ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

CATALUÑA, ENTRE ESPAÑA Y EUROPA

Es curioso que el nacionalismo catalán reniegue de la pertenencia a España, pero no de la integración en la Unión Europea. Es más, que intente por todos los medios convencerse, y convencernos, de que la independencia de Cataluña del Estado español no tendría que conllevar la salida de la Eurozona. Digo que resulta curioso porque si algo amenaza hoy la soberanía de los ciudadanos es el proyecto europeo. Es la Unión Monetaria la que coarta el derecho a decidir.

Hoy, los ciudadanos catalanes son tan soberanos como los extremeños, los murcianos o los castellanos. Su capacidad de decidir, su autogobierno, no queda reducido al ámbito de la Generalitat. El habitante de Barcelona decide en su ayuntamiento con otros barceloneses, en su comunidad con otros catalanes y en el Estado español con otros españoles. Es soberano en cada una de las administraciones según las respectivas competencias, ya que se puede afirmar que, dentro de las imperfecciones connaturales a todas las instituciones, en las tres se dan estructuras democráticas.

La situación cambia radicalmente cuando se trata de la Unión Europea y en particular de la moneda única. La pertenencia a ella destruye en buena medida la soberanía de los pueblos, ya que se transfieren múltiples competencias de las unidades políticas de inferior rango (Estado, Autonomía, Municipio) que, mejor o peor, cuentan con sistemas representativos, a las instituciones europeas configuradas con enormes déficits democráticos. No parece que sea necesario insistir mucho en ello. Baste citar los casos de Monti en Italia; Papandreu defenestrado de primer ministro de Grecia por la simple insinuación de convocar una consulta popular; el revolcón de Tsipras y la rectificación del referéndum en el país heleno; la imposición por la Troika de las medidas más duras -en contra, en la mayoría de las ocasiones, de la voluntad de las sociedades y de los gobiernos- a Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, España e incluso a Italia y a Francia. O el estatuto del BCE.

Los recortes y ajustes que la Generalitat predica del Estado español y le censura, no están dictados tanto por el Gobierno central como impuestos por la Comisión y el BCE. No se entiende, por tanto, que el nacionalismo catalán sienta la unidad de España como una atadura y la integración europea como una liberación, y menos se entiende aún que la izquierda nacionalista sea tan crítica con el Estado, único instrumento capaz de compensar la injusta distribución del mercado, y se sienta a gusto con un modelo neoliberal como el de la Unión Europea. La óptica se modifica cuando se trata de la derecha; parece lógico que se encuentre confortable en un ambiente de libertad económica como el de la Unión Monetaria y le incomode el Estado español, no tanto por español como por Estado y por la función redistributiva que ejerce.

Tradicionalmente, el Estado social y de derecho se ha basado, con mayor o menor intensidad, sobre una cuádruple unidad: comercial, monetaria, fiscal y política. Es sabido que las dos primeras generan desequilibrios regionales, tanto en tasas de crecimiento como en paro, desequilibrios que son paliados al menos parcialmente mediante las otras dos uniones, la fiscal y la política. La unión política implica que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su lugar de residencia, y que por lo tanto pueden moverse con libertad por el territorio nacional y buscar un puesto de trabajo allí donde haya oferta. La unión fiscal, como consecuencia de la unión política y de la actuación redistributiva del Estado a nivel personal (el que más tiene más paga y menos recibe), realiza también una función redistributiva a nivel regional, que compensa en parte los desequilibrios creados por el mercado.

La Unión Monetaria Europea ha roto este equilibrio creando una unidad comercial y monetaria pero sin que se produzca, ni se busque, la unidad fiscal y política, lo que genera una situación económica anómala que beneficia a los países ricos y perjudica gravemente a los más débiles, ya que la unidad de mercados y la igualdad de tipos de cambios traslada recursos de los segundos a los primeros sin que esta transferencia sea compensada por otra en sentido contrario, mediante un presupuesto comunitario de cuantía significativa.

Esta situación anómala que crea la Unión Monetaria es la que ansían los soberanistas surgidos en las regiones ricas. No se puede negar que tras el nacionalismo se encuentran pulsiones irracionales, sentimientos, emociones, afectos, recuerdos que en principio pueden ser totalmente lícitos. Pero, en la actualidad, cuando se trata de países occidentales y de territorios prósperos, el principal motivo, al menos de las elites que se encuentran al frente del independentismo, es el rechazo a la política presupuestaria y fiscal del Estado, que transfiere recursos entre los ciudadanos, pero también entre las regiones. Recordemos que la deriva secesionista de la antigua Convergencia se inicia con el órdago acerca del pacto fiscal que Artur Mas dirige al Presidente del Gobierno y de la negativa de este a romper la unidad fiscal y presupuestaria de España.

Resulta ya evidente que, paradójicamente, la Unión Monetaria Europea, lejos de constituirse en un instrumento de integración y convergencia, se ha convertido en un mecanismo de desunión y enfrentamiento, incrementando la desigualdad entre los países. Pero es que, además, comienza a vislumbrarse que propicia también las fuerzas centrífugas dentro de los Estados entre las regiones ricas y las pobres. Cataluña o la Italia del Norte pueden preguntarse por qué tienen que financiar a Andalucía o a la Italia del Sur, si Alemania u Holanda no lo hacen, obteniendo beneficios similares o mayores de la unión mercantil, monetaria y financiera.

Lo más contradictorio entre los nacionalistas de izquierdas, o de los que desde la izquierda coquetean con el nacionalismo, es su defensa en el ámbito nacional de lo que critican a la Unión Europea: la carencia de una unión fiscal y política. La izquierda consciente que se opuso al Tratado de Maastricht fundamentaba su rechazo en los desastres que se derivarían de una moneda única sin integración fiscal y política. La izquierda inconsciente o acomodaticia basó su “sí crítico” en la esperanza un tanto ingenua de que con el tiempo tal convergencia se produciría. Pero en ambos casos censuraban la ausencia en Europa de un presupuesto comunitario de cuantía similar al que mantenían los Estados, capaz de corregir los desequilibrios que el euro y el mercado único iban a producir entre los países. Por eso se entiende con dificultad que aquello que se exige a Europa se pretenda destruir en España o en Italia.

DE TRUMP AL PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUÑA

Ha sido motivo de hilaridad, cuando no de preocupación, la respuesta dada por Donald Trump acerca de si iba a aceptar los resultados electorales. En su contestación hizo honor a su fama y a su trayectoria: “Aceptaré los resultados electorales si gano”. La opinión pública internacional ha quedado pasmada de una respuesta “tan democrática”. Pero he aquí que la postura adoptada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en la investidura de Rajoy tampoco ha sido muy diferente; de hecho, es una actitud que abraza con demasiada frecuencia. Participa en los órganos de decisión del PSOE, pero solo asume los acuerdos si le conviene y coinciden con su opinión. Lo ha hecho ahora y en otras múltiples ocasiones, por ejemplo en esa defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña.

Hay que reconocer que en Cataluña la postura de romper la baraja si no se gana no es propiedad exclusiva del PSC. Los secesionistas han adoptado una actitud similar. Usan las instituciones españolas al tiempo que las repudian; recurren a los tribunales pero solo aceptan sus sentencias si les favorecen y los deslegitiman si les son adversas; mantienen que las leyes españolas no rigen para Cataluña, pero ellos concurren en la elaboración de esas mismas leyes. Los catalanes han participado en los gobiernos, y en las Cortes en mayor -o al menos igual- medida que cualquier otra región de España. Al tiempo que se declaran independientes del Estado español, se sientan en el Congreso y intervienen en la elección del presidente del Gobierno.

Las relaciones entre el PSOE y el PSC son totalmente asimétricas, mientras los miembros de este último partido son celosos de su independencia y no permiten que los militantes del PSOE se inmiscuyan en la elección de sus órganos directivos, ellos sí participan en los del PSOE. Podemos recordar cómo los votos del PSC fueron decisivos en la elección de Zapatero, cuyas consecuencias hemos pagado todos.

Iceta, con tono melifluo, tras mostrarse inquebrantable en el voto negativo de los diputados del PSC en la investidura, se ha dirigido a sus compañeros del PSOE pidiéndoles comprensión y que sean conscientes de las especiales circunstancias de Cataluña. Es un mantra del nacionalismo, o de aquellos que lo imitan, recurrir a la especificidad de Cataluña y reclamar compresión a todos los demás. Comprender, comprender, se comprende todo, pero no son las Comunidades ricas (Madrid, Cataluña y el País Vasco) las que necesitan mayor comprensión, sino las Comunidades de menor renta per cápita (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, etc.). Es verdad que el PSC se encuentra en una situación crítica, pero de eso nadie más que ellos tienen la culpa por coquetear con el nacionalismo, y si continúan por ese camino en el futuro no les va a ir mucho mejor. El otro día en las Cortes tuvieron ocasión de constatar lo que pueden esperar de partidos como Esquerra y de energúmenos como Rufián. Es cierto también que el sentimiento secesionista ha aumentado en los últimos años en Cataluña, pero la responsabilidad en buena medida recae también sobre ellos al propiciar y aprobar un estatuto anticonstitucional.

Por otra parte, contrastan los remilgos que ha manifestado el PSC a la hora de abstenerse en la investidura de Rajoy con la total carencia de escrúpulos que mostró en 2010 para abstenerse en la investidura de Artur Mas. Si de corrupción se trata, ningún partido creo que esté a la altura de Convergencia y hay pocas dudas también acerca de que esta formación política se sitúa a la cabeza en cuanto a ideología conservadora se refiere. CiU ha sido el adalid en el Congreso de los Diputados de todos los lobbies económicos. Basta con mirar las actas de sesiones para comprobarlo. Pero el nacionalismo lo tapa todo. Solo eso explica que partidos que se llaman de izquierdas, como Esquerra Republicana y la CUP, no solo estén dispuestos a la abstención sino al voto positivo e incluso a gobernar en coalición con Convergencia o con su actual sucesor, el PNEC. Lo grave es que después se atreven a llamar fascistas y azules al resto.

La votación en la investidura de Rajoy ha dejado al descubierto también otra de las mojigangas arraigadas en nuestro espacio político, la de los independientes. (Ver mi artículo de 5 de mayo) Normalmente son reclutados al margen de todo procedimiento democrático por el líder supremo, que los impone al resto de la organización. Pero con frecuencia se consideran situados en un estrato superior, sin sentirse obligados a ninguna de las servidumbres que pesan sobre los demás diputados o militantes. En esta ocasión ha surgido de manera evidente en la reacción tanto de Margarita Robles como de Zaida Cantera. Ambas fueron impuestas a la organización de Madrid por Pedro Sánchez. Las dos decidieron contravenir el acuerdo del Comité Federal del PSOE (supremo órgano entre congresos) basándose en su responsabilidad y en su compromiso con los ciudadanos que las han elegido. Lo cierto es que los ciudadanos no eligen candidatos sino listas cerradas, pero es que, además, a la ex jueza y a la ex comandante tampoco las designaron los militantes. Solo el dedo de Pedro Sánchez. Una vez dimitido este, lo único digno que les cabía hacer era abandonar el acta de diputado. No deja de ser curioso que hayan argumentado que la decisión tomada por el Comité Federal debería haber sido consultada a las bases.

Los socialistas rebeldes han recurrido a la libertad de conciencia. No parece que la decisión de haberse inclinado o no por la abstención haya tenido mucho que ver con la conciencia; se trata más bien de una medida meramente estratégica, la de permitir gobernar a Rajoy ahora o ir a terceras elecciones, con lo que parece posible que el presidente del PP gobernase finalmente pero con 150 diputados. Manejan un concepto erróneo, el de que la abstención constituye un incumplimiento de las promesas que habían hecho a sus votantes. La imposibilidad de cumplir el programa electoral surge tan solo de haber perdido las elecciones. Solo quien obtiene la mayoría absoluta está en condiciones de poder llevar a cabo la totalidad de sus promesas, e incluso en este caso a menudo dependerá de que las circunstancias lo permitan. En política, cuando no se transforma en épica (ver mi artículo del pasado día 7 de octubre), lo único que está en cuestión es optar por la mejor alternativa de las viables. El PSOE con 85 diputados no puede aspirar a imponer el cien por cien de su programa electoral, solo a influir lo más posible en las medidas que se tomen. Y no es demasiado descabellado pensar que las condiciones para presionar son mejores ahora que lo serían después de unas terceras elecciones. En cualquier caso, acertada o no, la decisión no parece ni de lejos un problema de conciencia, sino exclusivamente un juicio acerca de lo mejor o, quizás, de lo menos malo.

Hay quien en un exceso de celo ha llegado a declarar que ninguna ocasión como esta plantea un problema de conciencia. Se me ocurre un sinfín de decisiones tomadas por los diputados socialistas que podrían haber dado lugar con mayor motivo a una objeción de conciencia, sin que en ningún caso se planteara. Por ejemplo en 1985, con la primera reforma de las pensiones, tan solo Nicolás Redondo y Antón Saracíbar votaron en contra; o con la Ley de Presupuestos de 1989, que provocó la huelga general de 1988, y que causó la dimisión de los sindicalistas anteriores, o cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, que se encuentra en el origen de las duras medidas acometidas por Rajoy y Zapatero, o en época más reciente, en 2011, cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución, en virtud del cual el Estado social de nuestra Carta Magna se transformaba en el Estado liberal del santo temor al déficit. En ninguno de estos casos los diputados socialistas (excepto los anteriormente citados y Antonio Gutiérrez en la modificación de la Constitucion) objetaron nada en conciencia. La historia es muy antigua como para que ahora se puedan exhibir ciertos remilgos que solo suenan a hipocresía o a sectarismo, tanto más si quien los plantea fue secretaria de Estado en la legislatura 1993-1996, la más oscura de Felipe González.

LA FALACIA DE LA HUCHA DE LAS PENSIONES

En fecha reciente el Gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para 2017. De su lectura y de acuerdo con las previsiones establecidas para este año y el próximo, se deduce que el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social desaparecerá a finales de 2017. Tal noticia ha llenado las primeras páginas de los periódicos como si se hubiese descubierto el Mediterráneo o fuese el anuncio de un gran cataclismo. Que las pensiones constituyen un problema nadie lo duda, pero un problema político, no económico. Desde hace muchos años, el sistema público de pensiones es objeto de una dura ofensiva por parte del neoliberalismo económico, que ha logrado trasladar a la opinión pública el mensaje de que es insostenible económicamente. Todo este discurso está fundamentado en un enorme cúmulo de falacias.

Es en este esquema donde se incardina el fondo de reserva, llamado de manera pretenciosa hucha de las pensiones, y al que se ha concedido la naturaleza de garantía del sistema. Se comprende entonces la alarma que ha despertado en la opinión pública saber que en 2017 el fondo quedará vacío. Lo cierto es que la famosa hucha de las pensiones es un concepto irrelevante, casi un mero apunte contable. El déficit de la Seguridad Social (SS) tiene el mismo efecto con fondo que sin fondo. En ambos casos se incrementará la deuda pública que se encuentra en el mercado. En el primer caso, porque para enjugar el déficit habría que vender deuda pública del fondo; en el segundo, porque el Tesoro tendría que emitir deuda por la misma cantidad. En realidad, los movimientos del fondo de reserva son operaciones “intra sistema”, dentro de las administraciones públicas, que no afectan ni al déficit total ni al stock de deuda pública en circulación fuera del sector público.

La existencia del fondo de reserva es el resultado de una concepción espuria, la del Pacto de Toledo, que pretende separar claramente la economía de la SS de la del Estado y establece fuentes de financiación diferentes, condenando a las pensiones a ser sostenidas exclusivamente por las cotizaciones sociales. He aquí la auténtica amenaza sobre la SS. El divorcio solo es posible desde una concepción liberal, pero no desde los principios del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado, sino una propiedad de este en el sentido aristotélico del término, algo que sigue a su esencia necesariamente.

La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como un elemento sustancial, de forma que, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban de manera abusiva la SS como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y dificulta toda mejora en las prestaciones.

En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre SS y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica, y mucho menos política; es más, tiene mucho de convencional, como lo prueba el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la SS hoy se encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Esta óptica libra a la SS de la permanente presión de la bajada de las cotizaciones sociales, reclamada de forma reiterada por los empresarios y acometida con frecuencia por el Gobierno con la excusa de realizar políticas activas de empleo. En los últimos años la creación de empleo no incrementa en la misma medida los ingresos de la SS, entre otras razones por las reducciones y exenciones concedidas en las cotizaciones a los empresarios y autónomos.

Pero, sobre todo, al librar a las pensiones de la atadura en exclusiva de las cotizaciones sociales, deja en papel mojado todos los argumentos que tan fácilmente se han manejado acerca de que la baja tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida conforman una pirámide de población que hace inviable el sistema. Esta argumentación, en todo caso, no afectará más a las pensiones que a la sanidad, a la educación o a cualquier otro gasto del Estado.

Pero es que, además, estos argumentos se basan en una premisa falsa. Contemplan exclusivamente el número de trabajadores. La cuestión, sin embargo, debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior. Es lo que ha ocurrido en la agricultura. Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%. La variable esencial a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad de mantener el Estado del bienestar (y dentro de él, las pensiones) no es otra que la evolución de la renta per cápita. Esta se ha incrementado progresivamente hasta casi duplicarse en los últimos treinta años, y es de suponer que se duplicará también en los próximos treinta o cuarenta años si el euro y la denominada política de austeridad no lo impiden.

Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para que no se puedan mantener e incluso incrementar las prestaciones sociales y tampoco para que un grupo de ciudadanos (por ejemplo los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida. El Estado es el primer socio, mediante impuestos, de la actividad económica y si esta se incrementa, la recaudación fiscal también debería aumentar.

La cuestión de las pensiones (al igual que con la sanidad, el seguro de desempleo o cualquier otra prestación social) hay que contemplarla en términos de distribución y no de carencia de recursos. El problema surge cuando la sociedad repudia los impuestos y las formaciones políticas son incapaces de combatir el fraude y acometer una verdadera reforma fiscal. Por una parte, el gasto público en pensiones en porcentaje del PIB se mantiene en España muy por debajo del de la mayoría de los países de la UE de los quince y, por otra, la presión fiscal de nuestro país es por lo menos seis puntos inferior a la media de la UE. No hay ninguna razón, por tanto, que justifique la afirmación de que el sistema público no se puede mantener o la pretensión de jibarizarlo eliminando la actualización anual de las pensiones al menos en el porcentaje al que se incrementa anualmente el IPC.

Prueba del desconcierto que rodea hoy el tema de las pensiones es la idea tan luminosa que, en su línea de despropósitos, acaba de poner sobre la mesa la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Pretende que se pueda cobrar la pensión completa y continuar trabajando con el mismo sueldo. Ha logrado aunar las protestas tanto de los empresarios como de los sindicatos. Es fruto de esa concepción que separa el gasto en pensiones del resto de las obligaciones del Estado. En un país con el mayor índice de paro de la Unión Europea se incentiva que se continúe trabajando una vez cumplida la edad de jubilación. Lo que se ahorra en pensiones habrá que gastarlo en seguro de desempleo. Pero es que, además, la medida propuesta tampoco ahorra en pensiones. En fin, un auténtico despropósito. La única lógica posible radica en que se esté pensando en reducir de tal modo las prestaciones por jubilación que todo el mundo por fuerza se vea obligado a continuar trabajando.

ARTUR MAS Y EL DELITO DE MALVERSACIÓN

Es difícil de entender por qué ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Cataluña han acusado del delito de malversación a Artur Mas y demás mártires. En principio, no caben demasiadas dudas de que los encausados desviaron recursos públicos. Se firmaron distintos contratos con empresas privadas de cara a suministrar artículos y servicios para la celebración del referéndum del 9-N. La excusa facilitada para exculparles es que las partidas de gasto fueron aprobadas con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional.

La malversación (como desviación de los recursos públicos de la utilidad general a la que estaban asignados, y orientándolos, por el contrario, a fines particulares) se produce independientemente de que haya o no haya una sentencia del Tribunal Constitucional. Nadie dudaba, ni siquiera los propios mandatarios de la Generalitat, de que la consulta era anticonstitucional y, sobre todo, que no caía bajo las competencias de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, los responsables eran plenamente conscientes de que los fondos se destinaban al interés particular de un partido político, concretamente a aquel al que pertenecen los encausados. Si la existencia de una sentencia previa fuese condición para encausar a una autoridad o funcionario por malversación de fondos públicos, este sería un delito inexistente.

Pero es que, además, el hecho de que las partidas de gasto hubieran sido aprobadas o incluso de que hubiesen sido adjudicados los contratos, no implica que estos se hubieran cumplido en todas sus prestaciones; en realidad, muchas se ejecutaron después de la sentencia del Tribunal Constitucional. El mismo auto del magistrado instructor enumera algunas de ellas: ordenadores, programas informáticos, personal dedicado el mismo día del referéndum a solucionar problemas y consultas, etc. También se señala en ese mismo auto cómo, tras la sentencia del Constitucional, la Generalitat podía haber desistido de los contratos y convenios, abonando tan solo la parte de ellos que se hubiese ejecutado. No se entiende la razón por la que los hechos y argumentaciones que el auto aplica a los delitos de desobediencia y de prevaricación no sirven igualmente para fundamentar el delito de malversación.

Por otra parte, este delito no se refiere únicamente a la desviación de partidas de gasto del presupuesto, sino también al uso indebido de bienes públicos, ya sean inmuebles o muebles. Es evidente que los encausados autorizaron e incluso indujeron la utilización, entre otras cosas, de todos los colegios públicos de Cataluña para que se celebrase el referéndum. Conviene recordar que ha habido funcionarios a los que se condenó por usar su despacho oficial para asuntos particulares.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del tribunal contencioso administrativo número 3 de San Sebastián por el que se anulaba la subvención de 100.000 euros concedida por la Diputación de Guipúzcoa a la organización Gure Escude Dago (Está en nuestras manos) para sufragar los costes de la cadena humana a favor del derecho a decidir que se efectuó el 14 de junio entre Pamplona y Durango, a semejanza de la celebrada un año antes en Cataluña.

La sentencia del TSJPV no deja lugar a muchas dudas y, desde luego, es contundente. Aparte de anular la subvención y exigir por tanto su reembolso, reprocha a la Diputación que violase la ley y el derecho al subvencionar una actividad que no tiene conexión con el ámbito competencial de las Diputaciones y que constituye, además, un proyecto político partidario, rompiendo así la objetividad y la neutralidad que deben presidir la actuación de toda Administración en la utilización de fondos públicos.

Es una pena que esta argumentación del TSJPV no haya sido tenida en cuenta por su homologo catalán para considerar que los investigados no solo sean sospechosos de cometer un delito de prevaricación y desobediencia, sino también de malversación, al destinar recursos públicos a una actividad ligada a intereses particulares, claramente ilegal y sin conexión con el ámbito competencial de la Generalitat.

Es más, si estos criterios que manifiesta el TSJPV se aplicasen a la actuación financiera de la Generalitat, ¿cuántas subvenciones se deberían anular y de cuántos pagos se tendría que exigir el reintegro? Es difícil no pensar que la justicia, incluyendo la Fiscalía, adopta una postura demasiado laxa a la hora de enjuiciar a los responsables de la Generalitat. La explicación quizás haya que buscarla en la amenaza y en el chantaje que el nacionalismo practica, revistiendo toda acusación particular de ataque a Cataluña. La tendencia comenzó hace más de treinta años con Jordi Pujol y el caso Banca Catalana.

En esta ocasión, ha faltado tiempo para que hiciera su aparición Puigdemont. Con el propósito de intimidar una vez más a los jueces, ha afirmado que el procesamiento de Artur Mas tendrá consecuencias: “Ya veremos cuáles, pero no nos limitaremos a dar un comunicado de prensa”. La argumentación siempre es la misma: “La solución a un problema político no puede venir de la ley y los tribunales”. Quizás no, pero lo que es evidente es que sin ley y de espaldas al derecho no hay solución posible. Los nacionalistas tienen la tendencia a contraponer la voluntad del pueblo a la ley; bien entendido que ellos son los únicos intérpretes de esa voluntad, por lo que se sienten legitimados para situarse al margen o por encima del derecho. En fin, nada nuevo, lo propio de todo régimen despótico: ellos son la ley.

EL EURO CONTRA EUROPA

Gracias a la tecnología, el pasado 6 de octubre pude seguir por Internet la presentación en Barcelona del reciente libro de Joseph Stiglitz sobre el euro. El acto se celebró en la Escola Europea d’Humanitats de la Caixa y consistió en un coloquio entre el autor y el ex consejero de Economía y Finanzas del tripartito y militante del PSC, Antoni Castells.

Cualquiera que haya seguido mis artículos y libros comprenderá la satisfacción que sentí al escuchar a un premio Nobel de Economía mantener punto por punto todas las tesis que sobre la Unión Europea, y más concretamente sobre la Unión Monetaria, he venido defendiendo desde hace lo menos 25 años (véase mi libro “Contra el euro”). Es más, mi entusiasmo fue en aumento al comprobar también que un miembro sobresaliente del PSOE, aunque sea del PSC, mostraba su total conformidad con los planteamientos de Stiglitz, lo cual hubiese sido impensable hace años. Sostener tales aseveraciones comportaba el ostracismo y el ser situado extramuros del sistema. Hay que suponer que Castells no siempre ha pensado de la misma manera, de lo contrario, difícilmente hubiera ocupado determinados puestos, entre otros, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, más vale tarde que nunca, y hay que ponderar su evolución, sobre todo cuando la mayoría de los políticos y economistas de nuestro país continúan defendiendo aún Maastricht y el euro.

Son ya bastantes los que, al comprobar los nefastos resultados, cuestionan las políticas aplicadas estos años en la Eurozona, pero muy pocos se atreven a llegar al fondo de la cuestión pues, tal como dejó claro el otro día Stiglitz, el problema es más hondo. No hay ninguna duda de que la política de la austeridad ha originado los efectos contrarios a los pretendidos (lo dice ya hasta el FMI) y de que el BCE, principalmente en la época de Trichet, fue a contracorriente de los demás bancos centrales subiendo los tipos de interés cuando ya estaba encima la recesión; incluso, en la etapa de Draghi se actuó con mucho retraso. Pero el análisis debe ir mucho más allá, porque el defecto no se encuentra solo en las políticas aplicadas, sino en el propio diseño de la Unión, afecta a su propia esencia.

De ahí que los planteamientos de Stiglitz, tanto en el acto de Barcelona como en su nuevo libro, sean radicales. No constituyen una enmienda parcial, sino a la totalidad; no es un envite, es un órdago; la flecha se dirige al corazón, muestra la incongruencia del proyecto europeo:

1) Una integración monetaria no se puede realizar sin una integración política.

2) La condición para que una Unión Monetaria pueda subsistir es que no haya desequilibrios en el sector exterior de los países, cosa sumamente difícil, por no decir imposible, o que exista una unión presupuestaria y fiscal capaz de compensar estos desequilibrios mediante una política redistributiva.

3) La crisis en Europa tiene su origen en el euro. Tuvo sus características y causas propias independiente de la de EE.UU, que solo fue su detonante.

4) El euro permitió que el desequilibrio del sector exterior de los países europeos alcanzase niveles antes desconocidos, que de ningún modo se hubiesen producido, al menos en esa cuantía, de no estar en la Unión Monetaria. Unos presentaban superávit y otros déficit. Los excedentarios prestaban a los deficitarios, hasta que con ocasión de las hipotecas subprime cundió la desconfianza, la huida de capitales y con ella la crisis, crisis de la que Europa aún no ha salido, mientras parece que EE.UU. sí lo ha hecho.

5) Ante los desequilibrios del sector exterior, los países de la Eurozona no cuentan con el instrumento de ajuste más lógico, el tipo de cambio. Además, los tratados crean un sistema asimétrico porque, en contra de las enseñanzas de Keynes, el ajuste se impone solo a los deficitarios.

6) Alemania y otros países del Norte no han ajustado sus balanzas de pagos y continúan manteniendo un cuantioso superávit, lo que no solo crea graves problemas al resto de países de la Eurozona, sino a toda la economía mundial.

El sistema es insostenible y se encuentra en un equilibrio inestable. O bien se avanza, hacia una unión política, o bien se retrocede y se desmonta la Unión Monetaria.

7) La constitución de la unión política parece imposible. Los países del Norte nunca aceptarán la integración presupuestaria y fiscal y la considerable transferencia de recursos que representaría de unos países a otros. La prueba palpable es la enérgica repulsa que ha suscitado toda medida por pequeña que sea consistente en la socialización de pérdidas o de riesgos, como la mutualización de la deuda.

8) El retroceso puede ser total con la ruptura de la Eurozona o parcial admitiendo ciertos grados de flexibilidad, por ejemplo, la creación de dos euros, uno para los países del Norte y otro para los del Sur. Esta segunda opción, al igual que la salida de Alemania de la moneda única, representaría sin duda un alivio a corto plazo, pero a medio plazo retornarían las contradicciones entre los países que permaneciesen, a no ser que se constituyese la unión política.

9) La desaparición del euro podría realizarse mediante un divorcio amistoso en el que, a la vista de las contradicciones, todos los países acordasen cómo volver a las monedas nacionales de la forma menos traumática posible.

10) Lo más verosímil, sin embargo, es que los mandatarios europeos, bien de las instituciones bien de los gobiernos, adoptando la postura del avestruz, continúen en una huida hacia adelante, colocando parches, hasta que cualquier nuevo detonante imprevisto dé lugar a un estallido catastrófico en la economía que haga saltar por los aires un edificio tan débilmente construido y tan plagado de contradicciones. Con toda probabilidad, las consecuencias para todos los países serán graves.

El título del libro «El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa» constituye un resumen, creo que acertado, de todos los puntos anteriores, desarrollados por los dos intervinientes en el acto del día 6 en Barcelona. No puedo estar más de acuerdo con ellos. Por lo tanto, no hay mucho que añadir excepto una cierta extrañeza de que alguien como Antoni Castells, que desarrolla un discurso impecable con respecto a la Unión Europea y el euro, incurra en flagrante contradicción en otras ocasiones al referirse a Cataluña y a España.

En cierto momento de su intervención hizo una observación sumamente aguda. Indicó que los creadores del euro cometieron el error de creer que los desequilibrios en las balanzas de pagos de los países no tendrían importancia, al igual que no la tienen los de las regiones dentro de un Estado. Castells sabe perfectamente a qué se debe tal diferencia: las regiones cuentan con una hacienda pública común (capaz de compensar mediante una política redistributiva los desequilibrios territoriales) de la que carece la Unión Monetaria. Él mismo en otro instante afirmó rotundamente que «una moneda necesita un Estado», lo que es totalmente cierto; pero precisa de un Estado, entre otras razones, porque necesita un presupuesto fiscal y presupuestario unitario que sea capaz de corregir los desequilibrios que la moneda única origina entre sus miembros. Cabe entonces preguntarse por qué Castells quiere para España (ruptura de la hacienda pública) lo que critica de Europa.

POLÍTICA O ÉPICA

Distingue Ortega en su obra «Mirabeau o el político» entre la filosofía y la política. Una cosa, dice, es hacer filosofía y otra, hacer política. No estaría de más distinguir también entre la épica y la política. La épica se asienta en las frases grandilocuentes, en los principios inamovibles, en las ocasiones excepcionales, en las posturas heroicas. La política es más para andar por casa; como tantas veces se ha dicho, es el arte de lo posible. Confundir ambas realidades suele traer malas consecuencias.

La grave situación por la que atraviesa en los últimos meses el partido socialista tiene su origen en que ha tenido un secretario general que, seguramente por sus propios intereses, ha querido transformar la política en épica. Con unos resultados electorales más bien mediocres, por no decir malos, no ha querido aceptar que las circunstancias le dejaban un estrecho margen de actuación y que era dentro de esos límites donde tenía por fuerza que realizar sus planteamientos y obtener las mayores contrapartidas posibles, sin que hubiera lugar para la épica.

Que los resultados electorales cosechados por el PSOE durante el periodo en que Pedro Sánchez ha estado al frente de la organización han sido más bien malos resulta difícil de negar, por más que alguno entre los seguidores de Iceta, bajo el pretexto de ser un hombre de ciencia, haya hecho juegos malabares con los datos para intentar demostrar la sinrazón de aquellos que los han considerados funestos, argumentando que la verdadera pérdida de votos se produjo antes, en tiempos de Rubalcaba. Lo cual en parte es cierto, pero los datos tomados aisladamente no son nada si no se interpretan y las interpretaciones no tienen por qué tenerse como simple retórica, también pueden ser autentico conocimiento de la realidad. Rubalcaba cosechó tan solo lo que Zapatero desde el gobierno había sembrado, enfrentado con la crisis que le estalló entre las manos y las dificultades que le presentaba la pertenencia a la Unión Monetaria. Pedro Sánchez no ha padecido el desgaste de gobernar en unas circunstancias económicas parecidas; más bien al contrario, no ha sabido aprovecharse del deterioro sufrido por el PP en su acción de gobierno. Si siempre el mal de muchos es consuelo de tontos, con más motivo cuando la situación es diferente. A Pedro Sánchez se le exigía remontar aunque fuese mínimamente el bajo nivel en el que había quedado el suelo electoral del partido socialista en la etapa de Rubalcaba, y no perforarlo hacia abajo. En todo caso, de hacerlo -como así ha ocurrido- lo lógico sería que hubiera dimitido tal como hizo Rubalcaba.

Paradójicamente, a pesar de los desastrosos resultados obtenidos, las elecciones generales habían dejado al PSOE en un lugar estratégico y privilegiado. La exigua victoria del PP situaba a este, con la posibilidad de gobernar, sí, pero con una exagerada debilidad y en fuerte dependencia de los partidos de la oposición, que tendrían un gran poder para impedir todas las medidas que no deseasen y para imponer al PP algunas de las reformas que considerasen necesario implementar. Todo ello sin el desgaste de gobernar y sin estar sometidos a las presiones de las autoridades europeas.

La política indicaba que la mejor alternativa para el partido socialista, y me atrevo a decir que para toda la izquierda, sería facilitar el gobierno del PP, imponiendo las condiciones que creyesen convenientes y realizando una oposición eficaz. Pedro Sánchez, sin embargo, por motivos claramente personales, (los de mantenerse en la secretaría del partido a pesar de la derrota y de creer incluso, en su megalomanía, que podía llegar a presidente de gobierno) abandonó la política y optó por la épica. Levantó el estandarte del “no es no” e hizo cuestión de principio el que Rajoy no ascendiese al poder con la abstención del PSOE, aun cuando la alternativa fuese más perjudicial para esta formación que para el PP. En realidad, el objetivo, tanto para él como para sus seguidores, no era impedir que gobernase Rajoy, puesto que propiciaban y jaleaban que pactase con los nacionalistas e independentistas. Lo único que realmente les importaba es que el PSOE no se manchase las manos. Antes morir que pecar. Convirtieron el problema político no solo en una postura épica sino también estética.

Si esta postura podía tener alguna justificación tras el 20 de diciembre, se convertía en demencial tras el 26 de junio, en que las otras alternativas se habían cerrado por completo. Contra la racionalidad, como todo discurso, se continúo agitando con suma virulencia el “no es no”, discurso que después de tantos meses de alzarlo como único estandarte fue calando en la mayoría de la militancia hasta el punto de convertir el sí en una especie de traición a las esencias del partido y de hacer imposible en consecuencia que cualquier dirigente defendiese abiertamente la abstención si no quería pagar un alto coste político y ser tildado de renegado y derechista. Se ha hablado al sentimiento, a la emotividad, a las pulsiones de los militantes y no a su razón, a la lógica y a la sensatez.

Últimamente, alguno ha tildado de cobardes a los llamados barones por no expresar claramente su posición. Lo cierto es que el ambiente creado, yo diría que con premeditación, hacía imposible para todos aquellos que ambicionaban seguir en política de forma activa manifestarse en este sentido. Solo los que no esperaban ya nada de la actividad política, muchos de ellos confortablemente instalados en consejos de administración, podían posicionarse a favor de la abstención.

En los enfrentamientos con los barones y con otros dirigentes del partido, Pedro Sánchez, consciente del clima que el mismo había creado en la militancia, ha querido recurrir a las bases (véase mi artículo de la semana anterior) y conseguir que unas primarias exprés (a las que resultaba difícil que se presentase cualquier otro candidato) le volviesen a elegir agitando una alternativa mendaz: él o Rajoy. Ante este órdago, los llamados críticos no han tenido más remedio que actuar, convencidos de que Sánchez iba a llevar el partido al desastre.

Pedro Sánchez, fiel al papel que se ha asignado en el poema, ha querido que el affaire terminase como una tragicomedia y para ello se ha agarrado de forma bastante impúdica al sillón, creando situaciones realmente impresentables. La razón es que quizás piense volver y para eso nada mejor que haber terminado como un mártir de la verdad y del credo socialista, es decir, hacer que siga primando la épica.

Lo cierto es que la situación a la que Sánchez ha conducido al PSOE es más crítica que nunca. La única alternativa políticamente coherente es la abstención, pero ¿cómo plantearla en pocos días a una militancia enfervorizada que ha sustituido la política por la épica y que considera el “no” una gesta histórica al estilo de Numancia? Tiene razón Sánchez Vara cuando desde la política afirma que para desalojar al PP del gobierno lo que hay que hacer es ganarle las elecciones.

SÁNCHEZ, DE LAS PRIMARIAS A LA AUTOCRACIA

Se ha puesto de moda el eslogan “la nueva política”, sin que nadie sepa muy bien en qué consiste. Tengo la impresión de que en buena medida es una consigna con la que se buscan réditos políticos y electorales. Dentro de la fe historicista y progresista predominante desde hace siglos en Occidente, todo lo que lleve el calificativo de “nuevo” tiene en nuestras sociedades un plus. Cualquier tiempo futuro será mejor. Para la mayoría de la gente lo de hoy vale más que lo de ayer, pero en ningún sitio está escrito que lo nuevo tenga que ser preferible a lo tradicional. Lo cierto es que el término de nueva política está bastante vacío de contenido, ya que los elementos que de él se predican son muy secundarios y en ocasiones, lejos de significar un avance, constituyen un retroceso. No todo cambio tiene que contribuir necesariamente a la regeneración de la democracia; puede ocurrir que, por el contrario, colabore a su degeneración. Eso es lo que ocurre con las tan cacareadas primarias.

Últimamente, el hecho de que se celebren primarias para elegir a los candidatos y a los líderes de los partidos se ha convertido para muchos políticos y comentaristas en condición indispensable para conceder certificado de democracia a las organizaciones políticas. La moda, además, no ha quedado recluida en los partidos nuevos, también la han asumido alguno de los antiguos o al menos parte de ellos, como en el caso del PSOE. En el culmen de la locura algunos políticos se han atrevido a proponer que la celebración de primarias se imponga por ley a todas las formaciones políticas.

Desde su aparición, hace ya más de quince años, en múltiples ocasiones he mostrado mi escepticismo con respecto a las primarias, ya sea para elegir a los candidatos o a los líderes de los respectivos partidos políticos. En cuanto a los candidatos, porque las primarias se han acuñado en sistemas electorales presidencialistas, muy distintos del de nuestro país, de corte parlamentario. Se da la inconsistencia de que hablamos de elecciones primarias cuando en nuestro sistema no existen las secundarias. No tenemos presidente de la República (nuestro sistema es monárquico) y al presidente del Gobierno, a los de las Autonomías y a los alcaldes, aun cuando a la opinión pública se le presente de diferente manera, no los eligen los ciudadanos, sino los respectivos parlamentos o consistorios. Puestos a celebrar primarias, habría que hacerlo para todos los candidatos de la lista.

Si se quiere ir a un sistema presidencialista, modifíquese la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que no parece tener mucho sentido es importar elementos concebidos para otros sistemas, que están a años luz del nuestro, sin haber cambiado este previamente. Por otra parte, no hay certeza alguna de que los sistemas presidencialistas sean mejores y tengan menos defectos que los parlamentarios. Los sistemas presidencialistas propician el bipartidismo (tan denigrado en estos momentos), puesto que los electores pensarán que solo es útil el voto concedido a aquellas formaciones políticas que tienen alguna oportunidad de que su cabeza de lista se convierta en presidente del Gobierno. Lo mismo ocurrirá en las elecciones autonómicas y municipales.

Tampoco hay ninguna razón para pensar que la elección directa del secretario general de una formación política por todos sus militantes sea preferible o más democrática que la elección a través de los representantes en un congreso previamente elegidos por las bases. Todo depende de dónde se quiera situar la relevancia y la autoridad, si en los órganos colegiados o en los unipersonales. En los partidos de la izquierda era tradición que primasen los órganos colegiados y, por eso, el orden de elección seguía fases sucesivas: militantes, Congreso, Comité federal, Ejecutiva, secretario general. En realidad, este último era tan solo un primus inter pares en la Ejecutiva; incluso su denominación de “primer secretario” -que hoy solo subsiste en el PSC- lo indicaba de forma clara. Por el contrario, la elección directa por los militantes otorga tal autoridad al secretario general, que será muy difícil seguir defendiendo que el Comité federal es el supremo órgano entre congresos. Es verdad que el personalismo y el caudillismo son males que están muy presentes actualmente en las formaciones políticas, pero la elección directa no puede hacer más que agudizar esos defectos. Es buen ejemplo de ello lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez es el único secretario general del partido socialista que ha sido elegido mediante primarias, y la experiencia no es precisamente muy buena. Desde el principio acaparó toda la autoridad. Fue él, quien eligió a la Comisión ejecutiva, en lugar de que la Ejecutiva le nominase a él, y lógicamente lo hizo a su conveniencia y con gente de su entera confianza, aun cuando más tarde le haya salido alguno respondón. Muy pronto dejó ver que él no responde ante ningún órgano colectivo, sino tan solo frente a las bases, es decir, frente al pueblo, sueño de cualquier dictador.

Pedro Sánchez no ha tenido ningún reparo en intervenir en las federaciones, sin respetar a los correspondientes órganos regionales. En Madrid -cosa insólita- destituyó sin motivo explícito y sin ningún tipo de expediente al secretario general y a toda la Ejecutiva, llegando en el colmo de las malas formas a cerrar de la noche a la mañana los despachos para que no pudiesen entrar los anteriores responsables. Últimamente, ha entrado en Galicia como elefante en cacharrería, modificando con total descaro y sin consideración alguna las listas aprobadas por los propios gallegos.

Como había sido elegido por los militantes no se ha creído obligado a dimitir por haber sacado los dos peores resultados de la historia del PSOE desde la Transición, contraviniendo así el ejemplo de Almunia y Rubalcaba que lo hicieron a pesar de sacar resultados más favorables. Desde el 20 de diciembre del año pasado ha iniciado un baile que nadie entiende y cuya finalidad parece ser exclusivamente su propio beneficio. Ha ignorado todas las voces contrarias, procediesen de donde procediesen, y ha procurado actuar al margen del comité federal, amenazando con la consulta a las bases, actitud típica de todos los autócratas cuya arma favorita son los referéndums, fáciles de manipular.

La situación se ha ido deteriorando, y es cada vez más evidente el enfrentamiento con los barones con mando en plaza y con muchas de las figuras más representativas del partido. Pero, tal como afirman sus partidarios, Sánchez cuenta con un arma muy importante: la consulta a los militantes. Como en todo buen régimen totalitario, el líder se comunica directamente y sin intermediarios con el pueblo y a este solo da cuentas, lo que no resulta demasiado difícil. El PSOE ha cometido el error de trocar un sistema representativo por un sistema caudillista o plebiscitario. Ha establecido que el secretario general sea elegido por primarias, antes de la celebración del congreso, con lo que llegara a él con la autoridad que le otorgará haber sido elegido por todos los militantes. Con toda probabilidad, las líneas políticas a seguir no las fijara el congreso sino el secretario general. No creo yo que precisamente hayan ganado en democracia. Además, la neutralidad y la objetividad no suelen estar demasiado presentes en las primarias, como lo demuestra el intento de Pedro Sánchez de convocarlas en octubre para no dar tiempo a que nadie le dispute el puesto. Cosas de la nueva política.

LOS PADRES DEL POPULISMO

El pasado 11 de septiembre, Javier Solana publicó un artículo en el diario El País bajo el título “Frenar el avance del populismo”. Si lo cito es por ser representativo de una postura muy generalizada, la de aquellos que no han entendido nada. Curiosamente, el Brexit ha dado la señal de alarma removiendo el plácido mundo construido por las elites políticas y económicas internacionales, y les ha hecho ver que el equilibrio que creían inamovible no es tal y que el edificio levantado con tanto esfuerzo se puede derrumbar en cualquier momento. Esa preocupación ha estado presente en la última reunión del G-20 y revolotea sobre las instituciones europeas. Todos reconocen que el descontento anida en amplias capas de la población, enfado que se materializa, con características distintas según los países, en movimientos u organizaciones que llaman populistas y que pueden poner en peligro el sistema. Son conscientes de que en buena medida el origen de la insatisfacción se encuentra en la desigualdad que se ha intensificado desde hace bastantes años en todo el mundo. Pero no llegan más allá.

No entienden nada porque creen que la situación puede solucionarse con buenas palabras y parches, y que no es necesario renunciar a la globalización para conseguirlo. En su artículo, Javier Solana escribe: “La globalización requiere gobiernos nacionales sólidos y capaces de atender las necesidades sociales… Son los gobiernos nacionales quienes deben mantener el contacto y el vínculo con los ciudadanos, defendiendo sus intereses y buscando su beneficio. Nada tiene que ver con darle la espalda a la globalización, ni con introducir medidas proteccionistas, sino con fomentar el equilibrio social que sostiene los sistemas democráticos”. Se pretende cuadrar el círculo, porque precisamente la globalización imposibilita que los gobiernos puedan practicar una política social y redistributiva.

La esencia del Estado social es la subordinación del poder económico al poder político democrático, mientras que la globalización se fundamenta en una enorme desproporción entre ambos. En los momentos actuales la mayoría de los mercados, y por supuesto el financiero, han adquirido la condición de mundiales, o al menos multinacionales, mientras que el poder político democrático ha quedado recluido dentro del ámbito del Estado-nación, con lo que ha devenido impotente para controlar al primero, que campa a sus anchas e impone sus leyes y condiciones. Puede ser que los gobiernos actúen mal, pero es que en el nuevo orden económico no pueden actuar bien aunque quieran porque las decisiones se adoptan en otras instancias. Se ha privado de las competencias económicas a los Estados sin que exista ningún orden político internacional que los sustituya. No solo es un problema de igualdad o desigualdad. Lo que está en juego son los propios conceptos de soberanía y de democracia.

Por otra parte, la globalización de la economía no es un fenómeno inscrito en la naturaleza de las cosas ni un orden que se haya formado por energías imposibles de controlar, como nos han querido hacer ver tanto las fuerzas conservadoras para lograr sus objetivos como la socialdemocracia para ocultar su traición. Véase si no la Tribuna libre que, con motivo de la celebración de los 140 años de vida del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), el canciller Schröder escribió en el diario El Mundo bajo el título «El Estado del bienestar reta a la izquierda europea». Schröder mantenía tajantemente que la globalización no es una alternativa, sino una realidad. El canciller pretendía legitimar los recortes sociales y laborales, y la bajada de impuestos a los ricos que pensaba implementar en los años siguientes, lo que denominó “Agenda 2010”. Y para ello, nada como acudir a la globalización.

Pero la globalización es más bien el resultado de una ideología, la neoliberal, que se ha impuesto a lo largo de estos treinta años y que ha arrastrado a los gobiernos a abdicar de sus competencias. Han renunciado a practicar toda política de control de cambios, permitiendo que el capital se mueva libremente y sin ninguna cortapisa; han desistido en apariencia de cualquier política proteccionista y como consecuencia de ello han relajado los mecanismos de control en todos los mercados. Aunque en honor de la verdad no es cierto que hayan renunciado a realizar políticas proteccionistas, solo las han trasladado al ámbito laboral, social y fiscal, compitiendo los Estados de manera abusiva en la rebaja de los costes laborales y sociales y en la concesión de beneficios fiscales, con lo que hacen a las sociedades cada vez más injustas.

Conviene aclarar, no obstante, que una política de control de cambios de ninguna manera significa eliminar los flujos internacionales de capitales, sino simplemente poner en ellos un cierto orden. No se abandona el ámbito de la libertad, pero se busca una libertad ordenada, sin que devenga en caos. Poner restricciones al libre cambio no tiene por qué conducir a la autarquía ni a la desaparición del comercio exterior; solamente se trata de regularlo de manera que no se produzcan los desequilibrios actuales entre unos países con enormes déficits en sus balanzas de pagos y otros con ingentes superávits. Son estos desequilibrios los que se encuentran detrás de las actuales crisis.

Las elites políticas y económicas no solo han presentado la globalización como realidad imposible de rechazar sino como fuente de toda clase de bienes y oportunidades económicas. Nos quieren hacer creer que la riqueza y la expansión generadas en los distintos países después de la Segunda Guerra Mundial obedecen precisamente al proceso de globalización. Pero esta visión es tramposa. Los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial han vivido dos etapas muy diferentes. La primera llega hasta el inicio de los años ochenta. En ella los Estados-nación mantienen el control de la economía y los mercados se encuentran regulados junto con un sector público tanto o más fuerte que el privado, que sirve de contrapeso y en cierta medida de árbitro entre los distintos intereses privados y el general de la nación.

Por el contrario, es a partir de los años ochenta cuando los Estados nacionales comienzan a renunciar a sus competencias, asumen en mayor o menor medida el neoliberalismo y dejan en total libertad al capital para que se mueva entre los países imponiendo sus condiciones. Es desde ese momento cuando podemos comenzar a hablar de globalización y es a partir de ese instante cuando las sociedades han evolucionado hacia situaciones más injustas y cuando los desequilibrios, las turbulencias y las crisis se han ido adueñando, al igual que a principios del siglo XX, de la economía internacional.

Una gran parte de la población, especialmente de las clases bajas y medias, ha ido tomando conciencia de las mentiras que subyacían en el discurso oficial. La llamada globalización no ha supuesto que los países crezcan más. Por el contrario, las tasas de incremento del PIB han sido cada vez menores, los porcentajes de desempleo han aumentado, las sociedades se hacen más injustas y se acentúan las desigualdades, los trabajadores pierden progresivamente todos sus derechos y garantías y se afirma que no es sostenible la economía del bienestar o que hay que renunciar o reducir las prestaciones sociales de que disfrutaban los ciudadanos en el pasado. Al tiempo que se defiende que la carga fiscal debe recaer únicamente sobre las rentas del trabajo, porque de lo contrario el capital y la inversión emigrarán a zonas más confortables. Por último, se ha creado un desequilibrio difícil de mantener entre países deudores y acreedores que condena a las economías a fuertes crisis periódicas. ¿Tiene entonces algo de extraño que los ciudadanos se pregunten para qué sirve la globalización y a quién beneficia? ¿No es hora ya de retornar a las políticas anteriores a los ochenta?

Será quizás en el proyecto de Unión Europea y más concretamente en la Eurozona donde ha fraguado de forma más perfecta el proyecto de la globalización, y donde de manera más clara aparece el intento de insurrección del capital de los lazos democráticos. No tiene por qué sorprendernos que sea también en su ámbito donde surjan las mayores reacciones y las críticas más violentas.

Las elites económicas y políticas están muy preocupadas con la aparición en casi todos los países, bien por la derecha bien por la izquierda, de organizaciones a las que denominan populistas y que articulan este descontento. El artículo de Solana es un buen ejemplo de esto. No son conscientes de que son ellas las que de forma indirecta las han engendrado, al adoptar esa nueva modalidad del capitalismo que llaman globalización. En realidad, con mejor o peor acierto, con ideas más o menos verdaderas, con unos u otros valores, han venido a ocupar el espacio que la socialdemocracia había dejado vacio. Son los mismos grupos sociales que se han sentido abandonados y engañados, y a los que no se podrá recuperar sino retornando a ese equilibrio anterior que se daba entre el poder político y el económico.

Republica.com 23-09-2016