ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

EL FRAUDE FISCAL TAMBIÉN ES DELITO

Desde el punto de vista estrictamente contable, la elevación de los ingresos produce el mismo efecto sobre el saldo que la reducción de las partidas de gastos. Serían equivalentes. En la práctica, sin embargo, cuando se trata de cuadrar el déficit público tal equivalencia se rompe, al menos desde la óptica de lo políticamente correcto. El incremento de la presión fiscal casi nunca se considera, como no sea mediante el latiguillo de la lucha contra el fraude, que de antemano se sabe que no se van a conseguir resultados significativos, pero sirve a menudo para cuadrar las cuentas sobre el papel, aunque después aparezcan las desviaciones. La subida de impuestos es tabú y censurada fuertemente desde todas las tribunas de opinión.

Los halcones de Bruselas y de Frankfurt no dejan de requerir a España para que reconduzca sus cuentas públicas a efectos de cumplir con los objetivos de déficit e insisten una y otra vez en que el nuevo Gobierno tendrá que realizar duros ajustes en el presupuesto. Es este continuo ultimátum el que deja sin razones a los que dentro de España se lamentan de que al tener que prorrogarse los presupuestos de este año no se van a poder acometer determinadas actuaciones o inversiones públicas. Porque lo que puede ocurrir, por desgracia, es que las nuevas partidas de gasto de los próximos presupuestos sean incluso más reducidas que las actuales, si se tienen que seguir las indicaciones de Bruselas y si no se está dispuesto a incrementar los impuestos.

Unidos Podemos ha sido el único partido que al menos ha tenido la franqueza de confesar que subiría la carga fiscal. El resto de las fuerzas políticas ha hablado de mantenerla, o incluso de reducirla, con lo que es de suponer que deberían acometer recortes en el gasto público. No obstante, en sus respectivos programas no solo no lo plantean sino que proponen todo lo contrario. En algunos casos, con barbaridades tales como la del complemento salarial, que serviría tan solo para trasladar costes laborales de los empresarios al Estado.

La falta de simetría entre las partidas del debe (gastos) y las del haber (ingresos) se produce también cuando el neoliberalismo económico y quienes lo profesan se refieren a los efectos económicos de las variaciones en ambos. Con frecuencia consideran que la bajada de impuestos tendrá un resultado positivo sobre la actividad económica, el empleo y, por lo tanto, a medio plazo la recaudación apenas se resentirá, e incluso puede que llegue a incrementarse. Para eso se inventó la curva de Laffer. Sin embargo, nada parecido se predica de los aumentos en el gasto público.

No obstante, hay motivos para pensar que lo que ocurre en realidad es la situación inversa, al menos cuando se trata de impuestos directos y progresivos. Su reducción beneficiará más a las rentas altas, cuya propensión al ahorro es mayor. Por el contrario, el incremento de la casi totalidad de los gastos se orienta en mayor proporción a personas con rentas bajas y medias cuya propensión al consumo es más elevada. En crisis como la actual, claramente de demanda, lo que hay que estimular es el consumo y no el ahorro, ya que este no se traducirá en nuevos proyectos de inversión mientras no exista demanda.

La equivalencia tampoco se produce, parece ser, en el Código Penal. Mientras se castiga con dureza la más pequeña falta en el cohecho y en la malversación de fondos públicos, se exonera de cárcel a los defraudadores fiscales por altas que sean las cantidades ocultadas, como si en el fondo no estuviésemos hablando también de recursos públicos. El pasado 21 de julio escribía en estas mismas páginas un artículo titulado «Vivan los chorizos si son culés», en el que me refería al caso Messi y a la no aplicación del delito fiscal en España.

Afirmaba que el punto 6 del artículo 305 de la Ley General Tributaria que dispone que se rebajará la pena en uno o dos grados si el defraudador, en el plazo de dos meses desde su citación por el juez como imputado, reconoce judicialmente los hechos y paga la deuda tributaria, unido a los acuerdos frecuentemente firmados entre el fiscal y el acusado, convierten en letra muerta el delito contra la Hacienda Pública. Siempre se evita la prisión a base de dinero, dinero que la mayoría de las veces ni siquiera compensa la cantidad evadida. Es un juego en el que el defraudador lleva siempre las de ganar.

Últimamente, un nuevo escándalo de mayor envergadura ha saltado a la actualidad, el de los dueños de la cervecera Damm. Si a Messi se le acusaba de defraudar 4,1 millones de euros, el fiscal calculaba la cantidad defraudada por los Carceller, padre e hijo, en más de cien millones de euros, pidiendo para el primero 48 años de prisión y 14 para el segundo. Pues bien, todo ha quedado en agua de borrajas o, mejor dicho, en el pago de 92,37 millones de euros, cantidad sin duda respetable, pero a la que podrán hacer frente sin demasiados problemas los acusados y que ni siquiera alcanza la cantidad defraudada. Una vez más, a los grandes contribuyentes les resulta rentable la ocultación fiscal. Y así continuará siendo mientras el delito contra la Hacienda Pública no tenga la consideración de cualquier otro delito.

No deja de ser paradójico el trato tan diferente concedido tanto en la opinión pública como en la publicada a lo que se ha dado en llamar el caso Soria y a la previsible sentencia que evitará que los Carceller ingresen en prisión. Parece que la corrupción es exclusiva de los políticos y que no puede darse en el sector privado y, de darse es más disculpable. Tal vez como consecuencia de los muchos casos conocidos, se ha creado un ambiente de auténtico linchamiento ante el menor indicio (solo indicio) de corrupción política; sin embargo, a pesar de que también son muchos los casos de delito fiscal, no ya con indicios, sino con sentencias firmes y probadas, no se produce el menor ápice de reproche social.

No diré yo que el nombramiento de Soria no haya sido una equivocación, sobre todo siendo relativamente reciente su dimisión del gobierno, aunque pienso que en este caso más que una cacicada política, lo que se ha dado es un chanchullo corporativo por parte de los técnicos comerciales del Estado, que pretenden apropiarse en exclusiva de puestos que jurídicamente nadie les ha asignado. De todos modos, el caso Soria no es un caso tan grave como para monopolizar la actualidad nacional y para que todos los partidos (incluido el de Magdalena Álvarez, de Bibiana Aído y de Leire Pajín) se hayan rasgado las vestiduras, lo que desde luego no han hecho por una sentencia que deja en libertad a aquellos que han robado a todos los españoles más de 100 millones de euros.

Republica.com 16-09-2016

APPLE Y LOS IMPUESTOS EN LA UE

La decisión de la Comisión Europea por la que se exige a la corporación Apple que reintegre al tesoro irlandés 13.000 millones de euros más intereses, por impuestos dejados de ingresar entre 2003 y 2014, constituye una excelente ocasión para reflexionar acerca de los mecanismos de que se valen las multinacionales para librarse del fisco, así como señalar una vez más las enormes lacras e insuficiencias que presenta el diseño con el que se ha construido la Unión Europea (UE).

Puede resultar ilustrativo comenzar describiendo la arquitectura fiscal y empresarial a través de la cual Apple hace frente a sus obligaciones fiscales. La multinacional Apple Inc., radicada en EE. UU., cuenta con dos filiales con sede en Irlanda, Apple Operations Europe y Apple Sales International. Ambas tienen los derechos de propiedad intelectual de Apple para vender y elaborar los productos de la compañía; como contrapartida, las dos realizan un muy sustancioso pago anual a la matriz para financiar la investigación y el desarrollo. Pago que se deduce de los beneficios de ambas empresas y va a engordar la cuenta de resultados de la norteamericana, y en consecuencia deja de tributar en Irlanda para hacerlo en EE. UU. Es fácilmente comprensible que la cuantía fijada de este canon puede servir de instrumento para trasferir beneficios y por lo tanto impuestos de Europa al otro lado del Atlántico.

Por otra parte, la estructura empresarial de Apple origina que todas las compras realizadas en cualquier país de la UE, pero también en Oriente Próximo, la India y África, se instrumenten como una relación contractual con una oficina fantasma, casi sin personal, de la compañía irlandesa Apple Sales International, y no con las empresas locales filiales de Apple, que figuran como simples comisionistas. Gracias a eso, los beneficios de varios continentes se registran y declaran en Irlanda, por lo que la firma no paga apenas impuestos en todos los otros lugares en los que tiene su actividad. Para medir la importancia del negocio de Apple en toda Europa baste considerar la propia carta de Tim Cook, consejero delegado de la compañía, escrita y distribuida para justificarse ante los consumidores europeos y arremeter contra la Comisión. En ella se afirma que los puestos de trabajo creados en Europa sobrepasan el millón y medio.

Es sabido que Irlanda (lugar en el que Apple ha decidido abonar el gravamen correspondiente al negocio generado en todos los estados de Europa y en otros países de Asia y África) tiene un tipo nominal del impuesto de sociedades (12,5%) de los más reducidos de Europa, practicando un descarado dumping fiscal. Pero el tigre celta ha dado un paso más y es sobre este plus sobre el que ha podido incidir el dictamen de la Comisión. Ha firmado con Apple un ‘tax ruling’, es decir, un acuerdo acerca de qué impuestos va a pagar la compañía. Se trata de un plan fiscal a la carta con el que, según la Comisión, el tipo efectivo pagado en el impuesto ha sido en algunos años del 0,005. Sin duda un escándalo.

Es de suponer que no habrá sido Apple la única multinacional con la que Irlanda ha firmado el ‘tax ruling’, es decir, a la que le han diseñado un traje fiscal a medida. Existe además la certeza de que no solo Irlanda, dentro de la UE, practica o al menos ha practicado estas corruptelas fiscales. Holanda, Bélgica y Luxemburgo la han acompañado. Sonado fue el llamado LuxLeaks, ya que resultó implicado el propio presidente de la Comisión cuando era ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo. Con estos presupuestos, es difícil creer que la UE se tome alguna vez en serio el problema de los paraísos fiscales.

Parece que Margrethe Vestager, comisaria europea de la Competencia, ha decidido abordar la cuestión. Su primer paso ha sido el expediente abierto a Apple. No obstante, hay que resaltar las limitaciones de las que parte debido a los muchos defectos de la propia UE, donde, a pesar de haberse instalado de forma absoluta la libre circulación de capitales, no se ha dado ni un solo paso en materia fiscal, no ya para la integración sino ni siquiera para armonizar las diferentes legislaciones de los países o al menos perseguir los que claramente realizan –como Irlanda– prácticas de dumping fiscal. Para corregir el abuso y escándalo fiscal de Apple en Irlanda, la comisaria europea se ha visto obligada a acogerse exclusivamente al quebrantamiento de la competencia, pero entre empresas, no entre países.

Lo que persiguen los acuerdos comunitarios no es el dumping fiscal, no es la concurrencia desleal en materia fiscal para atraer inversores. No condenan las batallas competitivas entabladas por los distintos Estados que terminarán no beneficiando a ninguno de ellos, pero sí reduciendo la carga fiscal sobre el capital casi en cero. Lo único que rechazan es que un Gobierno conceda a unas empresas un trato de favor con respecto a otras, esto es, las denominadas ayudas de Estado, que sin duda pueden instrumentarse de forma directa, pero también indirecta mediante beneficios fiscales exclusivos.

Esta es la recriminación de la Comisión Europea a Irlanda, el hecho de que mediante los ‘tax ruling’ han elaborado con total opacidad un traje fiscal a medida de Apple, que no sirve para ninguna otra empresa o, dicho de otro modo, otras muchas sociedades están excluidas de él. Por el contrario, la comisaria no sanciona, no puede hacerlo, el que la hacienda pública celta mantenga un tipo del impuesto de sociedades muy inferior al de los otros países, ni la práctica, tremendamente escandalosa, de que Apple traslade con fraude de ley los beneficios generados en todos los países a Irlanda. El que la Comisión carezca de competencias para intervenir en estas actuaciones no quiere decir que cada uno de los países afectados no pueda hacerlo en su ámbito, y por ello la comisaria se ha brindado a facilitar la información a las haciendas locales para que, si quieren, exijan a Apple las cantidades adeudadas y apliquen las sanciones correspondientes. Es de esperar que la Administración Tributaria española, ya que no lo ha hecho hasta ahora, tome las medidas adecuadas para reclamar a Apple las cantidades no ingresadas en España.

El vacío que la Unión Europea presenta en materia fiscal es altamente preocupante, porque indica bien a las claras no solo el modelo neoliberal en que está basado el diseño sobre el que se ha construido, sino también porque esa misma mentalidad está presente en la actuación de todas las autoridades europeas. La prueba más palpable es que desde la Comisión o desde el BCE, bien directamente o bien a través de la troica, con el pretexto de limitar el déficit han impuesto a los países reformas laborales regresivas y el recorte de todo tipo de gastos presupuestario, entre ellos el de las pensiones o los sueldos de los empleados públicos, mientras que apenas han exigido incrementos de impuestos, más allá del IVA. Es sintomático que cuando Irlanda precisó el rescate de Europa y se le impuso como contrapartida una considerable serie de medidas económicas, inexplicablemente, sin embargo, se dejó pasar la oportunidad de elevar el impuesto de sociedades a los niveles de otros países de la eurozona.

Hay quien argumenta que esa política de bajos impuestos le sienta muy bien a los países que la adoptan, y ciertamente es verdad, por lo que todos, continúan diciendo, deberían imitarles. Esa última afirmación no es tan cierta porque precisamente a Irlanda le va bien porque su riqueza se logra empobreciendo al vecino, con lo que la condición esencial para su prosperidad es que los otros países no la imiten. De lo contrario todos se empobrecerían, excepto las multinacionales y el capital que ya no tendrían que hacer ingeniería financiera, porque el gravamen sería cero en todos los sistemas fiscales. Claro que ese parece ser el desiderátum último de algunos articulistas.

No es de extrañar que Apple haya reaccionado frente a la Comisión con toda clase de exabruptos y recurriendo a la falacia consabida de lo mucho que la compañía hace por la economía de Europa, creando un sinfín de puestos de trabajo, como si eso le autorizase a no pagar impuestos y como si en todo caso no fuese la compañía la que tendría que estar agradecida, entre otros, a los ciudadanos europeos que le compran sus productos con lo que les dan a ganar mucho dinero. Más inexplicable es la posición del Tesoro de EE. UU., defendiendo a Apple. Parece que solo le importa la evasión fiscal de las multinacionales cuando le afecta directamente.

La solución en Europa resultaría relativamente fácil. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades podría convertirse en un impuesto europeo, con lo que, por una parte, el gravamen sería uniforme en toda Europa y, por otra, la UE contaría con un gravamen propio de cierta importancia, germen de una posible hacienda pública comunitaria. Pero todo ello ni siquiera ha pasado por la cabeza de las autoridades comunitarias ni de aquellos gobiernos que realmente mandan en la UE. Parece casi una utopía. Señal inequívoca de que la UE está condenada al fracaso.

Republica.com 9-8-2016

QUÉ FÁCIL SERÍA TODO SI RAJOY TUVIESE TODA LA CULPA

Solo los necios o los muy sectarios pueden dudar del deterioro que en materia social y económica ha sufrido nuestro país en los últimos ocho años. El hecho de que en estos momentos estemos creciendo por encima de la mayoría de los países de la Eurozona no debe restar un ápice a la evidencia de las grietas que persisten en nuestro tejido económico y social.

Las elevadas cifras de paro dilapidan nuestro potencial de crecimiento y condenan a parte de la población a la indigencia. Aun cuando en los dos últimos años se esté creando empleo, este es de tan baja calidad y tan precario que ha originado un fenómeno nuevo, la compatibilidad entre poseer un puesto de trabajo y la permanencia en el umbral de la pobreza. Los salarios en el sector privado, especialmente en el caso de las nuevas colocaciones, han descendido sustancialmente. Los empleados públicos han visto reducido por término medio cerca de un 10% su poder adquisitivo, llegando en algunos casos al 15%. El mercado de trabajo se ha desregulado considerablemente, arrebatando a los trabajadores multitud de garantías y derechos. Los servicios públicos (sanidad, educación, etc.) se han deteriorado. Por primera vez desde hace muchos años, las pensiones han perdido poder adquisitivo y, lo que es aun más grave, se ha aprobado una ley que desliga la evolución de estas prestaciones en el futuro de los incrementos en el coste de la vida. La deuda pública (es decir, la hipoteca que pesa sobre todos los españoles) ha pasado de representar el 36% del PIB a exceder el 100% de esta magnitud.

El catálogo podría continuar, pero creo que lo dicho constituye una muestra suficiente para dar la razón a todos aquellos que denuncian la desigualdad, la pobreza y la precariedad originadas, y los sufrimientos y calamidades que se le ha hecho padecer auna gran parte de la sociedad española. Lo que resulta más dudoso es determinar el origen de todos estos males. Para los partidos de la oposición la cosa está muy clara, se debe a la perversidad de Rajoy y sus seguidores que durante cuatro años han practicado políticas regresivas e inicuas. No seré yo el que exima de responsabilidad al Gobierno del PP, pero lo peor que podemos hacer al enfocar cualquier tema es equivocarnos, aunque sea parcialmente, en la determinación de la causa, o quedarnos en la superficie sin profundizar en el fondo de la cuestión, y en este caso la explicación de la maldad de la derecha me parece pobre e incompleta.

Ojalá todo el problema derivase de la ofuscación de este Gobierno; la solución, entonces, estaría en nuestras manos, consistiría exclusivamente en echarlo, antes o después, del poder. Pero la realidad es tozuda y hay múltiples señales de que la cosa no es tan sencilla. Los recortes y las reformas comenzaron con otro gobierno, y teóricamente de izquierdas, el de Rodríguez Zapatero. Mientras gobernaba, surgió el movimiento 15-M. Fue él quien realmente redujo el sueldo de los funcionarios. A diferencia de suprimir la paga extraordinaria, tal como hizo después el PP, que solo tenía vigencia para un año, la rebaja que aplicó Zapatero se consolidaba para años sucesivos, como así ha ocurrido. También fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que planteó una reforma laboral, si bien posteriormente Rajoy la endureció. El PSOE privó por primera vez a las pensiones de la actualización por el índice del coste de la vida, aunque es verdad que el PP eliminó este derecho para el futuro. Por último, Rodríguez Zapatero arrastró al PP a modificar la Constitución para anteponer el pago de la deuda al pago de las pensiones, del seguro de desempleo y al mantenimiento de la sanidad y de la educación.

El PP participó entonces de la misma simpleza que ahora demuestra el PSOE. La culpa era de Rodríguez Zapatero, y todo se solucionaría cuando cambiase el gobierno. El gobierno cambió y Rajoy se vio obligado a incumplir todas las promesas que había hecho en la oposición, y a continuar, incluso endureciendo, la política del gobierno anterior. Desde hace bastantes años, es una gran necedad centrar la solución de los problemas sociales y económicos exclusivamente en el cambio de gobierno. Por eso en Europa cambian todos los gobiernos, pero se sigue aplicando la misma política. Por eso Hollande, socialista, realiza en Francia, contra viento y marea, una reforma laboral similar a la que aprobó Rajoy en España. Por ello Syriza no ha tenido más remedio que tragarse todo lo dicho anteriormente, y está aplicando una política totalmente contraria a la que había prometido. Por la misma razón, Portugal tiene que tener sumo cuidado porque está al borde de que su deuda pase a la categoría de bono basura en la única agencia de calificación que aún no le ha dado esta puntuación, con lo que se vería en la obligación de pedir de nuevo el rescate.

La explicación se encuentra en que desde la configuración de la Unión Monetaria nuestra soberanía está limitada y, en buena parte, la política no depende del gobierno de turno sino de otras instancias, de Berlín, Frankfurt y Bruselas. Al no contar ni con una moneda ni con un banco central propios, quedamos al albur de los mercados y del Banco Central Europeo. Este organismo no solo dicta la política monetaria sino también la fiscal y la laboral, y sus mandatos son de obligado cumplimiento. Y eso en todos los países; tanto en los rescatados, como en los que por el momento no lo están, porque la línea divisoria entre ambos grupos es muy tenue y el tránsito de una categoría a otra es muy fácil, dependiendo únicamente de la voluntad del BCE, como comprobaron Italia y España cuando estuvieron al borde del rescate porque su prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos.

La corrección de cualquier desequilibrio en la Unión Monetaria significa sangre, sudor y lagrimas para el país que lo sufre porque, al no poderse corregir en el plano monetario, el cortocircuito se trasladará a la economía real, en forma de paro, reducción de salarios y recortes fiscales. He aquí la perversidad de la moneda única. Por esta razón, entre otras, algunos nos posicionamos radicalmente en contra de la Unión Monetaria. Era evidente que a partir de la desaparición de la peseta el coste de corregir la menor perturbación que se originase correría a cargo de los trabajadores. Lo que no se entiende muy bien es que aquellos, bien personas u organizaciones, que defendieron con ahínco la creación del euro, ahora se hagan los sorprendidos y se rasguen las vestiduras por las consecuencias.

La experiencia ha confirmado las expectativas más pesimistas. Los nefastos Gobiernos de Aznar y el primero de Zapatero permitieron que nuestro déficit exterior se desbocase, llegando a alcanzar en 2008 el 10% del PIB. Este desequilibrio continuado y progresivo –que originó la acumulación de una ingente deuda exterior de carácter privado–no se hubiera producido, al menos en esas magnitudes, de no haber estado España en la Unión Monetaria, y, en todo caso, (en la medida en que se produjese) se habría corregido con la devaluación monetaria, tal como sucedió en los primeros años noventa. La carencia de moneda propia y de un banco central que la respalde dejo a nuestra economía en manos de los mercados financieros y del BCE. Todo ajuste se traduce en descenso de los costes laborales y en recortes presupuestarios.

No tengo nada en contra de que los partidos de la oposición critiquen y censuren al Gobierno de Rajoy, con tal de que no se olviden de las trabas y rémoras que se derivan de nuestra participación en la moneda única. Su afán por atacar al PP y su respaldo a la Unión Monetaria pueden conducirles a esconder la trampa que representa la pertenencia a la Eurozona. Causa sorpresa el constatar que todos sus planteamientos se realizan ignorando esta realidad y partiendo de cero, como si fuésemos absolutamente soberanos. Cabe por tanto preguntarse si esta postura se debe a la ignorancia o a una hipocresía deliberada orientada a prometer (o exigir a otros) medidas que saben de sobra que son irrealizables, al menos mientras pertenezcamos a ese club tan selecto y exclusivo.

LOS ALIADOS POTENCIALES

Pedro Sánchez, en ese afán de compatibilizar planteamientos contradictorios (afirmar que va a votar «no» a la investidura de Mariano Rajoy y rechazar, al mismo tiempo, la celebración de las terceras elecciones), no deja de postular que el Partido Popular tiene que pactar con sus aliados potenciales. Le ha dado por dividir el arco parlamentario en una vieja clasificación, izquierdas y derechas, pero basándose exclusivamente en las siglas y no en las obras. Resulta difícil a estas alturas mantener que el partido socialista es un partido de izquierdas. El catálogo de dudas al respecto sería interminable, pero baste citar que Pedro Sánchez estaba sentado en el Parlamento y votó afirmativamente la modificación de la Constitución que planteó Rodríguez Zapatero. El secretario general del PSOE está dispuesto a tomar posición en función de las etiquetas, sin atender a los contenidos. Por eso afirma que rechazará, sin conocerlos, los presupuestos que presente el Partido Popular, si este llega al gobierno, aun cuando ahora no estén ni siquiera elaborados. Pero le da igual, digan lo que digan, él se opone.

Desde el 20 de diciembre, Pedro Sánchez se ha negado a reconocer su derrota, y se ha opuesto no a llegar a un acuerdo, sino ni tan siquiera a sentarse a negociar con el partido que para bien o para mal había ganado las elecciones, con lo que hasta ahora ha impedido la formación de un gobierno y durante muchos meses ha condenado, y sigue condenando, a la sociedad española a la parálisis. No quiere aceptar el nuevo mapa político en el que el bipartidismo ha muerto. Ya nadie es la alternativa de nadie, porque todos son la alternativa de todos, y la única manera de que el país se gobierne es mediante la negociación y el pacto. El nuevo escenario podría ser muy ventajoso, al superar las mayorías absolutas y el chantaje nacionalista, pero a condición de que ningún partido se encastille y se niegue al diálogo.

A Pedro Sánchez lo único que le interesa es enfrentarse al PP. ¿Sobre qué? importa poco, por eso anuncia con anticipación que no solo vetará la investidura de Rajoy, sino también los presupuestos que presente en el caso de salir elegido, propongan lo que propongan. Renuncia así a influir en el gobierno, en la economía y en las cuentas públicas. Lo suyo es la parálisis y el bloqueo. A fuerza de repetir que no quiere mancharse las manos, es muy posible que se quede sin manos.

Pero hay algo peor y es que, para librarse de la responsabilidad que tiene en el estancamiento en que se encuentra la política española, incita una y otra vez al PP a que pacte con lo que llama sus aliados potenciales, con sus afines ideológicos. Y cuando uno mira alrededor se da cuenta de que solo se puede referir a los partidos nacionalistas e independentistas. Le empuja a hacer concesiones, sin reparar en que las concesiones no las hacen ni el PP ni el PSOE ni el Gobierno, sino la totalidad de los españoles. Alguno de esos potenciales aliados, que en otras épocas lo fueron tanto del PSOE como del PP, se encuentra en estos momentos en una situación de clara insurrección frente al Estado de derecho. Resulta irónico que se tilde al Partido Demócrata Catalán (PDC) -antigua Convergencia- de aliado potencial del PP cuando se encuentra hermanado en Cataluña con Esquerra Republicana y con la CUP, y cuando sus portavoces han dicho sin ambages que prefieren un gobierno del PSOE.

Esa preferencia se ha hecho evidente, al menos desde que Zapatero pactó con Artur Mas un estatuto anticonstitucional, origen de los muchos problemas desatados en Cataluña. El PSOE se ha situado en la ambigüedad, al estar al rebufo del PSC, que nunca ha abandonado del todo la idea de un referéndum. El mismo Pedro Sánchez siempre se ha colocado en una equidistancia muy peligrosa entre los independentistas y el Gobierno de España, reprochando a Rajoy que no dialogaba, cuando en realidad resulta imposible dialogar con quien no quiere hacerlo, como sabe muy bien el propio Sánchez. El secretario general del PSOE ha proclamado reiteradamente con cierta solemnidad que defiende la unidad de España. Sin embargo, cuesta creerle totalmente cuando repite el falaz argumento utilizado de forma habitual por el independentismo de que no se puede responder a un problema político con la ley y los tribunales, como si el Derecho no fuese el primer fundamento del Estado y de la actividad política.

La insistencia de Pedro Sánchez en que el PP pacte con sus afines ideológicos, incluyendo en ellos a los independentistas, puede obedecer a otra estrategia, la de que pretenda allanarse el camino para hacerlo él junto con Podemos, una vez que Rajoy haya fracasado en la investidura. Es un proyecto que acarició en la pasada legislatura y que no se atrevió a llevar a cabo por la prohibición del Comité federal de su partido. Precisamente para eludir ese veto sea quizás por lo que ahora presenta una y otra vez la posibilidad de un pacto con los independentistas como algo normal y lógico.

Pedro Sánchez no ha dejado de acariciar ese proyecto, como lo demuestra el hecho de que haya lanzado a los varones de su confianza a reclamarlo: Iceta, la presidenta de Baleares y el secretario general de Castilla y León. Él no lo ha confirmado pero tampoco ha querido desmentirlo, por más que los periodistas le hayan insistido sobre el tema. Pablo Iglesias, recientemente, ha sorprendido a la prensa al descubrir la celebración de contactos encaminados a este fin, y Pedro Sánchez tampoco ha sido claro en la respuesta.

En cualquier caso, lo que nos tenemos que preguntar es si puede el Gobierno, bien sea del PP o del PSOE, asentarse sobre aquellas formaciones políticas que quieren romper el Estado y que claramente se sitúan al margen de la Constitución, de la ley y de los tribunales.

LAS SEIS SALVAS DE RIVERA

Lo malo de Albert Rivera es que solemniza lo más baladí, dando a todo lo que hace una trascendencia desmedida. Ocurrió con el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en la pasada legislatura, cuando ambos aparecieron ante la prensa como si estuviesen ratificando una nueva Constitución o la entrada en la Unión Europea (los pactos de Guisando, los denominó con sorna Rajoy). Y ha vuelto a suceder ahora en la presentación de las seis condiciones que ha puesto al Partido Popular para negociar, pues se asemejaba a Thomas Jefferson leyendo la declaración de independencia de EE. UU.

Lo cierto es que ni el acto en sí tenía nada de extraordinario, ni las condiciones expuestas constituyen pasos relevantes en la regeneración democrática, pues o bien ya existían o bien son muy discutibles. Antes o después, el anuncio de Rivera era de esperar. Por mucho que, según sus planteamientos puritanos, le repugne un gobierno de Rajoy, no dispone de una opción mejor ya que las otras dos alternativas le resultarían mucho más inaceptables. Es de suponer que no le agrade demasiado un gobierno del PSOE con Podemos y con los separatistas, y en unas terceras elecciones solo hay una cosa cierta: que acarrearían resultados muy negativos para Ciudadanos. Quizás Rivera tenga que estar más interesado que el propio Rajoy en que se forme un gobierno.

A su vez, las condiciones planteadas no son nada sustanciales. Comencemos por la última, la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Creo poco en las comisiones de investigación, casi ninguna ha servido para nada, ni se ha descubierto nada nuevo que no estuviese presente en los procesos judiciales. Tan solo constituyen un arma arrojadiza entre los distintos grupos parlamentarios. Las conclusiones que al final se establecen no dependen de lo investigado, sino de cuál es en ese momento la correlación de fuerzas entre los partidos en la Cámara. Por otra parte, esta condición carece de toda virtualidad, pues dada la composición del Parlamento no se necesita la aquiescencia del PP para constituirla, tal como ha querido poner de manifiesto el PSOE.

Continuando con las condiciones, resulta bastante lógica la prohibición de indultar a los políticos, pero ¿por qué solo a los políticos? El problema de las medidas de gracia, figura que por otro lado está recogida en la Constitución, exige un examen serio, teniendo en cuenta todos los aspectos y situaciones posibles. Recientemente el indulto que ha producido mayor escándalo no fue el de ningún político, sino el de un banquero, Alfredo Sanz, libertado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Los muchos casos de corrupción que últimamente están en los tribunales y que, por tanto, la sociedad viene conociendo (queda la duda de si antes también existían, con la única diferencia de que no salían a la luz por no llegar a los juzgados), pueden estar originando en la opinión publicada y en algunas fuerzas políticas un movimiento pendular en el que nos olvidemos de la presunción de inocencia y de las garantías jurídicas de las que deben gozar todos los ciudadanos, también los políticos. La eliminación total de los aforamientos y el compromiso de los partidos de separar de su puesto a todo político que resulte imputado (ahora investigado) pueden componer un cóctel bastante explosivo en el que todos los cargos públicos (incluyendo los de mayor nivel, hasta el propio presidente del Gobierno) estén indefensos ante cualquiera que por motivos bastardos se muestre dispuesto a denunciarles, y por el que tendrían que dejar su cargo en cuanto un juzgado de primera instancia les citara como investigados. Los que defendemos la acusación popular como un elemento democrático y de participación de los ciudadanos en la administración de justicia tendremos que reconocer que este aspecto, unido a las dos condiciones que ahora exige Rivera, puede tener consecuencias nefastas.

Es cierto que en España hay un número excesivo de aforamientos, muy superior al de otros países, pero no conviene irse al otro extremo. Una cosa es reducir su número y otra, eliminarlos todos completamente. No estoy tan seguro, además, de que constituyan un privilegio, porque si por un lado se libra al investigado de los juzgados de primera instancia, al ser procesado por un tribunal superior, también se le priva de la posibilidad de recurrir.

Mayor relevancia tiene el compromiso de que todo cargo investigado en un proceso judicial debe cesar en sus funciones. Desde luego, tal condición no se puede materializar en una ley puesto que sería contraria a la presunción de inocencia, al aplicar una inhabilitación sin que medie sentencia judicial. Pero es que, además, la condición de investigado se da a todo aquel que tenga que comparecer ante un juzgado, siempre que existan los más leves indicios de que pueda resultar encausado. Precisamente se le da esta calificación como garantía procesal ya que, a diferencia de los testigos, el investigado está en su derecho de mentir.

Cualquier juez o tribunal ante una denuncia, aun cuando los atisbos de ilícito sean muy reducidos y dudosos, no tendrá más remedio que abrir una instrucción y citar como investigado a todo aquel que pueda resultar implicado. La probabilidad de que según avance el proceso se exonere a los antes imputados la mayoría de las veces es muy alta y así ha ocurrido en infinidad de casos, pero el perjuicio estará ya hecho si se les ha pedido que abandonen el cargo. En realidad, el cambio de nombre de imputado a investigado obedeció a la finalidad de suprimir toda connotación de culpabilidad de esta situación, y trasladar la obligación de dimitir a una fase posterior del proceso, quizás cuando termina la fase de instrucción.

En España siempre hemos sido muy dados a copiar miméticamente medidas foráneas, sin reparar en que a menudo obedecían a un contexto social, económico o jurídico muy distinto del nuestro. Eso es lo que pasa con la moda de limitación de mandatos que, al igual que las primarias, tiene su encaje en un sistema presidencialista, totalmente distinto del nuestro de carácter parlamentario. Por otra parte, no estoy muy seguro de su conveniencia. Si bien es verdad que puede servir para que nadie se perpetúe en el cargo, no evita el mayor problema que estriba en que sea el mismo partido el que esté en el poder elección tras elección. Además, existe el peligro de que en el segundo mandato, ante la certeza de que no va a ser reelegido, el gobernante actúe con mucha menos responsabilidad y sin el autocontrol que se impone todo aquel que va a tener que pasar por las urnas. Presiento que Aznar se habría comportado de manera muy distinta frente a la guerra de Irak, si no se hubiese comprometido en la limitación de mandatos y, en consecuencia, hubiese sido él el candidato de su partido en las siguientes elecciones.

Las listas abiertas constituyen un tópico que desde hace mucho se ha venido manejando, pero que en realidad se trata más de una reclamación de periodistas y de tertulianos que de la sociedad. La prueba está en que en el Senado contamos con listas abiertas y casi la totalidad de los votantes se comporta como si fuesen cerradas. Se arguye que así disminuiría el poder de los aparatos de los partidos. Puede ser cierto, pero también lo es que con las listas abiertas el poder se traslada a los medios de comunicación, que podrán encumbrar o hundir a un candidato. Entre ambas situaciones, me quedo con la primera.

He sido de los primeros en criticar el actual sistema electoral (es más amplio que la ley), en el que todos los votos no valen igual, con lo que facilita la consolidación de un bipartidismo imperfecto que conduce o bien a mayorías absolutas o al chantajista arbitraje de los partidos nacionalistas. No obstante, uno empieza a dudar de que la ruptura del bipartidismo sea tan conveniente, pues cuando esta se ha producido por otras causas se ha mostrado la incapacidad de los partidos actuales para el diálogo y la negociación, ya que actúan como sectas con un tremendo dogmatismo de siglas. Cómo no estar escéptico si la solución que propone el PSOE para la gobernabilidad es que de nuevo los partidos nacionalistas hagan de árbitros, incluso ahora que los catalanes se han convertido en insurgentes.

ESPAÑA NOS ROBA

Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda ha publicado los resultados para 2012 de lo que ha denominado sistema de las cuentas públicas territorializadas. En realidad, otro intento más de los muchos que ha habido de presentar las llamadas balanzas fiscales. En esta ocasión siguiendo una metodología ajena al propio Ministerio de Hacienda, elaborada por varios profesores de las Universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. Es una estadística de la que carece la mayoría de los países, y solo ha tenido aceptación en aquellos en los que se dan fuerzas secesionistas, normalmente pertenecientes a regiones prósperas, que las han popularizado para quejarse de su elevada contribución al resto de los territorios. En España ha sido el nacionalismo catalán el que principalmente las ha utilizado como instrumento para justificar su victimismo y esa proclama de “España nos roba”.

El concepto de balanza fiscal se refiere al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada Comunidad contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos. Entendido de tal manera, el concepto tiene un vicio de partida: no son los ciudadanos los que aparecen como contribuyentes y receptores, sino las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la equidad no puede medirse en clave territorial, sino personal. La cuestión no es tanto si una Comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y reciben los mismos servicios y prestaciones. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las Autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.

Las múltiples versiones que se han venido haciendo de las balanzas fiscales indican bien a las claras la dificultad en su elaboración y el margen de relatividad que todas ellas tienen. En una economía interrelacionada y con una hacienda pública en gran parte centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. La Comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la Comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.

En cuanto a los gastos, sí es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia Comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la Administración central. Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién. Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias Comunidades Autónomas, ¿en qué proporción deben ser atribuidas a ellas o a los puntos de origen y destino? ¿Cómo se reparten los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos entre las distintas Autonomías? ¿Las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían imputarse a estas? Los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la Autonomía en la que están situados o repartirse entre todas ellas? ¿Cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública?

El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones, excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria, se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan. Las que el Ministerio de Hacienda ha presentado la semana pasada coinciden en sus conclusiones esenciales con las elaboradas por el propio Ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.

En líneas generales y salvo algunas excepciones, existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional. El mal llamado déficit o superávit fiscal de una Comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, por regla general, a que las Autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit; este no tiene otra significación más que indicar que nos encontramos ante una Comunidad rica y más próspera que el resto.

Se produce una grave y enorme excepción con el País Vasco y Navarra que, a pesar de tener una renta per cápita muy superior a la media (segunda y tercera en el ranking), presentan saldo negativo, es decir, son receptoras de recursos del resto de la Autonomías. La razón hay que buscarla sin lugar a dudas en el especial régimen fiscal que se les otorgó en la Constitución y que es propio de la Edad Media, pero difícilmente tiene encaje en un Estado moderno, entre cuyas principales funciones está la redistributiva.

Se manifiesta también la inconsistencia del victimismo catalán, pues si, como es lógico, tienen lo que denominan un déficit fiscal, este no es mayor sino quizá menor del que lógicamente les correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que la de Baleares, presenta en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase tan amplio como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).

El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la Comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha Comunidad o que se considere a la Autonomía de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la Administración central. Más bien al contrario, el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio, que atribuye cada partida a la Comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.

Por último, hay que resaltar que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas Comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura que es la Autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60 % de su PIB, Asturias el 8,40%, Canarias el 8,58, Galicia el 7.21, Andalucía el 6,02%, y así sucesivamente. El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?

En realidad, todo esto tiene poco de sorprendente y se produce, en mayor o menor medida pero de forma generalizada, entre los territorios de un mismo Estado. Donde está ausente, sin embargo es en la Unión Europea en la que se han integrado los mercados de productos y servicios y los financieros y en la que se ha gestado la Unión Monetaria con ausencia de una hacienda pública central que pueda asumir dicha función redistributiva. Esta carencia es la que hace imposible la moneda única, porque no resulta creíble que Alemania, Holanda, Austria, etc. estén en algún momento dispuestos a transferir anualmente el 9% de su PIB a los países del Sur, tal como hace Madrid dentro de España.

EL REY SE EQUIVOCÓ POR SEGUNDA VEZ

El PP no tiene razón cuando manifiesta que debe gobernar la lista más votada, y están en lo cierto por tanto aquellos que desde las filas socialistas, o sus adláteres, le contestan que estamos en un sistema parlamentario y que alcanza la presidencia de gobierno aquel que logra en el Congreso una mayoría absoluta o simple (según sea en la primera o en la segunda vuelta). Pero precisamente por eso no se entiende que Pedro Sánchez se empeñe, tanto en esta como en la pasada legislatura, en hablar del tiempo de Mariano Rajoy, y que dedique la totalidad de la rueda de prensa convocada para dar cuenta de su entrevista con el rey, a requerir una y mil veces al presidente en funciones su obligación institucional y constitucional –le faltó decir teológica– de presentarse a la investidura, dando también por supuesto que era obligación del monarca designarle como candidato. Y todo ello al mismo tiempo que se ratificaba con contundencia en su voto negativo, sin dejar el mínimo resquicio a la abstención, única posibilidad que tiene Mariano Rajoy de alcanzar la investidura. Lo de los independentistas es una broma de mal gusto que no se la creen ni quienes lo proponen.

Parece que el único objetivo de Pedro Sánchez consiste en conseguir que Mariano Rajoy pase por el trance de una sesión de investidura de antemano perdida, sin que le importe demasiado la formación de gobierno; quizá por eso, mientras reiteradamente insistía en lo que tenía que hacer el presidente del PP, no dijo una sola palabra de lo que pensaba hacer él para que se forme gobierno, una vez que la negativa del PSOE a abstenerse bloquea toda posibilidad de que Mariano Rajoy sea investido. Es decir, contestar a lo que le preguntaban una y otra vez los periodistas y que es lo que interesa a los españoles, si va a intentar, tal como le han solicitado algunos de los suyos, un gobierno con Unidos Podemos y con los independentistas.

La monarquía, en su misma esencia, presenta un evidente y enorme defecto, consistente en que el puesto de rey es hereditario y no se somete al voto popular. Por esa razón en las democracias modernas las constituciones pretenden paliar esta tara de origen, atribuyendo al monarca funciones exclusivamente representativas y vaciando de contenido cualquier otro papel que protagonice. Nuestra carta magna declara al rey irresponsable, y dispone que cualquier norma que apruebe ha de ser refrendada por un político. Pero como los cortesanos son peores que los reyes, en esta temporada tan incierta en la que nos encontramos con un gobierno en funciones, no falta quien pretende sacar al rey de su papel institucional y de la debida escrupulosa neutralidad para asignarle funciones o incluso decisiones que no le competen.

No es solo que Albert Rivera desbarrara afirmando que iba a pedir al rey que intercediese ante el PSOE para convencer a esta formación de que debía abstenerse en segunda votación en la investidura de Mariano Rajoy, actitud propia de un político imberbe, sino que el papel del monarca ha sido desnaturalizado en la interpretación que muchos han hecho del artículo 99 de la Constitución, y que ese mal entendimiento ha podido contagiar al mismo Felipe VI.

Hay que comenzar afirmando que debería ser obvio que de ningún modo la propuesta es un acto discrecional del rey, el cual basándose en su solo juicio o en sus creencias, pudiera designar a quien considerase más conveniente. No obstante, tampoco es el reflejo de un mero automatismo que conduzca al monarca a tener que designar por obligación al cabeza de la lista más votada. Si esto fuese así, sobraría la actuación del rey y por supuesto la ronda de consultas.

Pero entre el automatismo y la discrecionalidad existe una vía intermedia que es donde adquieren sentido las entrevistas con el rey de los representantes designados por los grupos políticos, porque mediante estas consultas el monarca puede aquilatar quién tiene posibilidades de conseguir la investidura, y por lo tanto quién debe ser designado, sea de la primera fuerza o de la quinta. De todo esto se deduce que las negociaciones entre los partidos deben ser previas a la rueda de consultas y no viceversa. Ahora que han surgido tantos exégetas del artículo 99 de la Constitución, notarán el carácter de inmediatez que el texto concede entre la designación y la sesión de investidura, signo de que la negociación se ha efectuado con anterioridad, al menos en sus partes esenciales.

Saquemos las conclusiones de todo ello:

Primera.- No hay tiempo de Rajoy ni de ningún otro, al contrario de como se han empeñado en convencernos Pedro Sánchez y el PSOE, tanto en la pasada legislatura como en la actual. En un parlamento tan fraccionado como este, nada más conocerse los resultados electorales comienza el tiempo de todos porque todos deben buscar los acuerdos oportunos para formar gobierno, de manera que pueda llegarse a la ronda de consultas con al menos un germen de gobierno, que haga posible que el rey designe al candidato.

Segunda.- En la pasada legislatura, el rey se equivocó al designar a Rajoy y acertó este al declinar la invitación, puesto que era evidente que ni tenía ni iba a tener los apoyos precisos, una vez que el PSOE había manifestado su firme propósito de no negociar.

Tercera.- Se equivocó también el rey –o “lo equivocaron”– cuando designó a Pedro Sánchez, sin que hubiese la menor garantía de que contase con los votos necesarios.

Cuarta.- Asimismo, en las pasadas elecciones, Pedro Sánchez nos hizo perder a todos mucho tiempo, porque si su intención era formar gobierno debería haber empezado desde el primer momento a negociar con Pablo Iglesias, ya que si Rajoy no tenía ninguna posibilidad sin el voto del PSOE, él tampoco la tenía sin la aquiescencia de Podemos. Pero Pedro Sánchez nunca tuvo la intención de negociar de verdad con la fuerza morada, simplemente exigía de ellos un cheque en blanco. En lugar de ello, se empecinó en montar todo un espectáculo, mediante una negociación teatral con Ciudadanos que a nada conducía.

Quinta.- Acertó el rey cuando tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez no designó a ningún otro candidato a la espera de que los partidos pudiesen llegar a algún acuerdo, lo que como es palmario no se consiguió.

Sexta.- El rey se ha equivocado de nuevo al designar a Mariano Rajoy y este también al aceptar la designación, puesto que, dada la negativa del PSOE y de Ciudadanos a emprender cualquier clase de negociación, la investidura es de antemano fallida y la sesión, una farsa. La finalidad de la sesión de investidura no es, como intenta persuadirnos Pedro Sánchez, que comience a contar el plazo de los dos meses de cara a la disolución de las Cortes (esa cursilada de “poner en marcha el reloj de la democracia”), sino la elección de un presidente. Es verdad que nuestra Constitución tiene una laguna, pero en democracia siempre hay soluciones sin montar pantomimas y sin tener que desfigurar las instituciones. Las Cortes son soberanas y, aun cuando no figure explícitamente en la Constitución, siempre podrán disolverse en caso de bloqueo para convocar nuevas elecciones.

Séptima.- Si la decisión del PSOE de no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy es firme y no piensa modificarla, y si es verdad que tampoco quiere ir a unas terceras elecciones, Pedro Sánchez tenía que haber dejado de marear la perdiz y desde el primer momento acometer lo que parece ser su auténtico objetivo, el que no se atreve a confesar abiertamente, que es negociar con Podemos y con los independentistas. ¿Para qué todo ese teatro acerca de la investidura de Rajoy? Es un juego infantil el que se traen con ese asunto los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Una venganza pueril, que ni siquiera lo es. Se puede pensar lo que se quiera de Pablo Iglesias, pero hay que reconocer que es el único que ha hablado claro desde el principio, exhortando a Pedro Sánchez a negociar nada más saberse los resultados electorales, sin andarse por las ramas, sin esperas y sin encomiendas reales.

LA NO SANCIÓN A ESPAÑA

En pocas materias como en economía los profesionales se mueven con tanto desparpajo. Con todo el descaro, son capaces de hacer previsiones para el futuro sobre el impacto de los acontecimientos más imprecisos. Así, los economistas del FMI –con la mayor solemnidad– han estimado cuál va a ser el impacto del Brexit sobre el crecimiento de las economías británica, europea y mundial, y ello cuando ni siquiera el Reino Unido ha demandado aún a la Unión Europea la aplicación del artículo 50, con la que comenzaría el proceso de desconexión, proceso que puede durar dos años y que es incluso ampliable por el Consejo. Se ignora por tanto en qué términos y con qué acuerdos se va a producir el Brexit. Pero los hechiceros del FMI ya han pronosticado que va a tener un impacto negativo y además la cuantía del mismo.

En la Unión Europea, la mayor amenaza para el crecimiento no radica en el Brexit sino en el empeño de la Comisión y de los países del norte en continuar con la política fiscal restrictiva que condena a la eurozona al estancamiento. Haber abierto procedimiento sancionador a España, uno de los pocos países que en estos momentos presentan tasas de crecimiento aceptables, aun cuando no se le haya sancionado finalmente, es una estupidez y un error que puede tener graves consecuencias en lo económico y en lo político.

La postura de los halcones que exigían mano dura frente a España y Portugal, con el argumento de que las leyes deben cumplirse, se presta a cierta ironía al comprobar que la historia de la Unión Europea está repleta de incumplimientos. Ya en el inicio se hizo una interpretación laxa de los criterios de convergencia, para que todos los países que lo deseasen pudieran incorporarse al euro. Conviene recordar que unos meses antes de la creación de la Unión Monetaria, solo Luxemburgo cumplía todas las condiciones. El requisito de permanecer dos años en el Sistema Monetario Internacional se desnaturalizó al ampliar las bandas de flotación al +- 15%, que era tanto como dejar las divisas en libre flotación, y los criterios fiscales se reinterpretaron para que, por ejemplo, pudiera entrar Italia cuyo stock de deuda pública sobrepasaba ampliamente el doble de lo marcado por Maastricht.

Desde la creación de la Unión Monetaria, el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) se ha infringido en más de 150 ocasiones. Francia lo ha hecho 12 veces y Alemania siete. En 2003 se suspendió para no tener que sancionar a ambos países. Y en 2005, Alemania empleó toda su influencia para modificar su contenido de manera que no computasen en el déficit determinadas partidas. Sancionar a España y Portugal lo único que hubiera demostrado, sería el doble rasero establecido en la UE, y que el cumplimiento de las leyes solo se exige a los países periféricos, con lo que la animadversión hacia Europa se hubiese incrementado.

Entre las muchas voces alemanas que han exigido dureza resalta, por la inconsistencia de la argumentación, la de Hans-Werner Sinn, ex director del IFO alemán, que arguye que el PEC constituye la contraprestación para proteger al contribuyente europeo (en realidad, quiere decir al contribuyente alemán) de los rescates, del MEDE y de las medidas del BCE, y continua apuntando que se inclina por importar el sistema de Estados Unidos: “No hay restricciones al endeudamiento, no hay multas, no hay rescates: es el mercado quien castiga. Trasladado a Europa, eso haría innecesario el procedimiento por déficit excesivo”.

Afirmación bastante cínica, pues hay que suponer que no cabe imputarla a la ignorancia. En EE. UU. los estados no necesitan rescates puesto que hay un presupuesto federal que transfiere de forma permanente recursos de los ricos a aquellos con menores rentas. Precisamente el gran problema de la Unión Monetaria radica en la ausencia de un verdadero presupuesto que pueda recibir tal nombre y de un sistema redistributivo similar al que mantiene cualquier nación entre sus regiones (Estados Unidos entre sus estados, Alemania entre sus landes, España entre sus autonomías) que, por poco progresivo que sea, compensa los desequilibrios derivados de la unión comercial, financiera y monetaria. De copiarse en Europa el sistema de EE. UU., tal como propone Hans-Werner Sinn, ciertamente no serían necesarios ni MEDE ni rescates, pero a los contribuyentes alemanes, holandeses, austriacos, etc., les saldría infinitamente más caro que la situación actual, tan gravoso como supuso para los habitantes de la Alemania federal la reunificación alemana.

Alemania incumple algo mucho más importante que el PEC, contraviene el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (PDM) en materia de balanza de pagos, presentando año tras año un colosal superávit. Solo la prepotencia de Alemania y la estulticia de los gobernantes de los países del Sur puede explicar que a la hora de constituir la Unión Monetaria la atención recayese exclusivamente en las finanzas públicas, y no en los saldos globales de las finanzas nacionales. Las variables que habría que controlar no tendrían que ser el déficit y el endeudamiento público, sino el saldo de la balanza por cuenta corriente y el endeudamiento exterior (tanto público como privado). Los desequilibrios exteriores de los diferentes países son los realmente peligrosos porque, al no poder corregirse mediante variaciones en los tipos de cambio, crean problemas insalvables a la Unión Monetaria, como así viene ocurriendo en la realidad.

Nótese que hablo de saldo de la balanza por cuenta corriente y no de déficit, porque superávit y déficit exteriores son correlativos. Si unos países tienen déficit es porque otros tienen superávit, y el ajuste se les debe exigir a ambos. En la Unión Europea se ha aplicado un tratamiento discriminatorio. La presión ha recaído únicamente sobre los países deudores sin que a los acreedores se les exigiese la adopción de medidas para equilibrar sus cuentas exteriores.

España, para nivelar su balanza de pagos y al no poder devaluar, ha tenido que realizar un ajuste durísimo, consistente en un fuerte descenso de los salarios y en múltiples y persistentes recortes del gasto público. Alemania, por el contrario, desde 2008 no ha hecho ningún esfuerzo para controlar el gigantesco superávit por cuenta corriente que mantiene frente al exterior; más bien lo ha incrementado año tras año, hasta el extremo de situarlo en los momentos actuales cercano al 8% del PIB. Las autoridades alemanas siempre han sido reacias a que la Unión Monetaria estableciese cualquier límite al superávit de la balanza por cuenta corriente y cuando no han tenido más remedio que aceptarlo han utilizado su predominio para que este se fijase en un porcentaje muy elevado, 6% del PIB. No obstante, en los últimos años viene incumpliendo este límite sin que se le imponga la sanción prevista del 0,1% del PIB, a pesar de que si en estos momentos algo pone en riesgo la UM es el superávit comercial de Alemania. Es más, es muy posible que este constituya un riesgo para la economía mundial al poder provocar entre los distintos países una guerra de devaluaciones competitivas.