ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

En días pasados con ocasión de las Jornadas de primavera del FMI se reunieron en Washington los ministros de Economía y los presidentes de los Bancos Centrales del G-20. Sobre estos foros sobrevolaron como pájaros de mal agüero el Brexit y la posible aplicación de las fanfarronadas que Trump lanzó en la campaña electoral y que continúa manteniendo en la actualidad. Ambos factores se inscriben dentro de lo que el FMI y el discurso hasta ahora oficialmente hegemónico en la escena internacional consideran graves amenazas a la marcha futura de la economía mundial.

Así y todo, el FMI en sus previsiones de primavera ha elevado la tasa de crecimiento mundial previsto y ha concedido al Reino Unido el privilegio de ser el país entre los desarrollados cuyas previsiones de crecimiento para 2017 se han revisado más al alza -0,5 puntos-, con lo que, al menos implícitamente, se desmiente que el efecto del Brexit vaya a ser tan catastrófico para su economía como se pensaba, al menos en 2017. El Fondo considera que el efecto se trasladará a 2018 y siguientes. Puede ser, sin embargo, que según se vayan acercando esos años se reconozca que todo ha sido un espejismo y que tampoco en ellos el resultado acabe siendo tan negativo.

Respecto al nuevo Gobierno estadounidense, el G-20 no sabe a qué carta quedarse. La mayoría de los participantes piensan que hoy por hoy las amenazas de Trump han quedado solo en palabras y confían en que no aplique su programa electoral, al menos en todo lo que hace referencia a las restricciones a los mercados. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que ejerció de anfitrión, puesto que Alemania ostenta la presidencia rotatoria, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y manifestó su confianza en que primará el entendimiento y en que no habrá confrontación en materia de comercio con EE.UU. en la próxima cumbre que se celebrará este verano. Nadie quiere creerse -y menos que nadie Alemania, la gran beneficiaria de la situación actual- que Trump vaya a cumplir sus promesas de la campaña electoral, pero lo cierto es que la condena al proteccionismo desapareció del comunicado final en la pasada cumbre por la oposición de EE. UU.

En ese intento por desembarazarse de estos fantasmas son muchos los que quieren ver una diferencia entre el comercio justo que proclama todos los días Trump y las políticas proteccionistas. La misma Christine Lagarde en una entrevista concedida a varios medios se afianzaba en esta idea: “Cuando EE. UU. pide comercio justo algunos traducen automáticamente: ¡Oh, riesgo de proteccionismo! Pero la idea de un comercio libre, justo y global, va en la buena dirección. En las reuniones de primavera del FMI hay que sentarse y discutir qué es comercio justo”. Lo cierto es que Trump parece que tiene muy claro, si no lo que es, sí lo que no es. Arremete fuertemente contra Alemania y China por el ingente superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente que ambos países mantienen, en especial Alemania, y considera insostenible esa situación, además de perniciosa para los intereses de EE. UU. y de sus ciudadanos.

En este asunto a Trump no le falta razón. El 17 de noviembre del año pasado mantenía yo en este diario digital que todos somos proteccionistas, ya que hay muchas formas de serlo. El proteccionismo no se reduce exclusivamente a establecer contingentes y aranceles. Las contiendas comerciales pueden adquirir también la forma de una guerra de divisas. El actual presidente de EE. UU. acusa a China y a Alemania de obtener beneficios al mantener un yuan y un euro artificialmente devaluados frente al dólar. La primera, por el especial control de la economía que ejerce el gobierno de Pekín, y la segunda, por ser también la moneda de todos los componentes de la Eurozona, lo que origina que para la economía alemana el tipo de cambio esté infravalorado, mientras que permanece sobrevalorado para casi todos los demás miembros.

Pero existe otro tipo de proteccionismo mucho más sibilino pero que practican casi todos los países, el de obtener competitividad frente al exterior no mediante el incremento de la productividad, sino por el abaratamiento de los costes sociales, laborales y fiscales (una especie de devaluación interior), lo que incrementa la desigualdad. No es extraño por lo tanto que los que se sienten perjudicados aboguen por otro tipo de proteccionismo que no recaiga sobre sus espaldas. Los mandatarios internacionales empiezan a vislumbrar el problema. Aunque parezca paradójico, el FMI lo viene insinuando desde hace ya tiempo, colocando la desigualdad social como el mayor peligro de cara a la globalización y a los mercados internacionales.

Schäuble destacó en la reunión del G-20 la necesidad de defender lo que denominó un nuevo crecimiento “inclusivo”, que no excluya a amplias capas de población de las ventajas resultantes del crecimiento económico y que espante, por consiguiente, el fantasma de las guerras comerciales. «Mucha gente siente que no se beneficia del crecimiento y la globalización, tenemos que encararlo. De lo contrario, veremos más proteccionismo», afirmó. Este proteccionismo, añadió, “sería nefasto para la economía mundial”. Se le olvidó decir que especialmente para Alemania.

La incongruencia, sin embargo, se manifiesta en que los mandatarios no renuncian a la política que causa la desigualdad y en que parecen esperar que se reduzca de manera espontánea y sin corregir ninguna de las medidas que la han ocasionado. Alemania y otros países del norte de Europa no están dispuestos a enmendar su superávit exterior, que tanto daña a otros países de la Eurozona y que obliga en cierta medida a sus gobiernos a instrumentar políticas muy duras para sus ciudadanos, en particular para las clases bajas. El FMI, que lleva tiempo denunciando el peligro que para la economía mundial puede representar el incremento de la desigualdad, continúa aconsejando la misma política y las mismas medidas que la causan.

La propia Christine Lagarde en la entrevista citada, tras alabar al Gobierno español por la política realizada y las reformas acometidas, amén de ponderar los esfuerzos que han hecho los españoles, plantea, con la excusa de la dualidad del mercado de trabajo, la necesidad de una nueva reforma laboral que, por supuesto, significaría una nueva vuelta de tuerca en contra de los derechos de los trabajadores.

Nuestro país, ciertamente, presenta en la actualidad una tasa de crecimiento, junto con EE. UU. y Gran Bretaña, de las más altas de los países desarrollados, y ha cerrado 2016 con un superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente del 2%, dato en extremo importante si queremos ir amortizando la deuda externa. Pero todo ello se ha debido, aparte de a factores externos como el abaratamiento del petróleo, al profundo sacrificio de una buena parte de la población. Sangre, sudor y lágrimas. En el futuro es totalmente improbable que se produzcan los mismos factores exteriores, más bien su evolución será la contraria; ni tampoco los ciudadanos estarán dispuestos a someterse al mismo grado de padecimientos; Es lógico que reclamen otro tipo de proteccionismo del cual no sean ellos las victimas.

Se quiera o no, un cierto proteccionismo, por mucho que hoy su solo nombre haga temblar al pensamiento económico oficial, se irá imponiendo. Una porción importante de la población de los países desarrollados concibe ya la globalización como una carga de la que hay que huir. En las elecciones presidenciales francesas celebradas el pasado fin de semana, más del 40% de los franceses votaron a formaciones que, aunque mantienen posiciones antagónicas en otros temas, coinciden en rechazar la globalización y la UE. Ante esta perspectiva, son muchas las voces que comienzan a proclamar que si se quiere controlar la situación, los beneficios deben repartirse. En realidad es un brindis al sol. Empresa imposible. Al margen de las buenas intenciones, en la propia esencia de la globalización y de la libertad absoluta de los mercados se encuentra incrementar la desigualdad. No puede ser otro el resultado cuando el poder político democrático abdica de sus competencias y concede la supremacía a los mercados.

Republica.com 27-4-2017

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Presupuestos para 2017 que deberá discutirse y aprobarse en las Cortes, siempre que con el concurso de otras formaciones políticas se suscite una mayoría suficiente. Entrará en vigor con cierto retraso, más o menos a mitad de año. Algunos viven como una tragedia la ausencia de un presupuesto (en realidad, siempre hay presupuesto, aunque sea el del año anterior prorrogado). Sin embargo, quien conozca con cierto detalle y a fondo las cuentas públicas concederá bastante menos relevancia a su no aprobación.

Para un gobierno, en tiempo de recortes como el actual y, en presencia de cierta expansión económica no le resulta nada incómodo un presupuesto prorrogado. Los ingresos aumentan o al menos, deberían aumentarse al mismo ritmo que el PIB nominal (incremento real más inflación), mientras que, al haberse prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, la mayoría de los créditos permanecen congelados, con lo que el control del déficit, objetivo principal de la política de austeridad, impuesto por Bruselas, resulta más sencillo y más fácil de justificar por el Ejecutivo.

Por otra parte, el presupuesto goza de una gran ductilidad. El Gobierno posee un importante margen de maniobra para realizar modificaciones presupuestarias, transferir créditos de una a otra partida. Hace ya bastantes años que un abogado del Estado con amplia experiencia en la elaboración del presupuesto lo definía con cierta chirigota como un solo crédito y ampliable.

Se entiende por tanto que desde el punto de vista económico y administrativo el Ejecutivo no tenga demasiada dificultad en funcionar con un presupuesto prorrogado; es más, hasta es posible que le resulte más sencillo y le sirva como pretexto para no acometer determinadas tareas o para justificar ciertos recortes por los que de otra manera sería fuertemente criticado.

Otra cosa muy distinta es el ámbito político y el de las apariencias, ya que es bien sabido que las cosas no son como son sino como aparecen, y en la opinión pública está muy extendida la tesis de que para todo gobierno es un baldón no aprobar los presupuestos, tópico que va unido a otro mantra, el de que el documento presupuestario es la expresión de la política económica del Ejecutivo, lo que no es exacto. En primer lugar, porque las opciones y variaciones existentes no son demasiado numerosas, dados los compromisos ya contraídos y las obligaciones impuestas por Bruselas; y, en segundo lugar, porque puede existir una distancia significativa entre el proyecto inicial y la ejecución a final de año.

Es muy posible que sea por esta razon política por la que el Gobierno de Rajoy esté empeñado en aprobar los presupuestos y por lo que el PSOE eluda entrar en la negociación, con lo que el acuerdo, de haberlo, sería con Ciudadanos, PNV y los canarios. Por ahora no han trascendido demasiado las negociaciones con nacionalistas y regionalistas. Lo único que se conoce es el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, por cierto nada bueno y que va a complicar más los problemas que en la actualidad presentan nuestras finanzas públicas. En estos momentos el déficit de nuestro país es de los más altos de la Unión Europea y existe una responsabilidad evidente, la insuficiencia de recaudación del sistema tributario acentuada a partir de 2008. La presión fiscal de España es de las más bajas de Europa.

Dado el nivel de deuda pública acumulado durante la crisis, si se quiere mantener una administración eficaz, unas infraestructuras y unos servicios públicos adecuados, y dar respuesta a las necesidades sociales, es imprescindible incrementar la recaudación. De ahí que sea una mala noticia el compromiso adquirido entre el Gobierno y Ciudadanos de no elevar los tributos, especialmente el IRPF, por mucho que esa información pueda agradar a algunos tertulianos y demás elites económicas y mediáticas.

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos conserva la misma línea de deflación competitiva de la etapa anterior. Su finalidad es abaratar los costes laborales y fiscales a los empresarios. Se mantienen e incluso se incrementan las bonificaciones y exenciones en las cotizaciones sociales y se establece el llamado complemento salarial, que viene a ser una subvención implícita a los empresarios, orientado a reducir los costes salariales. La contrapartida de todo ello es, por una parte, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y, por otra, la reducción sustancial en estos presupuestos de los recursos destinados a infraestructuras, con lo que se ha iniciado una guerra entre Comunidades, ya que todas se sienten maltratadas en esta partida por el Gobierno central.

Así y todo, existe la sospecha de que los números no cuadran y de que los ingresos están sobrevalorados aproximadamente en 8.000 millones de euros. El hecho, desde luego, no es nuevo. Desde 2008, año tras año, en todos los ejercicios se ha producido una fuerte desviación entre la cuantía de los ingresos presupuestados y la de los que finalmente se recaudan. Las opciones son claras: o bien los encargados de realizar las previsiones en la Secretaría de Estado de Hacienda fallan más que una escopeta de feria o se está inflando a propósito la cifra estimada en los presupuestos, a efectos de que el déficit cuadre en el proyecto inicial.

Republica.com 20-4-2017

Ante la ofensiva etarra, prevaleció siempre, aun en los tiempos más duros, un principio de consenso: “La violencia no puede tener premio”. Si en los distintos procesos de negociación, en algún momento, uno u otro gobierno, hubieran tenido la tentación de hacer concesiones políticas, nunca se habrían atrevido a reconocerlo públicamente. La razón es evidente, recompensar la violencia es un incentivo para que esta se multiplique.

No cabe, ciertamente, comparación alguna entre la insurrección que está ocurriendo ahora en Cataluña y la ofensiva etarra que se produjo en el pasado. Hay un salto cualitativo, la violencia. No obstante, la consigna anterior debería aplicarse también a aquellos que desobedecen las leyes y se sublevan contra la Constitución. En ningún caso estas actitudes pueden hacerse acreedoras a un premio. Ello cuestiona en buena medida ese discurso tan generalizado de que son precisos el diálogo y la negociación entre el Gobierno central y los insurrectos, añadiendo en ocasiones el estribillo de que no se puede judicializar la política, como si el Estado de derecho, es decir, el sometimiento igualitario a la ley, no fuese la primera premisa de la actividad política.

Ese discurso está tanto menos justificado en cuanto que los secesionistas sobre lo único que están dispuestos a negociar es acerca de la manera en que se viola la Constitución y de cómo se priva a la totalidad del pueblo español de la soberanía que solo a él pertenece. Por otra parte, la negociación y el diálogo se entienden siempre como fuente de concesiones, concesiones que son unilaterales, porque cualquier acuerdo con el nacionalismo se plantea en todas las ocasiones de más a más y nunca de más a menos.

Es la cultura cristiana que subyace en el inconsciente del pueblo español la que quizás lleve a utilizar la parábola del hijo pródigo en muchas facetas de la vida en las que no resulta aplicable. La parábola puede tener pleno sentido en los discursos teológicos del catolicismo y aun con más razón en los del jansenismo, en los que impera la gratuidad de la gracia y el hombre no tiene ningún derecho frente a Dios, todo es graciable, de manera que la divinidad puede actuar, al igual que el padre de la parábola, con total libertad a la hora de gratificar a sus hijos. Tales patrones, sin embargo, no son aplicables en el ámbito secular, por ejemplo en las relaciones del Gobierno central con los Gobiernos autonómicos, que están sometidas al principio de la equidad y en las que las concesiones injustificadas que se hacen a una Comunidad Autónoma van en detrimento de las otras.

Bajo la presión de ese discurso que pide diálogo y concesiones, Rajoy ha ido a Barcelona a prometer 4.200 millones de euros de inversión pública en Cataluña para acometer a lo largo de esta legislatura, lo que significa algo más de 1.000 millones de euros anuales, promesa que sin duda va en perjuicio de las otras Comunidades, que van a recibir una cantidad claramente inferior. El victimismo de la Generalitat no tiene ningún fundamento. Casi no merece la pena emplear tiempo en refutarlo. A simple vista nadie puede creerse que Cataluña esté discriminada negativamente con respecto a otras Autonomías. Solo hay que recorrer Extremadura, Galicia, Castilla o Andalucía para desmentirlo. Pero es que incluso las Comunidades que podrían considerarse más privilegiadas han sido peor tratadas que Cataluña. Recientemente se ha publicado un informe en el que se muestra que en el periodo 2006- 2015 Cataluña ha recibido 8.500 millones de euros, el 18% de toda la inversión del Ministerio de Fomento, una cantidad superior a la que reciben Madrid, Valencia y el País Vasco conjuntamente, y tres veces la que recibe la Comunidad de Madrid.

Se dice que la negociación y el diálogo son imprescindibles para solucionar el problema de Cataluña. El problema, de haberlo, no es de Cataluña sino del nacionalismo catalán, como ya apuntó Ortega y Gasset en su memorable intervención en las Cortes españolas a propósito de la aprobación del primer Estatuto, allá por la Segunda República. Pero es que, además, nadie ha dicho que el problema sea soluble. Tal como demuestra la Historia y defendió el filósofo español en aquella ocasión, el problema no puede resolverse sino que tan solo “se pueden conllevar”: “…y al decir esto, conste que significo con ello, no solo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y tal vez habría que añadir que unos catalanes se conlleven con los otros catalanes.

Pretender solucionar el problema del nacionalismo catalán a base de concesiones es de una gran ingenuidad. Bien lo experimentó el propio Azaña quien, después de ser un defensor acérrimo del Estatuto catalán, se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de su deslealtad; primero cuando Companys, aprovechando la revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán, y más tarde por el comportamiento de la Generalitat en plena guerra civil.

El nacionalismo no tiene solución porque por su propia esencia es insaciable. Cada nueva concesión para lo único que sirve es para fortalecerlo y darle nuevas posibilidades de reclamar nuevas concesiones. En la Transición se elaboró la Constitución pensando en parte en el nacionalismo, creyendo ingenuamente que así se solucionaba el problema. Se estableció un régimen mucho más generoso que en la II República. Lo cierto es que no solo no se resolvió el problema sino que se crearon otros catorce o quince, uno por cada Comunidad. A lo largo de estos cuarenta años se ha visto que el proceso no tiene fin y que por mucha autonomía que se conceda las reclamaciones continúan. En la actualidad, el nacionalismo y el independentismo han adquirido una nueva dimensión en Cataluña: la insurrección, insurrección planteada desde las más altas instancias de la Generalitat, lo que la convierte en un golpe de Estado encubierto.

Es un espejismo creer que los golpistas van a ceder en sus intenciones a base de diálogo y negociación. Tampoco puede argüirse que las concesiones van encaminadas a convencer al resto de la población de Cataluña y no a los secesionistas, porque -quiérase o no- siempre se interpretará que si se concede a Cataluña un trato de favor es precisamente por la postura subversiva que adopta el Gobierno de la Generalitat. Es difícil no pensar que se está premiando la insurrección.

Republica.com 6-4-2017

En aquellos años del felipismo, evocados con nostalgia por algunos, cuando muchos pensábamos que el PSOE había derivado hacia el neoliberalismo económico y surgían multitud de voces críticas acerca de la política económica que se estaba aplicando, dos conspicuos miembros de este partido, Ludolfo Paramio e Ignacio Sotelo, aunque amigos, con profundas divergencias ideológicas -oficialista el primero, crítico el segundo-, decidieron de común acuerdo escoger cada uno un grupo de economistas afines para mantener un debate de fin de semana.

Integrado en el equipo de Ignacio Sotelo, escuché entonces de boca de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, encuadrado a su vez en el bando de Paramio, la definición del término socialismo más delirante, pero al mismo tiempo más inmovilista, que hasta entonces había escuchado: “Socialismo es lo que hacen los socialistas”. Es decir, no cabía crítica alguna frente a la política económica que se estaba aplicando; puesto que la realizaban los socialistas, era socialismo.

Por más sorprendente que resulte esta definición, lo cierto es que ha estado en vigor durante muchos años y ha orientado la actuación del PSOE en múltiples ocasiones. Es más, quizás con una formulación no tan clara, se ha aplicado también en muchos países a la doctrina socialdemócrata. Se piensa que socialdemocracia es lo que hacen y profesan los partidos socialdemócratas. Así, por desgracia, en el imaginario colectivo se ha condenado a esta ideología a seguir el destino de los partidos de igual nombre, de tal manera que el fracaso de estos en casi todos los países se ha interpretado como la muerte también del ideario correspondiente.

Al menos en España, ha surgido en esta última época otra definición de socialismo, tanto o más disparatada que la anterior: “Socialismo es lo que se opone a la derecha”. Pedro Sánchez, tal vez por intereses personales, la ha puesto en circulación con su “no es no”, pretendiendo con ello trazar un “cordón sanitario” alrededor del PP, pero en realidad condenando a su partido a la más pura inactividad. No es de extrañar que durante su etapa al frente del PSOE este haya ido perdiendo posiciones en el espacio electoral.

Metodología errónea es el intento de definir las cosas por lo que no son en lugar de por lo que son. Tan solo hay, según parece, una excepción. Los teólogos lo aplican a la idea de Dios, pero en este caso no se trata de una verdadera definición. Definir un partido por contraposición a otro le priva de autonomía e iniciativa, condenándole al papel de permanente oposición, estatus en el que únicamente tal estrategia puede realizarse.

De hecho, cuando el PSOE ha estado en el gobierno ha coincidido con la derecha en muchos más aspectos de los que le gustaría reconocer. No podía ser de otra manera, tanto más cuanto que aceptó la integración en la Unión Europea y especialmente en la Unión Monetaria. Sin duda, el Gobierno de Zapatero constituyó una buena muestra de ello, pero también el de Felipe Gonzalez desde el momento en el que dio su aquiescencia a Maastricht y a lo que llamaron condiciones de convergencia, fiel anticipación de lo que después serían las políticas de austeridad de la Eurozona. El mismo Pedro Sánchez, si hubiese conseguido ese sueño de llegar al gobierno, se hubiese visto impelido a este tipo de políticas, en especial si su investidura se hubiese realizado con la participación de Ciudadanos, del PNV y del Partido Demócrata Catalán (PDC), prolongación de Convergencia. El antagonismo de Pedro Sánchez no parece que se refiera sin más a la derecha, sino a una determinada derecha, la del PP, aunque otras formaciones como la de Ciudadanos o el PDC sean tanto o más conservadoras.

La ideología y el programa de un partido no pueden definirse por la mera oposición a otro, sino por un conjunto de ideas y medidas que prefiguran la acción de gobierno y las reformas que instrumentaría si alcanzase el poder. Bien es verdad que las medidas y las reformas deben acompasarse a las circunstancias y a las condiciones existentes. Antiguamente los partidos de izquierdas distinguían entre el programa sin más (se entendía que a corto plazo) y el programa máximo, es decir, aquel diseño de la sociedad que se consideraba inviable de conseguir en aquel momento, pero al que no se renunciaba y que servía de objetivo asintótico en la tarea de ir removiendo poco a poco los obstáculos que en ese momento lo convertían en inalcanzable. No sería mala cosa que se retornase a costumbre tan higiénica; a no ser que los partidos de izquierdas hayan renunciado ya a tener programa máximo.

Cuando los resultados electorales obtenidos por una formación política no le permiten gobernar, no se puede pretender que se aplique no ya su programa máximo, sino ni siquiera el del corto plazo (incluso aunque se hayan ganado las elecciones, si no ha sido con mayoría absoluta, tampoco se puede pretender aplicar la totalidad del programa); pero no por eso se tiene que renunciar a todo logro político y a encerrarse en una oposición total y estéril. De la pericia de sus dirigentes depende, a través de la negociación y del pacto, conseguir introducir en la acción de gobierno el mayor número posible de los elementos de su programa o evitar que se apliquen algunas de las medidas que desde su ideología se consideran perniciosas.

La gestora del PSOE parecía haber entendido esta estrategia consiguiendo por ejemplo la subida del salario mínimo en un 8%. Cuando los seguidores de Pedro Sánchez argumentan que Rajoy podría haber conseguido la investidura con otras minorías como por ejemplo la del PNV, parece que en realidad no les importa que gobierne el PP con tal de que el PSOE no incurra en lo que consideran que es mancharse las manos.

La celebración de primarias y la táctica de Pedro Sánchez de identificar socialismo con la oposición radical al PP han originado que el PSOE se haya inhibido de la negociación presupuestaria, renunciando así a la posibilidad de modificar el proyecto de presupuestos introduciendo algunas medidas de su propio programa, tal como la de la actualización de las pensiones con el IPC o al menos la aplicación de un incremento superior al previsto del 0,25%. Además, deja el campo libre para que otras formaciones políticas como Ciudadanos puedan incorporar a los presupuestos medidas tan reaccionarias como la del complemento salarial (subvención encubierta a los empresarios) o la prohibición de subir el IRPF. Incluso, la inhibición del PSOE deja una vez más a los nacionalistas y regionalistas (en este caso el PNV y los canarios) en el papel de árbitros de la situación, con lo que se romperá de nuevo la equidad territorial.

Resulta difícil mantener que la cerrazón total del “no es no” constituye una postura más de izquierdas que la de la negociación. Cuando el PSOE debe demostrar que es un partido de izquierda es cuando gobierna, por haber ganado las elecciones. Cuando ha perdido las elecciones y el partido es minoría no le conviene identificar socialismo con sectarismo.

republica.com 14-4-2017

La actuación de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo está colmada de toda clase de errores y del más puro sectarismo. Su único mérito radica en haber sido palmero de Wolfgang Schäuble en su cruzada a favor de las medidas restrictivas y de ajustes de todo tipo. Pero, en esta ocasión, se ha pasado tres pueblos. No ha dudado en insinuar que los países del Sur gastan las ayudas que reciben de la Unión Europea (UE) en copas y en mujeres. Lo más patético del tema es que achaca el exabrupto “a su estilo directo, propio de la cultura calvinista y de la sinceridad holandesa”. Flaco favor hace a sus compatriotas holandeses, y dice mucho del grado de deterioro en el que han caído en la actualidad los partidos que se hacen llamar socialdemócratas, pero en los que todo parecido con la verdadera socialdemocracia es mera coincidencia.

Es difícil entender cómo a estas alturas continúa todavía siendo presidente del Eurogrupo, incluso cuando su partido ha sufrido una auténtica debacle electoral, y también es inconcebible que todos los mandatarios de los países del Sur no hayan pedido por unanimidad su dimisión. La única explicación factible es que a Merkel le vienen muy bien halcones como este para poner al frente de las instituciones comunitarias, y que paradójicamente la mayoría de las autoridades de los países deudores profesan un penoso seguidismo y no son capaces de unirse y plantar batalla al Gobierno alemán y a los de sus países satélites.

La gravedad de las palabras de Jeroen Dijsselbloem estriba en que, por desgracia, son bastante representativas de lo que piensa una buena parte de las sociedades del Norte. A los ciudadanos de estos países se les ha inculcado el mito de que los problemas actuales de la Unión Monetaria (UM) provienen del despilfarro y de la prodigalidad de los países del Sur, que han vivido durante años por encima de sus posibilidades y pretenden ahora que los contribuyentes europeos paguen sus deudas.

La realidad es muy distinta. La UE y la UM, mediante la libre circulación de capitales y la inamovilidad del tipo de cambio, han producido resultados muy desiguales, beneficiando en grado sumo a Alemania y a algún que otro país pequeño de su órbita, como Holanda, y perjudicando a todos los demás. Antes de la creación del euro, la renta per cápita de estos dos países perdía posiciones respecto a la media europea, mientras que a partir de la constitución de la UM las gana; tendencia contraria a la mayoría de los otros miembros de la Eurozona. En el caso de Holanda existe otro factor adicional, su condición de cuasi paraíso fiscal, que origina que una buena parte de su prosperidad obedezca a la competencia desleal que hace en materia fiscal al resto de los países.

Las actuaciones de las instituciones europeas no solo no están ayudando a reducir las divergencias económicas, sino que las están incrementando. Los rescates no brotan de un acto de generosidad ni son el resultado de la solidaridad de los países del Norte para con los del Sur; en realidad, constituyen un regalo envenenado, no son más que préstamos a un tipo de interés en muchos casos bastante oneroso que, lejos de ayudar al país en cuestión, se orientan a garantizar los créditos que los bancos alemanes y franceses concedieron de manera un tanto imprudente y que, de no estar en la UM, los acreedores recuperarían con pérdidas debido a la devaluación de la moneda.

La única solución lógica para evitar tales desigualdades pasa por el establecimiento de una verdadera unión económica en todos sus aspectos. La coherencia exige la creación de una hacienda pública común capaz de asumir una adecuada función redistributiva entre las regiones, una verdadera unión fiscal. Sin esa unión fiscal, la UM deviene imposible porque lo que ahora se está produciendo es una transferencia de fondos -quizá de cuantía similar- en sentido inverso, transferencia a través del mercado, opaca y encubierta, pero no por eso menos real. En contra de lo que mantiene el señor Jeroen Dijsselbloem, el mantenimiento del mismo tipo de cambio entre los países del Norte y los del Sur empobrece a estos y enriquece a aquellos; genera un enorme superávit en la balanza de pagos del país germánico mientras que en las de las otras naciones se provoca un déficit insostenible. Se crea empleo en los países acreedores y se destruye en los deudores.

Desde el inicio se tuvo conciencia de que la UM iba a incrementar las diferencias entre los países, y ante la falta de unión fiscal se pretendió sustituirla con el fortalecimiento de los fondos estructurales y la creación del Fondo de cohesión. Instrumentos totalmente insuficientes y desde el principio condenados al fracaso al no querer que el presupuesto de la UE sobrepasase nunca el techo del 1,24% del PIB global de la Comunidad, cantidad absolutamente ridícula si se compara con el presupuesto de cualquier Estado, por muy liberal que sea; lo que es tanto más cierto si se tiene en cuenta que en ese porcentaje están incluidos los gastos de la burocracia comunitaria y toda la política agrícola, ganadera y de pesca, que se lleva la parte del león de ese presupuesto.

No obstante, un montaje propagandístico bien orquestado ha magnificado las ayudas a todas luces escasas y a años luz de las transferencias que habrían de producirse si se hubiera constituido una unión presupuestaria y fiscal. Concretamente en España se ha creado un auténtico mantra alrededor de los fondos europeos y de la enorme cantidad de recursos que se han recibido de Europa. Tal mito se ha mantenido a base de una política inteligente de la UE que obligaba a publicitar la marca “Europa” en toda obra o actividad financiada aunque fuese parcialmente por dichos fondos, y a una propaganda interior empeñada en cantar las excelencias de la UE y de lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestra pertenencia a ella.

Nadie, por el contrario, se ha preocupado de explicarnos que buena parte de esos recursos habían salido antes de España. Los recursos de la UE no caen del cielo, sino de la contribución de todos los Estados miembros, entre los que se encuentra España. Los recursos recibidos de Europa hay que considerarlos por tanto en términos netos, y así tomados los que ha recibido España no han llegado por término medio anual al 1% del PIB. Por otra parte, los recursos han podido tener un efecto secundario negativo. Eran ayudas finalistas que debían ser invertidas en determinados objetivos, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades, no solo por la contribución realizada a la UE, sino también por la parte de la inversión o actividad que debía financiar la hacienda pública estatal. En muchas ocasiones, la elección no ha sido la más acertada. Eso explica, por ejemplo, el enorme desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas de ellas sin demasiada justificación, en detrimento de los gastos de protección social. Hay que añadir también que muchos de esos recursos vienen a compensar -y de forma no demasiado apropiada- las renuncias que en materia agrícola se han impuesto a determinadas producciones.

El sistema presupuestario de la Unión es, además, el peor de los posibles porque, amén de su escasa cuantía, no son los ciudadanos los que en función de su capacidad económica contribuyen y reciben las ayudas, sino los Estados, explicitando de forma automática los países que son receptores y contribuyentes netos. De esta forma, se da pie al victimismo, empleado amplia y hábilmente por Alemania y algún otro país del Norte, cuyos ciudadanos se sienten como paganos (buena prueba de ello es el exabrupto del presidente del Eurogrupo), cuando la instrumentación mediante impuestos propios de la Unión tendría un efecto redistributivo mucho mayor como resultado no de la generosidad de los países ricos, sino por la aplicación automática de un principio admitido, al menos en teoría, de forma indiscutible por los sistemas fiscales de todos los países, la progresividad en los impuestos que grava a los ciudadanos según sea su renta y de forma más que proporcional.

republica.com 31-3-2017

Hace más de un mes que se produjo el enfrentamiento entre Susana Diaz y Cristina Cifuentes a cuenta de la financiación de las Autonomías, y más concretamente de la conveniencia o no de armonizar la fiscalidad de las distintas Comunidades. En varias ocasiones me propuse dedicar mi artículo semanal a este asunto, pero otras cuestiones de actualidad reclamaron prioridad haciéndome dejar este tema para más adelante en la certeza de que continuaría durante mucho tiempo teniendo plena vigencia informativa. Esta semana lo abordo por fin, en el convencimiento de que continúa siendo plenamente actual, y de la mayor importancia.

La presidenta de la Junta de Andalucía y los líderes de otras cinco Comunidades Autónomas plantearon en la reunión de presidentes celebrada a mediados de enero la necesidad de armonizar los impuestos autonómicos. Resulta una petición manifiestamente lógica. Llevamos muchos años denunciando la ausencia de armonización fiscal en la Unión Europea, causa de que todos los sistemas tributarios de los países miembros vayan evolucionando hacia formas más injustas y regresivas, al estar sometidos los gobiernos al chantaje de las empresas y del capital. Parece coherente que, con más razón si cabe, exijamos esa armonización entre las Comunidades Autónomas de un mismo Estado.

Si las sociedades y algunas personas de elevados ingresos y riqueza cambian el domicilio de un país a otro en función de la presión fiscal y de la mayor o menor progresividad de los impuestos, con más facilidad se producirá la movilidad cuando se trata de regiones dentro del mismo Estado. En ambos casos es evidente que se puede producir un permanente chantaje del capital y una carrera competitiva que, si resulta grave entre países, tiene consecuencias mucho más negativas cuando se establece entre Comunidades Autónomas.

La cesión a las Autonomías de la capacidad normativa en algunos tributos amenaza con crear el caos en el sistema impositivo español y viene a añadir a la ausencia de armonización fiscal de la UE un factor más para desarmar la progresividad fiscal de los tributos. El argumento de la corresponsabilidad hace aguas tan pronto como se constata que a lo largo de los años las Comunidades han empleado siempre estas competencias para bajar impuestos progresivos, nunca para subirlos, generando entre ellas un competición muy dañina para la suficiencia de sus ingresos y el mantenimiento de sus servicios.

Bien es verdad que para el poder económico y para una parte de la derecha política esta competencia es muy provechosa porque termina reduciendo la presión fiscal y disminuyendo la progresividad del sistema. Cristina Cifuentes encarna ahora esta postura, ya que ha asumido la línea de conducta que durante años mantuvo Esperanza Aguirre, convirtiendo la Comunidad de Madrid en un cuasi paraíso fiscal en cuanto a gravámenes autonómicos se refiere. Tanto una como otra han argüido que con esta política se recauda más. Puede que tengan razón, pero les falta decir la causa, que no es otra que la de robar contribuyentes -y por lo tanto recaudación- a las otras Autonomías. La Comunidad de Madrid se convierte así en una especie de vampiro que basa su prosperidad fiscal en la pérdida de ingresos de otras Comunidades Autónomas. En realidad, la situación es similar a la que crean Holanda, Irlanda o Luxemburgo con respecto a los otros países de la Unión.

Si todas las Comunidades Autónomas adoptasen ese mismo patrón de comportamiento, ninguna saldría ganando y todas perderían recaudación, con el consiguiente deterioro de los servicios que deben suministrar a los ciudadanos. Los únicos beneficiados serían los contribuyentes con mayores rentas, puesto que los gravámenes que siempre se reducen son los progresivos tales como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. Entre los muchos errores que se cometieron al establecer el Estado de las Autonomías no fue el menor haber cedido a las Comunidades Autónomas los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Dos tributos que deberían tener una estructura uniforme en todo el territorio nacional y que constituyen piezas clave en la progresividad y equidad de un sistema fiscal.

Las exenciones que Comunidades como Madrid han establecido en el Impuesto de Sucesiones y en el de Patrimonio han distorsionado el sistema fiscal y han creado situaciones realmente injustas, tales como que la herencia y las donaciones se hayan constituido en el mejor instrumento para eludir el gravamen sobre los incrementos patrimoniales, que es la forma por la que tributan principalmente las rentas de capital.

republica.com 24-3-2017

El Banco de España ha publicado recientemente un dato de sumo interés que, sin embargo, ha pasado desapercibido. El saldo de la balanza por cuenta corriente en 2016 ha tenido signo positivo, casi el 2% del PIB. Su relevancia se encuentra en que ha sido precisamente el comportamiento negativo de esta variable el que nos ha precipitado a la crisis. Nuestro déficit exterior fue creciendo progresivamente de 2000 a 2008 hasta alcanzar en este último año cerca del 10% del PIB, cifra a todas luces temerario. La acumulación durante este periodo de saldos negativos se tradujo en un desorbitado endeudamiento exterior, haciendo extremadamente vulnerable nuestra economía a los movimientos de los mercados.

Una condición imprescindible para que España saliese de la recesión era cerrar esta brecha que estaba en el origen del problema. Lo primero era evitar que el endeudamiento continuase creciendo. La tarea no se presentaba fácil, puesto que la pertenencia a la Unión Monetaria (UM) nos impedía devaluar la moneda, que es la forma normal de equilibrar la balanza de pagos. Este camino estaba cerrado, por lo que las autoridades europeas y el Gobierno español dirigieron la mirada a la única vía posible en esas circunstancias, la de la devaluación interna.

Tengo que reconocer que era bastante pesimista sobre la eficacia de esta política y la posibilidad de equilibrar la balanza de pagos acudiendo únicamente a dicho procedimiento. Pero lo cierto es que ha funcionado; otra cosa muy distinta es el coste que ha habido que pagar por ello. Hay que admitir que un superávit en la balanza por cuenta corriente del 2% del PIB es un dato positivo desde el punto de vista macroeconómico, ya que asegura que al menos a corto plazo el sector exterior no va ser un factor de distorsión que estrangule el posible crecimiento.

Pero la corrección no ha sido gratuita. Como ya se ha señalado, no se ha conseguido por devaluación del tipo de cambio sino por devaluación interna, y esta tiene efectos infinitamente más negativos que la primera. Aun cuando se suele afirmar que consiste en la deflación de precios y salarios, lo cierto es en la práctica, dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios empresariales- todo se reduce a disminuir salarios. El planteamiento era de esperar. Fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería principalmente sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

La ventaja de la devaluación de la moneda es que perjudica a todos por igual y modifica únicamente la relación de precios interiores frente a los exteriores, pero deja intactos los precios relativos (incluyendo los salarios) en el interior. Todos se empobrecen en la misma medida frente al extranjero, pero no experimentan ningún cambio relativo en su capacidad económica respecto a los otros agentes internos.

La deflación competitiva, por el contrario, resulta totalmente injusta, ya que distribuye el coste de una manera desigual y caótica: afectará exclusivamente a los salarios y a aquellos empresarios, principalmente los pequeños y que carezcan de defensa, mientras que las grandes empresas que actúan en sectores donde la competencia no existe no solo no asumirán coste alguno, sino que incluso verán incrementar sus beneficios. Tampoco todos los salarios se comportarán de la misma manera ni se reducirán en la misma cuantía.

La comprobación empírica de lo dicho anteriormente la encontramos al ver cómo el coste de la actual crisis, por ejemplo en España, se ha repartido de manera asimétrica y desigual. La reducción de precios se ha conseguido a base de rebajar los salarios en un porcentaje mucho mayor. Los costes laborales unitarios en términos reales han descendido de forma continua, de manera que la distribución de la renta ha evolucionado en contra de la remuneración de los asalariados y a favor del excedente empresarial.

Paradójicamente, fue Milton Friedman el que ya en un texto escrito en el año 1958 y citado por Paul Krugman recientemente explicaba con una comparación curiosa lo difícil que resulta sustituir la devaluación de las divisas por la deflación de precios y salarios: “La defensa de los tipos de cambio flexibles es, por curioso que parezca, casi idéntica a la del cambio de hora en verano. ¿No resulta absurdo cambiar el reloj en verano cuando se podría conseguir exactamente lo mismo si cada persona cambiase sus costumbres? Lo único que se precisa es que cada persona decida llegar a la oficina una hora antes, comer una hora antes, etc. Pero, obviamente, es mucho más sencillo cambiar el reloj que guía a todas estas personas, en lugar de pretender que cada individuo por separado cambie sus costumbres de reacción ante el reloj, por más que todos quieran hacerlo. La situación es exactamente igual a la del mercado de divisas. Es mucho más simple permitir que un precio cambie —el precio de una divisa extranjera— que confiar en que se modifique una multitud de precios que constituyen, todos juntos, la estructura interna del precio.”

El ejemplo es, desde luego, pertinente. Nadie estaría dispuesto a cambiar su horario, al menos si no está seguro de que todos los demás lo harán en la misma medida. Ningún trabajador aceptará de buen grado una bajada de salario si piensa que los precios y los otros salarios no se van a reducir en idéntica medida; y ningún empresario reducirá sus precios si puede no hacerlo. No hay certeza de que la devaluación interior consiga siempre el objetivo perseguido de modificar la relación de precios internos-externos, al menos en la cuantía necesaria, pero lo que parece seguro es que modifica los precios relativos interiores, incluyendo los salarios, y que cambia la redistribución de la renta de una manera caótica, injusta y regresiva.

Además, la deflación competitiva, a diferencia de la devaluación, no afecta a los activos ni a los pasivos. Estos no sufren ninguna modificación. Así que todos aquellos que poseen deudas ven cómo se incrementan respecto a sus salarios. Por el contrario, todos los que acumulan riquezas serán más ricos en términos relativos. El monto de la deuda frente al exterior no se reducirá (cosa que sí ocurre en la devaluación monetaria), lo que resulta muy relevante para los países del sur de Europa, incluyendo España, enormemente endeudados.

El hecho de que España haya conseguido equilibrar la balanza de pagos por cuenta corriente es una buena noticia, pero que lo haya tenido que hacer mediante la deflación interna implica el haber pagado un alto precio por ello en términos de equidad y dejar casi intacto el endeudamiento exterior, lo que alimenta la incertidumbre frente al futuro. La demanda interna, además, se puede resentir al haber deprimido los salarios y mantener casi constante el endeudamiento de las familias mediante tasas negativas de inflación.

republica.com 17-3-2017

EL LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

El pasado 1 de marzo la Comisión presentó lo que ha titulado “El libro blanco sobre el futuro de Europa” que, como afirma el propio Juncker en el prólogo, pretende ser la contribución de la Comisión a la Cumbre de Roma del próximo 25 de marzo, en la que se rememorará la firma del Tratado que dio lugar al Mercado Común hace sesenta años. Se establecía así el intercambio libre de productos entre seis países, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que ya habían constituido en 1951 la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA). En realidad, lo que se creaba era exclusivamente una unión aduanera. Se acordó un periodo transitorio de doce años para el total desarme arancelario entre los países miembros, al tiempo que se implantaba un arancel común frente a terceros países. No se puede decir que los firmantes del Tratado adoptasen el libre cambio porque, si bien lo introducían dentro de las fronteras comunitarias, no lo establecían en sus relaciones con los restantes países.

El Tratado de Roma significó el triunfo de las tesis funcionalistas cuyo máximo representante fue Jean Monnet. El fracaso en 1954 de la Comunidad Europea de Defensa (CED) propuesta por Francia hizo patentes ya las dificultades y la casi inviabilidad de cualquier avance en la unidad política. Ante esta imposibilidad se adoptó la estrategia de desarrollar la unión económica en el supuesto de que más tarde y poco a poco se lograría la unión política. Se trataba, en definitiva, de iniciar un proceso en el que la paulatina integración económica fuera allanando el camino hacia el objetivo final de lograr la unión política, meta que se fijaba a largo plazo.

La historia ha demostrado que este gradualismo tenía un pecado original, el de ser asimétrico, avanzar solo en los aspectos comerciales, financieros y monetarios sin que apenas se diesen pasos ni en la integración política ni tampoco en las esferas social, laboral, fiscal o presupuestaria.

Los que desde posturas socialdemócratas apostaron por este gradualismo no fueron conscientes, o no quisieron serlo, de que tal asimetría conducía al imperio del neoliberalismo económico, ya que, mientras los mercados se integraban y se hacían europeos, los poderes democráticos, que debían servir de contrapeso y corregir sus errores y la injusta distribución de la renta, quedaban en manos de los gobiernos nacionales. Es más, no comprendieron que si bien las fuerzas económicas y las fuerzas políticas que las apoyaban tenían sumo interés en avanzar en los aspectos comerciales, monetarios y financieros, logrados estos no sentirían ningún aliciente, más bien todo lo contrario, para dar pasos en los aspectos políticos. Para las fuerzas económicas, la situación ideal es la integración de los mercados y la segmentación del poder político de manera que, recluido en los Estados nacionales, sea impotente para poner límites a los mercados y al capital.

El documento que ahora pomposamente se presenta como “Libro blanco sobre el futuro de Europa” participa del mismo vicio. Afirman que supone la contribución de la Comisión a tan egregio acontecimiento. Pobre contribución y triste futuro si es el que se dibuja en los cinco escenarios propuestos. Se suele decir que para dejar estancado un tema no hay como crear una comisión. En Europa podíamos hacer extensible el dicho a: cuando no se sabe qué hacer se escribe un libro blanco.

En 1986, la Comisión encargó un estudio encaminado a determinar el coste que significaba para Europa no haber adoptado todavía la plena movilidad de mercancías, servicios, capitales y mano de obra. El estudio, encargado a Paolo Cecchini y publicado bajo el título «Europa: 1992, una apuesta de futuro», pretendía cuantificar el coste de la no-Europa o, lo que es lo mismo, los beneficios que se seguirían de la integración. Bien, desde la óptica actual el contenido del libro parece ciencia ficción o más bien o un panfleto de propaganda. Es la misma propaganda a la que ahora se aferra la Comisión para predicar todo el desarrollo social, económico y tecnológico que se ha producido en Europa en estos sesenta años de la existencia y permanencia en la UE. Lo cierto es que ese desarrollo, o aun mayor, lo han experimentado también aquellos países que no pertenecen a la UE.

La Comisión se jacta en el libro blanco de unos de los mayores hándicaps que en la actualidad se ciernen sobre la UE, estar integrada por 28 miembros con características muy dispares. El Mercado Común se configuró inicialmente con seis países de características económicas muy similares. En los últimos veinte años a la UE se le abría una disyuntiva: crecer en extensión o en intensidad. Resulta evidente que escogió el primer camino, ampliando sustancialmente el número de países miembros, tal vez porque nunca estuvo en su proyecto tender hacia la Unión Política.

Por eso, los cinco escenarios que plantea el Libro blanco son más de lo mismo. A pesar de que solo a uno lo titulan “Seguir igual”, lo cierto es que las cinco alternativas con pequeñas variaciones se mantienen en la ambigüedad actual, en el nivel de inestabilidad en el que ahora se debate la UE y que no puede perdurar. La concepción que el Libro blanco presenta de la UE es la de uno de esos juegos de construcción en los que las piezas se pueden combinar de distinta manera para construir diferentes formas. Así se elaboran en el documento los distintos escenarios, juntando a su antojo los múltiples aspectos como si se pudiesen separar unos de otros y como si la integración de unas áreas no exigiese la unión de otras.

Tal como se afirma en el mismo Libro blanco, la UE se ha planteado siempre en términos de menos Europa o más Europa. Pero la opción de más Europa siempre ha seguido la misma línea, la de los aspectos comerciales, financieros y monetarios, pero sin avanzar apenas en la unidad política ni en materia fiscal ni presupuestaria. En los escenarios trazados en el informe, la opción maximalista “Hacer más conjuntamente” se encuentra lejísimos de una verdadera federación o confederación entre Estados, condición necesaria para que la UE pueda permanecer, pero al mismo tiempo un sueño imposible de alcanzar porque los países ricos nunca lo permitirán.

El escenario situado en el otro extremo, en el de menos Europa, titulado “Solo el mercado único”, participa del mismo grado de inestabilidad porque mantiene la libre circulación de capitales sin la necesaria armonización en materia fiscal, laboral y social. De todas formas, tiene el valor de que por primera vez desde las autoridades europeas se considera como alternativa la marcha atrás en el proceso europeo.

“Los que desean hacer más hacen más”. Así titula el Libro blanco el escenario que pretende materializar la Europa de las dos velocidades, puesta ahora de plena actualidad por la Cumbre celebrada el lunes pasado en Versalles por los cuatro grandes países de la Eurozona. No es la primera vez que se quiere ver en la Europa a la carta la solución a las contradicciones existentes. Vano intento. El problema no es de velocidad, sino de trayectoria, y el camino de la integración fiscal, presupuestaria y política están cegados y es la propia Alemania la que no está dispuesta a dar un paso en esa dirección. No se aceptan los avances más moderados, tales como algún tipo de mutualización de la deuda o la constitución de un fondo de garantía de depósitos europeo.

En cualquier caso, los cinco escenarios están construidos al igual que la UE actual sobre el puro voluntarismo político prescindiendo de las exigencias económicas y sociales, en la creencia de que las sociedades pueden ser moldeadas al antojo de una minoría y de que las leyes económicas se pueden violar sin consecuencias. Finalmente, la realidad siempre se impone. El engaño ha durado mucho tiempo pero al final las contradicciones surgen cada vez de manera más pronunciada. La publicación de libros como este indica bien a las claras que las autoridades europeas -y en gran medida, también las nacionales, continúan sin enterarse de nada.

Republica.com 10-3-2017