ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Si algo caracteriza a Pedro Sánchez por encima de cualquier otro aspecto es su condición camaleónica, es su capacidad de cambiar de relato y de afirmar hoy lo contrario de lo que declaró ayer. Ya lo decía su elocuente vicepresidenta: “Eso era antes de ser presidente”. Pues bien, ahora, de cara a las elecciones, le conviene dar un giro de 180 grados, va a procurar vender una apariencia radicalmente distinta de la realidad y presentarse como buen tartufo con una nueva careta. Por eso, si queremos juzgar los méritos y deméritos del doctor Sánchez habremos de fijarnos en sus obras y no en sus palabras. Si queremos intuir cómo se va a comportar en el futuro, no podemos fiarnos de sus promesas, sino que deberemos proyectar hacia adelante la historia pasada, no solo desde que es presidente del Gobierno, sino al menos desde su enroque en el “no es no”.

En esta campaña electoral va a intentar convencernos de que él no ha pactado con el golpismo, de que no ha hecho concesiones, y para ello agitará la ruptura de la negociación anunciada pomposamente el otro día. El que no haya cedido (más bien que no haya podido ceder) por ahora en la grande, no quiere decir que no haya cedido en muchas chicas hasta donde su propio partido y el clamor social se lo permitían, y tampoco garantiza que no esté dispuesto en ceder también en lo grande si se presentan condiciones más favorables. El mismo Tardá lo ha dicho: “Habíamos llegado ya muy lejos en el pacto”. Al independentismo, como siempre, le ha fallado la perspectiva y ha echado un órdago que en estos momentos el doctor Sánchez no podía aceptar.

Al grito de que hay que dialogar son muchas las concesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al golpismo. Les liberó del control que el Ministerio de Hacienda tenía sobre las cuentas de la Generalitat y que minimizaba el riesgo de que los fondos públicos se empleasen en preparar un nuevo golpe de Estado; trasladó a las cárceles catalanas a los sediciosos pretendiendo hacer pasar lo que era una mera recomendación de la ley, como obligación, cuando había muchos motivos para no hacerlo; retiró múltiples recursos que el anterior gobierno había interpuesto ante el Tribunal Constitucional acerca de ciertas leyes que habían sido aprobadas por el Parlament y sobre las que existían serias sospechas de que vulnerasen la Carta Magna. Y está consintiendo que en Cataluña los CDR impidan las manifestaciones legales que no les gustan y coaccionen y persigan a los no independentistas (jueces, políticos, policías, etc.).

La ministra de Justicia, para no incomodar a los sediciosos, pretendió dejar tirado al juez Llarena en la patética demanda judicial de Bruselas. Y por el mismo motivo forzó a la Abogacía General del Estado a cambiar la calificación en el proceso penal del 1-0. De igual forma, para agradar a los independentistas, varios miembros del Gobierno, entre los que se encontraba Pedro Sánchez, hablaron de indultos, de que creían que los procesados no debían estar en prisión provisional y de que pensaban que no había habido rebelión en el golpe de Estado de los independentistas.

Se han establecido relaciones bilaterales, creando múltiples mesas, entre el Gobierno español y el Consejo de Gobierno de la Generalitat, a pesar de que este se ha negado a participar de los foros comunes con otras Comunidades Autónomas. Con esta bilateralidad se pretende dar la impresión de que la negociación se establece entre dos poderes soberanos e iguales. Esa misma imagen es la que se ofrece cuando se acepta que la reunión entre el presidente del Gobierno español y el presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat se celebren alternativamente en Madrid y Barcelona. Además, se consintió que en el orden del día figurara el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos del procés.

Pedro Sánchez mendigó en Pedralbes una entrevista con el supremacista Torras y, para conseguirla, el Gobierno accedió a celebrar, según los deseos de los independentistas, una mini cumbre con un comunicado final en el que se eliminó toda referencia a la Constitución. Así mismo, se aceptó recibir una lista de 21 puntos disparatados y ofensivos para el Estado español, tan disparados y ofensivos que el Gobierno ha preferido mantenerlos en secreto y solo se han conocido cuando la Generalitat ha creído que le convenía publicarlos.

Últimamente los intereses de Sánchez han estado asociados a la aprobación de los presupuestos y por eso se intensificó el cortejo a los golpistas. En este sentido, se han consignado en el proyecto de presupuestos unos créditos para inversión en Cataluña con un incremento desproporcionado y muy discriminatorio para el resto de Comunidades Autónomas, pero, además, se asumió el esquema del independentismo de crear mesas de negociación al margen de las instituciones y de nombrar lo que llaman un relator, y aun cuando el Gobierno ha pretendido minimizar la figura quitándole toda relevancia, lo cierto es que la referencia a una vieja aspiración de los independentistas, la de nombrar un intermediario de cara a poder internacionalizar el proceso, resulta inevitable.

Algunas de estas cesiones pueden considerarse aparentemente y a primera vista sin demasiada importancia, pero tienen un gran valor simbólico para los secesionistas y para su relato. El independentismo vive de símbolos: la bilateralidad, la intermediación, la supremacía frente al Estado. En política las cosas no son como son, sino como parecen. Y lo que parece y los independentistas quieren dar a entender es que hay una negociación entre dos estados soberanos, por eso se pretende que el diálogo se celebre en mesas bilaterales al margen de las instituciones de las Cortes y del Parlament.

El coro de botafumeiros que acompaña a Pedro Sánchez ha repetido sin cesar, para justificar lo injustificable, que el Gobierno no ha hecho nada ilegal y que no ha transgredido la Constitución. Solo faltaba. Es evidente que hoy por hoy es un paso que nadie puede dar. Pero la cuestión no es esa. El problema es que progresivamente se está facilitando el camino y dotando de armas a los independentistas para que, en un futuro, un nuevo golpe de Estado acabe teniendo éxito. La malignidad del fin, se quiera o no, se traslada a los medios. Si el fin es anticonstitucional, en cierta manera los medios también.

Frente a todas estas concesiones del Gobierno, el independentismo no ha dado un paso atrás en sus reivindicaciones, no ha aportado nada como no sea apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura y en otras múltiples votaciones. Aunque bien es verdad que esa era la finalidad del presidente del Gobierno. El diálogo no va dirigido a solucionar el problema de Cataluña, sino a conseguir mantenerse en el poder. De ahí que cuando comprobó que los independentistas no estaban dispuestos a retirar la enmienda a la totalidad en los presupuestos, escenificó la ruptura del tan cacareado diálogo con el pretexto de que el secesionismo pretendía discutir sobre el derecho de autodeterminación. Menudo descubrimiento, cuando en la primera entrevista de Sánchez con Torra ya se aceptó que figurase en el orden del día, junto al tema de los golpistas presos.

De cara a los comicios del 28 de abril, el sanchismo va a transmutarse, pretenderá convencernos de que no se ha doblegado frente a los sediciosos. Intentarán metamorfosearse, borrar todas las cesiones realizadas, que la sociedad se olvide de que el secretario general del partido socialista fue presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, y tratarán de ocultar lo que aún es más grave: que está dispuesto a repetir la aventura y a constituir la misma mayoría después de las elecciones si es que los resultados lo permiten.

republica.com 22-2-2019

Se suponía que los Parlamentos hacían las leyes y los Ejecutivos los decretos, los reglamentos, el desarrollo de las leyes. Aunque bien es verdad que siempre han existidos listillos que han creído que era más importante hacer los reglamentos que las leyes. Hagan ustedes las leyes, que ya haré yo los reglamentos, dicen que afirmaba con tono retador don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Pero Pedro Sánchez está dispuesto a hacer las leyes y los reglamentos y para ello ha encontrado el subterfugio del decreto-ley que prevé nuestra Constitución en su artículo 86, pero solo para los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Es verdad que todos los gobiernos se han extralimitado en su utilización, pero ninguno como el doctor Sánchez, que lo mantiene como la única forma legislativa. Hasta la realidad más baladí se considera de extraordinaria y urgente necesidad.

Incluso el ministro astronauta se ha aprendido la treta y en el último consejo de ministros utilizó el decreto-ley para cambiar la forma de control de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), excepcionandoles de la ley general presupuestaria, y sustituyendo la fiscalización previa por el control financiero permanente. Conviene antes que nada resaltar que los OPIs son órganos de investigación, pero también son públicos, es decir, los recursos que manejan son de todos los españoles y es fundamental garantizar no solo que tenemos buenos investigadores (todo el mundo se cree muy bueno en su profesión), sino también que se emplean los recursos adecuadamente, con eficacia, con eficiencia y orientándolos a la finalidad y del modo que el Parlamento ha decidido, en otras palabras, de acuerdo con la ley.

La historia es antigua, los responsables de casi todos los organismos, en aras de una supuesta eficacia, pretenden liberarse del yugo de la ley y del control previo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), confundiendo una con el otro. Actualmente, la fiscalización previa está muy limitada a determinados actos y hechos jurídicos que se consideran esenciales, y el tiempo que los expedientes permanecen en las intervenciones es muy reducido, cinco días por término medio. De existir rigideces y retrasos no se encuentran desde luego en el control previo, sino en la normativa aplicable, en la carencia de recursos económicos (en la época de crisis se ha hecho evidente), pero con mayor probabilidad en la ineptidud de los gestores y altos cargos que esconden su incompetencia tras la excusa de la intervención.

Lo que realmente incomoda a los gestores que se muestran descontentos, es la norma, el hecho de tener que someterse a procedimientos reglados; ahora bien, son estos procedimientos los que garantizan que los recursos se utilizan adecuadamente, que no se desvían a finalidades espurias, que no se malgastan y que se cumple la igualdad de oportunidades. En contra de lo que piensan muchos, no sé si por conveniencia o por ignorancia, la ausencia de norma no incrementa la eficacia, sino todo lo contrario, el despilfarro, el amiguismo e incluso la corrupción.

A menudo he señalado cómo los casos de corrupción se han acumulado allí donde el control de la intervención es más deficiente, primero en los ayuntamientos, donde el interventor es nombrado por los alcaldes; segundo en las Comunidades Autónomas, ya que los interventores generales no suelen ser funcionarios y se encuentran muy mediatizados como recientemente ha demostrado el proceso de los ERE en la comunidad andaluza, de donde son oriundas las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda; y, por último, en los entes y organismos de la Administración central (por ejemplo, en las empresas públicas) en los que no existe la fiscalización previa.

Los políticos que compiten para ver quién asume mejor el papel de campeón contra la corrupción se van normalmente por las ramas a la hora de proponer medidas, medidas carentes de eficacia y que solo tienen valor de pura propaganda de cara a la galería. Por el contrario, pocos se preocupan de acometer reformas realmente efectivas como la potenciación de los órganos de control. Más bien, tal como estamos viendo en este caso, el camino seguido es el contrario y se elimina la fiscalización previa con el pretexto de incrementar la eficacia.

Se ha publicado que los OPIs fueron sometidos al régimen de fiscalización previa en 2014. Solo es cierto parcialmente, puesto que en ese año lo único que se hizo fue recuperar el régimen de control que primigeniamente tenían y que había sido modificado, al igual que se hace ahora, a finales de la década de los noventa. El cambio de 2014 obedeció precisamente a la mala gestión y a las múltiples irregularidades que los informes de control a posteriori habían detectado en el funcionamiento de estas entidades desde que se les había librado de la intervención a priori. No hubiera estado mal que el Gobierno actual, antes de tomar esta medida, hubiese consultado los numerosos documentos que se encuentran en la IGAE y que describen los defectos y las lacras que se están dando en la actividad de estos organismos.

Al lado de una corrupción a lo grande, de casos espectaculares, aquellos que terminan en el juzgado y salen en la prensa, se encuentra una corrupción a lo pequeño, tanto o más importante, porque puede emponzoñar a la totalidad de una entidad cuando el control se relaja; es el amiguismo, la endogamia, los contratos amañados, el reclutamiento de personal sin seguir los criterios de mérito y capacidad, las subvenciones concedidas de forma arbitraria o no justificadas adecuadamente con posterioridad, etc. Algo de todo ello hemos intuido en este tiempo de atrás en el mundo universitario. Los escándalos que se han hecho públicos, han mostrado tan solo la punta de ese magma de irregularidades y pequeñas corrupciones sobre el que se asienta la universidad, precisamente por la ausencia de control en su régimen administrativo.

Es hasta cierto punto lógico que los investigadores no entiendan mucho de gestión del gasto público y que en esa ignorancia consideren como recursos propios los fondos provenientes de las subvenciones que se les conceden para los proyectos de investigación. En buena medida es explicable que piensen que no tienen por qué justificar su aplicación. Tampoco nos puede extrañar demasiado que el ministro astronauta no esté muy ducho en Derecho Administrativo y en gestión presupuestaria. Cómo lo va a estar cuando incluso desconoce los rudimentos más elementales de la hacienda pública y piensa, según ha dicho, que las personas físicas pueden tributar como sociedades para ahorrarse impuestos. Son las consecuencias de elegir como ministros a los famosillos por el único motivo de serlo.

Por el contrario lo que no es fácil de comprender es la inactividad y la indolencia del Ministerio de Hacienda permitiendo que se incremente el descontrol en los recursos propios. Bien es verdad que algo aclara el hecho del desembarco en el Ministerio de la brigada sanitaria de la Junta de Andalucía, una jubilosa panda de amigas, cuyos currículos giran principalmente alrededor de los másteres en medicina, cuando no en la diplomatura de ciencias laborales. Titulaciones y conocimientos todos ellos muy respetables, pero no demasiado apropiados para regir un ministerio tan complejo y fundamental como el de Hacienda.

Hace ocho meses, todos los que conocemos un poco la Administración quedamos profundamente sorprendidos cuando al publicarse la estructura del Ministerio de Hacienda vimos con estupor que se ubicaba a la IGAE en la Subsecretaría. Jamás había sido así. No tenía sentido ni por las competencias ni por criterios de jerarquía administrativa. No resulta lógico que un subsecretario (La IGAE tiene esta categoría administrativa) dependa de otro subsecretario. La IGAE, que funcionalmente depende del Consejo de Ministros, lo lógico es que se hubiese adscrito directamente al ministro, o al menos a la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto Público. La explicación llegó más tarde. La subsecretaria desconocia la estructura administrativa y creía que su puesto era el segundo en importancia en el ministerio; pensaba que iba detrás de la ministra y por eso reclamó la IGAE. Creo que su cabreo fue monumental cuando se enteró de que no era así y de que las secretarias de Estado tenían más categoría que ella. En fin, que así nos va moviéndonos entre astronautas.

republica.com 15-2-2019

Quizás sea el de patrimonio el impuesto más odiado y vilipendiado por ese pensamiento único que se ha adueñado de la economía, lo cual, hasta cierto punto, tiene su lógica ya que este tributo junto con el de sucesiones y el de renta constituyen los instrumentos esenciales de la progresividad del sistema fiscal. No pretendo en esta columna refutar el discurso falaz que se suele emplear para denostarlo. Para ello, véase mi artículo en este mismo periódico del 22 de septiembre de 2011 o en mi libro “Economía, mentiras y trampas” de la editorial Península. Persigo, eso sí, señalar la contradicción que representa el hecho de que los mismos que condenan sin paliativos este tributo muestren indiferencia e incluso promocionen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es en realidad un gravamen sobre la riqueza, si bien limitado a un único tipo de patrimonio, el inmobiliario. Este tributo tiene además el agravante de no ser progresivo, sino proporcional (lo que en cierta forma es congruente al no incidir sobre todas las riquezas del contribuyente). Será tal vez esa ausencia de progresividad la razón de que este gravamen no moleste demasiado a los realmente adinerados, que son los que imponen el pensamiento único.

En España, el IBI es el impuesto que más ha crecido en los últimos treinta años. Su recaudación nunca se ha reducido, por el contrario, se ha multiplicado por ocho desde 1990. Incide directamente sobre la vivienda, que es el único ahorro y patrimonio del que dispone la mayoría de los ciudadanos. El 77% de los españoles tienen casa en propiedad, diez puntos más que en la media de la Unión Europea. En este caso, sí nos encontramos frente a un impuesto que grava a las clases medias y bajas y, además, como ya se ha dicho, de una manera proporcional y no progresiva.

Sobre la vivienda inciden también otra serie de impuestos: plusvalía municipal, plusvalía estatal, transmisiones patrimoniales, etc., que hacen que, en España, según la OCDE, el porcentaje que representa la imposición sobre el patrimonio inmobiliario respecto a la totalidad de ingresos esté muy por encima del de la mayoría de los países de la Organización. Curiosamente, los que recurren al argumento de la doble imposición para oponerse al impuesto de patrimonio o al de sucesiones no encuentran objeción a que se paguen dos veces por el mismo concepto las plusvalías generadas en las ventas de los inmuebles. Una vez al ayuntamiento, y otra al Estado dentro del impuesto sobre la renta.

El Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido popularmente como plusvalía municipal), que solo grava los inmuebles urbanos (no las grandes fincas de los terratenientes), se ha convertido en un tributo discrecional, puesto que cada ayuntamiento aplica los criterios que cree convenientes y de forma nada transparente. Hay que añadir que la obligación de este gravamen se genera en cualquier transmisión, incluso en los casos en los que se produce por herencia, lo que no ocurre en el impuesto sobre la renta con la plusvalía estatal (llamada habitualmente la “plusvalía del muerto”). La arbitrariedad de esta figura tributaria es tan clara que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir y considera que este impuesto vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Habrá que considerar, además, tal como ya se ha dicho, que el Estado en el IRPF grava también el incremento de los bienes inmuebles manifestado en las transmisiones (las llamadas plusvalías). Esta carga fiscal se ha hecho tremendamente gravosa después del injusto y distorsionante tratamiento dado a estas operaciones en la reforma fiscal de 2014. Desde la implantación del IRPF por la Ley 44/1978, una cuestión ha estado siempre presente en el desarrollo legislativo: cómo descontar la inflación de las plusvalías de manera que no se grave una ganancia que es puramente ficticia. El tema es especialmente relevante cuando el incremento patrimonial se produce en la transmisión de un activo que ha permanecido largo tiempo en el patrimonio del sujeto pasivo (suele ocurrir con los inmuebles), ya que el efecto de la inflación se acentúa, de tal forma que la parte de ganancia debida a la pérdida de valor de la moneda puede llegar a ser muy elevada. Por ello, en las sucesivas reformas de la Ley, el legislador ha introducido en todos los casos mecanismos correctores (aunque no siempre los mismos) para separar los incrementos reales de los ficticios.

En 2014, el Gobierno decidió modificar el régimen fiscal vigente en aquel momento sobre esta materia, y aun cuando el injustificable tratamiento previsto en el proyecto se suavizó a lo largo de la tramitación parlamentaria, las plusvalías por la venta de un inmueble tributan en el IRPF por cantidades muy superiores a las que correspondía con anterioridad a la reforma. Especial gravedad reviste este tema para los inmuebles adquiridos en los años setenta y principios de los ochenta, puesto que, dado el tiempo transcurrido y las elevadas tasas de inflación de aquellos años, dichas ventas pasaron de estar casi exentas a tributar en un porcentaje significativo de la totalidad del valor inmueble.

Los damnificados no son desde luego ni las empresas ni los contribuyentes de rentas altas, que tienen todos sus inmuebles depositados en sociedades, ya que a todos ellos se les ha dado la opción en múltiples ocasiones de revalorizar todos sus activos sin coste alguno. Afecta en mayor o menor medida a las clases medias con una segunda vivienda, y en especial a personas mayores jubiladas o a punto de jubilarse y que han considerado la propiedad inmobiliaria como la mejor forma de ahorrar para completar la pensión frente a los fondos de pensiones, y ahora, después de sufrir la merma de valor de la crisis inmobiliaria, se les dice que van a perder un porcentaje importante del resto de sus ahorros.

En España, la propiedad inmobiliaria está fundamentalmente en manos de las clases medias y bajas. La verdadera riqueza se encuentra, por el contrario, en el capital mobiliario al que por supuesto no le afecta ni el IBI ni la plusvalía municipal y cuenta con infinidad de medios para escapar del gravamen de las plusvalías en el impuesto sobre la renta. De ahí la importancia del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, y de ahí también el empeño del neoliberalismo económico en suprimirlos.

republica.com 8-2-2019

Cuenta Sánchez Albornoz en su libro “España un enigma histórico” que como el jefe de una de tantas mesnadas (bien de moros, bien de cristianos) que en el siglo XII recorrían los territorios salmantinos preguntase en un poblado quién era el señor de aquella aldea, recibió la siguiente contestación: “Aquí todos somos caudillos de nuestras propias cabezas”. Y es que quizás esa ha sido siempre una característica del ser español. Cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. Cada pueblo, cada comarca, cada provincia, ha ansiado siempre desligarse y constituirse en autoridad soberana e independiente. De ahí que secularmente el anarquismo haya enraizado con tanta fuerza en nuestro país y me atrevería a decir que también del mismo modo la otra cara de la moneda, el liberalismo. Los extremos se tocan. España no es que sea más plural que otros estados, sino que es más anárquica, y cada uno quiere ser caudillo de su propia cabeza. En los momentos en los que las circunstancias políticas lo han permitido esta tendencia se ha hecho presente de la forma más estrambótica posible gritando “Viva Cartagena”.

Era previsible que la organización territorial del Estado creada en la Transición, con las Autonomías, fuera a enervar tales posiciones y sentimientos. La tentación se ha cernido especialmente sobre la izquierda, portadora en su ADN de esa idea anarquizante. En tiempos recientes, Podemos ha surgido como partido con un pecado original, la defensa del derecho a decidir de cada territorio, región o provincia. ¿Cómo negar entonces el derecho a decidir de cada agrupación, facción o grupúsculo dentro de la propia formación política? Las confluencias, lejos de ser tales, se van transformando en corrientes divergentes. Incluso llegan a contagiar a regiones poco dadas a la independencia como Andalucía y Madrid.

Errejón justifica su pacto con la alcaldesa de Madrid argumentando, con ese aire jesuítico que le caracteriza, que su intención era sumar dentro del ámbito de la izquierda, pero lo cierto es que, se quiera o no, y él tenía que ser consciente de ello, con su actuación lo que ha propiciado ha sido la división interna. Sostuvo, como si estuviese enunciando un axioma o una regla moral irrebatible: “La razón de las siglas no está por encima de la razón de las personas”. Planteado de esta forma suena bien, y parece convincente, pero cuando se profundiza lo que realmente se está afirmando es que las razones colectivas no están por encima de las individuales, en el bien entendido de que el individuo siempre se identifica con el “yo”.

La historia es vieja en política. Se asciende a través de la comunidad, del grupo y del partido, pero tan pronto como se llega arriba se cae en la tentación de declararse independiente y soberano y de pensar que las reglas generales no les competen. Errejón fue elegido por Podemos como cabeza de lista de la propia formación a la Comunidad de Madrid. Pero ha creído que la lista era suya y que la podía manejar a su antojo y sin someterse a ninguna regla. Carmena surgió del anonimato gracias a Ahora Madrid y a Podemos (fue quien era entonces secretario regional de esta formación quien la propuso), pero en cuanto se vio alcaldesa se dispuso a jugar a la autonomía y a la independencia.

Carmena no ha dejado de repetir que ella no es política, que no pertenece a ningún partido y que es independiente, y como independiente ha actuado todos estos años. Se ha movido en la confusión y en la anarquía, pero también, aunque parezca paradójico, en la autarquía. Ahora ha dado el paso definitivo y, como diría Errejón, abandona las siglas por las personas, por su persona, por su plataforma personal. No se siente obligada a ningún colectivo. La lista es suya y por eso afirma con la mayor tranquilidad, como si fuese un derecho innato, que no permitirá que le impongan ningún nombre. Reiteradamente he afirmado que las primarias fomentan en las organizaciones políticas el caudillismo. Ahora se da un paso más. Carmena, como Colau, no quiere primarias. Habla de listas participativas. Es decir, que participa solo quien ella designe. La lista es suya, siempre que gane y sea la alcaldesa, porque, de lo contrario, se marchará y abandonará a sus seguidores. Para no ser política y no tener ambiciones, va sobrada.

Carmena y Errejón, en ese extraño maridaje entre anarquía y prepotencia, en ese prescindir de lo colectivo y de la norma para declarar como única ley la propia voluntad, tienen cierto parecido con los golpistas catalanes. Estos han alcanzado y ocupan puestos de poder, porque la Constitución y el Estado español se los han concedido, pero desprecian a este mismo Estado español y se sublevan contra la Constitución y las reglas que les han sacado del anonimato. La anarquía es contagiosa. Si los mandatarios y líderes catalanes la practican, y saltan por encima de las leyes, ¿por qué los CDR no se van a sentir legitimados para instaurar cuando les apetezca el caos en Cataluña?: cortan carreteras y autopistas; deciden quién puede y quién no puede manifestarse y reunirse; escrachan a jueces, políticos y hasta a mossos de escuadra que consideran enemigos; amenazan, coaccionan y atentan contra la propiedad de los que no piensan como ellos. Cataluña, región sin ley ni democracia. El Gobern y el resto de cargos de la Generalitat que han defendido la legitimidad de transgredir el ordenamiento jurídico, en función de las razones personales, carecen de autoridad y se sienten impotentes -aunque quizás tampoco lo deseen- para implantar el orden.

El ejemplo cunde y los taxistas catalanes, viendo el comportamiento de los CDR, se preguntan que, si sus reivindicaciones están más fundadas, ¿por qué no van a actuar de forma similar al menos en lo que al orden público se refiere y ejercer para sus fines la misma presión social? Es más, si la Generalitat no procede frente a los CDR ¿por qué habría de actuar frente a ellos? Y no se equivocan, las autoridades de Cataluña ceden ante el caos. Y de los taxistas de Barcelona a los de Madrid. Unos y otros tienen sus razones seguramente derivadas de la dejadez e inoperancia de las autoridades municipales, que han permitido que la situación se pudriera y se creara un mercado secundario de licencias totalmente desproporcionado.

Pero sean cuales sean sus razones más o menos ciertas, la cuestión no radica en ellas sino en creer que esas razones personales están por encima del interés y de los derechos de la colectividad. La cuestión se encuentra también en la indolencia y dejación de funciones de las distintas autoridades. El espectáculo montado estos días por el sector del taxi ha sido realmente deplorable y sombrío. No es que los taxistas no tengan derecho a la manifestación y a la huelga como cualquier profesional, aunque hay quien afirma que es un cierre patronal y que está prohibido por la Constitución. En cualquier caso se trata de un servicio público y como tal debería estar sometido a una regulación precisa y a la vigilancia de su cumplimiento. Quizá muchos de los problemas actuales provienen de la desidia de los ayuntamientos que han permitido que el servicio prestado por este sector se haya ido deteriorando y que perdiera competitividad respecto a otras empresas que proporcionan servicios similares. En esta ocasión ni Carmena ni Colau han hecho el menor intento de establecer servicios mínimos, lo cual era previsible dados los planteamientos populistas y anárquicos que mantienen ambas alcaldesas en otros temas.

Especial responsabilidad ha tenido en esto de inhibirse y echar balones fuera el ministro de Fomento que, siendo consciente de la complejidad del problema, no dudó en quitarse de en medio y trasladarlo a las Comunidades Autónomas, aunque fuese a costa de crear una situación caótica con soluciones diferentes según la región. E inhibición también la de los responsables del orden público de la Administración central y de la Generalitat, que están permitiendo graves disturbios y fuertes restricciones en la movilidad de ciudades como Madrid y Barcelona, con daños graves para las poblaciones y para los intereses del Estado español. Han consentido que las razones particulares de un gremio primen sobre las normas, el orden público y el interés colectivo. Además, ceder a la coacción de los taxistas puede terminar costando una cantidad elevada de dinero al erario público, si este tuviera que asumir finalmente las indemnizaciones a las compañías de VTC.

Surge la duda de si la razón de esta pasividad no se encuentra en la inacción que la Generalitat mantiene respecto a los CDR y en la renuncia del Gobierno central a intervenir en Cataluña. Quizás se busque que la indolencia ante los desmanes de los taxistas sirva de alguna manera de coartada para excusar la apatía ante el caos que los golpistas están generando en Cataluña. Algo debe de significar el que una delegación de taxistas catalanes haya ido a Waterloo a postrarse a los pies de Puigdemont; que la Generalitat haya cedido a las primeras de cambio; que sea Tito Álvarez (Cataluña) el que capitanee a los taxistas de Madrid y que estos se hayan manifestado en Génova al grito de menos 155 y más 1/30.

republica.com 1-2-2019

Durante los años duros de la actuación de ETA, todas las fuerzas políticas, la opinión pública y la opinión publicada, coincidían, al menos en teoría, en que el terrorismo no podía tener premio. Digo en teoría, porque en ocasiones se tuvo la tentación de lo contrario. Por ejemplo, en las negociaciones que Zapatero estableció con la banda en las que si las cesiones no se llegaron a consolidar se debió al atentado de la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas. Incluso también cabría pensar que en algunos momentos, aunque de forma indirecta, por intermediario, a través del PNV, sí hubo cesiones. Ahí está la afirmación de Arzallus acerca de que “ETA agita el árbol y nosotros recolectamos las nueces”.

En los momentos presentes parecería lógico suscribir que el golpismo tampoco debe tener premio y, sin embargo, lo está teniendo. De hecho, ahí se encuentra uno de los grandes fallos de la teoría del diálogo. Resulta una contradicción, amén de una enorme injusticia, primar a una región frente a las demás por el único motivo de que sus dirigentes se hayan rebelado contra la Constitución y el Estado. El asunto bordea la iniquidad cuando la negociación se establece con la finalidad exclusiva de mantener a un gobierno que de otra manera no existiría. El diálogo entonces se convierte en una compra de votos, y además con el dinero ajeno.

Desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura con el apoyo de los secesionistas no ha dejado de conceder dádivas a Cataluña, aunque más bien habría que decir que las concesiones son a los independentistas. La situación ciertamente es humillante para él, pero lo es aún más para su partido y para todos los españoles. La temperatura ha ascendido muchos grados con la elaboración de los presupuestos. Estos se han convertido en una variable fundamental para Pedro Sánchez. No tanto para mantenerse en el poder (estoy convencido de que piensa hacerlo aun cuando no se aprueben las cuentas públicas, prorrogando las del año pasado) como para aumentar sus posibilidades de cara a las futuras elecciones. Por eso han elaborado unos presupuestos irreales.

Estos presupuestos no están hechos para cumplirlos, sino para la batalla electoral. Son populistas, orientados a la captación de votos de colectivos concretos. Lo que importa es el documento inicial, sin que tenga demasiada relevancia su ejecución. Presenta a todas luces una previsión inflada de los ingresos, por lo que antes o después se terminará por recortar los gastos. Se afirma que son unos presupuestos sociales. Todos los gobiernos cuando presentan sus presupuestos los consideran los más sociales de la historia. (Ver las declaraciones en su momento de Montoro y mi artículo del 19 de abril del año pasado). No obstante, hay que reconocer que en este caso se han sabido escoger partidas de gasto de pequeñas cuantías a las que no se precisa añadir grandes recursos para presentar incrementos espectaculares. En realidad, las dos partidas mayores, el aumento del sueldo de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones, estaban en cierta forma condicionadas ya por acuerdos realizados por el anterior Gobierno.

En los ingresos se ha seguido una táctica parecida, primando las medidas efectistas, por encima de la verdadera eficacia en la tarea de reformar a fondo el sistema fiscal español, lo que sin duda es urgente para acercar la recaudación de la Hacienda española a la de los países de su entorno. En cierta forma son unos presupuestos mentirosos. Me recuerdan lo que nos ocurrió hace mucho tiempo a un grupo de amigos en una de esas tabernas antiguas, la que solíamos frecuentar para el aperitivo. En cierta ocasión, pedimos una morcilla a la plancha y cuando nos la sirvieron troceada observamos con extrañeza que era una morcilla muy rara, tenía tres culos. Estos presupuestos son también muy raros, tienen cinco trimestres de IVA.

Las medidas anunciadas tienen solo la apariencia de cambio, en realidad dejan las cosas casi como están, sin abordar los auténticos problemas. Ejemplo significativo es lo que se estipula acerca de las SICAV. Independiente de la conveniencia o no de su existencia, lo cierto es que su uso está siendo abusivo y tramposo por parte de las grandes fortunas, que han convertido una figura financiera de inversión colectiva, y por lo tanto con una tributación reducida del 1%, en una sociedad de inversión individual que debería tributar al tipo general. El procedimiento es sencillo, reclutan 99 hombres de paja (a los que coloquialmente se les llama mariachis), con lo que formalmente se cumple el requisito de los 100 partícipes, pero cometiendo fraude de ley.

Esta forma de actuar originó que la inspección de Hacienda en los primeros años de este siglo levantara actas a las principales SICAV considerando que no tenían esta condición y que por lo tanto debían tributar al tipo general. La presión del poder económico sobre el poder político no se hizo esperar. El medio empleado fue el de casi siempre cuando se trata de favorecer al capital, Convergencia y Unión (CiU). Es conveniente que en Podemos sean conscientes de quiénes son sus aliados. Constituyó uno de los asuntos más bochornosos en materia fiscal de Rodríguez Zapatero y de su ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Con la aquiescencia del Gobierno se aceptó una enmienda de CiU por la que se retiraba a la Agencia Tributaria la competencia para determinar si una sociedad tiene o no la condición de SICAV, y se le encomendaba a la CNMV, cuya presidencia ocupaba a la sazón Manuel Conte. Es más, cosa insólita, se consiguió que la medida tuviese carácter retroactivo, con lo que quedaban anuladas las actas levantadas. Ni que decir tiene que hasta la fecha la CNMV no ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto y durante este tiempo las grandes fortunas de este país han continuado utilizando las SICAV a su antojo.

Ahora Pedro Sánchez, bajo la presión de Podemos, devuelve en la Ley de Presupuestos la competencia a la inspección de Hacienda, pero, como quien hace la ley hace la trampa, establece que la última palabra la continúe teniendo la CNMV. No podía ser de otra manera, ya que lo que ahora se quiere corregir es lo que había establecido el propio PSOE con Zapatero y, lo que es más importante, porque el patrocinador de la medida fue CiU cuyo sucesor en estos momentos es el PDeCAT que, junto con Esquerra, constituye el oscuro objeto de deseo de Pedro Sánchez, y a los que no se quiere desairar. En buena medida, la totalidad del presupuesto está montado para conquistarles. Esto es lo que convierte a estos presupuestos en los presupuestos de la vergüenza.

En la moción de censura, Aitor Esteban del PNV inició su intervención en tono irónico, mofándose del Estado español, cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo decidió quienes no creen en España, los que quieren separarse de ella, romper el Estado español. A partir de ese día, se han dado muchos más pasos en la misma dirección. El Gobierno de España tiene como objetivo no ya mantener contento al nacionalismo, sino a los golpistas. Está secuestrado por ellos y dispuesto a humillarse todo lo que sea necesario para no perder su apoyo. Ha elaborado un presupuesto para darles satisfacción y en detrimento del resto de las Comunidades Autónomas.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez descartó acometer la reforma del sistema de financiación autonómica con la finalidad de tener las manos libres para negociar bilateralmente con la Generalitat y destinar a Cataluña los recursos necesarios para comprar el voto de los golpistas. Ahora, en los presupuestos, ha consignado un importante aumento de la inversión pública (la regionalizada se incrementa en un 22,25%), lo que le permite dotar a Cataluña con 2.251,38 millones de euros, un 66,82% de incremento, y casi la quinta parte de toda la inversión regionalizada. Solo el incremento de Navarra es superior, aunque en realidad, dada su pequeña cuantía, carece de relevancia. El trato de favor que se pretende dar a Cataluña carece de toda lógica y constituye una enorme injusticia, ya que Cataluña es de las Comunidades más ricas y desarrolladas y su equipamiento contrasta con el de otras regiones como Extremadura, tristemente de actualidad por los desafortunados sucesos acaecidos en las últimas fechas y que ponen de manifiesto el estado calamitoso en el que se encuentran sus infraestructuras.

El Gobierno intenta justificar el arbitrario reparto de los recursos entre las distintas Comunidades y el trato extremadamente privilegiado dado a Cataluña, por la disposición adicional tercera del Estatuto, que establece que “la inversión del Estado en Cataluña se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado”. La ministra de Hacienda, obviando (no se sabe si por conveniencia o por ignorancia) la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional, afirmó en rueda de prensa con mucho descaro -como suele hablar siempre, aun cuando desconozca la materia: “El Gobierno contempla el respeto al Estatuto no como una contrapartida, sino en cumplimiento estricto de la ley y porque creemos que hay que cumplir aquellas disposiciones que se establecen en las leyes orgánicas, como son los Estatutos de Cataluña y otras Comunidades, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde”.

La disposición adicional citada rompe la integración territorial y los principios del Estado social. Cumplirla implica consolidar el grado de desigualdad regional existente en la actualidad, incluso lo aumentaría y, por lo tanto, hace imposible la convergencia. Solo se entiende como parte de la demencia que se apoderó de Zapatero al aprobar un estatuto anticonstitucional. La Abogacía del Estado, para cumplir las indicaciones del Gobierno de Zapatero de lograr que el Tribunal Constitucional anulase la menor parte posible del Estatuto, no vio otra manera de salvar esta disposición que haciendo una interpretación sui generis, como mero deseo político sin que pueda haber ninguna exigencia legal al Gobierno. Y esta interpretación fue la que acabó siendo refrendada por el Tribunal Constitucional e hizo posible que la disposición no fuese declarada anticonstitucional. Existe una razón más que invalida la postura mantenida por la ministra al pretender basar en el Estatuto su prodigalidad con el dinero ajeno hacia Cataluña y es que lo dispuesto en la disposición adicional tercera tenía una vigencia de siete años, con lo que ha vencido en 2014.

Las cifras que figuran consignadas en el capítulo 6 de los Presupuestos tienen un elevado grado de incertidumbre pues no existe ninguna seguridad de que se realicen. Ello introduce una duda acerca de si muchas de esas cantidades que pueden parecer elevadas en determinadas Comunidades Autónomas no están solo puestas para que los recursos destinados a Cataluña no sean tan escandalosos, sin que en realidad se piense llevar a cabo la inversión. Por ejemplo, en el caso de Extremadura la cifra consignada en los presupuestos actuales engloba la que figuraba el año pasado y que no se realizó.

De los 2.251,38 millones de euros que se consignan para inversión en Cataluña 200 millones corresponden al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que sostenía que la Generalitat tenía derecho a ellos no por el Estatuto sino porque el Gobierno se había comprometido a dárselos. Lo preocupante de la cuestión es que no figuran en el capítulo 6 sino en el 7, como transferencia de capital. Es decir, se acepta que la Administración central no vaya a realizar las obras (por otra parte, no se sabe cuáles son), sino que se transfieran esos 200 millones a la Generalitat para que disponga de ellos a su gusto. Dada la parcialidad de sus órganos de control y el abandono del Gobierno central de sus funciones fiscalizadoras no hay ninguna garantía de que no se terminen gastando en embajadas o en aplicaciones parecidas, orientadas a preparar el siguiente golpe de Estado.

Contemplar al Gobierno de España mendigando los votos de los separatistas y dispuesto a todo tipo de concesiones es un panorama triste y humillante. Hay quien pretende disculpar este comportamiento alegando que todos los gobiernos han comprado el voto de los nacionalistas cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo cual es cierto y ha sido uno de los graves defectos que han carcomido nuestro sistema político. Son múltiples las veces que en distintos artículos desde su comienzo he venido refiriéndome a ello y señalando cómo esta actuación distorsiona la equidad interregional y potencia las fuerzas centrífugas, siendo la antesala de lo ocurrido después. Pero lo que no es cierto es que se pueda comparar con la situación actual y con la postura de Pedro Sánchez. Hay una diferencia esencial. Ahora no se trata de nacionalistas, ni siquiera de secesionistas, sino de formaciones políticas que han protagonizado un golpe de Estado y, lo que es peor, muestran su intención de repetirlo. Es este factor el que otorga extrema gravedad a la actitud adoptada por este Gobierno y permite calificar a estos presupuestos como los de la vergüenza.

correspondencia.com 25-1-2019

Las elecciones a la Junta de Andalucía y los dimes y diretes previos a la constitución de su Consejo de Gobierno indican, una vez más, que las formaciones políticas y gran parte de la opinión públicada están lejos de entender el nuevo mapa electoral creado en España tras el hundimiento del bipartidismo. Se ha afirmado desde distintos ángulos sociales y políticos (incluso esta aseveración encabeza el documento-acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos) que los andaluces el 2 de diciembre votaron cambio.

Tal afirmación es bastante incierta, como incierta era esa misma aseveración aplicada al Gobierno de España en las últimas elecciones generales. Tanto en unos como en los otros comicios, el voto ha sido plural y diverso. Cada andaluz y cada español han votado la opción que han creído conveniente. Tampoco es verdad, como se ha dicho en las dos ocasiones, que tuviese que gobernar la formación política más votada. Estamos en un sistema parlamentario y proporcional. El cambio (o no cambio) se produce de manera puramente aritmética por las respectivas combinaciones y alianzas. Las mayorías absolutas han desaparecido y el resultado en el gobierno se origina por la negociación y el consenso de las distintas fuerzas políticas. Constituye un ejercicio de humildad porque ninguno de los partidos puede pretender aplicar sus tesis al cien por cien. El grado de influencia en el posible acuerdo y, por lo tanto, la parte que pueda imponer de su programa dependerá de la habilidad de cada uno en la negociación y de la fuerza que tenga en función de los diputados con los que cuente.

Es notorio que los partidos políticos se resisten hasta ahora a aceptar esta nueva situación y continúan en buena medida anclados en una concepción fundamentalista de la política, olvidando que esta, en gran parte, tiene un componente práctico, el de maximizar lo más posible los objetivos que se pretenden, en función de la fuerza que se posee; pero para ello, lógicamente, hay que pactar a menudo con fuerzas políticas de las que se discrepa profundamente. Una postura puritana, que se niega a mancharse las manos y proclive a establecer cordones sanitarios, conduce a menudo a la ineficacia total y en ocasiones a la parálisis del propio sistema político.

Este prejuicio estuvo desde luego presente en la militancia del partido socialista, que consideraba una perversión tan solo suponer que se pudiera pactar con el PP. Y esa animadversión fue de la que se valió Pedro Sánchez para ganar en las primarias. Lo curioso fue que poco después él no tuvo ningún reparo en apoyarse en los que habían dado un golpe de Estado, entre los que se encontraba uno de los partidos más corruptos, ligados al 3% y políticamente tanto o más a la derecha que el Partido Popular. Es muy posible que muchos militantes socialistas actuasen por una motivación ideológica, pero de lo que no hay duda, teniendo en cuenta con quién han terminado aliándose, es que la postura adoptada por Pedro Sánchez obedeció exclusivamente a sus propios intereses.

A pesar de ser un partido político de reciente fundación y en buena medida surgido bajo la bandera de la superación del bipartidismo, Ciudadanos parece que no ha entendido el nuevo marco político y la necesidad de pactos. Se ha situado en una plataforma superior de incorruptibilidad -solo posible por su corta existencia- desde la que reparte títulos de honradez y se niega a tratar con aquellos que, según ellos, les pueden contagiar. Primero fue la radical negativa a negociar con Rajoy, aunque al final no tuvo más remedio que pactar con él y con los distintos gobiernos regionales del PP. Eso sí, siempre con una postura ambigua y despegada, sin comprometerse y sin mancharse las manos, creyéndose el pepito grillo de la política, dictaminando e imponiendo lo que considera reglas y normas democráticas, las cuales, sin embargo, son muy opinables y discutibles.

Aceptó pactar la investidura de Pedro Sánchez, pero se negó a negociar con Podemos, aun cuando era evidente que sin sus votos era imposible que prosperase. En los momentos actuales, ha vuelto a repetir la misma actitud en Andalucía. En este caso ha pactado con el PP, incluso su entrada en el Gobierno; pero, adoptando de nuevo una postura puritana, se ha negado a sentarse con Vox, aun cuando era consciente de que sin sus 12 diputados las cuentas no salían.

No son solo los partidos políticos los que adoptan estas posturas dogmáticas y sectarias. Desde algún sector de la opinión publicada se anatematizó a Podemos, y ahora desde el lado contrario la condena se dirige a Vox y se les pretende aislar con un cordón sanitario. Pienso que, guste o no, ambos partidos han llegado para quedarse y, quieran o no, las otras formaciones políticas tienen que contar con su presencia, ya que van a tener la representación de un número importante de votantes. Ello no quiere decir, por supuesto, que se tenga que estar de acuerdo con los programas de uno y de otro, pero tampoco considerar a uno o a otro como la encarnación de todos los males, segun pretenden algunos.

Por otra parte, tanto Podemos como Vox, al igual que otros muchos partidos europeos a los que se tilda de populistas, son fruto de la globalización y de su plasmación más perfecta, la Unión Europea. Sus efectos negativos sobre amplias capas de la población han originado un enorme descontento que se materializa en animadversión a los partidos tradicionales a los que se considera responsables de los problemas surgidos y defensores del statu quo.

Estas masas sociales que se consideran perjudicadas buscan otras formaciones políticas, aquellas que se presentan como capaces de dar respuesta a sus inquietudes y de solucionar los errores de este sistema que no les gusta. Los otros partidos las sitúan en los extremos del arco parlamentario tanto a la derecha como a la izquierda (las respuestas son diversas), pero paradójicamente y en buena medida se nutren de clientelas parecidas y a menudo intercambiables, con un denominador común, la indignación al juzgarse injustamente tratados.

Ni los votantes de Podemos son comunistas ni los de Vox, fascistas. Se rebelan simplemente frente a dos dictaduras, poniendo el acento en una u otra según se sitúen a la izquierda o a la derecha. La tiranía del neoliberalismo impuesto como pensamiento único en la economía en el caso de Podemos, y la intolerancia de lo políticamente correcto, que no admite la menor vacilación o duda respecto a las supuestas verdades que ciertos grupos sociales han decretado, en el caso de Vox.

Es posible que los planteamientos de unos y otros no sean muy rigurosos, que sus discursos estén llenos de hojarasca y de ocurrencias, que para una parte de la política oficial Podemos sea un partido de extrema izquierda, cuyas ideas nos conducirían al desastre económico y a una estructura social anárquica y caótica. Para otra parte de esa misma oficialidad, Vox es la extrema derecha, xenófoba y reaccionaria, que nos trasladaría a una sociedad autocrática. Sin embargo, la política oficial en su conjunto haría bien en considerar que las posturas de ambos partidos, aunque aparentemente en las antípodas ideológicas, tienen una misma causa: el descontento ante la evolución seguida por los países europeos y la indignación ante los errores y equivocaciones cometidos en la construcción de la Unión Europea.

En el caso de Vox, que es el que en estos momentos está de actualidad, y al margen de lo que se pueda pensar de muchos de sus planteamientos, hay que reconocer que ha puesto voz a una gran parte de la sociedad, que mantiene muchas dudas acerca del tratamiento que el stablishment y los grupos de presión han dado a ciertos temas que imponen como verdades absolutas sin admitir la menor matización o incertidumbre. En democracia no pueden existir asuntos tabúes ni dogmas. Todo lo que afecta a la sociedad es susceptible de discusión y cuestionamiento.

Sería absurdo negar que una buena parte de la población, incluyendo a muchas mujeres, no terminan de entender cómo se puede dar una calificación penal diferente a un mismo acto, dependiendo del sexo del que lo comete. La reciente sentencia del Tribunal Supremo infringiendo una mayor pena al hombre que a la mujer en una riña de pareja callejera ha puesto sobre la mesa la supuesta contradicción, tanto más cuando parece que la agresión la inició ella.

El hecho de que el número de víctimas femeninas sea mucho más elevado que el de masculinas es una razón clara para extremar las medidas y los medios de prevención y salvaguarda para evitar las agresiones a las mujeres, pero lo que ya no resulta tan evidente es que deba discriminarse penalmente en función del sexo, y mucho menos que se quiebre la presunción de inocencia. Los delitos no son colectivos, sino individuales. Las palabras pronunciadas por la elocuente vicepresidenta del Gobierno, “La protección sexual de las mujeres pasa por aceptar la verdad de lo que dicen siempre”, son sin duda la expresión más clara del grado de demencia sectaria al que pueden llegar ciertas actitudes feministas, tanto más si, como suele hacer a menudo la señora Calvo, se vanagloria de ser doctora (a lo mejor de la misma forma que Sánchez) en Derecho Constitucional. No es de extrañar por tanto que la desconfianza y el recelo acerca de este tema vayan cosechando más y más adeptos.

Entre los muchos despropósitos legales del franquismo, uno de los mayores, era el distinto tratamiento que el Código Penal daba a la infidelidad matrimonial del hombre y de la mujer, concediendo un trato mucho más favorable a la primera que a la segunda. Tal discriminación era intolerable y fue recibiendo progresivamente la reprobación de todos los grupos sociales. ¿Es tan extraño que hoy muchos ciudadanos y ciudadanas (lenguaje inclusivo) se pregunten si después de tantos años no se ha seguido la ley del péndulo y se está aceptando una discriminación parecida solo que en sentido inverso?

Ante los cuestionamientos desarrollados por Vox en este asunto, en seguida han surgido voces dispuestas a contradecir sus argumentos. Pero toda precipitación apasionada conduce a discursos erróneos y a razonamientos débiles. Se afirma que las denuncias falsas solo son el 0,007% del total, porque consideran tales únicamente las que han terminado en condena, según los informes de la Fiscalía, pero eso sería tanto como afirmar que la cuantía de dinero negro se reduce al detectado por la Agencia Tributaria en sus inspecciones. Resulta evidente que entre los miles y miles de denuncias la gran mayoría quedan archivadas sin sentencia. Desde luego, no se puede afirmar que todas sean denuncias falsas, pero tampoco que no lo sean. Es más, incluso en aquellos casos en los que ha habido sentencia habrá que preguntarse cuántas se han debido a que el denunciado, aun sintiéndose inocente, ante el peligro de ser condenado y dada la presión social existente, ha preferido pactar con el fiscal e indemnizar a la otra parte. No parece descabellado pensar que en procesos de divorcios haya mujeres que caigan en la tentación de usar el tema de la violencia doméstica para obtener ventajas de todo tipo.

La postura que Ciudadanos mantiene respecto al pacto de gobierno de la Junta de Andalucía resulta bastante incomprensible, a no ser que la explicación se encuentre en el palacio del Elíseo y en las declaraciones de Macron; que a su vez tienen difícil justificación, pues nadie sabe quién le ha dado vela en este entierro, sobre todo si se considera el desaguisado que tiene en su patio interno y el ridículo que ha hecho en Europa, donde Merkel le ha toreado y no ha conseguido prácticamente nada de lo que se había propuesto. En este burlesco trance de meterse donde no le llaman, le ha acompañado el vicepresidente de la Comisión Europea y futuro cabeza de lista de los socialdemócratas en las elecciones europeas, el holandés Frans Timmermans. Curiosamente, ninguno de ellos dijo nada sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya pactado con golpistas y haga depender de ellos su Gobierno. Además, no creo yo que estén en condiciones de dar muchas lecciones en materia de ultraderecha. Esta, donde de verdad existe, y quizás constituya un peligro, es en sus respectivos países y algo habrá tenido que ver en su crecimiento la actuación de los gobiernos socialdemócratas. No deberían establecer muchos cordones sanitarios, no sea que en un tiempo relativamente próximo sean ellos la minoría y otros estén dispuestos a aplicarles la misma terapia.

El documento firmado entre PP y Vox no parece que proporcione especial motivo de preocupación o miedo. Más peligroso puede ser el de PP y Ciudadanos, pues todas esas proposiciones que parecen muy bien intencionadas, casi una carta a los reyes magos, se desvanecen cuando se consideran las medidas fiscales: reducción de todos los impuestos progresivos (sucesiones, donaciones, IRPF, patrimonio, etc.), que va a disminuir sustancialmente la capacidad económica de la Junta y a dejar en papel mojado todas las mejoras sociales proyectadas. No van a ser precisamente las clases medias trabajadoras las que van a salir beneficiadas, tal como torticeramente señala el documento. Da la sensación de que los firmantes están bastante despistados acerca de entre qué tramos de renta se sitúa la clase media en Andalucía. La izquierda mientras se rasga las vestiduras con Vox se olvida del verdadero peligro, el neoliberalismo económico.

republica.com 18-1-2019

Las fiestas navideñas han finalizado, dejando en nuestra sociedad el eco de elocuentes acontecimientos políticos. Estos comenzaron antes de que los niños de San Ildefonso cantaran el gordo, con ocurrencias y sancheces. El presidente del Gobierno -en esa gesta de comprar a los secesionistas y en la creencia un tanto ingenua y fatua, como la de Zapatero en su momento, de que les iba a tener, por la sola virtud de su palabra, domesticados- había proyectado la celebración de un Consejo de Ministros en Cataluña, con reunión incluida de Pedro Sánchez con el xenófobo (Sánchez dixit) presidente de la Generalitat.

No merece la pena insistir en el desastre constituido tanto por la humillación de un Consejo de Ministros celebrado en estado de sitio, como por la imagen denigrante de una reunión bilateral con un comunicado más denigrante aún. De ello ya se ha dicho casi todo. Tan solo queda resaltar los recursos públicos derrochados por un capricho y el intento de blanquear la enorme equivocación, planificando la celebración en el futuro de consejos de ministros en todas las Autonomías, lo que es totalmente inútil y poco práctico.

El 24 de diciembre, a eso de las nueve de la noche, el rey se dirigió por televisión, según es tradición, a todos los españoles. Siempre me ha parecido una costumbre bastante vacua. Por principio, los discursos del rey, dado su carácter institucional de neutralidad, tienen que reducirse por fuerza (y malo sería lo contrario) a meras generalidades, que lógicamente han venido siendo aplaudidas y ponderadas por todos los partidos políticos, aunque, eso sí, cada uno de ellos acercando el ascua a su sardina, resaltando los aspectos que van más en consonancia con sus planteamientos, incluso dando en ocasiones una lectura torticera a las palabras del monarca. De ahí que, por ejemplo, los sanchistas se hayan apresurado este año a identificar la convivencia, situada por la Corona en el centro de su alocución, con el diálogo que propugna Pedro Sánchez, cuando se parece mucho más a la conllevanza que defendía Ortega.

Lo que no era normal en otros tiempos ha pasado a serlo ahora. Por eso, las palabras del rey se han convertido en polémicas. Para los golpistas catalanes todas las ocasiones son pocas para arremeter contra la Corona. Necesitan encarnar en algo o en alguien el origen de la supuesta e imaginaria opresión. Nadie puede creer que Extremadura, Andalucía, Galicia o Canarias, por ejemplo, puedan explotar a una de las regiones más ricas y que más ha intervenido en todas las épocas (Borbones, República, franquismo, democracia) en el gobierno de la nación. Necesitan fabricar un sujeto quimérico (del que predicar como soporte) al que atribuir todos los supuestos abusos e injusticias que dicen padecer: Estado español, Madrid, etc. Ahora que no está Rajoy, el rey ocupa su lugar (aun cuando sea contradictorio con el papel constitucional del monarca), puesto que hay que preservar a Pedro Sánchez, principal apoyo de los independentistas. ¿Nos hemos olvidado ya de que Torra era uno de los energúmenos que gritaban en la puerta de Ferraz la noche en la que el actual presidente del Gobierno tuvo que renunciar a la Secretaría General de su partido forzado por el Comité Federal?

Torra arremete contra el rey negando lo evidente. Según él, en Cataluña no hay un problema de convivencia, sino de injusticia y opresión. Las tres cosas se pueden dar al mismo tiempo. Es evidente que si en algún sitio la convivencia está en crisis es en Cataluña, como en su día estuvo, y en gran medida aún lo está, en el País Vasco. La población se encuentra fuertemente dividida en dos mitades, pero es esa misma división la que ha originado la injusticia y la opresión. La dictadura que una de las mitades intenta imponer a la otra, mediante la coacción y la fuerza que le proporciona el control de la Generalitat.

El rey en su discurso se refirió a la deuda que la sociedad tiene con los jóvenes. Tal afirmación solo se entiende desde el interés del propio monarca, ya que es consciente de que son esas generaciones las que ponen más en duda la utilidad de la monarquía. Puestos a considerar deudas, yo diría más bien que son los jóvenes actuales los que tienen una deuda con la sociedad y con las otras generaciones, especialmente con la de sus abuelos. Solo hay que contemplar el estado de la sociedad de hace 50 años y compararlo con el de la actual; contrastar los medios con que contaban y las condiciones en las que vivieron los jóvenes de entonces y los de ahora, desde la educación hasta el nivel de vida, incluyendo incluso la vivienda. El hecho de que la renta per cápita y la productividad actual sean más del doble que las de entonces, así como el progreso y el desarrollo, no ha caído del cielo, sino del esfuerzo, del trabajo y de los impuestos de las generaciones anteriores.

Los jóvenes actuales (al igual que los mayores) de las clases bajas y trabajadoras podrán tener sus lógicas y justas exigencias y reivindicaciones frente a los gobernantes y frente a las oligarquías económicas y financieras. Pero no es lícito, ni conveniente, plantear el conflicto en términos generacionales porque, en todo caso, serían las generaciones jóvenes las que tendrían una deuda contraída frente a los jubilados y los pensionistas actuales, que en su gran mayoría carecieron de la posibilidad de estudiar, que en términos generales afrontaron una vida mucho más dura que la de ahora, que padecieron una dictadura y tuvieron que inventarse cómo se salía de ella, y que gracias a su trabajo y esfuerzo hicieron que la sociedad evolucionara hasta el grado de desarrollo que ahora disfrutamos.

Es por todo ello por lo que resulta un tanto indignante que se dude de su legitimidad a cobrar unas pensiones dignas y de su derecho a no perder año tras año poder adquisitivo. Resulta insultante que se considere injusto para las próximas generaciones el mantenimiento de las pensiones, basándose en que el número de activos por pasivos se reducirá, sin considerar que la productividad de los activos será mucho mayor gracias precisamente al esfuerzo de los propios jubilados en el pasado.

Es posible que fuese casualidad, pero el día no pudo resultar más a propósito para la comparecencia del presidente del Gobierno: 28 de diciembre, día de los inocentes, porque inocentada fue toda su comparecencia orientada a cantar las bondades y méritos de su corta estancia en la Moncloa. “En siete meses, el Gobierno ha hecho más por la justicia social, la regeneración y la concordia que el anterior en siete años”. Nos tomó a todos por inocentes. Cantó las excelencias de la economía española, en claro contraste con lo que opinaba cuando estaba en la oposición. En realidad, eso no constituyó ninguna novedad, ya que sabemos por la elocuente Carmen Calvo que uno es el Pedro Sánchez presidente del Gobierno, y otro el Pedro Sánchez anterior a la moción de censura.

Más chusca aún si cabe es su pretensión de que esas virtudes que pondera de la economía española se deban a su buen hacer en sus siete meses en el gobierno. Curiosamente, la economía se está desacelerando y, por tanto, los datos de los últimos meses son peores que los de los anteriores, deterioro que, para ser honestos, no se puede achacar al Gobierno Sánchez, pero lógicamente tampoco lo bueno o lo malo de la situación económica actual, que, para bien o para mal, hay que predicar del anterior Ejecutivo. En Economía, los efectos se producen con desfases de varios años. Eso hace que a menudo los resultados positivos o negativos de las medidas económicas recaigan sobre un gobierno distinto del que las adoptó.

En materia política, el discurso del presidente del Gobierno fue algo más que una inocentada, constituyó un alarde de cinismo e hipocresía. Valga como muestra su pretensión de convencernos de que era una indignidad alcanzar el gobierno de Andalucía con el apoyo de Vox, y que tal hecho no es comparable con conseguir la presidencia del Gobierno mediante los votos de los secesionistas y antiguos terroristas. Ciertamente no son hechos comparables. El primero es perfectamente lícito, como lo es el acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos, sean cuales sean las opiniones que se tengan de estas y de las otras formaciones políticas. La cosa cambia radicalmente cuando entran en juego partidos golpistas cuya finalidad es rebelarse contra la Constitución y quebrar el Estado. Puede ser legal, pero resulta reprobable ética y políticamente. Su intento de distinguir entre investidura y moción de censura no se sostiene, en el entendido de que en España la moción de censura tiene que ser siempre constructiva. En su cinismo se atrevió a mantener que él gobierna con el Parlamento, cuando los únicos que le sostienen en el Parlamento son golpistas, antiguos terroristas o formaciones políticas que viven en el filo de la inconstitucionalidad.

La rebelión continúa y por si a Pedro Sánchez se le había olvidado se lo recordaba dos días más tarde, el 30 de diciembre, el xenófobo presidente de la Generalitat llamando a sus huestes a sublevarse. Para que no quedase duda de a qué se refería, lo rubricó con una frase de Kennedy, sacada por supuesto de contexto, “Solo los que se atreven a arriesgar mucho pueden conseguir mucho”. Anunció que se proponía poner de nuevo en vigor las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. En cualquiera de esos países que se llaman democráticos y que pretenden dar lecciones de libertad al nuestro es inimaginable que el gobernador de una región o de un estado federado se declarase en rebeldía, incitase a violar la Constitución y continuase en el cargo.

En España no solo continúan en el cargo, sino que, además, se les premia. Así, las Navidades acababan con la comparecencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciando que en 2019 la Comunidad Autonómica de Cataluña no acudirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Por la solemnidad con la que se hizo el anuncio parecería que la Generalitat tiene ya capacidad para financiarse en los mercados, pero no es así. Las principales agencias de calificación continúan dando a sus títulos la condición de bonos basura, por lo que tendrá que seguir dependiendo de los préstamos del Estado, solo que por otro mecanismo más cómodo, el Fondo de Flexibilidad Financiera (FFF) y en el que el control del Estado es mucho más laxo. El tránsito de uno a otro fondo no depende de la voluntad de quienes perciben el préstamo, sino de la autorización del Ministerio de Hacienda, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos: déficit, endeudamiento y pago a proveedores.

No deja de ser sorprendente que este año, aun cuando la Generalitat carece de presupuesto y el Parlamento se encuentra casi paralizado, coincidiendo con el ascenso de Sánchez a la Moncloa, el Ministerio de Hacienda, ¡oh, portento! de por buena la observancia de los requisitos anteriores, que desde 2006 no cumplía. Milagros de la contabilidad creativa. Pero todo tiene un límite y hay cosas que son imposibles de esconder, por ejemplo, la indemnización de más de 1.037 millones de euros que la Generalitat tiene que pagar a Acciona por haberle rescindido el contrato adjudicado en 2012 para la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), con la finalidad, según dicen, de crear estructuras de Estado.

La Generalitat pretende que el Ministerio de Hacienda le permita imputar este gasto a 2019 porque, de lo contrario, el déficit de 2018 se duplicaría y no podría cumplir el objetivo, en el caso de que previamente lo cumpliese. La cuestión radica en que Hacienda no puede cambiar la naturaleza de los hechos y de las operaciones financieras. El pago se puede efectuar cuando se quiera, pero el gasto se había realizado con anterioridad al 31 de diciembre, puesto que la Generalitat había contraído ya la obligación frente a un tercero, luego la imputación a 2018 no es discrecional, a no ser que la ministra licenciada en Medicina esté dispuesta a cualquier cacicada con tal de contentar al jefe. Abandonar el FLA no tiene tanto una finalidad económica como política; lo dijo el secretario general de Economía del Govern, la Generalitat tendría un grado de soberanía económica mayor, y ahí es donde radica el peligro.

Después de un golpe de Estado que continúa latente, y presto a repetirse en cualquier momento, lo correcto no parece ser conceder más cotas de autonomía e independencia a la Comunidad Autónoma catalana. El Gobierno no se cansa de repetir que fuera de la ley, nada, pero es que dentro de la ley hay muchas cosas que no son justas, ni políticamente convenientes. No es justo que el Gobierno se niegue a reformar el sistema de financiación autonómica a efectos de tener las manos libres y poder beneficiar a una de las regiones más ricas de España en detrimento de las otras Autonomías y precisamente como premio a una intentona golpista. No es conveniente desde un punto de vista político proporcionar más medios a los que no se privan de manifestar reiteradamente que están dispuestos a sublevarse de nuevo. Solo las ansias de permanecer en el poder a cualquier precio pueden explicar tamaños desatinos.

republica.com 11-1-2019

Se quiere dividir a los partidos políticos y a la opinión pública en relación con Cataluña entre los propugnan el diálogo y los que abogan por una postura autoritaria. Desde esta óptica, la alternativa parece que no se sitúa en un plano ético, sino que más bien se reduce a un problema meramente técnico, practico, de táctica o de estrategia. El presidente del Gobierno es el más beneficiado de que el diálogo esté planteado en estos términos. Se supone que las razones son desinteresadas, basadas exclusivamente en la conveniencia de solucionar el problema catalán. Esta interpretación sirve para limpiar su posición poco ética y políticamente reprochable, consistente en haber abandonado el bloque constitucionalista y pasarse al lado de los golpistas. Vender su primogenitura por un plato de lentejas. También sirve para justificar a todos los comentaristas, tertulianos, políticos, que están empeñados en defender a este Gobierno de sus actuaciones en Cataluña, la mayoría de las veces bochornosas, ya que les resulta cómodo argumentar en estos términos, fijándose exclusivamente en lo necesario y conveniente que es el diálogo.

¿Quién va a estar en contra de dialogar? Pero el dilema es otro. No se encuentra en la disyuntiva diálogo sí, diálogo no, sino en saber con quién se dialoga, qué es lo que se negocia y, sobre todo, cuál es la intención y la finalidad de la negociación. El enfoque más certero ha partido precisamente de las filas del mismo PSOE, lo ha puesto sobre la mesa el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, al afirmar que el quid de la cuestión se halla en que no se puede dialogar con los secesionistas cuando se depende de ellos. En definitiva, el problema radica en que, a partir de la moción de censura, todas las actuaciones del Gobierno tocante a Cataluña son sospechosas. Existe un antes y un después en relación a esa fecha (véase mi artículo del 11 de noviembre pasado).

Esa dependencia respecto a los golpistas contagia todo el comportamiento del Gobierno en Cataluña. Pedro Sánchez pretende justificar su proceder basándose en el diálogo, Sin embargo, nunca ha creído en él, como no fuese como un medio para conseguir la presidencia del Gobierno. Se hizo famoso su «no es no», negándose a negociar, ni siquiera sentarse a la mesa, con el partido que había ganado las elecciones. Tampoco quiso negociar nada con los órganos e instituciones de su partido en todo aquello que le podía alejar de la Moncloa. Prefirió utilizar la técnica caudillista dirigiéndose directamente a la militancia, en la que priman los eslóganes y no se precisa de argumentación ni negociación alguna. Las cosas son blancas o negras, sin necesidad de matices. Para Sánchez, el diálogo con el secesionismo es mera coartada. Lo ha sido cuando estaba en la oposición, como instrumento con el que criticar y desgastar a Rajoy y un medio para situarse en esa tercera vía, sin que nadie haya podido saber nunca en qué consistía el dialogo que proponía; y lo es en estos momentos como mecanismo para mantenerse en el poder.

El diálogo de Sánchez está enmarcado en estas coordenadas. Aun cuando quiere vender que se trata de un diálogo con los catalanes y con Cataluña, realmente no lo es. Sus interlocutores son tan solo los golpistas, ya que son estos únicamente los que le pueden mantener en el poder. Deja al margen, por ejemplo, a Ciudadanos, que es el partido más votado en Cataluña. No es, por tanto, el interés de Cataluña y de España el que se busca en la negociación, sino la conveniencia y los deseos de los secesionistas y la estabilidad en el poder de Pedro Sánchez. Se olvida, en consecuencia, que la primera negociación que debe producirse en Cataluña es entre las dos mitades en las que está dividida la sociedad, de lo que no quieren ni oír hablar los independentistas. Ellos se consideran que conforman toda Cataluña. Por eso Torra, con todo el descaro, reacciona ante el discurso del Rey afirmando que no hay un problema de convivencia en Cataluña, sino de justicia y democracia. Problema de justicia y democracia, sin duda, en el régimen establecido por el secesionismo, pero también de convivencia -y cada vez mayor- porque la otra parte de Cataluña también existe.

El diálogo de Sánchez no se configura como el de un presidente de Gobierno con el presidente de una Comunidad Autónoma, sino como dos interlocutores equivalentes, con igualdad de autoridad y derechos. Ha sido siempre la ambición de los independentistas, establecer relaciones bilaterales con el Estado, de poder a poder. El Gobierno, desde que ha entrado en negociaciones con los golpistas, ha aceptado este planteamiento, unas condiciones humillantes para él, para su partido y para todos los españoles. El ejemplo más claro han sido los acontecimientos presenciados en torno a la última reunión en Barcelona, desde el hecho de que se celebrase en Cataluña (ahora, para disimular, quiere celebrar consejos de ministros en todas las Comunidades), pasando por el formato de minicumbre, hasta el documento aprobado y suscrito entre las dos delegaciones, en el que se omitió la palabra Constitución, se utilizó el termino conflicto, en lugar de golpe de Estado, y no se hizo referencia a la voluntad de todos los españoles. En el fondo, este planteamiento tiene su lógica, porque no se trata de un diálogo entre España y Cataluña, ni siquiera entre un Gobierno Central y el de una Comunidad Autónoma; es, más bien, la negociación entre dos formaciones políticas, una nacional y otra nacionalista, en la que cada una busca sus propios intereses. De ahí el que el diálogo se plantee en términos de igualdad, tanto más cuanto que la primera es rehén de la segunda.

El diálogo que defiende Sánchez solo tiene utilidad para los golpistas y para él y su Gobierno. No aporta nada ni al Estado ni a Cataluña. Lejos de solucionar el problema, lo complica. Los sanchitas cambian los términos. Quieren hacernos creer que hasta ahora no se ha ensayado el diálogo, y que es el presidente de este Gobierno el que se ha erigido pionero en la materia. Afirman tajantemente que hay que ensayar la negociación porque los otros medios han fracasado. Pero lo cierto es que lo único que se ha experimentado con los nacionalistas ha sido el diálogo, un diálogo ciertamente muy sui generis, porque toda negociación estaba basada en más y más cesiones del Estado sin que la otra parte estuviera nunca dispuesta a renunciar a nada. Siempre a más, jamás a menos. Los nacionalistas en ningún momento se han dado por satisfechos con lo conseguido. Tanto durante la Segunda República, como a lo largo de estos cuarenta años de democracia, cada cesión ha empeorado el problema. Ortega lo vio claro; Azaña fue consciente de ello demasiado tarde; Zapatero, si no hubiera estado tan pagado de sí mismo, debería haberse dado cuenta en algún momento; y si Pedro Sánchez pudiera pensar en otra cosa distinta que en permanecer en el gobierno se percataría de que en estos siete meses que lleva en el poder las posibilidades de los golpistas se han incrementado.

Los sanchistas se empeñan en persuadirnos de que la aplicación del 155 fue inútil. Es posible que tengan razón, pero tan solo por la manera de aplicarlo, parcial, con miedo y limitado en el tiempo. Lo mantuve desde el mismo momento en que se decretó. (Vease mi artículo de 2 de noviembre de 2017. (Sé que las auto citas pueden resultar pedantes, pero resultan de utilidad porque evitan tener que repetir ideas y argumentos ya manifestados y que alargarían quizás inútilmente los artículos).

En cualquier caso, la situación ha empeorado sustancialmente desde el mismo instante en que el artículo 155 ha dejado de estar en vigor y los golpistas cuentan con el inmenso poder y dinero que les concede disponer del gobierno de la Generalitat, y de los medios que les está entregando Sanchez. A pesar de que Eric Juliana, arrimando siempre el ascua a su sardina, haga esfuerzos para convencernos de lo contrario, la aplicación del 155 es perfectamente constitucional y democrática. Obedece a un mandato de la Carta Magna y el Gobierno de Madrid es tan democrático como el de la Generalitat, y mucho más cuando este último, le haya votado quien le haya votado, se sale del mandato constitucional y conspira para consolidar un golpe de Estado.

El diálogo de Sánchez está agravando la situación y dando nuevas armas a los independentistas, incluso legitimándoles internacionalmente. Ahora hasta se les autoriza a eludir el escaso control al que estaban sujetos mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y se les presta el dinero por ese otro mecanismo del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que no conlleva condiciones fiscales. Se les deja total libertad en el uso de los recursos, que sin duda se emplearán en buena medida en continuar alimentando el golpe de Estado. Qué casualidad que, a pesar de no aprobar los presupuestos, la Generalitat, según la ministra de hacienda (licenciada en medicina) cumple los requisitos de déficit, endeudamiento y pago a proveedores.

Puestos a ensayar, deberíamos hacerlo con un artículo 155 consistente (policía, educación, relaciones exteriores, Hacienda, medios de comunicación) e indefinido hasta que, tal como dispone la Constitución, se haya restaurado la normalidad. Esto sí que no se ha probado nunca. Bien es verdad que cuanto más se tarde en aplicarlo, más necesario será, pero también presentará mayores dificultades en su instrumentación. Sin embargo, paradójicamente, desde esa nueva situación creada por la aplicación del citado artículo sería más posible el diálogo y la negociación, puesto que los secesionistas comprenderían que no siempre es de más a más, sino que también puede ser de más a menos. Claro que ese diálogo solo sería factible con un gobierno que no dependiese de los golpistas para gobernar. García-Page tiene razón. La cuestión no está en diálogo sí o diálogo no, sino en qué es lo que se dialoga, desde qué plataforma y con qué hipotecas.

republica.com 4-1-2019