ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La Comisión Europea acaba de presentar su informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos. En realidad, este informe debería ser el más importante del Ejecutivo comunitario, ya que la Unión Europea se ha construido de forma asimétrica sobre la base de un cúmulo de desequilibrios, y son estos los que subyacen a todos los problemas de la Eurozona. Sin embargo, la realidad es otra, es un informe inútil, pues se encuentra lleno de contradicciones, reflejo de aquellas sobre las que se asienta la UE.

La Real Academia Española define equilibrio en una de sus acepciones como contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas, y eso es lo que ha faltado en Europa. No han existido los contrapesos. El Acta Única introdujo la libre circulación de capitales sin establecer al mismo tiempo la necesaria armonización en materia fiscal, social o laboral, con lo que en buena medida trasladaban la soberanía a los dueños del dinero que estarían así en condiciones de chantajear a los Estados imponiéndoles las mejores condiciones para sus intereses. El Tratado de Maastricht estableció la Unión Monetaria sin la imprescindible integración en materia presupuestaria y fiscal que compensase y contrarrestase los choques asimétricos, imposibles de corregir con la moneda única.

Por supuesto que el informe no indica nada de esto, y apenas toca el desequilibrio mayor de toda la Eurozona y causa de todos los demás: el gigantesco superávit exterior de Alemania, que alcanza ya más del 8% del PIB. La Comisión, por el contrario, se dedica señalar aquellos defectos de las economías de los otros países que por otra parte son evidentes.

De España resalta el cuantioso endeudamiento exterior tanto público como privado; la tasa de desempleo, la mayor de Europa, si exceptuamos Grecia; la temporalidad del mercado laboral; la pobreza y la exclusión social que afectan incluso a una parte de la población ocupada; la desigualdad, en cuyos índices nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE; el déficit publico originado por una recaudación fiscal insuficiente; la ineficiencia de las prestaciones sociales; escasa inversión en I+D, etc. Como se puede apreciar, nada que no sea de sobra conocido, aunque tiene la virtud de servir de contrapunto al triunfalismo del Gobierno y de otros propagandistas de la política económica oficial, ya que deja patentes las debilidades e incertidumbres que anidan aún en la economía española y que pueden en cualquier momento invertir la actual tasa de crecimiento económico y devolvernos a la cruda realidad de una crisis no superada.

Hasta aquí todo sería correcto si no fuera porque, si se analizan las causas, encontramos que la mayor parte de las lacras que afectan a la economía española obedecen al diseño con el que se creó la UE o a la política económica impuesta por el BCE y la propia Comisión. El endeudamiento exterior, que ahora con razón señala el informe como uno de los mayores peligros de nuestra economía, no ha surgido ayer; tuvo un origen privado y solo en la recesión se ha trasladado al sector público. Se fue generando durante los años previos a la crisis, a partir de la creación de la moneda única, sin que la Comisión, muy ocupada con el déficit público, diese la menor señal de alarma. Nadie habló del endeudamiento privado. No se inquietaron cuando los banqueros alemanes y franceses prestaron sin rigor a los bancos españoles y tampoco cuando las entidades financieras españolas concedieron créditos a diestro y a siniestro con total irresponsabilidad y sin contrastar la solvencia de los clientes.

El incremento de la desigualdad a lo largo de la crisis, la pobreza y la exclusión social, el deterioro del mercado laboral, la insuficiencia de la protección social, el reducido gasto en I+D; todo ello en buena medida tiene su origen en la deflación interior a la que se ha sometido a la economía española, al no poder devaluar la moneda, y que fue impuesta por la Comisión y el BCE. Es la reforma laboral la que ha acentuado el deterioro del mercado de trabajo, ha hecho descender los salarios y permite que una parte de la población ocupada haya entrado en el círculo de la pobreza.

La preocupación por el déficit público lleva a la Comisión a recomendar al Gobierno que suba el IVA, y además en el tipo reducido. Estima que de esa manera se incrementaría la recaudación en un 1,4% del PIB. Creo que subir los impuestos indirectos no parece una receta muy adecuada para reducir la desigualdad que la propia Comisión denuncia. Es verdad que el informe se apresura a añadir que los efectos antisociales se podrían compensar con medidas de protección social. Pero, si se quiere que estas sean eficaces, es de suponer que el gasto aumentaría también aproximadamente el 1,4% del PIB, por lo que no se ve entonces donde se encuentra el efecto positivo sobre el déficit.

La mayor incongruencia del informe aparece a la hora de plantear las medidas para superar las amenazas y peligros que se ciernen sobre la economía española, puesto que en él se aconseja continuar e intensificar las reformas que han creado precisamente los desequilibrios. El problema con el que se encuentra la Comisión es el mismo que acecha a todo aquel que quiera trazar la política económica que debe seguir España. Es semejante a quien quiere corregir los rotos de una prenda vieja. Todo parche produce un nuevo agujero. Su pertenencia a la Unión Monetaria condena a nuestro país a una encrucijada de difícil salida.

No solo España se encuentra en esa ratonera. En realidad, la trampa afecta a todos los países de la Eurozona. El informe de la Comisión así lo recoge, y cita a Francia y a Italia como los dos mayores peligros para Europa. Hay que preguntarse si los desequilibrios de España, Italia y Francia, los tres mayores países de la Eurozona, no tienen todos igual origen: mantener el mismo tipo de cambio que Alemania y el empecinamiento de este país en mantener un superávit en su balanza por cuenta corriente desorbitado, por encima del 8%. La inestabilidad en la Eurozona continuará, hágase lo que se haga, mientras esta situación no cambie.

republica.com 3-3-2017

La verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Esta frase de Juan de Mairena (Antonio Machado) va mucho más allá del significado con el que se la suele emplear; y, sin querer cuestionar si la verdad es una o múltiple, lo cierto es que la máxima puede ser un buen antídoto del sectarismo que en estos momentos reina en la política española. Al enemigo político ni agua, no se le puede reconocer ningún acierto, y para el correligionario todas las disculpas y exoneraciones.

Creo que ideológicamente estoy bastante lejos de Montoro. En las mesas redondas en las que coincidíamos antes de que él fuera ministro, casi siempre nos situamos en posturas antitéticas, lo cual no me puede conducir a considerar que todas las medidas fiscales tomadas en esta segunda etapa de su Ministerio son censurables. Por el contrario, creo no engañarme si afirmo que algunas de ellas han servido para corregir los desaguisados que habían introducido Solbes y Salgado. Entre las disposiciones adoptadas hay que juzgar de forma muy positiva la obligación implantada en la Ley 7/2012 de declarar mediante el modelo conocido como 720 los bienes y derechos que se poseen en el extranjero que excedan los 50.000 euros en cada uno de los apartados establecidos en la normativa.

La disposición es un ligero intento de luchar contra la evasión fiscal y el dinero negro, cáncer que corroe a la Hacienda Pública y que se ha visto propiciado por la libre circulación de capitales y la permisividad existente para con los paraísos fiscales. Pues bien, he aquí que la Comisión de Juncker se ha puesto del lado de los defraudadores y de sus asesores y ha abierto procedimiento de infracción al Gobierno de España por osar perseguir y cercar a los delincuentes. La postura de la Comisión no puede extrañarnos cuando está al frente de ella el ex presidente de un minúsculo país (de hecho, su representatividad en la UE por población tendría que ser mínima), pero que tiene una de las mayores rentas per cápita de Europa, gracias en buena medida a conducirse como un auténtico paraíso fiscal.

Esa misma UE que ha sido incapaz de crear sus propios impuestos y que tampoco ha intentado armonizar los tributos directos de los Estados para evitar el dumping fiscal, la misma UE que permite con total impunidad la existencia de paraísos fiscales, considera ahora contrario al derecho comunitario que los Estados pongan los medios a su alcance para investigar la evasión fiscal que se comete amparada en la libre circulación de capitales y que se sancionen los incumplimientos y el fraude fiscal detectados.

Bien es verdad que la Comisión reconoce -menos mal- que “España tiene derecho a exigir a los contribuyentes que faciliten a las autoridades fiscales información sobre determinados activos mantenidos en el extranjero», pero cuestiona el régimen de sanciones, le parecen desproporcionadas y discriminatorias. Habrá que preguntarse qué entiende la Comisión por desproporcionadas. ¿Cuál es la regla que emplean para medirlo? Desproporcionado es el fraude fiscal que reina en Europa sin que la UE haga nada para evitarlo; desproporcionados son los recortes que se han impuesto a muchos de los ciudadanos de los países del Sur; desproporcionado es el sueldo de muchos ejecutivos de las entidades financieras y de las grandes empresas; desproporcionada es la acumulación de riqueza y la desigualdad que se da en la mayoría de los países de Europa, y desproporcionadas son las ocasiones de evasión de que gozan algunos ciudadanos, los más ricos, con la pasividad e incluso complicidad de las autoridades de la Unión.

La imputación de discriminatorias tampoco tiene mucha consistencia, porque el grado de opacidad del que gozan los recursos en el exterior poco tiene que ver con los requisitos de información a los que se ven sometidos los activos interiores. Se censura que la ocultación de los activos mantenidos fuera de España no está sujeta a prescripción, mientras que sí se aplica en el caso de los recursos no declarados situados en el interior. Ambas afirmaciones no son ciertas. A los incrementos patrimoniales no declarados se les aplica el mismo criterio se encuentren en España o fuera de España. La única diferencia es que en el primer caso la ocultación resulta mucho más difícil y, por ende, menos frecuente que en el segundo. Por otra parte, no es que no se aplique la prescripción, sino que tanto en un caso como en otro pertenecen a los llamados delitos continuados, es decir, que el delito se sigue cometiendo mientras que el incremento patrimonial no se declare.

El escrito de la Comisión contiene una buena dosis de hipocresía, ya que, por un lado, no tiene más remedio que reconocer la competencia del Estado español para reclamar la información, pero al mismo tiempo se oponen a que sean sancionados convenientemente los que no cumplen lo prescrito. La farsa es manifiesta porque sin sanción muy pocos estarían dispuestos a acatar tal exigencia, tanto más cuanto que no es difícil intuir que la motivación de la mayoría de los interesados en situar o mantener en el extranjero esos recursos es la de convertirlos en opacos a la Hacienda Pública española. De ahí la necesidad de que la sanción sea suficientemente dura como para desincentivar la ausencia de declaración, y que tenga que ser mayor el importe de aquella que el de la cantidad defraudada.

Argumentan los detractores de la medida que contraviene la libre circulación de personas y de capital. Resulta difícil entenderlo, a no ser que para andar por Europa se precise ir cargado con dinero negro; la única circulación de capitales que se obstaculiza es la de la evasión fiscal. No deja de ser curioso que los asesores y los despachos denunciantes llamen a los obligados damnificados y los tilden de modestos ahorradores. Damnificados son los miles y miles de parados que no cobran ninguna prestación, los jubilados a los que no se les actualizan sus pensiones, los dependientes a los que no les llega la ayuda prometida y otros muchos más que ven perjudicados sus derechos a causa del fraude y de la evasión fiscal.

En cuanto a lo de pequeños ahorradores suena más bien a chiste. La gran mayoría de la población en España no tiene capacidad de ahorrar. Para muchos, la única forma de ahorro consiste en adquirir su vivienda habitual pagando una hipoteca. Entre los pocos que además de eso hayan conseguido al final de su vida la acumulación de un pequeño capital, solo los que tengan una intención clara de evadir impuestos correrán la aventura de poner sus recursos fuera de España, ya que actualmente las entidades financieras situadas en nuestro país ofrecen suficientes cauces para invertir en todo tipo de fórmulas, en casi cualquier país del mundo y en cualquier moneda. Eso sí, de forma transparente, que es quizás lo que intentan evitar esos “pobres ahorradores”. Es cierto que siempre puede haber excepciones y que pueden existir ciudadanos a los que por motivos personales, familiares o profesionales les resulte necesario o conveniente mantener, por ejemplo, una vivienda o una cuenta abierta en el extranjero. Pero sin duda son los menos, la excepción, y no creo que les cause un grave trastorno tener que realizar la declaración comentada.

Que existe una correlación entre la tenencia de bienes y derechos en el extranjero y la evasión fiscal se comprueba al analizar los destinos señalados en las declaraciones recibidas: más de un tercio corresponden a Suiza y a Luxemburgo, seguidos de Holanda, países todos que o bien son paraísos fiscales o gozan al menos de cierta permisividad y opacidad tributaria. Habrá que preguntarse si la finalidad de la Comisión es defender a los damnificados y pequeños ahorradores a los que se refieren los asesores fiscales o más bien a los Estados que viven de la evasión fiscal de los restantes países.

Hay una razón más para apoyar la conveniencia de esta disposición. En caso de ruptura de la Unión Monetaria (que antes o después se producirá) y de desaparición del euro, la suspensión de la libre circulación sería imprescindible, y en esas circunstancias sería también de máxima utilidad conocer dónde se encuentran situados los recursos de los residentes españoles.

Comportamientos tales como los protagonizados por la Comisión en este asunto indican de forma cristalina lo que subyace detrás de toda esa moralina con la que se reviste el discurso de la UE: Tras él, solo hay hojarasca y la pretensión de preservar los privilegios del poder economico de la presión de los electores de los Estados miembros.

Republica.com 24-2-2017

Varios acontecimientos concatenados han puesto nuevamente de plena actualidad al Banco de España (BE) y al papel que ha representado en la crisis financiera. Por una parte, la cuantificación provisional realizada por el Tribunal de Cuentas del coste que para el erario público ha significado el saneamiento (hasta la fecha) de las entidades financieras, seguido de un editorial del diario El País de 4 de febrero pasado en el que se preocupaba por el prestigio de nuestro banco central. Los editoriales del diario El País siempre tienen impacto (antes más que ahora), especialmente en el stablishment político, económico y financiero. Tan es así que el editorial al que nos referimos ha originado que el actual gobernador del BE se viese obligado a salir a la palestra el pasado 10 de febrero con un artículo en ese mismo diario ofreciendo unas vagas aclaraciones, pero reconociendo sobre todo que se cometieron errores y que quizás haya llegado el momento de ofrecer una explicación de conjunto.

El BE ha gozado siempre de un gran prestigio, prestigio en mi opinión inmerecido pero elaborado en razón de los intereses que defendía. Durante muchos años ha sido el centro más importante de emisión de pensamiento neoliberal. Se ha comportado de manera permanente como patronal bancaria y como sindicato orientado a la defensa de las entidades financieras y del poder económico. No se le puede negar el mérito de haber colaborado de manera sustancial en el establecimiento en España de un sistema estadístico de primer orden, especialmente en el área financiera, pero el juicio tiene que ser muy diferente en lo referente a sus dos principales funciones, la instrumentación de la política monetaria y el control de los bancos.

Hasta el establecimiento del euro, la política monetaria practicada por el BE se orientó siempre en la línea más restrictiva, lo que condenó a menudo a la economía española a un crecimiento inferior al potencial y a que las tasas de desempleo fueran más elevadas de lo que era previsible. Esa fuerte disciplina, tan dañina para la economía real, venía marcada con frecuencia por errores y fallos en las estimaciones y en los instrumentos de la propia política monetaria, y en la actuación deficiente de la institución. Los días 10 y 11 de febrero de 1988 publiqué dos artículos en el diario El País titulados “Nos perdimos en los ALPES”. Los activos líquidos en manos del público (ALPs) constituían la variable utilizada por el BE para controlar la política monetaria. Pues bien, en los artículos señalaba cómo el BE no había dado ni una, y las muchas equivocaciones y desviaciones sobre las que se había asentado su actuación. Y, lo que es aún peor, el enorme margen de inseguridad que presidía toda la política monetaria. Ello, sin embargo, no era óbice para que se sometiera la economía a rígidos ajustes enormemente perjudiciales.

Tampoco su actuación como supervisor de las entidades financieras a lo largo del tiempo ha sido excesivamente brillante. Desde principios de los ochenta las crisis bancarias se han sucedido periódicamente sin que el BE haya hecho nada para evitarlas; tan solo intervenía una vez que el problema se había presentado y siempre para solucionarlo con dinero público. La responsabilidad no puede, desde luego, predicarse de los funcionarios, cuya preparación y competencia está fuera de toda duda, sino del régimen autocrático de la institución y del sistema de supervisión, cuyas decisiones se tomaban con fuerte sentido jerárquico obviando a menudo la opinión de los inspectores.

El editorial de El País señalaba con razón las dudas que crea el comportamiento practicado por el BE a lo largo de la crisis. En 2008 modificó las normas contables con el objetivo más que probable de disfrazar el grado excesivo de morosidad que iba surgiendo. El cambio de criterio, especialmente en el caso de la refinanciación de los créditos, colaboró sustancialmente a que los balances ocultasen el estado de deterioro que presentaban las entidades. Todo ello explica cuál fue el discurso oficial en aquellos instantes. Desde todos los ángulos se afirmaba que, a diferencia de las extranjeras, nuestras entidades financieras gozaban de muy buena salud, y precisamente gracias a la pericia y buen hacer de nuestro banco emisor, que supo adelantarse -de acuerdo siempre con la posición oficial- a la crisis y obligar a los bancos a realizar la provisiones adecuadas.

El discurso era tanto más extraño cuanto que había múltiples señales que indicaban precisamente lo contrario. Linde las indica ahora con acierto en su artículo: “El crédito a hogares y empresas había pasado de representar el 81% del PIB a finales de 1999 a suponer el 166% al cierre de 2008. Algunas partidas crediticias, como la hipotecaria o la destinada a la promoción inmobiliaria aumentaron su peso durante ese periodo desde el 35% del PIB, en el primer caso, hasta el 95%; y desde el 4% hasta el 28%, en el caso del crédito a promotor”. Lo curioso es que estos datos no los quisiera ver nadie entonces y que el BE los ignorase.

En aquellos momentos, con cierta modestia, escribí varios artículos en los que señalaba mi sorpresa por la visión tan optimista que mostraban las autoridades económicas y el propio BE. Porque si bien era evidente que nuestras entidades financieras no podían estar contaminadas por las hipotecas subprime, que provenían del otro lado del Atlántico -mal que infectaba a muchos de los bancos europeos (nuestras entidades financieras no habían salido al extranjero a invertir sino a endeudarse)- no era menos cierto que la banca española tenía sus propias hipotecas basura. Eran esos créditos fáciles conseguidos en el extranjero al amparo del euro los que se canalizaron a nuestra economía de forma irresponsable y amenazaban en esos momentos como impagados.

El BE estaba demasiado ocupado pontificando acerca de la reforma laboral, del incremento de los salarios y del déficit público como para percatarse de lo que estaba ocurriendo. Según parece, Zapatero afirmó años después que nadie le había hablado del endeudamiento privado. Pues bien, al BE tampoco le debió de hablar nadie del endeudamiento privado, de que este era tanto o más importante que el público y de que ambos eran peligrosos si se realizaban en el exterior y en cantidades desorbitadas. Bien es verdad que esta amnesia se extendía a toda la UE, que solo se preocupó del déficit público (Pacto de Estabilidad) y descuidó el déficit exterior.

Podemos y Ciudadanos exigen ahora la constitución de una comisión parlamentaria para analizar las responsabilidades en la crisis financiera. Comisión que difícilmente se va a constituir ya que los dos partidos mayoritarios se sienten implicados en los errores cometidos. No es demasiado arriesgado suponer que en la presunta ocultación en que se quisieron mantener los problemas por los que pasaban nuestras entidades financieras no era ajeno el hecho de que las cajas de ahorro estuviesen controladas por representantes de los dos principales partidos. En el mundo financiero no era ningún secreto desde el principio que el mayor problema estaba situado en Caixa Cataluña, cuyo saneamiento ha sido hasta ahora el más gravoso para el erario público y cuya presidencia ocupaba Narcis Serra, a la sazón prohombre del PSC, ministro de defensa y vicepresidente con Felipe González.

Tiene razón Pedro Saura, portavoz de Economía del Grupo Socialista, al discrepar de la etapa elegida por Linde para la investigación, 2008-2012, que coincide básicamente con la segunda legislatura de Zapatero. “Para analizar con profundidad lo que ha ocurrido -señala- hay que ir a la génesis de la burbuja y, por lo tanto, el período a considerar debe ir entre el 2000 y el 2016”. Está en lo cierto, porque nada de lo que ha ocurrido puede explicarse sin tener en cuenta la creación de la moneda única.

Fue el euro el que hizo perder competitividad a unos países (entre ellos España) al no poder compensar las diferencias en las tasas de inflación con ajustes en los tipos de cambio. Fue el euro el que permitió que algunos Estados (por ejemplo, Alemania) incrementasen enormemente su excedente comercial mientras que otros (por ejemplo, España) incurrían en déficits exteriores gigantescos. Fue el euro el que en primer lugar puso en manos de los banqueros alemanes ingentes cantidades de recursos y les lanzó, en segundo lugar, a prestar a los bancos de los países deficitarios de forma irresponsable. Creyeron ingenuamente que la ausencia de riesgo cambiario convertía estos créditos en inversiones seguras. Fue esta misma creencia la que alentó a los bancos españoles a endeudarse en el exterior de manera imprudente y a prestar los recursos obtenidos a las familias y empresas sin medir mínimamente el riesgo. Cuando el endeudamiento alcanzó niveles desmesurados y estalló el pánico fue el euro el que no permitió que el ajuste se realizase mediante un realineamiento de los tipos de cambio, forzando a nuestro país a una devaluación interna extremadamente dolorosa. Y es el euro en definitiva el que mantiene a la economía española en una ratonera de difícil salida. Pero es precisamente por ello por lo que el análisis no debería partir del año 2000, tal como afirma Pedro Saura, sino que en sentido riguroso hay que remontarse a los orígenes, al año 1992, cuando se firmó el Tratado de Maastricht.

Republica.com 17-2-2017

Es una triste realidad que en la mayoría de los casos el discurso de los políticos se haya vaciado de contenido. De hecho, resulta huero, artificioso y carente de toda credibilidad en casi todas las materias. Pero el tema adquiere una gravedad mayor cuando atenta al propio sistema democrático, utilizando sofismas y falacias. Construir una concepción falaz y mentirosa de la democracia para escudarse en ella como pretexto y coartada para incumplir la legalidad y malversar fondos públicos, tal como hacen los independentistas catalanes, es adentrarse en el caos y en la dictadura.

Hoy va ganando terreno el caudillismo como doctrina política que, para justificarse recurre al asambleísmo. En la derecha y entre los liberales ha surgido una admiración por los sistemas presidencialistas mayoritarios que, si bien facilitan la gobernabilidad, consolidan el bipartidismo y tienden a la autarquía. Un Trump habría sido difícilmente imaginable en un sistema parlamentario. Por otro lado, las fuerzas que se titulan progresistas y defensoras de lo que ellas mismas denominan “nueva política” han hecho de las primarias bandera y garantía de la democracia interna de los partidos, hasta el extremo de que en algunos casos no solo las practican y las incorporan a sus estatutos, sino que pretenden imponerlas a todas las formaciones políticas.

El discurso choca con la realidad y con los resultados obtenidos. Recientemente se han celebrado primarias en Ciudadanos, formación que las defiende ardorosamente, pero lo cierto es que estas han devenido más bien en una pantomima. Dos hombres de paja para que Rivera no fuese el único candidato. Que el actual líder salga elegido de nuevo presidente no tiene nada de extraño al ser Ciudadanos un partido de autor, pero lo peligroso es que lo sea por primarias. En primer lugar, porque así se le pretende revestir de un plus de legitimidad del que carece y, en segundo lugar, porque le dota de un poder cuasi absoluto al ser él quien nombra a todos los miembros de la Ejecutiva y a casi todos los miembros del Consejo general. La designación de arriba abajo origina que los órganos intermedios de gobierno acaben siendo una mera prolongación del presidente. La situación sería totalmente distinta si el procedimiento de elección fuese de abajo arriba. Resultó todo un espectáculo el acto de la presentación de la nueva Ejecutiva, antes de la celebración del congreso nacional; Rivera quiso dejar muy claro que era su dedo el que había señalado uno por uno a todos sus miembros.

La reaparición de Pedro Sánchez, por su parte, ha situado de nuevo en el tablero político toda una serie de falacias y sofismas que a fuerza de haber sido repetidas machaconamente van tomando carta de naturaleza y se van aceptando como verdades incontrovertibles. Así se repite por doquier en la prensa que la militancia está con Pedro Sánchez, sin que exista ninguna prueba que lo certifique. Pedro Sánchez emerge como el líder de las bases en contraposición a los llamados barones, que representarían al aparato. Tan es así que el ex secretario general del PSOE parece que se lo ha llegado a creer o al menos pretende que lo creamos los demás, y de esta manera se exhibe en los mítines con todo el desparpajo.

La realidad es muy otra. Porque si Pedro Sánchez podía sentirse representante de los militantes por haber ganado las primarias, los líderes regionales y el resto de los miembros del Comité federal fueron designados por procedimientos no menos democráticos, que se apoyaban en última instancia en la elección de las bases. Es más, resulta muy discutible que Pedro Sánchez -en aquel momento bastante desconocido entre la militancia- hubiera ganado las primarias si no hubiera sido por el apoyo de algunos de los prohombres del partido.

La historia tiene una lectura diferente. No se trata del enfrentamiento entre las bases y el aparato, tal como aun ahora se quiere presentar, sino entre un órgano unipersonal (el secretario general) y otro colectivo (el Comité federal); y la resistencia del primero, engreído con la idea de haber ganado las primarias, a reconocer las competencias del segundo. La militancia para Pedro Sánchez ha sido tan solo una coartada con la que librarse del corsé de un órgano colegiado, el Comité federal, supremo órgano entre congresos, al que estaba obligado a someterse y condicionar sus decisiones en múltiples asuntos.

Aun es menos veraz esa imagen que el ex secretario general del PSOE intenta proyectar de sí mismo como defensor de la izquierda frente a una gestora y unos barones territoriales vendidos a la derecha. En realidad, Pedro Sánchez, tras su fracaso electoral del 20 de diciembre de 2015, tuvo un solo objetivo: mantenerse en el cargo, y sabía que ello solo era posible si alcanzaba la Moncloa, operación ciertamente difícil, podríamos decir que casi imposible, si tenemos en cuenta los resultados en los comicios. Pero a su consecución dedicó todos sus esfuerzos y con esa finalidad estaba dispuesto a pactar, exceptuando al PP, con cualquier formación política, incluyendo los independentistas catalanes. La razón de excluir al Partido Popular no radicaba en una razón ideológica, como quiere hacer creer a sus militantes, sino que, dados los mejores resultados del PP, ese posible pacto le excluía a él de la presidencia del Gobierno. La prueba más palpable de que en este afán no le importaba suscribir políticas de derechas es el pacto que acordó con Ciudadanos en una línea bastante conservadora, y que incluso estaba dispuesto a pactar con Convergencia, el partido más conservador del espectro político.

Parece lógico que en esta dinámica el secretario general del PSOE comenzase a tener problemas con los líderes territoriales, especialmente con aquellos que tenían responsabilidades de gobierno en sus respectivas Comunidades. Con el objetivo de eludir el posible veto del Comité federal se sacó de la manga, al margen de toda previsión estatutaria, una consulta a la militancia en términos tan amplios y vagos que pasará a la historia como claro ejemplo de manipulación populista. A pesar de todos los esfuerzos, la operación no pudo llegar a buen puerto al ser imposible casar a Podemos con Ciudadanos.

Tras el 26-J y el acrecentamiento del deterioro electoral del PSOE, Sánchez no abandonó su objetivo, aun cuando se vio obligado a abordarlo con más cautela y sigilo, al haberse ampliado todavía más la dificultad de conseguirlo y no poder contar ya con Ciudadanos, a tenor de los nuevos resultados electorales. La única vía era el pacto con Podemos y con todas las fuerzas nacionalistas incluyendo los insurgentes catalanes, lo que, resultaba patente, sería radicalmente vetado por el Comité federal. De ahí que de nuevo, como todo buen autócrata, dirigió la mirada a la militancia no por motivos democráticos, sino por todo lo contrario, como argucia para librarse de la prohibición más que probable del supremo órgano entre congresos.

Su devoción por la militancia se reducía tan solo a la necesidad de salir del atolladero en el que se había metido al negociar un pacto con independentistas que el Comité federal había prohibido. Esa es la razón por la que contraviniendo lo que hasta ese momento había defendido, pretendió convocar de inmediato y sin que se hubiese solucionado la investidura a la presidencia de gobierno, un nuevo congreso y unas nuevas primarias que le revalidasen, al ser imposible que, debido a los plazos, se pudiese presentar otro candidato. Con la autoridad que supuestamente le daría haber sido ratificado en el cargo, pensaba conseguir en el congreso el aval a ese pacto que su antecesor había denominado Frankenstein. Esta operación fue la que desmontó el Comité federal forzando la dimisión del secretario general. Algunos comentaristas han tildado la reacción de los dirigentes territoriales de golpe de estado, pero el verdadero golpe de estado fue el que pretendió Pedro Sánchez convocando unas primarias relámpago para sacudirse el yugo del Comité federal.

El discurso con el que ahora reaparece es tan solo otro conjunto de sofismas. Ni él es el candidato de la militancia ni representa a la izquierda. Mientras estuvo de secretario general no tuvo ningún reparo en oponerse a lo que habían decidido los militantes, interviniendo discrecionalmente en las agrupaciones regionales, incluso disolviendo ejecutivas y nombrando y manteniendo gestoras a su voluntad y conveniencia.

republica.com 10-2-2017

Reescribir la Historia se ha convertido en un vicio de los políticos. Por supuesto, los nacionalistas catalanes han llegado a alcanzar grados difícilmente imitables de estulticia y ridiculez en esta tarea, pero también hay otros muchos hombres públicos que pretenden trastocar los hechos pasados para presentarlos de forma interesada, de manera que el juicio sobre sus políticas y actuaciones sea mucho más favorable. Felipe González lo ha hecho a menudo arrogándose éxitos que no le correspondían o escondiendo los efectos negativos de muchas de sus acciones de gobierno. Zapatero ha publicado un libro titulado “El dilema” en el que pretende, mediante un relato infantil de los hechos, justificar su desastrosa gestión de la crisis económica y en especial el entreguismo frente a Merkel y las autoridades europeas adoptado por su Gobierno en 2010.

Aznar apareció hace algunos días en la fundación Valores y Sociedad, que dirige Mayor Oreja, con parecido objetivo. Hay que ver cómo proliferan últimamente las fundaciones con la manifiesta finalidad de constituirse en centros de emisión de ideología política, incluso sin aparente vinculación directa con los partidos. Valores y Sociedad, Villacisneros, FAES, Alternativas… Cabría preguntarse cuál es su fuente de financiación. Las fundaciones de las formaciones políticas se nutren principalmente de los presupuestos del Estado, método discutible, sin duda, pero al menos relativamente claro y transparente ya que los fondos se distribuyen según una cierta lógica, de acuerdo con los resultados electorales y, mal o bien, deben responder ante el Tribunal de Cuentas. Pero ¿qué ocurre con aquellas que se jactan de ser independientes de los partidos políticos?, ¿cómo se financian? Porque resulta evidente que quien asuma sus gastos marcará su ideología. De ahí la ostensible unanimidad con que se manifiestan.

Pues bien, Aznar en una de esas fundaciones (Valores y Sociedad) y siendo portavoz de otra, FAES, ha pretendido reescribir la Historia, su pequeña historia. En su discurso titulado «El necesario fortalecimiento de España» mantuvo una interpretación de los hechos pasados y presentes muy particular. Se situó a sí mismo entre los que ahora considera prohombres políticos y que le precedieron (Suárez y Felipe González), mientras que censuró a sus sucesores (Zapatero y Rajoy). Manifestó que en la actualidad tenemos un país que se está desmembrando social, territorial y políticamente. En esto último no digo yo que le faltase razón, al igual que cuando afirmó que la brecha social aumenta al entrar en contacto con la grieta territorial; un proceso de centrifugación institucional, ya que la relación entre el Estado y las Comunidades es hoy un pulso permanente de suma cero o negativa, como si se tratara de poblaciones distintas.

El juicio a emitir sobre la intervención del presidente de FAES debe cambiar radicalmente en lo que se refiere a la génesis de estos problemas. Porque la causa de todos esos males proviene de antiguo; resulta por tanto muy ingenuo trazar una línea divisoria en el año 2004. Aznar hace una loa de la Transición y del sistema político nacido en 1978. Lo cual no deja de ser curioso cuando a menudo se le han recordado ciertos artículos redactados en su juventud mostrando una valoración bastante negativa de la Carta Magna. Pero, al margen de los cambios de criterio que haya podido mostrar el ex presidente del Gobierno (todos tenemos derecho a mudar de opinión), lo cierto es que los problemas que hoy presenta el Estado de las Autonomías tienen su origen en buena parte en el diseño constitucional, y desde luego aún en mayor medida en los pactos que los dos partidos mayoritarios establecieron de forma reiterada con los partidos nacionalistas para asegurar sus gobiernos. Sin duda, la primera legislatura del PP de Aznar destaca en las concesiones a los independentistas, y los Pactos del Majestic han tenido mucho que ver en el desorden actual.

El presidente de FAES en su conferencia situó el año 1999 entre los grandes hitos que, según él, han jalonado el mejor periodo de nuestra historia, ya que el 1 de enero de ese año entró en vigor el euro y España se convirtió en motor de Europa como socio fundador de la moneda común. Por el contrario, calificó el año 2009 como inicio de una etapa de oscuridad y a partir del cual se agotó el impulso modernizador, ambicioso y profundo que permitió obrar una enorme transformación económica, social y política. A partir de ahí se arroja sobre el futuro de los jóvenes una nueva y pesada carga en forma de déficit y de deuda. Una curiosa visión de los hechos, porque si bien es verdad que desde 2008 se cernió sobre la sociedad española una de las mayores crisis económicas y sociales que ha padecido, no es menos cierto que el origen se encuentra en la introducción del euro y en las políticas instrumentadas en los años siguientes y que coincidieron con los Gobiernos de Aznar y los cuatro primeros años de Zapatero.

Aznar olvida que tras su famosa frase de que España va bien se encontraba tan solo el espejismo creado por la moneda única, la burbuja inmobiliaria y un crecimiento a crédito que habría que pagar posteriormente, como así ha ocurrido. La herencia económica recibida por Zapatero fue un regalo envenenado, todo un conjunto de desequilibrios que no podían perdurar. Así lo manifesté en un artículo que escribí en el diario El Mundo el 23 de abril de 2004, en el que de forma figurada advertía al nuevo Gobierno de que la crisis económica se produciría antes o después. La realidad es que continuaron aplicando una política similar durante los siguientes cuatro años, incrementando el déficit y el endeudamiento exterior. Esa pesada carga -que, según Aznar, planea sobre las nuevas generaciones- se originó en sus años de gobierno y en los cuatro primeros de Zapatero; entonces en forma de endeudamiento privado, pero que, al ser exterior y al pertenecer España a Unión Monetaria, estaba llamado a convertirse en público.

No deja de resultar irónico escuchar al ex presidente del Gobierno popular afirmar que es absurdo pensar que el único Estado legítimo sea un Estado residual. No es así, añade, con un Estado débil y fragmentado perdemos todos. Solo un Estado sólido y bien dimensionado puede garantizar la cohesión y la igualdad. Es irónico porque los Gobiernos de Aznar emprendieron una ingente operación de adelgazamiento del Estado al malvender y liquidar la casi totalidad del sector público empresarial, a lo que hay que añadir las reformas fiscales acometidas durante esos años, causa del desmoronamiento de la recaudación en la crisis y la cuasi quiebra del Estado. Y si hablamos de la fuerza centrífuga que ha troceado territorialmente, hasta debilitarlo, al sector público, el Pacto del Majestic jugó un importante papel al transferir la sanidad pública y la capacidad normativa sobre múltiples impuestos a las Comunidades Autónomas.

Republica.com 3-2-2017

Tuvo que ser en el World Economic Forum, en Davos, en febrero de 1996 donde el renacido capitalismo –actual hijo del capitalismo salvaje del siglo XIX– se quitase la careta, y tendría que ser Tietmeyer, el entonces gobernador del todopoderoso Buba, el encargado de proclamar lo que tantos pensaban pero no se atrevían a explicitar: “Los mercados financieros desempeñarán cada vez más el papel de gendarmes. Los políticos deben comprender que estarán en lo sucesivo bajo el control de los mercados financieros y no solamente de sus electores nacionales”. Anunciaba con ello el imperio de la globalización y la muerte de la democracia.

Han transcurrido veintiún años y los principales protagonistas del mundo económico y financiero han vuelto a reunirse en Davos, pero su mensaje ya no es tan triunfalista. Sus profecías acerca de que la globalización traería toda clase de bendiciones para las sociedades no se han cumplido, las tasas de crecimiento, lejos de aumentarse, se han ralentizado, el paro se ha incrementado y las desigualdades se han ampliado. Según un informe publicado por Oxfam, solo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de personas. En el caso español, la fortuna de tres personas equivale a la riqueza del 30% más pobre del país. Es más, la inestabilidad económica se ha extendido a todo el mundo y se han multiplicado las crisis. El miedo y el desconcierto se han adueñado en buena medida de los poderes políticos y económicos. Algo no funciona. La progresiva extensión de lo que llaman populismo se percibe como una seria amenaza para el sistema y para sus intereses.

La seguridad y el optimismo de hace veintiún años ha desaparecido. De ahí que el informe que, como es habitual, ha precedido a las sesiones de este año del World Economic Forum haya estado marcado por el análisis de los riesgos e incertidumbres que se ciernen sobre el sistema económico internacional. «La combinación de desigualdad económica y polarización política amenaza con amplificar los riesgos globales, erosionando la solidaridad social sobre la que descansa la legitimidad de nuestros sistemas políticos y económicos». Esta edición del Foro de Davos ha estado caracterizada por un cierto estupor e incredulidad, ante el fuerte descontento y frustración que se ha instalado en las sociedades más desarrolladas y que está dando ocasión al nacimiento y avance de movimientos antiglobalización bien sean de izquierdas o de derechas. En todas estas corrientes puede existir mucha hojarasca, errores, incluso graves aberraciones, pero no puede negarse que inciden sobre las múltiples contradicciones y las lacras que se han genrado en el sistema y que denuncian sus resultados. Palabras como proteccionismo y populismo se han adueñado del escenario.

No deja de resultar curioso (sin embargo, hasta cierto punto lógico) que haya sido el presidente chino Xi Jinping quien se haya mostrado en Davos como el máximo adalid de la globalización y enemigo del proteccionismo. Bien es verdad que el proteccionismo que reprueba se reduce tan solo al que se basa en contingentes y aranceles, mientras deja intacto el que se fundamenta en la manipulación del tipo de cambio o en la competencia desleal en materia social, laboral o fiscal (ver mi artículo del 17 de noviembre pasado). Xi Jinping afirmó que nadie sale vencedor de una guerra comercial, lo cual es cierto, pero esta surge necesariamente cuando determinados países como China o Alemania fundamentan su crecimiento en la competitividad exterior mediante el mantenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos o a través de dumping fiscales, sociales y laborales que generan la progresiva acumulación de superávits en la balanza por cuenta corriente, forzando déficits en sus competidores.

El presidente chino fue más allá defendiendo que muchos de los problemas que ahora tiene la economía internacional no proceden de la globalización y que esta no fue la causante de la crisis financiera, sino la falta de regulación adecuada. ¿Pero es que acaso no es la ausencia de toda regulación la sustancia de la que está construida la globalización? ¿No es el sometimiento de los políticos a los dictados de los mercados que proclamaba Tietmeyer en 1996, la base sobre la que se asienta la globalización? La gran recesión que se inició en 2007 y de la que, dígase lo que se diga, aún no hemos abandonado, tuvo su génesis en los fuertes desequilibrios en las balanzas de pagos acumulados por los distintos países en los años anteriores (ver mi libro La trastienda de la crisis, Editorial Península) y en los que China tuvo un papel esencial. Mantuvo una cotización ficticia e infravalorada del yuan que si bien disparó sus exportaciones y su expansión económica tuvo como contrapartida la generación de déficits en otros países, singularmente en EE. UU.

Tras el estallido de la crisis, China comprendió que tenía que moderar su postura, pero irrumpió en escena un nuevo actor, la UE. Alemania había seguido la misma política que China pero su superávit se compensaba con los déficits de los países del Sur, (aunque con graves problemas económicos para ellos) de manera que la Eurozona en su conjunto estaba más o menos en equilibrio. Ahora este se ha roto con la deflación interna a la que se ha sometido a los países deudores que han corregido sus déficit sin que Alemania haya moderado su superávit; todo lo contrario, lo ha incrementado.

Xi Jinping descartó en Davos que su país vaya a adentrarse en una guerra de divisas, pero lo cierto es que su divisa está ya claramente infravalorada, y el tipo de cambio actual del euro puede ser aceptable para países como España, Portugal o Grecia, pero está muy por debajo de lo que correspondería de acuerdo con la economía alemana. De ahí el superávit de la balanza de pagos de la eurozona en su conjunto.La situación es claramente inestable. Ni China ni Alemania pueden aspirar a vivir del déficit de la balanza de pagos norteamericana. A Trump se le puede calificar de casi todo, incluso de iluminado y caudillista, pero no se le puede negar que ha puesto el dedo en la llaga. La globalización genera desequilibrios insostenibles, inseguridad, crisis e incremento de las desigualdades. No se puede mantener un sistema que pretende producir allí donde no se consume, y consumir allí donde no se produce; que quiere que las rentas vayan en mayor medida a los que ahorran pero no consumen (los capitalistas), y que consuman aquellos que no perciben los ingresos (los trabajadores).

Republica.com 27-1-2017

El ministro de Hacienda compareció la semana pasada en el Congreso con la finalidad de anunciar el plan de actuación de su Ministerio para estos cuatro años de legislatura. Entre los objetivos del plan figura en primer lugar –cómo no- su propósito de bajar de nuevo los impuestos. La presión fiscal de España se sitúa a la cola de los países europeos: trece puntos nos separan de Francia y de Dinamarca, doce puntos de Bélgica, diez de Austria, Finlandia y Suecia; nueve de Italia, cinco de Alemania y hasta países como Grecia, Portugal, Hungría, Ucrania o Serbia presentan cifras más elevadas de presión fiscal. Pues bien, a pesar de esta evidencia, se continúa reclamando una bajada de impuestos, y el Gobierno y parte de la oposición se muestran dispuestos a dar gusto a la porción de la población que crea opinión y que sin duda resulta beneficiada por la reducción de la fiscalidad.

Esta insuficiencia recaudatoria, como no podía ser menos, tiene su traducción en todas las partidas del gasto público y, por lo tanto, en el gasto social que en porcentaje sobre el PIB coloca a nuestro país en el puesto 17 de la Unión Europea, a siete u ocho puntos de Francia, Finlandia y Dinamarca, y por debajo, entre otros, de Austria, Italia, Suecia, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Alemania. Estos datos son tanto más significativos en cuanto que España tiene un nivel de paro mucho más elevado que todos estos países, excluyendo a Grecia, y por consiguiente tendría que dedicar al seguro de desempleo mayores recursos. Pues bien, el ministro de Hacienda declara que en cuanto las finanzas públicas se hayan saneado y exista remanente, dedicará más fondos no a la educación ni a la sanidad ni a aumentar la cobertura del seguro de desempleo o a conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Nada de eso. Lo único que Montoro promete es bajar los impuestos.

En materia de pensiones han comenzado a visualizarse las consecuencias de la fatídica ley aprobada en la legislatura pasada según la cual los pensionistas irán perdiendo año tras año poder adquisitivo. En un laxo no demasiado largo de tiempo, cualquier pensión va a verse sometida a una merma considerable. Los pensionistas sufren de este modo un cierto expolio. Con la inflación, los ingresos del Estado se actualizan (se incrementan) de forma automática y lo lógico sería que las pensiones mantuviesen el mismo recorrido. Pero es esto precisamente lo que se modifica con la Ley citada. Hacienda aprovechará esta mayor recaudación en términos nominales, que proviene del incremento de los precios, no a mantener el nivel de las pensiones (en euros constantes) sino a otras finalidades, por ejemplo a bajar los impuestos. Se despoja así a los jubilados de parte de su pensión (en términos reales) para destinar esos recursos a otros colectivos.

Aunque en teoría casi todo el mundo reprueba los gastos fiscales y las exenciones, lo cierto es que en la práctica se recurre a ellos con toda presteza como la solución más fácil, cada vez que se pretende incentivar una actividad aun cuando no esté nada clara su eficacia. Montoro anunció también en el Congreso que piensa propiciar el retraso en la edad de jubilación concediendo beneficios fiscales. Se supone que el ministro considera que la medida puede resultar beneficiosa para el fisco, porque el posible deterioro en la recaudación por los incentivos fiscales sería más que compensado por el ahorro en el pago de las pensiones.

El argumento anterior es incompleto y parece mentira que el Gobierno no sea consciente de que las cuentas cambian radicalmente si estamos en presencia de un elevado nivel de paro. La prolongación de la vida laboral tendrá como resultado incrementar el número de parados y por ende el gasto en seguro de desempleo, a no ser que lo que el Ejecutivo se proponga sea reducir la cobertura y abandonar una cada vez mayor proporción de desempleados a su suerte, a la marginación y a la miseria.

Paradójicamente, todo lo que implique rebaja de impuestos ha adquirido buena prensa y goza de un plus en la valoración de la opinión pública. Pero lo cierto es que casi todas estas medidas son perjudiciales para la mayoría de la población: a) A la disminución de impuestos directos le suele seguir el incremento de gravámenes indirectos, o de tasas, con lo que el sistema fiscal se hace más regresivo; b) los recursos que se dedican a la minoración de los impuestos tienen su coste de oportunidad, no pueden orientarse a otras aplicaciones (sanidad, educación, pensiones, etc.) con mayor provecho para las capas de población más numerosas y de rentas bajas y medias; c) las rebajas de los impuestos directos, por su mismo carácter, son tanto mayores cuanto mayores son las rentas del sujeto pasivo; d) el gravamen para los trabajadores en el impuesto sobre la renta se materializa casi en su totalidad en retenciones sobre el salario y, al ser considerado este por los empleados a menudo en términos netos, se produce un cierto espejismo fiscal. La bajada de impuestos es compensada por una reducción o un menor incremento de las retribuciones, con el consiguiente traslado del beneficio a los empresarios.

Desde hace por lo menos 25 años nuestro sistema fiscal ha sido sometido a múltiples reformas fiscales, todas en la misma línea, con reducción de los impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones) e incremento de los indirectos, cumpliéndose así, todo lo descrito en el párrafo anterior. El resultado de ellas se refleja en la insuficiencia de nuestro sistema tributario; parece por ello increíble que lo único que se le ocurra al Gobierno sea prometer nuevas bajadas de impuestos. Esperemos que la carencia de mayoría absoluta le impida cumplir esta promesa.

Republica.com 20-1-2017

A lo largo de estos días se ha difundido el dictamen del Tribunal Constitucional alemán por el que se desestima el recurso presentado por el partido independentista de Baviera sobre la posibilidad de someter a referéndum la independencia de este land. Los argumentos en los que se fundamenta el dictamen son de sobra conocidos en nuestro país, ya que se identifican milimétricamente con los utilizados por el Tribunal Constitucional español respecto a la posibilidad de realizar una consulta para la independencia de Cataluña. Según la carta magna germánica –afirma el tribunal- la soberanía recae en la totalidad del pueblo alemán y ningún land es autónomo y competente para decidir su independencia. En la Constitución alemana no hay espacio para el secesionismo.

Para que el parecido con España sea completo, Florian Weber, líder del partido independentista, manifestó vía Facebook algo similar a lo que nos tienen acostumbrados los separatistas catalanes: “La independencia de Baviera no la decidirá un tribunal, sino el pueblo de Baviera”.

El dictamen del Tribunal Constitucional alemán representa un duro golpe a las aspiraciones secesionistas de los independentistas catalanes. A partir de ahora les va a resultar difícil convencer a los incautos de que “el proceso” va a contar con apoyo internacional en su hipotética declaración unilateral de independencia y de que, si esta al fin se llevase a cabo, sería compatible con mantenerse dentro de la Unión Europea. El golpe es tanto mayor cuanto que los distintos mandatarios europeos ya vieron con enorme recelo el referéndum de la independencia de Escocia, considerando la decisión de Cameron un enorme error. Ello a pesar de que el caso de Gran Bretaña es sustancialmente diferente del de otros países europeos, ya que no goza de una constitución escrita y, que Escocia fue Estado independiente hasta que en 1707 se firmó el Acta de Unión por la que se creaba el reino de Gran Bretaña. Tanto Francia como Italia han optado recientemente por ponerse la venda antes que la herida y cortar de raíz toda posible veleidad secesionista realizando sendas reformas administrativas que imposibilitan cualquier conato separatista. Ahora es el Tribunal Constitucional alemán el que deja meridianamente claro que en las constituciones europeas no hay espacio para la autodeterminación de ninguna región.

No es de extrañar que tras el dictamen del Tribunal Constitucional alemán, el nacionalismo catalán y alguno de sus fervientes, aunque disimulados, seguidores de la Vanguardia como Enric Juliana se hayan apresurado a intentar convencernos de que el caso de Baviera no es asimilable al de Cataluña, ya que en los momentos actuales, según las encuestas realizadas, los partidarios de la independencia en el land alemán alcanzan el 23%, mientras que en Cataluña se acercan al 50%. Pero, puestos a buscar diferencias, habría que fijarse más bien en otras. Baviera fue independiente hasta 1879, fecha en la que se incorporó a Alemania (momento de la unificación de este país) e incluso entonces fueron muchas las voces que optaron por la integración en la católica Austria más en consonancia con la religión que se practica mayoritariamente en el ahora land alemán; y de hecho no dejó de ser reino para incorporarse plenamente a Alemania hasta 1918. Cataluña, por mucho que los secesionistas quieran engañarse y engañarnos, no ha sido independiente nunca.

Pero todas esas diferencias, tanto las señaladas por unos como por otros, son irrelevantes a la hora de enjuiciar el contenido del dictamen del Tribunal Constitucional alemán. Ninguna de esas razones son las que motivan el fallo. El alto tribunal alemán, al igual que el español, no se fija en si son muchos o pocos los partidarios de la independencia, número por otra parte bastante cambiante, y dependiente de un sinfín de circunstancias, entre otras las ligerezas y debilidades de los distintos gobiernos en conceder prebendas y beneficios a los nacionalistas y que estos aprovechan rápidamente para incrementar su proselitismo. El razonamiento del Tribunal parte de un presupuesto anterior, definir el sujeto de la soberanía. Según la carta magna del país germánico, los competentes para decidir sobre cualquier modificación territorial son todos los alemanes. Por lo visto, las altas instancias alemanas también “judicializan” la política.

Entre Baviera y Cataluña existe sí una semejanza esencial. Las dos regiones son las más ricas de sus respectivos países. El descontento de bávaros y catalanes, traducido o no al independentismo, se fundamenta en las fuertes transferencias de recursos que estas regiones, como consecuencia de una Hacienda Pública común, están obligadas a realizar a favor de otras de menor renta. Lo que subyace en ambos casos es la creencia de que España o Alemania “nos roban”. En Baviera, especialmente a partir de la reunificación alemana e integración de los länder del Este; en Cataluña, no se puede olvidar que la conversión de la antigua Convergencia a la independencia se produce cuando el Gobierno español se opone a la pretensión de Artur Mas de obtener la misma situación de privilegio que otorga nuestra Constitución al País Vasco, lo que llaman el pacto fiscal. Contra lo que ambas regiones se rebelan es, en definitiva, contra la política redistributiva del Estado.

Por ello cuesta tanto entender la postura adoptada por una gran parte de la izquierda, no solo de la catalana, reclamando el derecho a decidir. Es cierto que en muchos casos detrás de esta pretensión no se esconde un convencimiento ideológico, sino tan solo un oportunismo electoral tendente a conseguir buenos resultados en aquellas Autonomías proclives al nacionalismo. Pero estos planteamientos puramente electoralistas se terminan pagando.

Especial tristeza produce -por lo menos en aquellos que en otros tiempos defendimos a los sindicatos y tanto colaboramos con ellos- escuchar al actual secretario general de UGT abogar por el derecho a decidir de las regiones ricas para librarse de la política redistributiva. ¿Defenderíamos el derecho a decidir de los banqueros o de las empresas del IBEX acerca del montante de impuestos con los que deben contribuir a la Hacienda Pública? En honor de la verdad hay que decir que lo que José María Álvarez tiene es un buen cacao mental. Lo demostró el otro día en la entrevista que le hizo Alfredo Menéndez en “Las mañanas de Radio Nacional”. Al tiempo que se reafirmaba en su postura a favor del derecho a decidir, negaba que propugnase el derecho de autodeterminación. Y cuando uno de los tertulianos, Paulino Guerra, le señalaba la contradicción que tal postura implicaba, salía por peteneras poniendo como ejemplo que se había negado el derecho a decidir a los catalanes cuando, tras haber aprobado en referéndum el Estatuto, algunos de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional.

El derecho a decidir es tan solo un eufemismo empleado por los nacionalistas para evitar referirse directamente al derecho de autodeterminación -en realidad, derecho a la secesión- al ser conscientes de que la ONU restringe tal derecho a los territorios coloniales o a aquellos que formando parte de un Estado no democrático son explotados política y económicamente. Es difícil tener como no democráticos a Alemania o a España (al menos con los cánones que hoy rigen en Occidente y con los principios sancionados por la ONU), pero mucho más considerar que Baviera o Cataluña son regiones oprimidas.

En sentido estricto, todos tenemos derecho a decidir en muchos asuntos pero nos está vedado, de manera individual o colectiva, en otros si la persona o el colectivo no tienen competencia para hacerlo. Y ello de ninguna manera significa falta de democracia o de libertad. Por ejemplo, individualmente no puedo decidir aquellas cuestiones que pertenecen a mi comunidad de vecinos o incluso las que se refieren en exclusiva a mi piso pero pueden perjudicar al resto del vecindario. Los residentes de la Gran Vía de Madrid no les es dado prohibir o permitir el tráfico en esta calle, al igual que a los empadronados en la ciudad de Zaragoza disponer acerca de si se debe o no consentir el paso del AVE por su término municipal, ni a los ciudadanos de Tarragona si quieren separarse de la Comunidad de Cataluña.

En un Estado democrático cada individuo y cada colectivo tienen derecho a decidir de acuerdo con el ámbito de sus competencias definidas por el marco legal, pero no tienen derecho a establecer aquellas cosas que corresponden al derecho a decidir de un ámbito superior. La sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos artículos del Estatuto catalán (y que tanto preocupaba al secretario general de la UGT) en absoluto violó el derecho a decidir de los catalanes. El Tribunal definió tan solo en el ejercicio de sus funciones aquello que podía acordar unilateralmente Cataluña y aquello que, por pertenecer al ámbito de decisión de todos los españoles (incluyendo a los catalanes), no podía establecer en solitario. En especial, las que implican un cambio constitucional.

De existir una postura antidemocrática no está en la sentencia del Tribunal Constitucional ni en el de aquellos que interpusieron el recurso, sino en el de los políticos que condujeron a la sociedad catalana a votar un texto inconstitucional y sobre el que, por tanto, no podía decidir, puesto que la decisión corresponde a todos los españoles, y no de cualquier manera, sino siguiendo los cauces que la propia Constitución determina. El Tribunal Constitucional alemán mantiene ahora -como no podía ser de otro modo- la misma doctrina aplicada a Baviera. Por lo visto, Alemania también judicializa la política.

Republica.com 13-1-2017