ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

La palabra aprovechategui se ha hecho famosa, viral, como se dice ahora. La verdad es que resulta altamente expresiva y aclaratoria de los planteamientos de Ciudadanos. No está en el diccionario de la Real Academia, pero podría incorporarse como una versión light de aprovechado, oportunista. El presidente del Gobierno hizo diana -por mucho que después le criticasen- al calificar así el comportamiento de Rivera. A estas alturas, exigir una aplicación más dura del artículo 155, cuando parece que quedan tan solo días para que en Cataluña haya gobierno de la Generalitat y decaiga por tanto el citado artículo, es un buen ejercicio de postureo, y de aprovechar (de ahí lo de aprovechategui) el cabreo y la ignorancia de la gente.

Aprovecharse hace siempre referencia a algo, normalmente de algo, cierto y concreto. Y en este caso lo concreto es el caos que se ha creado en Cataluña y los errores cometidos por los partidos nacionales; pero ahí se encuentra el oportunismo de Rivera, porque es tan culpable o más que los demás. Todas las formaciones políticas se han enfrentado al tema de Cataluña sin dejar al margen sus intereses electorales y sin considerarlo, por tanto, un problema de Estado, el problema más crítico que sin duda tiene hoy España.

Por supuesto que esto afecta en primer lugar a Podemos que, de forma increíblemente paradójica y por el único motivo de cosechar votos en las regiones con fuertes movimientos nacionalistas (aprovechategui), defiende el derecho de autodeterminación que, aparte de constituir un desatino desde el punto de vista teórico, es totalmente contradictorio con la ideología que afirman profesar. ¿Cómo conciliar los principios de la izquierda con las pretensiones de las regiones ricas (que son las únicas que pretenden la independencia) de romper los lazos de solidaridad con las regiones menos desarrolladas? La sucursal en Cataluña de Podemos (con Colau a la cabeza) afirma que no es independentista, pero lo cierto es que termina situándose en la mayoría de los conflictos a favor de los golpistas y de sus postulados.

Pero ese oportunismo electoral ha estado también presente en el resto de los partidos nacionales y ha provocado que la actuación del Gobierno en Cataluña haya sido extremadamente lenta y tibia, permitiendo que el secesionismo llegase a límites que nunca se deberían haber consentido. El PSOE, arrastrado por las ambivalencias del PSC y en el afán de desgastar a Rajoy, durante mucho tiempo se situó en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno acusándole de no hacer política en Cataluña. Bien es verdad que resulta difícil saber a qué tipo de política se refería, porque no creo que el modelo sea la de Zapatero en su época. De aquellos polvos, estos lodos.

El artículo 155 se ha aplicado en Cataluña tarde y mal. Tarde, porque durante mucho tiempo ninguna de las formaciones políticas quería oír hablar de él. Es posible que el Gobierno estuviese perezoso en su aplicación, pero con 134 diputados resulta perfectamente comprensible que, a pesar de tener mayoría en el Senado, desease ir acompañado. El PSOE, una vez más arrastrado por el PSC, hasta el último momento y cuando ya la declaración de la independencia fue un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del 155 y, diga lo que diga ahora Rivera, los portavoces de Ciudadanos repitieron como papagayos una misma frase: “Aplicar el artículo 155 es como matar moscas a cañonazos”.

Se aplicó mal porque desde el primer momento se le puso plazo de caducidad convocando unas nuevas elecciones. El PSOE, empujado una vez más por el PSC, deseaba una aplicación mitigada y por el plazo más breve posible, y Ciudadanos insistía sin cesar que se aplicase el 155 pero con el único objetivo de convocar elecciones. El error era evidente. Tras treinta años en los que el nacionalismo había ido copando las instituciones y consolidando un imaginario y una estructura separatistas, pretender que en tres meses era posible invertir la situación no dejaba de ser una inocentada o un puro espejismo. Ciudadanos podía sacar un buen resultado, como así ocurrió. Pero resultado inútil en la práctica, puesto que le era imposible formar gobierno. Aun cuando las fuerzas independentistas hubieran perdido las elecciones (las perdieron en votos), dadas las diferencias existentes en las fuerzas constitucionalistas, tampoco hubiera podido gobernar.

No podemos rasgarnos ahora las vestiduras acerca de la situación creada. Era bastante previsible. El 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado, desde estas mismas páginas alertaba yo de los errores cometidos y del escenario kafkiano que se podía presentar. Llarena tiene razón cuando afirma que el golpe de Estado continúa latente y, en base a ello, mantiene las prisiones preventivas por la más que probable intención de reincidencia. Esta se ha expresado de forma clara en las actuaciones de los fugados al extranjero, especialmente de Puigdemont, y se ha hecho más evidente aún con la designación de Quim Torra como candidato a la Generalitat, y el discurso que este ha pronunciado en su investidura manifestando su predisposición a perseverar en el proceso de ruptura con España.

Quim Torra, propuesto ciertamente por Puigdemont pero con la aquiescencia de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, no ha dejado demasiadas dudas. Piensa reconstruir lo poco que el 155 había desmontado de la estructura golpista. Va a crear una comisión al efecto, así como también piensa relanzar, financiadas con fondos públicos, las llamadas embajadas, órganos de propaganda del independentismo catalán en el exterior. Al mismo tiempo, va a retomar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, entre ellas la de transición.

Parece que estamos en el “como decíamos ayer” de Fray Luis de León. ¿Qué hacer ante este escenario? Aferrarse, tal como hacen tanto el PSOE como el Gobierno, a que una cosa son las palabras y otra los hechos, y que solo se puede actuar cuando los hechos son delictivos, resulta muy arriesgado. Imaginemos que un grupo de generales hubiesen organizado un golpe de Estado y tras desbaratarlo y pasados unos cuantos meses colocásemos de nuevo a esos militares o a otros similares en los mismos puestos y nos dijesen sin ambages que están dispuestos a continuar con el golpe, y con el pretexto de que solo son palabras y no hechos pusiésemos en sus manos personal y material que facilitasen sus intenciones y esperásemos pacientemente para actuar a que el golpe se perpetrase de nuevo. ¿Sería lógico o más bien demencial?

Hoy, los golpes de Estado, al menos en España, no los dan los generales, sino los presidentes de las Comunidades Autónomas, y no son los fusiles ni los cañones los instrumentos apropiados, sino los inmensos medios personales y materiales que les otorga su posición, especialmente si se trata de una de las regiones más ricas de España; y la violencia no radica tanto en la física, como en la coacción, el tumulto y el sabotaje. En ese aspecto, tiene sentido la modificación del Código Penal, que ahora propone Pedro Sánchez, respecto al delito de rebelión para adaptarlo a los tiempos actuales. La pregunta es por qué no se hizo antes, durante todos estos años en los que se anunciaba el golpe de Estado que se pensaba dar o, mejor, por qué en 1995 se hizo una redacción tan sumamente mala. Plantearlo ahora en pleno proceso solo puede inducir a confusión.

Se dirá que a los generales los elige el Ejecutivo central y a los presidentes de las Comunidades Autónomas, sus respectivos parlamentos. Es cierto, pero los eligen como resultado de unas elecciones autonómicas y para gestionar una Comunidad, no para dar un golpe de Estado. El Parlamento de Cataluña, en contra de lo que afirman los independentistas, al igual que cualquier otro parlamento autonómico, no es ni soberano ni poder constituyente, tan solo poder constituido y únicamente sobre las competencias transferidas del Estado. ¿Es lógico poner en manos de Torra la inmensa fuerza y el poder que le dan los medios y recursos de la Generalitat, entre ellos el de disponer de un cuerpo armado de 17.000 hombres, cuando afirma tajantemente que va emplear todo ello en un objetivo ilegal y delictivo en contra de más de la mitad de los catalanes y de la totalidad del resto de España? ¿Hay que esperar pacientemente otra vez a que los secesionistas terminen de armarse de nuevo, y esta vez se supone que de forma más eficaz, para dar el golpe definitivo? O incluso, ¿habrá que aguardar a que, como afirma la muy avispada y aguda Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el golpe triunfe y el desenlace sea irreversible? Rajoy y Sánchez han pactado aplicar de nuevo el artículo 155 tan pronto como los independentistas infrinjan la ley. Deberían considerar, no obstante, que los secesionistas también han aprendido, que estarán preparados para dicha eventualidad y que tal vez reaccionen de distinta forma que la primera vez. La cosa ahora no va a ser tan fácil.

Ciudadanos tiene razón para alarmarse, pero lo que no es de recibo es que esta situación, cuando se es al menos tan culpable como los demás en su génesis, se use como instrumento para desgastar al Gobierno. De ahí lo de aprovechategui. Rivera reprocha al Ejecutivo el haber llegado a un cierto pacto secreto con el PNV orientado a conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos, cuya contrapartida sería permitir la formación de gobierno en Cataluña y que así decaiga el 155. De ahí que Rajoy, según Rivera, no haya recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín. Puede ser cierto o no, pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno tiene que ir con pies de plomo en los recursos, porque todo aparente revés tiene un efecto bumerán y contraproducente y además se le deja solo. Bastó un informe negativo del Consejo de Estado en el recurso que se iba a presentar al Tribunal Constitucional contra la investidura de Puigdemont para que le lloviesen las críticas, entre ellas las de la formación naranja. Por cierto, que más tarde se vio lo oportuno que resultó tal recurso y su importancia estratégica.

No es ningún secreto que Rajoy deseaba la constitución de un gobierno en Cataluña. Es posible que por muchos motivos. Uno, que él, como todos, no estaba seguro de lo que podía salir de unas nuevas elecciones. Otro fundamental sin duda, la necesidad de que el PNV aprobase lo presupuestos. Situación ciertamente chirriante, la de que la gobernabilidad de España dependa una vez más del nacionalismo vasco, y que este pueda chantajear condicionando la solución a tomar en el problema catalán. No obstante, puestos a reprochar este estado de cosas, Ciudadanos debería mirar más bien a su izquierda (ver mi artículo de la semana pasada).

Rajoy cometió a mi entender un grave error, el de aceptar gobernar con 134 diputados y con un simple acuerdo de investidura. Debería haber consultado a su amiga la señora Merkel. Tampoco el SPD quería esta vez entrar en el gobierno, pero la canciller se negó en redondo a gobernar si no era en coalición. Es verdad que ante los enormes retos a los que se enfrentaba España la primera propuesta de Rajoy fue la constitución de una gran coalición, pero lo cierto es que ni siquiera Ciudadanos quiso entrar en el gobierno. Eso le ha permitido a Rivera una postura muy cómoda de Pepito Grillo y que deteriora fuertemente al Ejecutivo.

El tema entraría dentro de lo normal y allá cada partido con su estrategia, su política y sus expectativas, pero adquiere otras dimensiones cuando salpica un asunto tan fundamental para España como el de Cataluña. En esta materia todo desgaste del Gobierno se transforma por desgracia en una erosión de la posición del Estado, y toda división mostrada agriamente entre las fuerzas constitucionalistas, una rendija que el independentismo aprovecha inmediatamente.

La situación sin duda es grave. Está claro que legalmente el acuerdo tomado en octubre por el Senado no da más de sí. El artículo 155 de la Constitución lo importamos, como tantas cosas, del extranjero, concretamente de Alemania, pero también como en tantas cosas, lo hicimos sin tener en cuenta otras, en este caso el resto de circunstancias diferenciales. En Alemania están prohibidos los partidos políticos secesionistas, cosa que no ocurre en España en la que no solo están permitidos, sino que se les consiente llevar en su programa el objetivo de delinquir. Quizás eso explique que en nuestro país el artículo 155 se quede a mitad de camino al no contemplar de forma clara y explícita la suspensión de la Autonomía, (incluyendo incluso el parlamento) lo que en Alemania no es necesario. Y eso explica también que a los jueces alemanes y a la opinión pública de ese país les cueste tanto comprender la gravedad de las actuaciones cometidas por los independentistas catalanes y que las comparen con la ocupación de un aeropuerto, además de permitir que desde su territorio se conspire tranquilamente para romper España.

La situación es grave, pero el Estado español cuenta aún con muchos instrumentos para controlarla siempre que los partidos constitucionalistas quieran y adopten de forma unánime una postura firme y enérgica, reaccionando inmediatamente ante cualquier reto, y no permitiendo el rearme de las instituciones soberanistas. Pero, sobre todo, huyendo de la tentación de convertir Cataluña en un asunto electoral y deponiendo cualquier actitud oportunista o de aprovechategui.

republica.com 18-5-2018

Una semana después de que el Gobierno aprobase el proyecto de los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez presentó en Ferraz lo que denominó «presupuestos alternativos del PSOE», que, tras una aparición fugaz en la prensa, se diluyeron en el olvido y en la futilidad. Nunca más se supo nada de ellos. Era lo lógico. A pesar del nombre, tienen poco de alternativos. Dentro de la Unión Monetaria que el PSOE defiende, hay poco lugar para lo alternativo, al menos en la versión con mayúscula que le da Pedro Sanchez como modificación radical de la política económica. En todo caso, sería posible la alternancia al estilo de la Restauración de finales del siglo XIX. Cambio de partidos en el gobierno, aunque con políticas bastante similares. Pero entonces,y según las encuestas, el tema va para largo. Si tan largo me lo fiais… Por eso la prensa, que siempre va al día y que abandona todo lo que no tiene una aplicación inmediata, enseguida ha relegado el proyecto al baúl de los recuerdos.

Otra cosa muy distinta habría sido si Pedro Sánchez con un poco más de humildad pero también con más sentido práctico, hubiera afirmado estar dispuesto a negociar los presupuestos y hubiera colocado sobre la mesa el citado documento. Este habría adquirido una relevancia inmediata al pensarse que podría servir para algo, al resultar previsible que algunas de esas medidas llegasen finalmente a buen puerto. La labor del PSOE habría trascendido entonces la condición de mero guiño testimonial para convertirse, aunque fuese parcialmente, en posible factor de cambio de la política gubernamental, papel que de este modo ha entregado gratuitamente a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco.

El documento presentado por Pedro Sánchez no es desde luego perfecto, tiene aspectos discutibles y en algunas partes peca de la falta de realismo de todo aquello que se elabora en la oposición, pero es bastante más consistente y progresista que los planteamientos de Ciudadanos, que son los que al final se van a aprobar. El PP tiene 143 diputados, en esas circunstancias y con un Parlamento fraccionado los presupuestos dejan de pertenecer en exclusiva al Gobierno para convertirse en el resultado de la negociación de varias fuerzas políticas. Mantenerse al margen tal como están haciendo el PSOE y Podemos es salirse del campo de la política para disputarse entre sí la hegemonía del ámbito de lo testimonial, disputa que no conduce a ningún resultado práctico.

El proyecto del PSOE tiene aspectos que podríamos calificar de ingenuos o voluntaristas como el de ahorrar 2.500 millones de euros mediante una gestión más eficaz del gasto público o de conseguir 1.800 millones más por la lucha contra el fraude fiscal. Ambos objetivos son muy loables, pero es más fácil enumerarlos que alcanzarlos y, en cualquier caso, dada su condición de futurible, nunca se debe contar con ellos y presupuestarlos antes de haberlos obtenido, tanto más cuanto que los presupuestos van a terminar aprobándose a mitad de año.

Más hipotético aún es confiar en saldar el déficit de la Seguridad Social con una modificación de la reforma laboral que eleve los salarios y que, en consecuencia, aumente las cotizaciones. Demasiadas variables en juego. Y, además, se mantiene el error de continuar haciendo pivotar la sostenibilidad de las pensiones sobre el empleo y los salarios, como si las rentas de capital no tuviesen que estar implicadas en su mantenimiento. El déficit de la Seguridad Social, sea cual sea, debe sufragarse por la aportación del Estado; aportación y no préstamo, tal como está haciendo el Gobierno en los últimos años, distinción importante y cuyo quid proquo el PSOE no parece denunciar, aunque bien es verdad que es difícil que lo llegara a hacer ya que fue Pedro Solbes el que comenzó aplicando esta corruptela al principio de los noventa.

No es que no se precise un cambio de la última reforma laboral (y quizás de algunas otras), pero no para solucionar el problema de las pensiones, sino para devolver a los trabajadores los derechos de los que se les ha privado, y que muy posiblemente se encuentre en el origen del profundo deterioro que han sufrido los salarios. No obstante, el problema trasciende con mucho el ámbito de los presupuestos de un ejercicio concreto. No se puede desligar de la Unión Monetaria, de la crisis económica generada en buena medida por la introducción del euro, de la imposición impuesta por Bruselas y Frankfurt y, nos guste o no, incluso del crecimiento actual del PIB.

A veces cerramos los ojos a lo que significa haber perdido la soberanía sobre la moneda y la capacidad de devaluar. Y me temo que eso es lo que les pasa tanto a Podemos como al PSOE. El PSOE, quizás para eludir su responsabilidad en la constitución de la moneda única. El origen de la vasta crisis económica que se cernió sobre España en 2008 tuvo su origen en el desmedido déficit de la balanza por cuenta corriente que se fue agrandando en los diez años anteriores hasta alcanzar el 10% en 2007, y en la consiguiente acumulación de deuda exterior que hipotecaba la economía y lastraba el posible futuro crecimiento. La salida de la crisis en condiciones normales hubiera pasado por la devaluación de la moneda, pero ese camino estaba vedado al pertenecer España a la Unión Monetaria. Ciertamente este problema no fue exclusivo de nuestro país, en mayor o menor medida afectó a todos los del sur de Europa que habían sufrido un proceso semejante.

La situación, por supuesto, hubiera sido distinta si la Unión Monetaria se hubiese construido con otros parámetros, los de aprobar al mismo tiempo una unión fiscal, es decir, unos instrumentos redistributivos entre países, pero estos no existen y los países acreedores se niegan radicalmente a cualquier mecanismo de solidaridad. Todas las ayudas se han diseñado con contrapartidas muy onerosas que, más que ayudas, constituyen una pesada carga para el país que las recibe. Las únicas alternativas posibles se encontraban en la permanencia de la recesión que a medio plazo habría ocasionado la desaparición del euro o en someter a los países deudores a lo que se ha llamado deflación interior, es decir, conseguir mediante una reducción de los salarios y recortes en los derechos sociales un descenso de los precios interiores frente al exterior, consiguiendo así un efecto macroeconómico similar, pero con unos costes sociales y de equidad mucho más elevados, que la devaluación exterior. Esta última alternativa fue la elegida.

Paul Krugman, con un análisis económico impecable, era un convencido de que el euro no se podía mantener. Cuando la Unión Monetaria despejó (aparentemente y de forma provisional) sus nubarrones, Krugman reconoció haberse equivocado en sus previsiones, achacándolo a que nunca hubiera imaginado que ciudadanos de sociedades europeas aceptasen procesos de ajustes tan brutales. Yo tengo que reconocer que también me equivoqué. Innumerables veces escribí que dentro de la Unión Monetaria no era posible la recuperación económica. Me basaba en que, aunque la recesión originaba una contracción del déficit exterior, sin devaluación, este comenzaría de nuevo a incrementarse tan pronto empezasen los primeros atisbos de la reactivación, con lo que de nuevo se estrangularía el crecimiento.

Por otra parte, no confiaba en la devaluación interna. No existía ninguna garantía de que los recortes y la reducción de salarios se trasladasen a los precios, depreciando los nacionales con respecto a los exteriores. Me equivoqué porque se cumplió lo que parecía imposible, en pocos años el déficit por cuenta corriente pasó del 10% a un superávit del 1,5%. Pero también acerté porque la reducción salarial se orientó en buena medida a incrementar el excedente empresarial, lo que pasa es que el recorte de las retribuciones fue tan violento que otra parte se aplico a mejorar los precios relativos frente al exterior, con lo que nuestra posición competitiva se corrigió casi tanto como si hubiésemos acometido una devaluación monetaria.

Todo lo anterior nos debe hacer reflexionar acerca de dónde estamos. No solo es que el crecimiento económico actual no se haya distribuido, sino que en buena medida ese crecimiento ha tenido como precio la desigualdad y hasta cierto punto era su condición necesaria. Ese es el enorme coste a pagar por pertenecer a la Unión Monetaria, y la amenaza que continua cerniéndose sobre el futuro. Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de plantear cualquier reforma del mercado laboral. Bien es cierto que en este proceso el excedente empresarial se apropió de unas rentas que no le pertenecían, ya que los salariosse redujeron en una cuantía mucho más elevada que la precisa para que los precios interiores convergiesen con los exteriores. Ello deja sin duda un margen abierto a una reforma del mercado laboral, pero mediante una actuación medida y nada improvisada, desde luego no reducida al estrecho margen de la ley de presupuestos y menos con la única finalidad de elevar las cotizaciones sociales.

Pero junto a estos elementos discutibles el documento presentado por Pedro Sánchez contiene otros muy válidos, no tanto como una alternativa de política económica sino de cara a lo que podía haber sido una negociación con el Gobierno: aumento del seguro destinado al desempleo, actualización de las pensiones por la inflación, incremento del impuesto de sociedades, elevación del tipo marginal a los contribuyentes por encima de 150.000 euros de renta al año, impuesto sobre las transacciones financieras, etc. Que no se trata de una propuesta alternativa aparece con claridad en las medidas de carácter fiscal que se proponen que, aun cuando la mayoría de ellas son totalmente aceptables, no constituyen una reforma en profundidad que es lo que precisa el sistema fiscal español.

Si Pedro Sánchez hubiera puesto este documento o alguno parecido sobre la mesa de negociación, es bastante probable que el PSOE hubiera conseguido modificar en algunos puntos importantes el proyecto de presupuestos del PP, tal como en su lugar lo han logrado Ciudadanos y el PNV. Desde luego no hubiera podido aspirar a que se aceptasen todas las medidas planteadas, pero en todo caso, de no llegarse a un acuerdo, siempre habría podido responsabilizar al Gobierno de su cerrazón y falta de diálogo, y quitarse así el sambenito de la irrelevancia. A un partido político -y eso vale también para Podemos- se le exige algo más que incorporarse a las movilizaciones, hacer declaraciones reivindicativas en los medios públicos o presentar proyectos y documentos que de antemano se sabe que no van a tener ninguna utilidad. Se le exige que en la medida de lo posible convierta en leyes esas reivindicaciones, pero no solo cuando esta en el gobierno sino desde la oposición pactando cuando ello es viable.

No deja de ser curioso que después de que tanto Podemos como el PSOE se hayan apuntado a las manifestaciones de los pensionistas, haya tenido que ser el PNV el que haya terminado por capitalizar las propuestas y haya conseguido que el Gobierno acepte actualizar todas las pensiones por el IPC. En esta ocasión. el PNV al menos ha cifrado su reivindicación en una medida que afecta a todos los españoles. Es verdad que una de las Comunidades más afectadas y en las que por el mismo motivo las protestas de los pensionistas ha sido más constantes y broncas ha sido el País Vasco, como también es verdad que al Gobierno vasco le había quedado un mal sabor de boca con las muchas críticas que había suscitado la negociación anterior sobre el cupo, y la acusación generalizada de que Euskadi gozaba de un sistema fiscal y presupuestario privilegiado. No es extraño, por tanto, que ahora pretenda revestir sus demandas de un carácter más general.

Lo más criticable de la inanidad del PSOE es el protagonismo que ha concedido a los nacionalistas vascos, al permitirles humillar a todo el Estado español, condicionando los presupuestos a la retirada del 155, lo que ha sido acogido todo este tiempo con euforia y regocijo por los independentistas pensando que estaban condicionando la economía del resto de España. Ha sido la evidencia de que son los propios secesionistas los que no permiten que se retire el 155 lo que ha hecho cambiar la postura del PNV y por lo tanto ha facilitado la aprobación de los presupuestos, y no la actuación política del PSOE.

republica.com 11-5-2018

No suelo referirme en mis artículos a los casos concretos de corrupción. Las denuncias y comentarios suelen estar casi siempre contaminados por los linchamientos; en la mayoría de los casos, rodeados de intereses electorales de los partidos de la competencia o del fuego amigo y, si no, del ajuste de cuentas o del morbo más nauseabundo, sin respetar en muchas ocasiones la presunción de inocencia. En las acusaciones se dan a menudo posturas inquisitoriales, demasiado fariseísmo y bastantes personas dispuestas a tirar la primera piedra.

No digo que la corrupción no deba ser perseguida. Todo lo contrario, pero sin algaradas, sin talibanes y dejando trabajar a los jueces. Claro que en eso de dejar actuar a los tribunales cada vez nos deslizamos más por la pendiente de manera peligrosa. La judicatura se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. Todos reclamamos la división de poderes, pero a la hora de la verdad son frecuentes los intentos de, por uno u otro motivo, presionar a los jueces mediante manifestaciones o revueltas populares, en ocasiones respaldadas, cuando no propiciadas, por instituciones públicas y por partidos políticos. Con el pretexto de la libertad de expresión se puede poner en peligro la independencia de los jueces, valor tanto o más fundamental para la democracia.

Retornando a nuestro tema, más importante que linchar a los corruptos es descubrir y combatir la corrupción estructural, implementar las medidas para eliminarla y crear los mecanismos adecuados de control. Pero todo eso no parece que interese demasiado a las fuerzas políticas, ni siquiera a aquellas que se presentan como paladines de la honestidad y la honradez. Los casos concretos deberían tan solo servir de plataforma para planteamientos más generales.

El affaire del máster supuestamente fraudulento de la hasta hace algunos días presidenta de la Comunidad de Madrid (lo del vídeo es mejor no comentarlo) y los múltiples sucesos que ha ido dejando al descubierto dan ocasión para incidir sobre el funcionamiento defectuoso y las numerosas lacras que afectan desde hace muchos años a la universidad española. Lo más curioso ha sido la actitud de escándalo que se ha generalizado y cómo muchos se han apresurado a rasgarse las vestiduras, como si la mayoría de los aspectos que se iban detectando no fuesen de sobra conocidos.

El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razon, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.

Al primer gobierno de Suárez se le denominó en tono coloquial «el de los PNN». No es que en realidad sus miembros perteneciesen a este colectivo. Se quería indicar tan solo la relativa juventud y escaso pedigrí de los ministros en comparación con los currículos que eran habituales en los ejecutivos del tardofranquismo. Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.

De hecho, no había nada de malo ni de reprochable en esta ausencia de profesores titulares. Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones. Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores. Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad. ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o la Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día.

republica.com 4- 5- 2018

Han sido múltiples las ocasiones en las que desde esta misma tribuna he manifestado mi convencimiento de que los problemas planteados en Cataluña tienen su origen en buena parte en la política española, y son los errores del Estado español y de sus representantes los que impiden, también en gran medida, su solución. Pero no, como a menudo se dice, porque hayan faltado, y falten, diálogo y mano izquierda. Todo lo contrario. A lo largo de varias décadas, los partidos nacionales y el gobierno de turno han sido totalmente permisivos con el nacionalismo y han ido incubando con sus cesiones un monstruo que se ha adueñado de Cataluña y que ahora es difícil de combatir. Es por ello por lo que resulta tan patética e hipócrita la postura adoptada por Felipe González, Aznar o Zapatero cuando en la actualidad se empeñan en dar lecciones de cómo enfrentar el problema catalán, ya que han sido ellos los que nos han conducido a la situación presente anteponiendo sus conveniencias de partido a los intereses generales.

Tampoco en los últimos años, a pesar de haber hecho ya su aparición con todas sus consecuencias la sedición, las fuerzas políticas y sociales han estado muy finas. Frente a un movimiento independentista que ha sabido sobreponerse a cualquier división ideológica o de clase y aúna las posturas más enfrentadas supeditando todo al objetivo del secesionismo, los partidos llamados constitucionalistas, bajo un disfraz de unidad, actúan en función de sus diferencias y de sus intereses; no desaprovechan ocasión para utilizar la cuestión catalana en su lucha partidista y de acuerdo con su provecho electoral.

La oposición no tiene reparo alguno en usar lo que ocurre en Cataluña como medio para desgastar al Gobierno, situándose en una equidistancia inadmisible. Cuando se critica a Rajoy y al PP por haber, según dicen, judicializado la política, en realidad lo que se hace es debilitar al Estado. Esto lo saben perfectamente los independentistas y por eso eluden presentar su procés como ofensiva frente a la otra mitad de Cataluña e incluso frente al Estado español; sino que, lo plantean como una lucha de todo el pueblo de Cataluña contra un gobierno (el del PP) opresor. En este punto Inés Arrimadas estuvo muy acertada en su intervención en la investidura fallida en el Parlament. En realidad, los únicos que han judicializado la política son los propios independentistas, ya que, al adentrarse en el ámbito de la delincuencia, por fuerza tenían que provocar la reacción de la ley y la justicia.

Se afirma que en la solución de los problemas de Cataluña ha escaseado la política, lo que puede ser cierto, pero en sentido opuesto de lo que a menudo se entiende. No es que hayan faltado el diálogo y las concesiones, sino que quizás de lo que se haya carecido sea de la firmeza del Estado para imponer por vías políticas la ley y la Constitución. Sin duda, el origen puede encontrarse en primer lugar en la vacilación y debilidad del Gobierno, pero no puede olvidarse que el PP cuenta tan solo con 134 diputados y que es lógica, por tanto, su aspiración a sentirse acompañado en las medidas que tiene que adoptar en Cataluña. Ahí se encuentra quizás la explicación de que el art. 155 se haya aplicado tarde y mal. Tarde, porque se debería haber instrumentado mucho antes, pero nadie deseaba hacerlo; mal, porque se ha hecho de forma vergonzante convocando inmediatamente elecciones e incidiendo lo menos posible en las instituciones catalanas, hasta el punto de dejar actuar sin control alguno a los medios de comunicación públicos a favor del secesionismo (ver mis artículos del 2 de noviembre y del 28 de diciembre del año pasado en este periódico digital).

A menudo se reprocha al Gobierno, incluso al servicio exterior del Estado, su apatía y quizás su ineficacia para neutralizar el discurso secesionista en el extranjero, pero resulta difícil contrarrestar y desenmascarar las mentiras del nacionalismo, cuando partidos como Podemos mantienen un alegato similar, o cuando Ada Colau y las organizaciones sindicales no tienen reparo en manifestarse junto a ANC y Ómnium Cultural portando las mismas pancartas y poniendo en cuestión la democracia y el Estado de derecho de España. ¿Cómo extrañarnos de que representantes del SPD hagan declaraciones ambiguas en Alemania, si las manifestaciones del PSC (formación que pertenece a la misma familia política) gozan de idéntica ambivalencia y se apuntan a las críticas en contra del Tribunal Supremo?

La tercera vía y el buenismo de los partidos de la oposición, de las organizaciones sindicales, de algunos medios de comunicación y de ciertos creadores de opinión dificultan y complican la lucha contra el independentismo. Ahora bien, el problema adquiere una gravedad mucho mayor cuando la confusión se promueve desde el propio Gobierno. Por eso han resultado tan sumamente improcedentes las manifestaciones del ministro de Hacienda afirmando de forma tajante que no se ha empleado un solo euro público ni en el procés ni en el referéndum. Resulta bastante evidente el daño que se ha podido infligir a la investigación judicial y me imagino la cara de asombro que se le ha debido de quedar al juez Llarena y en general a todos los magistrados del Tribunal Supremo. No tiene nada de extraño que todos los acusados y huidos, así como sus abogados, se hayan agarrado inmediatamente a locuacidad del ministro y la estén usando no solo ante los jueces españoles, sino también ante los tribunales extranjeros.

El estupor, desde luego, no es privativo de la judicatura, me atrevo a adelantar que incluso es mayor entre todos aquellos que conocemos, aunque sea parcialmente, la complejidad de las finanzas de cualquier unidad económica, y no digamos de una Comunidad Autónoma como Cataluña compuesta por 13 o más consejerías, 200 o 300 direcciones generales, múltiples delegaciones territoriales, con un presupuesto anual cercano a los 25.000 millones de euros, amén de un conglomerado de más de doscientas entidades públicas, cada una con su contabilidad propia, y de la naturaleza más variopinta: organismos autónomos, fundaciones, empresas, consorcios, etc. ¿Ante una cantidad tal de recursos y un panorama tan complejo, alguien en su sano juicio puede acreditar que no se ha gastado ni un solo euro público en la aventura independentista?

Una afirmación de tal calibre por parte del ministro de Hacienda es grave, sin duda, por las implicaciones negativas que puede tener sobre el procedimiento penal que se sigue contra los independentistas catalanes; pero es aún más grave por la estulticia que demuestra y el desconocimiento que manifiesta de los medios y limitaciones que tiene el control del gasto público. Un sistema de control, por muy perfecto que sea, no puede garantizar que se haya eliminado toda posibilidad de fraude, tan solo minimiza su viabilidad. Cualquier auditor sabe que su trabajo está sometido a la contingencia de que la información que le faciliten sea veraz. De ahí que se apresure, por ejemplo, a poner limitaciones al alcance y exija la carta de manifestaciones.

El ministro de Hacienda ni siquiera puede asegurar de forma absoluta que no exista malversación de recursos públicos en su propio ministerio y eso a pesar de contar con uno de los instrumentos más potentes para evitarlo, la Intervención General de la Administración del Estado; lo mismo que no puede prometer que va a desaparecer el fraude fiscal, por mucho que disponga de la Agencia Tributaria. La corrupción, al igual que el fraude fiscal, se puede minimizar, pero difícilmente eliminar, del mismo modo que no es posible aniquilar la delincuencia. Montoro suele vanagloriarse de ser el ministro de Hacienda que va a ocupar el puesto durante más tiempo. La cuestión es si a pesar de ello va a percatarse en algún momento de su cometido. Uno tiene la impresión de que, al menos en materia de control del gasto público, va a pasar por el cargo sin romperlo ni mancharlo, es decir, sin enterarse de nada.

En sus meteduras de pata el ministro parece estar unido fatídicamente con Rivera. Ha sido el líder de Ciudadanos el que, mostrando un total desconocimiento de lo que es el sector público, se ha empecinado en pedir responsabilidades al Gobierno por el dinero que los independentistas hayan podido gastarse en el referéndum. No es la primera vez que Ciudadanos hace gala de la más radical ignorancia de la Administración y de la Hacienda Pública, ni es la primera vez que arrastra al Gobierno al mayor de los ridículos.

A ello me refería el 15 de junio del año pasado desde estas mismas páginas en un artículo titulado A Montoro no le gustan los interventores: “Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración –escribía- no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las Administraciones públicas… El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018… Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España”.

En el mismo artículo indicaba yo “que tan maravillosa idea parecía tener su origen en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa”.

Lo peor del asunto es que Ciudadanos continúa impertérrito en los mismos errores. El partido que ha centrado toda su actuación política en luchar, según dicen, contra la corrupción, ha reducido su actuación en esta materia a ejercer funciones inquisitoriales, pero a estar ausente de cualquier planteamiento serio para el futuro, ya que ignora radicalmente el funcionamiento de la Administración, y todas sus propuestas -eso sí, manifestadas con mucha arrogancia- son ideas de Perogrullo. Hace pocos días en una tertulia en televisión aparecía su portavoz de economía, Toni Roldán, mostrándose plenamente satisfecho y orgulloso de la auditoría que gracias a ellos la AIReF estaba realizando de la totalidad del sector público. Dejaba relucir tal nivel de desconocimiento de la materia, y sus palabras, por muchos másteres que muestre en el currículo, comportaban tal simplificación del tema, que daban ganas de echarse a llorar.

Los múltiples sumarios de corrupción que campan por los tribunales dan buena muestra de que su eliminación es una utopía; pero, eso sí, al mismo tiempo se puede extraer de ellos algunas interesantes conclusiones. La casi totalidad de los casos se han producido en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, lo que tiene una explicación obvia: la falta de independencia de los órganos de control (los interventores son nombrados y retribuidos por los responsables políticos) de estas administraciones públicas. La situación es bastante diferente en la Administración central, por eso en las escasas ocasiones en las que la corrupción ha salpicado al presupuesto del Estado lo ha hecho en las entidades carentes de un interventor in situ y donde el control se ejercita a posteriori mediante auditorías, por ejemplo, en las sociedades estatales, y donde, en consecuencia, el riesgo es mayor.

Todo lo anterior confirma las dificultades que existen para que el Ministerio de Hacienda, con 155 o sin 155, controle las finanzas de la Generalitat e impida de forma total que fondos públicos se destinen a finalidades delictivas o espurias. Su enorme envergadura, la complejidad de su estructura, las deficiencias en sus mecanismos de control interno y la contaminación por el secesionismo de una buena parte de la Administración autonómica dificultan enormemente esta labor. Haría falta que Montoro hubiera desplazado a Cataluña en su totalidad a los colectivos de funcionarios, interventores y auditores del Estado y técnicos de contabilidad y auditoría, y así y todo no se podría haber asegurado al cien por cien que no se hubiesen desviado fondos públicos al procés. Por otra parte, existe una malversación que va unida simplemente al empleo indebido de los medios personales y materiales de la Administración y de los entes públicos. La utilización de colegios, centros sanitarios, recursos informáticos, empleados públicos, medios de comunicación, etc., en actividades ilegales o delictivas constituye también corrupción y malversación de fondos públicos.

Es muy probable que durante todos estos meses los servicios del Ministerio hayan establecido un buen sistema de control de los gastos y pagos de la Generalitat, pero hasta donde es posible hacerlo, desde el exterior y a distancia. ¿Qué garantía hay de que las anotaciones, certificaciones, papeles, etc., que mandan desde Cataluña sean correctos y que los fondos se dirijan a la finalidad señalada? ¿Cómo estar seguros de que las inversiones y las subvenciones se han aplicado al objetivo adecuado y no han sufrido desviaciones? ¿Es que acaso Montoro y Rivera esperaban que los gastos del referéndum apareciesen correctamente documentados en facturas y explicitados en la contabilidad? Habría que preguntarles si son conscientes de que existen las facturas falsas, la doble contabilidad, los fondos de reptiles, las cajas b, la contabilidad creativa, la ingeniería financiera, la evasión de capitales, etc., etc. Circuitos e instrumentos difíciles de detectar si no es por medios y mecanismos policiales. De ahí que no tenga nada de extraño que sea la Guardia Civil (con las posibilidades que le concede el hecho de ser policía judicial) la que pueda haber localizado recursos públicos malversados que seguramente serán tan solo una parte de todos los desviados a finalidades ilegítimas.

No nos puede sorprender que quienes poseen un desconocimiento tal de la Administración como para suponer que la AIReF puede auditar la totalidad del sector publico piensen que desde unos despachos a muchos kilómetros de distancia se puedan controlar todas las cuentas de la Generalitat hasta el extremo de garantizar que no se ha desviado ni un solo euro y hacer responsable al Gobierno de España de lo contrario. Montoro ha caído en el mismo despropósito que Rivera. Y en lugar de reírse de él y reprocharle su desconocimiento de la Administración y sus planteamientos simples e imberbes, ha entrado al trapo, ha sacado pecho y ha puesto la mano en el fuego de que no se ha desviado un solo euro. Es evidente que va a achicharrarse, pero además ha dado muestras de una enorme frivolidad y de una desmedida osadía.

republica.com 27-4-2018

Estamos acostumbrados a que los políticos mientan, o al menos a que pretendan vendernos un relato falaz. Pero, en ocasiones, los embustes adquieren tales proporciones que inclinan a pensar que nos toman por tontos. Eso es lo que ocurre con la prédica que el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos ha ido sembrando por los distintos medios de comunicación a propósito del proyecto presupuestario de 2018. Hay que tener mucha osadía y ser muy petulante para afirmar –ahí es nada- que son los presupuestos más sociales de la historia.

Desde el Ministerio se establecen tres objetivos fundamentales: primero, apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Todos los años se afirma lo mismo. Otra cosa es conseguirlo y, además, a menudo alcanzarlo o no depende de otras muchas variables distintas de los propios presupuestos. Segundo, lograr además que ese crecimiento sea inclusivo, es decir, hacer que redunde en las clases más vulnerables de la sociedad, que en buena medida han sido las que más han sufrido con la recesión. Tercero, en esa misma línea, devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos realizados en la época de crisis. Sin duda, se trata de tres finalidades encomiables, pero, al menos las dos últimas, solo existen sobre el papel y en la cháchara del secretario de Estado, y no guardan relación con el proyecto presentado.

Esta falsedad queda al descubierto cuando se analizan los mismos datos y previsiones que aparecen en los documentos presupuestarios. La cifra clave es el crecimiento del PIB nominal, cuya estimación es del 4,3%, desglosado en un incremento real de la economía del 2,7%, y un componente precios del 1,6%. A su vez, se calcula que los ingresos tributarios van a crecer al 6%, cifra que es creíble no porque se vaya a hacer algo especial, aunque se diga lo contrario, sino porque los impuestos suelen tener una elasticidad mayor que la unidad con respecto al PIB.

Era de esperar que en un presupuesto “tan social” los gastos sociales creciesen al menos como el PIB nominal, para mantener el porcentaje respecto a esta variable. Pues no. A pesar de ser los presupuestos “más sociales de la historia”, los gastos sociales crecen solo el 2,8%. Es decir, que ni siquiera conservan su participación en el PIB. En ese afán de hacer juegos malabares, como el paro ha descendido y como consecuencia, el gasto del seguro por desempleo, la Secretaría de Estado ofrece la cifra de los gastos sociales prescindiendo de esta partida, creyendo así que su tasa de crecimiento presentará una mejor apariencia (3,5%); sin embargo, a pesar de ello, continúa siendo inferior al crecimiento del PIB nominal. Por otra parte, no hay ninguna razón para excluir de los gastos sociales una partida tan sumamente fundamental como el seguro de desempleo. El hecho de que las cifras de paro se hayan reducido no es motivo para dedicar menos recursos a esta finalidad cuando aún existe un número importante de desempleados que no reciben ninguna prestación. En todo caso, la rúbrica de gastos sociales es un todo, y si fuese verdad que el cambio de circunstancias aconseja dedicar menos recursos al seguro de desempleo, la modificación también de las circunstancias (mayor número de jubilados y con una prestación de entrada mayor) obligaría a orientar más fondos al capítulo de pensiones.

Si en “el presupuesto más social de la historia”, según el secretario de Estado, los gastos sociales crecen el 2,8%, paradójicamente otras partidas se incrementan a un ritmo mucho mayor: el gasto en defensa, 10,2; las infraestructuras, 16,5; industria y energía, 6,2%; investigación y desarrollo, 8,3%; seguridad ciudadana y política penitenciaria, 6,4%. ¿Podemos afirmar que son estos los presupuestos más sociales de la historia? No dudo de que todas estas finalidades son muy importantes y que durante la crisis las partidas dedicadas a subvenirlas han podido sufrir reducciones, o al menos estancamiento; pero no son más necesarias que las dedicadas a la mayoría de los gastos sociales ni han soportado más recortes que las economías de las clases más desfavorecidas, que suelen ser las principales beneficiarias de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. No es precisamente en las infraestructuras donde se encuentra el mayor de los déficits de la economía española, bien es verdad que será seguramente, eso sí, el gasto público que más interesa a muchos empresarios. De todos modos, lo que sí parece claro es que con estos datos difícilmente se puede hablar de un presupuesto social.

Dado que la educación y la sanidad están transferidas a las Autonomías, la partida mayor y más importante en que se concreta el carácter social de los presupuestos del Estado se encuentra en las pensiones. A pesar de la propaganda existente acerca de la evolución explosiva de este capítulo, lo cierto es que su incremento en estos presupuestos es más bien reducido, el 3,7%, inferior al crecimiento nominal del PIB. Pero es que, además, la casi totalidad de este porcentaje se explica por la ampliación del número de pensionistas y por la cuantía más elevada de las nuevas prestaciones respecto al de aquellas de los que abandonan el sistema. El aumento, sin embargo, del gasto por la revalorización del total de las prestaciones no llega al 1%, es decir que teniendo en cuenta la inflación, por término medio las pensiones no se revalorizan, sino que se reducen.

Las manifestaciones masivas de jubilados y pensionistas han obligado al Gobierno, para justificarse, a introducir algunas mejoras en estas prestaciones no previstas inicialmente. Se ha lanzado toda una campaña de publicidad y propaganda. El distinto tratamiento dado a cada clase y tramo de pensionistas ha creado el suficiente ruido como para dar a entender que los presupuestos eran sumamente generosos, pero la realidad es que globalmente, como hemos visto, ni siquiera se compensa el incremento de la subida de los precios. La realidad es que las pequeñas mejoras que se introducen en las pensiones más bajas se financian a costa de la pérdida de poder adquisitivo de las más altas (si es que podemos considerar alta una pensión de 9.800 euros) y los pensionistas en su conjunto financian en euros constantes otras partidas de gasto. Téngase en cuenta que todos los ingresos del Estado se actualizan automáticamente no solo por el incremento de los precios, sino también por el crecimiento de la economía real. Prescindiendo de la hojarasca con la que se pretende ocultar la realidad que afecta a este capítulo, se comprueba que a todas las pensiones por encima de 9.800 euros anuales se las considera suficientemente elevadas como para que sea necesario reducirlas, en mayor o menor cuantía. Todas pierden poder adquisitivo; y no se pretenda ocultar este hecho con supuestas rebajas fiscales que son otra trampa. Pero el tema impositivo merece otro artículo.

El tercer objetivo que el Gobierno plantea para estos presupuestos es el resarcimiento de parte de los esfuerzos realizados por los empleados públicos en época de crisis. Se fija una subida para los funcionarios de 1,75%. Si tenemos en cuenta que se prevé una inflación del 1,6%, el incremento real y por tanto la compensación efectiva que se pretende hacer a los recortes realizados en el pasado es del 0,15%. Todo un lujo. Parece claramente una tomadura de pelo. Y más aún cuando se considera la argumentación del secretario de Estado, Alberto Nadal: “Ayuda a aquellos que no se benefician de la mejora experimentada en el sector privado”. La mejora será para las rentas de capital, los empresarios y para algunos ejecutivos, porque no creo yo que la mayoría de los asalariados del sector privado estén percibiendo precisamente aumentos en sus remuneraciones. Este planteamiento -que es pura demagogia- puede indignar a la mayoría de los trabajadores del sector privado y hacer que su irritación se dirija hacia los funcionarios creyéndose de verdad que se les favorece enormemente cuando en lugar de subírseles el 2,7% (lo que va a crecer en términos reales la economía) se les despide con un 0,15 %.

No cabe duda de que en los últimos años las retribuciones de los empleados públicos han sufrido mermas muy importantes. En primer lugar, la reducción del 5% impuesto por Zapatero y Elena Salgado (en algunos colectivos alcanzó el 10%), que en ningún momento se ha compensado y se arrastra ejercicio tras ejercicio. A ello hay que añadir la congelación de sueldos (sin corregir la inflación) experimentada desde no se sabe cuándo y que representa una minoración de las remuneraciones en términos reales. En conclusión, en una década la capacidad adquisitiva de los sueldos de los funcionarios se habrá reducido del 10 al 15% según los colectivos. Subirles ahora el 0,15% y lanzar las campanas al vuelo puede resultar una broma macabra.

Lo grave es que, según dicen, han participado en ella los sindicatos. Bien es verdad que las organizaciones sindicales han ido perdiendo capacidad de convocatoria y el crédito que tenían, y no digamos ahora en que parecen haber abandonado las reclamaciones sociales y laborales para sumarse a la causa secesionista. Quizás deberían borrar lo de organizaciones “de clase” para denominarse “nacionalistas”. No puede extrañarnos luego que existan esas diferencias tan sustanciales en las retribuciones de los empleados públicos entre las distintas Autonomías y entre estas y la Administración central. En los presupuestos de 2018, y es quizás de las pocas medidas positivas, se inicia, si llega a aprobarse, la equiparación de los sueldos de policía nacional y guardia civil con los de mossos y ertzaintza. Pero las diferencias se producen en todos los colectivos y niveles. No en balde el presidente de la Generalitat es el que más cobra de todas las Comunidades Autónomas y bastante más que el mismo presidente del Gobierno de España, y hay que suponer que la diferencia se traslada a todos los niveles y puestos (qué pena, la región más oprimida y explotada).

En fin, la expresión más clara de cuánto de sociales son estos presupuestos se encuentra en la previsión que se establece para el porcentaje entre la totalidad del gasto de las Administraciones públicas con respecto al PIB. Se cifra en 40,5%, cuando la media en la Eurozona se encuentra en el 47,6%. Con este nivel de gasto público es imposible hablar de presupuestos sociales e incluso se pone en cuestión la permanencia del Estado social en el futuro. Ciertamente este problema nos conduce al presupuesto de ingresos y a la presión fiscal que se sitúa en España también siete puntos por debajo de la media de la Eurozona. Pero de esto hablaremos otro día.

republica.com 20-4-2018

¿Cómo hablar de unión monetaria cuando los tipos de interés que cada país paga por su deuda pública son dispares? ¿Cómo mantener la libre circulación de capitales sin armonización fiscal, social o laboral? ¿Cómo compaginar una moneda única con un presupuesto comunitario del 1,2% del PIB? Los que reiteradamente hemos venido señalando los enormes defectos que la Unión Europea tiene en materia económica deberíamos haber imaginado que no iba a funcionar mejor en el área judicial.

Ha bastado con que se presentase un caso inusual y de excepcionales consecuencias para que se demostrase fehacientemente que tampoco en este aspecto se da unidad alguna. No es solo que cada país, tal como se ha visto, tenga códigos penales diferentes, lo cual hasta cierto punto es lógico, sino que algo tan elemental como conseguir que ningún país pueda servir de refugio a los fugados de la justicia de otro país de la Unión hace aguas. El procedimiento especial para reclamar a los huidos no funciona y termina creando problemas insolubles.

Primero fue Bélgica. Todo fue afirmar que este país era un caso especial, dividido en dos mitades casi idénticas y una de ellas suspirando por la independencia. Después, Reino Unido, dado que la cesión tenía que provenir de Escocia, tampoco ofrecía muchas esperanzas. Pero se suponía que Alemania era otra cosa. Por eso la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein nos ha devuelto a la realidad, una realidad francamente negativa.

No me extraña que haya dificultad para interpretar el artículo 472 del código penal, no en vano lo redacto López Garrido. Pero ese no es el tema. Un profano en derecho puede analizar el auto del tribunal alemán desde dos ópticas diferentes sin adentrarse en vericuetos jurídicos. La primera referida a los aspectos formales, la segunda en cuanto al contenido. Desde la primera perspectiva, y sin prejuzgar el fondo jurídico del asunto, se produce una disyuntiva evidente: o bien los jueces alemanes se han extralimitado en su función o bien el procedimiento de la euroorden es una total chapuza. Los hechos son incuestionables: un tribunal regional de un país de la Unión Europea, en dos días de estudio ha puesto patas arriba una instrucción judicial de seis meses del tribunal supremo de otro país de la misma UE, y dictaminando, además, sobre un presunto delito, delito de una suma gravedad, cometido en el ámbito territorial y por un ciudadano de este último país.

En la práctica, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha actuado como si fuese un tribunal europeo de segunda instancia (cuando aún no hay sentencia) y no en función de las relaciones de mutua confianza de las instancias judiciales de dos países soberanos y ambos miembros de la UE, firmantes de los mismos acuerdos internacionales, con ordenamientos jurídicos que se suponen similares y con los mismos cánones democráticos. Da la sensación de que ha juzgado más bien al Tribunal Supremo español que a un presunto delincuente fugado de la justicia española, con el agravante de que esta no puede recurrir el auto del tribunal alemán, cosa que sí podría haber hecho el expresidente de la Generalitat en el caso de que la decisión hubiese sido la contraria. Habrá que preguntarse si la supremacía que Alemania ejerce en materia económica no pretende mantenerla también en el ámbito judicial.

Puigdemont en España hubiese sido absuelto o condenado por rebelión, tras un largo proceso, por un tribunal (en el que no hubiera podido figurar el juez instructor) que habría realizado un examen minucioso de las pruebas aportadas tanto por el ministerio público y la acusación privada como por la defensa. Con la euroorden, en dos días ha sido “absuelto” por un tribunal extranjero sin que se haya dado voz a la acusación privada y con un ministerio público que ha tenido que actuar por figura interpuesta, y sin la comprobación de demasiadas pruebas. Ciertamente, el tema chirría.

La situación es tanto más aberrante cuanto que la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, al absolver en la práctica a Puigdemont del delito de rebelión, condiciona el proceso de todos los acusados en España. La rebelión es un delito colectivo y como mínimo resultaría extraño que al jefe de la banda no se le procesase por él y sí a sus segundos o terceros espadas. De forma indirecta, un tribunal regional de Alemania viene a interferir de manera sustancial en el problema más grave que en estos momentos tiene España, e incluso -aunque muchos países no sean conscientes de ello- uno de los principales problemas de Europa, el nacionalismo. Y lo ha hecho como el que no quiere la cosa, de forma tangencial, en dos días y con un auto orientado principalmente a modificar las medidas cautelares de un fugado.

Se mire como se mire, la situación creada es kafkiana y los efectos sumamente negativos para España y para Europa. Me imagino que muchos de aquellos que inocentemente continúen creyendo en la UE se habrán llevado una buena sorpresa. No se trata de cuestionar lo que se ha decidido, sino quiénes y cómo lo han decidido. El resultado es tan aberrante que la conclusión, como decíamos al principio, solo es posible por una de estas dos realidades, o el tribunal alemán ha sobreactuado y se ha excedido en su cometido al entrar a juzgar las pruebas y a decidir si en el golpe de Estado realizado en España ha habido o no violencia, o la euroorden parece ser que solo es útil para delitos simples y flagrantes. Imaginemos lo que ocurriría si Alemania reclamase a España un presunto terrorista y los jueces españoles (una audiencia provincial) se dedicasen a investigar si el acto cometido es o no terrorismo y a analizar si las pruebas, acerca de si lo ha perpetrado realmente la persona reclamada, son totalmente concluyentes. Y todo eso a distancia y en 48 horas (muchas obras en horas 24 pasaron de las musas al teatro, que decía López de Vega).

La segunda perspectiva con la que se puede analizar la actuación de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein es examinando el contenido del auto, pero no desde el punto de vista jurídico, sino tan solo desde la coherencia interna de las afirmaciones que realiza. El auto mantiene que Puigdemont no es un preso político, solo faltaba. Acepta que el 1 de octubre hubo violencia y responsabiliza al entonces presidente de la Generalitat al menos de esa violencia. No es de extrañar que no cite más actos de violencia, ya que en dos días es imposible que haya examinado el expediente completo. Pero lo realmente sorprendente es lo que se añade después. Se afirma que esta violencia no fue suficiente para doblegar al Estado, y que por lo tanto no se puede hablar de rebelión o, en su terminología, de alta traición.

O sea, vamos a ver si nos entendemos. ¿Solo se puede acusar de rebelión o de alta traición cuando se ha doblegado al Estado, es decir, cuando el golpe ha triunfado? Pienso que entonces, nunca. A ver quién acusa y condena a los vencedores de una rebelión. Salvando las distancias, me pregunto si con este criterio se hubiera podido juzgar a los protagonistas del 23-F, ya que el golpe fue derrotado. Es verdad que durante unas horas se violentó la voluntad del Estado al secuestrar el Parlamento o pasear tanques por Valencia, pero nunca fue doblegado el Estado. Lo grave no fue lo que pasó, sino lo que hubiese podido suceder si el golpe no hubiera sido derrotado.

Pero, trasladando el criterio al caso del procés, también aquí se ha forzado la voluntad del Estado, al celebrar, mediante la violencia y utilizando un cuerpo armado de 16.000 hombres, un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, al haber declarado la mayoría del Parlament la independencia de Cataluña y aprobado unas leyes que anulaban la Constitución, el Estatuto y la legislación vigente para sustituirlas por la de un nuevo Estado catalán que se declaraba soberano, o al haber proyectado ocupar por la fuerza puertos, aeropuertos y demás sitios estratégicos e incautarse de todos los organismos oficiales y servicios públicos incluyendo la recaudación de los impuestos. Aquí también lo grave no es lo que ocurrió, sino lo que hubiera podido acontecer de triunfar la rebelión. En este último caso, hay incluso un agravante y es el de que actualmente el golpe no está desarmado por completo y sus autores, como se puede comprobar todos los días por las declaraciones de Puigdemont, no han renunciado a su propósito.

La señal más inequívoca de la frivolidad con que ha actuado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein lo constituye el hecho de que compara toda una conspiración criminal preparada durante cinco años, utilizando importantes instrumentos públicos y de poder y orientada a segregar la región más rica de la nación en contra de la mayoría de su población y de la Constitución española, con unas manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort, por muchos heridos que se hubiesen originado en este último caso.

Me pregunto cuál hubiese sido el veredicto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein si hubiese tenido que juzgar al Gobierno de Baviera por haber declarado la independencia de su land y por haber cometido las mismas tropelías realizadas por el Consejo de Gobierno de la Generalitat. Supongo que lo primero es que nunca se hubiese dejado una decisión de tal trascendencia en manos de un tribunal de tercera fila como una audiencia territorial y hubiera sido uno superior el competente. En cualquier caso, continúo preguntándome ¿de qué se les acusaría?, ¿únicamente de haber defraudado a la hacienda alemana?

Me pregunto también ¿cuál hubiera sido la reacción de la ministra de justicia alemana, socialdemócrata ella? ¿Hubiera afirmado que en Baviera al igual que en Cataluña hay que empezar a considerar los aspectos políticos del problema? Supongo que no se referirá a la posibilidad de legalizar un referéndum, ya que el Tribunal Constitucional alemán, al igual que el español, lo ha vetado y además su Constitución es mucho más expeditiva que la nuestra, no solo prohíbe los referéndums de autodeterminación, sino que ilegaliza los partidos secesionistas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Imagino que por eso a los alemanes les cuesta entender lo que ocurre en Cataluña.

No obstante, es posible que no haya que ser excesivamente duro con la postura de la señora Katarina Barley. Tal vez no se le pueda exigir una correcta información del tema cuando un partido político como Podemos defiende abiertamente los referéndums de autodeterminación de todas las regiones de España, y cuando Pedro Sánchez, correligionario socialista de la ministra, manifiesta reiterativamente que al problema de Cataluña hay que darle una solución política. Eso sí, nunca dice en qué consiste.

republica.com 13-4-2018

Si algo no puede negarse a los secesionistas catalanes es que saben cómo explotar la comunicación. En esto se nota que es un independentismo de alto standing, con influencias, nacido en las clases ilustradas y con recursos, educado en Harvard y en foros internacionales, aunque sea con becas de la Caixa. Tiene estrategia a la hora de saber colocar el mensaje y convertir en verdad una mentira a base de repetirla. Primero fue el “España nos roba”, que sirvió para atraerse a las clases populares, siempre dispuestas a creerse cualquier mantra, y convencerlas de que era España (las regiones más pobres, pletóricas de vagos y gandules) la causa de sus problemas y dificultades. La arcadia estaba en la independencia.

Más tarde, popularizaron el derecho a decidir, expresión eufemística para referirse a la autodeterminación, precisamente porque eran conscientes de que este concepto no se podía aplicar a Cataluña. Tanto lo repitieron que la democracia parecía quedar circunscrita al derecho a la independencia. En los momentos actuales se ha abandonado el eslogan “España nos roba” (por increíble, al ser Cataluña una de las regiones más ricas del país) por el de “el Estado nos reprime”, que es más fácil de enmascarar y hacer pasar por verosímil. Ahí se incardina el objetivo de nominar como presos políticos a los detenidos por golpistas y malversadores.

En esa ayuda que la tercera vía proporciona al secesionismo, el primero que habló de presos políticos fue Enric Juliana. En un artículo en La Vanguardia, cuando no había aún nadie en la cárcel, arguyó que Europa no toleraría presos políticos, dando a entender que los futuros detenidos, de serlo, lo serían por este motivo. No hay una definición exacta y uniforme del término; es claramente ambiguo, pero eso quizás es lo que se pretende para poder emplear el doble lenguaje, arma preferida por el independentismo.

El concepto de preso político se podría identificar con el de preso de conciencia y de opinión; se referiría a la persecución de la libertad de pensamiento, de expresión, de religión o de asociación, etc. Entendidos así, es evidente que en España hace muchos años que desaparecieron. Y afirmar su existencia actual es un insulto para todos aquellos que lo fueron en el pasado. Es un chiste afirmar que el nacionalismo está perseguido en España cuando desde la Transición lleva gobernando, de una o de otra forma, tanto en el País Vasco como en Cataluña; y en cierto modo en España, a través del PSOE o del PP, cuando estos partidos carecían de mayoría absoluta. No solo el nacionalismo, sino que, a diferencia de Alemania, se permite la existencia de partidos independentistas o secesionistas, incluso cuando estos mantienen abiertamente en su programa que están dispuestos a conseguirlo por cualquier medio. Por eso se entiende mal que cierta prensa del país germánico ponga en duda la libertad de los que profesan la ideología secesionista en España, teniendo en cuenta que Alemania tiene prohibida en su Constitución la existencia de formaciones políticas que mantengan este propósito.

Pero hay otra forma de entender el término. A los independentistas se les suele contestar que en España no existen presos políticos, sino políticos presos. Pero habría que añadir algo más: políticos presos, pero por delitos cometidos en cuanto políticos. La gravedad de estos delitos se encuentra es que son ejecutados desde una estructura de poder, abusando del cargo que se ostenta. Este grupo incluiría, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, la malversación y, por supuesto, el golpe de Estado.

El concepto de golpe de Estado comenzó a usarse en la Francia del siglo XVII, designando una serie de actos y de medidas violentas y repentinas adoptados por el rey, sin respetar la legislación ni las normas. A lo largo del siglo XIX, el término se fue ampliando para significar la acción violenta de un componente del Estado, por ejemplo en España las fuerzas armadas, con el fin de modificar el ordenamiento jurídico o el gobierno, sin atenerse a los canales establecidos para ello. El golpe de Estado se diferencia de la revolución en que mientras esta se realiza desde abajo, desde la base social, desde el pueblo o desde una facción del pueblo, el golpe de Estado se lleva a cabo de arriba abajo, desde una estructura de poder, que no tiene porqué ser forzosamente la militar. Ambas figuras coinciden sin embargo en el objetivo de pretender modificar la legalidad vigente sin seguir los caminos establecidos. A la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, desde la violencia.

Actualmente uno de los temas más debatidos es si en estos últimos meses ha habido o no violencia en la actuación del secesionismo catalán, a efectos de poder calificar su conducta de rebelión. Es fácil recurrir a los listados de la guardia civil, o incluso de los mossos d´escuadra, para encontrar más de 350 casos en los que se han empleado métodos violentos. Pero antes que ello conviene considerar que todo golpe de Estado, por el hecho de realizarse desde el poder, implica fuerza o violencia, que no tiene que ser necesariamente física. Se utiliza la preeminencia y los instrumentos que proporciona el cargo para imponer al margen de la ley y contra la ley una nueva ley, y ello solo puede realizarse violentando la voluntad de la ciudadanía.

Ya de por sí el poseer el gobierno de la Generalitat concede un alto grado de poder y fuerza al soberanismo, pero el hecho de haber estado desde siempre en el gobierno de Cataluña le ha permitido a lo largo de todos estos años crear unas fuertes estructuras sociales de poder que le han dotado de los mecanismos necesarios de coacción y fuerza para doblegar contra su voluntad al menos a la mitad de los catalanes. Frente a ellos se ejerció violencia en el intento de forzarles a aceptar un nuevo ordenamiento político que no deseaban y también se ejerció frente al resto de españoles al pretender arrebatarles de forma ilegal y también contra su voluntad la soberanía que según la Constitución solo pertenece al pueblo español en su conjunto.

Violencia hubo, desde luego, los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la ACN y Òmnium Cultural convocaron a la muchedumbre al asedio de la Consejería de Economía y al secuestro de la comisión judicial y de la guardia civil que, obedeciendo órdenes del juez, registraban el susodicho edificio. Violencia hubo el 1 de octubre, aunque fuese pasiva, cuando emplazó a todos los incondicionales para que impidiesen la entrada de las fuerzas de seguridad del Estado que actuaban como policía judicial en los colegios electorales. Violencia hubo en los llamados paros país, en los que se intentó paralizar la circulación ferroviaria y el transporte por carretera. Violencia hubo en las múltiples coacciones, escraches e intimidaciones a la guardia civil, a la policía armada, y a cualquier ciudadano que se opusiese al procés o se considerase sospechoso de ser botifler, palabra que tiene ya un origen bélico. Violencia hubo en tantos y tantos actos que figuran en los diferentes sumarios tanto del juez Llarena como de las otras instancias judiciales. ¿Y cómo no hablar de violencia cuando se metió en el juego a un cuerpo armado de más de 16.000 hombres y se pretendió utilizarlo para los fines del procés?

En los momentos actuales la violencia continúa. Los llamados CDR (comités de defensa de la república) proclaman la primavera catalana con el objetivo de paralizar todo el territorio, cortan carreteras y pretenden apoderarse de estaciones de ferrocarril. Hay quien afirma que todos estos actos representan una radicalización del comportamiento y que los protagoniza tan solo una pequeña parte del independentismo, sin que pueda ser predicable del conjunto. Incluso hablan de un independentismo pacifico, el de la ANC y Òmnium Cultural, y otro más agresivo parecido a la kale borroka, que es el que practican los CDR.

Discrepo de esta tesis. La prueba más evidente es que tanto Junts per Catalunya como Esquerra se niegan a condenar la violencia de estos días. En realidad, los que actúan ahora no son distintos de los del 20 o 21 de septiembre, o del 1 de octubre, solo han cambiado el nombre, entonces se llamaban comités de defensa del referéndum y ahora, de la república. En todo caso, hay una división de papeles y una diversificación en cada momento según las circunstancias. Pero todo obedece a una misma estrategia y se incardina en un mismo procés, con una sola finalidad y una dirección común. Mientras en público se repite constantemente que son hombres de paz, y que sus manifestaciones son serenas y apacibles, por debajo se promocionan y se incita a la coacción, la intimidación y la violencia.

En ese lenguaje falaz e incluso ridículo en el que se mueven los que pretenden estar en la tercera vía, pero terminan siendo abogados defensores del secesionismo, Enric Juliana mantenía en una tertulia que si todos esos actos de violencia se consideraban rebelión también lo serían las manifestaciones de los pensionistas. Al margen de si hubo o no violencia en este último caso, la diferencia se encuentra en la finalidad. La violencia del secesionismo se engloba en un proyecto que pretende romper la Constitución, e independizar de forma ilegal una parte de la nación. No creo yo que esa fuera la intención de los pensionistas.

Desde distintos ángulos, no solo independentistas, se ha criticado la actuación del juez Llarena en el hecho de haber dictado prisión incondicional para algunos de los implicados. Conviene recordar que al principio del proceso era la juez Lamela la que suscitaba todos los improperios mientras se encomiaba a Llarena por su ponderación y por haber dejado en libertad con fianza a la mesa del Parlament. Más tarde, las censuras se han dirigido con toda su virulencia al juez del Supremo. En el mejor de los casos, se ha dicho que las medidas eran desproporcionadas. Ciertamente nadie puede alegrarse ni agradarle ver entrar en prisión a personas que hasta hace poco eran personajes públicos y contaban con todos los honores; los acontecimientos, sin embargo, parece que están dando la razón al juez instructor.

Al menos son dos las razones que parecen ratificar las decisiones de Llarena. Suponer que existe riesgo de fuga no es nada descabellado cuando ya existe un buen número de huidos y, además, se supone que los procesados tienen suficientes medios económicos y relaciones políticas para poder permanecer en el extranjero. El razonamiento de que los que se han presentado ante el juez son los que no tienen intención de huir no es demasiado convincente, porque las decisiones pueden cambiar a lo largo del proceso según vayan viendo que las condiciones se modifican, tanto en la existencia de pruebas como en la calificación del delito y en las previsibles condenas. La fuga de la secretaria general de Esquerra Republicana no deja lugar a la duda.

La segunda razón y quizás más contundente es la posibilidad de reincidencia. Cada vez es más evidente que el proyecto continúa vivo, que las nuevas elecciones no han servido para poder hacer un punto y aparte. El independentismo, a pesar de haber fracasado en casi todos los proyectos, no decae en su intención de mantener el procés, y en su propósito de declarar la independencia de forma unilateral y en contra de la Constitución. La mayoría de los procesados conservan en él un importante protagonismo, aun cuando hayan declarado ante el juez lo contrario. Las tentativas de querer nombrar presidente de la Generalitat a algunos de los principales cabecillas del golpe, dotándoles por tanto de los mismos medios y poder que tenían antes de la rebelión, indican bien a las claras que la posibilidad de reincidencia es muy elevada. ¿Qué pensaríamos si a alguien que hubiese robado en una empresa con la excusa de que aún no hay sentencia firme lo colocásemos al frente de ella? ¿Qué diríamos si mientras se celebraba el Consejo de guerra, como no había aún sentencia, se hubiera nombrado a Milans del Bosch jefe del Alto Estado Mayor?

En los momentos actuales se está produciendo un gran número de situaciones paradójicas y confusas con las que le ha tocado lidiar al juez Llarena. Todas ellas derivadas de la deficiente aplicación del artículo 155, tales como la de convocar inmediatamente elecciones sin tener sofocado el golpe de Estado. A ello me refería yo en los artículos escritos en estas mismas páginas el 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado. Rajoy tiene sin duda una parte de culpa, pero la misma o más corresponde a Albert Rivera y a Pedro Sánchez, que le empujaron a ello y que condicionaron su aquiescencia a este requisito. El primero, llevado por la idea de que las elecciones iban a ser ventajosas para Ciudadanos, como así ha sido; el segundo, tutelado por Iceta que no quería ni oír hablar de la aplicación del 155, y que solo accedió a condición de que su mantenimiento fuese por el periodo más corto posible. He dicho a menudo que el problema del secesionismo catalán no está en las formaciones políticas independentistas, sino en las constitucionalistas que son incapaces de actuar con firmeza.

republica.com 6-4-2018

Entre la opinión pública actual se ha extendido la suposición de que la actividad política se encuentra paralizada en España. Se basan, sobre todo, en la falta de resultados legislativos. Vaya por delante mi creencia de que la moderación en la actividad legislativa no es forzosamente negativa. A menudo, las reformas legales son contraproducentes y sería bastante mejor que no se produjeran. Por otra parte, las permanentes modificaciones jurídicas crean un clima de inseguridad e incertidumbre bastante pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, esto es una cosa y otra muy distinta que la inoperancia de los partidos paralice todo avance y reforma legislativa necesaria. Muchos creadores de opinión señalan al Gobierno como único culpable, lo cual sería cierto si tuviese mayoría absoluta o al menos el escenario político presentase la estructura de las etapas anteriores, es decir, el bipartidismo. Pero en este nuevo contexto en el que el arco parlamentario se ha fraccionado de forma considerable y en el que ha desaparecido -parece que para siempre- el bipartidismo y las mayorías absolutas, las responsabilidades hay que repartirlas. En la estructura actual no hay posibilidad de avance sin pacto y sin consenso, por lo que la mayor responsabilidad recae sobre las formaciones políticas que se niegan a priori a la negociación y al acuerdo, sea estando en el Gobierno o en la oposición.

El secretario general del PSOE ha reprochado a Rajoy su ineptitud para sacar los presupuestos adelante, retándole a que dimita o a que se presente a una moción de censura si no es capaz de lograr su aprobación. En su esquema -que es quizás el que se había seguido hasta ahora con resultados muy negativos- el presupuesto era cosa del Gobierno y la función de la llamada oposición era criticarlo, enmendarlo en su totalidad y votar en contra.

En ese escenario donde o bien se daba la mayoría absoluta de una formación política o bien esta se construía a base de acuerdos con algún partido nacionalista -pagando por supuesto el correspondiente peaje-, el Gobierno controlaba prácticamente el Parlamento. En realidad, la diferencia entre Ejecutivo y Legislativo desaparecía o, más bien, el último se convertía en correa de transmisión del primero. Es por eso por lo que en la práctica las leyes, y la propia ley de presupuestos, que en sí deberían ser frutos del Parlamento, se convertían en obra exclusiva del Gobierno sin que la oposición tuviese nada que decir.

En la nueva situación, sin embargo, en la que se ha superado el bipartidismo e impera el fraccionamiento del espacio político, se ha devuelto al Parlamento la capacidad (no solo formal) de legislar y modificar eficazmente los proyectos de ley (entre ellos el del presupuesto) presentados por el Gobierno, y el Legislativo ha adquirido autonomía frente al Ejecutivo. El Gobierno pierde capacidad de maniobra y el resto de partidos debe trascender el simple papel de oposición para convertirse en agentes políticos activos que pueden hacer realidad parte de su programa mediante el pacto y la negociación.

Esta transformación invalida la tesis que culpa exclusivamente al Ejecutivo de la supuesta paralización institucional y le hace responsable único de la aprobación o no aprobación del presupuesto. Ciertamente sería responsable si se negase a negociar o si negociando fuese inflexible en sus planteamientos, pero cuando son las otras formaciones políticas las que rechazan incluso sentarse a dialogar hay que afirmar que por lo menos tienen tanta o más responsabilidad que el Gobierno.

Es evidente que Pedro Sánchez continúa en el escenario anterior, reclamando para sí el papel exclusivo de jefe de la oposición, reduciendo su función a la denuncia y a la crítica, esperando pasivamente tiempos mejores en los que por fin logre que Rajoy se marche y pueda sustituirle. El problema está en primer lugar en que puede que el sucesor de Rajoy no se llame Pedro Sánchez, sino Albert Rivera o cualquier otro que en este momento ni siquiera imaginemos y, en segundo lugar, que, si por fin el Gobierno fuese del PSOE, no existe ninguna certeza de que no terminase realizando la misma política que el PP. Además, esa postura y actitud de cerrazón a toda negociación tiene el gran inconveniente de preferir ciento volando a uno en la mano, de perder el tiempo presente y condenarse mientras se está en la oposición a la inoperancia política sin aprovechar la gran ventaja de que el Gobierno se encuentre en el Congreso en una posición precaria y necesite el concurso de otras fuerzas para sacar adelante cualquier ley.

Podemos, que surgió en contra del bipartidismo, se mantiene paradójicamente en la misma lógica que el PSOE de Pedro Sánchez; es más, pretende disputarle el título de oposición. Se contenta con criticar al Gobierno, denunciar y reclamar todo tipo de medidas (en algunas ocasiones sin considerar demasiado acerca de si dentro de la Unión Monetaria son posibles). Todo ello está muy bien para un movimiento activista, pero no tanto para un partido político que tiene que saber pasar de su programa máximo a obtener la aplicación del máximo posibles de sus medidas. En último término, se les exige resultados y no solo palabras. Pablo Iglesias se presentó en el primer momento renegando de la vetusta izquierda que se había contentado con una postura testimonial, sin tener influencia práctica en la política. Ellos iban a por todas, y ciertamente capitalizaron el descontento de la crisis y de los recortes y consiguieron más de cincuenta escaños. Pasado el tiempo, da la sensación de que la vetusta IU con sus quince o veinte escaños obtuvo más resultados prácticos que ahora Podemos con cincuenta.

Ortega y Gasset en su “Mirabeau”, afirmaba que una cosa era hacer filosofía y otra, política. Me temo que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como el Podemos de Iglesias se dedican a hacer filosofía, o algo parecido, y no política. Todo se les va en querer echar a Rajoy, por eso dejan a Ciudadanos y al PNV que se lleven el gato al agua, pactando con el Gobierno. No solo no echan a Rajoy, ni logran, –al negarse a negociar con él– modificar lo más mínimo sus políticas-, sino que con su parálisis e inoperancia consienten que sean las medidas regresivas de Ciudadanos y del PNV las que se terminen aprobando. Pueden, por ejemplo, salir en manifestación con los pensionistas, pero exclusivamente con ello no lograrán que se retorne a la actualización anual por el IPC.

En las condiciones actuales, permitir que el PNV tenga la llave de la política española tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado. No se trata ya de que, como siempre, cobren su peaje al margen del interés general y en contra de otros territorios, sino que se les concede la posibilidad de chantajear al Gobierno respecto a la política que haya de aplicarse en Cataluña. Supongo que al Podemos de Iglesias, dada su política territorial y la actuación de su sucursal en Cataluña, esto no le importará demasiado; pero en cuanto al PSOE -aunque sea el de Pedro Sánchez, que ha mantenido continuamente la tesis de que estará siempre en la defensa del Estado de derecho-, su parálisis y su inoperancia institucional y presupuestaria, dejando el mando en manos del PNV, es un baldón difícil de justificar.

republica.com 30-3-2018