ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

El pasado día 15, nueve años después de comenzar la instrucción, se ha conocido la sentencia del llamado caso Palau en la que se pone de manifiesto judicialmente algo que desde hace muchísimos años era un secreto a voces. Estaríamos tentados a pensar que nos encontramos en un caso más de corrupción de los muchos que se han dado en las instituciones cuando un partido las ha controlado durante largo tiempo. PSOE, PP, hasta IU, Podemos, todas las formaciones políticas que han ostentado el poder han caído en casos de corrupción. Esta relación está sometida a una regularidad casi matemática. A mayor poder, más corrupción. Cabría deducirse, por tanto, que nada nuevo bajo el sol. Pero pienso que no es así. La corrupción en Cataluña muestra connotaciones especiales, ha tenido un carácter sistémico, en el sentido de que ha producido una cierta complicidad generalizada; han sido muchos dentro y fuera de la Comunidad Autónoma los que han consentido en cubrir con una capa de silencio la corrupción. Lo que no se ha dado en otras instituciones o territorios.

Desde el exterior, los dos partidos mayoritarios han guardado un completo mutismo sobre lo que ocurría en Cataluña. Necesitados a menudo de los votos de Convergencia, han cerrado los ojos ante los posibles cohechos y sobornos que pudieran estar cometiéndose en la Generalitat y demás instituciones de la Comunidad Autónoma.

En el interior, desde el 30 de mayo de 1984, fecha en la que Jordi Pujol sale al balcón del Palau en la plaza de Sant Jaume para identificar su imputación en el caso del Banco de Cataluña con un ataque al pueblo y a la nación catalana, se ha empleado la misma estrategia para ocultar cualquier indicio o sospecha de posibles fraudes. Todo está permitido bajo la señera, y no digamos bajo la estelada. Cualquier denuncia o crítica se interpreta como una agresión a Cataluña.

Desde el principio se ha producido una especie de proceso simbiótico. El nacionalismo ha servido de tapadera a la corrupción y la corrupción ha sido un instrumento (además de para el enriquecimiento de algunos o de muchos) para lo que Pujol llamaba “hacer país”, es decir, para intensificar e incrementar el sentimiento nacionalista y la tendencia centrífuga frente a España. Desde la llegada a la Generalitat de Jordi Pujol se ha ido creando un sindicato de intereses alrededor del nacionalismo, un tejido social compuesto de miedos, amenazas, rentabilidades, beneficios, recelos o comodidades, en el que han germinado la disculpa, la justificación, la coartada e incluso la participación en múltiples atropellos. Las empresas, los medios de comunicación (también los privados), la mayoría de los partidos políticos, incluso los sindicatos, han participado en un entramado de complicidades -o al menos de mutismo.

El último estatuto, al que con frecuencia recurre el secesionismo como pretexto de sus posiciones, emergió amalgamado de alguna forma con el tres por ciento. Conviene recordar la intervención en 2005 en el Parlament de Pasqual Maragall, artífice y máximo valedor de ese estatuto, increpando públicamente a Artur Mas acerca de que Convergencia tenía un problema, el tres%, y la contestación de este último, amenazando con no secundar la aprobación del estatuto. Lo más significativo es que, ante este chantaje, el entonces presidente de la Generalitat, empeñado en sacar adelante el proyecto, dio marcha atrás y pidió disculpas. A mayor gloria del catalanismo y en aras del buen final del estatuto, el 3% debía quedar relegado, y así fue. Hasta 2009, con Montilla ya en la Presidencia de la Generalitat y una vez aprobado el estatuto, no se inició la instrucción del Palau.

El asunto del 3% era de conocimiento general en Cataluña; pero ni esto ni todo lo que se fue conociendo acerca de los manejos y fortuna de la familia Pujol fue óbice para que Convergencia obtuviese en todo momento el apoyo de partidos que se titulaban de izquierdas, como Esquerra republicana o la CUP. El procés ocultaba todo y excusaba todo. Incluso Podemos, cuyos dirigentes se muestran tan rigurosos con el PP en materia de corrupción, no han tenido ningún escrúpulo en situarse al lado de Convergencia y prestar su colaboración al secesionismo cuando lo ha necesitado.

Parece bastante innegable que detrás del abrazo de la causa independentista por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se encuentra el progresivo afloramiento de los casos de corrupción que, junto con el intento de eludir las consecuencias políticas de la aplicación de las medidas restrictivas provenientes de la crisis económica, convencieron a los responsables de esta formación política de la necesidad de acentuar su fanatismo y girar hacia posiciones secesionistas, donde fueron bien recibidos sin hacer preguntas por los partidos defensores de esta ideología. Incluso ahora que la sentencia se ha hecho pública, el independentismo no cambia de postura, más allá de efectuar manifestaciones de repulsa, puramente verbales, que suenan tan solo a hipocresía.

La reacción ante la sentencia de los partidos que conforman el procés no ha podido ser más significativa, similar a la que adoptaron cuando se hicieron públicos el patrimonio y las operaciones fraudulentas de la familia Pujol: condenan los hechos, pero hacen como si nada tuviera que ver con ellos ni con el nacionalismo. Los líderes y militantes del PDC se sacuden el problema de encima con el mayor descaro, amparados en que ahora no se presentan bajo la denominación de CDC. Como si el simple cambio de nombre pudiese modificar la historia del partido y como si los actuales miembros no fuesen los usufructuarios de los beneficios obtenidos en el pasado por la corrupción. A ninguna empresa se le permitiría desentenderse de sus obligaciones y responsabilidades por el mero hecho de cambiar de razón social. El mismo Puidegmont en Bruselas ha dado la callada por respuesta, y ha mirado hacia otro lado. Postura distinta a la adoptada en 2010 cuando en su blog personal acusaba al PSC de querer destruir a Convergencia con la comisión de investigación creada en el Parlament acerca del caso Palau.

La postura adoptada tanto por Esquerra Republicana como por la CUP se adentra en la hipocresía más absoluta. Mientras que Sergi Sabrià, en nombre de ERC, proclama que «quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma» y advierte que Esquerra lo que no hará «es mirar hacia el otro lado» en asuntos de corrupción, esta formación mantiene el contubernio con el PDC e incluso su disposición a elegir como presidente de la Generalitat a Puigdemont. Algo parecido ocurre con la CUP. Al tiempo que publica una foto invertida, imagen boca abajo, de Jordi Pujol, y acusa a lo que llama “régimen” de financiarse ilegalmente, predicando la corrupción incluso del PDC, no abandona su complot con esta formación política y está dispuesta a votar como presidente a Puigdemont con la única condición de que se mantenga fiel a la república.

Podemos no se libra de que su postura se pueda calificar de impostura. Es cierto que Ada Colau ha reprochado a Convergencia haberse estado financiando ilegalmente durante muchos años y ha exigido al PDC que asuma responsabilidades, pero al mismo tiempo En Comú Podem ha permitido que se formase una mesa independentista en el Parlament facilitando así que Puigdemont u otro miembro de la antigua Convergencia pueda ser investido presidente de la Generalitat.

Con todo, es Rufián, como siempre, el que bate todos los records a la hora de expresarse con desfachatez y desvergüenza. Muy propio de un charnego transformado en perseguidor de charnegos. Con todo el descaro, desvincula la corrupción del caso Palau del independentismo, para ligarla a Aznar y a la FAES. Aznar ya tiene bastante con lo suyo, pero se necesita tener rostro para desentenderse de la corrupción en Cataluña, cuando ER lleva muchos años lucrándose, en un proyecto común, con la cometida por Convergencia. El argumento de Rufián de que ER es un partido con 87 años de historia impoluta tiene muy poco recorrido, la honradez no se hereda de padres a hijos. El PSOE también utilizó en los inicios de la democracia el eslogan de “cien años de honradez” (el PC con cierta ironía añadía “y cuarenta de vacaciones”), lo que no fue óbice para todos los casos de corrupción acaecidos a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Por otra parte, el mayor caso de corrupción lo constituye en sí mismo el propio procés. Los secesionistas, e incluso Podemos, practican un discurso espurio, desligando de la corrupción los delitos que se atribuyen a los imputados en el golpe de Estado. Es más, con todo el cinismo los califican de presos políticos. Rufián, en el colmo de la desvergüenza, ha tuiteado que “en España sale más barato robar que votar”, comparando la sentencia del caso Palau con los que se encuentran ahora en prisión como consecuencia del procés. Discurso como siempre tramposo, porque Junqueras y el resto de imputados no se encuentran encarcelados por votar -la prueba es que hace unos días pudieron hacerlo desde la cárcel sin problema alguno-, sino por robar. Por pretender hurtar a más de la mitad de catalanes su nacionalidad española, su libertad y su democracia (porque no hay libertad y democracia fuera de la ley), y a la totalidad de los españoles su soberanía.

Boadella en esa parodia (menor que la que quiere montar Puigdemont) de su toma de posesión como presidente de Tabarnia afirmó que los tabernienses quieren continuar siendo copropietarios del Museo del Prado, de la Alhambra y de la Basílica del Pilar. Tiene razón, al igual que 46 millones de españoles queremos continuar siendo copropietarios de la Sagrada Familia, de la Costa Brava y del Museo Dalí. Despojarnos de este derecho es robar. Es una forma, y no de las menos importantes, de corrupción.

Pero incluso entendiendo el robo en un sentido más estricto, es plenamente aplicable a los involucrados en el procés. Se ha producido una clara malversación de fondos públicos. Se ha extendido la teoría, y no solo en Cataluña, de que la corrupción va unida exclusivamente al enriquecimiento propio. Resulta frecuente escuchar en tono de disculpa: “Sí, pero él no se ha llevado un euro”. En primer lugar, hay muchas maneras de conseguir el enriquecimiento propio; los favores o los recursos que se canalizan en el presente hacia un tercero, a menudo se espera que retornen más tarde en forma de beneficios o prebendas hacia uno mismo. No debería haber diferencia entre desviar recursos públicos al margen de la ley y fuera de los objetivos generales al propio bolsillo, a los amigos, al partido o a una finalidad partidista.

Nadie duda hoy de que el desvío de fondos públicos a la financiación de un partido constituya un caso de corrupción. Lo mismo cabe afirmar cuando se trata de costear las campañas electorales. De igual modo, tendrían que considerarse todas las operaciones publicitarias acometidas, sea cual sea la administración, con la única finalidad de cantar las alabanzas y el buen hacer del gobierno de turno. Existen ya bastantes casos en los que los jueces han comenzado a imputar a políticos por haber contratado con dinero público servicios publicitarios encaminados exclusivamente a mejorar su imagen. Corrupción es y bastante importante la creación de toda una red clientelar utilizando fondos presupuestarios de manera artera, tal como ha ocurrido en Andalucía.

¿Y qué decir entonces de todos los caudales públicos empleados de forma directa o indirecta en el procés, que se han destinado además no a una finalidad simplemente partidaria o ilegal, sino delictiva? En honor de la verdad, la corrupción en Cataluña hunde sus raíces hasta casi el mismo origen de la Comunidad Autónoma; con la llegada a la Generalitat de Jordi Pujol va haciéndose sistémica, ya que son muchos los recursos que se desvían de forma sectaria del interés general a una finalidad arbitraria, parcial y tendenciosa, a la que denominan “hacer país”, que sirve de antesala y catapulta al llamado procés, en el que la finalidad se convierte ya en claramente delictiva.

No solo son los dirigentes de Convergencia y sus actuales dobles, Junts per Catalunya, los que están enfangados en esta corrupción y de los que se puede predicar el robo. Les guste o no, ER no puede alardear de 87 años de limpieza. Comenzando porque habría mucho que hablar (basta con leer a Azaña) de su historia, en especial de su papel en la II República y en la Guerra Civil, a lo que hay que añadir su silencio frente al pujolismo, pero especialmente por su papel protagonista en el procés, malversando fondos públicos y orientándolos a la perpetración de un golpe de Estado. En esto sí imitaron a sus mayores.

republica.com 26-1-2018

Creo bastante poco en las comisiones parlamentarias de investigación. Las conclusiones que se aprueban no suelen obedecer tanto a los datos aportados a lo largo de las sesiones, como a la correlación de fuerzas y al juego de mayoría y minorías. Hay ocasiones, sin embargo, en las que pueden ser interesantes porque nos recuerden hechos sustanciales del pasado, hechos que tendemos a olvidar, aun cuando sus efectos continúan actuando en el presente e incluso se harán notar en el futuro. A este grupo pertenece la que actualmente está teniendo lugar acerca de la pasada crisis financiera.

Desde Rodrigo Rato hasta Elena Salgado, pasando por Pedro Solbes, la semana pasada han ido compareciendo en la Comisión los principales, aunque no los únicos, responsables del desaguisado; cada uno a contar su milonga, y sin que los miembros de la Comisión hayan estado demasiado hábiles para forzar que afloren sus contradicciones. Los tres han salido prácticamente vivos de sus comparecencias, puesto que se les ha permitido centrarse en aquellos asuntos en los que se sentían más cómodos. La comparecencia de Rato giró acerca de su etapa de presidente de Bankia y de la privatización de esta entidad. Aun cuando en torno a este hecho se agrupan algunos de sus problemas penales, su responsabilidad mayor en la crisis se encuentra más bien en sus años de vicepresidente económico, periodo en el que, junto con la primera legislatura de Zapatero, se incubó la crisis española.

Casi todos los medios de comunicación han señalado el carácter arrogante, casi desafiante, de la declaración de Rato. Se dice que ha constituido un ajuste de cuentas con su partido. En expresión un tanto castiza, ha puesto el ventilador. Independientemente de sus intenciones y de la culpabilidad que a él le haya podido corresponder, que puede ser mucha, lo cierto es que su intervención ha esparcido dudas –que, por otra parte, ya existían- acerca de todo lo que hace referencia a Bankia y en general al rescate bancario.

No resulta creíble que él fuese el único responsable de la salida a bolsa de la entidad, y que la Comisión del Mercado de Valores, el Banco de España y el propio Gobierno estuviesen al margen, tal como nos quiere hacer creer Elena Salgado. Y las sombras revolotean también acerca de cómo se decidió la intervención de Bankia y de la extraña reunión que tuvo lugar con el ministro de Economía y los presidentes de los dos principales bancos competidores. En el asunto de Bankia es posible que Rato no haya sido el máximo culpable, tan solo un instrumento (tonto útil, cabría afirmar), pero paradójicamente su responsabilidad sí fue máxima en la génesis de la crisis, durante su periodo como vicepresidente económico. Y en esta etapa, los sutiles y perspicaces diputados de la Comisión apenas entraron.

Aparentemente, la intervención de Solbes fue muy diferente, sin el tono prepotente empleado por Rato, asumiendo cierta autocrítica, lo que ha sido muy encomiado por algunos comentaristas. Pero quizás todo ello sea tan solo apariencia, porque sus reproches están lejos de la autocensura y se dirigen más bien a los otros. Él ya lo dijo, pero no le hicieron caso…Él no es un político, sino un técnico…según dice, Por técnico llegó a ministro de Agricultura, después a ministro de Economía y Hacienda, más tarde también por técnico a diputado del PSOE, posteriormente a comisario europeo y, por último, de nuevo a ministro de Economía y Hacienda. Y todo por ser técnico; bueno y, en esta última ocasión, además por el dedo de Emilio Botín, quien con unos y con otros ha mandado siempre en España.

En el fondo, la intervención de Solbes no fue tan distinta de la de Rato. Sorteó el periodo en que como vicepresidente económico desempeñó un papel sumamente activo en la incubación de la crisis y se centró en la etapa en que esta había hecho ya su aparición, para criticar al Gobierno al que pertenecía y afirmar que él no había sido… que se lo impusieron, y que por eso se fue. En definitiva, viene a repetir lo afirmado en su libro de “recuerdos”. Bien es verdad que no han faltado periodistas y comentaristas que ven en este doble juego la máxima culpabilidad, ya que, conociendo la gravedad de la situación (eso dice ahora), mintió a la ciudadanía y negó la existencia de la crisis.

No estoy yo, sin embargo, tan seguro de que, tal como confiesa en la actualidad, fuese consciente del trance económico. Solemos engañarnos. Suponemos que se llega a ocupar ciertos puestos por ser experto, cuando la verdad a menudo es la contraria, a las personas se las tiene por expertos simplemente por el hecho de haber ocupado determinados cargos, siendo sus conocimientos bastante menores de lo que creemos. Solbes debería haberse dado cuenta desde el inicio de su mandato, en 2004, de las arenas movedizas sobre las que estaba asentada la economía española. No fue así.

En mi libro “La trastienda de la crisis” reproduzco el artículo que publiqué en El Mundo el 23 de abril de 2004 titulado “La encrucijada económica del nuevo Gobierno”, en el que en sentido figurado pretendía avisar al Ejecutivo recién formado (y en el que figuraba Solbes como responsable de Economía) de que su falta de crítica hacia la política económica de los gobiernos del PP podría dejarles indefensos ante la crisis que se avecinaba, atribuyéndoles a ellos toda la responsabilidad, como en realidad así ocurrió. Solbes estuvo presto a aceptar el “España va bien” de Aznar y que el PP les dejaba una buena herencia en materia económica, sin poner encima de la mesa los desequilibrios que se habían producido en esos últimos ocho años y más concretamente desde la entrada en vigor del euro.

La política de los primeros años del Gobierno Zapatero (y por lo tanto de Solbes) no fue sustancialmente distinta a la de los gobiernos de Aznar. Incluso participaron del mismo triunfalismo. Si Aznar hizo famosa la frase “España va bien”, Zapatero no le fue a la zaga a la hora de vanagloriarse de la buena marcha de la economía. En los dos casos el optimismo surgía de los mismos parámetros, elevadas tasas de crecimiento del PIB y la consiguiente creación de empleo. El modelo de crecimiento español, sin embargo, se fundamentaba principalmente en la construcción y en el consumo privado, asentados no tanto en incrementos salariales como en el endeudamiento de las familias. A mediados de 2007 la OCDE, en su publicación “Las perspectivas económicas del empleo”, ofrecía el dato de que el salario real en los últimos diez años había descendido en España el 4%. A su vez, la deuda de las familias, que en 1997 representaba el 34,8% del PIB, ascendía en 2004 al 64,4 % y en 2007 al 83,4%. Se puede afirmar que crecíamos a crédito y, como todo crédito, antes o después habría que pagarlo.

Los diferentes gobiernos deberían haber tenido en cuenta que las deudas de hoy terminan reduciendo el consumo de mañana y por tanto el crecimiento. No es solo que, como parece evidente, esas elevadas tasas de consumo no se podían mantener indefinidamente, es que el stock de deuda acumulado reduciría en el futuro la capacidad de consumir. El desahorro del pasado se transformaría en ahorro forzoso del futuro.

Es curioso que quienes sentían una enorme preocupación por el déficit público se desentendiesen prácticamente del endeudamiento privado, cuando la gravedad de ambos es similar. Radica en cómo incide sobre el déficit de la balanza de pagos y el endeudamiento con el exterior. Durante todos estos años los gobiernos se mostraban muy orgullosos del equilibrio en que se mantenían las finanzas públicas, pero se olvidaban por completo del desequilibrio del sector exterior. Incluso el otro día en su comparecencia, Solbes continuó refiriéndose permanentemente a los gastos públicos acometidos por su Gobierno, responsabilizándolos de todo el problema, y sin referencia alguna al endeudamiento privado. Según ha contado Miguel Sebastián, años después de haber estallado la crisis, Zapatero se quejaba amargamente de que nadie le había hablado del endeudamiento privado. A Solbes tampoco le debió hablar nadie del endeudamiento privado y él, en consecuencia, tampoco debió de comentárselo a Zapatero.

El déficit por cuenta corriente, que en 2004 se había situado ya en el 6%, alcanzó en 2007 un gigantesco 10%. Para tomar conciencia de la importancia de estas cifras, conviene recordar que en 1993, cuando estábamos en el Sistema Monetario Europeo, esta variable ascendía al 3,7%, nivel que fue imposible de mantener y que nos obligó a cuatro devaluaciones, algo que Solbes debía haber tenido muy presente en este segundo mandato, pues aunque las tres primeras se debieron a la terquedad de Solchaga, empecinado en mantener un tipo de cambio sobrevalorado para la peseta, Solbes estaba en el Gobierno como ministro de Agricultura y a la cuarta tuvo que enfrentarse él directamente en su primera etapa como ministro de Economía.

Detrás del déficit exterior y del endeudamiento privado se encontraba como factor principal el sector de la construcción, y más concretamente el de la vivienda. Varios son los factores que pueden explicar la burbuja. En primer lugar, la especulación que se centraba no solo en la vivienda en sentido estricto, sino también en el suelo, y que promotores y constructores acumulaban sin utilizar, en la creencia de su revalorización futura. La liberalización del suelo adoptada por el Gobierno Aznar y no corregida por Zapatero, lejos de solucionar el problema lo empeoró, dejando en manos de los ayuntamientos una decisión tan fundamental y con tantos intereses económicos en juego. La corrupción y la especulación se adueñaron de la mayoría de los municipios.

En segundo lugar, el comportamiento de los bancos, tanto de los nacionales que, arrastrados por una ambición desmedida y cerrando los ojos a la realidad pretendieron dar más crédito del que era razonable, como de los extranjeros, que prestaron a los nacionales confiados en la moneda común, creyendo que habían eliminado todo el riesgo. Todo iba bien para la banca y aparentemente el negocio era redondo, mientras los precios continuasen incrementándose y bajo la presunción de que el endeudamiento con el exterior no iba a tener límite. El Gobierno, el supervisor y las entidades financieras cerraban los ojos al hecho de que en cualquier momento los mercados internacionales podían cerrar el grifo de la financiación, como así finalmente ocurrió.

Si la economía española en 2004 tenía graves problemas, en 2007 estaba al borde del abismo. Se necesitaba solo un factor que sirviese de catalizador para que la reacción en cadena se produjera. El detonante fue el escándalo de las hipotecas subprime, que originó una crisis internacional. La opacidad generó desconfianza. Las entidades financieras no se fiaban entre sí, desapareciendo casi por completo el mercado interbancario y con él la liquidez internacional. La situación se hizo gravísima para los bancos españoles, que tenían que salir a los mercados exteriores a financiar la deuda acumulada por los cuantiosos déficits de la balanza de pagos. Las dificultades se trasladaron a las empresas y al público en general. Limitaciones crediticias, empresas en crisis, impagados, despidos, paro. La recesión estaba servida.

En nuestro país, al igual que durante mucho tiempo se estuvo negando la existencia de la crisis y se hablaba exclusivamente de desaceleración, existió una pertinaz resistencia a aceptar que nuestros bancos tuviesen problemas de solvencia. Se ponderaba su buena salud y la muy eficaz labor del controlador, el Banco de España. Ciertamente nuestra banca no se había contaminado de la basura financiera que provenía de EE.UU. Razón: que acudía a los mercados financieros no a comprar activos, sino a endeudarse. Pero poseía sus propias hipotecas subprime, ese endeudamiento exterior correspondía a una contrapartida interior, créditos a las empresas y a las familias, concedidos en muchas ocasiones con demasiada alegría y en la mayoría de los casos sobre supuestos falsos, la creencia de que la euforia económica iba a durar siempre y que la revaloración continua de los activos se iba a mantener.

El entonces vicepresidente Solbes aseguró que la banca sufría tan solo un problema de liquidez y que no iba a costar un euro al contribuyente. Permitieron durante mucho tiempo la existencia de entidades zombis, con infinidad de activos tóxicos en los balances. Retrasando sine die el saneamiento del sistema financiero, se hizo mucho más gravosa la solución cuando no quedó más remedio que adoptarla. La autocrítica que se esperaba de Solbes era la de reconocer que no se había enterado de nada en sus cinco años de ministro. Lo de los 400 euros, el cheque bebé o el plan E, fue lo de menos, cosas de Elena Salgado, otra experta y técnica, merecedora por lo tanto de ser premiada por el sector privado con las puertas giratorias, esas puertas giratorias que Solbes tanto defiende.

La intervención en el Congreso de Salgado no constituyó ninguna sorpresa, muy acorde con su conducta de siempre, se limitó a repetir el discurso de Zapatero; en esta ocasión, insistir en la excusa a la que el ex presidente del Gobierno se refiere una y otra vez en su libro “El dilema”. Todos los atropellos cometidos tenían una justificación, evitar el rescate. La culpa fue de Grecia, afirma Salgado. Ciertamente, por eso resulta increíble lo que sucedió aquella noche fatídica del 10 de mayo de 2010, cuando sin ninguna razón aparente (lo que se dilucidaba era el rescate a Grecia, y nuestra prima de riesgo apenas alcanzaba el 150%,) España salió de la cumbre europea como perdedora absoluta y obligada a someterse a fuertes ajustes, casi como si hubiese sido ella la rescatada. Pagamos el precio de un rescate que no existió, y del que nunca recibimos ningún dinero. La culpa no fue de Grecia, sino de la incompetencia técnica y de la ineptitud absoluta para cualquier negociación en Bruselas de un presidente de Gobierno y de su vicepresidenta económica.

republica.com 19-1-2018

Año nuevo, presupuestos antiguos, ya que el 1 de enero, debido a la falta de consenso para aprobar los de este año, se han prorrogado de forma automática los de 2017. Alrededor de los Presupuestos Generales del Estado se ha levantado todo un andamiaje de mitos. En primer lugar, se les concede una importancia que en realidad no tienen. Se habla de cuadro de mandos, se le considera el documento más importante que elabora el Gobierno, concreción de su programa, expresión de su política, etc. Se les otorga un carácter reverencial, pero en el fondo su contenido es mucho más modesto y tiene menos relevancia de lo que normalmente se piensa, porque es muy pequeño el margen de maniobra que existe de un año a otro.

El error surge al considerar como parte de los presupuestos muchas cosas que en realidad no lo son. El gobierno de turno ha aprovechado siempre su aprobación anual para incorporar toda clase de modificaciones legales que, de hecho, deberían tener vida propia e independiente de la ley de presupuestos. La razón de este sesgo hay que buscarla en que esta norma goza de una tramitación parlamentaria especial y acelerada, distinta de cualquier otra ley, con lo que se acortan los plazos y se simplifican los requisitos del procedimiento.

Año tras año, la ley de presupuestos iba agrandándose hasta el punto de convertirse en un ómnibus donde tenía cabida cualquier medida, aunque nada tuviera que ver con las cuentas públicas. El Tribunal Constitucional se pronunció en contra de esta corruptela, no obstante, como quien hace la ley hace la trampa, desde esa sentencia la ley de presupuestos recoge exclusivamente materias presupuestarias, pero se ha creado una ley nueva denominada de acompañamiento que, como su propio nombre indica, sirve de comparsa a los presupuestos, en la que se incluyen los asuntos más dispares. Ahora bien, si prescindimos de estos añadidos y nos centramos estrictamente en los presupuestos, veremos que el margen de discrecionalidad no es muy elevado, tanto más cuanto que nos movemos dentro de la Unión Monetaria y de las imposiciones de Bruselas.

Hay que comenzar señalando que la aprobación recae exclusivamente sobre las partidas de gastos. El estado de ingresos, por el contrario, es solo una previsión de la recaudación anual basada en el cuadro macroeconómico y en la normativa de los diferentes tributos. Es una tarea estrictamente técnica y en principio no implica ninguna decisión política, a no ser que se pretendan modificar las normas fiscales, pero cualquiera de estos cambios no tiene por qué ligarse a la aprobación presupuestaria. Otra cosa es que en ocasiones los gobiernos inflen las cifras de cara a cuadrar artificialmente el déficit. Pero las trampas nunca pueden ser la norma. Las previsiones podrán, además, cambiarse a lo largo del ejercicio si se modifican los supuestos sobre los que está fundamentada la estimación.

En cuanto a los gastos, la capacidad de decisión es menor de la que habitualmente se piensa. En el actual Estado de las Autonomías el grado de descentralización es muy elevado y, por lo tanto, las competencias que permanecen en manos del Estado son reducidas. Por otra parte, muchas de las partidas están ya comprometidas en el momento de su aprobación, o derivan de hechos o parámetros que se encuentran fuera de las decisiones del Gobierno o del Parlamento.

Los gastos financieros dependen de las condiciones del mercado o de la actuación del Banco Central Europeo. La retribución de los empleados públicos presenta una fuerte inercia y su incremento anual suele venir en buena medida determinado por la negociación con los sindicatos. Los gastos sociales, incluyendo las pensiones y el seguro de desempleo (dos de las partidas más cuantiosas), se fijan de acuerdo con la legislación vigente que, lógicamente, se puede cambiar, pero que no tiene por qué hacerse, tal como se está viendo, en la ley de presupuestos.

En cuanto a la inversión pública, lo único relevante es la cifra total, puesto que su composición está condicionada por las infraestructuras ya en marcha y por la facultad que la ley presupuestaria concede a los diferentes gestores para realizar modificaciones entre las distintas partidas de gasto. Por último, conviene no olvidar que los presupuestos se discuten bajo importantes restricciones, las que impone la cifra máxima de gasto, pero, sobre todo, los programas de Bruselas. Todo ello conlleva a que el número de variables relevantes sobre las que se puede actuar no sea muy cuantioso y su negociación, perfectamente asumible por todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Cosa distinta es la viabilidad de llegar finalmente a pactos.

Otro mantra que revolotea sobre los Presupuestos Generales del Estado es la creencia de que su aprobación solo le importa al Gobierno. Paradójicamente, sin embargo, los gobiernos -y más si son conservadores- se encuentran muy cómodos con un presupuesto prorrogado, ya que los ingresos van a incrementarse de cualquier modo de acuerdo con el crecimiento del PIB nominal (incremento real más inflación), mientras que las distintas partidas de gasto están congeladas en la cuantía del presupuesto anterior, lo que le puede servir de excusa en su objetivo de estabilidad presupuestaria y en la aplicación de la política restrictiva.

En esta línea hay que remarcar el expolio que, por ejemplo, representa para los jubilados que sus pensiones no se actualicen de acuerdo con el índice de precios, teniendo en cuenta que los ingresos del Estado sí se incrementan automáticamente con la inflación. En realidad, se está gravando a todos los pensionistas con un impuesto que es acumulativo año a año y que representa una redistribución de la renta en contra de este colectivo.

En nuestro país la existencia del bipartidismo ha repartido durante largo tiempo los papeles con un carácter muy determinista. De las dos grandes formaciones políticas, al partido del gobierno le correspondía por principio la defensa y aprobación de los presupuestos, y al de la oposición, la censura radical -enmienda a la totalidad se ha denominado- sin mayores matizaciones. Cuando el gobierno tenía mayoría absoluta, el presupuesto se aprobaba sin ningún problema y sin que se aceptasen más enmiendas que las que el partido mayoritario de forma graciable permitía. El papel del Parlamento resultaba inoperante. En el caso de que la mayoría no fuese absoluta, el gobierno buscaba el apoyo de un partido nacionalista y se actuaba de la misma manera, solo que entonces había que pagar un buen peaje al nacionalismo de turno, peaje que lógicamente no costeaba el gobierno sino el resto de los ciudadanos cuyas Comunidades no contaban con partidos nacionalistas ni regionalistas.

Ha sido este terreno de juego el que nos ha conducido a la situación actual de descontrol autonómico tanto en Cataluña como en el País Vasco, territorios en los que el Estado está prácticamente ausente, y donde la Administración central ha abdicado de muchas de sus competencias y, de lo que es peor, de sus deberes, con tal de no molestar a los nacionalistas. De otra manera sería difícil explicar cómo el País Vasco y Navarra, Comunidades con la mayor renta per cápita de toda España, en lugar de ser contribuyentes sean receptores netos, y resultaría desde luego imposible concebir el golpe de Estado que se ha producido en Cataluña y todas las circunstancias que lo han propiciado.

Sin los acuerdos del Majestic de Aznar y sin las inconscientes promesas de Zapatero, el nacionalismo catalán nunca hubiese estado tan crecido y jamás hubiese llegado a un grado tal de prepotencia que le hiciese creer que el único estado y gobierno legítimo en Cataluña era el de la Generalitat, y que el de España no era cosa suya. Por eso resulta tan injustificado e indignante que Aznar pretenda dar ahora lecciones cuando gran parte de lo que sucede tiene en buena medida su origen en aquel hablar catalán en la intimidad.

Tras las pasadas elecciones generales creíamos haber salido del bucle en que nos encerraba el bipartidismo. Pensábamos que sería el momento del Parlamento y que, ante un Congreso dividido, se impondrían la negociación y el diálogo; considerábamos que los presupuestos dejarían de ser cosa exclusiva del gobierno para convertirse en asunto de todas las fuerzas políticas, pues todas ellas se esforzarían para modificarlos de acuerdo con sus respectivas posiciones ideológicas. No ha sido así. Ciertamente hemos superado los problemas de la mayoría absoluta, pero no los derivados del chantaje nacionalista, puesto que los partidos han vuelto a las andadas de situarse de forma puramente nominalista en el esquema izquierda-derecha, negándose al pacto y a la negociación con las fuerzas que consideran en el otro extremo del arco parlamentario.

La decisión de los partidos de definir su ideología de forma nominalista por contraposición a la de otros les conduce a negarse por principio no solo a pactar, sino ni tan siquiera a negociar los presupuestos. Sin embargo, las más interesadas en su aprobación deberían ser todas aquellas fuerzas políticas o instituciones que están a favor de cambiar el statu quo en los diferentes capítulos. La negociación presupuestaria debería suponer una buena oportunidad para plantear determinadas reivindicaciones como la mejora en el tema de las pensiones, en el seguro de desempleo, en el gasto para la dependencia, en la inversión pública, en la retribución de los funcionarios, etc. La tramitación de los presupuestos no da para mucho más, pero tampoco para menos. Sería importante saber hasta qué punto estaría dispuesto a ceder el Gobierno en todos estos temas. Podríamos encontrarnos con que, a lo mejor, al final los presupuestos aprobados no serían los del gobierno, sino un mix de los del gobierno y de los de la oposición.

Desde la oposición, negarse al diálogo y al pacto supone renunciar a toda mejora, abdicar desde el principio a lograr que al menos parte de su programa pase del papel a la realidad, es dar por perdida la batalla antes de iniciada. La repulsa radical a negociar los presupuestos condena a los partidos de la oposición a la inacción y a la inoperancia, al tiempo que concede de nuevo el protagonismo a los partidos nacionalistas, con lo que se incrementarán los desequilibrios regionales y se acentuarán las fuerzas centrífugas con los efectos nefastos que se están haciendo presentes en los últimos años.

Tiene razón Guillermo Fernández Vara al afirmar que las negociaciones sobre Cataluña le afectan como presidente de la Junta de Extremadura; al igual que habría que añadir que le concierne la fijación del cupo del País Vasco y de Navarra. La aprobación de los Presupuestos y los posibles acuerdos que para aprobarlos se vea obligado a realizar el Gobierno con los partidos nacionalistas tienen repercusiones en todas las Comunidades Autónomas. Los presupuestos son un sistema de suma cero y la subordinación a su aprobación de la financiación autonómica no es ningún chantaje de Montoro, sino una realidad, por lo que es difícil entender que un partido que gobierna en varias Comunidades Autónomas, como el PSOE, se niegue a negociarlos. Claro que se entiende aún peor que consideren una especie de blasfemia sentarse a discutir los presupuestos y sin embargo crean que es posible llegar a un consenso para modificar la Constitución.

republica.com 12-1-2018

El mundo financiero es un cúmulo de sorpresas. No han desaparecido aún las secuelas ocasionadas por el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime, cuando ya se está formando una nueva burbuja especulativa que, si tarda en explotar, tendrá efectos incluso más nocivos que las anteriores. Pocas dudas caben de que, antes o después, la catástrofe se cernirá sobre el mercado de los bitcoins y ese día con toda probabilidad los que hayan invertido en esta criptomoneda perderán todos sus ahorros. Lo que resulta realmente prodigioso es que haya alguien que pueda pensar lo contrario.

Desde el mismo instante de su creación -2009- el bitcoin ha venido revalorizándose en porcentajes cada vez mayores y totalmente desproporcionados. La especulación se ha hecho más evidente en los últimos tiempos. En 2017, la cotización se ha multiplicado por veinte, alcanzando un máximo de 19.000 dólares a mediados del mes de diciembre; sufre, no obstante, una gran volatilidad desde el momento en que se ha comenzado a cotizar a futuros en EE.UU. Múltiples analistas han advertido acerca de la inmensa burbuja especulativa que se está formando y del desastre que amenaza a los inversores. JP Morgan, el mayor banco de inversión de Estados Unidos, ha manifestado tajantemente que el bitcoin es un fraude.

El carácter falaz de esta criptomoneda y su vacuidad debe distinguirse de la tecnología que aplica, la llamada Blockchain, que se ha convertido en uno de los mayores focos de interés de la industria financiera, y de otros tantos sectores. Una nueva forma de registrar tanto transacciones como otras interacciones digitales de manera segura y transparente. Las posibilidades que ofrece son muchas. Las bondades de su tecnología y el hecho de que en el futuro pueda tener múltiples utilidades diferentes a la de soportar las operaciones de una criptomoneda no hacen, sin embargo, consistente al bitcoin, que continúa siendo humo, un dinero que intenta serlo sin tener nada que lo sustente.

El bitcoin nace de la pretensión un tanto ingenua de corregir una cierta contradicción en la que se ha venido moviendo a su pesar el liberalismo económico. Los intereses económicos que se sitúan detrás, si bien exigen la desregulación de todos los mercados, en especial del laboral, no están dispuestos a ceder al juego de la oferta y la demanda la creación del dinero. A largo de la Historia las constantes quiebras y crisis de las entidades que actuaban como bancos aconsejaban limitar la capacidad de emisión. No obstante, aunque en esta materia desconfían del mercado, tampoco están determinados a abandonarla en manos del Estado. La influencia que las clases populares tienen sobre los gobernantes a través de las consultas electorales hacía arriesgada tal cesión, y por eso pretenden que las decisiones monetarias sean tomadas por una entidad independiente y neutral.

De este modo, las fuerzas conservadoras y el neoliberalismo económico han logrado cuadrar el círculo en materia de política monetaria. La autonomía de esas instituciones llamadas bancos centrales les ha permitido hacer compatibles posiciones contradictorias en sí mismas. Han conseguido compaginar su aversión a lo público y a los mecanismos democráticos con la certeza de que algo tan delicado y sustancial para sus intereses como es el dinero no se podía dejar al albur de la «mano invisible». Se han inclinado abiertamente por la intervención, pero no por la del poder político democrático, sino por la de una institución que revisten de tecnicismo y profesionalidad, autonomía e independencia, para hacerla en realidad dependiente de los poderes económicos.

Un neoliberalismo económico consecuente debería inclinarse por la abolición del monopolio de emisión de dinero que hoy tienen los Estados y que han cedido a los bancos centrales. Tendrían que defender la libre creación de moneda por todo aquel que quiera realizarla y que disponga de suficiente credibilidad en el mercado para que el público acepte sus pasivos como medio general de pago. Sin embargo, esta postura es minoritaria; únicamente Friedrich Hayek ha defendido, y en época reciente (1976), la liberalización del mercado del dinero. Su obra «La desnacionalización del dinero» es un alegato a favor de la libre competencia en la emisión y circulación de los medios de pago. Considera el dinero como una mercancía más que, por lo tanto y de forma similar a cualquier otro bien, de acuerdo con su doctrina, puede ser suministrada por el sector privado con mayor eficiencia que por un monopolio estatal.

En el sistema diseñado por Hayek la creación de dinero sería libre. Toda aquella entidad financiera que lo desease podría crear su propio medio de pago, pero debería cuidar de la estabilidad de su valor, emitiendo tan solo aquella cantidad que fuese demandada por el público. Existirían, por tanto, diferentes monedas, con denominaciones distintas, una por cada uno de los bancos privados que quisieran emitir dinero. Toda entidad que en un exceso de avaricia pusiese en circulación más medios de pago que aquellos que el público deseara tener vería devaluarse su dinero con respecto a otras monedas y perder capacidad adquisitiva, con lo que el público huiría de esa moneda para refugiarse en otras más seguras. Es decir, cada banco o entidad financiera que emitiese dinero debería mantener constante su valor por el procedimiento de retirar del mercado la cantidad adecuada del mismo cuando se devaluase, y emitir la necesaria en el caso de que se apreciase por exceso de demanda. Abolido el principio de aceptación obligatoria -propiedad de la que goza en este momento el dinero legal y que lógicamente no sería aplicable a los medios de pago creados por los bancos privados- la ley de Gresham no se cumpliría, y se daría más bien la situación contraria, que la moneda buena desplazaría a la mala.

La postura de Hayek es, como ya hemos dicho, consecuente, pero apenas ha encontrado eco entre sus correligionarios, y por supuesto nadie hasta ahora había pretendido llevar a la práctica sus conclusiones. La razón resulta bastante evidente cuando se intuyen los graves problemas que acarrearía y los absurdos a los que nos conduciría su aplicación.

En el fondo, la teoría no es tan original como a primera vista pudiera parecer. Si nos remontamos en la Historia, comprobaremos que en el origen del dinero hay situaciones que guardan una gran similitud con el sistema propuesto, y que la intervención pública -en esto como en otras muchas situaciones económicas- surge de una necesidad. Si la acuñación de moneda se reserva a los poderes públicos es en un principio para garantizar su valor. De hecho, desde los primeros momentos de la actividad bancaria, las quiebras y las insolvencias acompañaron la vida de las instituciones financieras. En la época actual, a pesar de la especial vigilancia de los poderes públicos y de que los bancos no gozan de la facultad de emitir dinero primario, las crisis bancarias acaecen con mayor frecuencia de lo que sería deseable, y su coste lo asume el erario público. ¿Podemos imaginarnos lo que ocurriría si cada banco pudiese emitir su propio dinero, distinto del de otras instituciones financieras? ¿Hasta dónde alcanzarían los fraudes y los timos bancarios?

El modelo de Hayek solo puede funcionar sobre el papel, y ni los más ardientes defensores del libre mercado han abogado por un sistema de tales características. ¿Qué grado de complejidad tendría la realidad económica si para cada transacción hubiera de escogerse una clase distinta de dinero? ¿Es posible exigir a todos los ciudadanos la condición de financieros, a efectos de disponer y saber utilizar una información tan compleja como la de conocer cuál es el dinero más estable y cuál el que más se deprecia? Ni siquiera las personas más expertas podrían afirmar con certeza qué moneda es la más conveniente, al estar cada una de ellas definida por cestas diferentes de distintos bienes.

Por otra parte, nada impediría la especulación. ¿Cómo podría un banco privado hacer frente a fuertes operaciones especulativas realizadas contra su moneda, cuando hoy en día ni siquiera los Estados -incluso a veces aunando sus esfuerzos- son capaces de librar a sus divisas de los implacables ataques a los que se ven sometidas? Si ya en las actuales coordenadas del sistema capitalista existe una inflación desmedida del mundo financiero, en el que sus operaciones multiplican con creces las transacciones reales, hasta el extremo de convertir los mercados en grandes casinos, ¿podemos imaginarnos el incentivo adicional que significaría para la especulación financiera la existencia de un número indefinido de monedas, tantas como bancos, y la posibilidad de tomar posiciones instantáneamente en una u otra voluta?

Es en este contexto donde hay que situar el juicio acerca del bitcoin. Las críticas vertidas sobre el sistema de Hayek son aplicables en su totalidad a las criptomonedas, amén de otras que le son propias. El bitcoin se inserta en el deseo de dotar de total automatismo a la creación de dinero, prescindiendo de toda discrecionalidad y sustrayendo a los Estados, e incluso a los bancos centrales, la política monetaria. Lo que llaman minería, es decir, el proceso de creación de los nuevos bitcoin, se diseña a semejanza de la extracción de metales preciosos, con lo que se pretende dar idéntico automatismo que el que ofrecía el patrón oro. De sobra son conocidos, y Keynes ya los anunció, los resultados negativos que algunos países, por ejemplo, Inglaterra, cosecharon tras la Primera Guerra Mundial por el empecinamiento de mantener la moneda anclada en el oro. Los bitcoins presentan la misma rigidez, con el agravante de que no se identifican con ningún metal precioso, por lo que carecen de valor intrínseco, no son nada, puro aire.

El bitcoin se define como dinero, pero está muy lejos de cumplir todas las condiciones necesarias para ser tenido como tal. El dinero surge como la superación de la economía de trueque, y es de aceptación común que debe ser capaz de cumplir tres funciones básicas: unidad de cuenta, medio de pago y, por último, depósito de valor. El bitcoin no cumple la condición primera ya que no constituye una unidad de cuenta propia, sino que se expresa con respecto a las otras divisas. En todo caso sería dinero secundario al estilo de los depósitos bancarios u otros activos financieros. No tiene, por tanto, la pretensión al menos por ahora, de desplazar y sustituir a las divisas emitidas por los bancos centrales. En este sentido se diferencia del dinero propuesto por Hayek, porque en su sistema los bancos centrales desaparecerían.

Sí hay similitud, sin embargo, en los defectos que las dos monedas presentan como medio de pago. En ambos casos la volatilidad, la falta de concreción y la dificultad en la instrumentación los invalidan para este objetivo. En el caso del bitcoin lo paradójico es que en un principio se diseñó principalmente con esta finalidad para hacer más fáciles las transacciones, y reducir su coste eliminando intermediarios, pero lo cierto es que la tercera función, la de depósito de valor se ha desarrollado de tal forma y ha creado tal ola especulativa que hace imposibles las otras dos funciones. Si hoy tuviéramos que definirlo, más que de dinero tendríamos que hablar de activo financiero, pero con el agravante de que no se corresponde con ningún pasivo, no hay deudor al que reclamar nuestro derecho. Tampoco constituye una cosa (oro, obra de arte, etc.) con un valor intrínseco independientemente del precio del mercado. No es nada. Pura especulación. Mera expectativa de que un segundo inversor pague más dinero que el primero por la expectativa a su vez de que un tercero pague más que el segundo. La hecatombe se produce cuando la tendencia se invierte y sin saber muy bien por qué la fiebre de vender se apodera del mercado.

Buscando comparaciones, quizás el caso más similar sería el de los tulipanes de Holanda del siglo XVII. Hace ya bastantes años que John Kenneth Galbraith escribió un librito realmente sugerente, “Breve historia de la euforia financiera”. Narra diversos acontecimientos en los que la estulticia humana ha creado burbujas especulativas difícilmente explicables. La primera que cita es la de la tulipanmanía. Cuesta creer que pudiera pagarse por un bulbo de tulipán cifras astronómicas y que su precio pudiera subir ininterrumpidamente hasta poder intercambiarse en algunos casos por una mansión de lujo. El final de este sinsentido llegó en 1637 cuando los más inquietos comenzaron a abandonar el mercado, y de forma rápida se generó la estampida. Muchos de los inversores perdieron todos sus ahorros, pero el coste no recayó exclusivamente sobre ellos, sino sobre toda la sociedad holandesa que entró en lo que llamaríamos hoy una depresión económica. Hay que temer que la historia se repita y pase lo mismo con los bitcoins, si los Estados no adoptan ahora las medidas adecuadas.

republica.com 5-1-2017

El día 2 de noviembre pasado, tras la proclamación unilateral de independencia y recién aprobada la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, en estas mismas páginas digitales me preguntaba si acaso no era precipitada la convocatoria de las elecciones autonómicas y cuáles podían ser las razones para tanta premura.

“Sin embargo, la sola invocación del artículo 155 genera una especie de alergia y no tanto por la dificultad de aplicarlo, sino porque muchos consideran una herejía el hecho de que el Gobierno central intervenga en una Comunidad Autónoma (a ese punto hemos llegado). No solo entre los nacionalistas, sino entre otros que no se tienen por tales, como los miembros de Podemos o como una parte del PSC. Lo que subyace tras esa postura es la negativa a considerar al Gobierno de España como un gobierno propio (autogobierno). Ello es tan absurdo como si los habitantes de Barcelona creyesen que su gobierno radica exclusivamente en la corporación municipal y que las instituciones de la Generalitat son extrañas por el solo hecho de que no son exclusivas de Barcelona…

Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla…

La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema. A estas alturas no se conoce el grado de dificultad que va a tener la aplicación del 155 y es muy dudoso que en tan poco tiempo la sociedad catalana haya vuelto a ese mínimo de neutralidad necesaria para celebrar unas elecciones con ciertas garantías. Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas. Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo, pero por eso mismo no se ve la necesidad de fijar desde el primer momento la fecha de las elecciones. Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias y, si los resultados son los mismos, de que retornemos al principio”.

Por desgracia y como cabía temer, los resultados han sido casi los mismos que los de 2015. Las formaciones independentistas han conseguido dos escaños menos, pero así y todo van a tener mayoría en el Parlament, lo que les va a permitir con toda probabilidad formar gobierno. El resultado, sin embargo, no les legitima para emprender o continuar un proceso secesionista. Primero porque estas elecciones no eran plebiscitarias, y segundo porque, de serlo, las habría perdido el independentismo al obtener tan solo el 47% de los sufragios. Ahora bien, una cosa son los hechos y otra cómo los venden los independentistas. En 2015, con idénticos resultados, se creyeron mandatados por todo el pueblo de Cataluña para dar un golpe de Estado y declarar la independencia.

En cualquier caso, lo cierto es que el haber convocado con tanta premura las elecciones nos adentra en una situación kafkiana, difícil de asimilar. Quiérase o no, se van a entremezclar los sucesos políticos y los judiciales. Puede ocurrir que el mismo gobierno cesado por dar un golpe de Estado y acusado de sedición y rebeldía vaya a ocupar de nuevo los mismos cargos, y que dentro de unos meses recaiga sobre sus miembros una condena de inhabilitación y muy probablemente de prisión. Todo ello sin contar con que el juez instructor pueda considerar que, al ocupar idénticos puestos, hay riesgo de reincidencia y decrete la prisión incondicional, a lo que se añadiría el riesgo de fuga en el caso de Puigdemont y los cuatro consejeros evadidos a Bélgica.

Nadie discute que los jueces deben actuar con criterios estrictamente jurídicos y al margen de cualquier suceso político. Los votos pueden lavar en todo caso la responsabilidad política, pero nunca la penal. No obstante, eso no es óbice para admitir que la situación va a ser en extremo complicada y que los sediciosos van a querer utilizar los resultados electorales para librarse de las condenas. Todo ello se podía haber evitado con solo haber retrasado las elecciones, al menos hasta que los procesos judiciales hubiesen estado más adelantados y la inhabilitación hubiese recaído sobre los golpistas. Quizás el resultado hubiese sido similar, pero con otros actores. El problema no es que haya ganado el independentismo (en escaños, no en votos). Ello es perfectamente asumible si esa es la voluntad de una parte importante de la población catalana. La dificultad se encuentra en que entre los electos se encuentran los investigados, lo que puede dar lugar a escenarios bastantes paradójicos y fácilmente usables y manipulables por los sediciosos.

En este posible error el PSC ha tenido mucho que ver y, en consecuencia, el PSOE de Pedro Sánchez, que practica el seguidismo de su marca catalana más de lo que sería conveniente. En un primer momento mantuvo una oposición frontal a la aplicación del 155. Las declaraciones de Iceta y de Margarita Robles no dejaban lugar a dudas. Ello, al menos, colaboró a que este artículo no se instrumentase con anterioridad, cuando se aprobaron las leyes del referéndum y de la desconexión con España, claramente inconstitucionales. Entonces, tal vez hubiese bastado con asumir las competencias de Interior y de Hacienda, con lo que se habría impedido el referéndum del 1 de octubre y cualquier medida que la Generalitat hubiera querido implementar en esa dirección. Es posible que entonces el Gobierno de Rajoy tampoco tuviera muchos deseos de aplicar el 155, pero desde luego a lo que no estaba dispuesto era a acometer esa aventura en solitario.

Tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, y ante las críticas internas, a Pedro Sánchez no le quedó más remedio que dar su aquiescencia a la aplicación del 155, pero, una vez más y condicionado por el PSC, puso todo tipo de limitaciones, descafeinando en buena medida la propuesta del Gobierno. Presionó para que los comicios se convocasen cuanto antes, y se opuso a la posibilidad de que se ejerciese un cierto control sobre los medios de comunicación de la Generalitat, cuando resultaba evidente que hacía mucho tiempo que se habían convertido en meros canales de publicidad y propaganda del independentismo. La idea de que el 155 se aplicase sobre la televisión y la radio públicas tampoco fue muy bien recibida en el gremio periodístico. Es curiosa la prevención que los periodistas sienten ante la posible influencia del poder político en los medios públicos, sin que se produzca esa misma susceptibilidad respecto al poder económico en los medios privados. En cualquier caso, en el ámbito catalán, oxigenar, establecer la pluralidad y erradicar el fanatismo, incubado durante cuarenta años de control nacionalista, hubiese sido una operación de salud democrática y una condición necesaria para celebrar unos comicios con cierta neutralidad.

Había más razones que justificaban la prolongación del artículo 155, por ejemplo el conocer con cierto detalle las finanzas de la Generalitat -que han gozado de total opacidad- y averiguar, de este modo, los recursos que se han dedicado a actividades ilegales cuando no delictivas, al tiempo que se desmontaban todas las llamadas estructuras de Estado, tareas todas ellas que, dada la complejidad de la administración autonómica, necesitaban tiempo y difícilmente se han podido acometer de forma adecuada en un periodo tan reducido. Es más, tampoco ha habido tiempo suficiente para que los ciudadanos tomen conciencia de los daños que el procés está causando a la economía de Cataluña. En ese orden de cosas, el boicot a los productos catalanes, al margen del juicio político que cada uno tenga, tiene la facultad de mostrar de forma fehaciente algo que los que votan independentismo no quieren reconocer: que gran parte de su prosperidad y bienestar depende del consumo del resto de España. Y no vale afirmar que todas las economías están relacionadas, lo cual es cierto, pero eso no quita para que el saldo del intercambio comercial sea altamente positivo a favor de Cataluña, de tal manera que si no pudiera vender sus productos al resto de España, sería su economía la que se vería fuertemente dañada.

También Ciudadanos ha tenido parte de responsabilidad en la precipitación con la que se han convocado comicios autonómicos. Si bien es verdad que defendieron antes que nadie la aplicación del 155, no es menos cierto que siempre añadían la coletilla de que era con la finalidad exclusiva de que se convocasen inmediatamente elecciones. La razón de esa postura debe buscarse en intereses partidistas, el convencimiento de que en ese momento las urnas, como así ha sido, les favorecían. Han cosechado ciertamente un triunfo, tal como se afirma histórico, pero hay que preguntarles ¿y ahora, qué? Una gran victoria, pero victoria pírrica, triste victoria, porque ¿Ahora qué? Inés Arrimadas ha manifestado que “treinta años de nacionalismo no se solucionan en unas elecciones». Ciertamente, pero por eso no se tendría que haber ido a ellas apresuradamente.

Ciudadanos se ha beneficiado de defender la postura más dura y más inequívoca en contra del secesionismo. Se ha presentado sin ninguna ambigüedad, lo que ha captado a una buena parte de la población que está harta del procés y de tanto fanatismo y al mismo tiempo rechaza ya las medias tintas y las terceras vías. Tal actitud, ciertamente, es fácil cuando no se tienen responsabilidades de gobierno. Es una clara ventaja con la que ha jugado Ciudadanos.

La situación contraria es con la que se ha encontrado el PP. Como Gobierno de España, ha tenido que enfrentarse con el reto separatista, hallándose en la diana de todas las críticas. A su vez, a los golpistas les convenía personalizar en Rajoy y en su Gobierno ese Estado, según ellos opresor y antidemocrático, que les perseguía. Es una táctica común del nacionalismo construir un pelele imaginario al que llaman Estado y del que predican toda clase de males y perversiones, por supuesto la de ser continuación del franquismo. Curiosamente son los únicos que en los momentos actuales están obsesionados con el franquismo. Tal vez porque en el fondo tiene con él bastante semejanza, una concepción cuasi religiosa de la política. Es posible que el nacional catolicismo franquista no esté demasiado lejos del nacional catolicismo catalán o vasco. Sería un buen tema para un artículo, y constatar cómo estos dos últimos también han nacido en las sacristías.

El Estado parece que no es de nadie y a nadie representa. En este planteamiento el nacionalismo no se encuentra solo, le acompañan todos aquellos que se inclinan de una o de otra manera por la tercera vía. Resulta fácil reclamar al Estado un pacto fiscal, o la conmutación de la deuda. Así no se ve que sobre los que en realidad recae estas demandas es sobre Extremadura, sobre Andalucía, o sobre Galicia, en fin sobre todas aquellas regiones y Comunidades con una situación económica mucho peor que Cataluña.

El error del PSC ha consistido en la ambigüedad y en situarse en tierra de nadie, por eso hace tiempo que han perdido a sus votantes tradicionales, que en esta ocasión se han ido tras Ciudadanos. Desde que el PSOE renunció a tener representación en Cataluña y se echó en brazos del PSC, en el mal llamado socialismo catalán se da una situación paradójica, un divorcio bastante pronunciado y durante mucho tiempo latente, entre la elite, perteneciente en su mayoría a las clases favorecidas y de mentalidad catalanista cuando no nacionalista, y las bases, pertenecientes casi en su totalidad a las clases populares. Ese divorcio dejó de estar latente y salió a la luz con Maragall y el tripartito, a partir del cual comenzó la desafección de muchos de sus votantes.

Iceta durante la campaña ha lanzado propuestas desconcertantes, desde la condonación de deuda hasta la transferencia a la Generalitat de todos los impuestos, pasando por la petición de indulto de unas penas aun no impuestas. Los resultados han sido más bien mediocres, por eso se entiende tan mal que Pedro Sánchez, tras haberse implicado de lleno en la campaña, compareciese, después de los comicios, sin la menor autocrítica (se ve que la autocrítica no es lo suyo) y centrando toda su exposición en reproches e invectivas a Mariano Rajoy, emplazándole a que haga una oferta. Lo de la oferta, o lo de hacer algo, se ha convertido en un mantra que se dice cuando no se sabe qué decir.

Como en algún momento manifestó Albert Boadella, lo peor del nacionalismo es que su discurso, de tanto repetirlo, termina siendo introyectado por otros muchos que no son nacionalistas. En el fondo, todos acabamos asumiendo de forma inconsciente su lenguaje y algunos de sus planteamientos. Detrás de la decisión de acortar lo más posible la vigencia del artículo 155, y por tanto de convocar elecciones deprisa y corriendo se encuentra la creencia de que el único gobierno legítimo de Cataluña es el de la Generalitat, que el Gobierno de España es algo ajeno y que su intervención en Cataluña constituye una injerencia intolerable.

republica.com. 29-12-2017

El pasado 16 de diciembre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatieron, entre otros temas, el proyecto presentado por la Comisión el día 5 para reformar la Eurozona. Ha quedado pendiente de una próxima reunión. En cualquier caso, las primeras medidas no se aprobarán hasta junio de 2018. En Europa todo va despacio. En 1992 un eurodiputado francés, Maurice Duverger, escribió un libro titulado “La liebre liberal y la tortuga europea”. Creo que el título es suficientemente expresivo de su contenido. Hoy más que nunca parece imposible que la tortuga alcance a la liebre. En Europa se han impuesto las ideas neoliberales. El establecimiento del libre cambio y de la libre circulación de capitales ha ido muy por delante de la construcción de las estructuras e instituciones necesarias para compensar y corregir los previsibles excesos que ello acarreara.

El desajuste se ha hecho más evidente con la creación del euro. Años de euforia y triunfalismo dejaron paso a un periodo de graves dificultades en el que se manifestaron todas las contradicciones, se tambaleó la propia Unión Monetaria. Recuperada una cierta, aunque provisional, tranquilidad, la Comisión y los mandatarios de determinados países parece que han terminado por convencerse de que la Eurozona necesita reformas. Desde Bruselas se afirma que el euro era y es una moneda sin patria, incompleta y vulnerable de cara a una nueva crisis. El ministro de Economía español escribe un artículo en el diario El País (8-12-2017) con el significativo título de “El euro inacabado”. El presidente francés también se ha referido en varias ocasiones a la necesidad de reformas en la Eurozona y parece que entre las condiciones que el líder del SPD pone a Merkel para formar una gran coalición se encuentra la de que Alemania acepte en Europa los planteamientos de Macron. Otra cosa es saber si unos y otros son conscientes de la gravedad del problema y de la importancia de las reformas que serían necesarias.

En la Unión Europea es ya habitual que las reformas que se plantean ni siquiera rocen la piel de los problemas y que, así y todo, según transitan por las distintas instancias vayan sufriendo modificaciones hasta descafeinarse y anular casi por completo el pequeño avance que se pretendía. En esta ocasión, el núcleo fuerte de la reforma propuesta por la Comisión radica en la creación del Fondo Monetario Europeo, que asumiría las funciones que actualmente mantiene el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). Se encargaría, por tanto, de financiar a los países que se encontrasen en una situación grave de insolvencia. Eso sí, siempre con la condición de que se someta a los ajustes y reformas que el financiador considere necesario para que se vuelva a lo que se supone la normalidad. La dotación económica se mantiene sin ningún aumento en los 500.000 millones de euros actuales.

En la propuesta de la Comisión este organismo asumiría también la función actual del Fondo Único de Resolución de establecer un cortafuego en el caso de insolvencia de una entidad financiera. Así mismo, se incluye la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones orientado a mantener la inversión pública en tiempo de crisis y un presupuesto anticrisis destinado a solucionar los problemas que se susciten en presencia de choques asimétricos.

No es necesario detenerse mucho en los detalles para descubrir que todo el plan se proyecta sin colocar por ahora un solo euro más sobre la mesa, quizás para no incomodar a Alemania, con lo que todo queda en una simple reorganización de las instituciones europeas, sin que vaya a tener impacto significativo ni en el funcionamiento, ni en la solución de los problemas. Sin dinero, la actuación de las instituciones está totalmente limitada.

Hay, sin embargo, un cambio que sí tiene importancia para la Comisión, pero quizás solo para la Comisión. Actualmente el MEDE se encuentra bajo el control del Consejo, es decir, son los gobiernos los que aprueban y deciden acerca de los créditos y las disponibilidades de los recursos. Por el contrario, el futuro Fondo Monetario Europeo se situaría en el ámbito de las instituciones europeas, en cierta forma bajo el paraguas de la Comisión. El director general del Fondo se perfila como un superministro de economía y finanzas que asumiría a la vez la presidencia del Eurogrupo. Desde la Comisión se aduce que la reforma mejoraría la calidad democrática de la Unión, puesto que el nuevo organismo no estaría al margen del Parlamento Europeo, tal como ocurre ahora con el MEDE. La verdad es que, dado el déficit democrático que caracteriza a todas las instituciones europeas, no resulta demasiado fácil contestar a la pregunta de si se ganaría o se perdería en democracia.

Desde medios europeos se compara el organismo propuesto con el Fondo Monetario Internacional y se mantiene que podría acometer en Europa funciones similares a las que el FMI realizó en el antiguo Sistema Monetario Internacional creado en Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Para que esto fuese así, lo primero que se necesitaría sería dotar convenientemente de recursos al Fondo, y ya hemos visto que la propuesta mantiene acerca de ello un prudente silencio. Pero es que, además, existen importantes diferencias entre el antiguo Sistema Monetario Internacional y la Eurozona. La primera es que en la Unión Europea se ha adoptado la libre circulación de capitales, mientras que en Bretton Woods no se privó a los países de poder aplicar políticas de control de cambio. Ello permitía que los Estados pudiesen por sí mismos hacer frente en primera instancia a la presión de los mercados, y el recurso al Fondo solo era preciso si la tensión persistía.

La segunda diferencia es aun más fundamental. El Sistema Monetario Internacional nacido en Bretton Woods era un sistema de tipos de cambio fijos, aunque ajustable. Esto es, cada país mantenía su propia moneda y aun cuando existía el compromiso de mantener las cotizaciones estables, en caso de enfrentarse a choques asimétricos y por lo tanto a desajustes permanentes, se permitía a los países devaluar. La Eurozona, por el contrario, es una unión monetaria en la que existe una sola divisa y la devaluación no es posible.

Las ayudas del FMI tenían, por tanto, un carácter temporal y complementario tendente a hacer frente a la especulación contra una divisa cuando carecía de fundamento o a auxiliar a un país que sufriese choques asimétricos en tanto devaluaba su moneda. En la actualidad, aunque se produzcan choques asimétricos, los países miembros de la Unión Monetaria no pueden acudir al recurso de la devaluación para superar el desequilibrio producido, por lo que la ayuda financiera (crédito) que el nuevo Fondo pudiera concederles resulta insuficiente para solucionar el problema. El ajuste, de producirse, se realiza por el aumento del paro y por la deflación competitiva a través de la reducción de salarios y precios y de los recortes presupuestarios. En un sistema monetario de tipos de cambio fijos pero ajustables, a un país en dificultades le puede resultar suficiente la ayuda transitoria en forma de créditos o préstamos; en una Unión Monetaria, no. Se precisan transferencias de recursos a fondo perdido, es decir, que se cuente con una verdadera unión fiscal.

El ministro de Economía de España en el artículo citado se preguntaba si el euro era parte del problema o la solución. La respuesta parece bastante fácil, es parte del problema porque, como el propio Guindos afirma, esta crisis ha sido de deuda. Pero ha sido precisamente la moneda única la que ha escindido de forma radical la Eurozona entre países deudores y acreedores. En una crisis de deuda la solución no puede venir simplemente por la concesión de créditos. Lo único que se consigue de esta manera es variar la forma y la nominación de la deuda.

Muchos de los mandatarios internacionales dan por terminada la recesión, por la única razón de que se están recuperando las tasas de crecimiento, pero lo cierto es que la salida dada a la crisis ha dejado tales secuelas que estamos muy lejos de poder afirmar que el problema se ha solucionado. El ministro de Economía sostiene también que el euro ha sobrevivido. Tiene razón, pero a tal coste que ante una posible crisis futura sería imposible aplicar la misma medicina. Paul Krugman, tras mantener el firme convencimiento de que la moneda única no podía perdurar y que saltaría por los aires, una vez superada la fase crítica, reconoció en un artículo que se había equivocado, que había infravalorado la capacidad de tolerancia y resignación de los trabajadores de los países deudores. Pero, por eso mismo, podría haber añadido que el peligro estaba lejos de disiparse, puesto que los errores originales del proyecto no se habían corregido ni existía voluntad de rectificar.

Ante una nueva crisis sería imposible que los países del Sur pudiesen soportar ajustes del mismo calibre. Grecia no resistiría un tratamiento parecido al de estos años, y algo similar se podría decir, por ejemplo, de Portugal y de España; incluso, no parece que Italia y Francia estén dispuestas a someterse a estas recetas ni siquiera por primera vez. Pero los desequilibrios entre deudores y acreedores permanecen y los países del Norte se oponen radicalmente a todo lo que signifique transferencias permanentes de recursos entre los Estados, única solución que puede compensar las perturbaciones que produce una unión monetaria.

En la rueda de prensa celebrada tras la Cumbre Rajoy manifestó: «Es imposible una unión económica y monetaria que no vaya acompañada de una unión fiscal”. Resulta gratificante comenzar a escuchar a los mandatarios europeos frases como esta. No obstante, tengo mis dudas de que sean conscientes de lo que significan y de la cantidad de recursos que tendrían que traspasarse de unos países a otros, si al final se constituyera tal unión. Lo cierto es que no se da ni un solo paso en esa dirección. Alemania, Holanda, Finlandia y Austria vetan todo lo que pueda significar mutualización de riesgos, de modo que difícilmente van a aceptar un verdadero presupuesto comunitario y una hacienda pública que aplique una función redistributiva tal como la que realiza cualquier Estado entre sus regiones.

La reunión de jefes de Estado y de Gobierno terminó dejando sobre la mesa para nueva discusión la reforma propuesta por la Comisión, reforma en extremo timorata y en la que no se cuantificaba ningún desembolso adicional de fondos. Así y todo, la oposición de los países del Norte ha sido patente y todo ha quedado para una próxima reunión en marzo. La tortuga europea no alcanzará nunca a la liebre neoliberal. Y se equivoca el que piense que el peligro sobre la Eurozona ha desaparecido y que en la Unión Monetaria no cabe la marcha atrás.

republica.com 22-12-2017

Me siento incómodo al escribir este artículo. Me resulta imposible decir nada nuevo sobre el tema de las pensiones. Nada que no haya escrito en otras muchas ocasiones. No obstante, el hecho de que por doquier se continúen repitiendo idénticas falacias me justifica de mis reiteraciones. Ante los mismos tópicos, no valen sino los mismos argumentos. Todos los medios de comunicación se han hecho eco la semana pasada de la publicación por parte de la OCDE de un informe acerca de las pensiones en los países que la integran. Es curioso que los organismos internacionales tengan una especial predilección por este asunto, revistiendo siempre sus informes de los tintes más catastrofistas. Digo que es curioso porque los funcionarios de todos estos organismos devengan espléndidas pensiones (esas sí que son generosas), sin que nadie se plantee si son o no sostenibles.

El informe de la OCDE ha tenido la virtud de abrirse camino entre la espesa masa informativa que se ocupa del problema catalán y que cortocircuita cualquier otro asunto. No tuvo la misma suerte la llamada marcha de las pensiones que, saliendo de cinco puntos diferentes: Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía (los catalanes estaban en otras ocupaciones), recorrió España y llegó a Madrid el 9 de octubre pasado para reclamar pensiones dignas y la abolición de la última reforma, que condena a los futuros jubilados a la pobreza. La marcha convocada por UGT y CCOO pasó casi desapercibida, sin pena ni gloria. La diferencia estriba en que mientras que el informe de la OCDE incide sobre los tópicos de siempre y pone en duda la sostenibilidad de las pensiones, mensaje siempre caro a la prensa, los sindicatos clamaban que no hay ninguna fatalidad que determine que España no pueda mantener un sistema de pensiones dignas.

Ante el ruido generado por el informe de la OCDE, pienso que quizás convenga recordar ciertas verdades y desmantelar de nuevo algunas falacias:

1) Desde mediados de los años ochenta los servicios de estudios de las entidades financieras, fundaciones y demás instituciones interesadas han ido elaborando múltiples documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones resulta inviable. En todos ellos se anunciaba que el sistema entraría en quiebra a plazo fijo. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca la debacle anunciada.

2) La argumentación de todos esos informes es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinará a favor de estos últimos, en tal medida que hará insostenible el sistema. Se recurre a la tasa de dependencia citada, por ejemplo, en el reciente informe de la OCDE.

3) Esta forma de argumentar olvida la variable de la productividad. La cuestión no estriba en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal modo que, aun cuando esta proporción del número de trabajadores por pensionistas se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector primario; hoy, únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mucho mayor de pensionistas.

4) En los últimos cuarenta años, gracias a los incrementos de la productividad, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad.

5) La viabilidad del Sistema Público de Pensiones está condicionada por la tasa de dependencia solo si su financiación se liga exclusivamente a las cotizaciones sociales. Pero no tiene, ni debe por qué ser así. En un Estado social, tal como define el nuestro la vigente Constitución, son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica, y mucho menos política.

6) Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.

7) Desde esta perspectiva, carece de todo sentido el llamado fondo de reserva creado por el Pacto de Toledo, que estipula que en las épocas en las que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo -al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones”- lo que puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. En realidad, los incrementos o disminuciones del fondo de reserva son meros apuntes contables entre administraciones ya que, como es lógico, su importe se invierte en deuda pública. En este sentido resulta un dislate el comentario que parece haber hecho Zapatero al hilo de que el actual Gobierno haya consumido el fondo de reserva. “Si sé esto, no congelo las pensiones en 2011 y tiro del fondo de reserva”. Debería conocer que pagar las pensiones con cargo al fondo de reserva en ningún caso impide que se incremente el déficit de las Administraciones Públicas, que era lo que él parecía querer evitar.

8) De igual modo, no tiene sentido que el actual Gobierno pretenda enjugar el déficit de la Seguridad Social con préstamos en lugar de con transferencias a fondo perdido. Fue en 1994 cuando se introdujo este antecedente tan negativo, y se comenzaron a cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones por medio de préstamos, en vez de hacerlo con aportaciones estatales sin contrapartidas; se rompía así la norma anterior de que en los Presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social.

9) El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigían una redistribución de los bienes y servicios que deben ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

10) Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única dificultad es ideológica. El neoliberalismo económico pretende imponer la aversión a lo público y a los impuestos.

11) En todos los informes de organismos o instituciones en los que se siembran dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas se plantea al mismo tiempo la necesidad de completarlas con pensiones privadas. Surge la duda acerca de si el objetivo que se persigue no será potenciar los fondos privados de pensiones. De hecho, la única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de forma individual ahorre para la vejez. Los fondos de pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor, aunque muy lucrativas para las entidades financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. No es de extrañar que los fondos estén de capa caída por más medidas que adopte el Gobierno para incentivarlos.

12) Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

13) La OCDE y otros organismos internacionales suelen afirmar que las pensiones en España son muy generosas. Lo fundamentan en lo que llaman tasa de reposición (pensión que se recibe como porcentaje del último salario) que, según dicen, está por encima de la de la mayoría de los países de la Organización. Pero ese porcentaje es teórico para un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora). No tiene en cuenta, por consiguiente, otros muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc., que hacen que la tasa real esté muy alejada de ese máximo y sea inferior a la de otros países. En 2016 la pensión media de los nuevos pensionistas ascendió a 1.087 euros al mes, mientras que el salario medio se situó en 2.226. No llega por tanto ni al 50%. El 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros). El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. Como puede apreciarse, la generosidad es desbordante.

14) La ofensiva desatada desde mediados de los años 80 contra el sistema público de pensiones ha tenido sus frutos y, así, en distintas ocasiones se ha reformado el sistema y siempre en la misma dirección, la de empeorar las condiciones de la jubilación. Pero ha sido la reforma de 2013, aprobada por el PP, la que ha creado un panorama futuro más alarmante: la actualización anual de la prestación se desvincula del coste de la vida y se la hace depender de una fórmula alambicada y absurda que condena en el futuro a los pensionistas a ir perdiendo poder adquisitivo. España se ha convertido en el único país de toda Europa que desliga la actualización de las pensiones de la evolución de los precios y los salarios.

15) La recaudación fiscal se incrementa de forma automática con la inflación. ¿Por qué no incrementar, entonces, las prestaciones de los jubilados en la misma cuantía? La pretensión actual de no actualizar las pensiones con el índice del coste de la vida constituye un verdadero expolio, equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal, sino porque el tipo va a incrementarse año a año). Suponiendo que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años, del 20% a los diez años. ¿No es este el gravamen más injusto de los que están vigor?

republica.com 15-12-2017

Tenía intención de dedicar el artículo de esta semana a la propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de lo que algunos han denominado el futuro FMI europeo, que según Bruselas servirá para estabilizar la Eurozona. Parece que nace con muchas pretensiones, pero, como casi siempre, con toda seguridad acabará quedándose en nada. Una vez más, sin embargo, se ha cruzado Cataluña. En esta ocasión con las demandas de Iceta acerca de la condonación de la deuda y de ceder a la Generalitat la gestión y la inspección de todos los tributos. Así que el tema del Fondo Monetario Europeo (o Fondo Europeo de Estabilización, según la denominación que prefiere Mario Draghi) tendrá que esperar a otra semana. Y no es que la cuestión sea de menor importancia, simplemente es que se dilatara en el tiempo. En Europa todo es más lento. En realidad, ambos asuntos inciden sobre los dos problemas que hoy amenazan y dan jaque mate a la economía del bienestar, al Estado social o a la ideología socialdemócrata, o como se le quiera llamar: uno, el euro y el otro, la fuerza centrífuga que anima algunas regiones en Europa.

Pero vayamos a las propuestas de Iceta. En Cataluña se produce un extraño fenómeno y es que las tesis de los independentistas terminan impregnando a otros muchos que no lo son. Periodistas, expertos y políticos, por ejemplo, del PSC, son presa del victimismo y afirmando que Cataluña está maltratada. Expresiones como “hay que buscar un encaje con España”, “procurar que Cataluña se sienta cómoda”, “está infrafinanciada”, “hay que aumentar el autogobierno”, etc. están generalizadas y constituyen un buen exponente de lo que decimos. Antes de abordar las propuestas concretas planteadas por el primer secretario del PSC conviene, por tanto, dejar claras algunas cosas.

En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. Su nivel económico privilegiado no deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la Historia, sino de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el trato recibido del Estado, y del juego de mercado, por ejemplo del consumo del resto de España. A su vez, esa situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben. En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado.

Sea cual sea el sistema de financiación que se adopte para el futuro, Cataluña, al igual que Madrid, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares, deberían presentar, aunque no ciertamente en igual cuantía, saldo negativo al estar sus respectivas rentas per cápita por encima de la media (también el País Vasco y Navarra, aunque lo eluden por el Concierto). No deja de ser curioso que sea Cataluña la que se queje ahora del actual sistema de financiación, cuando se elaboró con Zapatero de presidente del Gobierno y Montilla al frente de la Generalitat, y casi en su totalidad de acuerdo con los deseos y exigencias de la propia Cataluña.

En segundo lugar, que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras Comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos. Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado procés ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

En tercer lugar, es necesario tomar conciencia de que estamos en presencia de un golpe de Estado de una gravedad inmensa, y que no está claro que esté totalmente desactivado. Las autoridades de una de las Comunidades Autónomas más ricas y que produce el 20% del PIB nacional han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Sin entrar en la discusión jurídica de si ha existido o no violencia de cara a tipificar el delito de rebeldía o de simple sedición, lo cierto es que han contado con una vasta capacidad de intimidación, la que les proporcionaba manejar todos los medios materiales y personales (incluyendo los Mossos d´Escuadra) de la Comunidad. La amenaza ha sido tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las Comunidades con mayores competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece demasiada acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra el Estado, y entonces sí, tener éxito. La estrategia debería ser más bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

En cuarto lugar, es preciso tener en cuenta que en el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una Comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las Comunidades. Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no puede haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las Comunidades.

Pues bien, con todos estos supuestos, estamos ya en condiciones de afrontar las propuestas de Iceta. Las ofertas en campaña electoral gozan siempre de una gran ambigüedad. Por ello nos referiremos principalmente al artículo que el secretario general del PSC publicó el jueves 30 de noviembre pasado en el diario El Mundo. No es tampoco que el artículo tenga mucha concreción, pero sí la suficiente para vislumbrar los peligros que suscita su contenido. Convencido de que sus demandas pueden levantar ampollas en otras Comunidades Autónomas, intenta revestirlas, pero sin conseguirlo, de un carácter de generalidad, colocando como único antagonista al Estado como si el Estado no fuera de nadie.

Comienza afirmando que los gobiernos autonómicos deben poder ser gobiernos auténticos y no meras gestoras de un Estado descentralizado. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Tal vez lo identifique con “independiente”. En todo caso lo que es seguro es que están muy lejos de ser meras gestoras. Cataluña cuenta con un grado de autogobierno que para sí querrían muchos estados federados.

Intenta convencernos de que las paganas de la crisis han sido las Comunidades Autónomas. Ciertamente que para prestar sus servicios han tenido que enfrentarse a graves dificultades, pero tantas o más ha tenido que superar el Estado. La culpa no está en que el sistema de financiación haya hecho aguas, si no en que lo que hizo aguas fue la recaudación impositiva que se desmoronó a niveles desconocidos. Curiosamente, si hubiese estado en vigor el sistema que propone el candidato del PSC, con una mayor cesión de los grandes impuestos a las Autonomías, las dificultades de estas hubiesen sido incluso superiores.

Frente a lo que afirma Iceta, los gastos del Estado han sido lógicamente los más sensibles a la crisis; comenzando por el pago de intereses, que, aunque no pertenezcan a la economía del bienestar, resultan imprescindibles, a no ser que el primer secretario del PSC defienda que hay que denunciar la deuda, cosa que no creo. La teoría económica engloba al seguro de desempleo dentro de lo que se denomina “estabilizadores automáticos”, aquellos gastos que se elevan en tiempos de crisis. El resultado más inmediato de la regresión ha sido la explosión en el número de parados, y por consiguiente en la partida que debe dedicarse a cubrir la prestación por desempleo.

Afirmar que las prestaciones por desempleo y las pensiones están protegidas por las leyes y por los presupuestos públicos es tanto como afirmar que la sanidad y la educación están protegidas por la Constitución y por los presupuestos autonómicos. Sin ingresos, todo eso es papel mojado, y las leyes se cambian. Basta con observar lo que ha pasado con las pensiones. Los jubilados son el colectivo que ha salido más perjudicado con la crisis, especialmente de cara al futuro, ya que la ley aprobada por el PP y auspiciada por Frankfurt y Bruselas condena a este colectivo y a los próximos jubilados a ir perdiendo año a año poder adquisitivo. Es absurdo hacer comparaciones sobre las distintas prestaciones de la economía del bienestar, en función de la administración que las gestiona, aunque tal vez conviene recordar que mientras la educación y la sanidad son universales, las prestaciones por seguro de desempleo y las pensiones inciden sobre los colectivos más desprotegidos. En todo caso, el victimismo es victimismo, aunque se pretenda esconder detrás de todas las Comunidades Autónomas.

Iceta habla de cesión de tributos sin especificar mucho más. Si se refiere a la capacidad normativa, esa competencia la tienen ya, aunque limitada, las Autonomías con respecto a los tributos propios y cedidos, lo que constituye un problema. Problema que adquiriría mayores proporciones si se ampliase la cesión, puesto que se crean presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. En Europa lo estamos sufriendo entre países, pero reproducirlo a nivel regional es nefasto. No creo que sea la medida más adecuada para ser defendida por un partido socialista.

Si la cesión que se pretende es la de la recaudación, es decir, que los recursos recaudados por los impuestos en una Autonomía se queden en esa Comunidad, se estaría proponiendo la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. La redistribución únicamente se ejercería entre los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma. Así ocurre en la Unión Europea, en la que no se aplica ninguna política redistributiva entre países. Es lo que algunos criticamos de ella y lo que, a la larga, si no se corrige, provocará la ruptura de la Eurozona. Qué diríamos si Amancio Ortega, las Koplowitz o los Botín dijesen algo así como “deseo más autonomía, yo me quedo con mis impuestos y me hago cargo de sufragar mi sanidad, mi pensión, la educación de mis hijos, etc. Eso sí, no pido nada para mí, que no pida para los demás, el barrendero también puede hacer lo mismo”.

Quizás lo que aparece más claramente en la propuesta de Iceta es que aboga por transferir la gestión y la inspección de los tributos a la Generalitat; pero tal cesión no tendría mucho sentido si no supusiese la cesión de su recaudación. Por lo que, amén de los efectos desastrosos que se producirían de cara al Estado Social planteados ya en el párrafo anterior, el resultado sería nefasto para la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para suavizar su demanda, el primer secretario del PSC propone que la gestión corriese a cargo de un consorcio participado paritariamente al 50% por el Estado y por la Generalitat. Idea no demasiado brillante. Cualquiera que haya trabajado en la órbita del control del gasto público sabe que los Consorcios son agujeros negros; al ser propiedad, al 50% de dos administraciones, termina por no controlarlos nadie.

Miquel Iceta insiste con frecuencia en el principio de “ordinalidad”. Palabra que por cierto no existe en el diccionario. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva “no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia”. Si por condición relativa se entiende el orden de las Comunidades establecido respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las Comunidades que más contribuyen tengan que ser también las que más reciban contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

El primer secretario del PSC repite que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el país Vasco que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura. Y lo del principio de ordinalidad, si alguna vez descubrimos qué significa, me temo que solo favorecería también a Madrid y a Cataluña.

No parece que todas estas medidas tengan mucho encaje en un programa socialdemócrata. Casan mejor con las clásicas peticiones que hacían los nacionalistas antes de echarse al monte. En cualquier caso, la gravedad del tema radica no tanto en que lo defienda el PSC, sino en que termine como siempre contaminando al PSOE. Ferraz ya se ha pronunciado a favor, lo cual no es demasiado chocante teniendo en cuenta la extrema levedad intelectual que caracteriza a la actual Ejecutiva. Habrá que esperar que esa no sea la opinión generalizada en el Partido Socialista.

republica.com 8-12-2017