho, se debe a que ha sabido ocupar, aunque fuese mediante tácticas mafiosas, un lugar que los poderes públicos habían dejado vacío, el de la defensa de los clientes de las entidades financieras. El Banco de España ha pasado olímpicamente de esta tarea. Se ha preocupado exclusivamente de la solvencia de las entidades y, como hemos visto, de forma bastante deficiente, ya que han sido frecuentes las quiebras bancarias, pero ha dejado en total indefensión a los usuarios, expuestos a todo tipo de prácticas abusivas.

Relevancia tiene también la noticia un tanto escandalosa de cómo Ausbanc montaba ciclos de conferencias para que las impartiesen jueces y magistrados, todos ellos muy bien remunerados. No es la primera vez que el tema de las conferencias, becas o publicaciones hace temer que se deteriore la independencia judicial. Ciertamente, no son los únicos pero el especial papel que ocupan en la sociedad jueces y fiscales hace imprescindible, más allá de un tema de incompatibilidades, una especial vigilancia de todos aquellos mecanismos que pueden representar un soborno, aunque encubierto y sibilino.

Decía que no es el único caso porque ello explica el auge de las fundaciones, medio por el que el poder económico representado por las grandes empresas, ahorman la ideología, la cultura y la doctrina económica a sus intereses, manejando económicamente a aquellos que pueden ser sus emisores. Tenemos un buen ejemplo en FEDEA. Y todo ello financiado con dinero público mediante deducciones fiscales.

EL GOBIERNO DEL CAMBIO

El discurso político ha llegado a unos niveles tales de farsa que no se tiene el menor pudor en presentar la realidad totalmente distorsionada. Se niega lo evidente y se afirma lo contradictorio. En ese carnaval de mentiras y despropósitos, en el ir y venir de los pactos, ocupan un lugar destacado tanto el PSOE como Ciudadanos. Pero en pocas ocasiones se han acumulado tantas falacias, sofismas y mentiras como en el artículo que el ínclito Jordi Sevilla, el de las agencias y el tipo único, publicó en el diario El País el pasado día 14 de este mes de abril.

Todo el articulo se dirige a convencer a los electores de la maldad del PP y de Podemos, que van a bloquear cualquier acuerdo forzando unas segundas elecciones, y de la bondad del PSOE y de Ciudadanos que, atendiendo exclusivamente a las necesidades de los españoles, han trabajado todo este tiempo en medidas de gran calado para constituir el gobierno del cambio. Bien es verdad que los electores, listos y clarividentes, sabrán recompensarles en las urnas.

La realidad es muy otra. El único responsable de la convocatoria de unos nuevos comicios es el PSOE, ya que, como bien afirma el mismo Sevilla, todas las soluciones pasan por esta formación política. Pedro Sanchez no ha querido negociar en serio ni con el PP ni con Podemos, únicas formaciones con las que podía formar gobierno, mientras que se ha entretenido en marear la perdiz en una pacto fantasma, etéreo y que no conduce a ninguna parte.

¿Cómo se puede acusar desde el PSOE al PP de no querer dialogar y de bloquear la situación, cuando a partir del primer día Pedro Sánchez se opuso reiteradamente a hablar con Rajoy, y cuando el propio Comité Federal del PSOE ha prohibido de forma expresa todo acuerdo con el PP? Por otra parte, si, según repiten a menudo, la primera finalidad del pacto es expulsar al PP de la Moncloa y cambiar radicalmente sus políticas, la adhesión de Rajoy sería un acto de masoquismo. El cinismo tiene un límite. Pedro Sánchez está en su pleno derecho a no querer pactar con Rajoy, pero entonces no se puede afirmar, tal como hace Jordi Sevilla, que es excepcional que el líder de la primera fuerza parlamentaria renunciase, por dos veces, a intentar formar gobierno. ¿Con quién quería que lo formase, con los independentistas y con Podemos?

Tampoco parece lógico que Jordi Sevilla eche en cara a Podemos que quisiese entrar en el Ejecutivo, ¿o es que acaso el pacto era para ejercer la oposición? Quizás Pedro Sánchez en el debate de investidura no se presentaba a presidente de gobierno sino a deán de la catedral de Cádiz. En todas las negociaciones que el PSOE ha emprendido se da el sobrentendido de que el sillón, el de presidente de gobierno, es para su secretario general, derecho que por otra parte Podemos nunca le ha discutido; pero eso es una cosa y otra quedarse con todas las sillas que es lo que Pedro Sánchez pretende, aun cuando se ampare en cierta moralina, al pregonar que no se trata de discutir sillas sino medidas. Y eso cuando únicamente se dispone de unos trescientos mil votos más que la otra fuerza. ¿Quién le ha dicho a Sevilla que la formación de un gobierno es un asunto partidista y no afecta a los ciudadanos?

En realidad, el acuerdo de las 250 medidas es puro flatus vocis, palabras que se lleva el viento, papel mojado. Promesas que no se piensan cumplir. Si no, ¿por qué plantear una reforma de la Constitución que se sabe a ciencia cierta que no se puede llevar a cabo sin el concurso del PP? ¿Y es que puede ser la misma la reforma que pretende Sánchez que la que defiende Rivera? La prueba más palpable de la vacuidad del texto es que tanto el PSOE como Ciudadanos, cada uno por su lado, intentan convencer a Podemos y al PP de que lo suscriban. Parece ser que vale lo mismo para uno que para el otro. Según lo cual, ¿por qué no realizar el pacto entre Rajoy e Iglesias?

La estrategia de Pedro Sánchez pasa por seguir los pasos de Extremadura. Fernández Vara llegó a la presidencia de esa Comunidad Autónoma gracias a los votos de la formación morada, pero luego si te he visto no me acuerdo, y para aprobar los presupuestos se desentiende de Podemos y se apoya en la abstención del PP y de Ciudadanos. Pedro Sánchez planea hacer lo mismo. Necesita los votos de Podemos para llegar a la Moncloa; pero más tarde puede olvidarse de las promesas, puesto que para los recortes y las medidas regresivas contará con el PP y con Ciudadanos. ¿Es tan disparatado que Podemos quiera evitarlo entrando a formar parte del Gobierno?

Los comentaristas de la derecha se preguntan indignados cómo es que el PSOE acepta sentarse a negociar con Podemos y no con el PP. La respuesta es simple y no tiene nada que ver con las ideologías, la corrupción o los programas. Un pacto con Podemos daría a Pedro Sánchez la presidencia. Con el PP tendría que renunciar a ella, ya que lo lógico es que fuese Rajoy el presidente, por la sencilla razón de que tiene más diputados. Estoy convencido de que el PSOE tiene mucha más similitud con el PP que con Podemos, pero lo que de verdad le importa a Pedro Sánchez son las sillas, bueno, más bien el sillón.

Jordi Sevilla nos intenta convencer en su artículo de que esta legislatura es excepcional, y en parte tiene razón. Es cierto que es excepcional por el extenso y profundo malestar social que la ha precedido, de manera que ha hecho surgir con fuerza dos partidos nuevos con 109 diputados. Pero este mismo hecho expulsa al PSOE de todo gobierno del cambio. ¿Es que acaso el descontento social no se ha dirigido al partido socialista al menos en la misma medida que al PP? En sentido contrario, no habrían surgido esas dos nuevas fuerzas políticas, y el partido socialista hubiese sabido rentabilizar la contestación social. No ha sido así y prueba evidente es que, a pesar de estar en la oposición, sus resultados electorales han sido peores incluso que los del PP. Muchos electores les culpan a ellos con la misma intensidad que al Partido Popular.

La mayor paradoja -y, por qué no decirlo, hipocresía- es que Pedro Sánchez pretenda liderar un gobierno del cambio como si el PSOE no fuese también responsable de ese dolor y sufrimiento del que él mismo habla, y que se ha infligido a muchos españoles. ¿Ya no nos acordamos de los gobiernos de Rodríguez Zapatero (de los que Jordi Sevilla fue ministro) y de las medidas que adoptaron? ¿Acaso la política tributaria implantada por Solbes y Elena Salgado no fueron más regresivas que las de Montoro? Por otra parte, en política y en economía el origen de los problemas se encuentra siempre muy lejos. Los lodos de estos últimos años, legislatura de Rajoy y última de Zapatero, provienen de los polvos de las dos legislaturas de Aznar y primera de Zapatero, incluso cabría remontarse a los Gobiernos de Felipe González con la firma de Maastricht y la política de convergencia. Después de 18 años de gobierno, solo un gran cinismo puede empujar al PSOE a presentarse a liderar un gobierno del cambio.

Quizás, hoy por hoy, no sea posible en España un gobierno que pueda realizar una política progresista. No cuadran los números, no están maduros quienes tendrían que acometerla, ni lo permitiría, desde luego, nuestra pertenencia a la Unión Monetaria. Los acontecimientos en Grecia enseñan que, por ahora, es preferible que Podemos madure en la oposición y no se queme en el gobierno.

Todo el mundo, incluyendo a Jordi Sevilla, se empeña en dilucidar lo que han dicho en las urnas los españoles, pero no existe un voto colectivo. Cada uno ha votado a su opción y a su candidato. Es evidente que el PP no ha sacado una mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero el PSOE la ha obtenido aún menor. Solo, creo yo, dejaron algo claro los electores: que eran precisas las coaliciones. En contra de lo que el PSOE y Ciudadanos se empeñan en repetir, en mi opinión, tanto el PP como Podemos lo entendieron. El primero convocando el día después de los comicios a todos los partidos con la finalidad de formar una coalición, iniciativa que chocó frontalmente con la negativa del PSOE, cuya concurrencia era totalmente necesaria para cualquier acuerdo real. Podemos, a su vez, hizo una propuesta de gobierno de coalición, que podía ser maximalista como toda propuesta inicial, pero que constituía un punto de partida para la negociación.

Ha sido Pedro Sánchez el que ha cegado los dos únicos caminos viables. Con Podemos, por motivos ideológicos y programáticos, tanto más al ser necesaria la abstención de los nacionalistas. Con el PP, no tanto por razones ideológicas (la política aplicada en el pasado por ambas formaciones políticas lo indican de forma clara) como porque esa alianza le impedía ser presidente de gobierno. Si, tal como afirma Jordi Sevilla, en estos meses han emergido los viejos demonios de la intransigencia y el sectarismo ha sido el PSOE el que los ha despertado, aunque pienso que el motivo es más pragmático, la simple supervivencia política de Pedro Sánchez.

Jordi Sevilla termina el artículo afirmando que si se va de nuevo a las urnas, los ciudadanos sabrán juzgar quiénes han sido los dos partidos buenos y los dos malos durante estos meses de negociación (yo diría más bien de teatro). Todo es posible. La capacidad de intoxicación a la opinión pública es muy grande. Pero, en cualquier caso, si Podemos pierde votos en los próximos comicios, no se deberá, creo yo, por no querer pactar con Ciudadanos o por no dar un cheque blanco al PSOE, sino por defender el derecho de autodeterminación o por pretender regar el territorio nacional con referéndums.

LOS PAPELES DE PANAMÁ

Los papeles de Panamá constituyen la mayor filtración conocida hasta la fecha de documentos reveladores de dinero negro, todos ellos provenientes del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, considerado el cuarto proveedor de instrumentos opacos en paraísos fiscales. La información fue recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, medio, que ante su abundancia y minuciosidad, decidió hacer partícipe de la misma al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Bien es verdad que no es la primera vez que sale a la opinión pública parte de las vergüenzas del sistema financiero internacional, pero nunca lo había hecho con tal profusión de datos y de nombres.

Aun cuando no se ha agotado su publicación, el escándalo es de tal amplitud que nada ni nadie queda a salvo. Es, como se dice ahora, transversal. Afecta a todas las latitudes, ideologías o profesiones. Oriente y Occidente, sociedades democráticas o regímenes autocráticos. Todos los estamentos de las clases dominantes están presentes: jefes de Estado, ministros, financieros, políticos, artistas, deportistas, empresarios, etc. Todos los que tienen poder, dinero, fama, influencia. Ello es bien representativo de la enfermedad que afecta a las sociedades de nuestro tiempo.

Contemplando la extensión del mal, se comprende la dificultad que existe para acabar con los paraísos fiscales a pesar de que su erradicación facilitaría mucho la acción de la justicia y aliviaría sustancialmente las finanzas de muchos Estados, que es lo mismo que afirmar que elevaría en buena medida el nivel de vida de las clases populares. Muchas de las actuaciones más criminales y delictivas serían más fácilmente detectables y perseguibles si no existiesen los paraísos fiscales.

Diversas estimaciones afirman que el 20% de la renta mundial está agazapada en cuentas opacas protegidas por sociedades como las destapadas en Panamá, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa que los países en desarrollo pierden al año ingresos por importe de 200.000 millones de dólares, con los que podrían mejorar su situación económica tanto en crecimiento como en empleo.

En muchas de las reuniones del G-8 y del G-20 los mandatarios internacionales han manifestado su intención decidida de erradicar los refugios de dinero negro. La OCDE parecía ir en serio cuando elaboró una lista de los países o centros financieros offshore. Sin embargo, la lista duró poco tiempo porque uno a uno se las fueron agenciando para librarse del estigma mediante la firma de convenios de intercambio de información con algunos otros países, convenios que se convertían en papel mojado porque o no se cumplían o se cumplían con tantas restricciones y condicionantes que la información resultaba inservible. Tales convenios han tenido como única finalidad lavar el nombre del paraíso fiscal correspondiente frente a terceros países y frente a los organismos internacionales.

Buen ejemplo de lo anterior lo constituye el convenio firmado por España y Panamá en tiempos de Zapatero. No ha servido para nada, excepto para que este último país pudiese abandonar la lista negra y para beneficiar a las constructoras españolas, que de esta manera podían obtener ventajas en el país centroamericano.

Con ser muy relevante y extensa la información que se está extrayendo de los papeles de Panamá, parece lógico pensar que representa solo una muestra de una realidad mucho más amplia, de todo lo que se oculta en los paraísos fiscales. Nos alerta, pues, acerca de la dimensión del problema y hasta qué punto está implicada toda la clase dirigente. Intereses tan poderosos disipan cualquier esperanza de que los Estados, aun los más democráticos y desarrollados, acometan en serio la lucha contra el dinero negro.

La misma Unión Europea, proclamaciones aparte, asume una postura pasiva frente a esta realidad y permite la existencia en su mismo territorio de paraísos fiscales o de plazas que se comportan como tales. ¿Cómo creer que la erradicación del fraude fiscal va a constituir una de sus prioridades cuando se mantiene al frente de la Comisión al ex presidente de un Estado altamente sospechoso de opacidad y en cuyo mandato se permitió todo tipo de prácticas orientadas a que las grandes sociedades eludiesen los impuestos en otras naciones?

Y algo parecido cabe afirmar de EE. UU., que, al igual que Panamá, se niega a firmar el Tratado de Transparencia de la OCDE, pese a ser paradójicamente uno de los promotores del acuerdo, con el pretexto de que considera suficiente su propia legislación (FATCA) de intercambio bilateral de datos. El año pasado el FMI denunció el déficit de la política antilavado de dinero en EE. UU., donde sigue siendo muy sencillo constituir sociedades opacas, ya que este país comparte muy poca información con el resto del mundo. Hay quien piensa que el principal beneficiario de los papeles de Panamá va a ser EE. UU., puesto que puede ocurrir que los flujos de dinero negro que salgan del primer país se acaben trasladando al segundo, por ejemplo a Nebraska.

Los reducidos pasos dados por los países occidentales en la persecución del lavado de dinero negro obedecen fundamentalmente al hecho de que tras él pueden encontrarse actividades criminales tales como la droga, el tráfico de armas o de órganos o la ocultación de recursos obtenidos fraudulentamente. Y ello sin importar demasiado el fraude fiscal, porque muchos mantienen la misma postura del primer mandatario de Panamá, que se pregunta si debe ser considerado delito. De hecho, de entre la escasa información que muchos de los centros financieros offshore proporcionan excluyen aquella cuya petición obedece a motivos fiscales. Nadie considera que tras el fraude fiscal se encuentra la quiebra del Estado del bienestar y, por lo tanto, la condena de amplias capas de la población a la miseria, a la ignorancia, a la enfermedad y a la muerte.

Nuestro país se encuentra a la cabeza de aquellos que minimizan el delito fiscal. Nuestra legislación es en extremo permisiva. Son rarísimos los casos en los que se ingresa en prisión únicamente por este delito. Hay todo un cúmulo de factores que confluyen en ello: el elevado límite para considerar a la defraudación delito, la escasa cuantía de la pena, el exceso de garantías jurídicas, la mentalidad de los jueces que se sienten contribuyentes y determinadas prácticas procesales en las que se facilita el pacto con los fiscales y todo termina con el ingreso de la cantidad defraudada. Incluso se producen situaciones tan deplorables como la actuación de la Agencia Tributaria en tiempos de Zapatero y de Elena Salgado avisando a 558 presuntos defraudadores, entre los que se encontraba Emilio Botín, (con cuentas en el HSBC en Ginebra y provenientes de la lista Falciani), para que regularizasen su situación y quedasen así libres de todo proceso judicial. Es de esperar que en esta ocasión no ocurra lo mismo.

Con todo, lo más preocupante es la mentalidad social que sigue sin considerar la evasión fiscal como delito y a los grandes defraudadores como auténticos delincuentes. Los bancos y los grandes bufetes de abogados ofrecen los instrumentos de ocultación fiscal como si de otro servicio cualquiera se tratara. Artistas, deportistas, empresarios, financieros, profesionales, a los que se ha cogido con las manos en la masa, continúan gozando de toda la respetabilidad social; y son aquellos mismos a los que roban los que les vitorean y aplauden una y otra vez a pesar de todo. Y es que en España aún seguimos siendo presa del “Vivan las caenas”.