ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Desde el mismo momento en el que anunció la celebración de elecciones, Sánchez lanzó a todos sus ministros a proclamar a lo largo y ancho de España los logros ciertos o fingidos de su Gobierno. Incluso la ministra de Economía, que había estado desaparecida y a la que apenas se había escuchado durante los nueve meses de gobierno, ahora no hay un día en el que no aparezca haciendo declaraciones en la prensa.

Ciertamente no lo tiene fácil la señora ministra, porque ninguno de los datos macroeconómicos de los que pretende alardear son suyos o de su jefe; para bien o para mal, obedecen a la inercia marcada por la política de la etapa anterior. Los triunfos y fracasos de su política -si es que tienen alguna- se irán viendo en el futuro. En economía hay siempre un considerable desfase entre las medidas adoptadas y sus efectos, lo que hace que casi siempre cada gobierno acabe recogiendo lo sembrado por el precedente. Sufre sus errores o se beneficia de sus aciertos.

Pero no es de estos análisis que realiza la señora ministra de lo que quería hablar en este artículo, ya que, por otra parte, poco añaden a los informes de los organismos internacionales y servicios de estudios, como no sea un punto de optimismo, casi de triunfalismo injustificado. Bien es verdad que eso es propio casi siempre del que está gobernando. Me quiero referir esta semana a ese otro asunto que ha elegido Calviño para prestar su colaboración a la campaña de publicidad y propaganda. La propuesta de crear en la Eurozona un sistema de seguro de desempleo comunitario, que, según la ministra, lidera Pedro Sánchez, y sobre la que España ha elaborado y repartido un documento al resto de los países miembros.

La única novedad del tema es adjudicar a Pedro Sánchez la condición de líder de los demás países europeos, que recuerda esa célebre frase de Leire Pajín sobre el gran acontecimiento planetario del encuentro entre Obama y Zapatero. La propuesta de la que ahora se vanagloria Calviño es antigua, necesaria e irrealizable. Se puede pensar que estos calificativos son incompatibles entre sí, pero no es cierto.

La propuesta es antigua porque, al menos en 2015, los cuatro presidentes de las instituciones europeas (BCE, Comisión, Consejo y Eurogrupo) propusieron la creación de este fondo para 2017. Incluso esta idea ya había sido lanzada anteriormente, la Comisión la había formulado varias veces. No tiene nada de extraño, puesto que una unión monetaria precisa entre otras muchas cosas de mecanismos anticíclicos también unitarios, dado que bastantes países al carecer de moneda propia no pueden utilizarlos individualmente. Resulta tan evidente, que lo único extraño es que no lo contemplase el Tratado de Maastricht como condición necesaria (aunque no suficiente) para que la moneda única funcionase y que se haya tenido que esperar más de veinte años y pasar por una gran recesión para que empezase a tomar cuerpo la idea.

Los cuatro presidentes justificaban la propuesta con argumentos incuestionables. En una unión monetaria, ante una crisis, la única vía que les queda a aquellos miembros que se vean obligados a adoptar ajustes es la de la devaluación interna. Con toda probabilidad, los mercados no les permitirán utilizar mecanismos anticíclicos tales como el seguro de desempleo. Parece lógico, por tanto, crear un mecanismo colectivo que pueda asumir ese papel. Existe, además, un argumento de justicia, la moneda única crea entre los Estados profundos desequilibrios, los superávits del sector exterior de unos son el reverso de los déficits que presentan otros; el empleo que se crea en los primeros es la otra cara de la moneda del desempleo generado en los segundos. Es coherente, en consecuencia, que los costes se repartan entre todos los países, es decir, que los Estados con superávit colaboren a sostener las cargas de los deficitarios.

En realidad, el seguro de desempleo es tan solo uno de los elementos que deberían integrar un verdadero presupuesto comunitario, condición que desde luego no cumple el de la Unión Europea. Dado el puesto que ha ocupado en la Comisión, Calviño debería saber muy bien el carácter de quimera que tiene este último, representa tan solo el 1,2% del PIB comunitario. El llamado Tratado de Maastricht, por firmarse en esta ciudad, pero cuyo verdadero nombre es “Tratado de la Unión Europea” perdió en el proceso de su tramitación la palabra “política” que seguía a la de Unión. Una mutilación en consonancia con el contenido, pues se creó la Unión Monetaria sin el contrapeso de la Unión Fiscal y Presupuestaria. La única compensación consistió en establecer unos fondos llamados de cohesión que, al margen de la mucha propaganda que han hecho de ellos la Comisión y los eurófilos, no han cohesionado nada.

Los defensores del Tratado de Maastricht manejaban la teoría gradualista. Frente a las críticas, aducían que en ese momento se constituía la moneda única y que la Unión Presupuestaria vendría más tarde. Han pasado más de veinticinco años y el presupuesto de la Unión, que ascendía entonces al 1,24% del PIB, alcanza ahora tan solo el 1,2%. No solo no ha aumentado, sino que ha retrocedido. Pero la necesidad subsiste. Sin un verdadero presupuesto, la Unión Monetaria nunca será estable, tendrá un coste altísimo para determinados países y estará siempre al borde de la desaparición.

Mal que bien, a nivel teórico comienza a entenderse la contradicción. De ahí las propuestas de crear la Unión Bancaria o un presupuesto específico para la Eurozona, en el que se incardinaría el fondo de seguro de desempleo comunitario. Pero todo ello es a nivel teórico, en propuestas y documentos, sin que se dé un solo paso hacia el verdadero objetivo, la mutualización de los costes, la creación de mecanismos redistributivos entre países.

Hace seis años que se aprobó la creación de la Unión Bancaria, pero a día de hoy solo existe sobre el papel. Los únicos elementos implantados son los relativos a la transferencia de competencias (supervisión, liquidación y resolución) de las autoridades nacionales a Bruselas, pero no ha entrado en funcionamiento ninguno de los componentes que deberían constituir la contrapartida a esa cesión de competencias. Desde luego, Europa no ha asumido ni tiene intención de asumir el coste del saneamiento de los bancos, ni a través del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos provienen casi en su totalidad de las respectivas naciones, ni por el Fondo Único de Resolución Bancaria, que no es tan único como se afirma.

Lo mismo va a ocurrir con el presupuesto de la Eurozona, planteado por la Comisión y por Macron, y con el seguro de desempleo comunitario. En el caso de que se apruebe algo, ese algo poco tendrá que ver con un verdadero seguro de desempleo que reparta los costes entre todos los países. Los Estados del Norte no están dispuestos a que se creen instrumentos redistributivos entre los distintos países miembros que compensen las desigualdades y desequilibrios que genera la Unión Monetaria. Quizás hubieran estado dispuestos a ceder en el origen, como contrapartida a las ventajas que obtenían de la Unión. Incluso hubiera sido el momento de explicárselo a sus propios ciudadanos. Pero de ningún modo van a hacer ahora concesiones sustanciales a cambio de nada, ni es fácil hacer comprender en este momento a sus poblaciones que si quieren que el sistema funcione deben crear mecanismos de solidaridad y de redistribución con el resto de países a los que la Unión, tal como está concebida, perjudica.

Es por eso por lo que la propuesta que nos quiere vender Calviño aparte de antigua y necesaria es también irrealizable. En el mismo documento se ponen la venda antes de la herida, puesto que presenta tres opciones, dos de las cuales no tienen nada que ver con un auténtico seguro de paro comunitario. No aborda el verdadero problema, la mutualización. En fin, la propuesta solo está formulada para presentar a Sánchez como líder al lado de Merkel y de Macron en ese plan de publicidad y propaganda que ha diseñado la Moncloa de cara a las elecciones.

republica.com 19-4-2019

Me caben pocas dudas de que el problema más grave con el que se enfrenta la sociedad española, si prescindimos de la Unión Monetaria, es el golpe de Estado, todavía vivo, propiciado por el nacionalismo catalán. Con una diferencia entre ambos, la Moneda Única en cierta forma nos trasciende y aisladamente no podemos darle una respuesta adecuada. La cuestión catalana, sin embargo, es totalmente nuestra, y esperemos que no cometamos el error de permitir, que tal como ansían los golpistas, se internacionalice.

Ante la ofensiva del nacionalismo catalán, toda otra cuestión por importante que parezca adquiere un carácter secundario porque, además, en cierta medida va a estar condicionada por aquella. Es verdad que para grupos concretos de ciudadanos hay problemas que pueden ser más acuciantes, pero carecen de la generalidad y de las repercusiones que el golpe de Estado tiene para toda España, incluyendo Cataluña. Es más, sus consecuencias negativas afectan casi con total seguridad a todos los otros asuntos, sean sociales, económicos o políticos.

Estos efectos nocivos se han hecho presentes ya en Cataluña. No solo es que todos los indicadores señalen el perjuicio que el procés ha ocasionado a la economía catalana, sino que todas las instituciones democráticas están paralizadas. El Parlament se encuentra secuestrado por los independentistas, sin tomar ningún acuerdo desde que perdieron la mayoría. El Gobern no gobierna y se dedica tan solo a la propaganda y a divulgar un discurso falso y torticero acerca de España y Cataluña. El deterioro de la administración y de los servicios públicos es evidente y muchos millones de euros se han desviado de las necesidades públicas para mantener el proceso vivo mediante todo tipo de instrumentos, entre ellos las subvenciones a la prensa o la multiplicación de las llamadas embajadas.

Las libertades democráticas han dejado de existir en Cataluña, pero no por culpa de un Estado despótico que las recorta, tal como afirma el independentismo, sino por la actitud facciosa de una minoría que no tolera a nadie que piense de manera distinta. Es curioso que Torra se autoproclame paladín de la libertad de expresión cuando Cataluña se ha convertido en la única parte de España en la que se intentan abortar las manifestaciones que no gustan al poder, en la que son atacadas las sedes de los partidos políticos de la oposición y en la que son coaccionados y amenazados jueces, fiscales, políticos y todo aquel que sea señalado por el independentismo como traidor al procés. Por último y no menos importante, el hecho de que la actividad política prescinda de toda ideología, abandona la dinámica izquierda-derecha para reducirlo todo a una lucha fratricida a favor o en contra del independentismo.

El resto de España también está sufriendo las consecuencias negativas de lo que está sucediendo en Cataluña. En primer lugar con el deterioro de su imagen. El secesionismo, con el poder que otorga controlar los medios económicos y de todo tipo en manos de la Generalitat, ha puesto y continúa poniendo todo su interés en desacreditar al Estado español y en construir un relato falaz y artero acerca de Cataluña.

Pero, con todo, lo más grave es la amenaza que pueda representar esta situación de cara al futuro. Quizás la visión más elocuente y exhaustiva de lo que ha pasado en Cataluña la esté dando el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Uno de los mayores aciertos ha sido retransmitirlo íntegro. Las descripciones están siendo impactantes. A partir de las sesiones hasta ahora celebradas se vislumbra ya hasta qué punto estaba organizada la rebelión (se adecue o no a la calificación del Código Penal); y si falló no fue por falta de voluntad de los organizadores, sino por los tres motivos siguientes:

1) A pesar de ser Cataluña una de las regiones más descentralizadas de Europa, la Generalitat no cuenta con los instrumentos que podrían haber facilitado el éxito del golpe de Estado: las finanzas públicas (la mayoría de los impuestos y las cotizaciones sociales las gestiona el Estado); la justicia; la política exterior aun cuando intentan compensarlo con las llamadas embajadas; la policía (los mossos están sometidos a una doble dependencia: Generalitat y jueces).

2) Los partidarios de la independencia no superan el 50% de los residentes actualmente en Cataluña.

3) La repulsa que todo nacionalismo produce en la Unión Europea. Los esfuerzos y el dinero invertido por los independentistas han servido para intoxicar a algún sector de la opinión pública -o más bien publicada- del extranjero, pero no para romper el rechazo de las instituciones y mandatarios internacionales que no desean aventuras.

Pero lo que no ha podido ser hoy puede ser mañana. Que nadie se engañe, estos tres factores pueden cambiar en el futuro en función de la actitud y la respuesta del Estado español. Un gobierno complaciente o necesitado del voto de los independentistas concedería más competencias a la Generalitat, colaborando así a que en un futuro el golpe pudiera tener éxito. Del mismo modo, si el Estado no asume una postura enérgica y continúa permitiendo el adoctrinamiento en las escuelas, la utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, las subvenciones con las que comprar a los medios privados y la discriminación y coacción permanente a los que no son independentistas es muy posible que la proporción de estos se vaya incrementando poco a poco. De hecho, han sido los errores y egoísmos de los partidos nacionales los que han permitido a base de concesiones que durante estos cuarenta años el nacionalismo haya ido ganando adeptos hasta llegar a la situación actual.

Un gobierno complaciente que para congratularse con los independentistas y conseguir sus votos realizase un discurso ambiguo favorecería sin duda la llamada internalización del conflicto y haría dudar a los gobiernos extranjeros.

Es en todo esto en lo que está pensando la parte más pragmática del independentismo. Conscientes de que la rebelión ha fracasado, porque no contaban con los medios adecuados, planean su estrategia a medio plazo. Esperan tiempos mejores. Sostienen la misma virulencia en el discurso, pero manteniendo cierta ambigüedad frente a la ley, sin traspasar la frontera del Código Penal. Piensan aprovechar este interregno para dotarse de mayores medios y cambiar las condiciones que han podido impedir que el golpe tuviese éxito. Ahora bien, para ello necesitan contar con un gobierno central propicio que, lejos de impedírselo y poner los medios para que nunca más se pueda repetir el desafío al Estado, se pliegue a muchas de sus exigencias y les facilite su estrategia.

El fraccionamiento del arco político nacional y la gran ambición de Pedro Sánchez, que, como ya se ha visto, está dispuesto a todo para llegar y mantenerse en el poder, facilitan esta estrategia de los golpistas. Es más, es posible que haya sido el propio PSC el que se la esté sugiriendo de cara a convencerles de que deben apoyar a Sanchez después de las elecciones. Ahí se inscriben las palabras de estos días de Iceta hablando de diez años y del 65%. Al igual que cuando habló del indulto, las palabras del primer secretario del PSC no son “flatus vocis”, simplemente dice lo que su señorito no se atreve a declarar pero que está pensando.

Al margen de puntuales escarceos y de discrepancias hábilmente vendidas a sus respectivas clientelas, Sánchez y el independentismo constituyen una pareja de hecho. Los independentistas saben que su única opción es Sánchez, no digo el PSOE, sino Sánchez. En realidad son conscientes de ello desde hace mucho tiempo. Solo así se justifica la presencia de Torra, en sus tiempos de activista, en las puertas de Ferraz el día que Pedro Sánchez dimitió –o más bien fue defenestrado- como secretario general; y se supone que no iría solo.

A su vez, Sánchez sabe que su única posibilidad de permanecer en el gobierno es pactando con los secesionistas. Por mucho que lo negase, la idea del gobierno Frankenstein estuvo en su mente casi desde el principio, solo que, dada la oposición de su partido, tuvo que esperar la oportunidad, después de haber purgado a sus órganos directivos. Ahora niega de nuevo el pacto, pero sabe y los españoles deberían saber que su única posibilidad de gobierno es reviviendo el bloque de la moción de censura, y para ello ha eliminado toda oposición que pudiese darse en el grupo parlamentario.

Los ataques de Sánchez al independentismo catalán siempre son de guante blanco, incluso ambivalentes. Lo último ha sido compararlo con el Brexit, ante un elenco de importantes medios europeos. Es cierto que se refirió a las mentiras en ambos discursos. Pero no creo yo que él y su famosa tesis estén capacitados para juzgar si los partidarios del Brexit engañaron o no con sus argumentos. No obstante, en cualquier caso, lo más peligroso es que de sus palabras se puede inferir que la máxima responsabilidad de los golpistas ha sido mentir diciendo que España nos roba. El Brexit, se esté o no de acuerdo con él, es una decisión tomada por mayoría de toda la sociedad de Gran Bretaña, perfectamente legal y siguiendo los cauces adecuados. Los secesionistas catalanes, saltándose toda la legalidad, han dado un golpe de Estado intentando imponer la voluntad de una minoría a la de toda la nación española. Creo yo que hay diferencia. ¿Cómo no se va a extrañar luego la prensa extranjera de que estén en la cárcel? Si todo lo que han hecho es mentir…

Estas elecciones, por desgracia, no pueden plantearse en términos de izquierda y derecha. Eso es lo malo del nacionalismo, que termina contaminando todo. El quid de estos comicios se encuentra en saber si vamos a tener o no un gobierno Frankenstein para cuatro años. Si es que sí, el panorama es siniestro. Tras Cataluña vendrán el País Vasco, Navarra, Baleares, etc. Se incrementarán todas las fuerzas centrifugas. Los conflictos se harán endémicos. Olvidémonos de la redistribución territorial de la riqueza y la renta. Volveremos al cantonalismo de principios del siglo pasado, y el Estado, aun cuando subsistiese nominalmente, sería difícil que pudiera cumplir su misión. Sin Estado no hay política social, ni derecho, ni democracia.

Sánchez ha escogido como lema de campaña “Haz que pase”. Muy propio para una campaña electoral que comienza en Semana Santa, porque a los que hemos vivido muchos años en el nacional catolicismo nos recuerda inmediatamente la oración de Jesús en Getsemaní, tal como nos la narran Mateo y Lucas. “Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz”. Cáliz en hebreo era sinónimo de suerte. Haz que pase de mi esta suerte, fatalidad, peripecia, lance, vicisitud, etc. El argot popular dio a la frase un carácter secular, y la ha empleado con cierto carácter burlón. Haz que pase de mí este cáliz, refiriéndose a una situación o persona insoportables. El día 28 veremos cuántos son los que pensando en el gobierno Frankenstein gritan “haz que pase de mí este cáliz”.

republica.com 12-4-2019

Una vez que el peligro inmediato ha desaparecido, la opinión pública y en general las sociedades se olvidan rápidamente de las situaciones críticas. Con optimismo desmesurado confunden los paréntesis de cierta tranquilidad con la solución definitiva. No hace demasiados años que la ruptura del euro parecía inevitable, sin embargo, últimamente nadie piensa en ello. Ha bastado con que las economías de las principales naciones de la Eurozona se adentrasen en tasas positivas de crecimiento para que, de forma generalizada, se crea que el riesgo está conjurado, sin que nadie quiera darse cuenta de que subsisten los mismos límites y factores que desencadenaron la crisis anterior.

Solo ahora, cuando los informes de los distintos organismos e instituciones han comenzado a pronosticar la desaceleración de la economía de la Eurozona, y especialmente cuando el BCE ha modificado el plan trazado de subida de tipo de interés, haciéndose así visible el cambio de coyuntura, se han disparado las alarmas y han surgido las dudas. Lo peor, con todo, es que los informes y los análisis continúan enfocando la economía como hace muchos años, prescindiendo de la globalización y de la Unión Monetaria, y razonando como si no existiesen. Esta falta de perspectiva contamina a la propia Unión Europea. En su último informe la Comisión reprendía a España por la elevada desigualdad y pobreza que subsistía en nuestra sociedad, como si la propia Comisión no hubiese sido protagonista de las medidas tomadas y la Unión Monetaria no hubiese estado en el origen de todas ellas.

Tampoco las organizaciones sindicales se libran de tal ofuscación. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) acaba de publicar un estudio, «Benchmarking Working Europe 2019”, que señala cómo en una serie de países los salarios reales se han reducido en los últimos diez años (23% en Grecia, 11% en Croacia, 7% en Chipre, 4% en Portugal, 3% en España, 2% en Italia, etc.). En la presentación, Luca Visentini resaltó que esto es una prueba de que la crisis no ha terminado en todos los países y situó la causa en las medidas de austeridad adoptadas.

Todo ello parece bastante cierto, pero lo que no añadió el secretario general del CES es que tales medidas tienen su origen en la Moneda Única, a la que los sindicatos dieron su aceptación con esa simpleza del “sí crítico” a Maastricht. Era evidente que la imposibilidad de ajustar los desequilibrios exteriores en el plano monetario mediante la devaluación de la divisa acabaría originando que el ajuste se trasladase al campo real, con desempleo y reducción de salarios. Esa es una de las razones por las que algunos nos opusimos por todos los medios a Maastricht y a la creación del euro. Es más, mientras la armonización laboral no se imponga en la Unión Europea -lo que parece totalmente alejado de la realidad al exigirse la unanimidad de 28 países-, es de prever que todos los gobiernos continúen usando las condiciones laborales y las retribuciones como instrumentos para ganar competitividad frente a los demás.

Tampoco parece que los gobiernos de los distintos países tengan muy claras las cosas. Continúan pensando y actuando como si mantuviesen íntegra su soberanía y fuesen dueños de su moneda. Concretamente en España, la campaña electoral presenta un panorama desolador. Ciertamente que el peligro número uno es que se pueda reproducir un gobierno Frankenstein, pero, dicho esto y cuando a pesar de todo se abandona en el debate el tema de Cataluña y se ahonda en los programas electorales, la sensación de vértigo es inmediata. No solo es que los fundamentos políticos sean de lo más superficial, sino, lo que es peor, el discurso económico carece de toda coherencia. Es verdad que ya el viejo profesor afirmó que las promesas electorales estaban para no cumplirse, pero entonces, se cumpliesen o no, eran al menos creíbles y factibles, los políticos podían engañar. Hoy, los partidos hacen sus planteamientos y propuestas como si las condiciones fuesen las mismas que entonces, como si los gobiernos conservasen, al igual que al principio de los ochenta, toda su capacidad de actuación.

La frivolidad del discurso económico de las distintas formaciones políticas es inquietante. Todas sus propuestas cuelgan del vacío y, es más, parece que no les importa demasiado la total ausencia de fundamento y de consistencia. Hay que comenzar por señalar la levedad de los equipos económicos, que por otra parte están -si es que existen- desaparecidos y en el mayor de los anonimatos. Del de Podemos se desconoce su existencia, pero tampoco parece que les importe mucho tenerlo. En IU, con eso de que el coordinador se tiene por economista, y dice eso de que el euro no importa y que no condiciona nada, ¿para qué van a necesitar más? Desde esta coalición política alguien ha dicho que los Estados no pueden quebrar. En otros tiempos yo también mantuve la misa afirmación, pero eso era cuando nos endeudábamos en nuestra propia moneda, y ahora lo hacemos en una divisa que no controlamos, con lo que claro que podemos quebrar, estamos a expensas del BCE y de los mercados. Que se lo digan a Grecia.

El equipo económico del doctor Sánchez (él también dice que es economista) está en consonancia con su tesis doctoral: la ministra de Hacienda, licenciada en medicina, y sus mariachis, traídas todas de Andalucía; y la ministra de economía, discípula de Solbes, (ministro que tuvo tanto éxito en la anterior crisis) y que ha sabido hacer carrera en la burocracia europea con el presupuesto de la Unión, presupuesto que, como se sabe, apenas tiene contenido y el poco que tiene es totalmente ajeno a los problemas fiscales que afectan al de los Estados. En realidad, da toda la impresión de que Calviño, como buena independiente, ha asumido el ministerio tan solo como un escalón, encaminado a lograr una comisaría tras las próximas elecciones europeas. No parece, sin embargo, que vaya a poder conseguir su objetivo, porque la exigencia de los independentistas de que Borrell saliese del Gobierno y el veto de Iceta a que encabezase la lista catalana han situado al ministro de Exteriores en la lista de Europa y se supone que con la promesa de ser próximamente comisario.

La ministra de Economía, para cubrir al Gobierno en su despendole presupuestario, ha recurrido a la tasa de crecimiento. Pero una vez más hay que incidir en el hecho de que las cosas cambian cuando se forma parte de la Unión Monetaria. Cuando un país carece de moneda propia y se endeuda en moneda extranjera o en una moneda que no controla, una tasa positiva de crecimiento tiene un carácter ambiguo, ya que si el crecimiento es a crédito constituye una bomba de relojería a medio plazo. Eso fue lo que ocurrió en los primeros ocho años del presente siglo. La existencia de una moneda común, el euro, propició que el saldo de la balanza por cuenta corriente alcanzase niveles jamás conocidos (9%) y que se disparase su contrapartida, el endeudamiento exterior (en esta ocasión el privado). Esto nunca hubiese ocurrido, por lo menos a esos niveles, de ser la peseta la divisa, ya que los inversores internacionales, temiendo el riesgo de tipo de cambio, no se hubiesen aventurado tanto. El “España va bien” de Aznar y las bravatas de Zapatero acerca de que la renta per cápita de España había superado a la de Italia, estuvieron en el origen de la fuerte recesión que sufrió la economía española.

Con la finalidad de no cometer los errores de Aznar y Zapatero, el Gobierno y en general todos los partidos políticos harían bien en tener en cuenta el nuevo escenario que crea la pertenencia a la Unión Monetaria, sobre todo cuando aún subsisten múltiples desequilibrios de la etapa anterior. La tasa de desempleo, si bien ha descendido once puntos desde 2013, se encuentra en el 15%, la más alta de la Eurozona si exceptuamos a Grecia. España necesita sin duda continuar creciendo para crear empleo, pero el hecho de que la tasa de productividad sea cercana a cero, indica bien a las claras que los puestos de trabajo que se están creando son de muy baja calidad y que resulta previsible que cualquier incremento de los costes laborales impacte muy negativamente en el crecimiento y en la creación de empleo.

La ministra de Economía ha minimizado el nivel de endeudamiento público. “No llega al 100%”, ha señalado, pero la cifra es la más alta de los cincuenta últimos años y muy distinta de la de 2007 (el 35%). Entonces fue el endeudamiento privado el causante de la crisis, pero ahora, dado su nivel, podría ser el público a poco que el déficit se incrementase. Los últimos indicadores señalan que gran parte del crecimiento económico actual se debe al sector público. El sector exterior, por el contrario, se debilita progresivamente. El saldo de la balanza por cuenta corriente se reduce de manera notable, y aun cuando es verdad que se mantiene en zona positiva, el peligro de que pueda adentrarse en cifras negativas no es descartable.

El saldo en la balanza por cuenta corriente (causante del endeudamiento exterior) se encuentra detrás de la gran recesión anterior, pero también de la recuperación. Pasó de un déficit del 9,7% en 2007 a un superávit del 2,2% para 2016. Pero esta variable es una variable flujo. Su recuperación lo único que ha garantizado es que la deuda exterior (variable fondo y la verdaderamente estratégica) no haya continuado aumentándose, pero apenas se ha reducido, con lo que se mantiene en una cuantía cuasi límite, y todo nuevo incremento por una evolución negativa del sector exterior puede colocar de nuevo a España al borde del precipicio.

La levedad en materia económica no es ajena tampoco a las formaciones a la derecha del PSOE, tanto en la composición de los equipos económicos como en sus propuestas. Sus líderes no son economistas, pero también se expresan con toda futilidad en esta disciplina. Los equipos económicos se han reclutado entre los liberales más dogmaticos, economistas de laboratorio o de periódico, totalmente divorciados de la realidad e ignorantes de las limitaciones que impone el hecho de no contar con una moneda propia. Solo así se pueden explicar ocurrencias tales como la propuesta de Ciudadanos de rebajar el 60% del IRPF para aquellos contribuyentes que residan en zonas despobladas. Presiento que todas las grandes fortunas, y las no tan grandes, van a establecer su domicilio en estas zonas, que por supuesto dejarán automáticamente de ser tales. Es increíble la propensión que tienen algunos a intentar solucionar todos los problemas mediante la bajada de impuestos, cuando cualquier manual de Hacienda Pública señala los múltiples defectos que los gastos fiscales presentan en comparación con las políticas directas.

Y hablando de reducción de impuestos, el nuevo líder del PP ha perdido toda proporción y medida, promete a diestro y a siniestro todo tipo de reducciones tributarias sin ninguna consistencia. En una alocada gesta pretende barrer toda huella de marianismo (ya se arrepentirá de ello el PP) y resucita el aznarismo, que tan nefasto fue desde el punto de vista económico y en cuyos gobiernos se engendraron todos los desequilibrios que darían lugar a la peor crisis económica que ha padecido España en los últimos cincuenta años.

Los forofos del pablismo hablan con orgullo del retorno al liberalismo, enterrando la socialdemocracia de Montoro. Hace muchos años que conozco a Montoro. Participamos juntos, cuando él era presidente del Instituto de Estudios Económicos, en múltiples mesas redondas. Nuestras posiciones solían ser siempre divergentes. Nunca le hubiera tenido por un socialdemócrata. Bien es verdad que la política fiscal que impulsó en su última etapa fue más progresista que la de Solbes y Salgado. La explicación no hay que buscarla en la ideología, sino en el mero pragmatismo. Rajoy se vio obligado a enfrentarse con la desastrosa situación económica engendrada en los Gobiernos de Aznar y Zapatero. No tuvo más remedio, con mejor o peor acierto, que pisar tierra.

Por el contrario, los líderes actuales de todas las formaciones políticas parece que viven en las nubes y que con anterioridad a ellos no ha existido nada. Tierra quemada. Iglesias, Sánchez, Ribera y Casado persiguen el vellocino de oro. Son argonautas pero sin carga, sin peso, ingrávidos, levitan, y con ellos hay el peligro de que lo haga toda España.

republica.com 5-4-2019

In illo tempore, aquel en el que los sindicatos tenían protagonismo y los problemas sociales ocupaban el centro de la actividad política, se decía que “no hay cosa más tonta que un obrero de derechas”. Hoy ya no se oye, pero no porque no haya obreros, sino porque no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde terminan las derechas. Pero tal vez cabría acuñar, sin embargo, otra que dijese algo así: “No hay cosa más tonta que un andaluz, un extremeño o un gallego etc secesionista”. Viene esto a cuento de la asistencia del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a la manifestación independentista catalana (aunque en realidad era todo menos catalana) del pasado 17 de marzo en Madrid.

Se entiende mal que los habitantes de las regiones más deprimidas, que lógicamente son beneficiarias de los mecanismos redistributivos del Estado, sean independentistas, como resulta también difícil de explicar que desde la izquierda se persiga la desintegración del Estado cuando, a pesar de todos sus defectos, es el único baluarte que tienen contra el poder económico. Hace mucho tiempo que resulta imposible justificar la postura de IU y de Podemos, que de forma progresiva han ido identificando sus actuaciones y posiciones con las reivindicaciones de los sediciosos. Comenzaron justificando el derecho a decidir y han terminando participando en una manifestación a favor de los golpistas y en contra de la Constitución y de la Justicia.

Según dicen, en la manifestación del día 17 tras Torras y Mas se situaron toda clase de grupúsculos antisistema y de pequeñas formaciones independentistas, provenientes de las distintas partes de España: canarios, mallorquines, valencianos, castellanos, vascos, etcétera. Nunca he entendido demasiado lo de antisistema. Se puede estar contra la globalización, contra la Unión Monetaria, contra el liberalismo económico, pero contra el sistema, así en abstracto, no sé muy bien qué quiere decir. Hoy por hoy, no parece que exista una alternativa mejor, aun con todos sus problemas, que la democracia representativa y la economía social de mercado. La única vía posible es mejorarlas y corregir sus vicios y carencias. Por otra parte, no se comprende que, si la transformación se plantea desde la izquierda, los líderes a seguir sean Mas y Torra.

Se ha puesto de moda criticar el régimen del 78. Lo que así se denomina no es un sistema distinto del que en estos momentos existe en la mayoría de los países europeos, con sus virtudes y sus miserias. En la comparación, en cuanto a libertades y garantías, en muchas ocasiones saldría vencedora España. Es cierto que el sistema político actual que tomó forma con la Constitución del 78 nació en circunstancias muy especiales y lleno de condicionantes, pero ¿en qué país no ha sido así? La política no se adecua a las matemáticas y las constituciones no se redactan con compás y tiralíneas ni son construcciones teóricas perfectas. Se elaboran con pactos, negociaciones y cesiones mutuas. La política es el arte de lo posible y en ella la perfección no existe.

Cuando muchos de los que ahora gritan contra el régimen del 78 se dedicaban tan solo a jugar a las canicas o incluso no habían nacido, éramos un gran número los que criticábamos reiterada y profusamente los defectos del sistema. Pretendíamos librarnos del agua sucia de la palancana, pero con sumo cuidado de no tirar al mismo tiempo el niño que estaba dentro. Del 78 acá ha pasado bastante tiempo y muchas cosas han cambiado. Gran parte de las imperfecciones de entonces se han superado, pero quizás han surgido otras, derivadas no tanto del sistema como de la incompetencia y nefasto desempeño de los encargados de gestionarlo. Buen ejemplo de ello es en lo que se está convirtiendo el Estado de las Autonomías. Hoy se quiere arrojar por el desagüe el agua junto con el niño. Incluso a algunos, como a los golpistas catalanes, les importa muy poco el agua sucia, de lo que pretenden librarse es del niño. Por eso resulta tan inexplicable que la izquierda se preste a ser compañera de viaje de los que, con absoluta deslealtad, están dispuestos a quebrantar el Estado y miran con desprecio y superioridad a los demás españoles.

Habría que sorprenderse, si no fuese porque nos tienen curados de espanto, de que IU Madrid en un tweet convocase a manifestarse el pasado 17 de marzo tras los supremacistas Torra y Mas con el argumento de que sin derecho a decidir no hay democracia. Frase que, si aparentemente tiene visos de veracidad, constituye una trampa retórica muy burda y bastante manida. Porque el problema radica precisamente en saber lo que cada uno tiene derecho y puede decidir. La democracia constituye el sistema que ordena el método y la forma de decisión. La libertad de cada uno termina donde comienza la libertad de los demás. Si cada uno pretendiese decidir sobre todo, y sin límite alguno, estaríamos instalados en la anarquía y serían los más débiles los que no decidirían nunca.

El neoliberalismo económico también defiende el derecho a decidir, libertad económica. Que cada uno decida sobre el destino de todo su dinero. Nada de sistema fiscal progresivo, nada de pensiones públicas, que todos los ciudadanos vayan al colegio y al médico que quieran (siempre que puedan pagárselo, claro). El derecho a decidir de los ricos deja sin capacidad de decisión, e incluso de subsistencia, a los menos afortunados económicamente. Conceder el derecho a la autodeterminación a los habitantes de Cataluña impide que los andaluces, extremeños, castellanos o madrileños decidan acerca de la estructura y configuración del Estado español, a lo que tienen derecho. La soberanía, y por lo tanto el derecho a decidir, pertenece a la totalidad de los españoles. Una parte no puede decidir sobre lo que corresponde al todo, y casi siempre que pretende hacerlo es porque es la parte más opulenta y se resiste a perder su posición privilegiada.

Los líderes de Podemos e IU han metido a sus organizaciones en un charco cenagoso del que les va a ser imposible salir. ¿Cómo convencer a las clases populares de Andalucía, Asturias, Castilla, Aragón y en general de toda España que sus intereses son los mismos que los de Puigdemont, Torra y el resto de los golpistas? Tontos, de esos con los comenzamos el artículo, no hay tantos. ¿Cómo persuadirles de que su situación va a mejorar -ni siquiera la de los catalanes- con la desintegración del Estado? No tiene nada de extraño que sus resultados electorales sean cada vez peores y vayan perdiendo adeptos.

Solo los errores de Podemos, de IU y de las confluencias están haciendo que el PSOE crezca. Es el tradicional abrazo del oso. Sánchez, de cara a las elecciones, disimula lo más posible su vínculo con los independentistas, aunque no tanto como para que pueda impedir su repetición futura. Él sabe perfectamente que -a pesar de los trasvases de votos de Podemos y el plus que la ley electoral le asigna ante la división de la derecha- solo puede gobernar si se apoya de nuevo en los golpistas y les concede muchas de sus reivindicaciones. De ahí la purga que ha hecho en el grupo parlamentario. No se trata de venganza, aunque a lo mejor también. Principalmente tiene como finalidad garantizarse que los diputados socialistas estén dispuestos a votar la mayor salvajada si es el jefe el que la propone.

republica.com 29-3-2019

Juvenal, poeta romano del siglo I, acuñó en su sátira X, la expresión “panem et circenses”, pan y juegos del circo. Pretendía censurar con ella el deterioro que se había ido produciendo en el sistema político de Roma. Simbolizaba el paso de la República (en el sentido ciceroniano del término, res-publica) al caudillaje del imperio, de la democracia al despotismo, de la participación popular al populismo, del pueblo a la masa. Ninguna tiranía se mantiene si no es con cierta complicidad de al menos alguna parte del pueblo, y los dictadores y emperadores romanos, comenzando por César, compraban esa connivencia a base de magnos espectáculos y de reparto de trigo entre los ciudadanos, más bien convertidos en súbditos.

La locución “pan y circo” ha pasado a la posterioridad hasta llegar a nuestros días. En España, en ocasiones, sufre alguna transformación como la de “pan y toros” empleada por ilustrados contra el casticismo de la Corte de Fernando VII y que incluso dio lugar a una zarzuela y a un artículo de Unamuno; y la de “pan y fútbol” que la oposición utilizó durante el franquismo para señalar la estrategia de la dictadura para mantener a los españoles alejados de la política.

Si las dictaduras necesitan conseguir cierta adhesión de los ciudadanos, esta se hace imprescindible cuando se trata de democracias. Aun cuando sean imperfectas, ya que, por imperfectas que sean, los ciudadanos votan periódicamente. Así que de una u otra forma todos los partidos terminan adoptando la estrategia de pan y circo, aprueban medidas electoralistas y asumen alguna forma de populismo. El populismo, en contra de lo que algunos creen, no es exclusivo de los partidos de derechas, también lo practican las formaciones políticas de izquierdas, especialmente después de aceptar la globalización y la Unión Monetaria, realidades que privan a los Estados de buena parte de su soberanía y, por lo tanto, a los gobiernos de la capacidad de practicar una política plenamente socialdemócrata. Al estrecharse enormemente el margen entre las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobiernos de las distintas ideologías, no es extraño que unos y otros se refugien en medidas de corte populista.

En esa dinámica y con la única finalidad de conseguir buenos resultados electorales se roza a menudo la ilegalidad y se violentan las mismas formas democráticas. Buen ejemplo de ello han sido los nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez y, de forma especial, lo que han llamado “viernes sociales”. Si existe, manifiestamente, un abuso de la democracia cuando se utiliza el decreto-ley para cualquier tema sin que se cumplan las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad, el abuso se agrava cuando se aprueban en campaña electoral y con las cámaras disueltas y debe ser la Diputación permanente la que tenga que convalidarlos. Si bien es cierto que la Constitución lo permite, lo hace tan solo para prevenir los verdaderos y excepcionales casos de extraordinaria y urgente necesidad en los que resulta ineludible, por tanto, la aprobación, sin esperar a que las Cortes estén constituidas.

Un tertuliano habitual en casi todos los foros y que en todos ellos se esfuerza en justificar a Sánchez con las aseveraciones más peregrinas para respaldarlo, en esta ocasión, repite una y otra vez que los gobiernos no pueden estar parados, tienen que actuar, lo que no deja de ser cierto, pero actuar no quiere decir legislar, que es propio de las Cortes. Hay muchas tareas que un gobierno tiene que hacer, aparte de decretos-leyes.

El populismo se diferencia profundamente de la socialdemocracia. La socialdemocracia constituye una doctrina coherente en la que todas las medidas tienen un sentido, un puesto definido en el sistema, y perfectamente coordinadas entre sí. Lo que no ocurre con el populismo. En el populismo cada medida está dispersa sin relación con las otras, y en ocasiones, incluso, son contradictorias. Las medidas populistas no suelen tener un carácter universal. Son ocurrencias. No están dirigidas a constituir, tal como aspira el pensamiento socialdemócrata, una sociedad más justa e igualitaria, sino que se orientan a un número concreto de votantes de cara a obtener su adhesión. El resultado social es secundario, incluso no importa demasiado que pueda ser el contrario del que aparentemente se persigue. Lo que prima es el resultado electoral.

Entre los objetivos esenciales de la socialdemocracia se encuentra el de garantizar los derechos sociales y económicos y en consecuencia la igualdad de oportunidades, pero esa tarea le corresponde al Estado y es el Estado el que debe asumir su coste y distribuirlo adecuadamente mediante el sistema fiscal. El populismo, por el contrario, tiene alergia a la subida de impuestos, ya que la medida tiene mala prensa y acarrea un probable coste electoral. Cuando no hay más remedio, el populismo recurre a determinadas figuras tributarias, a menudo de índole demagógica, que apenas tienen impacto en la recaudación y que suelen ser de carácter indirecto, cuyos efectos se disfrazan más fácilmente. En todo caso no tiene ningún reparo en trasladar el coste de las medidas sobre algún otro grupo de ciudadanos. Buen ejemplo de ello fue la congelación de alquileres adoptada por el franquismo, ya que, amén de ser una dictadura, también practicaba el populismo. Siendo incapaz el régimen de proporcionar un nivel suficiente de salarios y de dar una solución adecuada a la carencia de viviendas, transfirió el coste de aplacar la exigencia popular al colectivo de arrendadores mediante la congelación del precio de los alquileres, con lo que destruyó este mercado para muchos años en España.

La política sobre vivienda, y más concretamente en lo referente a los alquileres, constituye un buen terreno en el que encontrar la diferencia entre populismo y socialdemocracia. El populismo, ante la tesitura de dar respuesta a la reivindicación popular de una vivienda digna, no tiene ningún inconveniente en emplear medidas que penalizan a los arrendadores, olvidando que, nos guste o no, nos movemos en una economía de mercado, y que este tiene sus leyes que son difíciles de violentar, porque al hacerlo se puede obtener un resultado contrario al teóricamente perseguido.

En España, antes de todo análisis y de adoptar cualquier postura en esta materia, conviene tener en cuenta dos datos. El primero es que el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler -aun cuando se ha incrementado sustancialmente desde el comienzo de la crisis-, es muy reducido, el 22%, muy por debajo de la media de la Eurozona (33%), del de Francia (35%), Reino unido (36%) o Alemania (48%). El mercado es por tanto bastante estrecho y toda variación de la oferta influye fuertemente en el precio.

El segundo es que, a pesar de la demagogia a menudo empleada, el peso en el mercado de los fondos de inversión (los llamados socimis) es muy reducido. Se estima que entre el 2 y el 4%. La casi totalidad de las viviendas de alquiler está en manos de propietarios individuales o de familias, la mayoría de clase media, que redondean sus sueldos o pensiones con las rentas del arrendamiento de una o dos casas. Este colectivo suele tener una mentalidad conservadora, muy sensible a todo lo que hace referencia a la seguridad, y reacio a verse inmerso en procesos judiciales.

No resulta demasiado arriesgado pronosticar que las campañas de estigmatización de los desahucios y las medidas que se van a tomar a favor de los arrendatarios y en contra de los arrendadores van a desincentivar la oferta. Habrá pequeños propietarios que opten o bien por no alquilar el piso o bien por hacerlo con todas las garantías, eligiendo cuidadosamente el inquilino. Es muy posible, por tanto, que disminuya la oferta y se eleven los precios, al tiempo que se expulse del mercado a las personas y familias más necesitadas (emigrantes, contratados precarios, con hijos pequeños, ancianos, etc.), que no tendrán quien les alquile un piso al existir dudas de si en el futuro podrán pagar la renta, y al vaticinarse mayores dificultades ante su posible desalojo. El resultado sería, de nuevo, precisamente el contrario al que teóricamente se intenta conseguir.

Nadie duda de que la vivienda constituya un derecho constitucional y de que cada ciudadano sea acreedor a una solución habitacional, tal como se dice ahora. Pero la solución debe venir precisamente de la postura contraria. Desde la óptica socialdemócrata, se debe defender la intervención de los poderes públicos en el mercado, pero respetando sus leyes y sin destruirlo. El Estado debe actuar como un agente más incrementando la oferta, con lo que los precios descenderían y mejorarían las posibilidades y condiciones de los inquilinos. Son muchos los instrumentos que el sector público tiene en su mano. Citemos tan solo algunos esquemáticamente, a mero título de ejemplo:

1) Adoptar el régimen de alquiler para toda futura promoción de vivienda oficial. El de compra no ha servido precisamente para ayudar a los más necesitados, a los que con toda seguridad económicamente les está vedado comprar una vivienda, aunque sea de protección oficial, y que además incluso ha propiciado que algunos hiciesen negocios con la reventa al cabo de unos años.

2) Orientar al mercado del alquiler todos los recursos públicos destinados a la política de vivienda, eliminando por ejemplo la deducción por la compra en el IRPF, que no recae precisamente en las clases más desfavorecidas y constituye por añadidura un capítulo significativo del fraude fiscal. La propuesta quizás no resulte muy popular, pero eso no significa que no sea justa.

3) Constituir un seguro público de alquiler que garantice al arrendador el cobro. Serviría para movilizar, incrementando la oferta, muchas de las viviendas que en este momento están vacías por el miedo de los propietarios a que los inquilinos no les paguen o les destrocen el piso. Además, haría recaer sobre el Estado, y no sobre los arrendadores, el coste social en tanto se busca otra solución para la familia que se encuentre en condición crítica.

Ciertamente, no es el momento de desarrollar cada una de estas medidas, así como tampoco de tratar el tema de que se precise quizás dedicar más recursos públicos al problema de la vivienda, unido a la necesidad de una reforma fiscal en profundidad que garantice este y otros derechos sociales. Reforma fiscal de la que lógicamente los partidarios del “pan y circo” no quieren ni oír hablar. En estos puntos se pretende tan solo trazar unas pocas líneas que, referidos al mercado del alquiler, nos ayuden a comprender la gran diferencia que existe entre populismo y socialdemocracia.

republica.com 22-3-3019

¿Eterno retorno? Esperemos que no. Simple intento de repetición. Sánchez, en la creencia de que su estrategia de 2016 y 2017 le resultó muy favorable, ahora intenta repetir la jugada. En ese libro de caballería titulado “Manual de resistencia”, en el que se retrata como otro Amadís de Gaula, reescribe la historia, la falsifica. Es una mezcla de pedantería, hipocresía y banalidad. En contra de lo que se relata en el libro, cualquiera que haya seguido con cierta objetividad y perspicacia la realidad política española de los últimos tres años habrá observado que está marcada por la desmedida pretensión de Pedro Sánchez (desmedida por el número de diputados con los que contaba) de llegar a presidente de gobierno por cualquier método y con cualquier aliado.

Desde el principio, tras las elecciones de 2015, Sánchez solo excluye una alianza, la del PP, y no por la corrupción, como reitera en su libro. No creo que la historia del PSOE desde la Transición le autorizase a introducir cordones sanitarios alrededor de otro partido político en función de los distintos procesos de corrupción en los que algunos de sus afiliados o cargos estuviesen inmersos, o que incluso afectasen a su financiación. Tampoco me imagino que el motivo fuese la discrepancia ideológica ya que Sánchez estuvo presto en pactar con Ciudadanos con un pensamiento económico al menos tan neoliberal, si no más que el del PP. El verdadero motivo es que la única alianza que le impedía alcanzar la presidencia de gobierno era con Rajoy, dado el número de diputados con los que cada uno contaba.

Muy distinta fue la postura del Comité Federal. No en lo relativo a la negociación con el PP. Aun cuando algún miembro pensase distinto, ninguno estaba dispuesto a asumir, mientras el secretario general mantenía una postura contraria, el coste frente a una militancia educada en considerar al PP como el culmen de todos los males. La verdadera diferencia es que el Comité Federal extendía el veto, y con mayor fuerza, a otras formaciones políticas. En primer lugar y principalmente, a las fuerzas políticas catalanas que estaban ya inmersas en el procés, aun cuando todavía no se había producido el golpe de Estado. Pero el veto fue mucho más lejos. Al secretario general se le prohibía sentarse a negociar (no solo pactar) con cualquier formación política que defendiese el derecho a decidir, y Podemos lo hacía. El mismo Sánchez reconoce este hecho en su libro.

Por supuesto, el secretario general no hizo el menor caso de esta última prohibición. En su megalomanía y concepción caudillista, despreciaba y desprecia la disposición estatutaria que establece que el máximo órgano entre congresos es el Comité Federal. El haber sido elegido por los militantes, mediante primarias, le hacía pensar que solo debía responder ante ellos, lo que resulta mucho más sencillo y al mismo tiempo más fácil de manipular. Así que acarició la idea de alcanzar la presidencia del Gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Podemos. El proyecto fracasó. Resultó imposible reunir a dos formaciones políticas tan heterogéneas.

Tras esta decepción, una vez celebradas las elecciones de 2016 y aun cuando los resultados fueron aún peores que los de 2015, Sánchez continuó con la idea de llegar a la Presidencia del Gobierno. Solo le quedaba un camino, apoyarse en la totalidad de los partidos políticos, descartando al PP y Ciudadanos, lo que incluía a las formaciones políticas independentistas catalanas embarradas ya en el procés y en plena actitud de rebeldía. El proyecto se mantuvo en una cierta ambivalencia y los contactos fueron llevados a cabo con la mayor discreción, consciente Sánchez de la resistencia que despertaba en los órganos de su partido y más concretamente en el Comité Federal. Rubalcaba acuñó el término de gobierno Frankenstein.

La prueba de que la idea estaba presente en el sanchismo se encuentra en que un tiempo después se llevó a cabo mediante la moción de censura a Rajoy, incluso cuando los secesionistas habían perpetrado ya el golpe de Estado y no renunciaban a repetirlo en condiciones más favorables. Es más, se continuó gobernando posteriormente con el apoyo de lo que se llamó el bloque de la moción de censura.

Fue la percepción de que el supremo órgano entre congresos no le iba a permitir apoyarse en los partidos secesionistas la que empujó a Pedro Sánchez a planear una consulta a los militantes, en forma de primarias, que representaba una especie de plebiscito, un voto en blanco al secretario general. Sánchez, en su ya citado libro, falsea la motivación y presenta la consulta como la necesaria búsqueda de apoyo interno para negociar con Podemos y Ciudadanos, lo que resulta a todas luces falso puesto que esa negociación ya se había efectuado en el pasado sin ningún éxito.

La convocatoria de unas primarias en estos términos constituía sin lugar a dudas una trampa, pues con tan solo quince días de plazo era imposible que se pudiera presentar otra candidatura diferente a la del secretario general, tanto más cuanto que la de este iba a contar con todos los medios que le otorgaba el cargo que ostentaba. Fue la conciencia de ello la que llevó al Comité Federal a forzar la dimisión de Pedro Sánchez. Los acontecimientos posteriores son plenamente conocidos. Al final, fueron convocadas las primarias a las que Sánchez se presentó y ganó, basando toda su estrategia en ocultar durante la campaña su posición respecto al tema de Cataluña y especialmente frente a las futuras alianzas con los partidos sediciosos, al tiempo que centraba el debate en el “no es no” contra el Partido Popular. Izquierda-derecha. Señalaba como traidores a los miembros del Comité Federal que le habían defenestrado.

El triunfo de las primarias permitió a Pedro Sánchez conformar los órganos de dirección del PSOE con una composición que le era totalmente favorable, de manera que el partido no constituía ya ningún obstáculo para la operación que le había sido vetada un año atrás (ver mi artículo de 1-6-2017). Ocurría, sin embargo, que en todo ese tiempo la situación en Cataluña se había radicalizado y estaba a punto de perpetrarse el golpe de Estado. En tales circunstancias se hacía imposible una alianza como la que necesitaba Sánchez para llegar a la Moncloa. Es más, en ese contexto tuvo que revestirse de constitucionalista. Hubo que esperar a que fracasase el golpe de Estado y que dejase de estar en vigor el artículo 155, para que se presentase la ocasión adecuada. Aparentemente fue la sentencia de Gürtel, aunque en realidad constituyó más bien, como es bien sabido, un pretexto.

Prescindiendo de detalles, después de la moción de censura y tras las muchas cesiones que ha hecho a los golpistas (ver mi artículo de 15-11-2018), Sánchez creyó que había llegado al máximo que podía llegar. La cascada de protestas levantadas en su propio partido y la indignación mostrada en la sociedad con temas como el del relator o el de los 23 puntos le llevaron al convencimiento de que no podía avanzar más en las concesiones al independentismo sin poner en peligro el resultado de las elecciones que, antes o después, se vería obligado a convocar. Decide por tanto repetir la estrategia que tan buenos resultados le había dado: antes convocar primarias, ahora convocar elecciones.

El doctor Sánchez aprovecha la negativa de los golpistas a votar sus presupuestos para disolver las Cortes, argumentando y vanagloriándose de que no ha cedido frente al independentismo, desmarcándose así de los nueve meses anteriores, con la intención de que el debate electoral se centre en el binomio izquierda-derecha, y su discurso en un intento de meter en el mismo saco a Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Confía en que gracias a las transferencias de votos de Podemos, que incomprensiblemente se ha ayuntado aún más con los golpistas, y a la división en cinco partidos del arco parlamentario, aun cuando sus resultados no sean demasiado boyantes, hará posible que el PSOE sea el partido más votado, y que él llegue a ser presidente de nuevo con el bloque que ganó la moción de censura.

El triunfo en los comicios generales, y ocupado el PSOE en las elecciones europeas, autonómicas y municipales, poca contestación interna puede haber, y con cuatro años por delante la repulsa popular no importa demasiado. Estos condicionantes permitirán a Sánchez ceder ante los independentistas en muchas de las cuestiones que hasta ahora no se había atrevido a transigir. Recuerdo que un gran número de sus botafumeiros, en la primera etapa de su secretaría general rechazaban indignados que Sánchez estuviese dispuesto a llegar a la presidencia de gobierno con el apoyo de los secesionistas. El caso es que dos años después llegó, incluso cuando los secesionistas ya se habían transformado en golpistas. Ahora gritan soliviantados que Sánchez jamás pondrá en peligro la Constitución y la Unidad de España. Veremos.

republica.com 15-3-2019

En su estrategia de alejar del debate electoral la ignominia de haber sido presidente del Gobierno gracias al apoyo de los golpistas, Pedro Sánchez pretende centrar la cuestión en el binomio izquierda-derecha. Soy un convencido de que el antagonismo existe. Hay claras diferencias entre un pensamiento, una teoría, una ideología, como se la quiera llamar, de izquierda y otra de derecha; y cuando esa diferencia se niega es porque existen importantes intereses en esconder tal distinción.

Aranguren, en el capitulo IX de su obra “Ética y política”, contestaba con una metáfora a los que ya entonces (1966) hablaban de la superación de tal dicotomía. Refería que, ante la opinión extendida de que no existía el demonio, Baudelaire realizaba con agudeza la siguiente reflexión: “La última astucia del diablo es divulgar la noticia de su muerte”. Por cierto, la frase fue recogida muchos años después (1995) en la película de Bryan Singer “Sospechosos habituales”. Pues bien, añadía Aranguren, la última astucia de la derecha es propagar el rumor de la superación de la antítesis derecha-izquierda.

Mientras haya clases sociales –y, como las meigas, haberlas, haylas- mientras se mantengan profundas diferencias económicas, mientras persistan hirientes injusticias, por fuerza tiene que darse disparidad entre las ideologías políticas. De lo que no estoy nada seguro es que esa distinción pueda trazarse de forma tan nítida cuando hablamos de partidos, especialmente si solo nos fijamos en las siglas, los nombres o las posiciones que ocupan en el arco parlamentario. No es izquierda todo lo que reluce, ni el que dice Señor, Señor, entrará, según San Mateo, en el reino de los cielos. Un partido no es de izquierdas por repetir que lo es, o por calificar—mejor diríamos descalificar— de derechas al adversario político.

De hecho, la distancia entre los partidos políticos que se denominan de izquierdas y de derechas se ha ido reduciendo progresivamente, al menos en los países occidentales. Los partidos conservadores a lo largo del tiempo han ido asumiendo muchos de los principios y los supuestos del Estado Social. A su vez, los partidos socialdemócratas se han hecho socialiberales, adoptando los axiomas del neoliberalismo. Es más, estas últimas formaciones políticas han defendido la globalización y la Unión Monetaria sin ser conscientes -o tal vez siéndolo- de que su aceptación implicaba de hecho la casi eliminación de toda posibilidad de realizar una política de izquierdas, o, dicho de otro modo, los parámetros económicos creados por ambas realidades convierten a menudo las medidas que en teoría podían ser claramente de izquierdas en contraproducentes, ya que el resultado obtenido es el contrario del que teóricamente se pretendía conseguir.

Este proceso de transformación de la socialdemocracia ha sido palpable en todos los países, y desde hace muchos años también en el nuestro. Recuerdo que allá por el año 89, en un debate informal acerca de las señas de identidad del socialismo organizado por Sotelo y Paramio, en el que nos enfrentamos dialécticamente críticos y oficialistas, estos llegaron a la feliz conclusión de que, dada la dificultad que tenían para distinguir su mensaje de cualquier otra corriente política, socialismo era “lo que hacían los socialistas”. Muy ilustrativo, ciertamente. Expresión de hasta dónde se puede llegar en la desideologización y el pragmatismo. Pero si no queremos caer en un cinismo de tal calibre, la frase deberíamos construirla a la inversa, un partido solo es socialista, progresista o de izquierdas si promueve y lleva a cabo una política propia de ese nombre. El problema surge cuando hemos construido un entorno social y económico en el que esas políticas apenas son viables.

Un partido no es socialista, progresista o de izquierdas por autodenominarse así, ni tampoco por tener muchos años de historia. El PSOE en las primeras elecciones democráticas apareció en los carteles con el eslogan de “Cien años de honradez”, al que de forma maliciosa el Partido Comunista añadía “y cuarenta de vacaciones”, en alusión a su práctica ausencia de la realidad política durante los cuarenta años de franquismo. Luego se vio además que la honradez del pasado no era garantía de la honradez en el futuro.

Ahora es Esquerra Republicana de Cataluña la que continuamente hace referencia a su historia pasada, tal vez en un intento de justificar su maridaje espurio con el partido más corrupto y reaccionario social y económicamente hablando de la realidad política española (CiU y sus metamorfosis). En el caso de Esquerra Republicana su historia misma deja mucho que desear. También quizás habría que hablar de cuarenta años de vacaciones. De su nombre lo único cierto tal vez sea lo “de Cataluña”. Parece ser que no fue muy leal precisamente con la República y lo de izquierda resulta difícil de creer cuando lo único que le importa es la independencia de Cataluña. En fin, en todo caso y parafraseando a Celaya, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos.

Resulta bastante difícil reconocer como socialista a un partido que defiende el tipo único en el impuesto sobre la renta o que elimina el impuesto de patrimonio, y desde luego es imposible tener como de izquierdas a una formación política que persigue por métodos ilegales y por la fuerza la ruptura del Estado, especialmente cuando lo que pretende es defender los privilegios de regiones prósperas a costa de los territorios menos desarrollados. Detrás del independentismo catalán se oculta la rebelión de los ricos, de la oligarquía catalana, ante las exigencias derivadas de la aplicación territorial de la política redistributiva del Estado social.

No dudo de que el nacionalismo, como todo movimiento reaccionario, haya sabido esconder los motivos económicos bastardos tras una mística sensiblera capaz de convencer a muchos incautos, empleando de forma abusiva y fuera de contexto palabras como libertad o democracia. Hay una cierta similitud con el neoliberalismo económico que esconde los intereses económicos de los pudientes tras el nombre de la libertad y de la defensa de los derechos del individuo frente a un Estado asfixiante.

Los planteamientos más reaccionarios se encuentran en la base del neoliberalismo económico y del nacionalismo de las regiones más ricas. En los momentos actuales las cotas mayores de desigualdad susceptibles de ser corregidas se dan seguramente a nivel territorial, desigualdad que, lejos de corregirse, se incrementa año tras año y que, desde luego, se haría mucho mayor de tener éxito las pretensiones nacionalistas. La diferencia en el nivel de oportunidades dependiendo del domicilio afecta en mayor medida, como es lógico, a las clases bajas. Por esa razón, y por mucho que se empeñen en presentarse con otro ropaje, todo nacionalismo se basa en el supremacismo cuando no en la xenofobia, y termina lindando más que ninguna otra formación política con la ultraderecha.

La valoración, sin embargo, tiene que volverse mucho más negativa cuando se intentan conseguir estos objetivos por procedimientos ilegales contraviniendo todo tipo de normas. Nos movemos ya en un plano distinto y mucho más radical. No se trata ya de izquierdas y derechas, sino de legal-ilegal, constitucional o inconstitucional, ley o anarquía. Nos enfrentamos con el intento, realizado por una parte del Estado, de expropiación de la soberanía que corresponde al todo. Y, además, por la fuerza, por métodos ilegales y coercitivos.

No hay Estado social, si antes no es democrático, y no hay Estado democrático sin Estado de derecho. Subvertir el Estado de derecho es quebrar el orden político, la democracia, la seguridad jurídica, es dañar gravemente la economía y por ende toda política social y redistributiva. Por eso, en los momentos actuales, ante el reto golpista y anárquico que se vive en Cataluña y que constituye una amenaza para toda España, el debate fundamental, de cara a las próximas elecciones, no puede centrarse en el sentido clásico entre izquierda y derecha, tal como pretende Sánchez. Hay una alternativa más radical. Quiénes están dispuestos y quiénes no a parar el golpe de Estado. La cuestión esencial a la que Sánchez, le guste o no, tiene que responder es si piensa continuar aliado con los golpistas y si está dispuesto a ser de nuevo presidente de Gobierno con su apoyo.

republica.com 8-3-2019

Decíamos en el artículo de la semana anterior que el relato de Pedro Sánchez se fundamenta, en gran medida, en hacer que nos olvidemos de Cataluña y que no recordemos que había sido y es presidente del Gobierno gracias a los golpistas. Pero si esto no es posible o no lo consigue, su estrategia va a pasar por situarse ficticiamente en el medio entre unos independentistas cerriles que solo quieren negociar el derecho de autodeterminación y una derecha retrógrada que por toda solución propone aplicar el 155. “In media virtus”, que dirían los escolásticos, y su postura según él es la virtuosa: la solución de Cataluña no puede venir de la mano dura sino del diálogo.

Alega que los resultados del Gobierno anterior fueron mucho peores: dos referéndums de autodeterminación y una declaración unilateral de independencia, etc. A Sánchez hay que recordarle que, si todo eso no se ha repetido últimamente, no es gracias al gobierno frankenstein, sino a que los líderes secesionistas han tomado conciencia del fracaso del primer golpe y, principalmente, al miedo a las consecuencias penales. De ahí que al mismo tiempo que no abdican lo más mínimo de sus bravuconadas, material de consumo para su clientela, tengan sumo cuidado en no traspasar la débil frontera que les separa de acabar acusados en los tribunales. No es el diálogo de Pedro Sánchez el que los mantiene dentro de un cierto orden, sino la justicia. Es más, el independentismo tantea el terreno para poder recorrer el camino máximo posible sin incurrir en delito. Bien es verdad que ese máximo posible se ha hecho más laxo con el sanchismo, ya que la actual Fiscal general parece estar de vacaciones.

Que son los tribunales y los jueces los únicos que están siendo eficaces contra los sediciosos aparece de forma clara al contemplar el empeño que ponen en arremeter con lo que llaman “judicialización de la política”. Es un problema político, repiten sin cesar. Nadie lo duda, pero lo convirtieron en un problema penal en cuanto se saltaron la ley, la Constitución y pretendieron la segregación por la fuerza de una región española. Son ellos los que han judicializado la política, y ahora quieren politizar la justicia cuando presionan a los tribunales e intentan que el Gobierno haga lo mismo.

Sánchez no puede estar, como pretende, en el medio, porque en esta materia no puede haber medio. Se está con los constitucionalistas o con los golpistas, y Sánchez hasta cierto punto ha comprado el discurso de los sediciosos: la España nación de naciones; es un problema político; no se debe judicializar la política, etc. Por eso, el relato de Sánchez resulta tan torticero e hipócrita cuando con tono melifluo afirma que lo único que pide es que la oposición actual sea tan leal como él lo fue estando en la oposición con el Gobierno de Rajoy.

En primer lugar, hay mucho que decir acerca de su pretendida lealtad en la oposición. Desde que Pedro Sánchez ocupa la Secretaría General, el PSOE ha seguido la estela del PSC. Y el PSC no ha sabido nunca en qué terreno se encontraba. Se ha movido en la mayor ambigüedad. Llegó incluso a defender el derecho a decidir. Bastantes de sus miembros incluso se han pasado a las filas independentistas. Fue el PSC el que terminó elaborando un Estatuto anticonstitucional y arrastró a Zapatero a esa aventura, y su corrección por el alto tribunal ha servido de excusa y pretexto a los secesionistas para tirarse al monte. Pedro Sánchez ha empleado los retos que el procés presentaba al Gobierno anterior para desgastarle, culpabilizándole de la situación en Cataluña. Cada vez que los sanchistas criticaban al independentismo se sentían en la obligación de atacar al mismo tiempo a Rajoy y al PP, repartiendo las culpas por igual.

En esto Sánchez no ha cambiado nada. Antes y ahora responsabiliza a los populares del incremento sufrido en el número de los que se consideran independentistas. Es el mismo argumento que utilizan los golpistas. En este razonamiento, sin embargo, anida una falacia. El número de nacionalistas se ha mantenido constante a lo largo de los años y de las distintas elecciones. El porcentaje de votos cosechados por el nacionalismo en los múltiples comicios autonómicos no ha variado. Lo que sí se modificaba en cada elección era la distribución entre los distintos partidos.

¿Dónde se encuentra la novedad de los últimos años? En la radicalización sufrida por los líderes, especialmente los de Convergencia, que han arrastrado tras de sí a todos sus votantes. Los nacionalistas han pasado a proclamarse secesionistas y posteriormente a abrazar la sedición y el golpismo, desde el mismo momento en el que estuvieron dispuestos a defender y a llevar a cabo la declaración unilateral de independencia. La culpabilidad en esta metamorfosis solo se puede atribuir a los propios independentistas; y, si hablamos de causa, no andamos desencaminados si señalamos la crisis económica y la pretensión del Gobern de la Generalitat de librarse de la responsabilidad de los ajustes y trasladarla a un sujeto externo al que llamaron Estado español, y a su intención de obtener una situación económica privilegiada frente a las otras Autonomías, reclamando el excepcional régimen fiscal del País Vasco.

Sánchez, lejos de ser la personificación de la lealtad de la que ahora se pavonea, ha sido una rémora para el anterior Gobierno a la hora de que tener que tomar medidas más o menos estrictas en Cataluña. Siguiendo la estela del PSC, ha coartado a menudo las actuaciones contra el independentismo. Sánchez e Iceta se mantuvieron siempre en contra de aplicar el 155, siendo en buena medida responsables de que este artículo no se aplicase antes, dando lugar a los aciagos acontecimientos del 1º de octubre, que se hubiesen podido evitar asumiendo el Estado al menos algunas competencias como las de Interior o las de Hacienda.

En todos esos días, Iceta y su discípulo Sánchez, no dudaron en utilizar, en contra de lo que dicen ahora, los conflictos en Cataluña como arma electoral con la que perjudicar al adversario. Tan solo cuando la ofensiva sediciosa llegó al límite y los golpistas declararon unilateralmente la independencia, Sánchez aceptó que se aplicase el artículo 155, pero imponiendo múltiples limitaciones tanto en sus competencias -dejando fuera algo tan importante como los medios de comunicación públicos-, como en su duración, que hicieron que la medida perdiese gran parte de su eficacia.

Sin duda fue la moción de censura el exponente de la máxima deslealtad de Sanchez, al apoyarse en los golpistas para llegar a presidente del Gobierno y al hacer posteriormente toda clase de cesiones para mantenerse en el cargo. ¿Cabe mayor acrobacia? No deja de resultar chistoso, aunque muy indignante, que encima pida lealtad a los partidos de la oposición, identificando aquella con la complicidad en su vergonzosa trayectoria de concesiones. La lealtad no es a un gobierno, sino a la nación y al Estado, y colaborar con Sánchez en su coqueteo con los golpistas no es lealtad, sino todo lo contrario.

Pedro Sánchez es un artista en reescribir la historia, en manipularla y presentarla según sus intereses. Sirva de ejemplo el libro que ha publicado. Poco en él es verdad. Resulta que Sánchez quiere y respeta a Rajoy, y Junquera ama y ama muchísimo a España. El libro del colchón nos sirve, no obstante, para intuir por dónde va a ir el discurso engañoso en esta campaña electoral. No solo se quiere presentar como el summum de la lealtad, también quiere aparecer como hombre de Estado, moderado, a los efectos de situar a los otros partidos en la crispación. Él, que ha convulsionado la política española desde el inicio de la legislatura estableciendo un cordón sanitario alrededor de lo que llamaba la derecha; él, que ganó las primarias a base de remover los sentimientos más sectarios en las bases y que redujo todo su mensaje a anatematizar a la derecha y a oponerse radicalmente a todo pacto con el PP.

De cara a las próximas elecciones, retornará de nuevo a centrar su relato en la contraposición izquierda-derecha. Pero de eso hablaremos la próxima semana.

republica.com 1-3-2019