ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Son muchos los artículos que se han escrito sobre las mentiras manejadas y lanzadas tanto por Puigdemont como por los soberanistas. En unos se relatan las falacias que han construido acerca de la historia de Cataluña, en otros se denuncian las falsedades creadas sobre el supuesto expolio al que España somete a la sociedad catalana. Existen también los que intentan desenmascarar el mundo idílico que los nacionalistas pintan sobre la futura república independiente. Hay asimismo los que critican los sofismas que acompañan a ese discurso con el que pretenden fundamentar ética y jurídicamente sus posiciones, etc.

No pretendo repetir nada de todo esto. Persigo quizás algo aparentemente más simple. Intento fijarme en algunas identificaciones espurias, que son evidentemente tramposas, pero que sin embargo el independentismo usa con frecuencia y, lo que es peor, el resto asumimos de forma inconsciente, aun cuando sabemos que son falsas, que no son inocentes y que tienen consecuencias negativas.

1) Se identifica Cataluña con el nacionalismo.

Según los independentistas, sus propuestas y exigencias son los requerimientos de toda Cataluña. En sus manifestaciones se consideran los únicos representantes de los catalanes, olvidando que tanto en el Parlamento nacional como en el autonómico, existen otros muchos diputados que también representan a la sociedad catalana. Es frecuente escuchar frases como esta: “Es el clamor de un pueblo”, “Una nación que quiere votar”, “Se ignora la fuerza y la decisión de todo un país”. En el discurso independentista está generalizada la suposición de que los que no son soberanistas no son catalanes o, al menos, no buenos catalanes. En algunos casos, la desfachatez ha conducido a defenderlo explícitamente, como en el caso de la señora Forcadell cuando tildaba de no catalanes a los que votaban al PP o a Ciudadanos, y en el del señor Turull, portavoz y consejero de la Presidencia de la Generalitat, que negó el apelativo de ciudadanos para conceder el de súbditos a los que no fueran a votar el 1 de octubre.

Es de sobra conocido que tal identificación es un fraude. Según las encuestas elaboradas por las propias instituciones de la Generalitat, en la actualidad los partidarios de la independencia no llegan a la mitad, no pasan del 41% y eso que, según se afirma, nos encontramos en un momento de auge del soberanismo. Lo sabemos pero, a pesar de ello y al margen de porcentajes, caemos en la trampa del lenguaje. Es frecuente que en los titulares de los periódicos, en las tertulias o en los comentarios políticos, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, aceptemos tal identificación, y así predicamos de Cataluña lo que solo es propio del movimiento secesionista; en consecuencia, hacemos el juego a los independentistas.

2) Hay un enfrentamiento entre Cataluña y España.

Es en buena medida efecto de la falacia anterior. Los independentistas, puesto que piensan que ellos son Cataluña, presentan el conflicto como un enfrentamiento entre Cataluña y España. Pero en realidad antes que nada la fractura social se produce entre catalanes: el secesionismo está dividiendo a la sociedad y a las familias y creando un clima tan asfixiante como el que los vascos padecieron durante mucho tiempo. La contienda con el resto de España constituye tan solo una segunda derivada. Pero dada la hegemonía que tiene el discurso independentista en Cataluña y el silencio que quizás por miedo guarda la mitad que no desea la independencia, es comprensible que surja fuera de Cataluña ese sentimiento de desafección que tanto utilizan pero en sentido inverso los independentistas. El desprecio de estos hacia el resto de españoles es difícil que no se traduzca en un sentimiento reciproco hacia ellos y que, por una extensión indebida, se dirija a todos los catalanes

3) El independentismo es transversal.

Los secesionistas están obligados a retirar de su imagen cualquier atisbo o apariencia de racismo y de xenofobia, tan difícil por otra parte de borrar de la faz de todo movimiento nacionalista. De ahí que se esfuercen en mostrar que dentro de sus filas hay emigrantes y que bajo su bandera caben todos los que viven en Cataluña. Para lograr este objetivo se han servido de una debilidad muy humana, el ansia de integración de aquellos que del resto de España han emigrado a Cataluña y que se sienten desarraigados. Con mucha frecuencia, al ser discriminados o tratados socialmente como inferiores vieron la solución a sus problemas en el intento de hacerse pasar por los independentistas más entusiastas. Es un fenómeno curioso, pero no tan infrecuente. Algo similar está ocurriendo últimamente con los emigrantes extranjeros. Los partidos secesionistas tienen, por tanto, material suficiente para el escaparate y para cubrir el expediente y las apariencias. Cataluña, no se cansan de decir, es una sociedad abierta.

La realidad es, sin embargo, muy distinta, el independentismo es mucho menos transversal de lo que nos quieren hacer creer. El otro día el diario El País publicó, con datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, un reportaje que muestra la dispersión del independentismo en la sociedad catalana y cómo existe una relación entre el nivel de ingresos, el enraizamiento familiar en Cataluña (generación de origen catalán) y la adhesión al independentismo. A más apellidos catalanes, más ingresos mensuales y mayor tendencia al secesionismo.

Lo que indican los datos es que los que ansían masivamente la independencia son los catalanes, nietos de catalanes y de ingresos económicos elevados; por el contrario, el rechazo a la secesión está generalizado en el grupo de los nacidos (ellos o sus padres) fuera de Cataluña y de bajos ingresos. Entre aquellos que son naturales de otras Comunidades Autónomas solo el 12% se manifiestan favorables a la independencia, y este porcentaje se eleva al 29% en el grupo de aquellos que aunque hayan nacido en Cataluña sus padres son de fuera. Por el contrario, en el conjunto de los que tienen ocho apellidos catalanes(los abuelos han nacido en Cataluña) el 75% son independentistas.

Algo parecido ocurre en lo relativo al nivel económico. Solo en el grupo de los que contestan que “viven cómodamente” la proporción de los que están a favor de la independencia sobrepasa el 50%. El porcentaje va disminuyendo progresivamente según se van recorriendo los grupos con situaciones económicas más débiles: “Nos llega para vivir”, “Tenemos dificultades”, hasta el último “Tenemos muchas dificultades”, cuyo porcentaje de independentistas es del 29%.

La distribución con respecto a la situación laboral tiene menos relevancia: tan solo hay un detalle tal vez interesante y es que el colectivo con mayor aceptación de la independencia (49%) es el de los empleados públicos, lo que puede ser significativo de algo que siempre se ha sospechado: la forma poco objetiva en la que se han reclutado los funcionarios de la Generalitat en la época de Pujol, centrando el proceso de selección mucho más en las predilecciones políticas que en los criterios de mérito y capacidad que estipula la Constitución.

4) Cataluña se identifica con la Generalitat.

Desde luego, los dirigentes y portavoces de la Generalitat cuando hablan identifican esta institución con Cataluña. Pero no son solo ellos. Con mucha frecuencia, en los periódicos, en las tertulias y en los mismos discursos políticos se comete ese quid pro quo. Así, se escucha afirmar a menudo que Cataluña está quebrada, cuando en realidad lo que se quiere afirmar es que la Generalitat es insolvente. Se dice también a menudo que el Estado ha prestado tanto o cuanto a Cataluña, cuando el préstamo se ha dirigido a la Generalitat.

La Generalitat es tan solo la administración autonómica de los catalanes, una de las tres que todo ciudadano posee, siendo la municipal y la estatal las otras dos. Y conviene que desde el primer momento pongamos en claro que en las tres administraciones, si son democráticas, se da el autogobierno (no es exclusivo de la Generalitat). Todo gobierno democrático es autónomo como antítesis de heterónomo (gobierno por otros). No sería extraño que en ocasiones los ciudadanos se sintiesen más implicados y considerasen más propio el gobierno central que el gobierno de su comunidad que puede actuar de forma despótica y por lo tanto heterónoma.

El nacionalismo usa la artimaña de presentar a la Generalitat como el único gobierno de Cataluña, y al Gobierno central como extranjero, aunque lo cierto es que la situación puede ser más bien la contraria que la Generalitat en manos de los independentistas gobierne exclusivamente para la mitad de la población y sea la administración central el gobierno “autónomo” (democrático) de todos los catalanes. Algo parecido puede suceder con las fuerzas de seguridad, que los mossos sean una policía partidista, política, al servicio exclusivamente de una parte de la población, y la Policía nacional y la Guardia civil, lejos de ser una fuerza extranjera, estén al servicio y defiendan los derechos de toda la sociedad catalana. No siempre la cesión de competencias significa incremento de democracia y, por lo tanto, de autogobierno.

Es evidente que los independentistas actúan ya como si la administración estatal no existiese en Cataluña y por ello tienden a hablar del presidente del gobierno de la Generalitat como del presidente del gobierno de Cataluña. Y esa es también la razón que se encuentra detrás de todos los malos entendidos que se lanzan sobre las relaciones de las finanzas del Estado en relación a Cataluña. Son los catalanes y no la Generalitat quienes pagan impuestos al Estado y este el que transfiere recursos no solo a la Generalitat sino también directamente a los ciudadanos, bien mediante prestaciones, bien mediante servicios. En consecuencia, carece de todo sentido cifrar el déficit o superávit por la diferencia entre lo que contribuyen los catalanes y lo que recibe la Generalitat, ya que Cataluña no es la Generalitat y recibe directamente recursos del Estado. Por poner algún ejemplo, Cataluña se encuentra a la cabeza de todas las otras Autonomías en el monto de inversión (casi 8.000 millones de euros) recibido del Ministerio de Fomento en el periodo 2006-2015.

Lo anterior no debe ocultar el hecho de que la política fiscal del Estado (a través del gasto y del ingreso) tiene una función redistributiva que se concreta en primera instancia en el reparto personal de la renta, pero como consecuencia de ello también en el reparto territorial. De forma automática, por este mecanismo se establece una transferencia de recursos de las regiones ricas a las más desfavorecidas. Cataluña, al igual que Madrid, posee una renta per cápita muy superior a la media, luego es justo que se convierta en contribuyente neto. No se trata de solidaridad, sino de la equidad que se deriva de la Hacienda Pública de un Estado social.

Es por ello por lo que no tiene ninguna lógica el llamado principio de ordinalidad, que consiste en garantizar que en las aportaciones del Estado a las correspondientes Comunidades Autónomas se mantendrá el mismo orden que el que se da en las recaudaciones fiscales de esas regiones. Y no tiene lógica alguna porque contradice la esencia de una política redistributiva. Es como si dijésemos que los ciudadanos que contribuyen más al fisco tuvieran que recibir mayores prestaciones y mejores servicios del Estado; cuando normalmente sucede al revés, aquellos contribuyentes con más rentas pagan más impuestos (los tributos son progresivos) y reciben menores prestaciones, ya que la mayoría de los gastos públicos se orientan, o deberían al menos orientarse, principalmente a las clases bajas. Pero es que, además, de nuevo se comete una identificación falsa entre la administración autonómica y la sociedad de la región correspondiente.

Cataluña es de las regiones más ricas de España, la Generalitat, a pesar de ello, se encuentra con graves dificultades económicas, mayores que las de otras muchas Comunidades; pero, por más que los independentistas pretendan lo contrario, la razón principal no se encuentra en un deficiente sistema de financiación (todos se han diseñado con su aquiescencia), sino en la deficiente gestión presupuestaria y financiera de la propia Generalitat. Aunque parezca anecdótico, por si fuese bajo el sueldo del presidente del Gobierno de la Generalitat, Puigdemont lo ha elevado en 8.600 euros, con lo que sus emolumentos anuales se eleva a 145.000 €, casi el doble que los del presidente del Gobierno, por encima del sueldo de muchos mandatarios europeos y por supuesto que el de los presidentes de las restantes Comunidades Autónomas. No es difícil suponer que ese nivel de sueldos se traslada por toda la pirámide, partiendo del sueldo de todos los consejeros hasta los mozos de escuadra cuya retribución es un 30% superior a la de los guardias civiles. Los ejemplos que se podrían añadir serían innumerables, pero baste señalar uno más: los numerosos recursos dedicados a propagar por todos los medios, cuesten lo que cuesten, la independencia. No es de extrañar que falte después dinero para servicios que sí prestan las otras Comunidades.

republica.com 6-10-2017

El Gobierno está dispuesto a conceder mayor financiación y más autogobierno para Cataluña. Eso ha afirmado Luis de Guindos. Parece que se trata de premiar la sedición y el golpe de Estado. Visto así, supongo que no tardarán en dar otro. Es un extraño juego este del nacionalismo. Si ganan, porque ganan, y si pierden, porque también ganan. Ya hubiesen querido Tejero, Milán del Bosch y Armada haber contado con un tratamiento similar. Claro que en España ha habido una larga tradición en que los gobiernos no sepan reaccionar a tiempo en los simulacros de golpismo. Antes del 23 de febrero de 1981 hubo amagos a los que no se dio importancia hasta que estalló la bomba en el Congreso. Y remontándonos más en la Historia, la República tampoco estuvo muy lista a la hora de reprimir las tentativas previas al 18 de julio del 36.

Resulta una buena idea conceder mayores competencias a la Generalitat, así se les dota de más medios para que el próximo asalto contra la Constitución y la proclamación de la independencia tenga éxito. Conviene recordar que en los atentados del pasado 17 de agosto la mayor preocupación de la Generalitat y de los independentistas era mostrar que ellos contaban ya con todos los medios necesarios para ser un Estado. Y en buena medida era verdad, porque la Generalitat tiene ya casi todas las competencias posibles. Si actúan como un Estado, por qué no constituirse ya en un Estado independiente (véase mi artículo del 31 de agosto pasado).

La concesión de mayores cotas de autonomía nunca contenta a los nacionalistas; por el contrario, les anima a nuevas reivindicaciones, al dotarles de mayores medios para presionar. De cesión en cesión hasta la sedición final. Sin duda, uno de los mayores obstáculos que están encontrando tanto el Gobierno como los jueces a la hora de controlar el golpe ha sido el comportamiento pasivo de los mozos de escuadra. Y la mayor dificultad del govern para poder culminar la asonada es no tener transferida la justicia y no contar con una Hacienda pública al estilo del País Vasco. Por cierto, es erróneo pensar que el único gobierno autónomo en Cataluña es el de la Generalitat. Tan autónomo (significado contrapuesto a heterónomo) es el gobierno municipal como el de la Generalitat o el del Estado, siempre que sean democráticos. Democracia es sinónimo de autogobierno.

La dinámica establecida alrededor del procés no deja de ser paradójica, pues se anatematiza al Gobierno central y se califica su actuación de antidemocrática, precisamente por aquellos que pretenden dar un golpe de Estado y romper unilateralmente con la Constitución. Pero no son solo lo golpistas los que tergiversan los términos. Más triste es el papel que está asumiendo determinada izquierda, cuyo desvarío ha traspasado los límites de Cataluña. Hasta ahora era la izquierda de esta Comunidad Autónoma la que, presa del furor nacionalista, se apartaba de la lucha social para encerrarse en el conflicto territorial, defendiendo precisamente los privilegios de una de las regiones más ricas de España. En los momentos actuales, el contagio incomprensiblemente se ha trasladado fuera de Cataluña.

Partidos como Podemos o la IU del “niño Garzón” se han adentrado en una vía demencial que ya no es coqueteo (ver mi artículo del 14 de septiembre), sino que se han enfangado en un abrazo del oso con el nacionalismo. Aquellos que se proclamaron herederos del 15-M hoy se manifiestan no a favor de las pensiones o en contra de la reforma laboral, o en contra el Banco Central Europeo, o contra las políticas mal llamadas de austeridad de Bruselas, sino para defender los privilegios de la burguesía catalana. Únicamente una gran confusión ideológica puede conducir a que desde Marinaleda o en general desde Andalucía -por no decir desde Galicia- se defienda el derecho de autodeterminación de las regiones ricas, detrás del cual, aunque disfrazado, se encuentra fundamentalmente el rechazo a la redistribución de la renta.

Si algo se le puede achacar al actual Gobierno en el tema catalán ha sido el hecho de extremar la prudencia hasta el punto de que en Cataluña se ha terminado generando el caos y la anarquía. Desde el propio Estado se ha atacado al Estado, a la Constitución y a la democracia. Solo un cierto cacao mental, el desconocimiento de la Historia o la mayor de las demagogias pueden estar en el origen de la afirmación de que en Cataluña hay presos políticos. De forma sibilina ya lo insinuaba Enric Juliana (ese periodista de la Vanguardia que siempre de forma torticera y con acento tartufo defiende los intereses de los independentistas). En un artículo escribía: “La Europa actual no tolera presos políticos”, queriendo afirmar con ello que las posibles detenciones o sentencias que se pudieran generar en Cataluña a propósito del procés serían presos políticos.

En Cataluña, al igual que en el resto de España, no existen presos políticos, tan solo políticos presos, y de esos muchos y de todos los partidos, lo que prueba hasta qué punto la judicatura actúa por su cuenta y en ejercicio de sus propias competencias. De producirse detenciones o condenas de prisión a propósito del procés no obedecerían a motivos políticos. Los hechos demuestran que la libertad de expresión y los derechos de los independentistas han estado y están plenamente garantizados; incluso con el argumento de que no conviene tensar la situación se les han consentido continuas violaciones de la legalidad que a ningún otro grupo social o partido se había permitido.

No me parece más grave distraer caudales públicos con la finalidad de financiar a una formación política que hacerlo para romper la Constitución y lograr la independencia de una de las regiones más ricas de España. No creo que exista un solo país que no castigue con penas de prisión la sedición y el golpe de Estado. Nadie se atrevería a decir que el general Armada era un preso político. Los que hoy hablan de fascismo no han conocido de verdad lo que son presos políticos y muchos menos han pasado por esa experiencia, ni siquiera la de tener miedo de llegar a serlo. Lo más parecido hoy al franquismo es el discurso y las actuaciones de los movimientos independentistas. Y son el Gobierno de la Generalitat y sus adláteres los que pueden recibir hoy el calificativo de fascistas.

El PNV, no se sabe si por obligación o por devoción, ha corrido a alinearse con los independentistas del procés. Tal vez con ello intentan disimular que ellos son parte del problema, porque uno de los hechos que más irrita a los catalanes -y en puridad debería soliviantar a todas las otras Autonomías- es la situación de privilegio fiscal con el que la Constitución dotó al País Vasco y a Navarra, y que las permite situarse en renta per cápita a la cabeza de toda España. Estatus que ahora envidian y pretenden conseguir los nacionalistas de Cataluña, y que si se extrapolase a todas las Comunidades incrementaría brutalmente las desigualdades y los desequilibrios territoriales.

Después están los de la equidistancia, los que se sienten en la obligación de acompañar toda condena del golpe con la crítica al Gobierno central reprochándole, parece ser, su falta de diálogo. Diálogo es la palabra mágica que emplean a todas horas, pero que en el fondo está totalmente vacía de contenido. ¿Dialogar con los que solo quieren dialogar sobre la forma de robar la soberanía a la totalidad de los españoles? Habría resultado pintoresco que después del golpe de Estado del 23 de febrero se hubiera reclamado diálogo con los golpistas. Pedro Sánchez, por su parte, está interpretando un triste papel, hasta el extremo de poner en peligro la unidad de su formación política. El otro día en el Congreso impuso, en contra de lo que había aprobado su grupo parlamentario, el voto negativo a la resolución presentada por Ciudadanos en apoyo al Gobierno y a las instituciones democráticas. Al margen de que la iniciativa de Rivera constituyese un error garrafal, ya que había peligro, como así ocurrió, de que apareciesen grietas en el bloque constitucionalista, no deja de ser patético que los socialistas representantes de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, etc., se negasen a respaldar al Estado en la represión del golpismo. Como afirmó Rajoy con sentido común, no se trata de defender al Gobierno sino al Estado de derecho.

Las declaraciones espasmódicas de los mandatarios del PSOE y del PSC están resultando penosas. La portavoz del grupo parlamentario, que parece más bien la portavoz del PSC, arremetía contra el Gobierno porque, según ella, se escondía tras los jueces y la oposición, y le exigía que tomase decisiones, pero al mismo tiempo le hurtaba los medios posibles, poniendo vetos a priori a instrumentos perfectamente legales como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Iceta, a su vez, compra el discurso de los independentistas de la violación de derechos. El señor Montilla reprocha a Rajoy haber estado cinco años de vacaciones en el tema de Cataluña. La verdad es que habría sido mucho mejor que él hubiera estado de vacaciones en toda su etapa de presidente de la Generalitat. Seguramente hoy no habría tantos problemas.

Pedro Sánchez es el que parece estar ausente de cara al referéndum del 1 de octubre. Se esconde con la finalidad de comprometerse lo menos posible. Aunque en realidad es preferible que no comparezca ante los medios, porque cada vez que lo hace es para meter la pata. Todo se le vuelve en criticar al Gobierno y propugnar diálogo. Ha llegado a proclamar que él obligará a Rajoy a buscar una solución pactada. Y es que con anterioridad ha manifestado que él ya posee tal solución. Para echarse a temblar, si el remedio tiene que venir de la mano de Pedro Sánchez. Lo cierto es que todo queda en crear una comisión en el Congreso, la defensa de un impreciso federalismo y una pretendida modificación constitucional que nadie sabe en qué consiste. Nada concreto. Absolutamente etéreo. Una solución imaginativa a la que irónicamente se refería el otro día Savater en un artículo en El País.

Los que sí han explicitado una solución política concreta han sido los empresarios catalanes. Saben perfectamente lo que quieren. Joaquim Gay de Montellá, presidente de Fomento del Trabajo -la principal patronal empresarial de Cataluña-, ha abogado por celebrar en 2019 un referéndum legal para aprobar un nuevo estatuto que debería recoger nada más ni nada menos que el reconocimiento de la identidad nacional, más inversiones del Estado, el pacto fiscal y la representación de Cataluña en organismos internacionales y competiciones deportivas.

A su vez, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha requerido una reforma de la financiación autonómica que acabe con las «transferencias indefinidas y sin condiciones» de las Comunidades Autónomas con mayor renta per cápita a las más pobres. «Llevamos 40 años de transferencias y la brecha sigue siendo igual», afirmó. Lo cual no es cierto. No hay transferencias entre Comunidades, sino una política fiscal del Estado que redistribuye la renta tanto en el plano personal como en el territorial. Lo que sí es verdad es que esta redistribución no ha tenido la suficiente fuerza como para reducir la brecha; por el contrario, la desigualdad se ha incrementado. ¿Pero alguien puede imaginar cómo habría evolucionado el reparto de la renta y hasta dónde habrían llegado las diferencias interterritoriales sin esta política redistributiva del Estado?, ¿y qué nivel alcanzaría la divergencia entre regiones si se aplicase a Cataluña y a Madrid, tal como reclama Vega de Seoane, un régimen similar al del País Vasco? Es un error mantener, tal como ha afirmado Guindos, que se pueda dotar de mayores recursos a unas Comunidades sin detrimento de las otras. Se quiera o no, en esta materia nos movemos en un juego de suma cero.

Lo más sorprendente es que el presidente del Círculo de Empresarios pone como ejemplo a Europa y sus políticas de solidaridad entre los Estados (más bien sus “no políticas”) y sostiene, negando los hechos, que esas políticas han reducido las diferencias entre los Países. La realidad es la contraria: en la Eurozona se ha incrementado fuertemente la divergencia entre los miembros y la causa se encuentra precisamente en que se ha construido una Unión Monetaria sin crear al mismo tiempo una Hacienda Pública común suficientemente potente y progresiva que corrija los desequilibrios que aquella genera. Querer importar este modelo a nivel regional es introducir en España los mismos o mayores problemas que está sufriendo Europa.

Hay que reconocer que los empresarios son los únicos que hablan claro. Retoman el chantaje que Mas lanzó al Gobierno central y que dio lugar al inició del procés, con la exigencia de que se dotase a la Generalitat de la misma situación fiscal que disfruta el País Vasco. Son los únicos que presentan una solución política concreta, congruente por otra parte con su ideología, la ruptura de la política redistributiva del Estado. Pero lo que es lógico y coherente en las organizaciones empresariales resulta totalmente descabellado para ser defendido por un partido socialista y no digamos por formaciones políticas como Podemos e IU. Entonces ¿Dónde se encuentra la solución política imaginativa?

republica.com 29-9-2017

En Cataluña, según las encuestas, los partidarios de la independencia no llegan al 50% y seguro que serían muchos menos si pensasen que la secesión va en serio y que su opinión o voto iba a tener una incidencia decisiva en el resultado. Por el contrario, el porcentaje que ofrecen los sondeos respecto a la defensa del derecho a decidir es mucho mayor, casi el 80%, y es que si a uno le preguntan si quiere decidir, es difícil que conteste que no.

El discurso de los independentistas está lleno de trampas y falacias y no es la menor de ellas haber disfrazado el derecho de autodeterminación -inexistente por otra parte en los Estados democráticos occidentales- por un abstracto y quimérico derecho a decidir que se reviste de las apariencias de democracia y libertad. ¿Cómo situarse en contra de la democracia?, ¿cómo cuestionar la libertad?, ¿cómo negar el derecho a decidir? El sofisma es parecido al que utiliza el neoliberalismo económico cuando en nombre de la libertad defiende la autonomía absoluta de los mercados y la ausencia total de regulación en la actuación de las fuerzas económicas. ¿Quién va atacar la libertad?

Ambos planteamientos ocultan una realidad puesta ya de manifiesto por los pensadores más antiguos, lo que se ha venido a llamar “la paradoja de la libertad”, que se concreta en que la libertad definida como ausencia de todo control restrictivo termina destruyéndose a sí misma y transformándose en la máxima coacción, ya que deja a los poderosos vía libre para esclavizar a los débiles. Se atribuye a Platón haber esbozado por primera vez esta aparente antinomia cuando mantiene, por ejemplo, en “La República” la siguiente tesis: “De este modo es probable que la mucha libertad no se convierta sino en mucha esclavitud tanto en el individuo como en el Estado”.

Fue Kant el que al describir lo que para él era una constitución justa pretende resolver la paradoja al afirmar que “la mayor libertad posible que se puede dar a cada individuo es la de que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los demás”, idea que vuelve a repetir en “La teoría del Derecho”: “La justicia es la suma total de las condiciones necesarias para que la libre elección de cada uno coexista con los demás de acuerdo con una ley general de libertad”.

Sin Estado, sin ley, no hay libertad. Precisamente lo que cada individuo pide al Estado es que proteja su libertad, pero en contrapartida tiene que renunciar a una parte de esa libertad, aquella que se opone a la libertad de los demás. Mi derecho a mover mis puños en la dirección que desee queda constreñido por la posición de la nariz del vecino. Es de la limitación de la libertad de donde emerge la propia libertad. La carencia de leyes limitativas de la libertad hunde a la sociedad en el caos, imponiéndose la ley de la selva, la ley del más fuerte.

El neoliberalismo ha pretendido aplicar a la economía la libertad sin restricciones, olvidando que utilizando con coherencia su doctrina se destruye la propia economía de mercado, que tanto defienden, y cuyo fundamento es la propiedad privada. Todo el mundo sería muy libre de apropiarse de lo que le apeteciese y pudiera. El principio de la propiedad privada implica ya una limitación de la libertad y un reconocimiento del Estado como árbitro social, condiciones necesarias para garantizar la misma libertad que difícilmente se consigue sin respeto a la propiedad. Pero de igual modo y por la misma razón hay que rechazar la demanda neoliberal de emancipar los mercados de forma absoluta, eliminando toda normativa, y de suprimir cualquier restricción al capital. Se trata de una libertad aparente, porque de esta forma se termina concediendo la libertad únicamente a un grupo reducido de ciudadanos, mientras se destruye para la gran mayoría.

Esta falacia tan común en el ámbito económico es mucho menos frecuente en el campo político y civil. Todo el mundo acepta que sin normas y leyes no existe la libertad y que lo que se generaría sería la anarquía y el caos. Sin embargo, en ocasiones, como la actual, hay quien explota la libertad para arrimar el ascua a su sardina, y presentar como democrático lo que linda con lo arbitrario y despótico. Esto es lo que está sucediendo con el independentismo en Cataluña y con la utilización que hacen del derecho a decidir.

Todos tenemos derecho a decidir. Es más, a lo largo de nuestra vida estamos compelidos, tal como afirman los existencialistas, a un sinfín de elecciones, sin que podamos evadirnos de ellas, pero también hay otras que nos están vedadas. Yo soy yo y mis circunstancias, que diría Ortega. La naturaleza nos constriñe y nos lo impide desde el primer momento. Nadie puede elegir su raza, ni dónde y cuándo va a nacer, ni en qué familia, ni las cualidades físicas e intelectuales de las que estará dotado. El vivir en sociedad es otra fuente de limitación. Mi derecho a decidir está limitado por las leyes, leyes que al mismo tiempo son las que me lo garantizan en otros muchos ámbitos. El derecho a decidir, como la libertad, no existe en abstracto, sino enmarcado en una realidad política y en un ordenamiento jurídico.

El derecho a decidir de los catalanes, al igual que el de los andaluces, extremeños, murcianos, etc. no es un derecho incondicional, sino encuadrado en una normativa jurídica que si bien lo limita en el cauce de determinadas normas, que establecen las reglas del juego, también lo defiende y protege frente al ataque de otros ciudadanos. La Constitución, el Estatuto y en general todo el ordenamiento jurídico, es el conjunto que hace posible el derecho a decidir (de no existir, sería el caos y la anarquía) pero al mismo tiempo lo condiciona y restringe para garantizar el derecho a decidir de los demás.

La independencia de Cataluña no solo afectaría a esta región sino a toda España. El derecho de un grupo de catalanes aunque fuese mayoritario (ahora no lo son) chocaría con el derecho de otros catalanes e incluso con el derecho del resto de españoles. ¿Puede la mitad de Cataluña cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la otra mitad, obligándola a separarse de España, a la que se encuentran unidos desde hace muchos siglos? El derecho reclamado para los catalanes es al mismo tiempo el expolio de la soberanía de la totalidad de los españoles. Por otra parte, ¿quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora residen en la Comunidad Autónoma aunque hayan llegado ayer o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid?

¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Dónde radica la soberanía, la capacidad para cambiar las reglas de juego? Según la Constitución de 1978 -la que fue votada por una inmensa mayoría de catalanes-, el pueblo español en su conjunto. Pero es que, además, cualquier otra respuesta nos introduce en un laberinto de difícil salida. ¿La Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? ¿Y por qué no todos los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto? ¿O cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?

Todos tenderíamos a rechazar que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tuviese el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante) de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos. El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendió en su día independizarse del municipio de Alcobendas (de clase media), creando su propio ayuntamiento. ¿Tenía derecho a decidirlo? ¿Estaríamos a favor, por ejemplo, de que se convocase un referéndum sobre la pena de muerte?

Entre las múltiples falacias que utilizan los independentistas se encuentra la de repetir sin cesar que votar es un acto de democracia y que un referéndum no puede ser ilegal. Ciertamente, pero siempre que se convoque por quien tiene competencia para hacerlo y sobre una materia que pertenezca al ámbito de decisión de los consultados. Cuando estas condiciones no se cumplen no solamente puede ser ilegal, sino también delictivo. Delictivo es usurpar funciones a las que no se tiene derecho; delictivo es utilizar medios públicos para un fin partidista como el de promover un referéndum ilegal y que va en contra de la Constitución, y delictivos son en todos los países los actos insurreccionales y en contra de las respectivas Constituciones, especialmente cuando se producen desde el poder, porque entonces se denomina golpe de Estado, y golpe de Estado es lo que pretenden los independentista en el momento actual.

La malversación de fondos propios en la que se incurrió en el referéndum del 9-N y en la que se va a reincidir en el actual no es una corrupción de muy distinta naturaleza de la que se ha cometido con el 3%. En este último caso se trataba de financiar a un partido, Convergencia, con recursos públicos. Y en los casos del referéndum se trata de utilizar fondos públicos para un objetivo partidista y además ilegal, apartándolos del fin general.

Los secesionistas intentan justificar la sedición afirmando que el pacto constitucional se rompió cuando después de ser aprobado en referéndum por la sociedad catalana el último Estatuto de autonomía, el Tribunal Constitucional anuló determinados artículos del mismo. Ciertamente todo lo referente a este Estatuto fue más bien desafortunado; comenzando por la irresponsable promesa de Zapatero de aprobar en Madrid lo que el Parlamento catalán sancionase en Cataluña. Promesa que ciertamente no pudo cumplir dado que el documento que llegó desde Barcelona era claramente inconstitucional. Ahí radicó la verdadera ruptura del pacto, en intentar modificar la Constitución por la puerta de atrás. El Estatuto aprobado por el Parlament era palmariamente contrario a la Carta Magna y continuó siéndolo aun después de ser modificado por las Cortes, pues los cambios se hicieron con un PSOE condicionado por el PSC y por CiU. Curiosamente, Esquerra Republicana que ahora agita el Estatuto, colocándolo como causa de la rebelión, votó entonces en contra.

Los independentistas consideran un enorme agravio a la sociedad catalana el hecho de que el Tribunal Constitucional modificase el Estatuto después de ser aprobado en referéndum, pero, de existir, el agravio se encontraría en presentar a los ciudadanos para su aprobación un documento que era manifiestamente inconstitucional. Por otra parte, conviene recordar que el Estatuto fue aprobado por el 70,39% de votos afirmativos con una abstención del 50,59%, es decir, el porcentaje de los catalanes con derecho a voto que dio su aquiescencia no llegó ni siquiera al 35%, Estos datos contrastan con los resultados mediante los que se aprobó la Constitución en Cataluña: con una abstención de tan solo el 32,09% y un voto positivo del 90,46%. Es la misma Constitución que el independentismo no tiene el mínimo reparo en denigrar e incumplir. No parece que se respete mucho la voluntad del pueblo de Cataluña. Conviene tener también presente que en la I República las Cortes modificaron el Estatuto que la sociedad catalana había aprobado ya en referéndum, sin que nadie se escandalizase; todo lo contrario, los nacionalistas quedaron al parecer muy satisfechos.

Existe un mantra que por desgracia se ha extendido a lo largo de toda España, el de resaltar que, al margen de lo que hagan los independentistas, hay un problema político en Cataluña, que solo se puede solucionar con diálogo. Problema político existe, y muy grave, pero no está tanto, como se quiere indicar, en que haya un grupo, aunque sea numeroso, de catalanes que se encuentran a disgusto con el trato recibido por el Gobierno central y consideran que son discriminados, ya que ese hecho puede estar generalizado en la mayoría de las Autonomías. La opinión pública de todas ellas casi seguro que esta también descontenta con la situación actual y considera que otras Comunidades gozan de una atención mayor. Se me ocurre que los habitantes de Extremadura, Andalucía, Castilla-La mancha, Canarias o Murcia tienen muchos más motivos para su insatisfacción y desagrado que los de Cataluña.

El verdadero problema político en Cataluña radica más bien en unas instituciones y autoridades autonómicas que se han sublevado contra todas las leyes vigentes, leyes a las que precisamente deben su existencia como instituciones y autoridades, y pretenden sustituirlas por un nuevo ordenamiento jurídico sin legitimidad y surgido del vacío, y desde esa atalaya practican el victimismo y potencian y alientan el descontento popular. ¿Diálogo? Sí, pero no antes de haber restablecido la legalidad y haber sofocado el golpe de Estado y, desde luego, no a costa de premiar a los golpistas y concederles un trato de favor; de lo contrario, nos podemos encontrar con un problema político mucho mayor: que la sublevación se reproduzca en toda España.

republica.com 22-9-2017

El 6 de noviembre de 2015 me preguntaba yo en un artículo titulado «La izquierda y el derecho a decidir» y publicado en este mismo diario si se puede ser al mismo tiempo de izquierdas y nacionalista. Uno estaría tentado a contestar que no, que son categorías antitéticas. Sin embargo, Antonio Muñoz Molina se encamina por otra dirección cuando escribe: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista». En los momentos actuales en nuestro país la realidad y los acontecimientos parecen inclinarse mucho más hacia la tesis del académico de Úbeda que a lo que sería lógico desde el punto de vista teórico.

En el mismo artículo antes citado, intentaba yo explicar cómo la izquierda, a pesar de haber pregonado su vocación internacionalista, había sucumbido a menudo a lo que he llamado en algún otro artículo pecado original de la izquierda: su desconfianza hacia el Estado y, por lo tanto, su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada, el poder político no era más, tal como afirmó Marx, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país y especialmente en Cataluña el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es hasta cierto punto lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Cabría pensar que todo lo anterior explica el extraño comportamiento mantenido por Podemos y sus dirigentes cuando coquetean con el nacionalismo, incluso con el soberanismo, defendiendo ese espurio concepto del derecho a decidir. Sin embargo, algo no cuadra, el franquismo está ya demasiado lejos en el tiempo y los cuadros directivos de Podemos son perfectamente conscientes del papel que, a pesar de sus defectos, ocupa el Estado actual a la hora de corregir y paliar la injusta distribución de la renta, tanto desde el punto de vista personal como regional, que realiza el mercado. Saben que sin las prestaciones y los servicios públicos la desigualdad y la pobreza se elevarían en todas las sociedades de manera exponencial. Es más, el Estado cuando es democrático, a pesar de sus errores, se convierte casi en el único guardián de los derechos de los ciudadanos y en muro de contención de las fuerzas económicas.

Es de suponer que los dirigentes de Podemos, así lo han dicho muchas veces, participan de la idea de que la globalización constituye la mayor amenaza a las cotas ya alcanzadas tanto en los derechos sociales como en los laborales, precisamente por la desproporción creada entre un poder económico y financiero que se globaliza y un poder político (los Estados) que queda recluido en espacios más pequeños, por eso toda operación tendente a reducir el tamaño de estos últimos debe considerarse un paso atrás desde la óptica de la izquierda.

Muchos de los dirigentes de Podemos provienen del mundo académico e incluso del área del Derecho, por lo que resulta difícil aceptar que realmente se crean esa falacia fabricada por los nacionalistas del “derecho a decidir”, con la que solamente se pretende revestir y ocultar el llamado derecho de autodeterminación, derecho que concedido a cualquier región o grupo de personas llevaría a los mayores absurdos, tal como ya ocurrió en la I República y que desde luego desde ninguna óptica y con ningún canon puede aplicarse a Cataluña. Considerar a esta Comunidad como una colonia o una región explotada da risa.

Los jerarcas podemitas saben perfectamente que tras el derecho a decidir de Cataluña se esconde “el España nos roba”, y que en gran medida ha sido esta idea la que se ha inoculado a parte de la población haciéndole creer que Cataluña es objeto de toda clase de discriminaciones, abusos y atropellos. Los ciudadanos siempre son propensos a aceptar y creer que son tratados de forma injusta comparados con el vecino. La realidad, por supuesto, es muy distinta. La renta per cápita de Cataluña está muy por encima de la media nacional; tan solo en Madrid, en el País Vasco y en Navarra es superior. En los dos últimos casos, el estar ubicados en cabeza deriva, en buena medida, de su situación fiscal privilegiada (concierto y cupo) concedida de forma ilógica en la Constitución, y es esta prerrogativa precisamente la que reclama Cataluña. No hay que olvidar que el denominado procés y la reivindicación del derecho a decidir nacieron a raíz de la negativa del Estado a concederles el pacto fiscal, sistema financiero similar al del cupo.

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo consideran un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos?

El procés y el nacionalismo han trasladado la lucha del plano social y de clases económicas, al enfrentamiento territorial. Hace años las calles de Barcelona y de otras ciudades de Cataluña se llenaban de protestas contra los recortes practicados por el Gobierno de la Generalitat y por el Gobierno central, que también es el suyo. Eran críticas similares a las que se hacían en otras partes de España. Hoy todo ello ha desaparecido en Cataluña. Las manifestaciones se hacen tan solo para reclamar la independencia.

Pienso que de todo lo anterior son conscientes los lideres de Podemos. Entonces ¿cómo es posible que defiendan la autodeterminación de Cataluña? ¿Cómo pueden estar a favor de que las regiones ricas de Europa, ya sea en España, Italia o Alemania pretendan separarse del resto, olvidando que en buena medida lo que son en los momentos actuales se lo deben al haber formado durante muchos años una unidad política y económica con lo que ahora pretenden abandonar?

La razón de esta postura tan anómala hay que buscarla quizás en la manera en que esta formación política ha surgido. La crisis derivada de la pertenencia a la Unión Monetaria y los recortes sociales y laborales aplicados en consecuencia elevaron la protesta de una parte importante de la población y su rechazo a los dos partidos que hasta entonces habían venido turnándose en el poder a los que se hacía responsables de la política de austeridad aplicada. De ahí el surgimiento de movimientos como el del 15-M, y de ahí también que de forma un tanto sorprendente una formación política como Podemos se hiciese con un bocado importante del espacio político.

El 15-M fue un movimiento plural de contestación y protesta. Carecía de un programa elaborado y definido. No tenía por qué tenerlo. Su objetivo era la crítica y la oposición. Su papel no consistía tanto en decir lo que había que hacer (seguramente habría habido discrepancias) como en lo que no se tenía que hacer (en ello había unanimidad). Hasta ahí todo correcto. El problema aparece cuando se produce el salto a la creación de una formación política, que además obtiene importantes éxitos a corto plazo. Entonces sí se precisa de un programa coherente y unificado.

La ambigüedad, sin embargo, estuvo presente en el discurso de Podemos desde el principio. Tan pronto se afirmaba que la división izquierdas o derechas estaba ya superada como mantenían que profesaban una ideología socialdemócrata. Ambigüedad que ha sido especialmente llamativa en la postura adoptada frente a la Unión Monetaria, problema que debería ser el número uno para un partido de izquierdas, ya que condiciona todos los demás. A pesar de sus asambleas y sus vista alegres, la tarea de construir un discurso congruente y un programa sin contradicciones quedó supeditada a la finalidad de lograr en cada sitio los mejores resultados electorales y de alcanzar lo antes posible el poder. Alguna vez lo explicitaron claramente cuando tildaban de fracasada a la izquierda que les había precedido por haber ocupado en el tablero político un puesto secundario.

Esta es la razón de su heterogeneidad, que en cada Comunidad o Ayuntamiento se ha plasmado de forma diferente no solo en las alianzas o en las siglas con las que se presentaba a los comicios, sino también en el discurso. Y ese es el motivo también de su continua apelación a pactar con el PSOE, olvidando que el 15-M surgió no cuando gobernaba Rajoy sino Rodríguez Zapatero. Muchos de los lideres de Podemos se han declarado discípulos de Anguita, pero no parece que tengan muy presente ni el programa, programa, programa ni el discurso de las dos orillas. En los momentos actuales, mientras pertenezcamos a la Unión Monetaria, todo partido de izquierdas debería moderar sus prisas por llegar al gobierno. Lo ocurrido al PSOE con Rodríguez Zapatero y la experiencia de Syriza en Grecia debería conducirles a la prudencia y a interrogarse acerca de si tienen un plan de gobierno coherente y si ese plan es viable en las actuales circunstancias.

Las prisas manifestadas por Podemos y la primacía que ha concedido a la obtención de resultados positivos en las elecciones sobre la coherencia del discurso es lo que quizás explica su conversión al derecho a decidir y su coqueteo con los nacionalistas. Piensa quizás que en Comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia le puede resultar muy conveniente. Las cosas, sin embargo, son más complicadas. Primero porque en esas Comunidades discursos nacionalistas suele haber muchos, y además a la hora de la verdad pueden encontrarse con que sus agrupaciones tienen tanta vida propia, que funcionan independientemente, se declaran soberanas (Si lo son las regiones porque no ellas) y apenas se pueden considerar parte del partido nacional al que dicen pertenecer. Lo que está ocurriendo en Cataluña es buena muestra de ello.

Segundo, porque lo que, según piensan, les puede proporcionar votantes de esas Comunidades, tal vez se las quite en mayor medida en otras; sus potenciales votantes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etc, (las Comunidades realmente necesitadas y peor dotadas) no verán con muy buenos ojos cómo su formación política, teóricamente de izquierdas, se coloca a favor de las Comunidades ricas y en el bando de los que pretenden romper la corriente de solidaridad necesaria y lógica dentro de un mismo Estado. Difícilmente se pueden mantener 17 discursos diferentes, uno para cada Autonomía.

republico.com 15-9-2017

Albert Rivera tenía razón. La comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso no era el mejor formato ni el que más favorecía a la oposición a la hora de exigir cuentas sobre la financiación del PP. Solo la absurda competencia establecida entre Podemos y el PSOE -o más bien entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- y una precipitación desmedida de ambas formaciones para llegar al poder (deberían preguntarse ambas el para qué) les ha podido conducir al error tan garrafal de forzar la sesión del miércoles 15 de agosto, en la que Rajoy tuvo todas las de ganar. Así se lo hacía presente, con gran dosis de ironía, Rivera a Margarita Robles cundo le dirigía palabras como estas: «Ya se lo decía yo… No ha tenido bastante, ¿quiere más?». Hacía referencia con cierto sarcasmo al mal estreno que como portavoz había tenido la juez, al ser vapuleada dialécticamente por el presidente del Gobierno. Es posible que algunos, quizás muchos, de sus correligionarios lo contemplasen con satisfacción, descontentos de que una outsider fuese primero entronizada en las listas y después nombrada portavoz con el único mérito de haber sido designada por el dedo del caudillo.

Rivera, con cierta habilidad que no hay que negarle, prefirió situar el debate en otro campo, en uno que él maneja con soltura, lo que llama “regeneracionismo de la política española”, denominación altisonante, pero que en boca de Ciudadanos queda reducida a unas cuantas medidas tan discutibles como superficiales: limitación de mandatos, listas abiertas, primarias, eliminación de los aforamientos, etc. y alguna más con algún sentido como la relativa al fiscal general, a la elección del poder judicial o a la eliminación de la posibilidad de indulto a los condenados por corrupción, pero que en todo caso, no son el bálsamo de fierabrás ni atacan las raíces de la posible corrupción del sistema.

Como casi todo el mundo conoce, el regeneracionismo fue un movimiento intelectual a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, que hunde sus raíces en la decadencia social y política de España, y cuyo detonante fueron las derrotas en las que se perdieron definitivamente las colonias de ultramar. Reacción frente al turnismo, sistema establecido en la Restauración, en el que se hermanaban una clase política perteneciente a dos partidos con alternancia en el poder con la Monarquía y con una oligarquía económica y financiera principalmente de corte provinciano y caciquil, que imponía sus intereses a toda la nación. Toda esta amalgama, que constituía el sistema ideado por Cánovas, impedía que la economía se desarrollase y hacía que la política fuese una mascarada al servicio de las clases dominantes.

Joaquín Costa, fundador del movimiento, lo describe perfectamente. “…forma un vasto sistema de gobierno, organizado a modo de una masonería por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados ayuntamientos, diputaciones provinciales, alcaldías, gobiernos civiles, audiencias, juzgados, ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegios de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe.”

La palabra regeneración proviene del lenguaje médico como antónimo de corrupción, corrupción que se supone de todo el sujeto y, trasladado al orden social, de todo el sistema. Así emplean el término los regeneracionistas y en ese sentido hay que entender el lema lanzado por Joaquín Costa: «Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid». Consiste en un cambio político sí, pero también socioeconómico que corrija las desigualdades sociales y la situación de pobreza en la que se hallaba entonces la sociedad española. En consecuencia, se trata de un cambio en profundidad que de ninguna manera se puede reducir a unos cuantos parches al sistema.

Han sido muchos los que a lo largo de este siglo han intentando apropiarse del pensamiento, o al menos del nombre, regeneracionista, comenzando por el dictador Primo de Rivera, y suele ser habitual también que determinados grupos, sociedades o partidos hayan recurrido a él como fuente de inspiración, y se consideren sus herederos. Es por tanto pertinente que nos preguntemos si este pensamiento continúa teniendo actualidad y si tiene algo que ver con aquellos que hoy levantan la bandera de la regeneración, como Ciudadanos.

Desde luego, la sociedad española en los momentos actuales presenta características muy distintas de las que se daban a finales del siglo XIX. No hemos vivido ningún desastre como el de 1989. Tampoco podemos afirmar que nuestro país se vea afectado especialmente por males diferentes a los que acechan a otros países, y no es necesario echar doble llave al sepulcro del Cid, puesto que hace mucho que no cabalga. Solo los gobiernos de vez en cuando sucumben a tentaciones triunfalistas. La mayoría de los ciudadanos, por el contrario, continúan inmersos en cierta medida en un complejo de inferioridad, pensando que las cosas (sobre todo las malas) solo ocurren en nuestro país, y prestos a importar como bueno todo aquello que provenga de allende los Pirineos.

No obstante, el sistema político y económico puede estar tan corrompido como entonces. Los gobiernos, tal como afirmaba Marx, pueden continuar siendo el consejo de administración de los intereses económicos. A nuestro sistema le sería de aplicación perfectamente el párrafo que más arriba citábamos de Costa y que podríamos retratar también con la descripción que el socialdemócrata y iuspublicista alemán Herman Heller hacía de tal fenómeno hace ya muchos años:

«La superioridad económica y de civilización pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar (mediante la influencia ejercida, directa o indirectamente, sobre la opinión pública) la democracia en su contrario. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose aparentemente las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción».

Lo específico del momento presente es que el mal descrito no es exclusivo de España, sino que se extiende a todas las latitudes. Al aceptar la globalización, las instituciones democráticas de los distintos países han cedido el poder a las fuerzas económicas y financieras supranacionales; y los Estados miembros de la Eurozona, que mal o bien se habían estructurado como democracias, han transmitido la decisión y la capacidad de coacción a organismos como el BCE, con profundos déficits democráticos. El amancebamiento entre clase política y económica es generalizado y basta con asomarse a Europa o a Estados Unidos para comprobarlo. Pero si la enfermedad es global, la medicina tiene que ser también global y la regeneración difícilmente se puede plantear con éxito en un solo país.

Es por eso por lo que resulta tan cómico el mensaje de Ciudadanos que ha centrado todo su discurso en la regeneración, presentándose como los adalides de la misma, por el solo hecho de proponer una serie de medidas que ni siquiera arañan la piel del monstruo y que, además, muchas de ellas son muy discutibles e incluso contraproducentes, tales como considerar que solo las primarias dan certificado de democracia a una formación política. Hasta han pretendido hacer obligatoria la medida para todos los partidos. La realidad es precisamente la contraria. Las primarias, como se está comprobando, dan todo el poder a los órganos unipersonales y acentúan el caudillismo. Los congresos, los programas y los comités se convierten en una prolongación de la voluntad del secretario general. Deberíamos preguntárselo al PSOE, que se ha desnaturalizado de tal manera que solo existe una voluntad, la de Pedro Sánchez, y una gran mayoría de militantes, con toda seguridad, se ven forzados, en contra de sus convicciones, a defender por ejemplo la plurinacionalidad, como resultado de una votación, en la que sin duda este y otros muchos aspectos ahora asumidos estarían ausentes en la consideración de los votantes (véase mi artículo del 1 de junio de este año, “El 18 de Brumario”).

También puede ser contraproducente la propuesta de listas abiertas. Al menos no parece que vaya a servir para mucho cuando existen desde siempre en el Senado y casi nadie ha hecho uso de esta condición para modificar el orden y los nombres establecidos por cada partido en la papeleta. Pero es más, si realmente se utilizasen, dudo mucho de que con ello mejorase el nivel de nuestra democracia. Se argumenta que su finalidad es quitar poder a los aparatos de los partidos, lo cual puede ser cierto, pero como contrapartida se transfiere la facultad de decisión a los medios de comunicación, que es lo mismo que decir a las fuerzas económicas. Resulta evidente la colosal capacidad con que contarían para promocionar a uno o a otro candidato.

La eliminación de los aforamientos, es verdad, tiene muy buena venta en la opinión pública, pero aparte de que para aplicarse de forma racional sería necesario modificar la Constitución, no es demasiado relevante. Su condición de privilegio es muy discutible, porque si bien en principio se blinda al aforado frente a la decisión de cualquier juez, ya que debe actuar un órgano superior y se supone que con más garantías, también pierde la opción de la segunda instancia que posee cualquier imputado. Puede ser razonable reducir el número de aforados pero que nadie espere que con ello se produzca un cambio radical en la bondad de nuestra democracia. En cualquier caso, lo que no parece que tenga mucho sentido es quitar el aforamiento al Gobierno y mantenerlo para cualquier miembro de un parlamento autónomo.

El lunes pasado, tal como había prometido, Rivera ha presentado en el Congreso una ley para implantar la limitación de mandatos. Como siempre, al igual que pasa con las primarias, pretendemos importar del extranjero medidas que allí son aplicables a sistemas políticos o jurídicos distintos al nuestro. Allí se aplica a los sistemas presidenciales mientras que el nuestro es parlamentario. En España al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos. Estos eligen diputados y son estos los que terminan nombrando al presidente del Ejecutivo. Ello hace que se generen muchas dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Por otra parte, no estoy muy seguro de que la democracia de aquellos países que tienen la limitación de mandatos sea más perfecta que la nuestra. Yo, desde luego, no cambiaria nuestro sistema por el de EE. UU., donde los políticos desde el inicio de su carrera están supeditados al dinero y a los recursos económicos. Incluso en sí misma la medida tiene ventajas, pero también inconvenientes. El gobernante que sabe que ya no puede ser elegido tiende a actuar a su arbitrio y sin someterse al control de la opinión pública. En EE. UU. llaman pato cojo al presidente en su segundo mandato. Siempre me he preguntado si Bush y sobre todo Aznar hubieran actuado de igual forma con respecto a la guerra de Irak en el caso de que hubiesen tenido que someterse de nuevo a las urnas.

No es precisamente en el gobierno central donde el problema, de haberlo, es mayor. Es en otros ámbitos donde este fenómeno puede ser más peligroso. Por ejemplo, en las Comunidades Autónomas, donde el problema no radica tanto en la prolongación de una persona en el cargo, sino en la permanencia en el gobierno de la misma formación política, lo que resulta más difícil de resolver. ¿Y por qué no mirar también al sector privado, donde los presidentes de los consejos de administración de las grandes empresas se blindan con los consejeros “independientes” que ellos mismos han nombrado?

No se entiende el fuerte interés de Rivera en limitar el mandato del presidente del Gobierno, a no ser que se trate de una forma de quitar del medio a Rajoy, ya que no lo ha conseguido por otros procedimientos y tal vez piense que su única chance reside en eliminar políticamente al actual presidente de gobierno ya que compiten en el mismo espacio político.

Por otra parte, tal vez esté bien que al fiscal general del Estado lo nombre el Parlamento, pero es muy posible que la mayoría de las veces la situación apenas cambie puesto que el Congreso está controlado por el mismo partido o partidos que nombran al Gobierno. De todas maneras, la alternativa no puede ser, como se insinúa a veces, (para los órganos colegiados de la judicatura,) la elección corporativa por los mismos jueces.

La regeneración del sistema político ahora, al igual que Costa y sus seguidores planteaban en su época, debe consistir en un cambio radical y sustancial que abarque también los aspectos sociales y económicos, pues sin regeneración social y económica no puede existir la regeneración política. En el programa de Ciudadanos no encontramos muchos cambios sociales y económicos. Y los que hay se orientan más bien en sentido contrario, en la línea del neoliberalismo económico (contrato único, complemento salarial, limitación o bajada de impuestos, etc.). Rivera habla a menudo y de forma enfática de nueva y vieja política (no quiere hablar de oligarquías). Si todo lo que nos trae la nueva política son esas medidas discutibles y más bien superficiales, parches que no se sabe si arreglan algo o lo empeoran, casi es preferible quedarse con la vieja. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

En la época de la globalización resulta inviable hacer una regeneración a fondo en un país en solitario, pero lo que sí se puede hacer a nivel nacional es introducir medidas que minimicen el dominio y control que el poder económico mantiene sobre la democracia. Nada de eso hace Ciudadanos, pero por ese camino va en la actualidad la única regeneración posible. Pero ello puede ser objeto de otro artículo en una próxima semana.

republica.com 8-9-2017

Debemos preguntarnos si acaso nuestras sociedades no están enfermas de anhelo de seguridad. Ambicionan una meta imposible, el riesgo cero. Procuran alejar la muerte, la enfermedad y cualquier otra desgracia del espacio diario de atención. Por eso reaccionan de manera tan espasmódica e impresionable cuando un acontecimiento viene a perturbar lo que se tiene por normal y produce víctimas, aunque sea en número muy inferior a las que otros sucesos o causas que consideramos habituales generan. Hacemos distinciones entre víctimas y víctimas y procuramos clasificarlas según un catálogo más o menos discutible.

En ese devenir en que se mueven, nuestras sociedades reclaman de los gobernantes y del resto de instituciones públicas que les blinden de cualquier peligro y están dispuestas a sacrificar progresivamente cotas de libertad y de autonomía con tal de eliminar todo riesgo. No quieren fallos ni posibles errores y juzgan con mucho rigor el trabajo de los cuerpos policiales cuando se produce un atentado. La perfección no existe, ni este ámbito ni en ninguno otro, y parece lógico que tras una masacre siempre surjan dudas acerca de la eficacia de la actuación policial. A posteriori es fácil preguntarse sobre si se hubiesen podido evitar o, al menos, minimizar el daño de haberse procedido de otra manera.

Tras los atentados de Barcelona, son muchas las preguntas que quedan por contestar y las dudas sobre los errores que se hayan podido cometer tanto en la previsión como en la actuación posterior. Tener en cuenta todo ello es importante a la hora de evitar en el futuro los mismos yerros, pero hay que huir de toda crítica o descalificación desmedida. Así lo manifesté en el 11-M, y lo mismo pienso en los momentos actuales. Hay que creer que los distintos cuerpos de policía han pretendido actuar de la mejor forma posible. Los probables fallos entran en el guion, por ello son perfectamente disculpables siempre que obedezcan a la lógica imperfección de toda organización y actuación humana, por muy doloroso que tal hecho sea para los familiares de las víctimas.

Pero la cosa cambia cuando los errores, fallos o equivocaciones surgen de la autosuficiencia o de un fanatismo político que está dispuesto a correr cualquier riesgo y utilizar cualquier instrumento con tal de facilitar al exterior la imagen de que Cataluña en la práctica es independiente, que se basta a sí misma, que no necesita al Estado español y que sus “hechos diferenciales” son de mejor calidad que los de los otros territorios. Lo cierto es que hay demasiados indicios de que desde la Generalitat y las instituciones independentistas han actuado de este modo y que en gran medida los posibles fallos y omisiones obedecen a estos planteamientos.

Como siempre, los más audaces y lenguaraces son los que se atreven a dejar desde el principio las cosas claras sin tapujos. Tenía que ser Carod Rovira el histórico presidente de Esquerra Republicana –aquel que se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para pedirles que si querían atentasen contra España, pero no contra Cataluña– el que abriese la boca en primer lugar y descubriese la estrategia del independentismo, que otros mantenían oculta. Afirmó sin rodeos que, después del atentado de Las Ramblas, el Estado español había desaparecido y que su espacio lo había ocupado la Generalitat de Cataluña: “Cataluña ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, frente a la emergencia de hacer frente a una adversidad criminal, había un Gobierno, una policía y una ciudadanía que estaban donde tenían que estar y a la altura de las circunstancias, que eran el Gobierno, la policía y la ciudadanía de Cataluña, no eran los de España”.

En un artículo publicado en el periódico Nació Digital y titulado «Se va un Estado, llega otro» interpreta el atentado como un ensayo general para la independencia y califica a la actuación de la Generalitat como propia de “una Cataluña independiente, viable, útil y mejor”. Da la impresión de que le importan muy poco los terroristas o las víctimas, tan es así que parece que está contento y exuberante por lo que considera un éxito en 37 años de autonomía. La argumentación del ex presidente de Esquerra Republicana incurre en una grave contradicción porque, si es cierto lo que afirma, resulta evidente que Cataluña no es esa colonia maltratada que quieren presentar los secesionistas, sino que goza de una autonomía y competencias que le convierten casi en un Estado.

El jefe de prensa de Puigdemont, Pere Martí ha seguido la misma línea de argumentación del ex vicepresidente de la Generalitat. Ha escrito en Twitter respecto del “affaire” de Raúl Romeva con los ministros de asuntos exteriores de Francia y Alemania: “Recordáis que decían que no tendríamos relaciones internacionales, que no nos recibiría nadie. Cierto, el conseller Raúl Romeva los recibe en su despacho”. La realidad fue muy distinta, fue Raúl Romeva el que al parecer se coló en la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona, donde el subdelegado de Gobierno recibía a los ministros de asuntos exteriores de Francia y Alemania para llevarles a entrevistarse con la vicepresidenta de Gobierno.

También el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa ha mantenido en Twitter en varias ocasiones una actitud parecida. En la mañana del día 20 destacaba de un artículo publicado en el diario ARA, titulado ‘Dos países, dos realidades’, la siguiente frase: “Cataluña sola se ha enfrentado a sus enemigos y los ha derrotado con eficacia. En la práctica, los catalanes han visto que ya tienen un Estado”. Y días más tarde en varias ocasiones lanzaba mensajes de contenido similar: «La resposta de Catalunya al terror demostra que ja està preparada per la independència». «Els @mossos demostren que la futura república catalana està preparada per a funcionar sola».

Resulta indicativo de la naturaleza del secesionismo el hecho de que para ellos lo único importante del atentado haya sido la utilidad que les puede proporcionar de cara a favorecer la imagen exterior de Cataluña y de su independencia. Bien es verdad con un cierto estilo cateto que raya en el ridículo. De ahí la autosuficiencia y el empleo del botafumeiro que se ha hecho presente en todas los actos y comparecencias presentadas en Cataluña. Ellos son los mejores y no necesitan a nadie.

Encerrados en su castillo, más bien en su pueblo –Ortega afirmaba que provinciano es el que se cree que su provincia es el mundo y su pueblo una galaxia–, solo están dispuestos a considerar lo que creen que es suyo. Así, en el atentado, no quisieron ver que en los tiempos de la globalización las víctimas no eran suyas, que pertenecían a 36 países distintos; que los terroristas no eran suyos, el ISIS extiende su amenaza a todo la cultura occidental; la policía no es suya, según el art. 104 de la Constitución las fuerzas y cuerpos de seguridad pertenecen al Estado y su dirección al gobierno, aun cuando se puedan ceder algunas competencias a las Comunidades Autónomas; Las Ramblas no son suyas, por la cantidad de gente de toda procedencia que por ellas circulan, y basta para mostrar este carácter universal las palabras estos días tantas veces citadas de García Lorca; y las posibles consecuencias económicas negativas (de haberlas) porque se resienta el turismo no las va a sufrir solo Barcelona o Cataluña, sino toda España.

Según van pasando los días, son muchos los fallos, los errores y lagunas de información que rodean los atentados de Barcelona, desde la indolente actitud ante la información trasmitida por la policía belga a la insuficiente investigación en la casa de Alcanar, cuando eran múltiples los factores insólitos que deberían haber hecho sospechar de la posibilidad de un atentado, tal como la misma jueza de guardia insinuó. Desde la resistencia a poner bolardos (Madrid nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer) hasta la negativa a que actuasen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el hecho de que no había policía en Las Ramblas en el momento del atentado a la ausencia de información acerca de lo que en realidad ocurrió en Cambrils. Desde la carencia de explicación de cómo se pudo escapar Younes tras el atropello de Las Ramblas hasta saber cómo pudo estar cuatro días huido sin conocimiento de la policía, y que solo dieran con él tras el aviso de una ciudadana. Desde saber por qué no se interrogó en el primer momento al único herido en la casa de Alcanar, a la razón de por qué tan solo dos terroristas han podido ser detenidos, resultando abatidos (como se dice) todos los demás, y que, al margen de circunstancias legales y éticas, impide la posibilidad de contar con mucha más información de la célula terrorista y de los atentados.

Todo estos fallos y lagunas tienen un denominador común (al margen de las gotas de corporativismo que le es predicable a los Mossos como a cualquier otro colectivo): la arrogancia, la fachenda y la soberbia de los responsables políticos de la Generalitat que desde el primer momento han querido instrumentalizar los atentados para ponerlos al servicio del procés y manifestar al mundo (se creen su ombligo) que son autosuficientes y mejores que lo que llaman el Estado español.

El autobombo ha sido constante presentando como perfectas todas las actuaciones de la Generalitat y sus instituciones, y deshaciéndose en loas y panegíricos sobre el buen funcionamiento de los Mossos. Simplemente los necesitan para la tragicomedia, y están dispuestos a elevarlos a los altares y a coronarlos como héroes. Sin que sea una crítica a la policía autonómica, lo mismo cabría decir de la nacional y de la Guardia Civil, el éxito no está nunca de manera plena en cazar a los terroristas una vez cometido el golpe, tanto más si se hace sin dejar supervivientes, sino en evitar el atentado. La actuación de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los mismos Mossos seguramente habrá sido más digna de encomio en las múltiples veces que de forma preventiva han detenido terroristas o han desarticulado alguna célula que en los momentos presentes después de que se hayan originado tantas víctimas.

En los primeros días, Puigdemont salió a la prensa indignado tildando de miserable a quien relacionase los atentados con el procés. Lo cierto es que en aquel momento los únicos que lo vinculaban eran, como hemos visto arriba, sus correligionarios. A estas alturas, sin embargo, no tiene ya ningún pudor en hacerlo él mismo abiertamente y con toda clases de mentiras, como en la entrevista que en la pasada semana concedió al Financial Times o propiciando con otras fuerzas independentistas que la manifestación convocada de apoyo a las víctimas y repulsa al terrorismo se convirtiese en un instrumento más a favor de la secesión.

Puigdemont se queja de que no se da entrada a los Mossos en Europol ¿Qué tiene de extraño si sus inmediatos jefes actuales, expresamente nombrados, después de remover a los anteriores, para controlarlos y orientarlos a favor del procés, no dejan de decir que el 1 de octubre la policía autonómica estará al lado de los golpistas y en contra de la ley?

El verdadero reto para los Mossos d’Esquadra residirá en el día del referéndum, porque tendrán que decidir si, como toda policía, están para aplicar la ley y hacer respetar la Constitución o para ponerse al servicio del golpe de Estado. Conviene tener presente que desde el mismo momento en que los Mossos se pongan a favor de la sedición, bien apoyándola o bien no cumpliendo las instrucciones judiciales, desaparecen todas las dudas que ahora algunos juristas plantean acerca de si existe o no delito de sedición. En todo caso, si se llega a ese extremo, seremos muchos los que pediremos, si es preciso, un cambio en la Constitución. Ciertamente no para lo que plantea Pedro Sánchez de buscar acomodo a los independentistas catalanes sino para disolver el cuerpo de Mossos y prohibir la existencia de policías autonómicas.

El hecho de que Puigdemont y sus correligionarios se hayan puesto a relacionar los atentados con el procés, nos da pie a que, dejando muy claro que los únicos culpables son los terroristas, nos preguntemos si la política seguida por el independentismo de propiciar la inmigración musulmana en detrimento de la latina (hispanoparlante) hasta el extremo de haber agrupado en su territorio la mitad de la que existe en toda España procedente del Magreb no ha tenido nada que ver con el hecho de que los atentados hayan sido en Barcelona. Y ¿por qué no? Preguntémonos también si el hecho de que Cataluña cuente con un gobern y unas instituciones autonómicas que se jactan de no someterse a la ley y a la Constitución da la mejor imagen de firmeza a la hora de combatir el anarquismo y el terrorismo. Todo fanatismo, aunque sea no violento, es buena tierra para que germinen otros fanatismos violentos.

republica.com 1 de septiembre 2017

Dediqué el artículo de la semana pasada a hacerme eco de un mensaje lanzado desde los ángulos más diversos y recogido en la totalidad de los medios, el recuerdo del comienzo de la crisis, allá por agosto de 2007, hace exactamente una década. Pretendí mostrar cómo todos estos discursos transmitían una opinión parcial e incompleta acerca de la gran recesión ignorando su causa última; y al final de mi argumentación dejaba para otro artículo ocuparme de la segunda parte del mensaje, consistente en la tajante aseveración de que la crisis ha llegado a su final en España y en toda Europa. Así lo manifestaba la propia Comisión en una rueda de prensa, en la que tanto el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, responsable del euro y del diálogo social, como el comisario Pierre Moscovici, responsable de asuntos económicos y financieros, aseguraban que diez años después del comienzo de la crisis mundial la recuperación de la economía europea se ha consolidado plenamente.

Esta aseveración puede ser cierta en un sentido más bien reduccionista y simple, entendiendo que la crisis se ha superado por el simple hecho de que las tasas de crecimiento en todos los países se sitúen en cifras positivas. De acuerdo con esta interpretación, los datos no dejan lugar a dudas. La semana pasada Eurostat publicó las cifras macroeconómicas correspondientes al segundo trimestre para toda la Unión Europa(UE), según las cuales la Eurozona en su conjunto está creciendo al 2,2% en tasas interanuales. Hasta Francia e Italia, que últimamente se encontraban en una situación más delicada, se apuntan también al crecimiento. Solo Grecia permanece en tasas negativas. Por el contrario, España, con el 3,1%, se sitúa muy por encima de casi todos los países, exceptuando a Polonia, República Checa, Rumanía o Letonia, con tasas por encima del 4%, y que son las que empujan hacia arriba la media.

Pero no todo es el PIB, sobre todo si se le considera puntualmente en un periodo concreto. Malamente se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando no se han corregido aquellas variables y hechos que la originaron, comenzando por lo que constituye el cáncer de la Unión Monetaria (UM): la fuerza centrifuga que incrementa poco a poco la divergencia entre sus miembros. Alemania y algunas otras naciones económicamente satélites, sí pueden afirmar que están bastante mejor que cuando se inició la crisis, pero no los países del Sur como Portugal, España, Italia, no digamos Grecia, e incluso Francia.

La aseveración anterior se confirma de manera clara si comparamos el lugar que la renta per cápita de los distintos países ocupaba y ocupa respecto a la media de la de Europa de los 15, en 2007 y en 2016. Alemania pasa de representar el 104,7% al 113,9%; mientras que Italia desciende del 95,6% al 88,7%, España del 92,2% al 84,4% y Grecia se desploma del 82,9% al 62,2%. Estos datos tienen su lógica traducción en las tasas de paro. Alemania desciende del 8,6 al 4,1%, mientras que el desempleo se incrementa en España desde el 8,2% de la población activa al 19,6; en Italia del 6,1% al 11,7 y en Grecia del 8,4 al 23.6%.

En esta década ominosa, no solo es la desigualdad entre los países la que se ha incrementado, sino también las diferencias dentro de los propios Estados. Por ejemplo en España, los salarios -tanto los privados como los públicos- han perdido poder adquisitivo y están muy lejos de encontrarse a los niveles del comienzo de la crisis, de manera que si entonces la pobreza se centraba exclusivamente en los parados o pensionistas, hoy afecta también a muchos de los que disponen de un trabajo. Ha sido el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE) el que hace poco manifestó que la recuperación no había llegado a los sueldos. Tampoco las prestaciones y los servicios públicos han retornado a los niveles de hace diez años. No se han corregido muchos de los ajustes aplicados que, lógicamente, han afectado en mayor medida a las rentas bajas.

No se puede afirmar que se ha superado la crisis cuando se mantienen los mismos desequilibrios y contradicciones que la han causado. Es más, algunos factores como el endeudamiento han empeorado. El hecho de que casi todos los países miembros poco a poco se hayan ido situando en tasas de crecimiento positivas se debe, por una parte, a un factor extrínseco a la Unión Monetaria, el descenso del precio del petróleo, y, por otra, a la actuación -aunque tardía- del BCE y a la política por él aplicada de bajos tipos de interés y expansión cuantitativa, política que no puede durar indefinidamente. La pregunta que, quiérase o no, surge es qué puede ocurrir cuando el BCE vaya retirando poco a poco las ayudas instrumentadas.

Hay, además, una razón adicional y de gran importancia para que países como Portugal y España hayan abandonado el espacio de tasas negativas del PIB y es que han corregido el desequilibrio fundamental que los tenía postrados y encerrados en una especie de ratonera, el saldo del sector exterior. En España en 2008 el déficit de la balanza por cuenta corriente se elevaba al 9,6% del PIB, cifra inquietante que, con el consecuente endeudamiento exterior, nos había precipitado a la recesión y nos mantenía atados a ella. La «conditio sine qua non» para el despegue económico consistía en cerrar este desfase entre importaciones y exportaciones. En condiciones normales, la solución pasaba por la depreciación de la moneda, como así de hecho había ocurrido en las otras muchas ocasiones que a lo largo del tiempo el déficit exterior (mucho más reducido que el de 2008) había estrangulado la economía española. Este camino en las circunstancias actuales estaba vedado al pertenecer España a la UM. Las autoridades económicas nacionales e internacionales señalaban una única salida, lo que se ha dado en llamar devaluación interna.

La devaluación interna persigue alcanzar los mismos efectos que la depreciación del tipo de cambio con la diferencia de que lo hace por un camino indirecto mucho más alambicado e injusto. Consiste en conceder todo tipo de ventajas a los empresarios con la finalidad de conseguir que los precios internos se reduzcan con respecto a los precios exteriores. Para ello persigue, por una parte, deprimir los salarios y, por otra, minorar la cargas sociales y fiscales a las empresas. Este fue uno de los motivos por los que algunos estuvimos en contra de la UM desde sus inicios. Preveíamos que en cuanto comenzasen las dificultades, que sin duda iban a surgir, el ajuste recaería sobre los trabajadores, y que la imposibilidad de devaluar la divisa, unida a la libre circulación de capitales, constituiría un arma letal en contra del Estado social y de los derechos laborales.

Tengo que reconocer que cuando Europa y el Gobierno la plantearon, al margen de su valoración social y ética, albergaba muchas dudas de que la devaluación interior consiguiese su objetivo, al menos en la cuantía necesaria. Dado que nos movemos en una economía de mercado -en la que, por supuesto, los precios no pueden ser intervenidos ni limitados los beneficios de los empresarios-, temía que la disminución de los salarios se tradujese en un incremento del excedente empresarial en lugar de trasladarse a los precios. Desde luego, este efecto se ha producido en la realidad, pero el ajuste ha sido tan brutal, y la reducción de la retribución de los trabajadores tan cuantiosa que, a pesar de la modificación de la redistribución de la renta en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, los precios interiores han descendido en la cuantía suficiente para equilibrar el saldo del sector exterior.

Resulta casi increíble que la economía española haya pasado de un déficit en la balanza por cuenta corriente del 9,6 en 2008 a un superávit del 1,9% en 2016. Bien es verdad que en este ajuste han colaborado el descenso del precio del petróleo y los bajos tipos de interés, que han reducido la carga financiera frente al exterior, pero resulta innegable que la devaluación interna y los recortes presupuestarios han ocupado un lugar transcendental en el cierre de la brecha que existía en la balanza de pagos y con ello en la superación de las tasas negativas del PIB y en la creación de empleo. Lo evidente conviene no negarlo.

Esta evidencia deberían tenerla en cuenta tanto el Gobierno como sus críticos. El primero para relativizar los éxitos económicos de los que se ufana, pues este crecimiento económico se esta logrando a base de someter a la sociedad a una cura de caballo, con recortes significativos en el gasto público y una depresión muy elevada en el nivel salarial. Se está pagando un precio muy alto, principalmente por parte de las clases bajas, quebranto que están aún muy lejos de superar; es más, la probabilidad de poder resarcirse en el futuro es muy escasa, ya que precisamente la recuperación económica, ante la imposibilidad de devaluar la moneda, está basada en una política deflacionista. ¿Merece la pena? ¿Podemos afirmar que se ha superado la crisis? Los críticos del Gobierno, pero defensores de la UM, tendrán que tener sumo cuidado en no incurrir en contradicción. Cuando se quejan de que la recuperación económica no ha llegado a todo el mundo deberían preguntarse si bajo las coordenadas en las que se ha construido la moneda única, el crecimiento económico no se fundamenta obligatoriamente en la desigualdad, tanto interterritorial como personal.

La devaluación monetaria distribuye el coste de forma igualitaria, modifica únicamente la relación de precios interiores frente a los exteriores, pero deja intactos los precios relativos (incluyendo los salarios) en el interior. Todos se empobrecen en la misma medida frente al exterior, pero no experimentan ningún cambio relativo en su capacidad económica respecto a los otros agentes internos. La deflación competitiva, por el contrario, resulta totalmente injusta, ya que distribuye el coste de una manera desigual y caótica: afectará exclusivamente a los salarios y a aquellos empresarios, principalmente los pequeños y que carezcan de defensa, mientras que las grandes empresas que actúan en sectores donde la competencia no existe, no solo no asumirán coste alguno sino que incluso verán incrementar sus beneficios. Tampoco todos los salarios se comportarán de la misma manera ni se reducirán en la misma cuantía.

Las dudas acerca de que sea cierta la afirmación de que hemos salido de la crisis surgen además en las incertidumbres y desequilibrios que subsisten para el futuro. Si la casi totalidad de los países del Sur han corregido su déficit exterior, no así Alemania que lejos de reducir su superávit lo ha incrementado (8,5% en 2016), ni Holanda que aunque lo ha minorado algo, continúa manteniéndolo a un nivel muy elevado (7,9% en 2016). Es decir, el ajuste ha recaído exclusivamente sobre los países deudores sin que los acreedores hayan hecho el mínimo esfuerzo para corregir el desequilibrio en el sector exterior, y todo indica que Alemania -que es la protagonista principal- no piensa dar marcha atrás en esta política de cara al futuro, lo que siembra toda clase de nubarrones sobre la Eurozona.

En estos mismos días, el presidente del BCE manifestaba su preocupación por que la cotización del euro era excesivamente alta y, además, mostraba una elevada resistencia al descenso. ¿Podría ser de otra forma cuando la primera economía de la Eurozona presenta un superávit de su balanza de pagos por cuenta corriente cercano al 9%? El problema del BCE es que tendría que instrumentar dos políticas monetarias, una para el Norte y otra para el Sur, lo que es radicalmente imposible.

De momento, la economía española ha abandonado el espacio de la recesión y se ha adentrado en tasas positivas del PIB. ¿Pero a qué coste y con qué secuelas? ¿Qué ocurrirá cuando el precio del petróleo se eleve o el BCE cambie de política monetaria y suban los tipos de interés?, ¿qué sucederá si vuelven a presentarse choques asimétricos?, ¿y qué acontecerá si la balanza de pagos comienza a resentirse y retorna de nuevo a cifras negativas? En la actualidad, nuestra capacidad para incrementar el endeudamiento exterior es nula. ¿Deberemos mantener, en consecuencia, una política deflacionista permanentemente? No, la crisis, la verdadera crisis, la que se deriva de la pertenencia a la Unión Monetaria, no se ha superado ni se superará mientras se permanezca en ella.

republica.com 25-8-2017

Este mes de agosto, desde los más diversos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, se han apresurado a recordarnos que hace diez años en otro agosto, el de 2007, se iniciaba la mayor crisis económica acaecida desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que se la da por superada y finalizada. La misma Comisión de la Unión Europea se ha sumado a esta corriente con un comunicado de prensa encabezado con una frase inolvidable: «Diez años después del comienzo de la crisis vuelve la recuperación gracias a la intervención decisiva de la UE». Afirmación que puede quedar para la historia.

Al margen de que resulte difícil fechar de manera exacta el inicio de la crisis, todos los comentaristas suelen situar su causa en las ya famosas hipotecas subprime. Los bancos, principalmente los de EE.UU., cegados por el objetivo de una ganancia fácil, se habrían dedicado de una manera irresponsable a conceder créditos a diestro y siniestro, en primer lugar para la compra de vivienda; pero también para todo tipo de consumo, generando un monto importante de hipotecas basura, que convenientemente empaquetadas y titulizadas fueron vendidos al sistema bancario internacional, contaminando así a una buena parte de la economía mundial, especialmente la europea. Cuando cundió la desconfianza, llegó el sálvese quien pueda, y la crisis. Hasta aquí la versión oficial que se repite con aplomo y complacencia. Todo lo más se le añade la coletilla de la responsabilidad que en la génesis de este fenómeno le cabe a la excesiva liberalización que se venía produciendo en el sistema financiero.

No es que esta versión sea del todo errónea, pero sí resulta parcial e incompleta. En todo caso, todos estos hechos son la consecuencia -si se quiere, el detonante- de un fenómeno más profundo, unos enormes desajustes en la economía mundial, causados por el neoliberalismo económico. La libre circulación de capitales, unida a la asunción de la teoría del libre cambio, originó enormes desequilibrios en los saldos de las balanzas de pagos de los países, importantes déficits en unos y superávits en otros. Tales desajustes solo eran posibles porque la libertad en los flujos de capitales permitía financiarlos, pero a condición de crear situaciones de extrema inestabilidad que tenían que originar antes o después una crisis económica.

Si en 1980 los distintos países presentaban con pequeñas diferencias balanzas de pagos más o menos equilibradas, los saldos positivos y negativos fueron incrementándose hasta 2007 y abriendo ampliamente el abanico entre países deudores y acreedores. Se generó así una situación inestable y explosiva. China, Hong Kong, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán, financiaban a los países occidentales: EE.UU., Australia, Canadá. El hecho de que la Unión Europea presentase frente al exterior un saldo próximo a cero no significaba que los países miembros no tuviesen también entre sí profundos desequilibrios, buen ejemplo de ello eran el déficit de España y el superávit de Alemania.

El incremento de la desigualdad en las sociedades debería haber generado una ralentización del consumo. En ciertos países así ocurrió, pero en otros muchos como EE.UU. y España el consumo continuó creciendo gracias a otro fenómeno: el endeudamiento. El crecimiento estaba sustentado en el crédito, lo que le proporcionaba un carácter de inestabilidad que por fuerza tenía que llegar a su término.

La libre circulación de capitales y el libre cambio permiten que las empresas aspiren a fabricar en unos países (a menudo, allí donde las exigencias fiscales y los costes laborales son bajos) y vender la producción en otros (normalmente en países que tienen un nivel de vida mucho mayor). En este caso la oferta no casará con la demanda en el ámbito nacional y unos países acaban presentando un gran endeudamiento exterior y otros importantes superávits, desequilibrios que difícilmente podrían sostenerse a largo plazo.

El consumo en la sociedad americana se mantenía a base de importar productos a precios muy reducidos, y el crecimiento de China en los años anteriores a la crisis se basaba fundamentalmente en las exportaciones. El resultado es de sobra conocido, un cuantioso déficit en EE.UU. que se correspondía con el consiguiente superávit en la república comunista. Aunque como ya se ha dicho los desequilibrios en el comercio exterior no eran privativos ni exclusivos de EE.UU. y de China, lo cierto es que conforman un binomio útil para explicar la causa última de la crisis. China ahorraba para prestar a EE.UU, que así compraba sus productos. Las familias americanas no podían seguir endeudándose ni los bancos americanos prestando indefinidamente los recursos que provenían de China. Ambos países se movían en una brutal trampa.

Los superávits de China y de otros países del sudeste asiático eran deliberados y obedecían a una política de mantener infravalorado el tipo de cambio. Hay quien imputa también una parte de la responsabilidad a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal y a su presidente Greenspan, por haber realizado una política monetaria laxa de bajos tipos de interés. Es evidente que a Greenspan le cabe ciertamente gran responsabilidad en la deficiente supervisión de las entidades financieras y en la defensa de la innovación financiera y de los productos derivados, y todo ello en aras de la autorregulación de los mercados. Sin embargo, lo que no está claro es que otra política monetaria más restrictiva hubiera sido mejor y hubiera evitado la crisis. Una subida de los tipos de interés podría haber traído aun más capitales y haber incrementado la liquidez. China y algunos otros países estaban dispuestos a comprar todos los dólares que fueran necesarios para mantener la cotización de su moneda respecto al dólar. Bajo estos supuestos, es muy difícil mantener una política monetaria restrictiva.

A este análisis hay que añadir otro de suma importancia. Si bien es cierto que la crisis se generó en EE.UU., no es menos cierto que donde ha adquirido mayor gravedad y donde se resiste a desaparecer es en Europa. La razón no es difícil de encontrar. Que las cuentas de la Eurozona con el resto del mundo estuviesen más o menos en equilibrio no indica que todos los países miembros se encontrasen en la misma condición, más bien se entremezclaban países como Alemania, de muy bajo consumo y por lo tanto con un importante superávit comercial, con otros, como España, en los que el cuantioso endeudamiento de las familias o del sector empresarial llevaron a un elevadísimo déficit exterior (en 2008 del 9,6%).

El problema, por supuesto, no era exclusivo de España. Al progresivo incremento del superávit de Alemania (6,6% del PIB en 2008) y de otras naciones del Norte, correspondía un déficit cada vez mayor en esos países que despectivamente han denominado PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). Solo por el hecho de mantener la misma moneda es por lo que se pudo llegar a unos desajustes en la balanza de pagos tan elevados. Estos desequilibrios creaban empleo y riqueza en los países excedentarios, mientras destruían puestos de trabajo y riqueza en los Estados del Sur, que hasta la crisis habían podido vivir una situación ficticia y mantener el crecimiento y el empleo de manera artificial a base de endeudamiento, endeudamiento que sin posibilidad de devaluar se convertiría a medio plazo en una soga al cuello, empeorando aun más su situación económica.

Los desequilibrios en el comercio exterior de China y de EE.UU. podían terminar corrigiéndose mediante ajustes en el tipo de cambio, pero ¿cómo solucionar esos mismos desequilibrios entre Alemania y España si ambos tienen la misma moneda? El desenlace es de sobra conocido. Se sometió a los países deudores a enormes ajustes fiscales y a duras políticas deflacionistas. El euro estuvo contra las cuerdas, salvado provisionalmente e in extremis por la política monetaria del BCE, que se decidió a actuar tan solo cuando la Eurozona se asomaba al borde del precipicio y, además, sometido a múltiples contradicciones, porque ¿cómo practicar la misma política para Alemania y para Grecia cuando sus necesidades e intereses son radicalmente distintos?

No, no es verdad que, tal como afirma la Comisión, la crisis se haya superado gracias a la intervención de la Unión Europea. Ha sido todo lo contrario. Debido a la Unión Europea, mejor diríamos a la Unión Monetaria, muchos países europeos se adentraron en la pendiente de la recesión. Sin el euro, el endeudamiento de los países del Sur nunca habría alcanzado las cotas a las que llegó; y en el caso de haber habido crisis, sin el euro su dimensión hubiera sido para la mayoría de los países mucho más reducida, y la salida se habría encontrado bstante antes, y sobre todo hubiera sido real, y no como en la actual supuesta superación en que las incertidumbres y riesgos se mantienen plenamente y las secuelas y efectos negativos perdurarán mientras no se dé marcha atrás.

La política aplicada desde Europa ha sido nefasta y motivada exclusivamente por las conveniencias de los países del norte, pero no se la puede hacer la única responsable de los daños infligidos, tal como pretenden algunos para exculpar al sistema. El error no es coyuntural sino estructural. El problema principal estriba en el propio diseño de la Unión Monetaria, lleno de contradicciones y de incoherencias, y que hace imposible su misma persistencia. ¿Por qué Alemania y sus países satélites iban a consentir otra política si la actual es la que les conviene y los Tratados no les obligan a ello? No solo estamos ante una década perdida, sino que en gran medida hemos malogrado la embarcación y no sabemos durante cuánto tiempo vamos a poder seguir navegando. De todo ello seguramente hablaremos en algún artículo posterior y analizaremos si es verdad, como dicen, que ha finalizado la crisis.

republica.com 18-8-2017