ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar inconstitucional la amnistía fiscal que, con el argumento de la delicada situación financiera por la que atravesaba la economía española, el Gobierno aprobó en 2012. La sentencia del TC se ha limitado a declarar la inconstitucionalidad de la medida por el procedimiento utilizado para aprobarla, mediante decreto-ley, sin entrar en el fondo del asunto, con lo que nos hemos quedado sin saber en qué medida y hasta qué punto las amnistías fiscales son compatibles con nuestra carta magna y, en todo caso, si lo son, qué condiciones deben cumplir, ya que no todas las amnistías fiscales son iguales.

España tiene una larga historia de amnistías fiscales. No obstante, siempre ha rondado por encima de ellas la sombra de la inconstitucionalidad, y todas las formaciones políticas desde la oposición las han condenado y criticado, aunque también recurrieron a su aprobación cuando estuvieron en el gobierno. El PSOE ha atacado con dureza al Gobierno de Rajoy por la que aprobó en 2012, incluso apelando al Constitucional, y cuando este la ha invalidado, anuncian que reprobaran al ministro de Hacienda. Pero dos años atrás, en 2010, Zapatero, ante las dificultades que se presentaban para financiar el déficit público, acarició la idea de una amnistía fiscal, materializada mediante la suscripción de una deuda pública especial a un tipo de interés muy reducido (tal vez negativo). En aquel entonces fue el PP el que se opuso, criticó al PSOE por la posible medida e impidió que se aprobase.

Estos días, con motivo de la sentencia del TC, los medios de comunicación han intentado recordar las distintas amnistías, muchas veces no con demasiado acierto, más bien con bastante confusión e inexactitudes. Es curioso que ninguno haya recordado la de 1977, quizás la mas importante y la que más justificación tiene. Desde luego, en este caso no se puede hablar de inconstitucionalidad puesto que la carta magna aun no se había elaborado.

La Ley 50/1977, de medidas urgentes en materia fiscal, aprobada en la línea divisoria entre la dictadura y la democracia, cumplía una necesidad evidente, la de poner los primeros ladrillos de una futura reforma fiscal, ya que el sistema tributario que provenía del franquismo era profundamente injusto y resultaba obsoleto. Al mismo tiempo, esta Ley constituía una pieza importante de los Pactos de la Moncloa, contrapartida de las cesiones realizadas por sindicalistas y partidos de izquierda en materia social y laboral. Se establecía el delito fiscal, se levantaba el secreto bancario y se creaba el impuesto de patrimonio; con todo ello y con la reforma de la administración tributaria se pensaba atacar la herencia que dejaba la dictadura de enormes bolsas de fraude. Para conseguir este objetivo se creyó conveniente poner el reloj a cero. De ahí la amnistía fiscal con una naturaleza bifronte, por una parte se incentivaba a los defraudadores para que regularizaran su situación tributaria y, por otra, se permitía a las empresas actualizar sus balances, actualización que constituye también una especie de amnistía al eximir de tributación las ganancias de capital acumuladas como plusvalías. Cuando se enumeran las amnistías fiscales todo el mundo se olvida de las múltiples actualizaciones de balances que se han aprobado a lo largo de estos años.

Las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos de UCD tuvieron, sin duda alguna, gran importancia. Fue un cambio sustancial, pero en ningún caso conviene magnificar sus efectos. La reforma resultó incompleta, sus criterios fueron tímidos, nada ambiciosos, y desató fuertes presiones en su contra por parte de los grupos de poder. La Asociación Española de la Banca Privada (AEB) se opuso desde el principio al levantamiento del secreto bancario, recurrió ante los tribunales las primeras actuaciones de la Hacienda Pública en esta materia y se negó a que las entidades financieras facilitaran los listados de las retenciones practicadas en las rentas de capital. El fallo del Tribunal Supremo terminó dando la razón al Ministerio de Hacienda, pero para entonces ya habían pasado seis largos años durante los cuales el dinero negro vivió en total impunidad.

Cuando el partido socialista llega al poder en el año 1982 el panorama, por tanto, no era demasiado halagüeño. Todo el sistema financiero era fiscalmente opaco y las rentas de capital podían evadirse sin ninguna dificultad, por lo que se imponía como una de las primeras medidas la de elaborar una ley sobre la fiscalidad de los activos financieros. En un principio, su finalidad era más bien modesta. Se intentaba tan solo hacer efectiva, con una nueva redacción más estricta y menos ambigua, la obligación del levantamiento del secreto bancario que ya aparecía en la Ley de Medidas Urgentes de 1977, pero que no se estaba aplicando al estar recurrida por la AEB. Pero tan pronto como se comenzó a profundizar en el tema se advirtió la inutilidad de hacer transparentes determinados activos, como los depósitos bancarios, si se mantenían opacos los demás. El fenómeno se venía observando tiempo atrás. Ante la eventualidad de que el poder judicial terminase dictaminando a favor de la Hacienda Pública, se fue creando toda clase de nuevos activos financieros con intereses implícitos, que recibían también el nombre de «al tirón» o «al descuento», y que, al no estar sometidos a la obligación de retener, difícilmente el fisco podría exigir más tarde el listado de las retenciones. Se imponía, por tanto, una concepción de la ley mucho más amplia y ambiciosa, que hiciese fiscalmente transparente todo el sistema financiero y que no permitiese ningún escondrijo para el dinero negro.

Pocas leyes como esta fueron objeto de tantas presiones en su elaboración. Se trajo a colación la huida generalizada de capitales que se podía producir. Hay que tener en cuenta, desde luego, el punto de partida. Unos mercados financieros totalmente opacos, donde el dinero negro alcanzaba cifras astronómicas. Convertir de golpe en transparente todo el mercado podía desatar una ola de pánico y originar un cataclismo financiero. La primera solución que se barajó fue la de conceder una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, la medida no se consideró indicada. La de 1977 estaba demasiado cerca y se corría el peligro de desprestigiar la lucha contra el fraude, al calar en la conciencia de la gente la idea de que cada cierto tiempo el Estado estaba dispuesto a practicar el «borrón y cuenta nueva».

La opción elegida fue la gradualidad. Se hizo transparente todo el mercado con una sola excepción: los pagarés del Tesoro. Con ellos se concedía al dinero negro un refugio provisional, pero solo provisional. El Estado se reservaba el monopolio de su emisión, con lo que podía ir reduciendo la cantidad de estos activos en circulación por el simple procedimiento de renovar a su vencimiento únicamente el número que considerase adecuado, en función de una planificación que a medio o largo plazo determinase su total desaparición. Al ser la demanda superior a la oferta, el tipo de interés estaría penalizado, es decir, sería inferior al de otros activos similares. Esta menor rentabilidad tendría como contrapartida el privilegio fiscal de la opacidad.

El affaire de los pagarés del Tesoro constituye uno de los casos en los que se puede observar mejor cómo los poderes económicos manipulan a la opinión pública de la manera más descarada. Se comienza afirmando la imposibilidad de hacer transparente todo el sistema financiero. Se cantan los enormes males que pueden seguirse para la economía española de tales medidas, el pánico financiero y la huida de capitales que pueden generar; pero cuando se instrumenta una solución tal como los pagarés del Tesoro, arremeten contra ella porque en realidad no se desea ningún arreglo, sino la simple permanencia del dinero negro y que las entidades financieras puedan continuar beneficiándose de él. De ahí la confusión en la que se ha mantenido en este tema a la opinión pública y a la opinión publicada (alguno llega a confundirlos con los AFROS que en la práctica nunca existieron) y que todo el mundo lo recuerde como un caso de amnistía fiscal cuando en realidad no lo es.

En principio, no puede tomarse como un caso de amnistía fiscal porque en ningún momento a los poseedores de los pagarés del Tesoro se les liberaba frente a la Hacienda Pública de la obligación de declarar. Si la administración tributaria detectaba por otros medios el capital y los ingresos ocultados, el que estuviese invertido en pagarés del Tesoro no constituía ningún eximente. Se trataba simplemente de hacer transparente a efectos fiscales todo el sistema financiero de una manera gradual. El Estado tenía en su mano la velocidad con la que acometer esta operación, desde el momento en que controlaba la emisión y por lo tanto la renovación de los pagarés. La amnistía fiscal solo se produce cuando el dinero negro se blanquea sin que se le grave y sancione. El dinero invertido en los pagares continuaba siendo negro, por lo que en sentido estricto no se puede hablar de amnistía.

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El Gobierno no usó los pagarés del Tesoro como una forma gradual de terminar con el dinero negro, sino como una manera de financiar el déficit público. De manera que, pasados los años, los pagarés no habían desaparecido, ni siquiera su montante se había reducido. En 1991 el Tesoro creaba una deuda pública especial que podía ser adquirida por los tenedores de pagarés del Tesoro y por otros contribuyentes con dinero negro. La tenencia durante cinco años de dicha deuda implicaba el blanqueo de los recursos invertidos en ella. Es aquí cuando se produjo verdaderamente la amnistía fiscal. Además, la idea fue tan ingeniosa que el dinero negro blanqueado, en realidad fue mucho mayor que el nominal de la deuda suscrita. La teoría económica tuvo que comenzar a estudiar un nuevo multiplicador, el del fraude. Con una pequeña proporción de deuda especial se podía cubrir un fraude muy superior, porque no era probable que la inspección detectase la cantidad total defraudada por un sujeto pasivo en los diferentes impuestos. La deuda servía de comodín a aplicar no a la cantidad defraudada, sino a la detectada por Hacienda. Era un mero juego de probabilidades.

Lo más chusco en esta ocasión es que, quizás para limpiar la conciencia, en la tramitación de la ley, el grupo parlamentario socialista introdujo una enmienda en la que se establecía que nunca jamás se realizaría una nueva amnistía fiscal. Montoro propone ahora a las otras fuerzas políticas igual desatino. Prohibir la amnistía por ley es un sinsentido, además de algo totalmente inútil, puesto que una ley se modifica, como hemos podido comprobar, por otra ley y no será la primera vez que el mismo Gobierno haya modificado, sin ningún rubor, normas que previamente había dictado.

Esta enumeración estaría incompleta si no nos refiriésemos (la mayor parte de los medios de comunicación -por no decir la totalidad- no la nombra) a una clase de amnistía que en múltiples ocasiones ha sido establecida, pero que casi siempre ha pasado desapercibida. Me refiero a las regularizaciones de balances de empresas y sociedades, mediante las cuales se les condona la tributación por las plusvalías generadas en una serie de años o bien se las grava con un tipo muy inferior al que deberían tributar. Una parte de la plusvalía puede deberse a la inflación, pero otra es ganancia real y queda igualmente libre de gravamen. No podemos olvidarnos de que las grandes y pequeñas fortunas de este país tienen la inversión materializada de una o de otra forma en sociedades.

Si las amnistías más clásicas inciden sobre el dinero negro, blanqueándolo, en la regularización de balances actúan sobre recursos transparentes pero a los que se les exime de los gravámenes que según la normativa les corresponden. No deja de ser curioso que el PSOE que ha puesto el grito en el cielo y ha recurrido al TC la amnistía de 2012, no haya dicho nada de la actualización de balances de ese mismo año y, que yo recuerde, tampoco de la acometida en 1996.

Comprenderán por qué digo que es una pena que el TC se haya quedado solo en la forma (decreto ley) y no haya entrado en el fondo del asunto. En el convencimiento de que la tentación de aprobar una amnistía fiscal va a seguir rondando a los gobiernos (incluso puede ser que se aprueben por los que ahora se rasgan las vestiduras), sería conveniente saber hasta dónde pueden llegar sin contravenir directamente la carta magna.

republica.com 23-6-2017

Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Se comenzaría por las subvenciones con la finalidad de introducir «posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto». El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018.

Es verdad que el Gobierno ya se había comprometido a tamaño desatino en el plan presupuestario y en el Programa de estabilidad 2017-2020, enviados a Bruselas. El origen parece estar en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. El acuerdo está lleno de estupideces, objetivos irrealizables y medidas más reaccionarias que las propias del PP. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa.

Solo así se puede hablar de una auditoría a todas las administraciones públicas (se supone que se incluyen organismos, entes, agencias, fundaciones y demás derivados, tanto del Estado como de todas las Comunidades Autónomas y los muchos miles de Ayuntamientos) y encomendar todo ello a un chiringuito como la AIReF, cuya existencia se debe únicamente a la pretensión de la burocracia de Bruselas de tener en todos los países tentáculos que puedan mantenerla informada de cuándo los gobiernos se desvían de lo que consideran ortodoxia. Los llaman organismos independientes, pero en realidad son bastante dependientes de Bruselas y de su política.

La propuesta de Ciudadanos y el plan que se acaba de aprobar, se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlos. Con las auditorías ocurre como con las comisiones, cuando no se sabe qué hacer con un determinado tema se crea una comisión, o se anuncia que se va a realizar una auditoría. Las comisiones de expertos (escogidos convenientemente) sirven de coartada al gobierno de turno bien para empantanar un asunto o bien para adoptar medidas impopulares tomadas ya de antemano. Los políticos, especialmente desde la oposición, cuando carecen de propuestas, de ideas y desconocen totalmente la materia, reclaman auditorías de las cosas más inverosímiles.

Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España y al de otras entidades financieras. El único personal especializado con el que cuenta es el prestado por la IGAE. Es tan desproporcionada la tarea a realizar con respecto a las características de las institución que no se puede evitar pensar que lo que en realidad se pretende es que no se llegue a ningún resultado excepto el de anunciarlo en la prensa.

La decisión contrasta con los medios e instrumentos, tanto personales como materiales, que posee el Estado dedicados a planificar, controlar y analizar el gasto público: Tribunal de Cuentas, Intervención general de la Administración del Estado, Dirección General de Presupuestos, Dirección General de Gastos de Personal, etc. Miles de funcionarios a los que parece considerarse inútiles para tal cometido a pesar de que la ley se lo encomienda. ¿Para qué sirve la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto Público? Habrá que preguntarse qué piensa el Secretario de Estado y si lo lógico no sería que dimitiese ya que el Gobierno no le considera capaz de cumplir su función; aunque, quizá, es que él, hasta ahora, tampoco se ha enterado de cuál es su papel.

El colmo de la petulancia es afirmar, tal como hacen los portavoces de la AIReF, que no existen precedentes y que por primera vez se auditan las subvenciones o el gasto de las administraciones públicas. La IGAE lleva más de 100 años fiscalizando el gasto público. No digo que siempre haya cumplido perfectamente su función, pero experiencia no le falta. Al menos desde el año 1982 viene realizando toda clase de auditorías sobre el sector público. Más de 300 anuales. Eso sin contar el control financiero que en los ministerios y en la mayoría de los organismos y entes públicos ejercen los interventores destinados en ellos.

Es verdad que el ámbito de todas estas auditorías ha estado siempre limitado el sector público estatal y en momentos puntuales a los ayuntamientos, cuando el Estado se ha tenido que hacer cargo de determinados gastos o deudas de las corporaciones locales. El Estado de las Autonomías creado en nuestra constitución impide ir más allá. Pero en cualquier caso parece que la IGAE sería la institución más apta para acometer lo mucho o lo poco que se pueda avanzar en este sentido, ya que viene elaborando las cuentas de las administraciones públicas (y recibiendo información de las instituciones periféricas) desde hace más de cuarenta años. Es posible que muchos, y me encuentro entre ellos, no estén conformes con que se haya troceado el Estado en 17 reinos de taifas, pero me temo que no cabe la vuelta atrás y que las distintas Autonomías no van a recibir con buena disposición la intromisión de la Administración Central en sus competencias.

¿Alguien puede imaginarse a la docena o docena y media de funcionarios de la AIReF, yendo a auditar las 17 Comunidades Autónomas, y los múltiples entes, organismos, fundaciones y empresas públicas que dependen de ellas, así como a los miles de ayuntamientos distribuidos por toda España? Todo ello suena chusco. Como chusco es que la AIReF se dedique a dar subvenciones. Quizás es de las actividades que primeramente ha abordado esta institución. Dinero para catedráticos y universidades. Muy propio, cuando no se sabe qué hacer se subvenciona a un tercero, a ver si nos saca del atolladero. Becas de formación y de investigación sobre el análisis de la estabilidad presupuestaria, y últimamente subvenciona también estudios para que le digan cuál es su función y cometido. Es comprensible que no la conozca. Pretende copiar también al Instituto de Estudios Fiscales. Se me ocurre que deberían empezar la auditoría que les encarga el Gobierno analizando su propia casa. A lo mejor descubrirían que sus subvenciones son superfluas y que su propia existencia es reiterativa de otros organismos con mucha más tradición en la Hacienda Pública española.

En todo caso, el problema del gasto público, de haberlo, no se encuentra en la ausencia de auditorías. Auditorías, estudios, memorandos, etc., hay más que de sobra. Lo que falta es la voluntad política de hacer caso a sus conclusiones. Los informes de la IGAE y de sus interventores delegados, con un gobierno o con otro, suelen dormir en alguna mesa de ministro o de secretario de Estado esperando tiempos mejores, y en muy pocas ocasiones tienen repercusiones prácticas. Incluso cuando como fruto de ellos se acometen reformas importantes, las presiones son tan fuertes que se termina desnaturalizándolas; buen ejemplo de ello es la vigente Ley de subvenciones, que al final perdió virtualidad práctica al excluir de su aplicación a las fundaciones públicas, con lo que se generó una importante vía de de escape para librarse de su cumplimiento. De las subvenciones se sabe casi todo; también la reticencia de políticos, partidos y gobiernos a someterse a procedimientos reglados y mucho más a la comprobación de los resultados.

No deja de ser curioso también que la mirada se centre en el gasto y no en los ingresos, cuando hay pocas dudas de que la dificultad para cumplir los objetivos de déficit se encuentra en la escasa suficiencia de nuestro sistema fiscal. Tal vez la razón de esta decisión haya que buscarla en los prejuicios ideológicos del PP y sobre todo de Ciudadanos acerca de la maldad intrínseca del gasto público y de los impuestos.

Hace pocos días la asociación de inspectores se quejaba amargamente del nivel crítico al que había llegado la Agencia Tributaria en la carencia tanto de medios personales como materiales. Es posible que en los planes de Montoro esté también encargar a la AIReF la lucha contra el fraude fiscal y arrinconar a la Agencia, ya que esta última institución no es independiente, pues depende del Gobierno. ¿De quién depende la AIReF?

Estoy seguro de que la asociacion de inspectores tienen razón en sus reivindicaciones, pero ¿cuáles tendrían que ser entonces las demandas de los interventores que han visto en los últimos años reducirse críticamente el personal de todos los niveles en el conjunto de las dependencias y en las intervenciones delegadas? El edificio que ocupa la IGAE se está cayendo a trozos (y no es metáfora). Se interrumpieron durante dos años las oposiciones, con lo que se destruyó el cuerpo de opositores y ello ha ocasionado que al convocarlas de nuevo muchas plazas queden vacantes por no haber candidatos preparados. Desde hace más de diez años, los interventores no participan de los incrementos de productividad que han afectado a otros colectivos como el de los inspectores, A Montoro no le gustan los interventores ni parece que tenga ningún empeño en que la IGAE cumpla su función. Es más cómodo y sobre todo menos comprometido encargar de tal tarea a la AIReF.

En honor a la verdad este comportamiento no es exclusivo del actual ministro de Hacienda. La mayoría de los políticos al llegar al gobierno, en lugar de potenciar las instituciones u organismos existentes, quieren dejar su huella creando un ente nuevo que pueda anunciarse a la prensa (la novedad es el carburante de los medios) y que la mayoría de las veces acaba siendo totalmente vano. Cómo no recordar al ínclito Jordi Sevilla (el del tipo único y el de los tres días) anunciando a bombo y platillo la creación de la Agencia de evaluación de políticas públicas; parecía que todo proceso de racionalización del gasto público comenzaba con su constitución y de su funcionamiento iban a depender la eficacia y la eficiencia del sector público. Diez años después el resultado está a la vista. Sin embargo, continúa subsistiendo sin que nadie sepa por qué.

En estas mascaradas tiene mucho que ver la burocracia de Bruselas que oculta su incompetencia y carencia de auténticas soluciones para el atolladero en que se desenvuelve la Unión Europea, con genialidades y ocurrencias, entre las que se encuentran la de crear nuevos entes y organismos como si se partiese de cero y no se hubiera hecho nada hasta este momento. Se rumorea que ahora están detrás de crear un organismo (independiente, por supuesto) para el control de las contrataciones, y como a Montoro no le gustan los interventores piensa ubicarlo dependiendo de la Dirección General de Patrimonio, como si esta dirección general tuviese pocos agujeros que atender. En fin, de este futuro organismo hablaremos otro día.

republica.com 16-6-2017

“Por lo que he visto estos días, los tiempos en que podíamos fiarnos completamente de los otros están llegando a su fin”. Son palabras de Merkel y se refiere a las jornadas de las reuniones de la OTAN y del G-7 celebradas al final del pasado mes y en las que resultó palpable el desacuerdo con Trump. “Y por ello solo puedo decir -continuó afirmando la canciller- que nosotros los europeos debemos ser los dueños de nuestro propio destino”.

No deja de ser curioso que Merkel se vuelva ahora hacia Europa, después de haber sido Alemania la que ha ido colocando obstáculos una y otra vez a todo intento de una mayor integración. La razón hay que buscarla en que los desacuerdos y ataques de Trump se dirigen precisamente contra la línea de flotación del país germánico. No solo ha incidido sobre la desigual distribución de los gastos de la OTAN y, por lo tanto, sobre la exigencia de que los países europeos, especialmente Alemania, incrementen su participación, sino también sobre un tema recurrente que a los alemanes les pone especialmente nerviosos, su ingente superávit comercial, que crea graves problemas no solo en Europa sino también en la economía mundial.

Las palabras de Merkel han sido consideradas por algunos como un cambio de postura y surgen rumores acerca de que estaría dispuesta a aceptar, tras las elecciones de septiembre, una cierta flexibilidad en los vetos que hasta ahora ha mantenido. Pero esos mismos rumores avanzan que Alemania exigiría a cambio que el actual presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, sea el sucesor de Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo, lo que al final sería un mal negocio para el resto de los países, especialmente para los del sur, ya que esta institución es el mejor instrumento para forzar a los Estados miembros e imponerles una determinada política.

Fue el BCE el que torció la voluntad del Gobierno de Syriza y del pueblo griego manifestada en referéndum y el que obligó al país heleno, mediante la restricción de la liquidez a los bancos, a someterse a todas las condiciones del tercer rescate, por más gravosas que estas fueran. Y ha sido el BCE, bajo el mandato de Draghi, la única institución con suficiente fuerza para despejar en los mercados las dudas que existían sobre el euro, aunque haya sido provisionalmente y las incertidumbres continúen y cada vez con más fuerza. Y, por último, es el BCE del que depende la estabilidad de las economías endeudadas de los países del Sur, cuyos gobernantes son conscientes de que en la Unión Monetaria necesitan de su respaldo para que sus países no se precipiten en la insolvencia.

Dejar el BCE en manos del presidente del Bundesbank sería un paso atrás de graves consecuencias, ya que nunca ha ocultado su oposición y reticencias a las medidas adoptadas por Draghi. Sería desandar los únicos pasos que hasta ahora se han dado para evitar la catástrofe en la Eurozona, teniendo en cuenta que Alemania siempre se ha negado a cualquier integración en materia fiscal y presupuestaria que implique transferencias de recursos o mutualización de riesgos entre países.

Por otra parte, las palabras de Merkel son, como siempre, ambiguas y no hay nada que indique que esté dispuesta, ni ahora ni después de septiembre, a transformar la Unión Monetaria en una unión política, con impuestos, presupuesto y tesoro propios, capaz de actuar como un auténtico Estado. Es cierto que cada vez cunde más en todos los ámbitos el convencimiento de que la situación de la Eurozona es insostenible y que no puede permanecer; que se precisan reformas en profundidad si se quiere subsistir. El mismo Draghi se ha pronunciado con frecuencia acerca de que la política monetaria no basta; pero, a la hora de concretar, la Eurozona parece haberse convertido en la torre de Babel en la que cada uno está pensando en reformas diferentes.

Hace tiempo que la Comisión viene amagando sobre la necesidad de ciertos cambios en la línea de una mayor integración, pero lo hace con tanta mesura, parsimonia y cuidado de no ofender a Alemania que nunca llegan a ponerse en práctica, y si al final se implantan es después de desnaturalizarlas y convertirlas ya en inservibles. Acaba de presentar un informe en esa línea, titulado “Papel de reflexión sobre la profundización de la unión monetaria y económica”. Una vez más, se queda en un discurso etéreo y sin concreción y por lo tanto sin virtualidad práctica.

Las propuestas a corto plazo (de aquí a 2019) no presentan demasiadas novedades e inciden sobre medidas ya en marcha que se han ido retrasando, como la unión bancaria en la que, mientras que el poder de supervisión se ha transferido al BCE, la responsabilidad y el posible coste de las insolvencias, a pesar de haberse prometido al principio lo contrario, continúa en los países miembros. La única novedad radica en un engendro que han denominado Sovereign Bond-backed Securities (SBBS), que consiste en empaquetar deuda de varios países con distinto tipo de solvencia, pero sin que suponga mutualización de riesgos, puesto que cada miembro responderá de su endeudamiento. Se cae en la ingenuidad de creer que así se engañará a los mercados.

Las propuestas a largo plazo se plantean nada menos que de cara a 2025 (a largo plazo, todos muertos o disuelta la Unión Monetaria) y están descritas con total ambigüedad y generalidad, que las convierten en poco significativas. No se atreven ni siquiera a hablar de verdaderos eurobonos. La propuesta de un tesoro europeo es un canto al sol, porque lo importante no consiste en crear una institución más, sino en las competencias y los medios con los que se la dote. El problema del presupuesto comunitario radica principalmente en su escasa cuantía, que impide cualquier actividad u objetivo que se pretenda acometer, y de eso no se dice nada, ni de su incremento ni del establecimiento de recursos propios; al menos no se cuantifica. Esa insuficiencia de recursos del presupuesto comunitario es uno de los condicionantes que invalida la propuesta de un instrumento de estabilización macroeconómica; el otro -y quizás más importante-, la huida de todo lo que signifique transferencias entre los países miembros. En estas circunstancias es un espejismo el proyecto de creación de un fondo de desempleo europeo, tanto más cuanto que se supedita a la convergencia en las cuestiones laborales.

A pesar de la insuficiencia e indeterminación del documento no hay demasiada duda de que tendrá la oposición de Alemania, sobre todo si pretenden que pase de las musas al teatro. Pero entonces, ¿cuál ha sido la pretensión de Merkel al querer ponerse al frente de Europa y clamar por un destino común europeo frente a EE. UU? Intenta utilizar para su conveniencia como siempre a la Unión Europea. En primer lugar, ante la exigencia de Trump de mayor aportación a la OTAN, que afecta de forma notable a Alemania, este país intenta mutualizar los gastos de defensa como antes ha pretendido hacer con el problema de los refugiados. El veto a la mutualización no funciona, todo lo contrario, se defiende ardorosamente, cuando es a favor de Alemania.

En segundo lugar, y sin duda lo más relevante para Alemania, trata de defender su política exportadora que tan bien le ha venido a su economía, pero que ha puesto contra las cuerdas a muchos países europeos y que se ha constituido en un grave problema para toda la economía internacional. Detrás de la crisis de los Estados del Sur se encuentra el superávit comercial de Alemania. Este excedente, que se hace mayor cada año, ha perjudicado en primera instancia a los países miembros de la Eurozona, pero se ha trasladado al exterior y, al margen de sus excentricidades y disparates en esta materia, Trump tiene razones para quejarse. Lo que resulta irónico, y sin embargo lógico, es que Alemania pretenda escudarse en la Unión Europea. Puesto que es el euro -y que el euro sea la moneda no solo del país germánico sino de otra serie de países- lo que permite a Alemania tener una divisa infravalorada. De existir, la cotización del marco sería bastante superior a la de la moneda europea.

Desde el comienzo de la crisis Alemania mira más al Este que a Occidente; más, por ejemplo, a China y a Rusia que a Estados Unidos. Pesan más las razones económicas, salvar su estrategia de crecimiento basado en las exportaciones, que las políticas. Muchos alemanes manifiestan que para mantenerla Alemania ya no necesita a Europa, tiene a los países emergentes. A la vista está que Merkel no es de tal opinión. Sabe que para que la divisa alemana no se aprecie precisa del anclaje en la Unión Monetaria. Lo que no es consecuente es que si Alemania es la gran beneficiaria de la moneda única no esté dispuesta a hacer concesiones para defenderla.

Guste o no, hoy se comienza hablar de nuevo de la cuestión alemana. Muchos se preguntan si Alemania no ha vuelto a los hábitos que adoptó desde 1871 hasta 1945. Está claro que en el campo geopolítico, no, pero ¿y desde el geoeconómico? Hans Kundnani en su interesante libro “La paradoja del poder alemán” afirma que sí. Y no conviene olvidar que en las coordenadas actuales la economía manda mucho más que la política.

Republica.com 9-6-2017

Me puedo vanagloriar de no haber sucumbido nunca al espejismo de las primarias. Desde el mismo momento en el que surgió la moda, hace casi veinte años, reiteradamente he dedicado múltiples artículos a criticar la medida y a manifestar que, lejos de constituir un avance en las estructuras democráticas de los partidos y de la sociedad, representan un paso atrás, una tendencia al caudillismo y a la concentración del poder en una sola persona, con el consiguiente debilitamiento de los órganos colectivos.

En los momentos actuales, la contraposición entre democracia directa y representativa constituye un sofisma ya que, dada la complejidad de la sociedad y de su gobernanza, es imposible que los asuntos públicos se decidan en el foro por todos los ciudadanos. En puridad la democracia directa solo ha sido posible en algunos periodos de Grecia y Roma, pero restringida a los pocos que tenían la condición de ciudadanos. La actividad política era entonces relativamente simple y, además, un elevado número de esclavos liberaba a los ciudadanos de todas las actividades laborales y serviles permitiendo que pudieran dedicar una parte importante de su tiempo a los asuntos personales y de la república. En los tiempos modernos el retorno de la democracia ha venido unido al sistema representativo, bien sea en su forma de sufragio universal, como en la época actual, o bien en su forma de sufragio censitario en los siglos XVIII y XIX. Todo experimento de democracia directa está condenado al fracaso, cuando no se convierte en una farsa tendente a pervertir el sistema democrático e instaurar uno u otro modo de 18 de Brumario.

En este nuestro mundo no hay sistemas perfectos y cuando alguien, en un exceso de idealismo, ha pretendido retorcer la realidad para instaurar el reino de Dios en la tierra casi siempre ha terminado construyendo un infierno. A estas alturas de la historia de la humanidad debería ser de común aceptación -pero no es así- lo manifestado por Churchill en la Casa de los comunes en noviembre de 1947: «De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando». Es decir la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. No obstante, debido a los muchos defectos e imperfecciones que como construcciones humanas suelen acompañar a los sistemas democráticos concretos, muchas veces se ha sucumbido a la tentación del salvapatrias y al ensayo de regímenes políticos personalistas, y que otras tantas veces han terminado en aventuras desastrosas.

Con la democracia representativa y con los partidos políticos ocurre algo similar. La corrupción, las políticas económicas neoliberales, los discursos banales y sin convención, la escasa democracia interna de los partidos políticos, incrementan en la actualidad la opinión negativa que los ciudadanos tienen de la política y de sus representantes y siempre hay listillos que afirman haber descubierto el bálsamo de fierabrás capaz de solucionar y curar todas las dolencias. Ahí se insertan las primarias, con la pretensión de ser la medicina perfecta para democratizar las formaciones políticas. Nada como que hablen los militantes. Habla, pueblo, habla.

Lo primero que hay que afirmar es que propiamente las primarias no constituyen ningún sistema de democracia directa, cosa imposible en los momentos actuales. Se trata más bien de instaurar el plebiscito frente a un sistema electoral reglado y equilibrado. Anteponer y conceder supremacía a un órgano de dirección unipersonal frente a los pluripersonales, destruir los contrapesos en el ejercicio del poder para conceder toda la autoridad a una sola persona.

Tradicionalmente los partidos de izquierdas han organizado su régimen de gobierno en torno a distintos órganos establecidos en sus estatutos. En la cúspide se sitúan los congresos, formados por representantes de todos los militantes elegidos en las distintas agrupaciones. Se celebran cada x años de forma ordinaria, y de forma extraordinaria cuando surge alguna de las circunstancias previstas en las normas. Los congresos deben establecer el programa, marcar la estrategia y el discurso, así como elegir los órganos de decisión; en primer lugar el comité federal, tal como se ha dicho siempre supremo órgano entre congresos, una especie de comisión permanente del propio congreso. El congreso elige también a la comisión ejecutiva (que, como su propio nombre indica, ejecuta lo acordado previamente) y al secretario general, bien porque se designa con la propia comisión ejecutiva, de la que forma parte, bien porque es la propia ejecutiva la que lo elige entre sus miembros, pero en ambos casos como un simple primus inter pares. Antiguamente (y así se continua denominando en el PSC) recibía el nombre de primer secretario.

El sistema no ha sido perfecto, pero la primera y última palabra también la tenía, en contra de lo que ahora se dice, los militantes y, al establecerse distintos órganos pluripersonales, las decisiones debían ser consensuadas y se producía una cierta división de poderes y contrapeso entre ellos. Bien es verdad que con estas normas surgieron sistemas caudillistas como el del felipismo, pero ello no se debió a esta organización de gobierno, sino a pesar de ella, y uno se puede imaginar adónde se habría llegado y adónde se llegará en el futuro con un sistema que parte y se fundamenta en el caudillismo, como el que se está estableciendo actualmente en el PSOE con las primarias.

El partido socialista se ha dado un disparo en el pie con las primarias, y lo malo es que el disparo se puede dirigir también contra todos los españoles. El establecimiento de las primarias ha sido el germen de muchos de los problemas que le acaecen últimamente y de los muchos que le quedan por sufrir. Los hechos son evidentes. El comportamiento de Pedro Sánchez, primer secretario general designado en primarias, estaba cantado. Elegido por plebiscito entre todos los militantes, se sentía legitimado para gobernar autocráticamente sin control ni fiscalización de nadie ni de órgano alguno. Creyó que el secretario general era el supremo órgano entre congresos; disolvió ejecutivas regionales, mantuvo por tiempo indefinido gestoras nombradas por él a dedo, incorporó a la listas electorales a quien quiso, perteneciese o no al partido, y no se vio obligado a dimitir cuando, elección tras elección, fue cosechando malos resultados, a cada cual peor. Recordemos que incluso Felipe González, con dominio absoluto del partido, consideró que debía dimitir cuando en 1996 perdió las elecciones.

Los acólitos de Pedro Sánchez pretenden argumentar que la principal pérdida de votos del partido socialista se produjo mucho antes, lo cual es cierto, pero en aquel entonces tenía una explicación, el castigo al Gobierno de Zapatero por plegarse a las exigencias de Bruselas; pero lo que tiene difícil justificación es que cuatro años después los resultados empeorasen cuando la acción de gobierno y por tanto el coste de aplicar la política de austeridad durante este periodo habían correspondido al PP. Tampoco vale argüir que en estas últimas elecciones había dos partidos nuevos, puesto que hay que preguntarse qué ha sido antes, el huevo o la gallina. La existencia y los resultados de estas organizaciones obedecen precisamente a que el PSOE y su secretario general no han sabido rentabilizar el desgaste sufrido por la derecha.

Es difícilmente creíble que un secretario general que suscita la enemistad manifiesta de la mitad del partido y conjura en su contra a casi todos los que han representado y representan algo en el PSOE se resistiese a dimitir. Solo el hecho de las primarias y la interpretación de que el elegido se coloca más allá del bien y del mal explican tal desafuero. En ese convencimiento de ser un predestinado por los dioses, Pedro Sánchez pretendió ningunear al comité federal dando un golpe de estado y escudarse detrás de los militantes convocando unas primarias con 15 días de antelación, consciente de que nadie más que él podría presentarse y, por lo tanto, ganarlas. Con ese respaldo nadie tendría autoridad ya para oponerse al pacto con los nacionalistas que venía acariciando. Eso es lo que pretendió abortar el comité federal el pasado uno de octubre. Los idus de octubre impidieron al menos provisionalmente el 18 de Brumario (9 de noviembre). Al menos provisionalmente, porque el 18 de Brumario se ha producido siete meses después. La celebración de primarias sazonadas con mucha demagogia, victimismo y sectarismo han vuelto a dar el triunfo a Pedro Sánchez. Una campaña hábilmente proyectada con eslóganes sencillos lo ha presentado como el paladín de los militantes, representante del ala izquierda del partido y azote de la derecha y de la corrupción. Nada de ello es cierto y difícilmente puede vanagloriarse de izquierdista e incorruptible, quien entró en el partido en 1993, cuando la corrupción en el PSOE estaba en todo su apogeo y cuando el felipismo en sus últimos años se había convertido ya plenamente al neoliberalismo. En esa etapa, otros muchos, decepcionados, abandonaban el PSOE.

No soy de los que piensan que la mayoría no puede confundirse. De hecho, se confunde muchas veces; que se lo digan si no a los alemanes cuando eligieron a Hitler. La mayoría, en ocasiones, se equivoca y es tanto más fácil que se equivoque cuando las decisiones se toman asambleariamente o por plebiscito, llamando al sentimentalismo, a la emotividad o a las alternativas fáciles.

La elección por primarias de Pedro Sánchez, y con anterioridad a la celebración del Congreso, va a tener efectos devastadores en el funcionamiento del PSOE. El nuevo secretario general ha dejado ya claro que ahora el PSOE es suyo y que no está supeditado a nada ni a nadie excepto a la voluntad de la militancia, que siempre es fácilmente manipulable. Solo le podrán cesar los militantes que le han elegido, es decir, que a partir de ahora haga lo que haga será intocable. El congreso no va a designar al secretario general sino al contrario, el secretario general ya elegido por los militantes conformará las decisiones del congreso sin que nadie pueda discutirlas. El comité federal y la ejecutiva se constituirán a su conveniencia. Y no es ya que el papel del secretario general se configure, desplazando al comité federal, como el supremo órgano entre congresos, sino que incluso será el supremo órgano incluyendo los congresos. La democracia interna del partido ha muerto o ha quedado malherida. Viva el imperio, viva el caudillo. Pero eso sí, los militantes han hablado.

republica.com 2-6-2017

La reunión del Eurogrupo del lunes pasado termino sin acuerdo acerca del cuarto rescate a Grecia. Cuarto rescate, así lo llaman los sindicatos y la oposición. La razón de esta dominación radica en que, si bien en puridad el dinero que va a recibir el país heleno pertenece al tercero, al que se firmó en 2015, ahora se condiciona su desembolso a nuevas medidas y recortes. Otra vuelta de tuerca. Es la enésima. La verdad es que no se debería llamar ni cuarto ni tercero ni primer rescate, porque nunca se ha rescatado a Grecia. Solo hay que contemplar su situación actual. A los que en realidad se ha rescatado ha sido a los bancos alemanes y franceses, mientras que se hundía al país heleno más y más en la crisis. Grecia no levanta cabeza. Y se confirma una y otra vez la nefasta política impuesta por Berlín y Bruselas.

La Comisión, no obstante, presenta estos días una visión triunfalista e idílica, quizás para justificarse y para que la esperanza haga los recortes menos duros y amargos. Afirma que está resurgiendo la confianza, despuntando el consumo, aumentando el empleo, que la temporada turística va a ser buena y que el saldo presupuestario primario (antes de pagar intereses) es mejor de lo esperado. En 2016, 3,95% del PIB.

De todo ello lo único cierto es lo que hace referencia al déficit público, que por otra parte parece que es es tan solo lo que le interesa a Bruselas. Grecia acaba de entrar de nuevo en recesión (tal como se suele considerar técnicamente, dos trimestres seguidos con tasas negativas del PIB). Durante el cuarto trimestre de 2016 el PIB se redujo en el 1,2%, y en el primero de 2017 el 0,1%. Pero es que, además, hay que presumir que los nuevos recortes (2% del PIB, 3.600 millones entre 2019 y 2020), tendrán un efecto contractivo sobre la economía, con lo que se pierde toda esperanza de que la situación mejore.

Los sucesivos ajustes han tenido sobre Grecia un efecto devastador, la economía ha sufrido tres recesiones, la renta nacional se ha reducido en un 25%, la tasa de desempleo alcanza el 24% y el stock de deuda pública el 180%. El castigo sufrido parece propio de una situación de posguerra. Además las medidas adoptadas no han dañado a todos por igual. Han sido las capas bajas y medias de la población las que más las han sufrido, y la pobreza y desigualdad ha alcanzado niveles alarmantes e inconcebibles hace años.

Las condiciones impuestas ahora en lo que se ha llamado cuarto rescate continúan en la misma línea, son humillantes e injustas y gravitan sobre las clases más humildes. Las pensiones sufren el decimocuarto recorte, y disminuirán entre el 9 y el 18%, y el límite exento en el impuesto sobre la renta pasará de 8. 600 a 5.700 euros. Hay que preguntarse si la intención de los representantes de las instituciones comunitarias es tan solo eliminar el déficit público o si, por el contrario, se mueven por motivos ideológicos y a la hora de escoger las medidas se inclinan por las predilectas del neoliberalismo económico, tales como hundir lo más posible las pensiones públicas y potenciar así los fondos privados de pensiones o atacar los tributos directos y progresivos.

Esta clara intencionalidad ideológica se percibe también en el resto de medidas impuestas, diferentes de los recortes presupuestarios. Se abarata el despido y -cosa insólita en la democrática Europa- se suspende la negociación colectiva por lo menos hasta 2019. Es decir, se profundiza en la liberalización del mercado laboral con la finalidad evidente de reducir los salarios.

Pero no solo es el mercado de trabajo el que se pretende liberalizar. Las medidas afectan también al comercio y a la energía. Se establece la posibilidad de abrir treinta domingos al año en lugar de los ocho actuales. Uno no puede por menos que preguntarse qué tiene que ver esta condición con el control del déficit público. De tener algún efecto, será negativo tanto sobre la economía como sobre las finanzas públicas. Constituye, eso sí, una vieja aspiración de las grandes superficies y del poder económico, pero va en contra del pequeño comercio que es el que de verdad crea el empleo. La argumentación de que de esta manera se potencia el consumo es una falacia y una cierta ironía cuando desde 2009, año en el que comienzan los ajustes, no se ha hecho otra cosa que hundir el consumo. La llamada liberalización del sector energético pretende el mismo objetivo, abrir espacios rentables al poder económico. De ahí las privatizaciones impuestas hasta ahora y la exigencia en este acuerdo de que el Estado se desprenda de su 40% de participación en el sector.

A cambio de todas estas cesiones del Gobierno griego, lo único que se ofrece es desembolsar 7.000 millones de euros y promesas. Los 7.000 millones de euros no se destinan realmente a Grecia sino a los acreedores, ya que servirán para que este país pague los intereses de los créditos que vencen en julio. Se demuestra una vez más que lo que se pretende rescatar no es tanto los países como los prestamistas. El FMI tiene mucha experiencia en ello. Los préstamos de esta entidad a los países con problemas iban siempre orientados a que los acreedores pudiesen cobrar sus deudas. Ello explica la insistencia de Merkel en que el FMI estuviese presente en los rescates de la Eurozona.

Las promesas no dejan de ser eso, promesas, y casi nunca se han cumplido. En esta ocasión la golosina radica en que los bonos helenos entren en los programas de expansión cuantitativa del BCE, pero sobre todo en la reestructuración de la deuda pública griega. El FMI hace tiempo que viene manifestando que Grecia en ningún caso podrá hacer frente al stock de deuda pública, que en los momentos presentes alcanza el 180% del PIB. Su postura es tan radical que condiciona su participación en el rescate a que esta reestructuración se lleve a cabo. Los planteamientos del FMI da más credibilidad actualmente a la promesa. Sin embargo, la reunión del pasado lunes del Eurogrupo indica de forma clara que Merkel es absolutamente reacia, especialmente antes de que se celebren las elecciones de septiembre, a que sus ciudadanos tengan que asumir el coste; aunque en honor de la verdad no lo van hacer en un porcentaje mayor que el resto de los contribuyentes de la Eurozona.

Desde hace mucho tiempo todo el mundo está convencido de que antes o después, de buen grado o por la fuerza de los hechos, tendrá que realizarse una quita de la deuda pública griega. El problema es que sería la segunda y nadie garantiza que, de continuar con esta política suicida, sea la última. El endeudamiento público del país heleno en 2009 era del 120% del PIB, en la actualidad y después de la primera restructuración y de las atrocidades y sufrimientos que se han infligido al pueblo griego, del 180%.

La expropiación de derechos y los atropellos a los que se ha sometido a la población griega pasan de los límites posibles en una sociedad democrática. Nunca se sabe hasta cuándo los ciudadanos están dispuestos a soportar. Las manifestaciones y huelgas generales se han multiplicado, y hoy en día las clases bajas y medias se han sumido más bien en la tristeza y en la desesperanza, pero la violencia puede estallar en cualquier momento, especialmente después del fiasco de Syriza.

Tsipras cometió dos errores. El primero, enfrentarse en solitario a Berlín, Bruselas y Frankfurt, si no se estaba dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a la salida de Grecia de la Eurozona. El segundo, gobernar en esas pésimas condiciones, con lo que está quemando a su partido y cegando toda posibilidad de cambio en el país heleno. Algo parecido le sucedió a Zapatero en España.

En nuestro país las formaciones políticas de izquierdas deberían tomar nota y no tener tanta prisa en llegar al gobierno. La pertenencia a la Unión Monetaria dificulta, cuando no imposibilita, cualquier política de izquierdas. Si resulta forzoso aplicar la política de Bruselas, mejor que se queme la derecha, y que las formaciones políticas de izquierdas desde la oposición vendan caro su apoyo, doblen la mano al Gobierno y le obliguen a adoptar determinadas medidas que palien la situación, al tiempo que se trabaja para aunar fuerzas en Europa en el objetivo de romper la Eurozona y retornar a las monedas y políticas nacionales.

republica.com 26-05-2017

Francia y Europa han respirado con la victoria de Macron. La verdad es que no ha constituido una sorpresa. Una vez que con quien tenía que enfrentarse en la segunda vuelta era con Le Pen, la victoria estaba cantada. En realidad el triunfo no fue tal o, al menos, no fue tan completo como podían dar a entender los resultados, ya que bastantes de los votos obtenidos por el ex ministro de Economía no eran a su favor, sino en contra de Le Pen. Muchos votaron con la nariz tapada. El combate se había decidido realmente en la primera vuelta, cuyos resultados son los que pueden ser significativos y de donde debemos extraer las conclusiones.

En primer lugar, fue palpable el fraccionamiento del espacio electoral como consecuencia del hundimiento de los partidos tradicionales. En esta ocasión Francia no se ha distinguido de lo ocurrido en otros muchos países europeos, en especial en los del Sur, donde los gobiernos han sido cómplices de la política económica impuesta desde Bruselas y han originado tantas víctimas.

En segundo lugar, esa misma aversión a la política oficial ha llevado a que casi el 50% de la población haya votado a partidos euroescépticos (Frente Nacional y Frente de izquierdas); y si a sus votos añadimos los obtenidos por el Partido socialista de Hamon, que corresponden a la línea más izquierdista de esta formación política y cuyos diputados habían venido manteniendo una postura crítica con la política instrumentada por Hollande, resulta evidente que Macron se va a encontrar enfrente a gran parte de la sociedad a la hora de aplicar su programa.

Lo cierto es que su programa no tiene nada de novedad y solo por la desconfianza que se ha extendido en todas las latitudes acerca de los partidos tradicionales ha podido alzarse con la victoria. Macron no es novel en política, ha sido ministro de Economía de Hollande. Su mercancía es de sobra conocida, también una y otra vez fracasada, y otros antes que él han querido ponerlo en práctica. Su frase más repetida es “lo mejor del liberalismo y lo mejor de la socialdemocracia”. Socialiberalismo o tercera vía: Tony Blair, Schröder, Felipe González…. En fin, son las mismas recetas que han dado al traste con la socialdemocracia europea.

El programa que defiende es un híbrido, un mestizaje difícil de ensamblar. No se pueden instrumentar medidas contradictorias que solo encajan sobre el papel, pero que resultarán imposibles en la práctica. Comienza por el primer objetivo de todo neoliberalismo, la reforma del mercado laboral, y continúa con la reducción de la carga fiscal en la línea más conservadora, rebaja de los impuestos directos, en especial el de sociedades, o las cotizaciones sociales, y eliminación del impuesto de patrimonio para la inversión financiera. Pero, junto a ello, se apunta a la línea populista prometiendo sin demasiada concreción un aumento en los gastos sociales, que él sabe que no va a poder cumplir si de verdad quiere bajar impuestos y observar, tal como ha prometido, las exigencias de Bruselas en materia de déficit público.

El programa no podía omitir la promesa de reducir la Administración y el sector público, objetivo siempre presente en los planes de todos los gobiernos conservadores y de donde esperan obtener los recursos para financiar la bajada de impuestos. Bien es verdad que no es tan fácil reducir el sector público sin afectar negativamente a los servicios, y mucho menos aún que se traduzca en una disminución del gasto público, ya que lo que quizás se ahorre en el capítulo de personal se termina gastando con creces en las partidas de contratación de servicios y asistencias externas.

En esa línea de intentar casar los contrarios, Macron proyecta también medidas que tienen cierto tufo keynesiano. Solo cierto tufo porque, si bien promete aumentar la inversión pública en 50.000 millones de euros, aspira a hacerlo reduciendo al mismo tiempo el déficit, lo que implica que, de conseguirlo, los recursos tendrán que salir de otras partidas, bien de gastos bien de ingresos, con lo que el efecto expansionista no está nada claro y abre un enorme interrogante sobre la esperanza que mantiene de que esta medida sirva para reactivar la economía. Lo que es seguro, sin embargo, es que su solo enunciado habrá hecho las delicias de las grandes constructoras.

Berlín, Bruselas y casi todos los gobiernos de los países europeos han respirado ante el triunfo de Macron, por improbable que fuera la victoria de Le Pen, ya que con bastante seguridad hubiera significado la muerte de la Unión Monetaria. Pero harían mal en creer que los problemas han desaparecido. En Francia y en otros muchos de los países miembros el euroescepticismo y la contestación frente a la política impuesta estos años por Berlín y Bruselas continúan aumentando. Y si el triunfo de Macron aleja por el momento el cataclismo, es solo por el momento, y la tensión y los nubarrones permanecen sobre la Unión Europea.

Si bien es verdad que el discurso de Macron, al mantenerse en la ortodoxia, puede tener mucho de tranquilizador para Berlín y las autoridades europeas, su pretensión de avanzar en Europa hacia una unión más efectiva de transferencias y de mutualización de riesgos genera sarpullidos en Alemania, y ha forzado las reacciones negativas tanto de Merkel como de algunos de sus ministros.

Macron tiene claro que va a tener una fuerte oposición si quiere acometer las reformas que le exigen desde Bruselas y que han llevado a Hollande, con solo insinuarlas y si acaso acometer alguna de ellas de manera incipiente, a las cotas más bajas de popularidad. Por ello señala como contrapartida un cambio sustancial en la política europea: creación de eurobonos, incrementar de forma significativa el presupuesto comunitario, reformar el Pacto de Estabilidad y lo que sin duda constituye la piedra de toque, una reducción del superávit exterior alemán. Ni que decir tiene que todas ella son tabú para Merkel y su Gobierno y, lo que es más importante, para la propia sociedad alemana.

Macron, en su intento de fusionar los contrarios, no parece darse cuenta de que todas estas medidas son otros tantos disparos a la línea de flotación de la Unión Monetaria tal como está diseñada y constituida, y Alemania no estará nunca dispuesta a la transferencia de recursos y a la mutualización de riesgos, necesarias para que una zona monetaria funcione. Muchos comentaristas afirman que Merkel y el Gobierno alemán no admitirán el menor avance por este camino antes de las elecciones de septiembre, pero es de suponer que después tampoco, a no ser que el resto de países, principalmente Francia, Italia y España se alíen para imponérselos, lo que hasta ahora no ha ocurrido; y ello significaría tal vez el fin de la Eurozona, ya que Alemania se apunta a los réditos, pero en ningún caso está dispuesta a soportar los costes de ser hegemónica en la Unión Monetaria.

El origen del euro es un tanto pintoresco. Increíblemente, surge como contrapartida a la reunificación alemana. La consideración de que la nueva Alemania era demasiado grande, desequilibraba la Unión Europea y constituía una amenaza para los intereses del resto de los países, sobre todo para Francia, llevó a Mitterrand a exigir a Helmut Kohl (¡oh, paradoja!) la desaparición del marco y el nacimiento de la moneda europea, en la creencia de que así Alemania tendría las manos atadas. El canciller alemán accedió de mala gana, pero introduciendo tal cúmulo de condiciones que se dio a luz a un engendro. La perspicacia del presidente francés y de Jacques Delors, que presidia la Comisión, y de algún acólito como Felipe González, pasará como paradigma a los libros de texto porque, si lo que pretendían era controlar a Alemania, el resultado ha sido justo el contrario, es el país germánico el que está controlando al resto de los países miembros. Los tratados le dan tales armas que su voluntad es ley en toda la Eurozona; y no parece que esté dispuesta a renunciar a sus privilegios. No es demasiado arriesgado pronosticar que Macron fracasará, tal como fracasó Hollande, entre otros.

Republica.com 19-5-2017

Hay que dar la enhorabuena al Partido Nacionalista Vasco (PNV) porque en esta nueva etapa en la que el Parlamento se encuentra fragmentado está sabiendo rentabilizar muy bien sus cinco diputados. Es llamativo el contraste con los partidos nacionalistas catalanes que, perdidos en el “procés”, se olvidan de lo que ha sido hasta hace algunos años su estrategia, estrategia que, al igual que al PNV, tan buenos resultados les ha proporcionado. Si yo fuese catalán, habría titulado el artículo “El coste del procés”, ya que los millones conseguidos por el PNV dejan en evidencia lo que podrían haber obtenido los catalanes.

Pero como ni he nacido ni vivo en Cataluña, veo el tema desde otra óptica, la del coste que vamos a soportar el resto de los españoles. He leído, no recuerdo en qué diario, la siguiente consideración: “El presidente del Gobierno ha pagado un precio muy alto para conseguir el apoyo del PNV en los presupuestos”. Lo cierto es que el precio no lo paga Rajoy, sino los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas. El dinero que mediante el acuerdo firmado se destina al País Vasco va en detrimento de otras aplicaciones de carácter general, que redundarían en beneficio de todos los españoles, con independencia de la Autonomía de pertenencia.

El País Vasco, al igual que Navarra, goza de una situación privilegiada que de forma un tanto inexplicable le fue concedida en la Constitución. Se trata de un régimen fiscal propio de la Edad Media en la que la justicia no se distribuía por igual para todos los ciudadanos y los derechos se consideraban privilegios (fueros) y debían ser arrancados a la corona por cada ciudad, región o territorio.

El concierto económico crea una situación anómala en un Estado moderno, ya que no son los ciudadanos vascos los que tributan directamente a la Hacienda Pública central sino las Haciendas forales (cupo) y tan solo como participación en los servicios que presta directamente el Estado. Es un “do ut des” en el que está ausente toda redistribución territorial. Eso explica que el País Vasco, a pesar de ser la Autonomía más rica -esto es, con mayor renta per cápita de España- mantenga un saldo fiscal positivo, es decir, reciba del Estado más de lo que aporta. El cupo, además, ha estado siempre sometido a una especie de chalaneo, en particular cuando como en esta ocasión el Gobierno central ha necesitado de los votos del PNV; invariablemente se ha calculado a la baja, no cubriendo siquiera el coste proporcional de las competencias no transferidas.

La intervención en el Parlamento nacional de partidos nacionalistas y regionalistas que tan solo contemplan los intereses de sus respectivos territorios crea en la política nacional importantes distorsiones y asimetrías, dejando en condición de inferioridad a aquellas Comunidades que carecen de ellos. La negociación entre los partidos nacionales y los nacionalistas no se realiza en términos de igualdad, en tanto que unos se ven constreñidos a defender los derechos de todos los españoles y los otros se cuidan exclusivamente de su provincia o región. No tiene nada de extraño que en aquellas Comunidades en las que han arraigado estas últimas formaciones políticas los partidos nacionales obtengan cada vez menor representación en un momento en el que prima más la territorialidad que la ideología. Algún día quizás haya que plantearse si no se debería exigir a los partidos políticos que para conseguir escaños en la Cortes Generales tengan que tener representación en varias Comunidades Autónomas.

La novedad de un Parlamento español fragmentado nos llevó al espejismo de creer que se habían superado las mayorías absolutas y el chantaje nacionalista. Se pensaba que en el futuro ningún partido podría imponer sus planteamientos al cien por cien y que en adelante todas las leyes y medidas que se adoptasen no serían propiedad de una única formación política, sino que tendrían un carácter híbrido, de mestizaje, siendo el resultado del concurso de varios partidos. Sin embargo, Pedro Sánchez con su “no es no” rompió enseguida tales expectativas, negándose a cualquier negociación con el partido que, gustase o no, más votos había conseguido y que tenía por tanto todas las probabilidades de gobernar.

El ex secretario general sumió al partido socialista en una especie de pureza ritual, encerrándolo en una torre de cristal y condenándolo a la inoperancia en el ámbito de la política nacional. Renunció así a toda influencia en el Gobierno, teniendo como único objetivo no tanto impedir que Rajoy gobernase, cosa en extremo improbable dados los resultados, sino que no lo hiciese con los votos del PSOE, tal como proponían una y otra vez sus partidarios afirmando que había una mayoría alternativa, la formada por Ciudadanos y nacionalistas. Preferían de este modo que la política gubernamental girase claramente a la derecha y que se produjese una vez más el chantaje nacionalista con tal de no mancharse las manos. Alguien podía haberles dicho lo que Péguy predicaba del kantismo, que a fuer de querer conservar las manos limpias se había quedado sin manos. La postura no deja de ser chusca teniendo en cuenta que no se ha dado demasiada diferencia cuando ambos partidos han gobernado, y aun menos se puede dar desde el momento en que ambos defienden la pertenencia a la Eurozona.

La historia es de sobra conocida, y también se sabe cómo Pedro Sánchez en este aparente objetivo (aparente, porque en realidad tras este había otros menos confesables) estaba dispuesto a todo, a pasar por encima del Comité Federal y a dar un golpe de mano pretendiendo convocar unas primarias con quince días de plazo, a las que nadie excepto él hubiese podido presentarse. La situación fue tan crítica y la posibilidad de un enorme desastre del PSOE en unas terceras elecciones tan alta que obligó a reaccionar a una buena parte de los dirigentes regionales y nacionales del partido.

Hoy, Pedro Sánchez critica a la gestora por haber entregado a Rajoy el gobierno por nada. Pero lo cierto es que solo él ha sido el responsable, negándose a negociar cuando tenía ocasión y era tiempo para ello; y llevando a su partido a la división y a una encrucijada en la que toda negociación para la investidura resultaba ya imposible. La gestora, sin embargo, supo negociar más tarde -no sé si con acierto o no- el techo de gasto necesario para que funcionasen las Autonomías, obteniendo a cambio una subida sustancial del salario interprofesional y otras cesiones como mayores recursos para el seguro de desempleo y, sobre todo, impidiendo que otros partidos impusiesen sus condiciones, peores desde una óptica de izquierdas y sesgadas territorialmente.

Con los presupuestos ha ocurrido lo contrario. Inmersos en primarias y con un Pedro Sánchez vociferando como único discurso que el dialogo con Rajoy constituye desde la izquierda una herejía, se ha hecho imposible cualquier negociación con el Gobierno. El PSOE ha vuelto a sumirse en la irrelevancia desde el punto de vista práctico, obligando al PP a demandar el concurso del PNV y de los canarios, con lo que retornamos al chantaje regional. En esta ocasión Ciudadanos tiene razón al atribuir al partido socialista la responsabilidad de haber tenido que pagar al PNV un precio tan alto.

Al PSOE le cabe otra culpa. Desde una óptica de izquierdas, su negativa a negociar las cuentas públicas ha ocasionado dos costes añadidos. Uno, que Ciudadanos adquiera un importante protagonismo y haya sesgado el presupuesto hacia una política aun más liberal y conservadora, con medidas tales como el complemento salarial o la limitación a elevar los impuestos progresivos, lo que pronostica subidas de los indirectos o nuevos recortes. Dos, el coste de oportunidad, es decir, el sesgo a la izquierda que podría haberse introducido en una negociación con el PSOE, a la que se ha renunciado. Nunca sabremos hasta dónde hubiera estado dispuesto a ceder Rajoy en temas como pensiones, seguro de desempleo o impuestos. En todo caso, negociación no quiere decir acuerdo y el PSOE siempre podría haberse levantado de la mesa de no considerar satisfactorio el resultado, pero entonces la culpa hubiera sido del PP o al menos cabría la duda. Ahora, al haberse plegado al “no es no” de partida sanchista, la responsabilidad recae por completo en el partido socialista.

La irrelevancia no es de izquierdas y mucho menos puede ser de izquierdas renunciar de antemano a influir en la actividad política recluyéndose en una negativa hipostasiada, esperando tiempos mejores que nunca llegan. El supuesto izquierdismo que vende Sánchez está costando muy caro a su partido y a toda la izquierda.

republica.com 12-5-2017

La semana pasada, desde este diario digital, me refería yo a las distintas formas que puede adoptar el proteccionismo y a cómo en los tiempos actuales casi todos los gobiernos han escogido la fórmula más cruenta para las clases bajas y medias, la de la devaluación competitiva, esto es, defender la competitividad de la economía nacional por el procedimiento de abaratar los costes laborales, sociales y fiscales de las empresas y del capital. Señalaba también cómo los damnificados por estas políticas se revuelven contra la globalización y la libertad total de los mercados, con lo que el fantasma de otros tipos de proteccionismo es sentido como una amenaza por la política oficial y por los mandatarios internacionales.

El discurso de Trump durante la campaña electoral fue capaz de aglutinar muchos de los votos de aquellos que estaban hartos de la deslocalización y de ver sus salarios reducirse o al menos no crecer en la misma medida que la economía. Su eslogan de “América primero” y sus promesas de dificultar las importaciones de productos mediante el establecimiento de aranceles tuvieron eco en millones de ciudadanos. No obstante, siempre ha existido la duda de si, una vez en el gobierno, cumpliría su palabra.

Su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director de Economía Nacional, Gary Cohn, presentaron la semana pasada a la prensa la tan esperada reforma fiscal, toda ella contenida en un solo folio, señal inequívoca del grado de imprecisión con el que se propone, pero suficientemente explícita para mostrar:

Primero, que el discurso de la Administración Trump da un profundo giro, abandona la idea de establecer medidas proteccionistas de corte clásico dificultando las importaciones y se vuelve hacia ese otro proteccionismo basado en rebajar los costes a los empresarios, en este caso, las cargas fiscales.

Segundo, que constituye la mayor rebaja impositiva planteada en la historia, al menos reciente, de EE.UU, dirigida sin ninguna duda a beneficiar a las clases altas y a las empresas, lo que deberá compensarse con una notable reducción de los gastos públicos, concretamente en los de carácter social.

Entre otras medidas, se propone reducir de siete a tres el número de tramos del impuesto personal sobre la renta, disminuyendo también el tipo marginal máximo al 35%. Se elimina el impuesto de sucesiones que deben pagar en la actualidad las herencias superiores a 5,5 millones de dólares. Se baja el tipo federal del impuesto de sociedades del 35 al 15% y se facilitará la repatriación de los beneficios (estimados en 2,6 billones de dólares) de las multinacionales americanas embalsados en el extranjero, estableciendo un único gravamen del 10%.

Como se puede observar, todas las iniciativas van en la misma línea de aquellas reformas que desde los tiempos de Reagan han protagonizado los gobiernos neoliberales de todos los países. A los españoles nos resultan muy familiares, así como los motivos aducidos por el secretario de Estado: simplificar el sistema tributario y agilizar la carga de las clases bajas y medias.

En una primera estimación, el coste de la reforma se cifra en más de 2 billones de dólares en 10 años. Inicialmente se pensaba financiarla en buena medida mediante la eliminación del Obamacare y los ingresos derivados de los gravámenes sobre la entrada de productos exteriores. La reforma sanitaria descarriló en el Congreso, ya que sufrió incluso la oposición de parte del partido republicano. La idea de imponer aranceles ha quedado por el momento en punto muerto, quizás por la fuerte hostilidad de importantes poderes económicos. El riesgo, por tanto, de que el coste de la medida se traduzca en déficit público es muy amplio y puede concitar las suspicacias de las propias bancadas republicanas, que se oponen radicalmente a todo incremento del endeudamiento público. En tales circunstancias, Trump ha vuelto los ojos a Reagan y a la famosa curva de Laffer.

En noviembre de 1980, durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses, Ronald Reagan prometió bajar los impuestos, reducir el déficit fiscal e incrementar sustancialmente los gastos militares para combatir el imperio del mal, todo a la vez. Como se puede apreciar, la cuadratura del círculo. Algo similar pretende hacer en estos momentos la Administración Trump. Entonces fue Jack Kemp, director de la campaña de Reagan, quien ofreció la teórica solución, sacando del armario una teoría en forma de curva que un, hasta entonces casi desconocido, profesor de la Universidad de Stanford en California, Arthur Laffer, venía predicando: la bajada de impuestos no reduce la recaudación, más bien la incrementa.

La teoría, por supuesto, no funcionó, era una mera ilusión. Y el nuevo presidente, que había hecho campaña en contra del 2% que alcanzaba el déficit público en tiempos de Carter, lo incrementó de tal manera que en 1986 representaba el 6 % del PIB. A pesar de ello, a partir de entonces todos los gobiernos que han implantado una reforma fiscal regresiva han acudido a la popular curva como medio de demostrar que no va a tener un efecto apreciable sobre el déficit público. Trump no podía ser una excepción, sobre todo cuando le han fallado, al menos por ahora, las otras dos formas previstas de financiación, y sus enviados Mnuchin y Cohn indicaron en la rueda de prensa que las medidas incrementarían la tasa de crecimiento económico del 2 al 3 % y crearían millones de puestos de trabajo, con lo que la recaudación no se resentiría.

No deja de ser llamativo que a los defensores de la curva de Laffer nunca se les haya ocurrido realizar el razonamiento a la inversa. ¿Por qué no incrementar las pensiones o las prestaciones de desempleo en el bien entendido de que su impacto positivo sobre la actividad conllevaría un incremento de la recaudación impositiva de manera que el déficit se mantendría constante? Se habría encontrado la piedra filosofal. La razón de esta ausencia se encuentra en que el verdadero objetivo de tales reformas es el beneficiar a las empresas y a las rentas altas incrementando la desigualdad. Eso sí lo consiguió la reforma de Reagan y es seguro que también lo conseguirá la de Trump, si por fin se lleva a cabo.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) elaboró en febrero de 1990 un informe en el que llegaba a la conclusión de que, a pesar de toda la retórica acerca de las rebajas impositivas supuestamente generales o lineales, en la década de los ochenta los impuestos no se habían reducido para la mayoría de la población. Cuando se realizó el estudio, nueve de cada diez familias americanas dedicaban una parte mayor de su renta a pagar impuestos que antes de la llamada «reducción fiscal del lado de la oferta». Únicamente el 10% más rico de la población había disfrutado desde 1977 de menores impuestos, y dentro de este grupo había sido el 1% de mayores ingresos el verdaderamente agraciado. Para este 1%, el tipo efectivo del impuesto sobre la renta descendió en 15 puntos porcentuales con respecto al aplicable si hubiese estado vigente el sistema fiscal de 1977, actualizado por la inflación. En concreto, esto significaba que en 1990, por término medio, cada uno de estos contribuyentes se beneficiaba con respecto a 1977 de una rebaja fiscal del 36 % (82.196 dólares).

Los ciudadanos americanos, toda esa clase media y baja que ha votado a Trump, ya saben lo que les espera si su reforma fiscal tiene éxito.

republica.com 5-5-2017