ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Hace más de un mes que la OCDE presentó su informe económico sobre España. La proliferación de acontecimientos a los que dedicar este artículo semanal, me ha hecho postergar el tema hasta el momento actual. Los informes de los organismos internacionales son tediosos porque suelen repetir siempre los mismos argumentos e idénticas recetas. En este caso, sin embargo, hay un aspecto que me ha llamado la atención, y que creo merece la pena comentar.

El informe considera que la división autonómica en nuestro país es un grave obstáculo para el crecimiento económico y la igualdad. España está situada entre aquellos países de la Organización en los que el gasto público está más descentralizado, por encima incluso de los Estados cuya Constitución es federal. La segmentación del mercado y la heterogeneidad de la normativa en cada una de las regiones dificultan la actividad económica y empresarial. Se producen profundas diferencias entre las Comunidades Autónomas en casi todas las variables: renta, productividad, innovación, etc. La dispersión regional en la tasa de pobreza es también muy elevada. Solo Italia se sitúa por encima. El desempleo, el abandono escolar, incluso la salud, se distribuyen así mismo de manera muy desigual entre las regiones.

El informe presta especial atención a la disparidad en los ingresos. La falta de homogeneidad territorial en materia tributaria, amén de ser injusta para los ciudadanos que sufren distinta presión fiscal en función de su domicilio, fragmenta el mercado, reduciendo la productividad y, por ende, convirtiéndose en un obstáculo al crecimiento. La diversidad en la normativa fiscal tiene además otro efecto negativo, el establecer una competencia desleal entre las regiones. Se produce una suerte de carrera para ver cuál es la Comunidad que reduce más la tributación, con lo que el sistema fiscal caerá por una especie de pendiente en el deterioro de la progresividad y de la suficiencia. Es el mismo fenómeno que se produce en Europa en ausencia de normalización fiscal, solo que en el ámbito regional origina un efecto mucho más negativo que entre Estados.

La OCDE nos dice también que las Comunidades Autónomas difieren considerablemente en su capacidad de desarrollar, captar y retener trabajadores cualificados. A su vez, la emigración interregional es muy baja y considerablemente inferior a la media de los países miembros. Muchas de los servicios y prestaciones y sociales están transferidos a las Comunidades Autónomas, que ponen múltiples trabas a su portabilidad de una región a otra.

Ciertamente todas estas cosas ya las conocíamos, pero siempre viene bien que nos las recuerde un organismo internacional, pues no sé por qué, todo el mundo les concede un plus de credibilidad. Pero es que, además, a ese listado podríamos añadir toda otra serie de resultados, quizás no tan evidentes, pero igual o más perjudiciales. Por ejemplo, el papel que las Comunidades Autónomas han desempeñado en la corrupción o en el fracaso de las Cajas de Ahorro o en los errores cometidos en la planificación del gasto público.

No se ha señalado suficientemente cómo la corrupción se ha concentrado en buena medida en las Comunidades Autónomas. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Valencia y Madrid y un largo etcétera, los escándalos más llamativos y graves de malversación de fondos públicos se han producido en las administraciones autonómicas. La organización territorial también ha tenido mucho que ver a la hora de planificar las inversiones públicas. Muy a menudo, las decisiones, lejos de obedecer a criterios económicos y de eficacia, se han tomado en función del poder político con el que cuenta la clase dirigente de la respectiva Autonomía. Caso típico ha sido el trazado del AVE, que cada Consejo de Gobierno pretendía que pasase por todas las provincias de su Comunidad.

Especial mención hay que hacer de la crisis de las cajas de ahorro. Se ha interpretado como el fracaso de la banca pública, y ciertamente es posible que esta coyuntura haya creado las condiciones precisas para imposibilitar durante mucho tiempo la existencia en España de entidades financieras públicas. Sin embargo, las cajas de ahorro no pertenecían al sector público. Tampoco al sector privado. Tenían una situación jurídica muy sui géneris. Podríamos afirmar que se insertaban en el ámbito político, puesto que sus consejos de administración estaban formados por políticos de todos los partidos y tendencias pertenecientes a las órbitas regionales y locales.

Fue mi primera desilusión con el PSOE. Recuerdo que allá por el año 1983. El partido socialista acababa de llegar al gobierno, se estaba elaborando la ley de cajas que se terminaría aprobando en 1985. No entendía por qué no se aprovechaba la ocasión para fusionar todas las cajas de ahorro y constituir un potente holding financiero público que sirviese de contrapeso a las entidades privadas. Así se lo hice notar a algunos de mis amigos que en esos momentos estaban redactando el proyecto. Como es bien sabido, la decisión tomada fue otra muy distinta. Se mantuvo la independencia de cada una de las entidades, entregando su control a la clase política (de uno u otro signo) de las correspondientes regiones, sin someterlo a ninguno de los controles y requisitos de las entidades públicas. El resultado ha sido palmario.

Ciertamente, la OCDE en el informe elude condenar la organización territorial de España. No sería políticamente correcta la intromisión de un organismo internacional en la estructura política de un Estado miembro; es por ello por lo que el informe se apresura a afirmar que el origen del mal no radica en la existencia de las Comunidades Autónomas, sino en la falta de cooperación entre ellas. Mantiene que las Autonomías, lejos de ayudarse unas a otras y de colaborar transmitiéndose sus propias experiencias, se enfrascan en una lucha fratricida en las que todas salen perdiendo, aunque unas más que otras.

La postura de la OCDE, aunque comprensible, no deja de ser ingenua. El Estado de las Autonomías no es una mera descentralización administrativa, sino política, lo que hace difícil, casi imposible, cualquier armonización y dirección por parte del Gobierno central. Además, España, aun cuando los nacionalistas digan lo contrario, no tiene ninguna experiencia en organización federal. El Estado de las Autonomías es una estructura artificialmente creada, basada no en una fuerza centrípeta que impulsa a Estados independientes a integrarse en una unidad política superior, sino en una fuerza centrífuga que de un Estado unitario pretende extraer diversas regiones para constituir unidades políticas que reclaman cada vez y sin límite más y más competencias. Pretender la colaboración mutua es un espejismo, ya que replican entre ellas los mismos enfrentamientos que mantienen las formaciones políticas que gobiernan en cada una.

Los partidos nacionalistas convertidos en bisagra, gracias a una ley electoral que les concede una representación en el Congreso mayor de la que les correspondería proporcionalmente por los votos que obtienen, han ido consiguiendo a lo largo de los años toda clase de prebendas y beneficios, amén de más y más autonomía. Lo grave es que sus aspiraciones no tienen fin, como no sea la independencia. El resultado ha sido incrementar progresivamente la desigualdad regional y llegar al extremo de que los nacionalistas renieguen de la Constitución y consideren que la soberanía no se encuentra en la totalidad de la población española, sino en cada una de las Comunidades Autónomas.

El obrar sigue al ser. Es difícil, por tanto, que con estos palos se puedan construir otros sombrajos distintos a los levantados. No parece demasiado factible que se puedan corregir los muchos males que la OCDE señala, derivados de la fragmentación territorial, manteniendo la estructura autonómica actual. La eliminación de todas estas lacras indicadas en el informe exige no un cambio puramente cosmético o el ingenuo voluntarismo de pensar que las oligarquías autonómicas van actuar de otra manera, se precisa un cambio en profundidad de la organización regional.

Hoy, la crítica al Estado de las Autonomías pertenece al ámbito de lo políticamente incorrecto. Está proscrita. Es sabido que existen ya muchos intereses creados, lo que hace muy difícil cualquier cambio, pero ello no justifica anatematizar todo discurso que lo impugne o que lo enjuicie poniendo sobre la mesa los efectos negativos que ha producido. Este tema, junto con la condena de cualquier cuestionamiento de la Unión Monetaria, es un buen ejemplo de la dictadura de lo políticamente correcto, de esa nueva inquisición que se ha creado y que no está dispuesta a permitir la menor desaprobación de una serie de realidades establecidas por ella como verdades inmutables. Esta violación de la libertad de expresión en aras de la supremacía de un relato impuesto por la fuerza merecería un tiempo de reflexión y quizás un futuro artículo.

A pesar de esta práctica unanimidad política y mediática a favor del Estado autonómico y de las continuas proclamas acerca de las bondades y múltiples beneficios que se han seguido de la descentralización política, la opinión pública permanece reacia y no se ha logrado reproducir en los ciudadanos el general beneplácito que sí existe en el discurso oficial. Según el CIS anterior a Tezanos, solo el 25% de los españoles se inclinan por incrementar la autonomía regional frente al 30% que se decanta a favor de un Estado más centralizado que el actual. El 37% se pronuncia por dejar las cosas tal como están, lo que es bastante coherente con cierto conservadurismo popular al que le aterran los cambios. Pedro Sánchez, Iceta, y en general todos los que están empeñados en reformar la Constitución para dar más competencias a las Comunidades Autónomas, harían bien en rumiar estos datos.

Todo discurso que cuestione o critique el Estado de las Autonomías recibe el calificativo de reaccionario o propio de la ultraderecha, cuando la mayoría de las veces los motivos y argumentos para la crítica deberían surgir más de las preocupaciones y de los valores de la izquierda. En el extremo, por ejemplo, en Cataluña, un amplio espectro de la población llega a considerar únicamente como democráticas las decisiones que salen de los órganos políticos autonómicos y no estiman a las instituciones nacionales como representativas de todos los ciudadanos, también de los catalanes. En este sentido, hay un relato torticero que juzga que la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución de manera indefinida hasta la restauración de la normalidad significa la liquidación del sistema democrático. Emplean el argumento de que el independentismo ganó las elecciones del 21 de diciembre del año pasado. Lo cual es verdad, pero lo que no se tiene en cuenta es que la victoria en unos comicios autonómicos concede el derecho exclusivamente a regir una Comunidad de acuerdo con la Constitución y nunca a rebelarse contra esa misma Carta Magna.

Es la propia Constitución la que en su artículo 155 mandata al Gobierno central a que asuma las competencias de una administración autonómica cuando esta incumpla sus funciones. Lo que subyace detrás de la condena de su aplicación es la creencia de que las Autonomías son un requisito imprescindible para calificar a un Estado de democrático, como si un régimen centralista o jacobino como el de Francia no pudiese serlo tanto o más.

Pablo Iglesias, para disculpar la errática y equivocada política que ha impuesto a Podemos con respecto al nacionalismo, ha acuñado la frase «Patriotismo de las cosas de comer». Pretende dar a entender que la postura que se adopte en materia territorial no tiene nada que ver con los derechos sociales y económicos. Que no hay ninguna contradicción en defender a los golpistas de Cataluña y el derecho de la autodeterminación de todas las regiones españolas con ser de izquierdas y perseguir una distribución más justa de la renta y de la riqueza. Pero lo cierto es que la OCDE en su informe viene a confirmar algo que, por supuesto, sabíamos, que la organización territorial que se adopte sí tiene que ver y mucho con el crecimiento y sobre todo con la desigualdad, en primer lugar, regional, pero en segundo lugar, personal, porque la una influye en la otra.

En la España del siglo XXI al Estado social le acechan dos grandes peligros, la Unión Monetaria y la disgregación territorial. Ambas realidades debilitan al Estado, al poder político frente al económico. Ambas propician la desigualdad social. En una economía de mercado solo el sector público puede corregir los vicios y los defectos en la distribución de la renta que originan la oferta y la demanda. Todo lo que disminuye su fuerza y competencias suele colaborar al menoscabo de la equidad social y de la economía del bienestar. Resulta difícil aceptar que sea posible compaginar una posición de izquierdas con defender la desigualdad de los ciudadanos en función de la región en la que estén domiciliados y respaldar a partidos supremacistas que aspiran a incrementar la diferencia en bienestar e ingresos entre las regiones ricas y las de menor renta.

republica.com 28-12-2018

El premio Nobel Paul Krugman ha sido uno de los economistas más lúcidos a la hora de enjuiciar la Unión Monetaria Europea, uno de sus principales críticos. Ha denunciado la profunda contradicción existente en el hecho de que un grupo de países adopten una única moneda sin aunar al mismo tiempo las finanzas públicas. Ante las graves dificultades en las que hace unos años se vio inmerso el euro -hasta el punto de que parecía imposible su subsistencia-, Krugman planteaba para superar la situación, amén de la actuación totalmente ineludible del BCE en los mercados, dos alternativas: la primera, la implementación de una política expansiva por parte de los países acreedores; la segunda, lo que se ha dado en llamar una devaluación interior en los países deficitarios.

Era obvio que los países con superávit exterior como Alemania no estaban dispuestos a instrumentar una política expansiva ni había nada en los Tratados que los obligase a ello. A su vez, parecía que los ajustes y penalidades a que había de someterse a los países deudores serían difícilmente asumibles por los ciudadanos. Se pronosticaba, por tanto, una vida corta al euro. El mismo Krugman, años después, confesaba haberse equivocado ya que, según decía, había infravalorado la capacidad de sufrimiento y tolerancia de las poblaciones europeas de las naciones deficitarias.

No estoy nada seguro de que Krugman y todos los que pensamos que la Unión Monetaria no tenía futuro estuviésemos equivocados. Las contradicciones permanecen y todo indica que, antes o después, se producirá la ruptura. Es verdad que la actuación del BCE y las deflaciones competitivas adoptadas por los países deudores, especialmente por Grecia, Portugal, España e Irlanda han logrado alejar por ahora los nubarrones que se cernían sobre el euro. Estos cuatro países han conseguido cerrar la desmedida brecha que en 2008 constituían sus déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos (15,8%, 12,6%, 9,2% y 6,3% del PIB, respectivamente), causa de su fuerte endeudamiento exterior y por lo tanto origen de su vulnerabilidad económica. Pero, por el contrario, los países acreedores han continuado manteniendo su voluminoso superávit en balanza por cuenta corriente, incluso lo han incrementado, como en el caso de Alemania, que ha pasado del 5,6% del PIB en 2008 al 8% actual. Luego, de alguna forma, la anormalidad permanece.

Por el momento ha desaparecido el peligro, pero ha sido a costa de someter a las clases medias y bajas a sacrificios ingentes, y no existe garantía alguna de que no surjan de nuevo crisis similares a la anterior, ya que no se ha solucionado el verdadero problema: la existencia de una unión monetaria sin integración fiscal. Es muy dudoso que en el caso de aparecer nuevos choques asimétricos las poblaciones estuviesen dispuestas a soportar ajustes equivalentes a los que han sufrido en esta ocasión. Las dificultades serían mayores, en la medida en la que la capacidad de amortiguar los impactos se ha reducido. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento de la gran mayoría de países del Sur está muy por encima del que mantenían en 2008.

El caso de Italia y de Francia ha sido diferente al de los cuatro países mencionados al inicio. La resistencia a tolerar los ajustes ha sido mucho mayor y la capacidad de las instituciones europeas para imponerlos, más reducida. En Italia, tras múltiples intentos de reformas en buena medida fracasados, el Gobierno está en manos de dos formaciones políticas que a menudo se han posicionado como euroescépticas y que están dispuestas a retar a la Comisión con su política presupuestaria.

Hollande en Francia tampoco tuvo mucho éxito en implantar las medidas que le exigían desde Bruselas y Frankfurt. Es más, el intento le costó a él la presidencia de la República y al partido socialista francés ser postergado a un puesto marginal en el espacio político. El descontento social fue el que introdujo a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, en consecuencia, convirtió a Macron en presidente de la República, al aunar todos los votos contrarios a Agrupación Nacional.

Macron, en un exceso de petulancia y autosuficiencia, creyó que era capaz de conseguir lo que su antecesor no pudo. Su estrategia pasaba por lograr un pacto con Merkel. A cambio de aplicar en Francia las reformas que desde Europa se le venían exigiendo, reclamaba a Alemania y a los países del Norte avances sustanciales en la integración de la Eurozona. Lo cierto es que comenzó a implantar las medidas prometidas, entre ellas una reforma laboral similar a la que Rajoy había aprobado en España. Y, sin embargo, Merkel se limitó a darle buenas palabras sin comprometerse a nada en concreto. De hecho, la totalidad de las reivindicaciones europeas planteadas por Macron están inéditas y así seguirán indefinidamente; por supuesto la creación de un presupuesto común para la Eurozona, pero también parece descartable la creación de un seguro de desempleo europeo o la de un fondo de garantía de depósitos unitario.

Por si había alguna duda, ha quedado despejada en el Consejo Europeo del pasado fin de semana. Toda la reforma a la que parecen estar dispuestos Alemania y el resto de los países del Norte es la modificación casi cosmética del MEDE y un cierto avance de la Unión Bancaria, sin demasiada concreción, ampliando tan solo la capacidad de actuación del Fondo Único de Resolución Bancaria, pero por supuesto, sin que implique mutualización de costes. La Unión Bancaria se ha convertido en una historia interminable. Seis años más tarde de su aprobación solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias.

Total, que Macron no ha logrado casi nada de la Unión Europea, pero sí ha aplicado en su país buena parte de las reformas reclamadas. Quizás ahí se encuentre la explicación de la enorme pérdida de popularidad que el presidente de la República ha sufrido y de la revuelta de los chalecos amarillos, que estos últimos días están arrasando toda Francia. Han hecho capitular al Gobierno no solo desdiciéndose y dejando sin valor la tasa anunciada sobre el gasóleo, que fue el fogonazo que prendió la mecha de la contestación, sino también teniendo que hacer concesiones adicionales, tales como la subida del salario mínimo o desgravaciones fiscales y mayores gastos que van a tener, según parece, un coste de 10.000 millones de euros. El déficit puede situarse por encima del 3,5% del PIB, con lo que Francia entraría en la zona de vigilancia por parte de las instituciones europeas.

La realidad está sobrepasando a la Unión Europea. Los tres países mayores y más importantes de la Eurozona, después de Alemania, van a desafiar, de alguna forma, a Bruselas y a alcanzar déficits superiores a los pactados, aun cuando lo oculten, como en el caso de España, con previsiones incorrectas. Pedro Sánchez va a tener suerte, ya que es previsible que la Comisión termine haciendo la vista gorda ante los desajustes de Francia e Italia y, por lo mismo, de España. Como siempre ocurre en Europa, la realidad se disfrazará de tal manera que parecerá que los tres cumplen, aunque en realidad no lo hagan. Y es que por fuerza la política tiene que imponerse a la economía. Los ciudadanos no entienden de teoría económica, solo de su economía, maltratada por las circunstancias creadas por la Unión Monetaria, y las protestas aparecen por todas las latitudes, aunque con pelajes diferentes.

Pero cuando un país no es soberano (como les ocurre a los de la Eurozona), las restricciones económicas existen. Lo de menos es lo que imponga o no imponga la Comisión, lo importante son las condiciones que rodean a cada Estado. Una política económica expansiva por parte de los países acreedores se debe y puede hacerse (el problema es que no quieren). Lo que no es seguro es que sea conveniente y posible para los estados del Sur. Los tres países citados presentan un stock elevado de deuda pública: Francia y España, alrededor del 100% del PIB, e Italia a la cabeza con el 130%. Una variable crucial es el saldo en la balanza por cuenta corriente. Francia mantiene aún un déficit del 3%, con lo que año tras año incrementa su endeudamiento exterior. Tanto Italia como España en estos momentos presentan saldos positivos, pero ¿durante cuánto tiempo podrán mantenerlos con una política expansiva si la economía mundial y más concretamente la europea se desacelera? Por último, los tres países presentan elevadas cifras de desempleo. Francia e Italia alrededor del 10% de la población activa; España a la cabeza con el 15%. El contraste con Alemania donde la tasa de paro se sitúa en el 3,4%, es evidente.

Macron, para desactivar a los chalecos amarillos, ha prometido subir el salario mínimo interprofesional 100 euros mensuales. Pedro Sánchez para contentar a Podemos, el 22%. La subida del salario mínimo en principio no tiene ningún coste sobre el erario público, incluso puede ser que proporcione ingresos adicionales. Es en ese sentido una medida tentadora para un político, ya que el gasto recae sobre los empresarios. Otra cosa es el impacto que la medida pueda tener sobre la economía.

En el caso de España, el FMI se han apresurado a criticarla, juzgando excesivo el incremento que se propone. No hay por qué extrañarse. Estamos acostumbrados a que critiquen toda medida social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que su aprobación hará que en el próximo año se creen 40.000 empleos menos. El Banco de España ha revisado por este motivo sus previsiones de creación de empleo para el próximo año. Soy de los que piensan que los informes del banco emisor suelen obedecer más a motivos ideológicos que a criterios técnicos. Sin embargo, en esta ocasión hay algo que dispara las alertas.

En los dos últimos trimestres el incremento de la productividad ha sido nulo. ¿Qué significa? Pues que una parte importante de los puestos de trabajo que se están creando son empleos basura, de muy baja calidad, en actividades de productividad muy reducida, situación que hace descender la productividad media de todos los puestos de trabajo. Los salarios y las condiciones laborales son, en consonancia, infames. Una subida del salario mínimo interprofesional puede hacer o bien que este tipo de empleos se sumerjan o se escondan bajo la fórmula, por ejemplo, de falsos autónomos, con lo que no se habrá conseguido nada excepto que las cotizaciones sociales se reduzcan, o bien que los empresarios prescindan de ellos, reduciendo, tal como afirman el Banco de España y la AIReF, el número de empleos creados en los próximos años. Bien es verdad que habría que preguntarse si estamos en presencia de verdaderos puestos de trabajo, o si se trata más bien de pseudoempleo, es decir, de ocultación del número de parados bajo la fórmula del falso empleo. Ello cuestiona también el modelo de crecimiento económico seguido en nuestro país.

Existe el peligro de que, dado el estancamiento de la productividad, la subida del salario mínimo interprofesional en un porcentaje tan notable y de golpe pudiese producir la subida generalizada del nivel de salarios y de precios, disparándose el diferencial de inflación con el resto de países, lo que no representaría demasiado problema si se pudiese ajustar vía tipo de cambio, pero al estarnos vedado ese recurso, el resultado sería la consiguiente pérdida de competitividad con el impacto negativo sobre el saldo de la balanza de pagos y el endeudamiento exterior, causa de todos nuestros males en la crisis pasada.

La medida en sí misma rebosa justicia y equidad, pero el carecer de moneda propia nos fuerza a ser precavidos, puesto que en esto como en todo el margen de maniobra se estrecha. Por otra parte, habría que plantearse si la solución no debería ir más bien por la creación de un seguro de desempleo con suficiente extensión y profundidad que impidiese por sí mismo estos empleos basura, ya que nadie estaría dispuesto a ocuparlos, pero que al mismo tiempo no dejase en la miseria a los que hoy, a pesar de todo, los prefieren a la alternativa de no tener nada. Claro que ello implicaría incrementar la presión fiscal, cosa que los políticos rehúyen, o bien que la Unión Monetaria lo fuese realmente y que un seguro de desempleo comunitario sirviese de colchón para amortiguar las desigualdades creadas por la propia moneda única.

republica.com 21-12-2018

Parece que la política se ha convertido en el tablado de los disparates. La lógica ha desaparecido. Las afirmaciones más contradictorias son formuladas con el mayor descaro y sin ningún rubor. Se miente sin recato y, lo que es más preocupante, se supone que todos somos tontos, que no sabemos sumar dos con dos y que no nos vamos a dar cuenta de las enormes incoherencias que se barajan. Las elecciones andaluzas han contagiado de amnesia a todos los sanchistas. Afirman ahora reiteradamente que debe gobernar quien gana las elecciones, como si Pedro Sánchez no hubiese perdido todos los comicios.

El ínclito Ábalos, con la intención de meter el dedo en el ojo a Susana Díaz, vino a decir en rueda de prensa que cuando se perdían las elecciones había que renunciar al liderazgo por el bien del partido; y eso lo aseveraba el valedor de Pedro Sánchez, quien se negó a dimitir después de haber perdido dos veces consecutivas las elecciones generales, cosechando en cada una de ellas un nuevo récord de malos resultados en la historia del Partido Socialista; y dirigía el dardo al PSOE andaluz que, aunque perdiendo muchos escaños, ha sido la fuerza más votada en estos comicios. Bien es verdad que, de acuerdo a lo que nos tienen ya acostumbrados los sanchistas, el ministro de Fomento no ha tenido más remedio que desdecirse, y pretender convencernos de que no había dicho nada de lo que dijo. La postura firme de la hasta ahora presidenta de la Junta de Andalucía, dispuesta a presentar batalla, y el descontento generado dentro del partido han aconsejado a Sánchez y a sus huestes posponer la lucha para más adelante, que no a renunciar a sus objetivos.

El secretario general del PSOE y sus acólitos quieren persuadirse y persuadirnos de que la culpa de la debacle en Andalucía la tienen Susana Diaz y el PSOE andaluz, y aducen para ello que a la dirección regional se le concedió total autonomía para convocar y dirigir las elecciones. No digo yo que parte del fracaso no se deba a los errores y abusos cometidos por el Gobierno de la Junta durante 36 años, pero resulta evidente que en igual o mayor medida ha tenido que ver en el resultado la situación creada en España por el sanchismo y por la moción de censura.

La arrogancia y el fanatismo mostrados por los independentistas catalanes están generando una profunda indignación en toda la sociedad española, que se convierte en enojo y reprobación frente al Gobierno al contemplar la permisividad y las concesiones hechas por Pedro Sánchez con la única finalidad de mantenerse en el poder. Por otra parte, la errática y un tanto demagógica política del presidente del Gobierno en el tema de la migración no ha sido la más adecuada para pacificar y tranquilizar los ánimos en una materia tan sensible para grupos específicos pero numerosos de la población. No tiene nada de extraño que el sanchismo haya sufrido un importante castigo en los primeros comicios que se han celebrado tras su llegada al poder, aunque hayan sido regionales, y constituyen, por tanto, anuncio de lo que puede ocurrir, a pesar de Tezanos, en futuras elecciones.

Hay dos señales bastante claras de que en el resultado en Andalucía ha intervenido en una porción importante la política nacional. La primera consiste en el hecho de que los votos perdidos por el PSOE no se han dirigido a Podemos, como sería lógico si los votantes socialistas hubieran pretendido únicamente castigar al Gobierno de la Junta. Podemos no ha rentabilizado la debacle del PSOE. Todo lo contrario, también ha perdido votos y escaños. Lo que es coherente con el hecho de que la formación morada en el tema catalán y en el de la emigración tiene posturas más extremistas que las del propio Pedro Sánchez.

La segunda es que los malos resultados de las formaciones de izquierdas en las elecciones andaluzas se corresponden con la fulgurante aparición de un partido como VOX, que ha basado toda su campaña no en los temas regionales, sino en la política nacional, haciendo especial hincapié en los temas de Cataluña y de la migración. De ello se ha dado cuenta, aunque tarde, la hasta ahora presidenta de la Junta que ha manifestado, tal vez como contestación y reproche a los sanchistas, que se arrepiente de haber enfocado toda la campaña en clave exclusivamente andaluza.

De la cascada de desatinos no se libra nadie. La propia Susana la misma noche de las elecciones proponía (después ratificada por Ábalos) un cordón sanitario alrededor de VOX. Lo calificaba de partido anticonstitucional y anatematizaba todo posible pacto con esta formación política, incluso el hecho de apoyarse en sus votos para llegar a la presidencia de la Junta. Y esto se defendía desde ese mismo PSOE, cuyo secretario general desertó de los partidos constitucionalistas con el único objetivo de llegar a ser presidente del Gobierno apoyándose en los golpistas, y que no tiene reparo alguno en gobernar con todos aquellos que de una u otra forma ponen en solfa la Constitución.

El culmen del desvarío se encuentra, como casi siempre, en el discurso de la ministra de Justicia. Con todo el descaro, tildó a Vox de partido anticonstitucional mientras negaba tal calificación a los golpistas y a todos aquellos que defienden el derecho de autodeterminación. Da la sensación de que Sánchez, dados su desparpajo y su facilidad para la mentira, la emplea como perro de presa o avanzadilla en el mundo de la incongruencia.

Aciagos tiempos en los que las cosas más evidentes necesitan aclaraciones. Debería aceptarse sin demasiados problemas que ni las personas ni las formaciones políticas pueden ser calificadas de anticonstitucionales por el simple hecho de discrepar de alguna o de muchas disposiciones constitucionales; tampoco incluso porque mantengan entre sus objetivos el modificar la Carta Magna, siempre que el cambio se pretenda hacer por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. De la ley a la ley. De lo contrario, serían muchas las personas y la gran mayoría de los partidos a los que habría que tildar de anticonstitucionales, puesto que al que más y al que menos no le satisface algún aspecto de la Carta Magna y desearía que se cambiase. Bien es verdad que las discrepancias en los elementos a reformar serían numerosas y muy profundas. El mismo presidente del Gobierno demanda con insistencia la modificación de la Constitución, haciendo del cambio una especie de comodín y de amuleto político.

El término anticonstitucional deberíamos reservarlo para los que pretenden cambiar la Constitución prescindiendo de los procedimientos legales que la propia Constitución señala, es decir, desde la fuerza. El calificativo, por tanto, les cuadra a los nacionalistas catalanes no en cuanto independentistas sino en cuanto golpistas. Es su determinación de no respetar la Constitución y de conculcarla prescindiendo de la ley la que les incluye en esta categoría. Incluso, el resto de los socios de Sánchez se mueven en una cierta ambigüedad; al menos, se sitúan en el filo del marco constitucional cuando defienden los referéndums de autodeterminación de las distintas partes de España.

Vox es un partido nuevo que está prácticamente por estrenar. Resulta difícil, por lo tanto, conocer completamente su ideario, pero hasta ahora no parece que tengan intenciones de propiciar un golpe de Estado, lo cual no es poco en unas coordenadas en las que varios partidos ya lo han dado y algunos otros defienden a los golpistas. No se puede decir que sea una formación política anticonstitucional, aun cuando quiera cambiar algunos aspectos de la Carta Magna, por muy importantes que estos sean, siempre que lo pretenda por los cauces legales. En eso no hay mucha diferencia con el presidente del Gobierno. Bien es verdad que las apetencias van en sentido contrario, pero tan legítimas son unas pretensiones como las otras.

Están en contra del Estado de las Autonomías, pero igual que otros muchos españoles, cada vez en mayor número, que lo juzgan el mayor error de la Transición y de nuestra ley fundamental. Puede ser que tengan razón, aunque bien es verdad que su desaparición hoy por hoy es una demanda sin ninguna posibilidad de prosperar, ya que están en juego los muchos intereses de una clase política surgida en cada una de las Comunidades al amparo de la descentralización política y que no está dispuesta a que se modifique el statu quo.

Que yo sepa ni la ley de violencia de género ni la de la memoria histórica están en la Constitución y desde luego no constituyen dogmas de fe que no se puedan cuestionar en algunos de sus planteamientos. En política, tan lícito es defenderlas como criticarlas. Y no pueden servir de excusa para excomulgar a una formación política. En democracia, dentro de la ley, todas las opiniones son respetables, aun cuando se puedan combatir y refutar. Cada partido político puede llevar en su ideario lo que juzgue conveniente. Incluso en España permitimos entrar y permanecer en el juego político a las formaciones que declaran entre sus objetivos la independencia de una parte de España. Otra cosa es si deberíamos admitirlas cuando su programa enuncia claramente su voluntad de delinquir, por ejemplo, de perpetrar un golpe de Estado.

Vox mantiene, a mi entender, muchos planteamientos retrógrados, como ese fundamentalismo religioso que chirría, pero en España el fundamentalismo de toda clase abunda. En materia económica es rabiosamente liberal, pero si fuera por eso casi ningún partido pasaría la criba. Defiende un tipo único en el IRPF, aunque tampoco en ello es original, ya lo propuso el PSOE de Zapatero con Jordi Sevilla y Carlos Sebastián hace bastantes años. Los sanchistas tildan a VOX de extrema derecha, lo que es una obviedad, ya que si nos empeñamos en ordenar el arco político de izquierda a derecha (aunque está bastante complicado, dado el lío existente) alguna formación tendrá que situarse en el extremo de la izquierda y alguna otra en el extremo de la derecha, pero que sean extremos no quiere decir que haya que aislarlos o considerarlos tabú, tal como pretende con todo el descaro el Gobierno con el fin de no perder la Junta de Andalucía. El culmen de la ridiculez y del desatino en ese afán histérico de aislar a VOX llega cuando Susana Díaz afirma que, si no computamos a la extrema derecha, la izquierda ha ganado las elecciones andaluzas. Algún chistoso apostilló, si no se computan las patatas fritas, la hamburguesa, la coca-cola y el helado, hoy he comido ensalada.

El utilizar como modelo a otros países europeos carece de recorrido ya que cada nación tiene sus propias características y hay ejemplos en esto y en todo para los gustos más dispares. En algunos como Alemania se da la gran coalición y aquí Pedro Sánchez ha considerado más ético pactar con los golpistas que con la derecha de Rajoy, aunque, según aparece ahora, no era extrema. El cuestionamiento de la Unión Europea, que no es privativo de la extrema derecha (debería serlo más bien de una izquierda consciente), tiene su origen en las contradicciones y defectos del propio proyecto y en el comportamiento errático de los partidos que se confiesan paladines del europeísmo. Estos últimos, más que intentar aislar a las formaciones políticas euroescépticas, deberían preguntarse por qué estas cuentan cada vez con más y más adhesiones.

Pablo Iglesias tampoco ha estado muy fino ni muy coherente. Frente a los cuatrocientos mil andaluces que han votado a VOX, ha reaccionado llamando a la movilización en la calle contra el fascismo. Los que de verdad hemos conocido el fascismo ya lo tenemos casi olvidado, pero recordamos lo suficiente para ser conscientes de que en su esencia se encuentra el anteponer la algarada en la calle a las elecciones. Por ello, no parece demasiado congruente convocar una protesta contra un resultado de las urnas que no nos gusta, o que nos ha sido desfavorable, bajo el eslogan de que hay que rechazar el fascismo. Alguien podría pensar que el fascismo está en la propia manifestación. De todas formas, es curiosa la facilidad con la que hoy se emplea la palabra fascista. Existe el peligro de que, de usarla indebidamente, termine perdiendo todo contenido, amén de que se utilice como comodín para olvidar otras batallas más actuales, porque desde hace ya bastantes años el verdadero enemigo de las clases populares no se encuentra en un fantoche artificialmente creado y al que ponemos por nombre fascismo, sino en algo mucho más real, aunque en buena parte también transversal, el neoliberalismo económico.

republica.com 14-12-2018

“España consigue tres blindajes históricos”. Todo es histórico para el sanchismo, y es que ellos están siempre prestos a reescribir la historia, al convertir todo en postureo y propaganda. Presentan todas las cosas con enorme triunfalismo, no como son, sino como les conviene que sean. Bien es verdad que, antes o después, se termina desenmascarando la impostura. En el asunto de Gibraltar han transformado un intento a la desesperada de corregir un grave error y una imperdonable negligencia en una magna epopeya en la que Pedro Sánchez se enfrenta victorioso a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Claro que no ha tardado mucho en descubrirse el pastel, y es que después de haber perdido la grande se han quedado con la pequeña. Se han contentado con unas cartas que, por cierto, aún no se conocen y que desde luego no vinculan jurídicamente.

No es la primera vez que se vende la piel del oso antes de haberlo cazado, e incluso cuando se sabe que no se va a cazar. Sánchez, cautivo en el laberinto que ha construido alrededor de la exhumación de Franco, mandó a su sagaz vicepresidenta a Roma con la finalidad de poner de su lado a la jerarquía eclesiástica. A la vuelta, Carmen Calvo, pretenciosa y triunfalista, anunció que había llegado a un pacto con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, para que el dictador no fuese enterrado en la Almudena. El Vaticano -cosa totalmente insólita- se vio forzado a corregir al Gobierno español y a matizar que en ningún momento Parolin se pronunció sobre el lugar en el que habían de inhumarse los restos de Franco.

El 21 del mes pasado Sánchez sufrió un nuevo desmentido. En este caso ha sido la Comisión Europea, que ha puesto importantes objeciones al plan presupuestario presentado por el Gobierno y del que Pedro Sánchez en un twitter había asegurado que contaba ya con la aprobación de Europa, twitter que por supuesto ha desaparecido después del dictamen de la Comisión para evitar en lo posible el bochorno.

En realidad, el informe de la Comisión es bastante benigno, y no afirma nada que no fuese ya conocido, o al menos intuido. Cosa distinta son las advertencias del FMI y de la OCDE, pero de estas, en todo caso, hablaremos otro día. El documento que Pedro Sánchez presentó con Pablo Iglesias en un escenario de magnificencia y boato era todo menos un presupuesto en sentido estricto, sino más bien un cúmulo de medidas mal cuantificadas, y de las que, por lo tanto, resultaba difícil poder afirmar si cumplían o no los requisitos impuestos por Bruselas. El no haber presentado una ley sumía todo en una gran ambigüedad y ha hecho que la Comisión tuviese que pedir aclaraciones, aclaraciones que no se han hecho públicas.

Las objeciones finales de la Comisión se reducen principalmente a cuestionar las previsiones del impacto de los nuevos impuestos y del resto de medidas que proyectaban aprobar y, por lo tanto, dudan de que se vayan a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. De hecho, nada nuevo que no se sospechase y acerca de lo cual no hubiesen alertado ya distintos servicios de estudios. Parece claro que los ingresos están infravalorados.

El dictamen negativo de la Comisión no parece haber hecho mucha mella en Pedro Sánchez. Tal vez porque nunca había pensado en serio que se fuesen aprobar unos nuevos presupuestos, presupuestos que por eso mismo hasta ahora no han sido elaborados del todo, y mucho menos presentados. Lo importante para el presidente del Gobierno no son las realizaciones, sino los anuncios, el postureo y la propaganda, por lo que dice ahora que va a mandarlos en enero al congreso. Piensa que ello surtirá efecto electoralmente aun cuando no se lleve a la práctica, ya que si no se aprueban echara la culpa a los otros partidos.

Al que peor ha sentado el informe de la Comisión ha sido a Pablo Iglesias, que ha visto cómo se diluía la rentabilidad política que esperaba obtener de su pacto con Pedro Sánchez. Ha sido él quien ha reaccionado de forma más violenta y con un discurso antieuropeo al que no nos tenía acostumbrados. Que reaccione duramente contra la burocracia de Bruselas resulta bastante lógico del líder de un partido que se llama de izquierdas. Lo preocupante es que desconozca las coordenadas políticas y económicas en las que nos movemos. Su afirmación de que “El FMI y la Comisión Europea tienen que aprender a respetar que en los países, cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, tienen soberanía para decidir qué es lo que hay que hacer” resulta un tanto ingenua y desfasada. Hace tiempo que los Estados nacionales han perdido la capacidad de ser soberanos.

Más de veinte años hace ya, que en Davos, en el World Economic Forum, se escuchó por primera vez el enunciado inverso al que ahora pronuncia Iglesias. Allí fue donde el renacido capitalismo -actual hijo del capitalismo salvaje- se quitó la careta. Fue Tietmeyer, el entonces gobernador del todopoderoso Buba, el encargado de proclamar lo que tantos pensaban, pero entonces no se atrevían a explicitar: “Los gobiernos tienen que empezar a entender que los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”.

Hace dos décadas las palabras de Tietmeyer resultaban novedosas y se podía debatir hasta qué punto eran ciertas. Hoy, tras la hegemonía del libre comercio y de la libre circulación de capitales, pocas dudas caben de que los poderes políticos han renunciado en parte a sus competencias y las han entregado a los mercados. A partir de ahí, son estos los que en gran medida mandan e imponen sus exigencias a los gobiernos, que ante ellos, se sienten impotentes. El resultado, grandes déficits democráticos generados en los actuales sistemas políticos. La globalización es la forma que adopta el actual sistema capitalista, un retorno al capitalismo del siglo XIX.

La globalización ha sido asumida de forma desigual y en distinto grado por los diferentes países, pero ha sido dentro del ámbito de la Unión Europea donde han tomado realidad de la forma más perfecta los principios de la mundialización. Los mercados se han hecho supranacionales, mientras el poder político democrático queda preso dentro de los Estados nacionales. Los gobiernos democráticos han renunciado a establecer medidas de control sobre los mercados y han cedido soberanía a instituciones no democráticas.

Pero lo que ha hecho que los Estados perdiesen absolutamente su autonomía e independencia ha sido la constitución de la Unión Monetaria. Desistir de la propia moneda es renunciar a la soberanía, y quedar al albur de los mercados o del BCE. Muchas de las actuaciones y medidas que podían ser tomadas por los gobiernos nacionales, hoy son imposibles, al menos sin tener la conformidad de las autoridades europeas, especialmente del BCE. Es más, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesaria la presión de las instituciones comunitarias. Es la propia realidad económica creada por la moneda única la que fuerza a los gobiernos a tomar medidas que de otra manera no adoptarían y la que les impide en buena parte aplicar una política económica de izquierdas.

Existe en Europa una facción de la izquierda que después de estar a favor de la Unión Monetaria se ha olvidado de ella en la práctica, y pretende actuar como si esta no existiese y no comportase ninguna limitación; y otra que cree que el simple hecho de estar en desacuerdo con ella e ignorarla les libra de sus obstáculos y condicionantes. Unos y otros echan todas las culpas a la Comisión o al BCE de las trabas y restricciones impuestas a una política progresista, como si no fuese el propio diseño de la Unión, carente de integración política y fiscal el que lo impide, y las actuaciones de las instituciones comunitarias, la mayoría de las veces regresivas, una consecuencia de ello.

En España, en las recientes negociaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ámbito de la izquierda, para justificar una política expansiva y eludir las limitaciones financieras se ha defendido que los Estados no pueden quebrar. Yo también lo he sostenido a veces, pero siempre he mantenido una excepción: que estén endeudados en una moneda que no es la suya, o bien que siendo la suya no la controlen, como es el caso de los países miembros de la Eurozona. Es claro que entonces sí pueden quebrar. Son muchos los Estados que, forzados por los mercados, se han tenido que echar en manos del FMI o del BCE para no hundirse económicamente.

Pocas dudas caben de que la Unión Europea en su conjunto debería instrumentar (y haber instrumentado estos años de atrás) una política expansiva, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los países puedan seguir actualmente este tipo de política. Ciertamente Alemania con un déficit exterior del 8% del PIB y un stock reducido de deuda pública podría permitírselo, al igual que gran parte de los países del Norte y sería positivo para el conjunto de la Unión, para ellos mismos, e incluso para los países del Sur, que verían su demanda incentivada por el exterior. Pero está claro que no están dispuestos a ello y no hay nada que les obligue. Existe en los tratados una clara asimetría: mientras se sancionan los déficits excesivos, apenas se dice nada de los superávits.

Muy distinto es el caso de los países del Sur. Concretamente España, con un nivel de deuda pública alrededor del 100% del PIB y un endeudamiento exterior muy elevado, no se puede permitir muchas alegrías. Si ahora presenta un superávit en su balanza por cuenta corriente y ha superado los enormes déficits exteriores de los años anteriores a la crisis, ha sido a base de durísimos recortes y sacrificios, ya que no podía devaluar la moneda. Incurrir de nuevo en ese error nos colocaría en una situación muy delicada y dudo de que la sociedad estuviese dispuesta a soportar un ajuste como el realizado en estos últimos años.

La izquierda en los países del Sur debe ser realista. Especialmente aquella que se pronunció a favor de la Unión Monetaria tiene que ser consciente de las esclavitudes a que somete su permanencia en ella. Por eso algunos estuvimos en contra de su constitución. Ahora no vale lamentarse y mucho menos dar coces contra el aguijón. Los que lo han intentado no han salido demasiado bien parados. Que se lo pregunten a Alexis Tsipras y a Syriza. Por supuesto, habrá que aprovechar al máximo el margen que nos permite cada situación, pero sin demagogias e identificando bien dónde se encuentra el problema.

En estos momentos, en España, el margen posible para mantener los gastos sociales y el Estado de bienestar hay que buscarlo mucho más en la elevación de la presión fiscal, muy distante de la de otros países europeos, que en el aumento del déficit. Bien es verdad que lo primero es mucho más desagradable e impopular que lo segundo, especialmente si el incremento del desequilibrio presupuestario se disfraza tras una falsificación de las previsiones.

republica.com 7-12-2018

El 21 del pasado mes de noviembre no fue un buen día para Pedro Sánchez. El FMI, la OCDE y la Comisión de la Unión Europea coincidieron en un análisis no demasiado favorable sobre la economía española y en críticas y advertencias nada positivas acerca de la política del Gobierno. Lo curioso es que diagnósticos tan negativos se han producido sin que Pedro Sánchez haya tomado apenas alguna medida efectiva. Tan solo ha lanzado anuncios y hecho promesas. Las únicas medidas adoptadas han sido las que figuraban en los presupuestos pactados por el PP con Ciudadanos y el PNV. En política, los anuncios y las promesas son flatus vocis y no suelen tener consecuencias a no ser que se cumplan. En economía, sin embargo, la reacción es más inmediata. El dinero es miedoso. Y el simple anuncio tiene ya efectos e induce a inquietud o a optimismo. Por eso hay que tener cuidado con las palabras.

Tenía la intención de dedicar este artículo a los problemas económicos señalados y a las recomendaciones lanzadas por los tres organismos internacionales. Pero el mismo día 21 sucedían ciertos acontecimientos que me convencieron de cambiar de tema. Me refiero, por una parte, al cese del jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal y, por otra, al folklore que se formó en el Parlamento con los golpistas cabreados porque les llamaban golpistas. Ha colaborado también en mi decisión al cambio pensar que la situación económica no va a sufrir mucha alteración de una semana para otra y que las recomendaciones del Fondo, de la OCDE y de la Comisión suelen ser siempre las mismas.

He observado que en gran parte de la prensa y de la opinión pública se ha instalado una idea equivocada: la creencia de que los fiscales son independientes, pero los abogados del Estado no. Si no lo son, deberían serlo. Lo cierto es que la Abogacía del Estado, al igual que toda la Administración Pública, tiene que regirse, de acuerdo con el art. 103 de la Constitución, por el principio de legalidad, lo que quiere decir que debe actuar con objetividad, neutralidad e independencia, y tanto la selección como la remoción de todos los empleados públicos, también de los abogados del Estado, deberán basarse en el mérito y la capacidad.

Es verdad que, según el artículo 97 de la Constitución, el Gobierno dirige la Administración, pero eso no quiere decir que pueda sustituirla, ni apartarla de su finalidad y del cumplimiento de la ley. El Gobierno marca las políticas, determina los objetivos y los proyectos, pero todo ello dentro del margen establecido por el ordenamiento y los procedimientos administrativos. La neutralidad política de la Administración constituye una protección para los ciudadanos y uno de los aspectos esenciales a la hora de medir el nivel democrático de una sociedad. La estabilidad en el puesto de trabajo no es un privilegio de los empleados públicos, sino una garantía de los administrados (véase mi artículo del 2 de agosto pasado).

La autoridad y el control del Gobierno y demás altos cargos sobre los funcionarios públicos tienen límites muy claros. Caben pocas dudas de que ningún político puede -o al menos no debe- intervenir en un órgano de contratación, violentando la adjudicación. Todo el mundo condenaría que el ministro de Hacienda decidiese a quién hay que inspeccionar o a quién no, y mucho más si seinmiscuyese en un procedimiento de inspección manipulando el resultado. Del mismo modo, resulta reprochable que el ministro de Justicia, por razones políticas, dé directrices a un abogado del Estado personado en un proceso de corrupción acerca de la calificación del delito y de las penas a demandar. La neutralidad de la Administración en su funcionamiento exige que no haya interferencia política en los procedimientos administrativos, y que los empleados públicos ejerzan sus funciones atendiendo únicamente a los dictados de la ley.

Lo anterior explica la inmoralidad cometida (bordeando la prevaricación) y el escándalo producido cuando la abogada general del Estado ha cesado -se supone que por indicación de la ministra de Justicia- a Edmundo Bal de su puesto de jefe del departamento de lo penal de la Abogacía del Estado. Y ello por el único motivo de no querer firmar un escrito que él no había elaborado, escrito de muy baja calidad, en el que la relación de los hechos se había reconstruido y era claramente fraudulenta, evitando emplear la palabra violencia, y dirigido a poder cambiar la calificación de rebelión por la de sedición y calcular a la baja las penas de defraudación.

El Ministerio de Justicia y la portavoz del Gobierno fundamentan el cese en que se trata de un puesto de confianza. Y es que para el sanchismo todos los puestos deben ser de confianza, de confianza del sanchismo. No le basta haber cambiado nada más llegar al poder cientos y cientos de puestos que tenían un carácter meramente técnico, como el de la presidencia del CIS, para sustituirlos por perfiles claramente partidistas, incluso sectarios. No le resulta suficiente haber establecido una auténtica purga en Televisión Española, sino que está dispuesto a que todos los puestos de libre designación sean también de libre remoción y de confianza política. En la Administración hay miles y miles de puestos de libre designación, casi todos los que comportan cierta responsabilidad, pero ello no quiere decir que en su provisión se prescinda del mérito y de la capacidad o que los ceses puedan aplicarse arbitrariamente y cuando el empleado público se niegue a suscribir las irregularidades que el ministro de turno considere convenientes.

El caso que nos ocupa es de suma gravedad, puesto que no se trata de un mero asunto administrativo más o menos importante, sino de la postura que el Estado (no el Gobierno) a través de la Abogacía mantiene en un proceso de los más relevantes- si no el que más- de la historia reciente de España. Unos días antes de que se presentase el escrito de calificación y ante los rumores de que la Abogacía iba a cambiar de opinión, la portavoz del Gobierno, con ese tono con el que parece hablar ex cátedra, mantuvo que la Abogacía del Estado estaba trabajando únicamente con «criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad».

La realidad ha desvelado el embuste. El escrito de acusación presentado no fue elaborado por los técnicos competentes, que se mantenían en la misma postura, sino por la abogada general del Estado (este si es cargo de confianza, aunque debería ser menos de confianza y más de mérito y capacidad) que siguió fielmente las indicaciones de la ministra de Justicia- y es de suponer que del mismo Sánchez- y, ante la negativa de Bal a suscribirlo, debió firmarlo ella misma quedando en un papel bastante desairado. Esta es la verdadera razón del cese, que un técnico, aunque progresista y que estuvo a punto de ser nombrado fiscal general del Estado por la propia Dolores Delgado, se negó a retorcer la ley y a traicionar su función administrativa en aras de la conveniencia política de Sánchez.

La destitución va a acarrearle serias consecuencias tanto en su carrera profesional como en su economía. Lo sé por experiencia profesional puesto que hace 28 años, por criticar públicamente la participación española en la Guerra del Golfo, fui cesado del puesto de interventor del Ministerio de Cultura y tuve que pasar seis años en el dique seco, con pérdidas significativas en las retribuciones. Supongo que Bal dirá ahora lo que yo dije entonces: todos al suelo que vienen los míos. Lo peor del asunto no es que uno u otro empleado público puedan salir perjudicados, sino que constituye un aviso a navegantes y una llamada de atención para todos los funcionarios. El deterioro es para la Administración y para los ciudadanos, que no podrán estar seguros de que la neutralidad y la objetividad rigen en la función pública.

Que en el caso que nos ocupa no se puede hablar de puesto de confianza queda meridianamente claro cuando se repara en que Bal llevaba en ese cargo 16 años y había visto pasar a ministros del PSOE y del PP: Michavila, López Aguilar, Fernández Bermejo, Caamaño, Gallardón y Catalá. Ninguno de ellos puso en cuestión su trayectoria y su trabajo, incluso cuando a pesar de estar Rajoy de presidente del Gobierno fue, en nombre de la Hacienda Pública, un acusador implacable en el caso Gürtel en el que se juzgaba la financiación del PP. Han bastado seis meses, sin embargo, para que Dolores Delgado le considere persona (funcionario) non grata, y es que el sanchismo no tolera todo aquello que se oponga a sus intereses, que se concretan en uno solo, permanecer en la Moncloa, y para ello necesita a los golpistas.

He escrito golpistas a propósito, porque golpista es quien da un golpe de Estado, el que intenta cambiar la constitución de un país al margen de los procedimientos establecidos en la propia constitución y en la ley para hacerlo, modificar la ley no desde la ley, sino desde la fuerza, sea cual sea esta, la física, practicada por las fuerzas armadas, o la coacción ejercida por instituciones investidas de poder por el Estado y que utilizan ese mismo poder para violentar las leyes y la constitución.

Son golpistas porque no esconden sus propósitos e incluso reivindican las acciones ejecutadas para alcanzarlos, y lo son con independencia de cuál sea el resultado del proceso penal, bien sea rebelión, sedición o nada. Al llamarlos golpistas ni se les está insultando ni violando su presunción de inocencia, sencillamente porque no es una calificación penal, sino una constatación política que describe claramente sus intenciones, aquellas que ellos mismos confiesan.

No obstante, si nos referimos a la calificación penal, hay quienes van de tertulia en tertulia asegurando que de ninguna forma se puede hablar de rebelión, ya que la mayoría de los juristas dicen lo contrario, que no se cumple la condición de violencia. Bien es verdad que nunca dicen qué juristas son esos, y cómo saben ellos que son la mayoría. Supongo que opiniones hay para todos los gustos, pero lo que importa es el criterio de aquellos que hasta ahora han sido competentes para intervenir en el proceso y que han conocido toda la información sobre lo sucedido. Tanto el juez instructor, como la Fiscalía, como la Abogacía del Estado antes de la intervención interesada del Gobierno, han coincidido en que ha existido violencia suficiente para calificar lo ocurrido de rebelión. Por supuesto que el juicio está por celebrarse, y hay que estar por lo tanto a lo que sentencie el tribunal, pero mientras tanto es lógico que los que no somos juristas nos fiemos más de los que intervienen en el proceso que de cualquier charlatán que da su opinión sin demasiado fundamento.

Quizás la presidenta del Congreso no estuviera muy acertada el otro día cuando pretendió situarse en la equidistancia y comparó golpista con fascista. Aunque en realidad, en boca del señor Rufián y compañía lo de fascista no representa tampoco ningún insulto, es un simple calificativo equivalente a no secesionista, y que lanzan contra todos aquellos que se oponen a su gran objetivo: la Magna Cataluña. Cuando la extensión de una palabra es tan grande, y abarca a todos, difícilmente puede constituir una ofensa. A los militantes de Ciudadanos y a Borrell se les puede calificar de muchas cosas, pero no utilizaría yo precisamente la denominación de fascistas. Es un apelativo tal vez un poco anticuado. Pero, puestos a encontrar similitudes, me orientaría más al mundo independentista, en el que no se puede por menos que encontrar muchas semejanzas con el nacionalismo, supremacismo, empleo de la coacción y desprecio de la legalidad establecida, que caracterizó a los movimientos fascistas y similares del siglo pasado.

Dicen que hay crispación en el hemiciclo, ¿cómo no va a haberla? Es la sociedad la que está crispada. Eso es lo que ha conseguido el secesionismo. Crispación en Cataluña, donde la mitad de la población se encuentra enfrentada a la otra media. Y crispación con el resto de España, que está hasta las mismas narices de tantas ofuscaciones y atrocidades. Lo malo es que estos fanáticos son los aliados de Sánchez, los que necesita para seguir gobernando. ¿Cómo iba el otro día a defender a su ministro de Exteriores? Hace dos semanas escribí un artículo que titulé “Un antes y un después de la moción de censura”. Estamos en el después.

republica.com 30-11-2018

Farsa, sainete, pantomima. Todos los sinónimos son insuficientes para calificar el espectáculo (formado recientemente alrededor de la determinación del sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en el supuesto de la suscrición de las hipotecas. Todos los actores se han precipitado en la mayor demagogia e hipocresía. La totalidad de los partidos políticos ha abrazado el populismo. Han intentado arrimar el ascua a su sardina. Todos se han guiado no por lo justo o injusto, ni siquiera por lo más eficaz, sino por lo que piensan que va a tener más aceptación entre su clientela.

El PP y Ciudadanos, con poca imaginación, entre la banca y los prestatarios, han tirado por elevación, han roto el nudo gordiano, recurriendo a su senda preferida, la de reducir la imposición y pedir la eliminación del gravamen. Que pierda la Hacienda Pública o, lo que es lo mismo, todos los españoles. Ni que decir tiene que la reivindicación ha sido muy bien acogida por una gran parte de los creadores de opinión, que en seguida la han coreado, haciendo comparaciones internacionales. Comparaciones que, por supuesto, se realizan siempre sin contemplar la totalidad del sistema fiscal, en las que España se situaría entre los Estados con menor presión fiscal, sino considerando tan solo una figura tributaria y eligiendo los países en los que no existe o cuyo tipo es más reducido. Entre la mayor parte de la sociedad, la supresión de los impuestos tiene siempre buena prensa, sobre todo cuando no se pone sobre la mesa el coste de oportunidad y, por lo tanto, los ciudadanos no son conscientes de a lo que tienen que renunciar a cambio. No es el momento de criticar a fondo esta forma de populismo de derechas. Creo que ya lo he hecho desde estas páginas otras muchas veces.

Pero hay otro populismo que padecen los partidos que se consideran de izquierdas. El presidente del Gobierno y Podemos, ante la alternativa, han optado por atacar a la banca, lo que también goza de asentimiento mayoritario, y constituye uno de los deportes favoritos de cierto progresismo. Conviene desmontar los tópicos y los anacronismos que están asentados en la opinión pública acerca de las entidades financieras. Se aprecia una cierta demagogia que considera rentable políticamente todo lo que sea lanzar anatemas sobre la banca, y convertirla en una especie de diana, sin considerar que, en la mayoría de las ocasiones, un ataque indiscriminado puede convertirse en un bumerán que a menudo se vuelve contra nosotros.

En cierta forma, aunque suene exótico, la banca terminamos siendo todos. Las entidades financieras son totalmente necesarias para el funcionamiento de la economía. Otra cosa distinta es si deben ser públicas o privadas y hasta qué punto deben ser controladas por el poder político. Por desgracia, los errores y problemas de las entidades financieras acaban afectando de manera muy importante a la economía nacional, y en consecuencia a casi todos los ciudadanos. Las crisis financieras terminan siendo también recesiones económicas que acarrean graves daños a la mayoría de sociedad. Por otra parte, todas las crisis bancarias que se han producido, al menos en nuestro país, han finalizado a base de sanear las entidades en pérdidas con dinero público.

Los bancos tienen una característica especial que los diferencia del resto de las empresas. El capital constituye una pequeña parte del pasivo, de manera que, en caso de quiebra, los perjudicados no son solo los accionistas sino en número mucho mayor los acreedores, entre los que se encontrarán también empresas que pueden verse obligadas a cerrar y, a su vez, pueden arrastrar a otras empresas al abismo. Esto es, una reacción en cadena. De manera que quizás no sea tan buena idea utilizar a la banca de diana de todos los posibles impuestos. A menudo, hay una confusión en el objetivo. Lo conveniente quizás no sea gravar a la banca, sino a los banqueros por los desproporcionados sueldos que cobran o a los accionistas por los dividendos percibidos. Desde el punto de vista del interés social, lo más importante tal vez consista en someter a las entidades financieras a una fuerte supervisión, de manera que no se puedan repetir las graves situaciones pasadas que hundieron la economía y costaron tantos recursos públicos. En ocasiones, incluso puede resultar conveniente prohibir el reparto de dividendos.

Concretamente en España los bancos (no los banqueros) quedaron en muy mala situación después de la crisis. Es cierto que no se hundieron como la mayoría de las Cajas, pero tuvieron graves dificultades y se vieron en la obligación de aprovisionar pérdidas por los activos tóxicos que mantenían en sus balances. Estas pérdidas no pudieron deducirse en su momento en el impuesto sobre sociedades, bien porque todavía no se habían realizado, bien porque en esos ejercicios no había saldos suficientes y quedaban pendientes de una compensación en los años posteriores. Es lo que se ha llamado activos fiscales diferidos (DTA). Sin entrar de lleno en su problemática, cosa imposible en estos momentos, hay que señalar que se produjeron dos efectos bastante negativos.

El primero es que, debido a ellos, la banca apenas ha pagado impuestos todos estos años, puesto que los DTA se hicieron deducibles de cualquier tributo al que la entidad financiera estuviese obligada. El segundo es aún más grave. Para cumplir los niveles de solvencia exigidos por Basilea III, la banca española pretendió computar como capital los DTA. Para que Bruselas lo aceptase fue preciso que el Estado español avalase dichos activos. He aquí que el erario público se convirtió en fiador de todas las entidades financieras y, en caso de que estas incurran en concurso o quiebra, deberá responder ante los acreedores. Ya ha surgido el primer caso. El hundimiento del Popular y su adquisición por el Santander han llevado a este último banco a reclamar a la Agencia Tributaria 1.500 millones de euros, correspondientes a los DTA que el Popular mantenía en el balance.

Resulta, por tanto, bastante obvio que desde una óptica de izquierdas la actuación frente a las entidades financieras es mucho más compleja que la de simplemente gravarlas con un nuevo impuesto o, tal como ha hecho Pedro Sánchez, salir corriendo, aprovechando una actuación aciaga de los tribunales, a dar una rueda de prensa para vanagloriarse de modificar la ley y hacer recaer sobre la banca el IAJD en la subscrición de las hipotecas. La norma que Sánchez ha reformado llevaba en vigor más de veinte años, aprobada, por cierto, por un gobierno socialista, y hasta ahora nadie había propuesto el cambio. Una reacción tan atropellada no puede por menos que calificarse de mero oportunismo político, de pura demagogia. La precipitación del Gobierno ha sido tan grande que no se dieron cuenta de que dejaban exentas a todas las cajas rurales y cooperativas, de modo que, tal como ya nos tienen acostumbrados, tuvieron que corregirse posteriormente.

Que la postura adoptada por el Gobierno obedece a un simple postureo y a ganas de engañar al personal aparece de forma palmaria al considerar que el cambio acometido en la norma resulta totalmente inútil. Ni el Gobierno ni la ley ni los tribunales pueden dictaminar quién va a soportar el impuesto en una transacción económica. Establecen tan solo quién es el sujeto pasivo, pero no sobre quién va a recaer el gravamen efectivo. Esta decisión surge del mercado, del juego de la oferta y la demanda. El resultado es el mismo sea quien sea (banca o cliente) el sujeto pasivo. Nos guste o no, vivimos en una economía de mercado y por lo tanto resulta imprescindible conocer sus leyes, de lo contrario podemos obtener un efecto contrario al que pretendíamos o decíamos pretender. Bien es verdad que ello importa poco, cuando el único objetivo es la propaganda política.

En una transacción económica, todos los gastos y los impuestos forman parte del precio real, y así son considerados tanto por el oferente como por el demandante. En su actuación en el mercado tanto la oferta como la demanda tendrán en cuenta quién paga el gravamen para ajustar el precio. De manera que, sea quien sea el sujeto pasivo, el desenlace final será el mismo, normalmente un reparto del impuesto entre oferentes y demandantes que no tiene por qué ser de la misma cuantía. Todo dependerá de la fuerza de cada una de las partes.

La suscripción de una hipoteca constituye una transacción económica, en la que los prestatarios ajustarán su demanda de acuerdo con el coste de la operación, pero incluyendo en él no solo el tipo de interés sino todos los gastos y los impuestos, si son ellos -como hasta ahora- los obligados a pagarlos. Por el contrario, si, tal como va a ser a partir de este momento, la entidad financiera se convierte en el sujeto pasivo, pocas dudas caben que todos los bancos acomodarán el tipo de interés de manera que su rentabilidad continúe siendo la misma. Es posible que, dada la polémica suscitada, para no dar una mala imagen, no lo hagan de manera inmediata, pero en muy poco tiempo, de forma generalizada y sin que apenas nos demos cuenta, se habrá producido el ajuste. De poco vale que la Comisión Nacional de la Competencia afirme que va a vigilar para que las entidades financieras no se pongan de acuerdo. No hará falta ningún pacto. El nuevo equilibrio surgirá de manera natural y por las propias leyes del mercado.

La cosa cambia cuando hablamos de retroactividad, puesto que en ese caso los prestatarios sí se pueden encontrar con un beneficio inesperado, extraordinario, en cierta forma podríamos hablar de un enriquecimiento injusto, ya que en su momento suscribieron el préstamo con unas condiciones estipuladas y fijadas de acuerdo con el hecho de que eran ellos los sujetos pasivos del impuesto, y no las entidades financieras. Si la situación hubiera sido la contraria, las condiciones también habrían sido distintas.

Todo enriquecimiento injusto conlleva el injusto empobrecimiento de alguna otra parte. Desde la exaltación populista se podría alegar que en este caso tiene poca importancia, ya que la otra parte es la banca. No corramos tanto. Si las entidades financieras sufren una importante pérdida extraordinaria, con toda probabilidad la repercutirán en los futuros clientes y serán estos los que acaben asumiendo el empobrecimiento. Pero es que, incluso, puede ocurrir que el coste de la devolución del impuesto no alcance, ni siquiera como intermediarias, a las entidades financieras, y sea asumido directa y definitivamente por el erario público. Desde luego, la reclamación de los prestatarios debería dirigirse a las haciendas autonómicas que son las que en primera instancia tendrían que hacer frente al reembolso y es muy dudoso que legalmente pudieran más tarde cargar el impuesto atrasado sobre la banca. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, basándose en el principio de confianza legítima con la Administración, rechaza un recurso de la hacienda del País Vasco, con el argumento de que empresas y particulares no deben hacer frente retroactivamente a tributos vencidos cuando se reclaman por un cambio de criterio de la Administración.

Es muy posible, por tanto, que el quebranto recayese sobre la Hacienda Pública y, en consecuencia, el perjuicio sobre todos los contribuyentes. Tal vez esto no tenga demasiada importancia para la vicepresidenta del Gobierno actual, que pensaba cuando era ministra de Zapatero que el dinero público no es de nadie, pero sí la tiene y mucha para todos aquellos que de verdad crean que la Hacienda Pública somos todos. Es por ello por lo que se entiende mal que los líderes de Podemos convoquen una manifestación para defender el enriquecimiento injusto de un colectivo con el consiguiente empobrecimiento también injusto de otros colectivos o de la totalidad de los ciudadanos.

También algunos jueces del Supremo se cubrieron de gloria. En primer lugar, la Sección Segunda de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, que en sentencia de 10 de 0ctubre, con cierta pedantería y autosuficiencia, declara nulo el art. 68.2 del Reglamento del ITPAJD que había sido aprobado en 1995 con Pedro Solbes en el Ministerio de Hacienda, y que establecía que el sujeto pasivo en los créditos hipotecarios era el prestatario. La sentencia contradecía así el criterio que hasta entonces y durante veinte años venía manteniendo el Tribunal Supremo, con argumentos tanto o más fundados que los que se exponían en la sentencia citada. Lo lógico hubiera sido que esta sección, antes de pronunciarse, hubiera consultado con el presidente de la Sala y con los miembros de la sala primera (de lo civil) del alto tribunal, que en el mes de marzo de este mismo año se habían manifestado en la línea tradicional y aceptada hasta entonces, y a la que venía a contradecir la nueva sentencia.

Tampoco estuvo muy fino el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo quien, pretendiendo arreglar el lío creado por la última sentencia, forzó a que esta quedase en suspenso y fuese revisada por el pleno de toda la sala, a efectos de uniformar la doctrina. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque dio lugar a toda clase de sospechas acerca de las presiones de la banca, hizo revisable una sentencia que no lo era y violentó el principio de juez natural que se identificaba con la sección segunda.

En fin, unos y otros dieron un espectáculo lamentable, precisamente en un momento en el que el Tribunal Supremo es objeto de una ofensiva interesada y deleznable con la intención de exhibir que España no es un Estado democrático y europeo, y que en él no se respetan los derechos humanos. No puede extrañar, por tanto, que desde el ámbito del independentismo se aprovechase la ocasión para salir en tropel con la pretensión de descalificar al Tribunal Supremo, y minar así su autoridad de cara al proceso contra los golpistas. Mucho menos explicable es aún que los líderes de Podemos asumiesen una tarea parecida, y no digamos que sea el presidente del Gobierno el que utilice el desliz del alto tribunal para desacreditarlo y menoscabar su objetividad y competencia. Ya no se trata de populismo y de demagogia, sino de hacer el juego a los golpistas, pagarles quizás sus servicios y sus favores.

republica.com 23-11-2018

Entre las muchas supercherías y estulticias a las que nos tiene acostumbrados Carmen Calvo, ha surgido con propio esplendor su afirmación acerca de que el presidente del Gobierno no ha cambiado de opinión referente a no calificar de rebelión la actuación de los procesados por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Razón, que cuando mantuvo la opinión contraria no era presidente del Gobierno. Un perfecto acto fallido de tipo freudiano. Supongo que no quería decir lo que dijo, pero lo dijo.

Aparentemente la frase es una estupidez, pero en una segunda lectura tiene su sentido, porque en la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo haya conseguido tan solo con 85 diputados. Ello sería totalmente lícito tras alcanzar el apoyo de otros partidos, el problema se halla en que entre estas formaciones políticas, como pieza necesaria, se encuentran las que han protagonizado un golpe de Estado y se mantienen en él, sin dar ningún paso atrás. Sanchez se ha sentido muy ofendido porque Casado le ha reprochado ser partícipe del golpe de Estado. Al menos, lo es a titulo lucrativo. Es presidente del Gobierno gracias a los secesionistas.

El hecho de que sean golpistas los que han nombrado al presidente del Gobierno cambia todo y contagia todo. Toda actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus acciones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías que desde entonces están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad. Es perfectamente explicable, que Pedro Sánchez mantuviese hace varios meses que el delito cometido por los secesionistas era de rebelión y defienda ahora todo lo contrario.

En realidad, estas últimas declaraciones corresponden a un proyecto perfectamente planificado y concertado con los separatistas, que se desarrolla por etapas y va destinado a conseguir la liberación de los procesados o, al menos, a minimizar la calificación de los delitos. Primero fueron las múltiples manifestaciones de algunos miembros del Gobierno mostrando sus preferencias por la libertad de los presos. Más tarde, fue la postura infame adoptada por el Ministerio de Justicia, en contra de los informes de la Abogacía del Estado, acerca de no dar asistencia jurídica al juez LLarena con el pretexto de que se trataba de declaraciones privadas, postura que no tuvo más remedio que rectificar por la contestación que suscitó entre jueces y fiscales.

Posteriormente, se lanzó al ruedo a Pascual Salas, ex presidente del Tribunal Supremo, siempre tan diligente en prestar buenos oficios al PSOE en todos los puestos de relevancia que viene ocupando interrumpidamente desde 1982 hasta 2013 (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), gracias al manto protector del partido socialista. Lógicamente se ha avenido, sin poner ningún reparo, a negar la existencia de violencia en el golpe de Estado y, en consecuencia, la comisión del delito de rebelión por los procesados. En esta plaza invitaron a intervenir también a López Garrido, que se ha apresurado a repetir que en este caso no se podía aplicar el art. 472 del Código Penal y, para afianzar su postura, añade que a él se lo iban a decir, que había sido su redactor. Ahora se explica por qué este artículo da lugar a tantas dudas y a interpretaciones tan diversas.

Es en esta secuencia donde hace su aparición en el Congreso el Presidente del Gobierno para contradecir lo que había dicho hace algunos meses Pedro Sánchez y servir así de telonero a la acusación presentada por la Abogacía del Estado, que se desdice de la postura anteriormente adoptada y varía la calificación penal de rebelión a sedición. Se confirma una vez más que hay un antes y un después de la moción de censura. En esta ocasión el estiércol llega al Ministerio de Justicia y hasta a la Abogacía del Estado.

Por último, (pero solo por ahora, porque la procesión no ha terminado) se encuentra la salida apoteósica a lo Robin Hood de Pedro Sánchez en el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas. En su estrategia de pinchar el proceso penal de los secesionistas, no pierde la menor ocasión de desacreditar y censurar al Tribunal Supremo, aunque hay que reconocer que en esta ocasión el Supremo le ha dado la excusa perfecta para hacerlo. Mucho habría que escribir acerca de la demagogia y el oportunismo mostrados por todos los partidos políticos y del grado de intoxicación pública que se ha generado. Quizás merezca analizarse en otro artículo.

Decía más arriba que la procesión no ha terminado. La ofensiva está solo comenzando. Es de suponer que el Gobierno deseaba que la Fiscalía también hubiese rectificado en este momento procesal, lo que le ha resultado imposible conseguir, ya que esta institución goza de más independencia que la Abogacía del Estado y el escándalo, de haberlo intentado, habría sido mucho más sonoro. No es disparatado pensar que lo procurará de nuevo al final de juicio.

En cualquier caso, la intromisión del Gobierno en la Abogacía ha sido tan burda y el escrito de acusación, tan deficiente que los abogados del Estado destinados en el Supremo se han negado a firmarlo. La Abogada General del Estado, para dar gusto al Ejecutivo, se ha visto en la obligación de avocarlo. Me imagino la irritación que se habrá apoderado de todo el colectivo.

La torpeza de este Gobierno se manifiesta, entre otras cosas, en que cuando pretende justificar sus actuaciones las empeora. Buen ejemplo de ello ha sido la intervención del Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento pretendiendo defender la intromisión del Gobierno en la Abogacía. Ha dejado al descubierto la concepción que los sanchistas tienen de la Administración como un cortijo a su servicio. Ábalos se extraña de la polémica creada. No hay lugar para la crítica porque, según él, lo normal es que el Gobierno use a los abogados del Estado. Según dice, él los usa en el ministerio. El traspié es considerable. Porque una cosa es que el Gobierno o un ministro puedan pedir un informe o un dictamen a la Abogacía del Estado y otra cosa muy distinta es que el Gobierno o el ministro le dicten el contenido del documento. No digo que no se haya hecho nunca, pero es diferente hacerlo que vanagloriarse de ello. Y desde luego tampoco es lo mismo un informe, o incluso un dictamen, que una acusación penal en un proceso de tanta importancia.

La rectificación adoptada por la Abogacía del Estado puede tener también un efecto perverso a largo plazo. En el caso de que el Tribunal Supremo termine condenando a los procesados por rebelión y estos decidan recurrir a Estrasburgo o al Tribunal de Justicia europeo, será la propia Abogacía del Estado la que tenga que defender ante estas instituciones la sentencia del Supremo. ¿Qué credibilidad podrá tener entonces si en España ha mantenido la postura contraria?

El Gobierno tiene esperanza de que el hecho de haber forzado a la Abogacía del Estado influya en el proceso, tanto más cuanto que confía lograr que más adelante la Fiscalía también realice el mismo giro. A pesar de ello, no descarta el hecho de que la sentencia pueda ser desfavorable, y por eso mantiene dos bazas de cara a contentar a sus socios golpistas. La primera, el indulto. Pedro Sánchez se ha negado a contestar todas las veces en las que en sede parlamentaria se le ha preguntado si descartaba indultar a los procesados por el golpe de Estado. Además, mantiene bloqueada en el Congreso la ley del indulto, en cuya aprobación tendría que pronunciarse acerca de si está de acuerdo en eliminar la posibilidad de indulto para los delitos de rebelión y sedición. El mismo hecho de que la calificación de la Abogacía del Estado haya cambiado puede ayudar a que el indulto sea más asimilable para la opinión pública.

En segundo lugar, está la baza de los tribunales internacionales. He ahí una razón más para que el Gobierno esté sembrando dudas acerca de la postura que mantiene el Tribunal Supremo, incluso aliándose con aquellos que pretenden minar su prestigio. Es evidente que las razones de los magistrados españoles quedan deterioradas si es el propio Gobierno de España el que discrepa y las critica. Algunos de los miembros que hoy componen el Consejo de Ministros se quejaban hace tiempo de que el Gobierno anterior no había sabido combatir el relato de los secesionistas en los foros internacionales. Es posible. Pero resulta difícil creer que la situación no haya empeorado cuando es el propio Gobierno el que acepta parte de su discurso y pretende situarse una vez más en una tercera vía.

Dadas las manifestaciones airadas de los golpistas, se podría pensar que las cesiones que está realizando el Gobierno no son suficientes. Torra ha acusado a Sánchez de ser cómplice de la represión que, según él, sufre el independentismo catalán y, de manera altisonante, rayando casi en el exabrupto, afirma: “Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos». Es curiosa la tendencia que tienen los secesionistas en identificarse con todo el pueblo de Cataluña. Para ellos, todos aquellos que no son independentistas no son catalanes. Pero, al margen de ello, se tiene la impresión que todos esos bramidos tienen mucho de teatro, de actuación de cara a la galería, para el consumo interno de su clientela.

Todo indica que hay mucho más acuerdo y avenencia de lo que unos y otros dejan entrever. De ahí que no se rompan las comisiones bilaterales, en las que claramente la Generalitat está obteniendo pingües beneficios y privilegios, y que el presidente del Gobierno mantenga la idea de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y esté dispuesto a entrevistarse con Torra en la Generalitat, lo que constituye un agravio manifiesto para todas las otras Comunidades y un reconocimiento de la negociación de poder a poder que tanto han ansiado siempre los independentistas.

Los golpistas saben que su única baza hoy por hoy es Pedro Sánchez. No tienen otra alternativa. No en vano era el ahora presidente de la Generalitat, el que dos años antes, en aquella noche de los cuchillos largos, cuando tan solo era un activista, gritaba como un energúmeno más, a las puertas de Ferraz, defendiendo a Pedro Sánchez frente al Comité Federal del PSOE que exigía su dimisión. Es un hecho que parece haberse olvidado, pero que es sumamente significativo. El independentismo mas xenófobo y radical lo ha tenido siempre claro, vociferen lo que vociferen, no duda de que su única salida es Pedro Sánchez. No sé si al final los partidos secesionistas aprobarán los presupuestos de 2019, pero, de no hacerlo, no me cabe duda de que prestarán su apoyo al Gobierno para que se mantenga mediante decretos leyes.

Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que decidió aceptar el apoyo de los golpistas para su investidura, era consciente de que se desposaba con ellos para el resto de la legislatura. Después de haberse negado desde la oposición a cualquier negociación con el Gobierno, no podía esperar nada ni del PP ni de Ciudadanos. No dejan de sorprender las palabras de la ministra de Economía acerca de que le resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera quieran sentarse a discutir los presupuestos. Debe de ser que su estancia en Bruselas la ha desconectado de la política española y del comportamiento en la oposición del su ahora jefe. Para astronautas, ya tenemos al de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez sabe que solo tiene dos alternativas, o convocar elecciones o aparearse con los golpistas, y no está dispuesto de ninguna forma a disolver las Cortes. “Si Dios no existe, todo está permitido”, frase con la que el Iván Karamazov de Dostoievski pasó a la posteridad. No sé si era ese mismo objetivo el que conducía hace poco a un ministro de Sánchez a pronunciar una expresión en cierto sentido contrapuesta: “En política, no todo está permitido”. Pues bien, Pedro Sánchez no parece estar de acuerdo con su ministro. Él debe de pensar que, en política, con Dios y sin Dios, todo está permitido.

republica.com 16-11-2018

La actualidad política se asemeja a un carrusel, lo que hoy se da por seguro, mañana se desvanece en las sombras. Los anuncios duran un día, como mucho una semana, antes de ser desmentidos. Esta suerte de maleabilidad general se materializa también en el tema fiscal. En el fondo, nadie sabe qué modificaciones impositivas van a regir para el próximo año. En este tiovivo tributario, hace poco más de una semana que Ciudadanos presentó una proposición de ley para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en todo el territorio español. Lo cierto es que la discusión de la iniciativa solo ha durado dos sesiones porque su admisión ha sido rechazada por la totalidad de los grupos parlamentarios, excepto el del PP, lo que no deja de ser grotesco especialmente en lo referente al PNV, que hace tiempo eliminó el tributo casi en su totalidad en los territorios forales. Pero también lo es en relación al resto de partidos, ya que la mayoría de ellos han colaborado a que el gravamen en buena medida haya desaparecido en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

Ciudadanos tiene razón al denunciar la situación caótica en la que se encuentra este tributo, consecuencia de que, contra toda lógica, aparece, junto con el impuesto de patrimonio, entre los primeros tributos que se cedieron a las Autonomías. Se les otorgó además la capacidad normativa, sin más limitación que los principios de coordinación con la Hacienda Estatal previstos en el art.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Se ha generado, por tanto, una legislación dispersa y heterogénea, en muchos casos deficiente técnicamente, con la consiguiente desigualdad y falta de equidad, que lleva a que los contribuyentes soporten distintas cargas en función del territorio en el que residen.

Las Comunidades Autónomas han utilizado dicha capacidad normativa para disminuir la carga fiscal, rara vez para elevarla, produciéndose una carrera competitiva para ver cuál de ellas reducirá más el gravamen. De esta forma, no solo se crean enormes desigualdades en función de dónde se produzca la defunción, sino que progresivamente va desapareciendo el tributo. Este proceso competitivo termina privando de la capacidad de decisión a las propias Autonomías, ya que se ven obligadas a eliminar, o al menos a rebajar, el impuesto para no quedar en una situación de indefensión frente al vecino. Los únicos que salen ganando son el capital y las grandes fortunas, que se verán exentos de tributación. En realidad, es el mismo proceso que, ante la carencia de armonización fiscal, se está desarrollando en la Unión Europea con la libre circulación de capitales. Pero si esta situación es grave entre países, cuánto más no lo será entre regiones, dado que en ellas es mucho más fácil la movilidad de empresas y de contribuyentes.

Ciudadanos tiene razón en criticar el caos actual y las desigualdades que se han generado por la multiplicidad normativa derivada del fraccionamiento del impuesto por Autonomías. Pero la solución no puede provenir de eliminarlo, ya que constituye una pieza esencial en la progresividad de todo sistema fiscal. Ciudadanos se ha unido a la ofensiva creada por el neoliberalismo económico en contra de este gravamen, repite la serie de tópicos que han utilizado en su discurso los adversarios de este impuesto: que es confiscatorio, que grava únicamente a las clases medias, que genera doble imposición, que penaliza el ahorro, etc.

La ofensiva tiene su coherencia ya que esta figura tributaria posee una elevada potencialidad redistributiva. La herencia representa una de las mayores fuentes de desigualdad. Constituye una injusticia, porque no parece equitativo que sea el nacimiento el que otorgue a algunos todas las oportunidades mientras que a otros les cierre todas las puertas. Alguien tan poco sospechoso como Alexis de Tocqueville señalaba la importancia que las leyes sobre la herencia tienen a la hora de hacer una sociedad más igualitaria y justa. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones impide, o al menos obstaculiza, la acumulación progresiva de las riquezas en unas pocas manos. Si no se cumplieron todas las previsiones de Marx acerca de la acumulación capitalista fue porque el capitalismo supo reaccionar a tiempo e introducir en su sistema correcciones importantes como la que supone una imposición progresiva.

En contra de lo que afirma Ciudadanos, este tributo no penaliza el ahorro. Grava la capacidad económica del heredero y no la del causante o transmitente. Es un impuesto directo, personal y subjetivo que incide sobre el incremento patrimonial obtenido por un contribuyente a causa de la aceptación de una herencia o de una donación. La herencia, al igual que las donaciones, representa un incremento en la renta de carácter gratuito y extraordinario, obtenido sin ningún esfuerzo, por lo que parece coherente y justa su imposición. Tan es así que un sector doctrinal (por ejemplo, Musgrave) ha señalado la conveniencia de considerar los recursos obtenidos por herencia o por donación como un incremento patrimonial más y, en consecuencia, de someterlo a gravamen en el impuesto sobre la renta. Tal tratamiento sería más riguroso con el contribuyente que el de instrumentar un tributo independiente.

Dado el carácter extraordinario que tienen la herencia o la donación en contraposición a otros ingresos de la renta que tienen normalmente un carácter periódico, parece más lógico eximirlas en el IRPF y gravarlas con un impuesto específico. En cualquier caso, lo que no se puede poner en duda es la oportunidad de someter a tributación este incremento de renta que se genera, además, sin riesgo. Pero por eso mismo, al ser un incremento de renta gratuito, malamente se puede afirmar que tiene un carácter confiscatorio.

Por otra parte, la mayoría de las veces es conveniente gravar el ahorro o, mejor dicho, a los que tienen capacidad de ahorrar. No hay ninguna garantía de que el ahorro se convierta en inversión y empleo. Y menos, dada la libre circulación de capitales, de que se invierta dentro de España. A menudo, para estimular el crecimiento es preferible incentivar el consumo, puesto que el motivo más importante para que los empresarios inviertan es la existencia de demanda, mercados en los que poder vender sus productos.

Los que, como Ciudadanos, tachan de injusto este impuesto acuden a una teoría en boga, la de la doble imposición. Afirman que se tributa dos veces porque los recursos que se pretende gravar han tributado ya por el IRPF. Algunos han encontrado la piedra filosofal, siempre que quieren arremeter contra un gravamen se escudan en la doble imposición. Y es que, dado el proceso circular de la renta, todos los impuestos estarían inmersos en este concepto. De acuerdo con esta visión tan estrecha, solo podría existir un tributo. ¿Acaso no tendríamos que hablar de doble imposición en el IVA o en los impuestos especiales, ya que los recursos que dedicamos al consumo han sido previamente gravados en el Impuesto sobre la Renta? En el impuesto de transmisiones, ¿no son los mismos bienes los que se gravan en una serie indefinida de transacciones? La suficiencia y la equidad de un sistema fiscal exigen una pluralidad de impuestos complementarios y debidamente armonizados, que graven las manifestaciones de capacidad económica de los ciudadanos. Además, en este caso resulta disparatado defender la doble imposición cuando se trata de dos contribuyentes distintos. El impuesto de sucesiones no recae sobre el causante o el transmitente, sino sobre el heredero.

Menos consistencia tiene aún apoyarse en que en las herencias debe pagarse también la plusvalía municipal, puesto que este impuesto local grava cualquier transmisión de un bien inmueble, sea esta onerosa o gratuita, siempre que se haya incrementado su valor. Por el contrario, las adquisiciones mortis causa están exentas de la plusvalía estatal (lo que se llama plusvalía del muerto), teniendo un tratamiento beneficioso respecto a otro tipo de adquisiciones.

Ciudadanos acude a un tópico constantemente utilizado por los detractores de cualquier tributo progresivo. Solo recae, dicen, sobre las clases medias, porque los muy ricos lo eluden con distintas artimañas. Pero si es así, lo que debe hacerse no es eliminarlo, sino tomar las medidas legislativas precisas para que no resulte posible evadirlo. A menudo, son los mismos los que proponen la eliminación de este impuesto y de otros progresivos que los que reclaman y permiten mecanismos y agujeros legales que propician la elusión.

A pesar de todo, tenemos que reconocer que los ricos terminan pagando una cantidad importante a causa del impuesto de sucesiones, siempre que esté vigente. A título de ejemplo, podemos considerar que Emilio Botín Sáenz de Sautuola García de los Ríos tuvo que pagar a la Hacienda Pública (concretamente a la cántabra, por sentencia del Supremo) 10.842 millones de las antiguas pesetas en concepto de impuesto de sucesiones correspondiente a la herencia de su padre, Emilio Botín Sáenz de Sautuola López, fallecido en 1993. Es posible que existiese ocultación y se eludiese parte de la obligación tributaria, pero en ese año 1993 la cantidad pagada era sin duda respetable y, de cara a la progresividad del sistema fiscal y a la justa redistribución de la renta, mucho mejor que si no se hubiese ingresado nada en el erario público porque no existiese el impuesto; o una cantidad mucho menor, como ocurrió con la herencia de Emilio Botín hijo, fallecido en 2014, al ser abonado el impuesto en Madrid y estar exento en un 99%. El interés de que desaparezca este gravamen no se encuentra precisamente en la clase media, sino en los que tienen que abonar millones de euros.

Por otra parte, sería muy conveniente que nos pusiésemos de acuerdo en qué entendemos por clase media. Muchos de los que creen pertenecer a ella y se quejan de la enorme carga fiscal que soportan, se encuentran en el 10%, cuando no en el 5%, de mayor renta. Según los últimos datos del INE, en 2016 los ingresos medios por persona en España han sido de 10.708; y por familia, de 26.730 euros anuales. No creo que las familias con estos ingresos paguen mucho en el impuesto de sucesiones.

No obstante, Ciudadanos puede atinar cuando señala algunos defectos que quizás presente la legislación en vigor, tales como el sistema de valoración de los inmuebles o que el periodo de liquidación del impuesto no sea suficiente cuando se trata de bienes que carecen de liquidez y se necesita realizar parte de ellos para hacer frente al tributo, o en la cantidad en que se sitúa el límite exento dependiendo del grado de parentesco, y algunos temas más. Todo ello se puede discutir y corregir, pero ello en ningún caso nos autoriza a decretar la muerte del impuesto o a dejarlo convertido en una figura inútil por su escasa cuantía.

La respuesta dada por el resto de los partidos es también criticable, porque podían haber aprovechado la ocasión no para eliminar el impuesto sino para homogeneizarlo, corregirlo, potenciarlo y devolverle la dimensión que debe tener en el sistema fiscal y que nunca se debía haber abandonado. Especialmente, no puede resultar creíble la pretendida voluntad de Podemos y del PSOE de acometer una verdadera reforma fiscal cuando ante uno de los impuestos más progresivos se adopta la postura del avestruz y se prefiere no plantearse siquiera el problema. Cuando el presidente del gobierno se queja de que las Comunidades Autónomas no tienen recursos para atender los servicios sociales que tienen encomendados podía orientar la vista hacia esta figura tributaria.

Unos y otros deberían considerar que este gravamen, a diferencia del Impuesto sobre el Patrimonio, tiene una larga tradición en nuestro país. Se remonta a finales del siglo XVIII y constituye una figura clásica en la mayoría de los países democráticos, como un importante instrumento para la redistribución de la renta. Concretamente, en todos los países de la Europa de los 15 se grava la transmisión gratuita de riqueza con un impuesto especial, excepto en Suecia e Italia que lo derogaron en 2001 y Portugal que lo hizo en 2004. En cuanto a los países de la Europa del Este incorporados recientemente a la Unión Europea, solo la mitad de ellos mantiene vigente un impuesto de esta naturaleza. La explicación en este último caso es sencilla y se encuentra en el sistema económico por el que se han regido hasta la caída del comunismo y que en cierta forma hacía innecesario un gravamen de este tipo.

republica.com 9-11-2018