ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Hay un discurso que puede inducir a confusión, el haber dado por terminada la crisis en cuanto la tasa del Producto Interior Bruto abandonó la senda negativa. Estrictamente y desde un punto de vista técnico, la afirmación puede ser correcta, pero ello no quiere decir que hayan desaparecido los efectos ni que las cosas hayan vuelto al punto de partida, como si nada hubiese ocurrido. Muchas son las lesiones que permanecen. La mejor forma de identificarlas es comparar el valor que toman ciertas variables estratégicas en los momentos actuales con el que alcanzaban esas mismas magnitudes antes de la recesión.

Parece incuestionable que la crisis y sus consecuencias no han afectado por igual a todos los países de la Eurozona. La variable que quizás exprese más fehacientemente la huella de la recesión es el incremento en el stock del endeudamiento público, una losa que va a pesar sobre las poblaciones de cara al futuro. Solo los países del Norte (Alemania, Holanda, Bélgica, Austria) lo han mantenido más o menos constante. Los del Sur, sin embargo, lo han incrementado sustancialmente: Grecia desde 2007 hasta la fecha ha pasado del 100% al 180% del PIB; Portugal, del 75 al 125%; España, del 36 al 97%. Incluso Italia y Francia no se han visto libres de esta evolución negativa (del 106 al 134%, y del 64% al 97%, respectivamente). Estos datos son ya bastante significativos de qué países han soportado y continúan soportando el coste de la crisis.

Una variable que tiene también relevancia, especialmente para España por los elevados niveles que su tasa ha alcanzado siempre, es el desempleo. En nuestro país, ha pasado de representar el 8% de la población activa en el 2007 al 14% en la actualidad, llegando a ser del 26% en 2013. Para comprender bien la importancia de estos números, sobre todo de cara al futuro, hay que relacionarlos con otras dos magnitudes, los salarios y la productividad. El objetivo no puede consistir tan solo en crear empleos, sino empleos dignos y con un nivel retributivo adecuado.

Si se ha podido superar, al menos parcialmente, la desorbitada tasa de paro (26% en el 2013), a la que nos había condenado la crisis,  ha sido pagando un alto precio en fuertes ajustes salariales, lo que permitió cerrar la brecha del comercio exterior hasta el punto de que por primera en mucho tiempo se ha logrado un superávit en la balanza por cuenta corriente. La productividad, a su vez, es la variable que relaciona el empleo con la retribución de los trabajadores. Con salarios elevados solo se creará empleo si la tasa de productividad es también elevada, y viceversa.

Bien es verdad que en esta relación se puede entrometer otra magnitud, los beneficios empresariales. Puede ocurrir que un incremento de productividad no se traduzca en su totalidad en subida salarial porque se desvíe parcialmente al excedente empresarial. Los aumentos en productividad son una condición necesaria pero no suficiente para la subida de los salarios. Se precisa, además, que la distribución de la renta sea neutral y, al menos, no perjudique a los trabajadores en favor de los empresarios.

Hace justamente un año (el 6 de diciembre) en un artículo en este diario titulado “Trabajar menos, ganar más”, señalaba yo la importancia que para el bienestar de las poblaciones ha tenido el incremento de la productividad. Citando a Thomas Piketty, mostraba cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la renta per cápita: “El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%. Ciertamente, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. En el siglo XVIII el crecimiento fue tan solo del 0,2% anual, elevándose al 1,1% en el siglo XIX y al 1,9% en el (siglo) XX. El poder adquisitivo promedio en Europa se incrementó escasamente entre 1700 y 1820, sin embargo se multiplicó por dos entre 1820 y 1913 y por seis entre 1913 y 2012”.  Centrándonos en la segunda mitad del siglo XX, la producción por habitante en Europa creció anualmente como media el 3,4% en el periodo 1950-1980; mientras que entre 1980 y 2012 lo hizo a una tasa promedio del 1,8%. Como se puede apreciar, este último periodo constituye una excepción que invierte la tendencia.

Son los incrementos continuos de productividad los que originan la elevación de la renta per cápita, y esta elevación puede asegurar la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral, el mantenimiento de las pensiones y, en general, el sostenimiento del Estado del bienestar. Es cierto que la renta per cápita es una media, por lo que, al mismo tiempo, se precisará una distribución adecuada de la producción entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, ya que este último, en gran medida, lo devuelve a las familias en forma de prestaciones. No obstante y conviene incidir en ello, el incremento de la productividad es una cuestión previa.

A lo largo de la historia el aumento de la productividad ha permitido elevar la retribución de los trabajadores, bien en dinero, bien en especie, reduciendo el tiempo de trabajo (jornadas más cortas, días festivos, vacaciones, reducción de la edad de jubilación). El reparto del tiempo de trabajo colaboro a que el paro no se haya visto incrementado de forma desmesurada por los adelantos técnicos y científicos. Del mismo modo, con vistas al futuro, podría compensar los efectos de la tercera revolución tecnológica que se encuentra a las puertas y, conjuntamente con un seguro de desempleo global, convertirse también en una alternativa más consistente que la renta básica que algunos plantean como el bálsamo de Fierabrás (ver en este diario mi artículo del 5 de enero del 2017 titulado “Renta básica o el reparto del tiempo de trabajo”).

En múltiples ocasiones (por ejemplo, en mi libro “Economía, mentiras y trampas”, editorial Península; o en estas páginas, el articulo del 14 de diciembre de 2017 titulado “La OCDE y de nuevo los sofismas sobre las pensiones”), he venido refutando la falacia tan extendida que sostiene que el sistema de pensiones públicas está condicionado  por el número de activos. Su viabilidad, al igual que en el caso de cualquier otra prestación social, depende, por un lado, de los incrementos de la productividad (veinte trabajadores pueden producir igual que cien) y, por otro, de la parte de renta que la sociedad está dispuesta a destinar al sector público.

Se deduce de todo lo anterior, volvamos a repetirlo, la importancia que los aumentos en la productividad han tenido a la hora de incrementar y garantizar el bienestar de las sociedades, y la relevancia que sin duda tienen que tener en el futuro para mantener el Estado social. Conviene, en cualquier caso, no identificar productividad con competitividad. Ser más competitivos no implica ser más productivos. La competitividad es un concepto relativo. Se refiere siempre a otro. Competir es cosa al menos de dos. Todos los países pueden hacerse al mismo tiempo más productivos (producir más cosas con idénticos medios u obtener lo mismo con menores recursos), pero todos no pueden hacerse a la vez más competitivos. Un país gana competitividad a condición de que otros la pierdan. La competitividad no tiende a hacer más grande el pastel, tan solo a quitarle un trozo al vecino. Se puede ganar competitividad incrementando la productividad, pero cuando este incremento no se produce, los gobiernos suelen acudir a la reducción de costes, que la mayoría de las veces se concreta en la contención de los salarios.

Ya se ha señalado cómo desde 1950 hay dos etapas bien definidas en Europa y, por ende, en España. De 1950 a 1980, y de 1980  a 2013, siendo el crecimiento de la renta y de la productividad mucho más alto en la primera que en la segunda. Y aun dentro de esta última el proceso va siendo descendente según nos acercamos al momento actual. Habrá que preguntarse si la razón de tal desaceleración, que contradice la tendencia histórica, no radica en la aceptación con carácter general de la globalización en la economía.

En España se produce un fenómeno hasta cierto punto curioso. Durante las crisis, a medida que van aumentando las cifras de paro, se incrementan también las tasas de productividad. La explicación radica en que los despidos comienzan por los empleos más precarios y de baja productividad. Lógicamente, la media se eleva. En la recuperación económica el proceso se invierte, los empleos que se crean son, por término medio, progresivamente peores y, por lo tanto, la media desciende.

En los momentos actuales la economía española se enfrenta a una encrucijada sin duda difícil y problemática. Tras la recesión, las desorbitadas cifras de paro se han ido corrigiendo, pero han dejado una grave mácula, las reducidas tasas de productividad, negativas en 2018 y todo indica que también lo va a ser en el presente año. Ello revela que el empleo que se está creando es de muy baja calidad, lo que se traduce en condiciones laborales desfavorables y retribuciones reducidas. La actividad económica ha entrado en un proceso de desaceleración y la tasa de paro es aún elevada. El próximo gobierno se va a encontrar ante una alternativa difícil de despejar, tanto más difícil cuanto que en ese ejecutivo no van a abundar los conocimientos económicos. Si no se cambia el modelo de crecimiento -lo cual no es sencillo dentro de la Unión Europea-, habrá que renunciar o bien a subir los salarios o bien a la creación de empleo.

Republica.com 6-12-2019

Llegó por fin la sentencia de los ERE. La justicia española es lenta, pero, por muchos obstáculos que se le pongan, suele terminar su tarea; y en esta ocasión las trabas han sido infinidad y, si no, que se lo digan a la juez Alaya. La sentencia al final se ha publicado, aunque deja dos cuestiones sobre la mesa. La primera estriba en conocer la razón de haberse pospuesto su publicación hasta después de las elecciones y, más extraño aun, cómo se ha conseguido que no se filtrase nada. La segunda es respecto a si la premura para firmar el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, aun cuando estaba sin concretar y en barbecho, no ha tenido por finalidad adelantarse a la publicación de la sentencia. Curiosamente, aunque de forma no premeditada, yo también me adelanté, pues el 24 de octubre escribí un artículo en estas páginas titulado “Cien años de honradez”, que tiene plena aplicación en estos momentos. Es más, tengo el temor de que, al menos parcialmente, hoy pueda repetirme.

Las reacciones del PP y de Ciudadanos han sido las esperadas, teniendo en cuenta que Sánchez se hizo con el gobierno pactando con golpistas, pero con la excusa de la corrupción. Es lógico que ahora se le tiren a la yugular con todas sus fuerzas. Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan.

Sánchez y su Gobierno persiguen aislar la responsabilidad en el ámbito del PSOE de Andalucía y en Susana Díaz, evitando el contagio, lo que no parece demasiado fácil, porque ¿qué serían Sánchez y Ábalos de no ser por el PSOE, incluyendo al PSOE andaluz? Es innegable que este escándalo toca de lleno a Susana Díaz, era consejera entonces y la sentencia mantiene claramente que la decisión fue de todo el Consejo de Gobierno. Además, fue designada por Griñán como su sucesora, y en este cargo obstaculizó todo lo que le fue posible el desarrollo del proceso; pero no es menos verdad que tanto Carmen Calvo como María Jesús Montero eran también consejeras en esa etapa, y que, al margen de las discrepancias que después pudieron surgir, Sánchez fue catapultado contra todo pronóstico a la secretaría general del PSOE por Susana Díaz y por el PSOE andaluz para evitar que Eduardo Madina ganase las primarias. 

No resulta tampoco muy coherente la postura de Pablo Iglesias, él tan combativo contra la corrupción del PP, parece no importarle demasiado la del PSOE, con tal de salvar el pacto y, con él, los sillones. Cosas del pasado y del bipartidismo. ¿También pertenecen al bipartidismo sus amigos de Cataluña con el 3%, y con las malversaciones de recursos públicos destinados a la financiación del procés, es decir, a preparar el golpe de Estado?

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE.

republica.com 29-11-2019

El nacionalismo es contagioso. A Rajoy solía echársele la culpa de casi todo. A menudo se le ha hecho responsable del incremento del número de independentistas. Esta acusación ha podido ser de gran utilidad a los sanchistas (me niego a llamarles socialistas) como lenguaje dialéctico, para justificar su postura permisiva, cuando no complaciente, frente a la rebelión, pero no se sostiene ante el menor análisis serio. El invocado aumento del separatismo es únicamente nominal porque obedece tan solo a la radicalización de CiU y con la de esta formación política, la de casi todos sus votantes. Los que antes eran nacionalistas ahora son secesionistas. No es el número lo que ha cambiado, sino el extremismo de sus planteamientos.

Ese tránsito desde el nacionalismo al independentismo y después al golpismo desmiente la tesis de que la solución del problema nacionalista pasa por las concesiones. La historia del nacionalismo catalán desde la Transición hasta el momento actual es un proceso continuo de concesión de privilegios y de traspaso de competencias, tal como ha puesto de manifiesto González Urbaneja el pasado 14 de noviembre en este mismo diario digital. Sin embargo, ello no ha servido para calmar sus pretensiones. Cada escalón alcanzado ha remitido a uno nuevo más alto. Cuanto más se concedía, mayores eran las reivindicaciones; hasta llegar al momento actual en el que lo que se reclama es lisa y llanamente la secesión (la pretensión última de todo nacionalismo), secesión que están dispuestos a conseguir unilateralmente y pasando por encima de la Constitución, del Estatuto y de cualquier ley que se oponga a ello.

Llegar a esta última posición solo ha sido posible tras la creación de una estructura, construida a base de concesiones, y que ha permitido que la sociedad fuese sometida a muchos años de adoctrinamiento, basado en el victimismo, en las mentiras y en las quimeras. No es por casualidad que el tránsito del nacionalismo al secesionismo y después al golpismo haya coincidido con la llegada a los cargos directivos de los partidos de aquellos que han crecido, se han formado y madurado en estos últimos cuarenta años.

He estado revisando los resultados electorales desde 1980 al parlamento catalán y he calculado el porcentaje de votos obtenidos por la totalidad de las fuerzas políticas que se denominan nacionalistas: 1984, 51’21%; 1988, 50’18%; 1992, 54’79%; 1995, 50’92%; 1999, 46’8%; 2003 47’38%; 2006, 45’55%; 2003, 47’38%; 2006, 45’55%; 2010, 45’47%; 2012, 47’83%; 2015, 44’37%; 2017, 47’50%. Si algo se puede deducir de estas cifras es que el número de nacionalistas no se ha incrementado; más bien, con altibajos, se ha ido reduciendo, y precisamente en proporción inversa al tránsito del nacionalismo al secesionismo. Al mismo tiempo, aun cuando no haya transcrito los datos para no resultar tedioso se produce también una reagrupación dentro de sus filas, un traspaso continuo de votos de CiU a Esquerra y, a partir de 2012, de estas dos formaciones a la CUP.

Podríamos pensar, por tanto, que, al no incrementarse el número, no es posible hablar de contagio, solo de radicalización, de aumento de dogmatismo en sus posiciones. Ahora bien, quizás sí se ha producido un contagio en otro sentido. Nos engañaríamos si supusiésemos que tantos años de mentalización y lavado de cerebro solo han surtido efecto en los que se proclaman independentistas. El supremacismo y cierta comprensión de las posturas de los secesionistas están más interiorizados en la sociedad catalana de lo que pensamos. La historia ambivalente del PSC y de Iniciativa per Catalunya da buena prueba de ello. Muchos de sus antiguos afiliados militan hoy en el independentismo o en sus aledaños. Incluso, ambas formaciones presentan posiciones muy ambiguas en los momentos presentes.

El contagio se ha producido sin lugar a dudas en el empresariado. Independientes, independientes, ciertamente solo unos pocos (por cierto, habría que preguntarse por la rama económica del golpe y la razón por la que no se la ha perseguido); pero son muchos los empresarios que durante demasiado tiempo han vivido callados y contentos porque los chantajes del nacionalismo repercutían positivamente en su bolsillo. Ahora están asustados y se quejan de los problemas económicos que se pueden derivar de la rebelión, pero incluso cuando en la actualidad proponen la solución -según dicen para pacificar la situación-, es más de lo mismo, conceder a la Generalitat el pacto fiscal, es decir, el mismo sistema privilegiado de concierto económico que mantiene el País Vasco, y otorgar a Cataluña la denominación política (no solo cultural) de nación, con lo que se darían argumentos a los independentistas para que volviesen a reclamar la secesión.

Pero no son solo los empresarios. En otros muchos sectores ha calado el victimismo nacionalista y son multitud los que sin ser independentistas participan de la creencia de que Cataluña ha sido maltratada y reclaman diálogo, lo que en la práctica significa, amén de premiar a los golpistas, conceder más privilegios a Cataluña o más competencias a la Generalitat, con lo que se facilitaría que un futuro golpe tuviese éxito.

Es frecuente escuchar voces en la parte de población que se confiesa constitucionalista quejándose de que están solos y de que el Estado les ha abandonado. Hay una parte de verdad en ese lamento. Los partidos nacionales, a menudo, han dado patente de corso al nacionalismo en su territorio a cambio de sus votos para consolidar su gobierno en la administración central. Pero no es menos cierto que tal vez muchos de los que se hacen tal reproche han adoptado con frecuencia una postura pasiva, de cierta comodidad, dejando el campo libre a los separatistas, esperando que cualquier solución viniese de fuera. Ha funcionado además una especie de síndrome de Estocolmo. La dialéctica de los secesionistas ha terminado calando en ellos y su finalidad en muchos casos se ha cifrado en ser admitidos en el otro bando o, al menos, en participar de parte de sus reivindicaciones, lo que resultaba tanto o más atrayente en cuanto que el chantaje nacionalista al gobierno central ha situado a Cataluña como Comunidad privilegiada frente a otras regiones.

Solo cuando las cosas han pasado a mayores y el nacionalismo ha desafiado al Estado, la mayoría silenciosa, al igual que los empresarios, se ha dejado oír, aunque con mucha menos fuerza que los independentistas, y solo una pequeña proporción ha adoptado rotundamente una postura de enfrentamiento. La gran mayoría permanece en una gran indeterminación, debatiéndose entre echar la culpa de todo a Madrid o esperar de Madrid la solución. Solo así se explican los resultados en Cataluña de las elecciones del pasado día 10, en las que de los 25 escaños conseguidos por las fuerzas no independentistas 19 lo han sido por el PSC o por el partido de Colau, formaciones que de forma evidente mantienen una gran ambigüedad frente al nacionalismo.

Muchos han sido los errores cometidos por Ciudadanos, pero nadie le puede negar el mérito de ser la formación que desde hace muchos años combate abiertamente el independentismo y, pagando por ello costes significativos. Se puede entender hasta cierto punto el castigo electoral sufrido en toda España, pero resulta bastante incomprensible que este se haya producido también en Cataluña, a no ser que la ambivalencia frente al nacionalismo que mantienen Iceta y Colau esté mucho más extendida de lo que creemos en la sociedad catalana.

Desde luego, algo parecido a todo lo que se ha dicho hasta aquí se podría predicar también del País Vasco, pero esto ya es otra historia. De todas las formas no es únicamente en estos dos territorios donde se ha extendido la epidemia. Progresivamente, todas las Comunidades han tomado conciencia de las ventajas que representa tener partidos nacionalistas o regionalistas. Aun con pocos escaños, el chantaje funciona. No puede extrañarnos que este tipo de formaciones políticas comiencen a emerger como las setas. Las elecciones del día 10 lo dejaron perfectamente claro. Si no he contado mal, han sido trece formaciones políticas de este tipo las que consiguieron escaño, y supongo que serían algunas más las que se presentasen a las elecciones, aunque por el momento haya sido sin éxito.

La cuestión es que, tal como se presenta la investidura, todos estos partidos van a sacar tajada, lo que lógicamente estimulará la creación de otros nuevos. El contagio se puede extender de tal manera que cambie el signo de la lucha política y haga desaparecer la confrontación ideológica izquierda-derecha (aunque se mantenga el nombre), sustituyéndola por la contienda territorial. En realidad, es lo que ocurre ya en Cataluña y en el País Vasco, que partidos manifiestamente de derechas como el PNV y los sucesores de Convergencia van de la mano de los que se denominan de izquierdas.

La epidemia nacionalista se está extendiendo por toda España, pero es que, además, los acontecimientos de Cataluña están propiciando que emerja un nacionalismo que se encontraba casi desaparecido, enterrado: el español. Los independentistas catalanes y vascos están prestos a tildar de nacionalista español a todos aquellos que critican sus planteamientos y se oponen a sus pretensiones. En la mayoría de los casos el calificativo es radicalmente injusto porque se confunde el nacionalismo con la defensa de la unidad del Estado.

España será quizá uno de los países que menos conciencia nacional tiene o en el que, al menos, el orgullo nacional es más débil. Se carece totalmente de chovinismo. Solo hay que leer a nuestros autores de finales del siglo XIX y principios del XX para comprobar que si la sociedad española peca de algo es de autoflagelación. De forma quizás irreflexiva, hemos introyectado parte de la leyenda negra. Hay hasta un cierto complejo de inferioridad, pensando que los muchos errores y defectos que suceden en España no ocurren en el resto de los países. Esa frase tan socorrida de “En este país” a la que ya Larra dedicó un artículo, y que en la actualidad se continúa usando con frecuencia es la confirmación, en primer lugar, del desconocimiento que a menudo tenemos del extranjero y, en segundo lugar, de la mala opinión que mantenemos de todo lo español.

Es cierto que el franquismo, al igual que todo movimiento fascista, abrazó y pretendió exaltar el nacionalismo español, pero pienso que fue una planta que nunca llegó a arraigar en la mayoría de la sociedad. Es más, por esa identificación con la dictadura, despertó en amplias capas de españoles un rechazo incluso inconsciente a todo lo que se uniese a patriotismo y a símbolos nacionales, tan habituales, sin embargo, en otros países. Confirma lo anterior el entusiasmo con el que abrazamos la Unión Europea. Las encuestas han mostrado siempre que nuestro país se encuentra a la cabeza en la aceptación del proyecto europeo y los que lo criticamos y nos oponemos a él es precisamente por no constituir una verdadera unión política.

Tal vez es esta debilidad de la conciencia nacional de España la que ha originado a lo largo de los dos últimos siglos el alumbramiento de los nacionalismos periféricos. Así al menos lo contempló Ortega en su “España invertebrada”. Paradójicamente, sin embargo, es posible que en estos momentos el proceso se haya invertido y que la extrema proliferación de fuerzas centrífugas y, en concreto, el mantenimiento de un golpe de Estado que se mantiene vivo en Cataluña haya despertado un nacionalismo que estaba dormido. España era de las pocas naciones de Europa que no tenía un partido de extrema derecha. Pues bien, parece que ya lo tiene y que ha venido para quedarse. Los que se rasgan las vestiduras ante el crecimiento exponencial de Vox harían bien en preguntarse cuáles son las razones y las causas que lo han hecho posible.

republica.com 22-11-2019

Hace aproximadamente un mes, nada más pactar el Eurogrupo la creación de ese simulacro de presupuesto para la Eurozona al que ha designado con el nombre pomposo -en la Unión Europea todo es pomposo- de Presupuesto para la Competitividad y la Convergencia (BICC, por sus siglas en inglés), me propuse comentarlo en estas páginas. La acumulación de noticias, muchas de ellas si no más importantes, sí más coyunturales y, por lo tanto, con mayor probabilidad de quedar desfasadas, me ha inducido a posponer la tarea hasta este momento.

En realidad, a quien haya seguido la historia de la Unión Europea no le puede causar sorpresa (en contra de lo que decía el editorial del diario El País el pasado 12 de octubre) lo acordado. Sigue la tónica de todas las reformas. La trayectoria siempre es la misma. Primero son muchas las voces que plantean la conveniencia, cuando no la necesidad. A continuación, se origina una enorme oposición por parte de algunos países, principalmente los del Norte, y al final se llega a un acuerdo a base de descafeinar la medida, de manera que solo permanezca el nombre. Buen ejemplo de ello lo constituye la Unión Bancaria, que ha quedado reducida a transferir las competencias de inspección y liquidación de algunas entidades financieras (solo de algunas), pero ni hablar de que los costes de las futuras crisis bancarias se asuman por el conjunto de la Eurozona. Ni siquiera ha prosperado, ni prosperará, el Fondo de Garantía de Depósitos europeo, y si se crea alguna vez será con condiciones tales que esté ausente todo factor de mutualización, es decir, cualquier asunción colectiva de las pérdidas.

De una manera o de otra, las reformas que a menudo se plantean, y que serían totalmente necesarias para el funcionamiento correcto de la Eurozona, o son rechazadas o se desnaturalizan, de modo que lo que se acuerda no tiene nada que ver con lo propuesto, ni con el nombre que se le asigna, pero sirve para que los botafumeiros de la Unión Europea echen las campanas al vuelo y alaben la enorme, según ellos, conquista conseguida. Los mandatarios internacionales resultan a menudo patéticos, especialmente los del Sur, cuando al terminar una cumbre comparecen ante la prensa cantando victoria y encomiando lo mucho conseguido. Y al mismo tiempo no tienen más remedio que reconocer que faltan todos los elementos esenciales para que la medida funcione; pero ellos parecen no darle a esto ninguna importancia, se conforman con el nombre.

Macron se presentó como el salvador del euro, jactándose de que había convencido a Merkel -y por lo tanto a los países del Norte- de la necesidad de crear un presupuesto para la Eurozona, y España se subió al carro proponiendo un Seguro de Desempleo Comunitario. Pues bien, la montaña parió un ratón. Y, sin embargo, tanto el ministro de Hacienda francés como la ministra de Economía española se mostraron muy contentos con el roedor. Nadia Calviño, ese portento, según el presidente del Gobierno, columna y baluarte para afrontar la próxima crisis, ha manifestado que se han conseguido todas las reivindicaciones que planteaba España: que el presupuesto fuese anticíclico, redistributivo, y que la percepción de los recursos no estuviese sometida a reformas ni ajustes especiales. No obstante, nada dice acerca de su escasa cuantía, factor que invalida todos los demás. El futuro presupuesto nace con 13.000 millones de euros, lo que representa el 0,01% del PIB de la Eurozona. Con esa cantidad es imposible que pueda tener alguna efectividad, tanto más cuanto que no se va a nutrir con fondos nuevos, sino que estará incorporado al Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027.

Dos son las finalidades principales que debe cumplir el presupuesto de cualquier Estado, y se supone que son las que debería cubrir también un verdadero presupuesto de la Eurozona: instrumentar una política anticíclica y ejercer una función redistributiva. Y ambas son totalmente imprescindibles para que la Eurozona pueda mantenerse.

Draghi viene avisando desde hace tiempo que la política monetaria ha dado de sí todo lo que podía dar y que precisa ser complementada por la política fiscal. El hasta ahora presidente del BCE no solo ha recomendado que las naciones con margen presupuestario, como por ejemplo Alemania u Holanda, pongan en marcha políticas expansivas, sino que antes de dejar el cargo ha insistido en la necesidad de que se crease en la Eurozona un instrumento global capaz de aplicar políticas anticíclicas. Se sumaba así a las múltiples voces que venían remarcando que una moneda única necesita la unión fiscal, es decir, un presupuesto comunitario.

Resulta, sin embargo, imposible que el proyecto aprobado el mes pasado por el Eurogrupo pueda cumplir este objetivo. Solo el 20% de su dotación, 3.400 millones de euros, podrá dedicarse a esa función anticíclica, esto es, tan solo un 0,003% del PIB de la Eurozona. Para ser conscientes de la insignificancia de la cifra y de su inutilidad en momentos de crisis nada mejor que compararla con las cantidades empleadas en la pasada recesión en los rescates de países con dificultades: Grecia, 273.000 millones de euros; Portugal, 78.000; Irlanda, 85.000; España, 41.000; etc.

La otra función sustancial de cualquier presupuesto es la redistributiva, que sirve para corregir las desigualdades generadas por el mercado y derivadas de toda unión monetaria. El euro nació con esta básica carencia, que ha puesto siempre en duda su viabilidad. De ahí, la necesidad de crear en la Eurozona un presupuesto que asuma esta función. Pero lo acordado por el Eurogrupo es una broma de mal gusto, incapaz también de cumplir este objetivo. En primer lugar, y principalmente, por lo ridículo de su cuantía, pero, por si esto fuese poco, por las normas establecidas de funcionamiento, que dejan reducido al mínimo su potencial de cohesión territorial.

Aun cuando en principio pudiese pensarse que, tal como se ha diseñado, el BICC tiene una finalidad redistributiva, ya que el 80% se repartirá entre las naciones atendiendo a la población y a la renta per cápita, enseguida se llega a la conclusión de que tal disposición queda casi compensada y anulada por el hecho de que ningún país pueda recibir menos del 70% de lo aportado y, además, cada proyecto debe ser financiado en un 25% por los presupuestos nacionales. España y Francia han presentado como un gran triunfo frente a Holanda y Austria que se reduzca a la mitad (12,5%) la cofinanciación de los Estados que se encuentren en dificultades. Ciertamente poca cosa, y menos aun cuando se estipula que la rebaja en la aportación del presupuesto nacional no debe compensarse con un incremento en la parte financiada por el BICC.

Como se puede observar, lo pactado por el Eurogrupo poco tiene que ver con las primeras promesas lanzadas a bombo y platillo por Macron, ni con los planteamientos que el Gobierno de España venía realizando, agarrado al estribo de Francia. No obstante, al terminar la reunión todos se mostraron muy satisfechos. El ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, habló del importante paso dado y de que los socios del euro debían estar orgullosos del acuerdo alcanzado tras las difíciles discusiones. Nuestra ministra de Economía afirmó que se encontraba francamente satisfecha, y que lo conseguido responde plenamente a los objetivos que se había marcado España. El que no se contenta es porque no quiere.

En su afán por cantar las excelencias del Gobierno de Pedro Sánchez, el diario El País publicó dos días después del acuerdo, el 12 del mes pasado, un editorial que debería pasar a los anales como ejemplo de estulticia y sectarismo. Apareció con el subtítulo “El pacto para el nuevo presupuesto es excelente, pese a su escasa cuantía”. Es como si alguien dijese “tengo un trabajo magnífico pese a que el salario mensual es solo de un euro”. Las flores que el editorial echa al proyecto resultan tanto más extravagantes cuanto que poco después reconoce que no entrará en vigor hasta 2021, y aun después de este año, según afirma, “la cuantía inicialmente contemplada, en el entorno de los 17.000 millones de euros para todo el periodo, es extremadamente modesta e insuficiente para afrontar, por ejemplo, una crisis de un empaque similar a la de 2008. Si se repitiese pronto y en esos mismos términos, habría que echar mano, como entonces, de otras medidas de urgencia para afrontarla y de los nuevos instrumentos ya operativos (BCE, fondo de rescate)”.

¿Alguien puede pensar en serio que ante una nueva recesión sería posible emplear las mismas medicinas que en 2008? El propio BCE ha manifestado que la política monetaria no da más de sí, y todo indica que los países a los que ya se sometió a durísimos ajustes no resistirían de nuevo la misma terapia. No resulta creíble que las poblaciones de Grecia, Portugal, España, e incluso de Italia y de Francia, estuviesen dispuestas a tolerar devaluaciones internas como las de los años pasados, sobre todo cuando muchos de los efectos de la anterior crisis permanecen vivos (endeudamiento público, desempleo, bajos salarios, situación social y política etc.).

Los españoles, sin embargo, no tenemos por qué preocuparnos. El candidato del PSOE ha encontrado la piedra filosofal, la receta para solucionar el problema, poner de vicepresidenta económica a la actual ministra de Economía. Todo arreglado. Pedro Sánchez debe de creer que en Economía los problemas se solucionan como en política, a base de postureo. Bien es verdad que ese mal no es privativo de Sánchez. La falta de consistencia se ha instalado en España en el discurso económico de todos los partidos. Ya el 4 de abril pasado publiqué en este diario digital un artículo titulado “La insufrible levedad de los discursos económicos de las formaciones políticas”. Creo que lo allí dicho mantiene toda su vigencia, en especial la amnesia que afecta a nuestros políticos acerca de las limitaciones que impone la Unión Monetaria. El peligro consiste en que los hechos futuros nos los tengan de nuevo que recordar de forma traumática.

republica.com 15-11-2019

Era difícil de creer, pero ahí estaba Pedro Sánchez en la ONU afirmando que “hoy hemos cerrado el círculo democrático”, como si hubiera sido necesario esperar cuarenta años para que nuestro sistema político fuese una verdadera democracia. Parece que todo hubiera estado pendiente de que la momia de Franco saliese del Valle de los Caídos.

Hay mucha similitud entre Sánchez y Zapatero. Ambos tienen la pretensión de situarse en el centro de la historia. La coincidencia en el tiempo de Zapatero como presidente de turno de la UE con Obama presidente de EEUU fue descrito por Leire Pajín como un acontecimiento histórico de dimensiones planetarias, y Sánchez, por su parte, pretende hacernos creer que en España la transición a un sistema democrático ha estado incompleta hasta que él no ha llegado a la presidencia del gobierno; por cierto, aupado por las fuerzas políticas que acababan de perpetrar un golpe de Estado. Quizás sea para que esto se olvide por lo que Sánchez ha querido desenterrar a Franco y con él al fantasma del franquismo.

Seamos serios. Por lo menos desde mediados de los ochenta, el franquismo ha desaparecido. Los que en otras épocas lo sufrimos lo más parecido que encontramos en la actualidad es el régimen dictatorial que intentan implantar los independentistas catalanes, aun cuando –paradojas- ellos llaman fascistas al resto. No se puede negar una cierta semejanza, hasta pretenden implantar en la universidad el aprobado patriótico, tal como exigían los falangistas con la camisa azul después de la guerra civil. Creían tener derecho a ello pues habían perdido tres años de carrera. Detrás de ambos movimientos se vislumbra el fantasma del nacional catolicismo. No obstante, no cometeré el error de negar la distancia inmensa que existe entre ambas posiciones, la que hay entre lo trágico y lo cómico, aunque lo cómico se puede transformar en cualquier momento en trágico.

No, hoy no quedan franquistas, por más que por rentabilidad electoral le hubiera venido bien a Sánchez su existencia, y por más que haya hecho para resucitarlos montando toda una verbena con el traslado de la momia de Cuelgamuros al Pardo. El Ejecutivo anunció que no iba haber prensa y, no obstante, invitaron a quinientos medios, eso sí, manteniendo el Gobierno o su comisaria, Rosa María Mateo, el monopolio de las imágenes televisivas.

Han sido unos días irritantes, pero también tremendamente aburridos. Fuese cual fuese la televisión, solo había una noticia. Siempre las mismas imágenes, que querían emular a las de otras épocas, pero que ahora resultaban esperpénticas. El escaso número de personas que se acercaron al Pardo en un intento de despedir al dictador era grotesco, patético, y contrastaba claramente con aquella cola interminable que hace cuarenta y cinco años desfilaba para ver el cadáver en el Palacio Real. Es precisamente esta enorme disparidad la que mejor expresa que ese capítulo oscuro de nuestra historia, al que se refería Pedro Sánchez en la ONU, no se cerraba ahora, ni tampoco se cerró en tiempos de Zapatero, sino que llevaba muchos años cerrado y bien cerrado.

En su afán por hablar de Franco en la ONU, Pedro Sánchez trastocó la historia y dotó a esta Organización de una característica que nunca ha tenido, la de estar compuesta únicamente por Estados democráticos. España estuvo excluida del grupo de los fundadores, no porque su forma de gobierno fuese una dictadura (había bastantes dictaduras presentes en su constitución), sino porque la ONU fue creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y Franco se había situado, aunque con un papel discreto, al lado de los vencidos que previamente le habían ayudado a llegar al poder.

Sánchez ha proclamado que “ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto y de respeto institucional”. Dicho así parece bastante sensato. La duda se encuentra en saber si la tumba de Franco en Cuelgamuros correspondía a esa descripción. En la actualidad, los únicos que la visitaban eran los turistas y no creo que precisamente como lugar de culto y de respeto institucional, sino más bien por curiosidad, para ver el símbolo de un régimen dictatorial que duró cuarenta años con la aquiescencia y complicidad de las democracias occidentales, que tras la Segunda Guerra Mundial se contentaron con hacer pasar hambre durante unos años a los españoles.

El Valle de los Caídos es lo que es, la obra y la expresión de un régimen inhumano y megalómano que, como los de todos los sátrapas, ha pretendido dejar su recuerdo para la posteridad, construyendo a costa del sudor y la sangre de los presos políticos (estos sí que eran presos políticos) un colosal monumento que fuese admirado en los tiempos futuros. No creo que pueda convertirse nunca en un signo de reconciliación. Personalmente me inclino por mantener estos vestigios con los menores retoques posibles. Solo así serán transmisores fieles de los horrores del pasado. Ahora que tanto se lleva lo de la memoria histórica no parece que convenga edulcorarla.

Por otra parte, cuidado con andar moviendo las tumbas de todos los enemigos de la democracia. Sería una tarea infinita. ¿Qué tendríamos que hacer con el panteón de los reyes en el Monasterio del Escorial? Pocos tiranos como Fernando VII. No creo que los miles de visitantes anuales vayan a dar culto y mostrar su respeto al rey felón. Dejemos a la historia y a los historiadores que pongan a cada uno en su sitio. Pero en todo caso, sea cual sea la opinión acerca de la conveniencia o no de las exhumaciones, lo que constituye una infamia es afirmar que hasta que no se ha llevado a cabo la de Franco, la democracia española estaba incompleta.

El asunto es especialmente grave cuando el discurso de los golpistas catalanes gira y se apoya de cara al exterior sobre la idea de que el sistema político español no es democrático, y una vez que se dieron cuenta de que el manido eslogan de “España nos roba” resultaba inverosímil, lo cambiaron por la cantinela de “España oprime a Cataluña” y que “el Estado español está lleno de franquistas y de fascistas”. Lo único que faltaba es que el presidente del Gobierno lo confirmase proclamando que nuestro sistema democrático estaba inconcluso. Claro que después del concepto que parece tener del ministerio fiscal cualquier cosa.

El otro día en el Valle de los Caídos quedó patente que el franquismo está muerto. Por más que el sanchismo pretendió sacarlo a la luz, las cámaras de televisión solo pudieron enseñar a un hatajo de fantoches nostálgicos que casi daban pena. Por otra parte, por mucho que algunos se empeñen, a Vox no se le puede atribuir el calificativo de franquista, al igual que a Podemos tampoco el de comunista. Ambos partidos están en los extremos respectivos del arco parlamentario y son, nos gusten o no, equivalentes a otras formaciones políticas de la Eurozona.

En la actualidad, el peligro que acecha a España no es precisamente el franquismo, sino el nacionalismo identitario y supremacista, y más en concreto el de aquellos que han dado un golpe de Estado, golpe que se mantiene activo y latente después de un año. Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos y preocupémonos de los vivos que pueden desestabilizar la sociedad y el Estado.

republica.com 8-11-2019

Con ocasión de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, el independentismo catalán ha dejado poco espacio para la duda. Ha mostrado su verdadera faz. Se le ha caído la careta. Las atrocidades cometidas en las calles han descubierto ese discurso hipócrita, de Tartufo, acerca de la revolución de las sonrisas y la falsedad de su profesión de pacifismo y democracia. No obstante, una vez que ha subido el telón y se ha divisado lo que hay entre bambalinas, se pretende, como último recurso, engañar al personal con un nuevo relato, la existencia en Cataluña de dos independentismos, uno violento y minoritario; otro, masivo y pacífico. El mismo presidente del Gobierno y su ministro del Interior han colaborado en mantener el simulacro al distinguir entre los que cometen los actos vandálicos y los manifestantes mayoritarios, por ejemplo, los de las tres marchas llamadas por la libertad y la consiguiente concentración, como si fuesen dos cosas diferentes, sin conexión alguna, círculos sin intersección.

Es cierto que nadie puede pensar que todos los que se confiesan independentistas tengan capacidad ni estén dispuestos a hacer barricadas, incendiar la calle, tirar piedras o artefactos explosivos a la policía, etc. Es lógico que la extrema violencia sea propia de una minoría, pero eso no quiere decir que minoría y mayoría pertenezcan a espacios distintos. Esas marchas por la libertad tan “pacíficas” que han recorrido Cataluña durante tres días han cortado carreteras causando graves perjuicios a muchos transportistas y viajeros. Y los asistentes a esa manifestación tan “sosegada y democrática” no tuvieron ningún reparo en bombardear con todo tipo de proyectiles a la tribuna de la prensa, hasta que hicieron bajar a los periodistas de la plataforma. Y habrá que preguntarse a cuál de los dos grupos pertenecen los varios miles de manifestantes que pretendieron apoderarse del aeropuerto e interceptaron las vías de ferrocarril, ocasionando que se suspendiese un buen número de aviones y de trenes.

El ojo no es el oído ni la pierna es el brazo, las funciones son diversas, pero todos esos órganos pertenecen al mismo cuerpo, por ellos corre la misma sangre, e igual sucede con el independentismo catalán. Todos integran el mismo proyecto, aunque las intervenciones y los desempeños sean diferentes. El nacionalismo -como todo totalitarismo- es monolítico, no admite bifurcaciones. Las divisiones solo pueden ser funcionales, deberse a la asignación de distintos papeles y, en todo caso, a distintas estrategias.

La prueba de que todos pertenecen al mismo espacio es la lentitud y la ambigüedad que han mantenido la mayoría de los líderes del independentismo en condenar (algunos no lo han hecho aún) las barbaridades que tras la sentencia se han visto en Cataluña, situándose en una postura intermedia entre manifestantes y policía, cuando no manifiestamente en contra de los policías. Parecen decir: son unos salvajes, pero son nuestros salvajes. Quizás haya sido Carles Riera, de la CUP, el más sincero al increpar a los líderes de otros partidos haciéndoles notar que son sus hijos. Torra y algún otro podrían afirmarlo en sentido estricto y no solo en sentido figurado. Por si cabía alguna duda la presidenta de la ANC lo ha dejado meridianamente claro, al considerar la violencia como un factor positivo para la propaganda internacional del Procés

Se atribuye a Xavier Arzalluz la frase de “mientras ellos agitan el árbol, nosotros recogemos las nueces”, en referencia a la actuación de ETA. Da la sensación de que algo así quieren los dirigentes del secesionismo porque, cuando se adueña de Cataluña una cascada de sabotajes y de actuaciones violentas, el presidente de la Generalitat insiste una y otra vez en entrevistarse con el presidente del Gobierno para establecer un diálogo sin líneas rojas, es decir, para negociar la independencia y la amnistía. En realidad, plantea un chantaje: “Yo puedo hacer que la violencia cese en Cataluña, siempre que accedas a mis propuestas”.

Todo lo anterior no quiere decir que en ocasiones no existan distintas estrategias en los secesionistas y que, en función de ellas, pueda parecer que se dan tipos distintos, unos mejores que otros. Pero los papeles pueden invertirse en cualquier momento. Es posible que Esquerra aparezca hoy como más flexible y dialogante que los ex convergentes. Eso al menos piensa Pedro Sánchez, o quiere pensarlo, ya que considera que tras las elecciones la única posibilidad de mantenerse en el gobierno es pactar de nuevo con Esquerra. Es esta suposición la que ha condicionado y condiciona la forma de actuar del Ejecutivo en los graves disturbios que están ocurriendo en Cataluña. Es esa creencia la que hace que Pedro Sánchez, aparte de afirmar que tiene todo controlado, no haga nada ante la violencia que se está generando. En cualquier caso, conviene no olvidar que fueron los representantes de Esquerra los que presionaron a Puigdemont para que no convocase elecciones y declarase unilateralmente la independencia. Recordemos a Rufián y las 155 monedas de plata.

En esa estrategia de utilizar todos los medios posibles en la difícil tarea de convencer a la opinión pública nacional e internacional de la ausencia de violencia en el procés, se pretende a veces borrar toda conexión de las fuerzas independentistas con los brutales tumultos desatados estos días en Cataluña, por lo que, de forma solapada, atribuyen los disturbios a colectivos un tanto equívocos y de contornos confusos, como el de los antisistema o el de los anarquistas. Puede ser que tengan razón, pero ello no implica que no sean además secesionistas.

Pocos movimientos más anárquicos y antisistema que el procés. El Gobern, el Parlament y todo el entramado independentista saltaron por encima de la Constitución, del Estatuto y de todo el marco legislativo, pretendiendo justificar tal voladura del preexistente orden jurídico en una pseudovoluntad del pueblo de Cataluña. Transgredieron una multitud de leyes, desobedecieron a los tribunales y obstaculizaron sus mandatos, manejaron cuantiosos fondos públicos al margen del presupuesto y de todo procedimiento administrativo. El Parlament se declaró soberano, soberanía de la que se pretende privar a todo el pueblo español y a las Cortes generales. ¿Puede haber comportamiento más anárquico y antisistema que el planteado por los líderes independentistas? ¿Puede extrañarnos entonces que una parte del movimiento queme contenedores y coches, corte las carreteras, pretenda adueñarse del aeropuerto, sabotee las líneas férreas, agreda a la policía con todo tipo de artefactos, incluso empleando los más violentos? El que puede lo más, puede lo menos. El que justifica lo más, justifica lo menos. Ante un golpe de Estado por muy incruento que sea, todas esas cosas carecen de importancia.

Han sido muchos años de adoctrinamiento. Para los cachorros independentistas, toda su vida. Desde su más tierna infancia han escuchado un discurso monolítico, centrado en la gran epopeya que ha protagonizado a lo largo de la historia el pueblo catalán; se les ha inoculado la idea de que las virtudes de la sociedad catalana son muy superiores a las del resto de España, se les ha repetido una y otra vez que los españoles les roban, que el origen de todos los problemas se encuentra en el Estado español, conglomerado de todos los males; que todo sería distinto si algún día alcanzasen la independencia; que este debería ser el objetivo número uno de todo buen catalán; los otros son malos catalanes, botiflers.

En los últimos años los cachorros secesionistas han visto a sus mayores aceptar plenamente el concepto maquiavélico de que el fin justifica los medios. Les han dicho que las leyes o los mandatos de los tribunales podían no cumplirse, siempre que fuese por una buena causa, y no hay causa más excelsa que colaborar a que el pueblo catalán recobre la libertad que no se sabe muy bien quién le había arrebatado. Han visto a sus políticos y a sus líderes situarse al margen de todo el ordenamiento jurídico con el argumento de que la independencia estaba al alcance de la mano. ¿Puede extrañarnos ahora que se comporten anárquicamente, bárbaramente, saltándose cualquier precepto o norma, cuando comienzan a ser conscientes de que la república prometida no se consigue y sus políticos les convocan a manifestarse?

Sí, los que han puesto patas arriba estos días a Cataluña son ácratas, antisistemas, pero no más que los que han dado y mantienen un golpe de Estado. Cataluña se ha convertido en una región sin ley. El independentismo catalán ha sacado de la jaula al tigre y es posible que no sepa ahora cómo encerrarlo.

republica.com 1-11-2019

Acompañando al nacimiento en España de nuevas fuerzas políticas, ha surgido el fenómeno de que algunos partidos, cuyas siglas provienen de otras épocas anteriores a la Guerra Civil, tales como el PSOE, Esquerra Republicana o el PNV, han sacado pecho y se vanaglorian de sus muchos años de historia. Antes que nada, habrá que convenir en que no todo tiempo pasado fue mejor. En la historia de las organizaciones, al igual que en la de las naciones o en la de las personas, no todo es bueno, hay de todo, claroscuros, actos y realidades de los que sentirse orgulloso y otros de los que avergonzarse.

En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y cuarenta de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista. Presiento que de Esquerra Republicana y del PNV se podría predicar algo parecido, mucho más presentes en el exilio que en el interior, por más que ahora, cuando Franco ha muerto hace más de cuarenta años, estén dispuestos a luchar contra franquistas imaginarios que ven por todas partes. Tampoco se puede decir que estos dos últimos partidos tuviesen un papel muy lúcido durante la Segunda República y la Guerra Civil.

No hay por qué dudar de los cien años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los ochenta en un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ensayó por primera vez la financiación ilegal de un partido político.

Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el mono de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio, sin embargo, se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los dos últimos socialistas que ocuparon el cargo de presidente de la Comunidad. Estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.

Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP. En realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo. Pero sirvió de coartada. Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que pretenda recurrir ahora a los 140 años de historia de los que no queda nada sino las siglas?

Al felipismo se le pueden achacar cantidad de errores y defectos. No seré yo el que los oculte cuando tantas veces los he censurado, pero ese PSOE, el de los años ochenta y noventa, nunca hubiese pactado en Navarra con los herederos de ETA, ni sus federaciones del País Vasco, Baleares y Navarra se habrían comportado tal como están actuando en los momentos presentes con la aquiescencia de Sánchez. Tampoco se hubiese hipotecado a los intereses del PSC, ni hubiese dejado que fuesen los planteamientos de esta formación política los que se impusiesen en todo el partido. Aquel PSOE, por mucho que le tentase el poder, jamás hubiese aceptado ponerse al frente de un gobierno Frankenstein, formado por un amasijo de fuerzas políticas dispares entre las que se encontraban aquellas que acababan de dar un golpe de Estado y que permanecían en las mismas posiciones. Es verdad que en los años ochenta y noventa tanto el PSOE como el PP pactaron con los nacionalistas, que cedieron a muchas de sus reivindicaciones, colaborando así, de forma quizás inconsciente, a que se fortaleciesen de cara a la traca actual. Pero entonces aún no habían mostrado su auténtica faz. Se trataba de nacionalistas, no de golpistas. No se habían sublevado, permanecían, al menos aparentemente, dentro del marco constitucional. La situación ha cambiado radicalmente.

Sí, Pedro Sánchez ha inventado un nuevo PSOE, y ha barrido casi en su totalidad a todos los que representaban algo en el antiguo, pero por eso resulta tan irónica -más bien hipócrita- la postura de la vicepresidenta pretendiendo disculpar los coqueteos del sanchismo con los batasunos amparándose en las víctimas que ETA ha causado al PSOE. Es precisamente esa historia del partido socialista frente al terrorismo la que censura con mayor dureza el comportamiento actual del sanchismo. Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente no se siente concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.

Pero el hecho es que la corrupción del PSOE no queda confinada en el pasado, llega al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno. Él también se ha beneficiado del supuesto dopaje que ha usado el partido socialista de Andalucía. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.

Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podría haberse producido malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, y prevaricación.

Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía. La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar «in vigilando» a la ministra que lo ha traído de Andalucía.

Además, el ahora dimitido de la presidencia de la SEPI había ocupado previamente el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, es decir, encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por «ascensos» que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso. Llueve sobre mojado, puesto que quien ocupaba el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.

Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.

republica.com 25- 10- 2019

La figura del golpe de Estado no se encuentra en el Código Penal (al menos en el nuestro). No es un concepto jurídico. Pertenece a la teoría política. En ese sentido, no tienen razón los que mantienen que después de la sentencia del Tribunal Supremo no se debe hablar de golpe de Estado. La denominación política aplicada a los acontecimientos ocurridos en Cataluña no depende de su tipificación penal. Sea cual sea esta, los hechos se ajustan como anillo al dedo a lo que la teoría define como golpe de Estado. Se puede estar o no de acuerdo con la sentencia, pero ello es totalmente independiente de que, con toda propiedad, se pueda seguir calificando de golpe de Estado lo que ha ocurrido en Cataluña y se pueda continuar llamando golpistas a los partidos secesionistas.

Por otra parte, el hecho de que la sentencia haya optado por la tipificación de sedición, en lugar de rebelión, no lava al Gobierno de Pedro Sánchez de la infamia de presionar a la Abogacía del Estado para que cambiase su postura en el proceso. Es más, habría que preguntarse hasta qué punto la inferencia no ha sido la contraria. Es decir, si el cambio de opinión de la Abogacía del Estado no ha colaborado a que la sentencia se haya decantado por la sedición y no por la rebelión. En cualquier caso, el giro de la Abogacía seguro que ha facilitado al Tribunal Supremo pronunciarse tal como lo ha hecho, lo que hubiera resultado más difícil de justificar si las tres acusaciones hubiesen mantenido la misma calificación.

No se puede negar -a no ser con mala intención- que la división de poderes se da en el sistema democrático español al menos con la misma solidez que en los demás países europeos. Prueba de ello se encuentra en el gran número de políticos que se hallan procesados o en la cárcel; muchos después de ocupar puestos muy relevantes en el organigrama de aquellos partidos que se han turnado en el gobierno durante treinta años. Incluso el cuñado del rey permanece en prisión. Pero una cosa es que el poder judicial sea independiente del gobierno y de los poderes fácticos y otra muy distinta que no se produzca ninguna influencia. Pecaríamos de inocentes si no aceptásemos que esta se da en todos los países y, por supuesto, también en el nuestro.

No es preciso ser especialmente desconfiado para sospechar que en esta ocasión alguna presión ha habido para que el Tribunal Supremo haya optado por la sedición en lugar de la rebelión. No digo que fuese determinante, pero sí que ha coadyuvado junto con el hecho de que los magistrados se marcasen desde el principio el objetivo de que la sentencia se dictase por unanimidad. Y tras esa finalidad hay que reconocer el gran esfuerzo que ha realizado el Tribunal, o al menos el ponente, para después de aceptar unos supuestos irreprochables, llegar a unas conclusiones que no parece que sean las que de ellos se derivan, sino las que estaban dispuestos a consensuar todos los magistrados, un mínimo común múltiplo. Quizás tengan razón los que afirman que la unanimidad termina siendo la dictadura de la minoría.

La sentencia acepta las premisas de la Fiscalía según las cuales la violencia que exige el artículo 472 del Código Penal no tiene que ser forzosamente física, sino que puede ser también compulsiva, equivalente a la intimidación grave. La violencia psíquica, por tanto, no puede descartarse como elemento integrante del delito de rebelión. Los magistrados argumentan profusamente, desbaratando la tesis de casi todos los que defendían que no se había producido este delito, puesto que todos ellos se basaban en que no se había utilizado la violencia física.

El Tribunal, desde el punto de vista jurídico, fundamenta consistentemente esta interpretación, pero es que desde el mismo sentido común resulta difícil mantener otra tesis, cuando el artículo 473.2 considera agravante el hecho de portar armas, por lo que hay que suponer que el artículo 472 incluye también en el delito de rebelión otro tipo de violencia distinta de la militar o de la armada. Es más, desde el campo de la Psicología parece bastante claro que la intimidación o la amenaza puede ser tanta o más coactiva que la mera fuerza física. Incluso el empleo de las armas puede surtir efecto con la simple amenaza, sin necesidad de utilizarlas.

La sentencia recoge también la tesis del ministerio fiscal de que la violencia ha estado presente en los acontecimientos de Cataluña. Literalmente afirma: “La existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditada”. Y, a continuación, pasa a analizar los principales acontecimientos en los que se ha producido esta violencia, en concreto, el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. No obstante según el Tribunal, y no puede sorprender a nadie, no basta la presencia de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Los magistrados mantienen que se precisa que la violencia sea “instrumental, funcional y preordenada”. Hasta aquí todo puede ser perfectamente coherente. Parece una obviedad afirmar que en el delito de rebelión la violencia tiene que configurarse como instrumento y estar ordenada hacia alguna de las finalidades que marca el artículo 472, pero es que al menos las especificadas en los puntos 1 y 5 parecen adecuarse perfectamente a la perseguida por los procesados. Evidentemente es esto lo que otorga gravedad a esa violencia y la distingue de cualquier otra algarada por muy amenazadora que sea.

Sin embargo, llama la atención lo que a partir de este momento se afirma en la sentencia. Comienzan los esfuerzos para retorcer los hechos y los razonamientos hasta llegar a la conclusión que se desea. No puede por menos que extrañar que se afirme que “los actos paradigmáticos de violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se tratarían de actos de culminación de un proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una realidad”. No parece que con la violencia del 20 de septiembre y del 1 de octubre se culmine nada, sino que constituye más bien un medio, un instrumento para conseguir la única finalidad perseguida a lo largo de todo el tiempo, la separación de Cataluña del resto de España. Esta es la causa final que informa todo el proceso desde 2012. Todos los actos y pasos dados, unos violentos y otros no, son medios e instrumentos para obtener la finalidad última, la independencia proclamada unilateralmente y sin someterse a los mecanismos constitucionales. Ello no implica que algunos de estos medios, a su vez, no constituyan un fin intermedio para otros actos, pero todos reciben su sentido último de la causa final. Es difícil creer que la violencia ocasionada a lo largo de esos cinco años se ordene a una finalidad distinta de la secesión.

Concretamente, la violencia desplegada por el independentismo el 1 de octubre iba dirigida a la celebración de un referéndum, referéndum que era condición necesaria y suficiente para la proclamación unilateral de la independencia. Aún más, las leyes de desconexión establecían entre ambos (referéndum y secesión) una conexión ineluctable, puesto que obligaban a que si el resultado del referéndum era positivo el Parlamento “debía” (no “podía”) declarar la independencia en 48 horas.

Afirmar, tal como hace la sentencia, que la finalidad de los independentistas era tan solo forzar al Gobierno central a la negociación es una aseveración gratuita y totalmente contradictoria con los hechos y con las manifestaciones de los propios golpistas, que no solo se ratifican en la finalidad de la secesión, sino que mantienen que lo volverán a hacer. Los magistrados basan el argumento, por ejemplo, en el testimonio del señor Vila, pero no parece que este exconsejero sea el más representativo de todos los condenados. La negativa del Gobierno a permitir la independencia estuvo clara desde 2012, y no podía ser de otra manera puesto que no lo permite la Constitución. Los golpistas plantearon siempre la negociación como sí o sí y, de acuerdo con ello, el 20 de septiembre, el 1 de octubre y los días posteriores estaban ya en otro escenario diferente del de la negociación, el de la vía unilateral.

Mantener que todo fue un engaño a la población por parte de los dirigentes y que estos últimos no se lo creían es un juicio de valor sin soporte fáctico y difícil de aceptar, como también es un juicio de valor y muy osado el mantener a posteriori que la secesión no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Los rebeldes disponían de todo el poder que concede controlar la Comunidad más fuerte de España, que cuenta con un ejército de 17.000 hombres armados, y nadie podía anticipar cuál sería el comportamiento de los mossos. Los sediciosos habían dedicado años a crear las estructuras de Estado. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado una respuesta internacional distinta y hubiesen consolidado su propia hacienda pública? Ellos mismos ponen el ejemplo de Eslovenia.

Que la secesión fracasase no es señal de que no se cometiese el delito de rebeldía. La misma sentencia reconoce que este delito pertenece, según la doctrina penal, a los delitos de consumación anticipada, es decir, que no se precisa esperar a que triunfe para considerar que el delito se ha consumado. Que el Estado no perdiese nunca el control de la situación o que los responsables se asustasen ante el 155 no quiere decir que la independencia no se declarase públicamente y que el presidente de la Generalitat, ante el requerimiento del presidente del Gobierno central se negase siempre a manifestar lo contrario. Desde luego, no quiere decir que todo fuese una ensoñación o una quimera.

En fin, los magistrados, después de descartar el delito de rebelión, se ven obligados a hacer auténticas piruetas y cabriolas jurídicas e intelectuales para amoldar los hechos al delito de sedición. Se esfuerzan para convertir un delito contra la Constitución en un delito contra el orden público. Cosas de la unanimidad.

republica.com 18-10-2019