ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Entre los muchos libros que se han publicado en lo que va de año, me ha llamado la atención uno que lleva por título “La trampa de la diversidad”. El reclamo no ha sido tanto el libro en sí mismo, como la furibunda reacción que su edición ha originado en una parte de la izquierda, siendo así que, paradójicamente, está escrito desde la izquierda. El libro se ha convertido en un revulsivo para determinados grupos progresistas, lo que hace sospechar que tal vez haya hecho diana. Buen ejemplo lo constituye la reacción del joven coordinador general de IU, quien se ha tomado la molestia de hacer una crítica en “eldiario.es” de nada menos que de 19 páginas. Si se descuida, casi tantas como las del propio libro. La crítica es en extremo premiosa, diría que hasta alambicada y enmarañada, empeñada en requerir para cada aseveración que en el libro se hace tales comprobaciones, análisis y pruebas que, para dar cumplimiento a estas exigencias, el autor del libro, Daniel Bernabé, tendría que haber escrito una enciclopedia de varios tomos y no un ensayo político.

Al margen de disquisiciones teóricas, disquisiciones que me atrevo a decir que no están claras ni para el propio Garzón (tengo comprobado que cuando no se habla ni se escribe con claridad es que tampoco se tiene claro lo que se quiere transmitir), hay que preguntarse qué es lo que indigna tanto al coordinador de IU. Al leer cualquier libro resulta difícil estar de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero no por ello hay que reaccionar con agresividad y virulencia, a no ser que uno se sienta aludido personalmente. Ciertamente, estoy lejos de suscribir todas las tesis del ensayo, pero resaltaría ciertas ideas que me parecen acertadas y que tienen el mérito de interpelar a la izquierda desde la propia izquierda.

Pocas dudas hay, aunque parece que algunos lo cuestionan, de que a principios de los ochenta se produce una inversión profunda del pensamiento político en el mundo occidental. En los años cincuenta, sesenta e incluso setenta la ideología socialdemócrata fue ganando terreno hasta hacerse dominante en la concepción del Estado y de la política en los países desarrollados occidentales. Este pensamiento contagia incluso a los partidos conservadores, que asumen muchos de sus principios y termina informando las constituciones de todos los países. En todas ellas se establece el Estado social frente al Estado liberal. Incluso España, que sale de una dictadura, copia en su Constitución el espíritu y la letra de los Estados vecinos de Europa.

En 1980, sin embargo, coincidiendo con los gobiernos de Reagan y Thatcher, comienza un proceso inverso. Aprovechando las dos crisis del petróleo de la década de los setenta, se declaró sin razón alguna la muerte de Keynes. Poco a poco se va imponiendo la globalización en la economía, con lo que los mercados y muchas empresas se hacen transnacionales, mientras que el poder político se mantiene encerrado en el estrecho campo del Estado-nación. Comienza a desmoronarse así la columna en la que se asentaba el Estado social, la subordinación de las fuerzas económicas al poder político democrático. Lo más grave de esta situación es que los partidos de izquierdas asumen la globalización y lo hacen no como una decisión política libremente adoptada por cada uno de los Estados, sino como un hecho social y económico obligatorio e imposible de eludir.

A su vez, la Unión Europea que se había mantenido durante bastantes años sin apenas modificaciones, emprende en los años ochenta una carrera en orden a la integración, pero siempre en la misma dirección, la del neoliberalismo económico, la de encarnar la globalización en sus estructuras. El último paso de este proceso ha sido la Unión Monetaria en la que al renunciar los Estados a la moneda propia renuncian al mismo tiempo a la capacidad de control sobre la encomia entregándosela a los mercados o a instituciones políticamente irresponsables y carentes de configuración democrática, tales como el Banco Central Europeo. La izquierda europea no parece haber sido consciente de que al dar la aquiescencia a la moneda única se echaba en manos del neoliberalismo económico y cerraba casi cualquier posibilidad de instrumentar en el futuro una política economía de izquierdas.

Esta evolución de la realidad económica y política en las últimas seis décadas resulta bastante evidente, al menos para los que tenemos ya una cierta edad y hemos sido testigos presenciales de ella. No necesitamos ni fuentes empíricas ni encuestas ni examen de los resultados electorales que parecen necesitar las nuevas generaciones de la izquierda, tal como reclama Garzón en su artículo. Basta por ejemplo comprobar cómo han evolucionado los sistemas fiscales (incluso en España) y las normas laborales de los distintos países, o ver los discursos y el pensamiento de los principales mandatarios de la izquierda: Tony Blair, Schröder, Felipe González o, últimamente en España, Zapatero y Sánchez.

En contra de lo que algunos parecen defender, no se precisa hacer una tesis doctoral acerca de si se denomina neoliberalismo económico, clase dominante, oligarquía financiera, etc., para aceptar que a partir de principios de los ochenta, una serie de grupos sociales, económicos y políticos, sea cual sea su denominación, se rebelan contra el Estado social pensando que se ha ido demasiado lejos en la política redistributiva. Alguien lo ha llamado “rebelión de los ricos”. No en vano el primer detonante se produce con las reformas fiscales de Reagan y Thatcher. No creo demasiado en las teorías conspiratorias, pero cuando la finalidad es común resulta lógico pensar que los grupos confluyan de forma natural (sin ser necesario que se pongan explícitamente de acuerdo) en establecer una estrategia para conseguir por todos los medios posibles el logro de sus objetivos, entre ellos el de fragmentar las clases sociales y las posiciones ideológicas contrarias a sus intereses.

El subtítulo del libro de Daniel Bernabé reza así: “Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora”. Con la palabra diversidad Bernabé se refiere a todas esas políticas y reivindicaciones transversales que afectan a determinados grupos sociales definidos por criterios diferentes de la situación económica de sus componentes: matrimonio homosexual, lenguaje inclusivo, igualdad de retribuciones entre hombres y mujeres, derechos de los animales, memoria histórica, educación para la ciudadanía, defensa del medio ambiente y un largo etcétera. Nada negativo encuentra Bernabé en todas estas reivindicaciones, ni en los grupos que las defienden, siempre que no compitan y suplanten la lucha más global e integral entre clases sociales, es decir aquella que se produce frente a una oligarquía que quiere imponer sus intereses y su modelo económico, en detrimento de la mayoría social menos afortunada.

Del libro de Bernabé parece deducirse algo más, y es que esa minoría a la que se denomina neoliberalismo propicia esas reivindicaciones más particulares y la diversidad en los planteamientos que de ellas se derivan para romper la unidad de las clases bajas y desviar así la atención de las exigencias más generales y universales. No sé hasta qué punto es siempre así. Desde luego en España existe un caso en el que se cumple este aserto de forma clara. El nacionalismo y el regionalismo dividen a la izquierda y la apartan de su finalidad principal y de sus aspiraciones más genuinas. La España plural colabora muy eficazmente a los intereses del neoliberalismo y de la clase dominante.

El 15-M desapareció de Cataluña en cuanto hizo su aparición el soberanismo, y las reivindicaciones sociales y laborales se transformaron en exigencias independentistas. Esa fue la habilidad de Artur Más. Cuando, como consecuencia de los ajustes de los que era cómplice, la contestación y la crítica se dirigieron hacia él, hasta el extremo de que se vio forzado a entrar en helicóptero en el Parlament, supo quitarse de en medio y hacer únicos responsables a los extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, gallegos, etc., que, según los nacionalistas, se estaban aprovechando de los catalanes.

Lo más grave es que la desorientación que afecta a la izquierda catalana se ha contagiado a buena parte de la izquierda del resto de España, que de forma inexplicable ha asumido los argumentos y la causa de los secesionistas. El absurdo ha llegado a tal extremo que el Parlamento español se encuentra dividido en dos mitades casi iguales, pero la mayoritaria, donde se sitúa la izquierda, está sometida al dictado de los golpistas.

Bernabé nos advierte acerca del peligro de que lo que en su libro llama diversidad sirva de coartada y pretexto para que determinados gobiernos que implementan políticas de derechas puedan presentarse a sus electores como representantes de la izquierda. La política económica de Zapatero, bajo la batuta de Solbes y Salgado, fue pura continuación -cuando no superación- de los errores de Aznar, y entre ambos generaron las condiciones para la recesión en la que se vio sometida posteriormente la economía española. Su política fiscal estuvo entre las más reaccionarias que han existido, eliminando el impuesto de patrimonio, reduciendo el IRPF y modificando el impuesto de sociedades hasta el extremo de que el tipo efectivo de las grandes empresas llegó a no superar el 3%, y eso sin hablar de las medidas que acometió al final de su mandato cuando entró en pánico ante la crisis. Sin embargo, se ha pretendido considerar a sus gobiernos de izquierdas por el hecho de mantener la paridad de género en su composición, aprobar el matrimonio gay o crear un ministerio de la igualdad.

Sánchez se mantiene en la misma senda de Zapatero. Es más, intenta superarlo introduciendo más mujeres que hombres en su Ejecutivo. Y pretende que su gobierno pase por izquierdista por exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque después no sepa qué hacer con ellos. Bernabé se refiere explícitamente a este tema: “Yo soy nieto de un represaliado republicano, que fue trabajador esclavo durante la dictadura. Con esto quiero decir que la Memoria Histórica es algo que me toca de manera personal, pero entiendo que eso no puede utilizarse para esconder otras cosas. No me parece inocente que el Gobierno de Pedro Sánchez se centre en El Valle de los Caídos al mismo tiempo que evita derogar la reforma laboral. Si el PSOE quisiera, tardaría una mañana en publicar la lista de amnistiados fiscales, pero no está dispuesto a meterse en conflictos económicos con las élites”. No deja de ser curioso que los que hemos sufrido a Franco casi ya nos hemos olvidado de él. Y que sean los que no lo han conocido los que se empeñan en utilizarlo como un comodín, especialmente los golpistas, para acreditar su pedigrí democrático y de izquierdas.

Tanto Zapatero como Sánchez han creado el Ministerio de Igualdad, pero resulta significativo que su cometido no sea enfrentarse a la desigualdad con mayúscula, la que se produce entre las distintas capas sociales, la que describe en su libro Thomas Piketty, sino tan solo la que se supone que hay entre mujeres y hombres. Es también revelador que cuando la vicepresidenta del Gobierno, en un gesto de audacia, anuncia que van a regular la composición de los consejos de administración de las empresas privadas se refiere tan solo a la proporción que se debe dar entre mujeres y hombres, pero por supuesto ni se le ocurre hablar de la presencia entre sus miembros de representantes de los trabajadores, sean hombres o mujeres, lo que antes se llamaba cogestión.

Nada que objetar a la batalla del feminismo, siempre que no se caiga en el ridículo de querer cambiar la Constitución para adaptarla a lo que llaman lenguaje inclusivo, o emplear la expresión ininteligible de “los derechos de los niños y las derechas de las niñas”, pero sobre todo que no se pretenda con ella blanquear la incapacidad e impotencia que una parte de la izquierda tiene después de asumir la globalización y la Unión Monetaria para separarse de las políticas de derechas.

Es posible que los llamados impuestos ecológicos generen efectos beneficiosos de cara al medio ambiente, pero suelen tener un carácter regresivo desde el punto de vista de la equidad fiscal, ya que todos ellos tienen la condición de indirectos; y, además, en la mayoría de los casos inciden más en las clases modestas que en las adineradas, que pueden eludirlo de forma más sencilla. Es lo que ocurre con el gravamen al gasóleo que proyecta el actual Gobierno. Y también sucede lo mismo en lo referente a las penalizaciones establecidas por el Ayuntamiento de Madrid de cara a la movilidad y a las restricciones por contaminación. No toda medida a favor de la lucha contra el cambio climático puede ser aceptable sin más para la izquierda, sin tener en cuenta otras consideraciones.

El libro de Bernabé “La trampa de la diversidad” reta a buena parte de los partidos socialdemócratas, y de otras formaciones más a la izquierda, que han asumido la globalización y la moneda única y que se ven por tanto impotentes para implementar o incluso defender una auténtica política de izquierdas. Sienten la tentación de agarrarse a determinadas batallas, que serán perfectamente lícitas y justas, pero que no pueden ni deben sustituir la lucha por la desigualdad social y económica. Interpela, en definitiva, a aquellos que afirman que el euro no es ningún problema y que el problema está en la monarquía.

republica.com 2-11-2018

Mi buen amigo Luis Velasco, a finales del pasado mes de septiembre, escribía un artículo en este diario digital con el título «Elecciones generales, ya, por favor». Se unía así a las muchas voces, y a gran parte de la opinión pública, que vienen reclamando la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios. Sin duda, tienen buenas razones para ello, pero no siempre lo político se encamina por la senda de lo razonable, como demuestra el hecho de que se haya querido gobernar con 84 diputados y con el apoyo de un conglomerado tan heterogéneo de partidos que resulta imposible cualquier acuerdo, tanto más cuanto que entre ellos se encuentran formaciones secesionistas cuyo único objetivo, por lo menos es lo que dicen, es la independencia.

Me temo que esta sea una de esas ocasiones en las que lo razonable escapa de lo político y que, por lo menos de manera inmediata, no habrá convocatoria de elecciones. Todo indica que Pedro Sánchez está dispuesto a enrocarse en la Moncloa. Ya lo dice la portavoz con tono solemne: «Este Gobierno es de granito engrasado». Por lo visto, el engrasado debe de ser más duro que el granito a secas. Será por eso que le resbale todo. En cualquier caso, lo que sí parece seguro es que, dure lo que dure, esta es una legislatura fallida. En realidad, lo deberíamos de haber intuido desde el principio, desde el mismo momento en que Pedro Sánchez se encastilló en lo del «no es no».

Éramos muchos los que veíamos con gran recelo el bipartidismo que, junto con la injusta ley electoral en vigor, nos condenaba o bien a la mayoría absoluta de un partido, estableciéndose un gobierno un tanto despótico, o bien a que una formación nacionalista prestase sus votos y cobrase el correspondiente peaje que, además de romper la equidad con otras Autonomías, producía los efectos desastrosos que en estos últimos años estamos presenciando. Así que saludamos con cierto optimismo el hecho de que la crisis económica dibujase un nuevo mapa electoral. Pensábamos que era el momento de la negociación, de los acuerdos y del consenso.

Hay que reconocer que Rajoy supo ver desde el primer día la nueva situación política creada y, habiendo sido el partido más votado, estuvo presto al consenso, ofreciendo la negociación y el diálogo por lo menos a los dos partidos que él consideraba constitucionalistas, sin cerrar ninguna forma de acuerdo, desde la coalición de partidos, hasta los compromisos puntuales, pasando por el pacto de legislatura. La proposición tenía sentido, ya que los dos problemas centrales con los que se enfrentaba España eran el problema catalán, ante el que se suponía que las posturas de las tres fuerzas eran convergentes, y la crisis económica, en la que, campañas publicitarias y electorales aparte, tampoco podía haber diferencias sustanciales, ya que los tres defendían la Unión Monetaria y por ende los condicionantes que esta imponía.

El PSOE, como partido que se postula de izquierdas, podría haber aprovechado el escaso margen que dejaba la carencia de moneda propia, para haber obtenido los beneficios sociales y las medidas progresistas posibles a lo largo de toda la legislatura, cualquiera que hubiese sido el tipo de acuerdo adoptado. Sin embargo, lo cierto es que el escenario cambió radicalmente con la tajante negativa de Pedro Sánchez a sentarse en cualquier mesa de negociación, lo que no puede por menos que resultar paradójico a estas alturas cuando se ha convertido en el campeón del diálogo con los independentistas.

No es demasiado arriesgado suponer que en aquellas circunstancias Rajoy hubiese adoptado una gran flexibilidad en la negociación. Es posible que estuviese dispuesto a conceder casi todo. Sin embargo, en cualquier alianza, había algo que no podía ceder el partido mayoritario, la presidencia del Gobierno, y paradójicamente era lo único que interesaba a Pedro Sánchez. Por eso, a pesar de la sorpresa colectiva -me atrevería a decir que incluso en buena parte de su propio partido-, se negó a sentarse en cualquier mesa de negociación con el PP. “No es no”. Ahí comenzó y terminó la legislatura.

Pedro Sánchez, en su megalomanía, se hizo otros planes, los de ser él el presidente de gobierno, a pesar de haber obtenido los peores resultados en la historia reciente de su partido y de contar con bastantes menos diputados que el PP. Es conocido cómo acarició la idea de establecer un acuerdo con Ciudadanos y Podemos, lo que resultaba bastante difícil. No hay duda de que Pedro Sánchez podía pactar por separado con ambas formaciones y que podía hacerse totalmente dúctil en materia ideológica para decirle a cada uno lo que quería oír, pero la mezcla resultaba inviable. Ciudadanos y Podemos eran como el aceite y el agua.

Teniendo en cuenta que el Comité Federal de su partido no veía con buenos ojos el pacto con Podemos, Sánchez ideó la táctica de negociar primero con Ciudadanos, creyendo que Podemos estaría obligado a votarle sin condiciones, con el argumento de que, de no hacerlo, se les podía acusar de preferir a Rajoy como presidente del Gobierno. No fue así, Pablo Iglesias consideraba que la diferencia en escaños entre el PSOE y Podemos era muy reducida y que, por lo tanto, se merecían una alianza en toda regla, un gobierno de coalición; por otra parte, pensaban que en unas nuevas elecciones podía darse el sorpasso y, sobre todo, de cara a un pacto de investidura, no querían ser compañeros de viaje de Ciudadanos, sino de los nacionalistas, como lo han conseguido dos años después. Bien es cierto que este amor por los golpistas es algo que un partido teóricamente de izquierdas como Podemos difícilmente puede explicar, sobre todo cuando uno de los dos partidos del independentismo (la antigua Convergencia, ahora llamada PDeCAT) no tiene que envidiar en nada al PP ni en conservadurismo ni en corrupción.

La historia es de sobra conocida: nuevas elecciones con peores resultados del PSOE, intento de Pedro Sánchez de prescindir del Comité Federal de su partido, investidura in extremis y en precario de Rajoy como presidente de gobierno con tan solo 135 diputados y sin que la izquierda pudiera obtener casi nada a cambio dada la premura del tiempo. Posteriormente, las primarias en el PSOE en las que triunfó la demagogia de Pedro Sánchez que supo explotar con el “no es no” el odio y el sectarismo originados durante 30 años de bipartidismo en las relaciones entre las dos formaciones mayoritarias. Es curioso que los mismos militantes de toda España que repudiaban cualquier negociación con el PP se encuentren ahora tan cómodos dialogando con partidos golpistas, supremacistas, fascistas y responsables del 3%.

Las primarias consolidaron el caudillismo de Pedro Sánchez, destruyendo todo posible equilibrio de poder en el PSOE. Después de haber sido coronado por las bases, nadie tiene fuerza dentro del partido para oponerse a sus planes, por muy descabellados que sean. Se cerró así toda posibilidad de consenso y acuerdo con el Gobierno y Sanchez volvió a coquetear, aunque pareciese incoherente y poco ética, con la posibilidad de constituir lo que desde su propio partido habían denominado gobierno Frankenstein, y que en la legislatura pasada no había podido lograr.

Ante el cerco del PSOE, Rajoy, con 135 diputados y con un apoyo vacilante de Ciudadanos, que tampoco era suficiente para alcanzar la mayoría necesaria, apenas pudo gobernar. Para aprobar dos años los presupuestos, se vio obligado a acercarse puntualmente al PNV, que cobró sus servicios a muy buen precio. Se retornaba así a lo de siempre, a que la llave estuviese en manos de los nacionalistas. En esta ocasión, sin embargo, con una diferencia, tan solo los vascos entraban en el posible pacto, puesto que era impensable llegar a un acuerdo con los catalanes, declarados ya en franca rebeldía. Todo el mundo lo consideraba insólito, una contradicción en sus propios términos. Todo el mundo menos Sánchez, quien no tuvo ningún reparo en apoyarse en ellos para llegar al gobierno.

Lo concedido por el Gobierno de Rajoy al PNV y a Ciudadanos indica bastante bien las conquistas sociales y las medidas progresistas que el PSOE a lo largo de estos cuatro años podría haber conseguido mediante el pacto y la negociación. De haberse planteado la legislatura de otra manera, habrían sido mucho más elevadas y numerosas que las ahora presentadas con toda solemnidad y boato con Podemos, y que resulta tan improbable que puedan aplicarse, y en todo caso su aprobación quedaría condicionada a los golpistas y a sus exigencias. Pero es que, en el fondo, a Pedro Sánchez le importa poco todo esto y las medidas que podrían o no, aprobarse. Lo único relevante para él es haber llegado a presidente del Gobierno y conseguir mantenerse en el puesto en la próxima legislatura.

Es por eso por lo que la puesta en escena de Sánchez con Pablo Iglesias el pasado 11 de octubre constituye una copia mimética de la que organizó hace poco más de dos años con Rivera. Entonces se trataba de un programa de gobierno en las antípodas del que se ha firmado ahora. Eso para Sánchez carece de valor. Lo substancial es el fin y ese sí que es idéntico, llegar o permanecer en la Moncloa. El documento que los líderes del PSOE y de Podemos han firmado y han presentado a la prensa no es un presupuesto, sino un plan de gobierno, en definitiva, un programa electoral para la próxima legislatura y como todo programa electoral está elaborado en buena medida para no cumplirse.

La señora ministra de Hacienda afirma que estos son los presupuestos más sociales de la Historia. Por este lado, nada nuevo. Hace poco lo proclamaba Montoro en referencia a los de este año. Es una constante en toda presentación. Lo específico en este caso es que se predica de unos presupuestos que no existen o, al menos, no se han hecho públicos. Lo que sí es irónico y hasta jocoso es la aseveración de la ministra de Hacienda indicando que nunca se había dado más información, y ello cuando no se ha facilitado, y es de suponer que no existen, ni ley ni estado numérico ni partidas, ni posibilidad de descubrir si los números cuadran o no porque sencillamente no hay números. Por no saberse, no se sabe ni la cuantía del gasto público ni cuál va a ser el déficit. Sus explicaciones acerca del 1,3% o del 1,8% parecían extraídas de una película de Berlanga. ¿Cómo no va a pedirles explicaciones la Comisión Europea? ¿Muy benignos? No. Solo pueden decirles, oigan, con esto que nos han enviado no podemos afirmar nada. Cuando tengan un presupuesto, nos lo mandan. Por ello, la carta la firma un director general en lugar del Comisario. El documento no ha podido pasar ni la primera criba. No tenía consistencia ni siquiera para ser acreedor a un primer dictamen.

Rajoy con 135 escaños apenas pudo gobernar, ¿cómo va a hacerlo Sánchez con 84 diputados, teniendo que apoyarse en los golpistas y en los grupos más heterogéneos, sin controlar la Mesa del Congreso, y teniendo el PP mayoría en el Senado? Y lógicamente no puede esperar que el PP les apoye después del cerco al que le sometieron cuando estaba en el gobierno. Se quiera o no, la legislatura está agotada, ha sido una legislatura fallida, lo que era previsible desde que Pedro Sánchez comenzó a entonar el “no es no”, negándose a todo pacto que no incluyese para él la presidencia del gobierno. Esperemos que en la próxima legislatura no vuelva a repetirse la faena.

republica.com 26-10-2018

El PP y Ciudadanos reclaman la aplicación del art. 155 de la Constitución. No les falta razón. El PSC y el Gobierno, por el contrario, se oponen y para ello se escudan tras la distinción entre palabras y hechos, empleando además una versión cercenada de estos últimos, reduciéndolos tan solo a los jurídicos, o a los acuerdos formales del Gobern y del Parlament que sean claramente ilegales o que violen la Constitución. Esta concepción puede ser correcta a efectos de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional o incluso en el ámbito penal, aunque nuestro código sanciona también la conspiración para determinados delitos, como el de rebeldía, sin esperar a que se comentan de forma fáctica, pero desde luego no hay por qué mantener una interpretación tan restrictiva para la aplicación del art. 155. de la Constitución.

Hace casi un año, el 2 de noviembre de 2017, que desde estas mismas páginas me refería yo al art. 155 de la Constitución afirmando que el error del Estado había sido atribuir un carácter casi sacro y solemne a este artículo, pensando que solo se podía o se debía utilizar en ocasiones dramáticas o críticas, cuando en realidad su contenido es mucho más amplio, y debe usarse siempre que una Comunidad «incumpla las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España». En ese mismo artículo del 2 de noviembre tachaba de error haber convocado inmediatamente elecciones en Cataluña y poner plazo de caducidad a la vigencia del 155. El tiempo creo que ha confirmado lo desacertado de esa forma de actuar y cómo se debería haber mantenido las condiciones de excepcionalidad hasta que la situación de rebeldía creada por la Generalitat se hubiese desactivado.

Pero dejemos de lamentar lo que podría haber sido y no fue y consideremos el presente. Es fácil reconocer que hay suficientes motivos para aplicar de nuevo en estos momentos el 155 y quizás con una amplitud, si no mayor, sí distinta de la de hace un año. El golpe de Estado continúa activo y los independentistas no se privan de afirmar que, si el Gobierno no cede al chantaje de convocar un referéndum de secesión y si los jueces no absuelven a los presos, retornarán a las andadas. Es más, gran parte de sus actuaciones se encaminan a fortalecer medios e instrumentos para garantizarse que la próxima vez no fallarán.

¿Alguien se atreve a afirmar que el Gobierno de la Generalitat está cumpliendo las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes? ¿Quién puede negar que su actuación va dirigida a dañar gravemente el interés general de España, cuando el muy honorable presidente afirma abiertamente que hay que atacar al Estado español, y cuando toda la actuación exterior de la Generalitat se dirige a desacreditar y vilipendiar a España? ¿Acaso no es evidente que el Gobern no puede, y además no quiere, mantener el orden público? ¿No es patente que los derechos de la mitad de la población no están garantizados, entre otros el de manifestación? ¿Está la Generalitat gestionando adecuadamente el régimen penitenciario de los presos del procés? ¿No es cierto que TV3 y Catalunya ràdio no están cumpliendo la función de medio de comunicación público y que actúan más bien como un instrumento de publicidad y propaganda de los secesionistas y del golpe de Estado? ¿Acaso este Parlamento ha revocado la declaración de independencia proclamada en la legislatura anterior?

Motivos hay y muchos para volver a utilizar el 155 en Cataluña. Es más, antes o después habrá que ponerlo en vigor y será tanto más difícil su instrumentación cuanto más tarde se haga. Dicho todo eso, hay una realidad que hoy por hoy hace imposible su aplicación y es el hecho de que el Gobierno de España gobierna gracias a los golpistas, y les necesita para aprobar los presupuestos. Se lo recuerdan cada poco. Es esta situación viciada y adulterada del Ejecutivo del Estado español la que hace irrealizable el empleo en Cataluña del 155 de la Constitución. Solo permite el diálogo del apaciguamiento. Pero por eso mismo resulta tan cínica la postura de Sánchez cuando realiza una invocación al PP y a Ciudadanos para que “hagan lo mismo que él hizo con Rajoy y apoyen al Gobierno en esta materia, ya que es una cuestión de Estado”. El doctor Sánchez miente ya que lo que él propone, el diálogo del apaciguamiento, no es una cuestión de Estado, sino una condición para su propia supervivencia en el poder.

Por otra parte, el PSOE de Sánchez no apoyó a Rajoy en el tema catalán, tal como ahora pretende. Tan solo cuando las cosas llegaron al límite con la declaración de independencia accedió al 155, pero imponiendo tales condiciones que en buena parte fue el causante de que se aplicase de manera precaria e incompleta. El PSOE de Pedro Sánchez en el tema catalán ha sido una prolongación del PSC y por lo tanto un freno para todas las medidas que se pretendían adoptar desde el Gobierno y desde los tribunales. Ante el propósito de Rajoy de que los partidos constitucionalistas caminasen juntos en el proceder del Estado en Cataluña, Pedro Sánchez, arrastrado por el PSC, se convirtió en un lastre que obstaculizaba todas las actuaciones. La prueba más evidente es que no ha tenido ningún reparo en unirse a los golpistas para llegar a la Moncloa y para mantenerse en ella. ¿Cómo va a aplicar ahora el 155?

Pedro Sanchez es rehén de los golpistas, pero el PSOE de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Aragón y de tantas otras regiones que no son precisamente Cataluña, están cautivos de Sánchez. Van a tener difícil explicar a sus votantes que los intereses de su líder están por encima de los intereses de todos los españoles.

republica.com 19-10-2018

En el clan de Pedro Sánchez se ha hecho rutina utilizar como amuleto determinadas palabras, que repiten todos como papagayos. Ahora emplean la palabra “cacería” para indicar que el Gobierno, según ellos, padece el acoso de la oposición y de la prensa. Resulta chusco que el Pedro Sánchez del “no es no” hable de caza. Hace unas semanas refiriéndose a Cataluña empleaban la palabra “normalizar”. Parece que ya no la usan, lo cual es lógico porque la situación en Cataluña se puede calificar de todo menos de normal. Ahora han cambiado a la palabra “apaciguamiento”, que les sirve de excusa para hacer todo tipo de concesiones a los secesionistas, aquellas que son necesarias para que Sánchez continúe en el gobierno.

El tema viene de lejos. Durante todo el tiempo que Pedro Sánchez ha estado en la oposición ha usado el procés para arremeter y criticar al Gobierno de Rajoy, situándose en la equidistancia, en esa tercera vía en la que siempre se ha colocado el PSC. Cada vez que condenaba a los golpistas se creía en la obligación de acusar al Gobierno de no practicar el diálogo y de haber judicializado la política, mantra que todos sus acólitos han repetido hasta la saciedad. A la luz de los últimos acontecimientos, este reproche de judicializar no deja de ser chusco en boca de un presidente que tiene a su gobierno trufado de ministros pertenecientes a la Administración de justicia.

El contraste es aún más llamativo si se consideran las manifestaciones que de forma premeditada y en cascada han hecho algunos de los miembros del equipo de Pedro Sánchez acerca de la conveniencia de que los presuntos golpistas no continúen en prisión preventiva, lo que ciertamente no significa una judicialización de la política, sino una politización de la justicia, y un intento en definitiva de presionar al juez instructor. Es más, esta postura del Gobierno no puede por menos que tener efectos en el extranjero, en el objetivo número uno de los golpistas, lo que llaman internacionalizar el proceso. Es el propio Gobierno el que cuestiona los acuerdos del Tribunal Supremo, y da la razón así a los que fuera de España, bien desde la administración de justicia o bien desde la prensa, ponen en duda el funcionamiento correcto de las instituciones españolas.

“El problema de Cataluña es político y no penal”. No se entiende bien esa afirmación de los golpistas que ha hecho suya también el Gobierno de Pedro Sánchez. El problema siempre ha sido político, pero además de político pasó a ser penal cuando los nacionalistas se hicieron golpistas y pretendieron segregar unilateralmente de España una parte de su territorio, transgrediendo la Constitución, el Estatuto y todo el ordenamiento jurídico español, y en contra de al menos la mitad de los catalanes y de casi la totalidad de los españoles.

Querer solucionar un golpe de Estado con diálogo es el colmo de la ingenuidad. Mientras que Pedro Sánchez ha estado en la oposición podía reivindicar el diálogo sin mayor concreción, incluso cuando los independentistas afirmaban que lo único que estaban dispuestos a negociar era la celebración de un referéndum de autodeterminación o bien dando un paso más allá pactar cómo tenía que desarrollarse el proceso de segregación de Cataluña de España. Ahora que ya está en el gobierno y le corresponde poner en órbita ese diálogo que tanto ha demandado, se encuentra con que el rey está desnudo, es decir, que la negociación está vacía de contenido o, lo que es peor, que todo el diálogo se reduce a una serie de concesiones por parte del Estado sin recibir nada como contrapartida, porque en el fondo nada pueden ofrecer los independentistas al Estado español, excepto cumplir la ley y la Constitución, pero eso debe hacerse sin compensación y sin obtener premio alguno. Otra cosa es lo que puedan ofrecer a Pedro Sánchez, esto es, garantizarle la permanencia en el gobierno.

Los independentistas no se engañan, saben que tienen de rehén a Sánchez, y que les debe el gobierno. A pesar de que mantienen viva su reivindicación máxima, el derecho de autodeterminación y la República, y que lo repiten y reclaman cada poco, saben que no está en manos de Sánchez concederlo, pero ello no es óbice para que estén muy contentos con el llamado diálogo, puesto que está constituyendo un maná de favores y prebendas.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez constituye claramente una quiebra de la equidad respecto a las otras Comunidades Autónomas. El presidente del Gobierno, a pesar de que lo había prometido en la oposición, ha renunciado a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica. La razón hay que buscarla en su aspiración de tener las manos libres para establecer relaciones bilaterales con la Generalitat, condición sine qua non de los independentistas, ya que no quieren ni oír ni hablar de plataformas multilaterales.

Según la ministra de Política Territorial, que parece más bien ministra exclusivamente para Cataluña, hay más de 20 mesas de diálogo, lo que representa 20 plataformas para el victimismo y la reivindicación, y 20 canales por los que las cesiones y las dádivas del Estado irán a parar a la Generalitat desviando recursos de otras finalidades y destinos. El victimismo tiene tanta o menos razón cuanto que el sistema actual de financiación autonómica fue diseñado por Zapatero y Montilla de acuerdo a las conveniencias de la Generalitat.

La gravedad de estas cesiones se incrementa al considerar que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a controlar las cuentas de la Generalitat y no pueden garantizar que los recursos transferidos no se orienten a favorecer la independencia: constituir nuevas embajadas, subvencionar a las llamadas asociaciones civiles -que son instituciones encargadas de promocionar la independencia y dirigir la rebeldía-, ayudas a la prensa para que hagan propaganda del procés, nombramientos de afines, etc.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez se orienta a ampliar las competencias de la Generalitat, lo cual resulta ciertamente difícil, dado el nivel de autogobierno que tiene Cataluña. El presidente del Gobierno, ante la petición de independencia de los secesionistas, sabiendo que tal demanda está fuera de cualquier posibilidad, se ha escudado en la ampliación del autogobierno. Ha comenzado por plantear la retirada de los recursos que el anterior Ejecutivo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre determinadas leyes propuestas por la Generalitat. El problema no es si contienen o no medidas sociales, sino si la Generalitat tenía o no competencia para aprobarlas. Si son anticonstitucionales, no parece lógico que el Gobierno de la nación se inhiba y dé por bueno el ejercicio por parte de una Comunidad de unas competencias de las que carece. Si se está de acuerdo con las medidas sociales contenidas en esas leyes, lo coherente es que se aprueben para toda España y que no se apliquen solo en Cataluña, sobre todo cuando la Generalitat demanda dinero continuamente al Estado.

Tampoco parece correcto que el doctor Sánchez asuma el discurso falaz de los secesionistas acerca del último estatuto de autonomía, situando en la sentencia que sobre él dictó el Tribunal Constitucional el origen de todo el conflicto. Y menos honesto es aún que prometa la aprobación de un nuevo estatuto incorporando los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, sabiendo que son anticonstitucionales y que su partido solo cuenta con 84 diputados.

Todos los gobiernos de la democracia, cuando han estado en minoría, han cedido al chantaje de los nacionalistas comprando su apoyo en el Parlamento de Madrid mediante nuevas transferencias y prebendas. Es indudable que las cesiones de todos estos años se encuentran en el origen de los problemas actuales, pero en descargo de esos ejecutivos se puede aducir que quizás no eran conscientes de lo que iba a venir después, ya que entonces los nacionalistas no habían traspasado aun la raya. La situación ahora es muy distinta; la gravedad, mucho mayor. Sánchez y sus acólitos no tienen disculpa cuando han presenciado todo lo que ha ocurrido estos años, y son conscientes de que el golpe continúa vivo. Los secesionistas aprovecharán la primera oportunidad que tengan para repetir la rebelión. Concederles más competencias y medios es armarles y equiparles para que la próxima vez tengan éxito.

El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez conduce a que el Estado esté ausente de Cataluña y a que se vea obligado a guardar total silencio ante el caos que reina en esta Comunidad, sufriendo toda clase de humillaciones. El Gobierno es incapaz de contestar a las bravatas del independentismo. Acepta que los secesionistas impongan el orden del día en las reuniones, aunque en él se incluya del derecho de autodeterminación. El presidente de la Generalitat arremete permanentemente contra el jefe del Estado con la total permisividad del Gobierno y de su presidente que, al mismo tiempo, recibe a Torra, aun cuando este había puesto un veto para que el rey no fuese a Cataluña.

El Gobierno de Sánchez está consintiendo que en Cataluña reine la anarquía y el gobierno despótico y violento de los comités de defensa de la república. Se han adueñado de las calles, ensucian todos los espacios públicos con lazos amarillos e impiden por la fuerza que discurra con normalidad, aun cuando esté plenamente autorizada, toda otra manifestación con la que no comulguen. Cortan carreteras, autopistas y las vías del AVE. Se adueñan de edificios oficiales y asedian y asaltan el Parlamento. Todo ello de forma muy pacífica, solo hay que contemplar las imágenes… Tan pacifica como las acciones llevadas a cabo el 1 de octubre del año pasado. No en vano son los mismos, solo que entonces se llamaban comités de defensa del referéndum. Cuentan con la complicidad de las autoridades de la Generalitat, que han distorsionado el funcionamiento normal de los mossos, hasta el punto de suscitar las críticas y las quejas de todos sus sindicatos.

Cuentan, si no con la complicidad, sí al menos con el silencio del Gobierno de Sánchez y de la Fiscal General del Estado que parece que se encuentra de vacaciones y casi se puede dudar de si la plaza está ocupada. Supongo que el diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez hace imposible que se califique a los comités de defensa de la república de agrupaciones criminales, pero lo cierto es que la definición que el artículo 570 bis del Código Penal ofrece de esta figura delictiva les viene como anillo al dedo.

republica.com 12- 10-2018

El Gobierno de Pedro Sánchez se podría denominar el de los tristes destinos o, mejor, el de los anuncios y desmentidos; pero pocos proyectos han durado tan poco como el intento de eliminar la desgravación fiscal a la inversión en fondos de pensiones. Al día siguiente de difundirlo, se producía ya la rectificación. Algunos medios lanzaron la idea de que el Gobierno no quería enemistarse con tantos contribuyentes como se aprovechan de la desgravación.

La afirmación no creo que tenga mucha consistencia, porque los beneficiados con los fondos de pensiones no son tanto los contribuyentes como los bancos. Los partícipes lo único que obtienen es retrasar el pago de los impuestos, ya que la deducción actual se compensa con la cuantía que tendrán que abonar en el momento del rescate. Como contrapartida, pierden la administración de su inversión, que entregan a la entidad gestora, más preocupada de la ganancia del banco al que pertenece, que de la de los partícipes. Las comisiones se terminan comiendo cualquier asomo de rentabilidad. Hasta el año 2006 se podía dudar de la conveniencia que para el contribuyente tenía esta figura financiera, ya que en el momento del rescate se tributaba tan solo por el 60% del total. Pero, a partir de esa fecha, no parece que haya duda alguna, ya que la imposición es del 100% al recuperar el fondo.

Lo que, sin embargo, sí es seguro, es que las grandes favorecidas por los planes de pensiones son las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. De ahí la defensa a ultranza que los bancos realizan de la desgravación, porque por lo menos crean el espejismo de que esta figura financiera es ventajosa para los contribuyentes.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas. Sin embargo, los días señalados fueron llegando sin que se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Los intereses financieros están también detrás de todas las voces que estos días han surgido en tono crítico al conocerse que el Pacto de Toledo había aprobado la actualización anual de las pensiones por el IPC. Hasta Solchaga ha salido del escondite de sus negocios para saltar a la palestra y afirmar que los jubilados no han pagado todo lo que reciben. Ante la algarabía de despropósitos escuchados, he considerado conveniente contestar una vez más a algunos de ellos. Tengo que reconocer que lo hago con cierta apatía por no poder decir nada nuevo, distinto de lo que he repetido en bastantes ocasiones (ver los últimos artículos sobre este tema en este diario digital publicados el 8, el 15 y el 22 de marzo de este año, respectivamente). Pero, como los tópicos, los sofismas y las falacias son también los mismos, no tengo más remedio que reiterar los argumentos. Ahora bien, la referencia a los tres artículos anteriores me exime de un relato pormenorizado, y me permite limitarme a señalar tan solo a modo de resumen los puntos más relevantes y significativos sin entrar a fondo en ellos:

1) La actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Si, no obstante, el gasto de la Seguridad Social se incrementa año tras año en términos reales, son otras las variables responsables, por ejemplo, se debe al hecho de que las prestaciones de los nuevos jubilados sean más elevadas que las de aquellos que abandonan el sistema, manifestación clara de cómo las pensiones crecen menos que los salarios.

2) Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso.

3) No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda. A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos.

4) La viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Gracias a los incrementos de productividad, menos trabajadores pueden generar un mayor output.

5) En los países occidentales la productividad viene creciendo paulatinamente desde 1700. En concreto, en el periodo 1980-2012, la tasa promedio de crecimiento fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de los periodos anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado, por lo tanto, sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación del Estado social en su conjunto, incluyendo por supuesto las pensiones. Eso sí, siempre que el Estado como socio destacado del sistema productivo se apropie mediante impuestos de una parte suficiente de la producción.

6) Los problemas, de existir, no son de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

7) No es verdad sin más que los impuestos se opongan al crecimiento. Más bien, si se emplean adecuadamente, puede ser al contrario. Los pensionistas tienen una propensión marginal a consumir bastante más elevada que los contribuyentes de rentas altas -sobre quienes en mayor medida deben recaer los impuestos-, por lo que los recursos en sus manos contribuirán más a la expansión económica que en el bolsillo de los contribuyentes.

8) La próxima revolución industrial, que ya se vislumbra, incrementará significativamente la productividad, pero por el mismo motivo puede reducir de forma considerable el número de puestos de trabajo. La alternativa al desempleo es, tal como ha ocurrido ya en otros momentos de la Historia, el reparto del trabajo, empleando al menos parcialmente los incrementos de productividad en disminuir la jornada de trabajo o la vida activa de la población.

9) El sistema público de pensiones, a pesar de ser de reparto, no constituye ninguna injusticia intergeneracional. Los más interesados en que no se reduzcan las pensiones son los futuros pensionistas.

10) Si la productividad crece y cada generación es más rica que la anterior se debe a que parte con un bagaje técnico y de conocimientos mucho mayor, que ha sido posible gracias al esfuerzo de las anteriores generaciones.

11) Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No le parece, señor Solchaga, que al menos han aportado tanto como reciben? ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

12) El sistema de pensiones español comparado con los de otros países no tiene nada de generoso, a pesar de las manifestaciones de sus detractores, que se fijan exclusivamente en el porcentaje que la pensión que se reconoce en el momento de la jubilación representa respecto del último salario sin considerar otras variables.

13) Según datos de Eurostat para 2015, en España el porcentaje que representa el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al de Grecia, Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia y Alemania. Tan solo los países que provienen del bloque del Este mantienen un porcentaje inferior.

14) En España el gasto por pensionista es inferior al de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, etc.

15) En todos los países de la Unión Europea las pensiones se revalorizan periódicamente de acuerdo con la evolución de una o varias de estas tres variables: los precios, los salarios y el PIB. Estoy seguro de que los jubilados españoles estarían encantados con que a la evolución de los precios se añadiese la del PIB y la de los salarios a la hora de actualizar sus pensiones.

16) Por último, es bueno recordar que la presión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones anualmente de acuerdo con el IPC.

republica.com 5-10-2018

El doctor Sánchez, puestos a plagiar, ha copiado al xenófobo Torra y para festejar sus 100 primeros días de gobierno montó en la Casa de América todo un espectáculo, con fuegos artificiales incluidos; un gran show al que invitó a todos los que consideró personajes importantes del Reino, para que fueran testigos de su aparición apoteósica llena de luces y efectos especiales y del anuncio que iba a realizar, del que los palmeros de la Moncloa habían adelantado ya su carácter de trascendental.

Y la montaña parió un ratón. Sin haberlo pactado con ningún otro partido y solo con sus 84 diputados, prometió, nada más y nada menos, que una modificación exprés de la Constitución, en 60 días y no para algo importante, sino para eliminar los aforamientos. Pero al día siguiente supimos que no se trataba de todos, sino solo de los de los políticos, que son una proporción muy pequeña del total; y tampoco para todos los procesos judiciales, sino únicamente para los que hacen referencia a su vida privada. Total, que el efecto del anuncio duró dos días o un día y medio. Más tarde han afirmado que también se suprimirían los aforamientos por delitos de corrupción. En resumen, que no saben qué hacer ni cómo hacerlo y por eso, cosa insólita, lanzan la pelota al Consejo de Estado sin presentarle ningún texto escrito.

Así ocurre con la mayoría de las promesas que está realizando este Gobierno. Son conscientes de que no está en su mano cumplirlas (si lo estuviera, quizás no las prometerían) pero les sirven para la propaganda electoral. Sánchez pretende lanzar el siguiente mensaje: por mí no queda, son los otros partidos los que ponen palos en las ruedas. Con estos mimbres es muy difícil saber qué quieren hacer con los impuestos. De hecho, los anuncios y contra anuncios se han multiplicado. Pero, en cualquier caso, se han dicho tantos disparates que conviene aclarar por lo menos algunos de ellos.

De lo poco que hasta ahora han confirmado es que quieren elevar 2 o 3 puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros. La ministra lo ha corroborado el otro día en la Cope, lo cual no quiere decir que no se desdiga o que finalmente no consigan aprobar la medida. Parece que la demanda procede de Podemos, pero me temo que ni unos ni otros saben de lo que están hablando. La medida anunciada se dirige, según dicen, a los que obtengan una renta superior a 140.000 euros anuales. Lo cual tenía sentido con anterioridad a 1996, en que el IRPF era un impuesto personal y sintético que recaía sobre la totalidad de los ingresos del contribuyente, que se acumulaban, fuesen de la clase que fuesen, en una sola base imponible, a la cual se le aplicaba una única tarifa progresiva. Pero a partir de esa fecha el impuesto deja de ser sintético, y se fractura en dos bases imponibles, que nunca se agregan, con sus respectivas tarifas.

En la actualidad, una se denomina general y engloba las rentas de trabajo, pensiones (incluyendo el rescate de los fondos) y alquileres, y otra que llaman eufemísticamente del ahorro, pero que lo que realmente grava son las rentas de capital de cualquier clase y con tipos mucho más reducidos que los de la tarifa de las rentas del trabajo. Por eso no se puede hablar de contribuyentes con rentas superiores a 140.000 euros. Sin sumar las bases ni siquiera se puede saber quiénes son.

Supongo que lo que intentan afirmar es que se elevará 2 o 3 puntos el tipo marginal de la tarifa general a los contribuyentes que tengan bases imponibles del trabajo, superiores a 140.000 euros, sean cuales sean sus ingresos de capital, que continuarán tributando al mismo tipo. Enunciado así, el tema presenta una serie de contradicciones difíciles de justificar.

1) Es evidente que no se puede afirmar que se sube el impuesto a los contribuyentes cuya renta sea superior a 140.000 euros. Habrá muchos con ingresos muy por encima de esta cantidad al sumarles la renta de capital y a los que la medida no les afecte en absoluto.

2) Incluso, al no acumular en el impuesto los distintos tipos de ingresos en una sola base imponible, resulta casi imposible discriminar por el total de la renta.

3) Es difícil de creer que el objetivo de la medida sea gravar más a los ricos, si las rentas de capital se dejan al margen. Y no es que yo no crea que existe una gran desigualdad entre las propias rentas de trabajo (solo hay que considerar las desorbitadas remuneraciones, indemnizaciones y fondos de pensiones de los altos ejecutivos de las grandes empresas y multinacionales) y, por lo tanto, la conveniencia de aplicar una tarifa progresiva, pero la no acumulación de las rentas de capital deja todo repleto de lagunas y paradojas.

Cualquier reforma que se pretenda hacer desde la izquierda tiene que comenzar por retornar a un impuesto sintético con una sola base imponible y una sola tarifa. Lo demás son juegos de artificio. En primer lugar, no parece muy justo que las rentas de capital en todas sus modalidades tributen a un tipo más reducido, especialmente en los tramos superiores de ingresos. Tal planteamiento contradice la teoría tradicional de la Hacienda Pública que distingue entre rentas fundadas (las de capital) y no fundadas (las del trabajo) y, puestos a discriminar, defiende que las primeras tengan un trato más severo que las segundas, ya que están asentadas en un patrimonio con el que siempre contará el contribuyente, mientras que los que tienen únicamente rentas no fundadas solo disponen de su trabajo. En segundo lugar, la separación de rentas reduce la progresividad del impuesto, porque todos los que tienen conjuntamente ingresos de trabajo y de capital tributarían seguramente a un tipo superior si todas las rentas se acumulasen dentro de la misma base imponible.

La discriminación favorable a las rentas de capital se intenta justificar por la libre circulación de capitales y la amenaza de deslocalización. Se exagera el argumento interesadamente. Una cosa es la ubicación de las empresas y otra la residencia personal, y el IRPF atiende a esta última variable, con independencia de dónde se tenga invertido los recursos. A la hora de elegir la nacionalidad y la residencia, la fiscalidad es una variable de segundo orden. Por otra parte, pretender evitar la deslocalización a base de ventajas fiscales es un proceso al infinito, porque resulta evidente que los países competidores responderán de la misma forma. Además, de los treinta países de la OCDE, solo hay cuatro, y con características muy distintas al nuestro, que mantengan un impuesto dual: Suecia, Holanda, Noruega y Finlandia. Incluso Dinamarca, que fue el primer Estado en implantarlo, ha dado marcha atrás retrocediendo al IRPF convencional.

En una entrevista en el programa El Objetivo, de la Sexta, el presidente del Gobierno afirmó con todo el descaro que «La gente rica no paga el IRPF, eso lo tengo claro, porque tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. El doctor Sánchez no debió de asistir a clase el día que tocó hablar de impuestos. Claro que los ricos pagan el IRPF. Otra cosa es que paguen todo lo que deberían pagar, entre otros motivos porque las rentas de capital no se engloban en la tarifa general y, además, tributan a un tipo mucho más reducido y ni el Gobierno de Zapatero hizo nada para evitarlo ni el Gobierno de Sánchez parece que tenga intención de remediarlo.

El presidente del Gobierno ha oído campanas y no sabe dónde. “Tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. Ahora resulta que aquellos que Pedro Sánchez llama ricos se libran de tributar por el IRPF gracias a los impuestos de patrimonio y sociedades, cuando precisamente es al revés. Estos impuestos, si funcionasen bien, tendrían que ser complementarios del IRPF y actuar con el de sucesiones de cierre del sistema, y gravar aquellas rentas que los poseedores de capital embalsan en sociedades y que, al no repartirse en forma de dividendos, no se imputan de forma inmediata al IRPF.

El recurso a las SICAV y a otras sociedades patrimoniales es recurrente. Si a través de ellas las grandes fortunas de este país no tributan todo lo que deberían en el IRPF es porque los gobiernos -este y los anteriores- quieren. La solución no es demasiado complicada, bastaría con acudir a un instrumento antiguo, lo que se ha llamado régimen de transparencia. Imputar directamente a los socios en el IRPF los beneficios de aquellas sociedades que tienen como único fin administrar el patrimonio de una persona, de una familia, incluso de un grupo de amigos. Si la administración tributaria ha actuado frente a aquellos autónomos que se escudaban detrás de una sociedad, lo mismo puede actuar frente a los grandes patrimonios que se cobijan también dentro de una sociedad. En cuanto a las SICAV, Sánchez puede preguntar a sus correligionarios Solbes y Zapatero y a sus actuales socios del PDeCAT cómo paralizaron y anularon las actuaciones de la inspección sobre aquellas SICAV que estaban practicando fraude de ley.

republica.com 27-9-2018

Entre las muchas propuestas que Podemos ha hecho al actual Gobierno se encuentra la reforma del mercado del alquiler. La petición es muy loable, ya que no en vano el disfrute de una vivienda digna y adecuada aparece como un derecho fundamental en la Constitución española. Pero como en el caso de otros muchos derechos –por ejemplo, el de disponer de un puesto de trabajo (pleno empleo)-, su aplicación en la práctica deja mucho que desear, y es que las cosas son más fáciles de enunciar que de realizar. En cualquier caso, no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que saber cómo llevarlas a cabo; no sea que se adopten medidas que lejos de mejorar la situación, la empeoren. Así ha ocurrido con la mayoría de las leyes de arrendamientos urbanos aprobadas, que, si bien fueron elaboradas desde posturas muchas veces antagónicas, sus resultados fueron finalmente idénticos. En el mejor de los casos, dejaron las cosas igual que estaban; y es que en ninguna de ellas se incidió sobre las verdaderas causas del problema.

Ahora que la memoria histórica está de moda conviene recurrir a ella para algo más que para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. En el caso de la vivienda, y más concretamente del alquiler, hay que remontarse al franquismo, incluso a los años posteriores a la Guerra Civil para entender los defectos y problemas actuales. España había quedado tan arrasada que, principalmente en las ciudades, se produjo una carencia radical de viviendas. A pesar de ello, desde 1939 hasta 1955 se mantuvo una parálisis de la construcción residencial. La iniciativa privada no tenía ningún incentivo para invertir en este sector, dada la falta de capacidad adquisitiva de la población, y el sector público no quiso o no pudo construir viviendas baratas, al menos en el número necesario.

El régimen, de acuerdo con su condición de dictadura populista (aun quedaba algo de la revolución pendiente de los falangistas), para aplacar a los ciudadanos e incapaz de solucionar el problema por sí mismo, echó sobre las espaldas de un sector concreto, los propietarios de bienes inmuebles (los llamados caseros), el coste de paliar (no de corregir) la situación. Estableció la congelación de las rentas y la prórroga forzosa para todos los contratos de arrendamiento. Las leyes de 1946, de 1955 e incluso la de 1964, mantienen, como norma general con algunas excepciones, el contrato indefinido con renovación anual, renovación obligatoria para el arrendador y potestativa para el arrendatario, y se congela el precio del alquiler (desde 1964 se permite la actualización por el coste de la vida). Se establece también un régimen de subrogaciones familiares que, salvo excepciones, hacía que, en la práctica, el propietario perdiera indefinidamente la disponibilidad de facto de la vivienda, ya que era muy difícil que pudiera recuperarla.

La situación fue haciéndose insostenible para los propietarios, que vieron cómo las rentas congeladas se iban separando más y más de la revalorización de las casas y, lo que era peor, del coste de los materiales de construcción y mano de obra que se precisaban para las reparaciones de los edificios. Se llegó al extremo de que las rentas obtenidas del alquiler no compensaban los gastos de mantenimiento, lo que llevó a muchos a desentenderse de su propiedad y a abandonar los edificios, acometiendo tan solo las obras más imprescindibles, con lo que los inmuebles se fueron deteriorando progresivamente.

No obstante, y al mismo tiempo, según se constituía una clase con cierta capacidad económica y relativamente amplia, fue surgiendo un sector de la construcción orientado a la obra residencial, viviendas destinadas al mercado de compra y venta y no al del alquiler, ya que el primero era mucho más productivo y más rentable. El crecimiento de este negocio estuvo íntimamente unido al desarrollo de la figura de la propiedad horizontal que, si bien era ya contemplada en el Código Civil (art. 396), no adquirió la mayoría de edad hasta 1960 con la Ley de 21 de julio. Este sistema facilitaba y agilizaba la compra de la vivienda por una capa importante de la población desplazando el sistema de alquiler. Incluso a los antiguos arrendadores se les permitió vender la casa por pisos, eso sí, concediendo el derecho de tanteo a los inquilinos capitalizando la renta al 4,5%. Ciertamente, el precio así calculado era muy inferior al de mercado. No obstante, la mayoría de los propietarios aceptaron este mecanismo como mal menor y para no perder así la totalidad de la inversión.

Había muerto en nuestro país el mercado del alquiler para consagrarse de cara al futuro el sistema de adquisición de la vivienda propia. Desde entonces se puede decir que España se situó a la cabeza de los países europeos respecto al porcentaje de las familias que optaban por la compra en lugar del arrendamiento. Con la democracia se liberalizó el mercado del alquiler, incluso pasándose de rosca en algunos momentos, como en 1985 con el llamado decreto Boyer, que dejaba la duración del contrato a la libre decisión de las partes y eliminaba la prórroga forzosa; la pauta general pasó a ser la renovación anual, dando así al arrendador la oportunidad de variar el precio del alquiler todos los años. El resultado fue el contrario del pretendido, puesto que se dejó en una gran indefensión a los inquilinos, reforzando la tendencia de que optasen por la compra todos aquellos que tenían alguna posibilidad.

A partir de ese momento, han sido muchos los intentos para reconstruir un mercado del alquiler, elemento fundamental para dar solución al problema de la vivienda, pero todos ellos han tenido poco éxito ya que han incidido siempre sobre factores no sustanciales y, a menudo, con una orientación equivocada. Las actuaciones dirigidas a potenciar el mercado del alquiler deberían comenzar por analizarlo y detectar los factores que inciden sobre la oferta y la demanda.

Comencemos por la demanda. Los intereses de las entidades financieras, unidos a las tasas de inflación, han propiciado y popularizado las hipotecas, haciendo creer a muchos que la compra entraba dentro de sus posibilidades y extendiendo la idea de que el alquiler era tirar el dinero. La consecuencia de esta política se ha visto en la actual crisis, con cientos de miles de insolventes.

El sector público ha sido también responsable de la reducción de la demanda en el mercado de alquiler, ya que los incentivos fiscales a la vivienda se han canalizado en su mayoría a la compra, mediante una deducción fiscal, lo que constituye la peor fórmula posible por varios motivos. El primero, porque hace relativamente fácil el fraude. La administración tributaria resulta incapaz de controlar, por simples procedimientos de gestión, si se cumplen todos los requisitos exigidos en la ley; por cierto, bastante alambicados. Como mucho, en todo caso se comprueba la veracidad de la hipoteca y de la anualidad pagada del préstamo. Solo si el contribuyente sufriese una inspección, probabilidad muy remota, se examinaría exhaustivamente que la deducción se adecua a la ley en todos sus aspectos.

Segundo, porque el procedimiento es totalmente regresivo, empezando porque excluye de la ayuda a los ciudadanos de menores ingresos, los exentos del IRPF. También quedan descartados todos aquellos que carecen de la capacidad económica necesaria para adquirir una vivienda. Y para los que sí pueden acogerse a ella, la cuantía de la ayuda está en consonancia con el precio de la vivienda. Es más, hasta 1998 se mantuvo una normativa radicalmente injusta. Los intereses de la hipoteca se deducían de la base imponible del impuesto, no de la cuota, con lo que era el tipo marginal el que entraba en juego y, por lo tanto, la cuantía del beneficio que recibía el contribuyente era tanto más elevada cuanto mayor era su renta.

Si los ingentes recursos públicos destinados a incentivar la compra de viviendas, ayudando en muchos casos a quien no lo necesitaba, se hubiesen dedicado a estimular la vivienda en alquiler, muy posiblemente la demanda en este mercado habría alcanzado un volumen mayor.

Desde el punto de vista de la ampliación de la oferta, el primer factor negativo ha sido el comportamiento del sector público, que para paliar la insuficiencia de vivienda que presentan las capas más bajas de la población, optó por la modalidad de venta (viviendas de protección oficial) frente a la de facilitar viviendas en alquiler, que tiene sin duda claras ventajas frente a la primera. Por muy barata que sea la vivienda, la compra no está al alcance de los ciudadanos pertenecientes a los estratos más necesitados de la sociedad. Se han dado muchos casos en los que alguien después de ser agraciado con un piso de protección oficial ha tenido que renunciar a él por carecer de capacidad económica para abonar el precio. La previsión constitucional no sostiene que todo español tiene derecho a tener una casa en propiedad, sino a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por otra parte, el estado de necesidad no es igual a lo largo de toda la vida. En muchos casos, especialmente en el de los jóvenes, la falta de medios económicos es provisional, durante un cierto periodo de tiempo. No tiene sentido, por tanto, que la protección pública sea para toda la vida, situación que se produce cuando se concede en propiedad un piso de protección oficial. No es infrecuente que el beneficiado, con el tiempo, al cambiar de situación económica, quiera cambiar también de vivienda, y termine vendiendo el piso subvencionado, obteniendo de esta forma un beneficio que no le correspondería.

No hay duda de que para que el mercado de alquiler funcione es imprescindible conseguir que la oferta sea suficientemente amplia y en ese cometido el sector público asume un papel importante; pero no es suficiente, resulta imprescindible la colaboración del sector privado. El Estado puede lograr que inversiones importantes se canalicen a la construcción de viviendas destinadas al alquiler, pero esto será siempre un porcentaje reducido en este mercado, en el que la oferta está totalmente fragmentada. En general, las viviendas que se alquilan, y las que están vacías y son potencialmente arrendables, pertenecen a personas y familias de clase media que en su mayoría alquilan un piso, todo lo más, dos. Es importante conocer la psicología de este grupo social y saber cuáles son los estímulos por los que se mueven.

Si algo caracteriza a este colectivo es su conservadurismo en materia económica y su predisposición a no asumir riesgos en su patrimonio. De ahí que el factor más decisivo para que se inclinen por no arrendar y mantener el piso vacío es el miedo a la morosidad y a no poder desalojar al inquilino en caso de incumplimiento o a verse inmersos en un proceso judicial para el que no están acostumbrados ni preparados, además del riesgo de que cuando el piso se recupere este haya sufrido importantes desperfectos. El anatema con que una parte de la sociedad ha calificado el desahucio no ha colaborado mucho a infundir confianza. Quizas no se ha sabido distinguir bien entre las distintas clases de desahucios.

El porcentaje de población que en España vive de alquiler se ha elevado sustancialmente con la crisis económica (20%); así y todo, estamos muy lejos del porcentaje de los países similares al nuestro, dentro de la UE. Francia, por ejemplo, se sitúa en el 37%, y Alemania en el 50%. Solo los países provenientes del bloque del Este, debido al régimen económico del que partían, nos superan en el porcentaje de vivienda en propiedad. Nadie parece discutir la importancia, tanto desde el punto de vista social como desde el económico, de un buen funcionamiento del mercado de alquiler, pero para ello hay que ampliar tanto la oferta como la demanda, hacer más ancho el mercado.

Para evitar niveles de precios inadecuados, el Estado debería incrementar la oferta introduciendo en el mercado un nivel importante de casas de protección pública dadas en arriendo. En ese sentido, hay que congratularse del anuncio del ministro de Fomento de promocionar 20.000 viviendas en alquiler; eso sí, siempre que no sea uno de tantos brindis al sol que realiza este Gobierno de cara a la próxima campaña electoral, pero sin ninguna realidad o consistencia. El Estado tendrá que incentivar también la posible oferta de los miles y miles de pequeños propietarios que prefieren mantener las casas vacías y no habrá mejor forma de incentivarles que introducir mecanismo que disminuyan el riesgo para ellos de posibles incumplimientos del contrato por parte del inquilino. El gobierno de turno, sobre todo, tendrá que tener cuidado en evitar aprobar determinadas medidas coactivas que lejos de ampliar la oferta la reduzcan aún más y hagan salir del mercado a muchos de los que en estos momentos están en él. Es importante sacar las debidas lecciones de la Historia.

republica.com 20-9-2018

Como es sabido, el 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña, en una sesión en extremo insólita (se ausentaron de la Cámara Ciudadanos, PP y PSC), aprobaba la declaración unilateral de independencia, que tan solo fue leída por la presidenta de la mesa sin intervención de miembro alguno del Govern. Pocas horas después, Rajoy anunciaba la entrada en vigor en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, con un punto sorpresa, el de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre siguiente. En una tribuna dedicada a analizar la problemática del citado artículo y publicada en este mismo diario digital el 2 de noviembre, señalaba yo los riesgos que podían derivarse de esa convocatoria tan apresurada:

«Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla… La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema… Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas… Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo… Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir de nuevo estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias, y si los resultados son los mismos, de que retornemos al principio».

Por desgracia, los pronósticos se cumplieron. Los partidos independentistas, aunque perdieron en votos, ganaron en escaños (cosas de la ley electoral) y eso fue suficiente para que les faltase tiempo para interpretar en clave plebiscitaria que los comicios les habían dado la razón, lo que transmitía los peores augurios para el futuro. Unos días después de las elecciones (el 28 de diciembre) me preguntaba de nuevo desde este mismo diario ¿y ahora, qué? y manifestaba mi creencia de que se iban a producir múltiples contradicciones y situaciones caóticas:

«Lo cierto es que el hecho de haber convocado con tanta premura las elecciones nos adentra en una situación kafkiana, difícil de asimilar. Quiérase o no, se van a entremezclar los sucesos políticos y los judiciales… Nadie discute que los jueces deben actuar con criterios estrictamente jurídicos y al margen de cualquier suceso político. Los votos pueden lavar en todo caso la responsabilidad política, pero nunca la penal. No obstante, eso no es óbice para admitir que la situación va a ser en extremo complicada y que los sediciosos van a querer utilizar los resultados electorales para librarse de las condenas…».

Todo esto era previsible, así como que se entablaba una partida de ajedrez sumamente compleja; lo que no estaba previsto es que uno de los jugadores a mitad de la partida se cambiase de bando y además se llevase las fichas y el tablero. La actitud saltimbanqui de Sánchez, que a los tres días de llamar xenófobo a Torra se apoya en los golpistas para llegar al gobierno, crea un escenario tan sumamente distorsionado que nada es lo que parece y se pueden producir las mayores incongruencias, comenzando por la mayor de ellas, la de estar obligados a preguntarnos ante cada acontecimiento en qué bando están situados Sánchez y su Ejecutivo. En el tema de Cataluña todas sus posturas han pasado a ser sospechosas, al tener que apoyarse en los sediciosos para mantenerse en el poder y para dar cualquier paso en sus actuaciones de gobierno.

De ahí en adelante, lo que se quiera. Llevamos tres meses de desatinos. Los golpistas, custodiados en las cárceles que dirigen los golpistas; el representante del Estado en Cataluña que afirma que hay que destruir el Estado, y que pretende vetar la presencia del jefe del Estado en Cataluña; golpistas huidos que cobran un sueldo del erario público; Ayuntamientos e instituciones haciendo proclamas públicas a favor del golpe y colocando todo tipo de señales con claro sentido denigratorio del Estado; la policía que actúa con total pasividad frente a los que ponen lazos insultando a España, pero identifican y confiscan el material a los que se deciden a quitarlos. Podríamos continuar con la relación, pero todo esto es de sobra conocido y nos quedaríamos siempre cortos.

No obstante, se ha producido un acontecimiento que, por su extrema trascendencia y por las consecuencias que puede tener de cara al futuro, hay que situar en primer plano. Me refiero a la demanda judicial en Bélgica contra el juez Llarena y todo lo que la ha rodeado. No insistiré en el comportamiento anormal de la justicia belga dando curso a una demanda civil que no tiene ni pies ni cabeza, presentada por unos ciudadanos “españoles” prófugos de la justicia “española” que aparentemente denuncia a un magistrado del Tribunal Supremo de “España”, casualmente el que le está juzgando en un proceso penal, pero que en realidad es un panfleto contra el Estado “español”, que se supone miembro de la UE. ¿Qué pinta la justicia belga en todo esto? En Bélgica todo es posible, y en la UE también. ¿Pero cómo quieren que no se incremente el euroescepticismo?

Pero más allá de Bélgica y de la UE, la profunda gravedad del tema reside en la reacción del Gobierno y, por qué no decirlo, también de la formación política Podemos. El Consejo del Poder Judicial (CPJ), como no podría ser de otra forma, concedió amparo al juez Llarena, en un escrito sumamente duro en el que mantiene que la denuncia presentada tiene como único fin condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales. Considera difícil que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español y añade que cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho. El CPJ comunicó su escrito a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia “para que adoptasen las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

Es difícil pronunciarse acerca del celo que el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya tomado en el empeño (el mundo diplomático siempre es recóndito y difícil de descifrar), pero lo que sí se sabe es que la eficacia conseguida frente al Gobierno belga ha sido más bien escasa, por no decir nula, lo que puede ser un toque de atención para todos aquellos entre nuestros gobernantes que van jactándose de ocupar un puesto muy relevante en el ámbito europeo. Lo que, sin embargo, sí ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la postura adoptada por el Ministerio de Justicia que, mediante un comunicado, se desentendía de la defensa del juez Llarena, con la excusa de que la demanda se dirigía contra manifestaciones privadas del magistrado.

La ministra, incomprensiblemente, caía en la trampa urdida por los golpistas que, para atacar al Estado español y negar su carácter democrático y de derecho, se valían de una triquiñuela jurídica, demandando civilmente al juez español. Es evidente que a quien se demanda no es a Pablo Llarena, ciudadano, sino a Llarena, magistrado del Supremo e instructor de la causa que se sigue contra los golpistas. Es incuestionable que solo así, en su calidad de magistrado, el juez Llarena podría haber infligido el daño que se le atribuye sobre el honor, sobre la integridad moral y sobre el fundamento de la acción política de los demandantes. Las manifestaciones de Llarena a los medios de comunicación del 22 de febrero pasado en Oviedo se citan en la demanda tan solo como coartada y como ejemplo de la falta de imparcialidad del juez, pero esa falta de imparcialidad, suponiendo que la hubiese habido, poca importancia podría tener si Llarena fuese tan solo Pablo Llarena y no magistrado del Supremo, o no estuviese llevando la instrucción de los golpistas. Las palabras del juez, aun trastocadas de forma torticera, eran de lo más inocuo. ¿Se podría esperar que afirmase que en España había presos políticos?

Es más, dado que, en España, digan lo que digan los sediciosos, el Estado de derecho es en extremo garantista y existen infinidad de recursos, recursos cuya totalidad han ido utilizando y perdiendo los sediciosos, el juez Llarena solo podría haber cometido las felonías de que se le acusa contando con la complicidad de la Fiscalía y de todo el Tribunal Supremo. Se precisaba, por tanto, elevar el tiro por encima del magistrado y acusar a todo el sistema judicial y al Estado, presentándolo como no democrático y violador de los derechos fundamentales. La demanda es casi un panfleto que no escatima insultos y descalificaciones sobre el Estado español, hasta el punto de compararlo con Kazajstán. Hemos llegado al verdadero quid de la cuestión, la intención de los sediciosos es la de utilizar a la justicia belga para montar una farsa que desprestigie y desacredite internacionalmente a la democracia española. Lo indignante es que la justicia belga entre en el juego, y más irritante aún que la ministra, no se sabe con qué intenciones, minimizase el tema y lo quisiera convertir en un asunto privado del juez Llanera. Es el Estado, estúpidos, es el Estado.

El intolerable comportamiento de la ministra no se puede atribuir a la ignorancia, ya que contaba sobre su mesa con dos informes, uno de la Abogacía del Estado de su propio departamento y otro de la Abogacía General del Estado (antiguamente, Dirección General de lo Contencioso), y ambos dejaban perfectamente clara la intención de la demanda y la necesidad de que el Estado se personase no solo en defensa del Estado español, sino del juez Llarena, porque resultaba imposible separar una de la otra. Especial importancia reviste el informe de la Abogacía General del Estado, ya que la competencia de este órgano, al igual que la de la Intervención General del Estado, trasciende el ámbito de un ministerio para insertarse en el de la totalidad del Gobierno. En escasas ocasiones un ministro se ha atrevido a actuar contradiciendo un dictamen de la Abogacía General del Estado. El sectarismo de la ministra ha llegado hasta el extremo de indignarse porque tales informes se habían filtrado e iniciar una verdadera caza de brujas, sin percatarse de que tales documentos deben ser públicos y conocidos.

No es extraño, por tanto, que la decisión de la ministra incendiase a la totalidad del mundo judicial. Jueces y fiscales mostraron por todos los medios su disconformidad y descontento. Esta movilización se debe, sí, al convencimiento de que la defensa del Estado español exigía la defensa del magistrado, pero también a una razón práctica de justicia. La decisión del Ministerio representaba un antecedente muy peligroso. Cualquier delincuente a partir de ese momento, para defenderse, podría actuar judicialmente contra jueces y fiscales y estos en su ejercicio como servidores públicos no contarían para su defensa con el apoyo del Estado. En el extremo, esta situación de indefensión podría influir en la independencia judicial. Es más, de alguna manera es posible que la intranquilidad se extienda a otros colectivos de funcionarios como inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, etc.

Ante el incendio producido, la vicepresidenta asumió el puesto de bombero que, como es habitual y nos tiene acostumbrados desde su época de ministra con Zapatero, empeoró la situación al intentar solucionar el entuerto. Afirmó que la defensa del juez Llarena no correspondía al Gobierno, sino al CPJ, ignorando que existía un convenio firmado con este órgano constitucional por el que el Gobierno se hacía responsable, mediante la Abogacía del Estado, de la defensa de los jueces.

Al final, el Gobierno ha tenido que corregirse a sí mismo y prometer que va a defender con todos sus medios al juez y al Estado, pero la rectificación no aleja las preguntas ni las sospechas. ¿Cuál ha sido la razón de un comportamiento tan sectario del Gobierno? La versión más inocua sería pensar que obedece a los rencores personales de la ministra contra el Supremo, derivados de su amistad con el juez Garzón. Desde luego, ciertas actuaciones posteriores, como dar a conocer el contrato firmado con el despacho de abogados encargados de la defensa en Bélgica, así como su importe, haciendo pasar lo que era una provisión de fondos por un precio definitivo, y lo que va orientado a proteger en el extranjero los derechos y la soberanía del Estado español por el precio de la defensa de LLarena, dan lugar a ello. Parece bastante claro que la ministra pretendía alentar las críticas y exabruptos de los demagogos, aquellos que actúan como si fueran la sucursal de los golpistas en el resto de España.

Pero puede haber una versión más preocupante. La intención del Gobierno de ir preparando el camino para un cambio de rumbo en el proceso, mediante la corrección en las calificaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Habrá quien afirme que esto es pensar tendenciosamente, pero también dijeron en su momento que Sánchez no llegaría jamás al Gobierno con el apoyo de los independentistas (entonces aún no eran golpistas), pero llegar, ha llegado, y se mantiene gracias a ellos.

republica.com 13-9-2018