ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Se han cumplido los peores augurios en las elecciones catalanas. La participación ha sobrepasado escasamente el 50%. La causa hay que buscarla, ciertamente, en las difíciles condiciones en las que, debido a la pandemia, se han celebrado estos comicios, pero quizás también en el cansancio que el procés ha suscitado en los catalanes. La abstención, sin embargo, no ha afectado por igual a los distintos partidos. Se ha primado a las posiciones extremas, y cuando hablo de extremos, no me refiero al marco de izquierda–derecha, sino de independentismo-noindependentismo, puesto que es en estos términos en los que creo que transcurre la política de Cataluña. Han ganado, sin duda, la CUP y VOX.

Los soberanistas han salido beneficiados, al afectarles en menor medida la abstención, aunque han perdido alrededor de 700.000 votos, lo que deslegitima cualquiera lectura que intenten hacer acerca de que los resultados justifican, aún más, sus pretensiones. Difícilmente pueden hablar en nombre del conjunto de los catalanes. Todo lo más, podrán afirmar que representan al millón trescientos ochenta mil ciudadanos que les han votado y, así y todo, esa representación queda reducida a su actuación en el ámbito del Parlament y de la Generalitat, y de acuerdo con las competencias que les marcan las leyes, pues para eso les han votado, y no hay por qué suponer que sus votantes participen de todas sus posiciones políticas.

Lo cierto es que el soberanismo ha incrementado sus escaños en el Parlament y que la abstención ha perjudicado en mayor medida a los partidos de ese grupo tan heterogéneo que se suele llamar constitucionalista. También parece claro, aunque quizás inexplicable, que en este grupo el PSC -si es que se le puede encuadrar en él-  ha sido el único ganador. Triunfo que quizás no le va a servir para mucho porque, sea cual sea el desenlace, Illa va a quedar de comparsa. Por eso es un poco patético que, siguiendo el ejemplo sanchista, monte la representación de abrir consultas con otras fuerzas políticas y su decisión de presentarse a la investidura, cuando sabe de sobra que no va a tener esta opción, ya que dependerá del futuro presidente del Parlament.   

Pase lo que pase en la Generalitat, pienso que el problema de Cataluña se dilucida mucho más en la Moncloa. Por eso creo que ha llegado el momento de fijarnos en el anverso de la operación Illa, un aspecto hasta ahora poco considerado, pero de suma importancia para el resto de España. Me refiero al hecho de haber situado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a Miquel Iceta. Es difícil que no despierte suspicacias contemplar al primer Secretario del PSC ocupando el ministerio que tiene que establecer un juego lo más neutral posible entre todas las Autonomías, tanto más cuanto que está pendiente de renovación el Sistema de Financiación Autonómica. El vigente data de 2009, establecido en tiempos de Zapatero y Montilla y al gusto y conveniencia de los catalanes, aunque ahora renieguen de él y digan que les perjudica.

Los antecedentes de Iceta no son precisamente los más adecuados para que el resto de las Comunidades se sientan tranquilas. Su concepción del Estado es de las más atrabiliarias. En su momento, habló ya de ocho naciones, lo que nos retrotraería al Estado cantonal de malhadada memoria, porque, aunque se matice añadiendo que se trata de un concepto puramente cultural, el hecho es que siempre se termina en formulaciones políticas. Pasa igual que con la pluralidad del Estado y los hechos diferenciales, que al final se traducen en fuerzas centrífugas o, al menos, en privilegios. Quién puede dudar de que España es plural. Cualquier territorio lo es. También Cataluña. ¿O es que acaso no hay diferencias entre Barcelona y Gerona?

Iceta fue el primero que habló de indultos para los presos del procés e incluso de alguna manera pretendió trazar a Esquerra su ruta y la estrategia que debía seguir, al comentar que si en algún momento el voto independentista llega a alcanzar el 60 o el 65% habrá que considerar en serio el referéndum. Aunque el PSC ya lo había contemplado antes, al pronunciarse a favor de ese ilusorio derecho a decidir inventado por los independentistas.

Pero descendamos al tema crematístico que es donde se va a plantear el problema, ya que es de prever que, a pesar de soflamas incendiarias sobre la independencia, es en ese terreno en el que Esquerra, con sentido práctico, va a situarse. El fracaso de 2017 y el miedo a la justicia les disuadirá de evitar por el momento nuevas aventuras. Fue en ese mismo 2017, el 30 de noviembre, cuando Iceta publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Financiación justa para una hacienda federal”.

Comenzaba afirmando que los socialistas catalanes querían participar de forma activa (ahora el PSC está más subido e Illa afirma que quieren liderarlo) en el debate y en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico, que debía acordarse en un futuro inmediato. El futuro dejó de ser inmediato en cuanto Sánchez asumió el gobierno, a pesar de que en la oposición arremetió reiteradamente contra Rajoy por no acometer la tarea. Se ha dilatado en el tiempo casi cuatro años, porque el presidente del Gobierno ha preferido tener las manos libres para distribuir dádivas y mercedes entre la Comunidades. Se supone que antes o después tendrá que establecer un nuevo sistema y para ello y para sus planes nada como tener a Iceta en el ministerio de Política Territorial.

Iceta continuaba afirmando en el artículo que las Comunidades Autónomas deben ser gobiernos auténticos, no meras gestoras. Para ello lo que viene a proponer es que haya una mayor cesión de tributos y cita en concreto el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos (Consejos de gobierno los denomina la Constitución). Lo que es cierto es que están muy lejos de ser meras gestoras.

Son ya muchos los tributos que están cedidos a las Comunidades Autónomas. Tal como afirma Piketty (en las páginas 1.090-1.094 de su obra Capital e Ideología y que yo transcribí en este diario en mi artículo del 17 de septiembre de 2020): “España en materia fiscal es uno de los países más descentralizados del mundo, incluso comparado con Estados federales más grandes. En concreto desde 2011, la base imponible del impuesto sobre la renta está dividida en partes iguales entre el Estado central y las regiones… En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido federal en EE.UU. y lo mismo ocurre en Alemania, ejemplo más cercano a España. Los Estados (länders) no tienen posibilidad de votar tipos impositivos adicionales, ni conservar para sí la más mínima parte de la recaudación tributaria  con independencia de lo que piensen los contribuyentes bávaros”.

Conviene señalar además que los tributos cedidos -patrimonio, sucesiones y renta (parcialmente)- son los impuestos más progresivos, por lo que su cesión puede producir efectos muy negativos. No se necesita avanzar en el proceso, sino quizás retroceder. La capacidad normativa de las Autonomías crea presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establece una competencia desleal entre las Comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. Lo paradójico surge cuando se defiende, tal como hacen el PSOE y los independentistas, incrementar la autonomía financiera pero después se protesta cuando esta se ejerce por otras Comunidades diferentes a la catalana.

La cesión de la recaudación, es decir, que los recursos obtenidos por los impuestos en una Autonomía se queden dentro de la Autonomía, representa la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. Cuando los nacionalistas e Iceta hablan del Estado del bienestar parece que se refieren únicamente a Cataluña, propugnando hacia el exterior el neoliberalismo económico más radical. Darwinismo social entre regiones. El resultado de transferir además de la recaudación, la gestión y la inspección de los tributos a las Comunidades sería muy negativo desde el punto de vista de la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Hay que tener en cuenta que Iceta escribía desde Cataluña (y me temo que desde ahí será desde donde seguirá hablando y actuando a pesar de ser ahora ministro del Gobierno central) y lo hacía nada más celebrarse un auténtico golpe de Estado. El soberanismo utilizó el inmenso poder que le concedía estar al frente de una de las administraciones autonómicas más ricas y con más competencias para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. Pero el golpe está lejos de estar desactivado. Los golpistas continúan y parece que van a continuar al frente de la Generalitat, y no se privan de repetir que volverán hacerlo. El peligro está muy lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas ni más medios para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y entonces, sí, tener éxito.

La estrategia debería pasar más bien por limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Iceta terminaba su artículo reclamando una quita de la deuda autonómica. No es de extrañar, puesto que afecta principalmente a la Generalitat catalana (que no a Cataluña). El mayor endeudamiento de esta Comunidad no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, tal como intentan convencernos, sino en buena medida a la cantidad ingente de recursos públicos absorbidos por el procés y en general en engrasar esa inmensa máquina de publicidad y propaganda dedicada a promocionar la independencia.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las Comunidades Autónomas. Es lógico suponer que ese alto nivel retributivo se extiende a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Recientemente se ha hecho pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

El primer secretario del PSC suele repetir que no pide nada para Cataluña que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados. La condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña -que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para Madrid y Cataluña, y por supuesto para el País Vasco, que ya lo tiene, pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Es difícil entender por tanto los afanes independentistas de partidos, como el Bloque Nacionalista Gallego, que se desarrollan en las Comunidades de menor renta.

La presencia de Iceta en el Ministerio de Política Territorial difícilmente va a colaborar a corregir la desigualdad y los desequilibrios entre las regiones, más bien es muy probable que los incremente. Pero no creo que eso le importe mucho a Sánchez. Su finalidad debe de ser otra. Su objetivo consiste en que le ayude a mantener las alianzas con los golpistas, a los que necesita para continuar en el Gobierno.

republica.com 26-2-2021

El cinco de febrero pasado, el diario El País (curiosamente, en España, solo el diario El País) publicaba un manifiesto firmado por cien economistas y titulado “Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos”. Las firmas presentan una distribución muy desigual no solo por la representación de los distintos países, sino porque dentro de cada uno de ellos el sesgo es evidente. Por ejemplo, en España predominan aquellos que se mueven en los aledaños del PSOE o pertenecen a la plataforma “economistas frente a la crisis” -que para el caso viene a ser parecido-, prevaleciendo además los que se han especializado en los temas de energía y medio ambiente.

Tengo que reconocer que el manifiesto me ha producido una cierta ambivalencia. En un primer momento, satisfacción al constatar que personas como Cristina Narbona, Manuel Escudero o Jordi Sevilla, conspicuos miembros del PSOE que como tales han defendido siempre la Unión Monetaria, aceptan ahora que la pertenencia a ella nos ha hecho perder nuestro destino, es decir, nuestra soberanía, soberanía que se encuentra en manos del BCE. Algo que, sin embargo, ha sido patente a lo largo de todo este tiempo. Solo es preciso acordarse de Grecia. “Dejadme emitir y controlar el dinero de una nación y no me preocupará quién escriba las leyes”. Frase que se atribuye a Mayer Amschel Rothschild.

Pero en seguida me han asaltado otros sentimientos, decepción, desilusión y cierto escepticismo al tomar conciencia de que todo ese recobrar nuestro destino se concretaba exclusivamente en lograr que el BCE cancelase la deuda pública de los países miembros en su poder. Es más, tengo la impresión de que plantearlo en este momento puede resultar contraproducente. No aduciré que sería ilegal y que iría contra los tratados. En Europa, los tratados -o al menos su interpretación- se utilizan siempre con una gran elasticidad y priman sobre ellos los intereses. Se transita por sus lindes cuando se considera necesario y está en peligro el invento.

El BCE hace ya tiempo, al menos desde el 2012 que circula por esos confines, e incluso ahora, está situado más bien en el exterior. Pero ese fue el mérito de Mario Draghi, el intuir que, en aquellas circunstancias, a pesar de las críticas que se alzaron, nadie que quisiera que la Unión Monetaria perdurase podía oponerse en serio a que se diese el salto y se actuase en el mercado conteniendo las actuaciones desestabilizadoras. Italia y España no eran Grecia y dejar caer a esas dos economías era equivalente a que se derrumbase toda la Eurozona.

En realidad, el BCE no ha hecho nada extraordinario que no hayan hecho otros bancos centrales como el de Gran Bretaña, el de Japón o la Reserva Federal; o lo que hubiese realizado el Banco de Italia o el de España en el caso de haber tenido moneda propia. Pero es que el BCE, según los tratados, no es un banco central normal. Nació, como el resto de las instituciones europeas, perniquebrado y sometido a limitaciones que lo hacían totalmente ineficaz. La diferencia con las demás instituciones es que, quizás por necesidad, el BCE supo reaccionar, y paradójicamente la que parecía más antidemocrática ha resultado la más efectiva a la hora de solucionar los problemas que ha tenido y tiene la Eurozona. Quizás, y es triste decirlo, esa supuesta independencia de los poderes políticos que tanto criticamos lo ha mantenido en cierta forma al margen de la división entre países y partidos.

Primero Draghi y ahora Lagarde han sabido reaccionar frente a las crisis. Bien es verdad que frente a la del 2008, un poco tarde. Lo cierto es que, si la gran mayoría de países miembros se están financiando en los mercados a tipos sostenibles, incluso bajos, es porque están respaldados por el BCE, lo que en principio no tendría que tener nada de meritorio porque para eso están los bancos centrales; pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y en Europa estamos casi todos ciegos.

El BCE, nada más comenzar la crisis del Covid, cuando los distintos gobiernos y la propia Comisión estaban discutiendo si eran galgos o podencos (aun parece que lo siguen discutiendo), puso sobre la mesa 750.000 millones de euros, cantidad que meses después aumentó en otros 600.000 millones, orientados a comprar títulos públicos y privados. Recientemente ha añadido otros 500.000, con lo que su potencial de fuego se eleva en estos momentos a 1.850.000 millones de euros. Es más, ha anunciado que continuará con esta política al menos hasta marzo de 2022 y que, si fuera necesario, incrementaría la cantidad hasta 2.5 billones de euros.

Esta actuación del BCE no ha sido pacífica. Desde dentro de la propia institución, pero sobre todo desde fuera, desde el ámbito de los países que llaman “frugales”, han arreciado las críticas, en las que ha tenido sin duda un papel predominante el Bundesbank; sin olvidar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pende como una espada de Damocles sobre la política expansiva de Frankfurt, porque, aunque en principio carece de competencias sobre las instituciones comunitarias, es imposible no tener presente el peso que su opinión tiene en Alemania y la influencia de este país sobre toda la UE. Por eso puede constituir una osadía y cierta imprudencia proponer ahora la cancelación de la deuda pública. No descarto que en el futuro pudiera ser necesario llevar a cabo una operación de este calibre, pero desde luego no es este el momento, entre otras razones porque su utilidad sería muy dudosa y además puede despertar al monstruo dormido. Los países miembros, incluso los del Sur, apenas obtendrían ventajas de ello. En los momentos actuales apenas hay diferencia entre que la deuda se encuentre en manos del BCE o que esté condonada. Nadie en su sano juicio puede creer que esa deuda pueda amortizarse en el futuro, al menos en una medida importante, en base a una política de austeridad presupuestaria.

El manifiesto habla de que, en contrapartida a la cancelación de la deuda, los países miembros deberían invertir esas cantidades (las estiman en 2.500.000 millones de euros) en la reconstrucción ecológica y social. La pregunta es de dónde iba a surgir esa cantidad de dinero. No cabe más que una respuesta. De una nueva emisión de deuda de los países miembros que, sin duda alguna, para que fuese sostenible, al menos para un gran número de estos, y se mantuviese el tipo de interés, debería ser adquirida de nuevo por el BCE, cosa que resultaría difícil, por no decir imposible, de justificar y más aún de conseguir.

En realidad, esa gran inversión que piden los firmantes del manifiesto hace tiempo que el BCE la viene realizando. Su balance, que alcanzaba dos billones de euros con anterioridad a la crisis de 2008, se ha incrementado hasta sobrepasar los siete en los momentos actuales. Es decir, que ha emitido dinero y regado las economías de la Eurozona con una cantidad aproximada de cinco billones de euros, y una gran parte de ellos se ha orientado a los sectores públicos; otra cosa es el destino que los gobiernos hayan dado a estos fondos.

No obstante, se podría argumentar que la cancelación de la deuda, sí produciría una diferencia en las haciendas nacionales: librarse de parte de las cargas financieras; pero, como arguyen los portavoces del BCE, también se reducirían en la misma cuantía los ingresos de esta institución y, como consecuencia, los dividendos que el BCE abona a los países miembros. Vienen a decir que lo comido por lo servido. Pero el tema no es tan simple, debido a la diversidad que existe entre los Estados, en su endeudamiento y en sus cargas financieras. Por ejemplo, hace tiempo que Alemania presenta intereses negativos, es decir, que no paga, sino que cobra por la deuda que emite. Así que la cancelación de parte de ella, lejos de significarle menos gastos, le representaría menores ingresos.

La prima de riesgo no debería existir en una unión monetaria, pero existe en la europea, dada su deficiente constitución y las anormales características con las que se creó. Ello lleva al hecho de que la cancelación de la deuda por parte del BCE tendría consecuencias diversas en los distintos países. Es esa misma razón la que aleja cualquier posibilidad de acuerdo en esta materia. Por otra parte, la ganancia para los países del Sur no sería tan grande mientras las primas de riesgo se mantengan en los niveles actuales. El verdadero interés para estos países es que el BCE continúe con esta política y sería una temeridad ponerla en peligro por un cambio cuasi cosmético o de nomenclatura.

Las condiciones en Europa son muy distintas de las que se daban en 1953 cuando en la Conferencia de Londres se le perdonaron a Alemania dos tercios de su deuda, o de las que pueden aconsejar su derogación en los países en desarrollo. En Eurozona, sin moneda propia, los países miembros estarán siempre a expensas del BCE y precisarán de su intervención en los mercados para evitar la especulación. Condonarles ahora su deuda no serviría de nada. Es previsible que dentro de poco, en el mejor de los casos, estuviésemos en la misma situación.

El problema de la deuda, como casi todos en Europa, radica en las diferencias sustanciales que se generan entre los Estados, al estar en presencia de un mercado único, con libre circulación de capitales y una moneda común y sin los mecanismos redistributivos que cualquier unidad política establece entre sus regiones. En los momentos actuales, el endeudamiento público de Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, después de los gastos extraordinarios efectuados con la pandemia, mantiene aún un nivel relativamente moderados (75, 62, 78 y 69% del PIB, respectivamente). El panorama cambia radicalmente cuando nos referimos a los Estados del Sur: Grecia, 196%; Italia, 159%; Portugal, 132%; España, 117%; Francia, 116%.

Los países del Norte, e incluso muchas voces desde los del Sur, de forma simplona e interesada sitúan la causa de esta discrepancia en el diverso comportamiento en el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos y de la política presupuestaria. Discrepancias existen y han existido siempre, pero esa no es la razón de que se formen dos bloques de forma tan definida. Esta hay que buscarla en el euro. En 1999, justo antes de su creación, la deuda de todos los países citados se movía entre el 40 y el 60%. Solo Grecia con el 99% e Italia con el 113%, rompían la tónica, pero como se ve, en porcentajes muy inferiores a los actuales. El endeudamiento de Alemania se situaba, por ejemplo, en 60,1% y el de España en el 60,8%.

La Unión Monetaria privó a los países del único instrumento (la moneda y, por lo tanto, la devaluación) que poseían frente a un mercado único y una libertad de capitales que genera lógicamente desequilibrios entre los distintos territorios. Antes de constituir la Unión Monetaria las balanzas por cuenta corriente de todos los países miembros estaban más o menos en equilibrio, con déficits y superávits relativamente moderados. La cosa cambia en pocos años tras entrar en funcionamiento el euro. En 2007, mientras Alemania y Holanda obtienen superávits desorbitados (alrededor del 7% del PIB), Grecia, España y Portugal sufren déficits imposibles de sostener (15%, 9% y 9%, respectivamente).

Han transcurrido más de diez años. Antes de la pandemia los países del Sur habían logrado equilibrar sus balanzas por cuenta corriente. Eso sí, a base de enormes sacrificios y tras una devaluación interna que ha hundido los salarios e incrementado fuertemente la desigualdad social. Alemania y Holanda, sin embargo, han incrementado su superávit (8% y 10%) con lo que los desequilibrios subsisten. La permanencia de un mismo tipo de cambio, diferencias en las estructuras productivas y un mercado único, sin integración presupuestaria y fiscal, son una amenaza constante para los países del Sur y para la misma pervivencia de la Unión Monetaria. Es sobre todo esto sobre lo que habría que abrir el debate. La condonación de deuda pública por el BCE no solucionaría nada y complicaría gravemente la política seguida por esta institución que es imprescindible para los Estados del Sur.

El manifiesto parece que lo encabeza Piketty. En varias ocasiones he citado al economista francés. Admiro sus obras por la cantidad de información que acumula y los análisis estructurales que realiza. Cabría decirse que es un extraordinario profesor de estructura económica (creo que ahora se llama economía aplicada), pero de lo que no estoy tan seguro es de que domine de la misma manera la teoría económica y, desde luego, lo que no comparto es su visión relativamente optimista acerca de que la Unión Europea pueda caminar hacia un verdadero estado federal. Me temo que ello le conduce a proponer soluciones demasiado simples como la actual, que lejos de solucionar los problemas los embrollan.

De todas formas, Piketty como profesor e intelectual puede sin mayores complicaciones presentar a debate las cuestiones que crea convenientes. Otra cosa distinta es cuando el manifiesto lo firman personas que se consideran muy próximos a un gobierno, de manera que se pueda interpretar que detrás de ellos se encuentra la postura de ese país miembro. Ni que decir tiene que es muy posible que se despierten todo tipo de susceptibilidades y que se provoque la reacción contraria de otros Estados, complicando gravemente el escenario. Ese es el problema cuando se quiere estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición.

republica.com 19-2-2021

Hay que reconocer que los medios de comunicación se encuentran a veces un poco desorientados. Así ha ocurrido con el asunto de las vacunas. Entraron al trapo y se pasaron no sé cuántos días estableciendo un ranking acerca de cuáles eran las Autonomías que habían vacunado un porcentaje mayor con respecto a las dosis recibidas; datos, supongo, hábilmente filtrados por el Ministerio de Sanidad para alejar la atención del verdadero problema, el suministro. Cualquier observador avisado podía darse cuenta de que al ritmo al que estaban llegando las vacunas se tardaría cuatro años en inmunizar a toda la población.

En ese momento, por lo tanto, la mayor o menor celeridad en la administración tenía muy poca importancia. Es más, en seguida se demostró que las Comunidades que habían actuado correctamente eran las que con prudencia habían guardado una parte importante de las dosis para la vacunación de la segunda fase. Por el contrario, las que se habían apresurado se encontraban en la desagradable tesitura de encontrarse sin material suficiente para administrar la segunda dosis, con el desastre que esto representaba de dejar sin eficacia toda la vacunación realizada hasta esa fecha. El Gobierno, con un gran cinismo, vino a sacarles del atolladero redistribuyendo los envíos a favor de las cigarras y en contra de las hormigas, utilizando el falaz argumento de que debía primar a las Comunidades que habían demostrado mayor presteza en la administración.

Bien es verdad que no cabía esperar que la contratación y la gestión europea fuesen tan desastrosas. Después de la pasividad mostrada por la Comisión en la primera etapa de la pandemia, en la que cada país debió apañarse por su cuenta, parecía una buena idea lo del suministro centralizado. Sin embargo, la burocracia europea está demostrando una vez más lo que da de sí. Es increíble que países como Israel o Reino Unido estén obteniendo mucho mejores resultados que la Unión Europea (UE), con todo el potencial que se le supone.

Pero yo hoy quería tratar principalmente otro affaire que también en buena medida ha desorientado a la prensa. Me refiero a la abstención de Vox en la votación parlamentaria del decreto-ley por el que se aprueban medidas para la gestión del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia. Es curioso comprobar que es tal la propensión de este Gobierno de legislar por decretos- leyes que a casi todo el mundo se le ha olvidado la diferencia que existe entre decreto y decreto-ley, y los medios y los periodistas emplean los dos términos indistintamente.

La abstención de Vox permitió que el decreto-ley fuese aprobado en el Congreso, lo que fue acogido con estupefacción por gran parte de la prensa. ¡Vox salvando a Sánchez! Quizás si hubieran tenido un poco más de perspicacia habrían comprendido que muy posiblemente no entraba en las intenciones de Vox ayudar al Gobierno, sino cumplir las indicaciones de los empresarios, en especial de algunos empresarios, que estaban sumamente interesados en que el decreto-ley saliese adelante.

En otras circunstancias, lo asombroso habría sido que Podemos e IU hubiesen votado a favor. Pero no estamos en una época normal y Podemos forma parte del Gobierno. Es fácil imaginarse cuáles serían los epítetos y las críticas de esta formación política de no pertenecer al Ejecutivo. Durante años los partidos llamados de izquierdas han estado censurando, seguramente con razón, los 40.000 millones que, llegados de Europa, incrementaban nuestro endeudamiento y sirvieron para solucionar el desastre creado por las Cajas de Ahorros. Sin embargo, ahora parece contemplarse con satisfacción que 140.000 millones de euros rieguen a las empresas privadas de manera oscurantista y sin ningún control.

Se ha creado el mantra de que este dinero es una especie de maná gratuito que recibimos de la generosa Europa sin coste alguno. Habrá que recordar una vez más los números y constatar que la mayor parte de la cantidad que vamos a recibir recaerá sobre el erario español. Aunque se afirma que, de los 140.000 millones, 72.000 son a fondo perdido, lo cierto es que esta cantidad se reduce a 33.000 millones, al minorarla en 39.000 millones, parte proporcional que España como país miembro debe financiar, por uno u otro medio, del monto global (390.000).

La cantidad de 33.000 millones, aunque aparentemente considerable, resulta bastante exigua si se la compara con las transferencias de recursos que España recibiría todos los años si en la UE existiese una integración presupuestaria y fiscal como la que se da en cualquier Estado y que es el complemento necesario de una unión monetaria. Además, por mucho que se haya dicho lo contrario, los fondos vendrán condicionados a tomar determinado tipo de medidas que seguramente tendrán mucho más que ver con la ideología que impera en la UE que con las necesidades de reactivación de la economía española. No es por casualidad que las dos reformas que en este momento están sobre la mesa sean la de pensiones y la laboral, que apenas tienen relación con la pandemia, la crisis actual o la recuperación.

La historia puede repetirse. Tras un periodo en el que se invita a los Estados a gastar sin medida, posteriormente se les conmina a recortes muy duros y antisociales. El denominado maná se puede convertir en una losa muy pesada para el futuro, sobre todo si los gastos se orientan a objetivos equivocados y si no se han controlado adecuadamente, y ahí es donde retornamos al Decreto-ley 36/2020 y a la abstención de Vox.

Vox, para justificar su postura, ha recurrido al sentido de Estado, al interés de todos los ciudadanos y a la exigencia de la economía. Ha alegado la necesidad de que los fondos europeos lleguen y lleguen cuanto antes, pero esto no es lo que estaba en juego con la aprobación del decreto-ley. Lo que se ventilaba no era la llegada o no de los fondos, ni siquiera el “cuándo”, que depende de la burocracia europea, sino de cómo gastarlos, quién tiene que decidir su destino y, cómo se van a gestionar y con qué control.

Paradójicamente, Vox había dicho de esta norma que “creaba la mayor red clientelar de la maltratada historia de este país”.  Cambio tan radical solo se explica por el hecho de que alguien les hiciese notar que en este caso los clientes eran los de su bando, a pesar de que también le hagan la pelota a Sánchez. Ahora andan los líderes de Vox intentando dar explicaciones en todos los medios que se lo permiten, afirmando que el decreto-ley no es un cheque en blanco al Gobierno. Vano intento. Por mucho que se esfuercen, el hecho es que todo el proceso va a quedar sin control político alguno, y muy deteriorados y disminuidos los controles y procedimientos administrativos, esos que son totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la aplicación de todos los recursos públicos, y estos lo son.

Desde el punto de vista político, es claro que el Gobierno rehúye todo control del Parlamento. Todas las decisiones quedan en el ámbito del Ejecutivo. Se crean un Comité y una Comisión Delegada. Comisión Delegada que constituye un caso único y que pasará como una aberración a los anales del Derecho Administrativo, puesto que se compone de todo el Consejo de Ministros, ampliado con unos cuantos secretarios de Estado. Se supone que las comisiones delegadas, como su propio nombre indica, son delegadas para determinadas materias del Gobierno, pero ¿qué delegación puede darse si la integra el Consejo de Ministros en pleno y la preside el presidente del Gobierno?. En cuanto al Comité, el decreto- ley ni siquiera explicita cuál va a ser su composición, aunque todo indica que será este comité el que realmente va a partir el bacalao y no es muy arriesgado suponer también que estará formado principalmente por el personal de la Moncloa.

Se crea también una conferencia sectorial en la que participarán todas las Autonomías. Se podría pensar que este iba a ser un órgano de cogobernanza, como se dice ahora, pero este término suele encerrar tan solo una forma de engañar al personal. De hecho, el reglamento interno de esta Conferencia estipula que la representación del Gobierno cuenta con el mismo número de votos (19) que el total de las Autonomías, más el voto de calidad de la presidenta, la ministra de Hacienda.

Tras aprobar el decreto-ley, al Congreso no le queda ningún papel ni en la determinación del destino de los fondos ni en su adjudicación. A lo único que se compromete el Gobierno es a informar trimestralmente al Parlamento, comparecencia que se convertirá una vez más en un acto de publicidad y propaganda.

Parece bastante claro que los recursos en su mayoría no se van a quedar en el sector público. No van a servir para reducir el fuerte incremento que ha experimentado el stock de deuda pública. Tampoco se van a emplear en fortalecer la sanidad, perfeccionar el sistema educativo, intensificar los organismos públicos dedicados a la innovación, modernizar la justicia, etc. Es muy posible que tampoco se orienten a esa parte del sector privado que más ha sufrido la pandemia, concretamente hacia aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar por disposiciones legales, y que lógicamente podrían tener derecho a una indemnización.

Según todos los indicios, los recursos se van a destinar al sector privado, pero a otros menesteres que se suponen más elevados y que se presentan con palabras grandilocuentes, cambiar la estructura productiva, reforma de la economía, transición energética, proyectos estratégicos, etc. Todo ello bajo principios ecológicos y de igualdad de género, etc., que pueden ser muy respetables pero que poco tienen que ver con la necesidad más apremiante que es remontar la enorme crisis económica y fiscal en que nos vamos a ver envueltos.

Es curioso observar la discrepancia en el nombre conferido al plan en Europa y en España. En Europa se le denomina “Instrumento Europeo de Recuperación” (Next Generation Eu) –en inglés es Siguiente generación UE-; en España, “Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”. Como se ve, se ha añadido el término transformación. Sánchez no se conforma con sacarnos de la crisis, pretende también transformar toda la economía, lo que representa una enorme osadía y un gran desconocimiento de la realidad, creer que, con esos recursos -que aun cuando se suponen muy cuantiosos son bastante reducidos- puede cambiar la estructura productiva de un país. Una transformación de este calibre no depende únicamente del dinero, sino de otras muchas variables muy difíciles de controlar. Tanto más cuando se está encuadrado dentro de una organización como la UE, y no se dispone de moneda propia.

Los medios que el Gobierno piensa emplear son bastante conocidos: convenios, asociaciones público-privadas, empresas mixtas, etc. Todos ellos bajo un mismo prisma, el maridaje entre lo público y lo privado, cuyas experiencias han sido la mayoría de las veces desastrosas. Los beneficios, cuando los ha habido, han quedado en el ámbito privado, mientras que las pérdidas, las más de las veces, han corrido a cargo del sector público. El mismo Tribunal de Cuentas de la UE criticó en un informe en 2018 las fuertes deficiencias e irregularidades que se han derivado de las asociaciones publico-privadas desarrolladas en la UE. Las previsiones pueden ser tanto peores cuanto que con el falaz argumento de lograr una gestión más ágil se huye del Derecho Administrativo y se eliminan los escasos mecanismos de control que tienen estas figuras.

En los proyectos que se aprueben va a existir desde luego la cofinanciación del sector privado. La banca ya se está frotando las manos en la seguridad de que la mayoría de los que acudan a la tómbola carecerán de recursos y tendrán que recurrir a las entidades financieras, que piensan obtener pingües beneficios. En resumen, en gran medida se va a producir un enorme apalancamiento. Cuando surjan los proyectos fallidos, los futuros socios serán insolventes. Las pérdidas serán para el Estado y quizás también para los bancos que, de una u otra forma, terminarán repercutiendo sobre el sector público.

La huida del Derecho Administrativo está presente en todo el decreto-ley. Se crean de nuevo las agencias, órganos de gestión altamente desreguladas. Se modifican reglamentos y numerosas leyes desde la de contratos del Estado, a la de subvenciones, pasando por la ley general presupuestaria, todo con la excusa de agilizar la gestión, pero con el corolario de que se eliminan controles y mecanismos totalmente necesarios para garantizar la objetividad y neutralidad en la adjudicación, así como la eficacia y el cumplimiento de la legalidad en la realización. No solo es el control político el que se elimina, sino también el administrativo. Ello merece quizás otro artículo.

El resultado económico posiblemente será nefasto, pero en cualquier caso lo que es cierto es que se consolidará una amplia red clientelar alrededor del Gobierno, con lo que aumentarán fuertemente su poder y su influencia, por ejemplo, en la prensa. Ya algún periódico se ha apresurado a defender el decreto-ley e incluso a Vox por su sentido de Estado.

republica.com 12-2-2021

¿Qué les pasa a los catalanes? Todas las encuestas arrojan el resultado de que, aunque con oscilaciones, el número de los ciudadanos que se inclinan por la independencia es inferior al de los que la rechazan. No obstante, el panorama cambia cuando llegan las elecciones, el sesgo hacia el nacionalismo es mayoritario, no solo porque los partidos secesionistas son los que obtienen más escaños, lo que puede explicarse como consecuencia de los defectos de la ley electoral, sino porque gran parte de los catalanes que se declaran en las encuestas en contra de la independencia terminan votando a partidos que, si bien no se proclaman nacionalistas en la práctica, su simpatía e incluso complicidad con el nacionalismo resulta innegable.

No es infrecuente escuchar de muchos catalanes, de esos que se confiesan anti independentistas, el lamento de que el Estado les ha abandonado, se ha inhibido, dejándoles en manos del nacionalismo. Tienen su parte de razón, desde la Transición los partidos nacionales se han preocupado sobre todo de sus intereses, permitiendo que los nacionalistas campasen a sus anchas por Cataluña y el País Vasco, a cambio de conseguir su apoyo en el Parlamento español. De esta manera, poco a poco, el nacionalismo ha terminado apoderándose de todas las instituciones en sus respectivos territorios y, lo que es peor, ha impuesto progresivamente su discurso y su punto de vista a toda la sociedad.

Pero no es menos cierto que todo esto no hubiese sido posible sin el silencio, la pasividad, e incluso en muchos casos la complicidad, de la población no independentista. En cierto modo, las reivindicaciones nacionalistas y su victimismo beneficiaban a toda la sociedad en cuanto significaban obtener ventajas evidentes frente a otros territorios. Por otra parte, el conformismo era más cómodo y la aceptación de las reglas de juego podía acarrear beneficios inmediatos, quizás nada despreciables.

Buen ejemplo de ello lo ha constituido gran parte del empresariado, de los medios de comunicación y de otras muchas entidades que han visto recompensada su fidelidad al régimen (este sí que ha sido y es un régimen) de manera muy generosa, pero es que este modo de actuar se ha extendido también a muchos ciudadanos particulares a los que tampoco les iba mal el paraguas del victimismo. Muy pocos han sido los que han plantado cara. La mayoría han optado por amoldarse y recolectar los beneficios.

Solo cuando la situación subió de nivel y se dio un salto cualitativo, cuando el nacionalismo se declaró ya en franca rebeldía y se convirtió en golpismo, cuando vieron que los secesionistas estaban dispuestos a declarar la independencia unilateralmente, sonó la señal de alarma, la mayoría de los empresarios se asustaron. Vivían bien en la ambivalencia, pero el envite era demasiado fuerte. Gran parte de ellos se situaron en la tercera vía, “sí, pero no”, y la mayoría silenciosa de ciudadanos salió por primera vez a la calle de forma masiva. Un partido que había sido hasta entonces cuantitativamente secundario en Cataluña, Ciudadanos, se alzó como la fuerza política más votada.

Pero el tiempo pasa y parece que lo borra todo, lo que en el caso de Cataluña resulta un poco incomprensible, porque durante cuatro años se ha extendido el caos; y la violencia se ha adueñado con frecuencia de las calles de toda la Comunidad Autónoma. Los golpistas continúan sin arrepentirse de nada y afirman que están dispuestos a repetir el golpe. El Gobierno ha sido desgobierno, más pendiente del procés y de su propaganda secesionista, que de la gestión y de los problemas de los administrados. Por eso resulta tan difícil comprender los resultados actuales de las encuestas, no ya que el voto independentista se mantenga (el fanatismo suele dar razón de casi todo), sino que gran parte de la sociedad silenciosa se inclinen por formaciones políticas que mantienen cierta complicidad con el secesionismo. ¿Dónde están las izquierdas catalanas?

Es cierto que, en Cataluña, desde hace tiempo, al menos desde el inicio del procés, el enfrentamiento político no se plantea en términos de izquierda y derecha, sino de independencia o no independencia. No hay más que considerar el extraño matrimonio entre Convergencia -o lo que queda de ella- y Esquerra. Llevan gobernando juntos casi una década. Incluso cuentan siempre con el apoyo de la CUP cuando la necesitan en el Parlament. Pero precisamente por eso se entiende mal la traslación de votos que las encuestas arrojan de Ciudadanos al PSC, porque si hay un partido que en Cataluña ha defendido a esa más de la mitad de ciudadanos humillados y ofendidos ha sido la formación naranja.

Sin duda, Ciudadanos cometió un gran error, convertirse en partido nacional, y no quedarse en Cataluña, que es donde tiene un sentido y un perfil propio. He criticado a Ciudadanos en bastantes artículos y también en mi último libro “Una historia insólita, el gobierno Frankenstein”, pero estas críticas iban dirigidas a su comportamiento en la política nacional, no en Cataluña, donde han mantenido una posición bastante digna. Aunque hayan podido cometer alguna equivocación ¿cómo compararles con el comportamiento errático y torticero seguido por el PSC?.

Lo más que se puede esperar del PSC es la constitución de un tripartito, y conviene no olvidar que todo este fregado catalán comenzó precisamente con el anterior tripartito y la alianza de Zapatero con Maragall. Fue el primer intento de cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ciertamente no en rebeldía como lo hicieron en 2017 los independentistas, pero sí arteramente aprobando un estatuto anti constitucional, estatuto que en el fondo nadie demandaba. Solo hay que considerar la enorme abstención que se produjo en el referéndum de su aprobación. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta, por tanto, bastante incomprensible que aquellos que se quejan del independentismo, terminen votando a un partido que entre otras cosas pretende indultar a los golpistas para que prueben de nuevo, a ver si tienen éxito.

Lo más inconcebible es que parece que las buenas perspectivas del PSC se deben a presentar como candidato a Salvador Illa. Es difícil de entender. Se desconoce cuáles son sus gracias. Lo mejor que se puede decir de él es que es educado, modoso, de buenos ademanes y palabras. Claro que todo esto también podría interpretarse como amorfo, ni chicha ni limoná, y que cuando habla no se le entiende nada porque parece que está rezando. Pero más allá de todo esto, como ministro de Sanidad no ha brillado con luz propia. Ha sido tan solo una marioneta en manos de Sánchez, transmitía lo que este decidía. Su permanencia al frente del Ministerio de Sanidad se ha caracterizado por la inoperancia más absoluta. Tomó posesión de un medio ministerio (Sanidad) que era parte de otro casi sin competencias (Sanidad y Consumo). Un ardid para que tuviera un sitio en el Consejo de Ministros y desde esta plataforma se dedicase a su auténtica misión, servir de cemento a ese maridaje espurio que Sánchez pretende mantener con el nacionalismo golpista.

El hombre propone y Dios dispone. Así que se ha tenido que  enfrentar con la pandemia más grave de los últimos cien años. Sin preparación y sin medios no es de extrañar que su gestión haya sido un desastre, tanto más cuanto que desde el comienzo se echó en manos de un chisgarabís, locuaz y frívolo, que no tenía ni siquiera la categoría de subdirector general y que toda su “expertitud” (que diría Calvo) consiste en haber entrado en la función pública por la puerta de atrás, gracias a un importante pariente del PP.

Las dificultades con las que se encontró Illa al comienzo de su mandato son notorias. La distribución de competencias y medios entre las Comunidades Autónomas hacían del Ministerio un gigante de barro y dificultaban gravemente la gestión. Pero su languidez y su carencia radical de experiencia no solo sanitaria sino en la Administración Pública le convirtieron en una marioneta en manos de Sánchez. La subordinación de los criterios sanitarios a las conveniencias políticas cerraba toda posible solución.

El sometimiento a los intereses políticos estuvo presente desde el primer momento. Se reaccionó tarde. Había que mantener las manifestaciones feministas. “El machismo mata más que el coronavirus”, lema de los carteles, parece ahora una broma macabra. Se permitió la entrada por los aeropuertos de todos los italianos que quisieron pasar cuando en Italia la epidemia estaba ya desbocada. En una semana se pasó de asegurar que en nuestro país no había ningún problema a decretar el estado de alarma e imponer el confinamiento más duro de toda Europa.

Se adoptó un sistema de mando único, lo que a todo el mundo le pareció bien dada la gravedad de la situación. El problema surgió cuando ese mando único, el Ministerio de Sanidad y el señor Illa, comenzaron hacer aguas por todas partes. Pretendieron centralizar todas las compras, pero resultó un auténtico desastre. Los suministros no llegaban y muchos de los contratos eran fraudulentos y adjudicados sin el menor rigor, y aún está por conocerse qué hubo detrás de todas esas contrataciones. Al final cada Comunidad, a pesar de no tener competencias (estaban atribuidas al mando único), tuvo que apañarse como pudo.

No es el momento de relatar la inmensa acumulación de desatinos cometidos a lo largo de toda la pandemia. Los engaños y las rectificaciones han estado presentes en todo el proceso. “Donde ayer dije digo hoy digo diego”. Las mascarillas pasaron de no convenientes a ser obligatorias. Y las FFP que ayer se consideraban improcedentes e incluso egoístas resulta que son las que ahora Alemania considera como las únicas aceptables. La desescalada fue caótica y llena de prejuicios políticos, sin informes y al margen de todo criterio científico, y con un comité de expertos fantasma o inexistente.

Ante la catástrofe, el Gobierno optó por descargar la responsabilidad en las Comunidades Autónomas -pero sin darles al mismo tiempo los medios y la autoridad necesarias-, que ha pretendido mantener en sus manos para intervenir cuando por sus conveniencias políticas le pareciese necesario. Buen ejemplo de ello fue el sainete de Madrid que para demostrar quién mandaba no dudó primero en fabricar un engendro jurídico tumbado por los tribunales y al final decretar un estado de alarma reducido a una sola provincia con el que hizo el ridículo más absoluto, demostrándose que la Comunidad Autónoma tenía razón en su estrategia. La llamada “cogobernanza”, una de tantas palabras elaborada por la fábrica de la Moncloa, ha sido un caos, convirtiendo el mapa de España en la lucha contra la epidemia en un espectáculo de lo más heterogéneo y variado. Illa aseguró que no habría diecisiete navidades distintas y lo cierto es que si nos descuidamos acaba habiendo cincuenta.

A su vez, el Gobierno ha sido totalmente reacio a utilizar las competencias que permanecían exclusivamente en sus manos. A pesar de la petición de las Autonomías afectadas, se negó siempre a establecer en los aeropuertos y en las estaciones de ferrocarril controles efectivos, incluso cuando después de la aparición de la cepa británica y casi todos los países habían anulado ya todos los vuelos con Inglaterra Sánchez, rechazó hacerlo. El Ministerio del Interior, tan presente en la primera etapa incluso con entorchados en todas las ruedas de prensa, desapareció posteriormente como por asomo, con lo que la mayoría de las Autonomías se han encontrado sin medios para asegurar que se cumplían las medidas que iban adoptando.

El último escándalo, por ahora, lo ha constituido el de la vacunación. Como es habitual, el Gobierno ha lanzado la responsabilidad hacia fuera. En este caso a la Unión Europea, que, como es habitual, está demostrando lo que es, un bodrio burocrático incapaz de dar solución eficaz a cualquier problema. No obstante, Sánchez intentó ponerse las condecoraciones y venderlo a bombo y platillo, colocando en el primer envío un cartel monumental, que decía “Gobierno de España”. Algo infantil ciertamente, pero muy revelador de su finalidad de representación y propaganda. Ahora, ante las dificultades, echará balones fuera y trasladará todas las culpas a la Unión Europea.

Se dirá que todo esto es imputable principalmente al Gobierno y no a Illa. En alguna medida es verdad, pero el ahora candidato a la presidencia de la Generalitat ha sido el hombre de paja, el instrumento, el medio del que se ha valido Sánchez para implementar esta política tan desastrosa y para intentar vender como triunfos y aciertos los mayores descalabros. “No se arrepiente de nada”, ha manifestado en la despedida el hasta ahora ministro, y aleccionó a su sucesora anticipando que lo va a pasar bomba. La mayor prueba de la insignificancia de Salvador Illa consiste en que se ha considerado que puede dejar el Ministerio en el momento más crítico de la epidemia sin que pase absolutamente nada. Lo cual es cierto.

¿Es este personaje anodino el que quieren los catalanes para presidente de la Generalitat? Lo cierto es que Salvador Illa nunca va a serlo. Primero porque lo más probable es que se vuelva a formar un gobierno independentista y segundo porque, aunque diesen los números y se intentase constituir un tripartito, Esquerra nunca aceptaría no presidirlo y tener que votar de presidente a un hombre del PSC. ¿Entonces a qué tanto interés en colocar a Illa de candidato? Me da la impresión de que la finalidad ha sido otra, nombrar a Iceta, no en un ministerio cualquiera, sino en el de Administración Territorial. Pero eso merece quizás otro artículo.

republica.com 5-2-2021

Ya no sé si soy de los míos. El otro día escuché la comparación más abracadabrante, pronunciada curiosamente por quien se quiere hacer pasar por paladín de la república. Comparó una de las escenas más sombrías de nuestra historia, la triste hégira que tuvieron que emprender casi medio millón de españoles tras la Guerra Civil con un vodevil que causa sonrojo y risa, la fuga de Puigdemont escondido en el maletero de un coche, después de habernos obsequiado con un auténtico sainete de “síes” y “noes” hasta terminar declarando una república independiente vergonzante. La diferencia es tan notable que resulta difícil explicar cómo alguien en su sano juicio puede plantearla, a no ser que haya sucumbido al sectarismo independentista.

No me detendré en la parte más emotiva y, por lo tanto, más provocadora, la cadena de angustias y penalidades por las que tuvieron que pasar esa fila interminable de exiliados que atravesaron los Pirineos o la desesperación de los pasajeros de los últimos barcos que salieron de Alicante, y los sufrimientos y calamidades posteriores de todos ellos en los campos de concentración franceses o de otras naciones. El contraste con el turismo político y la vida casi de lujo que Puigdemont vive en Europa resulta insultante. Tampoco insistiré en la pérdida de inteligencia que significó para España el exilio republicano. Nada hemos perdido con la fuga de Puigdemont y sus satélites. La pena es que continúan dando la lata.

Pero todo lo anterior, aunque es relevante desde el punto de vista humano, no incide sobre el núcleo de la diferencia. El antagonismo más radical se encuentra en que los exiliados republicanos habían sido objeto de un golpe de Estado y huían de una dictadura militar, mientras que Puigdemont ha sido él mismo el que ha dado el golpe y se fuga de la justicia de una sociedad democrática, con sus defectos, sin duda, pero equiparable a la de los principales países europeos, por lo menos si no se destruye o adultera por el populismo y el secesionismo. La disparidad es esencial. Entre víctimas y delincuentes. Víctimas de un régimen sanguinario y delincuentes en una sociedad tan garantista que no consiente juzgarles en rebeldía y les permite presentarse como candidatos a todas las elecciones y en una Europa tan llena de contradicciones que les reconoce, por lo menos, hasta ahora como eurodiputados.

Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha visto en la obligación de salir en defensa de su jefe, recurriendo para ello a la RAE: “Un político que ha salido de su país por defender determinadas ideas políticas… es un exiliado. Eso no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la RAE”. Mas allá de que la Real Academia no afirma nada por el estilo, lo cierto es que Puigdemont no ha huido de España por defender determinadas posiciones políticas, sino por dar un golpe de Estado, violando de la forma más flagrante las leyes y la Constitución. Esas ideas las defendió con total libertad durante muchos años, y de ella se valió para ocupar distintos empleos y cargos -algunos de ellos importantes-, y para llegar a presidir al final una de las Comunidades más ricas de España.

El problema surge cuando desde el poder que le proporcionaba esta plataforma, incluyendo un ejército de 17.000 hombres, quebranta la Constitución, transgrede toda la legalidad vigente, asume funciones que no le corresponden y declara unilateralmente la independencia de la Comunidad Autónoma de la que es presidente por el imperio de esa misma Constitución que desafía. En España hoy, a diferencia de otros tiempos más lejanos, a nadie se persigue por sus ideas políticas. En todo caso, si algunos en Cataluña pueden verse, si no perseguidos, al menos marginados, son aquellos a los que los soberanistas llaman españolistas, es decir, los que defienden la Constitución.

Según la nomenclatura del señor Iglesias y de la señora Serra, todos los autócratas que han dado un golpe de Estado y, tras su fracaso, tienen que huir de la justicia de sus países, deberían ser tenidos por exiliados políticos. ¿Tejero habría sido también un exiliado político si tras el 23-F se hubiera fugado de España?

Pedro Iglesias, se supone que con la intención de defender a Puigdemont, ha mantenido “que está en Bruselas no por haber robado, ni haber intentado enriquecerse”. Afirmación totalmente errónea. El ex presidente de la Generalitat está acusado de malversación de fondos públicos, y si no está condenado como muchos de sus consejeros es tan solo porque se encuentra fugado de la justicia. Han sido cuantiosos los recursos públicos que se han desviado de su correcta finalidad para destinarlos a objetivos no solo espurios, sino ilegales e incluso delictivos.

Los políticos tienen cierta tendencia a disculpar a aquellos de sus correligionarios que, inmersos en casos de corrupción, no se han apoderado aparentemente de dinero de forma personal. Establecen dos clases de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Una menos grave que la otra. La más leve se daría cuando no se ha producido enriquecimiento personal. Discrepo. La financiación ilegal de los partidos políticos o la desviación de recursos públicos destinándolos a fortalecer el clientelismo o a fidelizar a los prosélitos, tal como ocurrió, por ejemplo, con los ERE en Andalucía, haya o no haya apropiación individual de dinero, tienen mucha más gravedad porque puede resultar dañada la esencia misma del sistema, la neutralidad del juego democrático. Además, en todos estos casos termina habiendo también, aunque sea de forma indirecta, un enriquecimiento personal porque los beneficios económicos conseguidos para su partido o secta influyen en el statu quo del individuo. Sin duda, el señor Puigdemont, como los demás prebostes de Convergencia, ha terminando beneficiándose del 3% impuesto con carácter general en Cataluña.

La malversación de fondos de la que está acusado Puigdemont es de la mayor gravedad posible, puesto que los recursos se han destinado a un proyecto que tenía por objeto romper el Estado, modificar las condiciones económicas y políticas de más de la mitad de los catalanes y robar la soberanía popular a la mayoría de los españoles. Es una ingenuidad pensar que todo ello no contribuía a su beneficio personal. Él ha sido lo que ha sido y es lo que es gracias al procés y a la financiación irregular del independentismo. Incluso, esos recursos invertidos ayer en publicidad, subvenciones y contratos, entre otras cosas, están rentando hoy lo suficiente para costear en buena medida el tinglado de Waterloo y su opulenta vida en Bélgica.

Pablo Iglesias, no sé si a modo de disculpa, ha afirmado que no está dispuesto a criminalizar a los independentistas. Es una de esas frases -como la de que no hay que judicializar la política- que aparentemente quedan bien, pero que lo mejor que se puede decir de ellas es que no significan nada, cuando no que pretenden distorsionar la realidad. En España nadie criminaliza a los independentistas, son los propios independentistas los que se criminalizaron al convertirse en golpistas y solo son ellos los que han abierto la puerta de la política a los tribunales al conculcar las leyes y la Constitución.

Una cosa es criminalizar a los soberanistas y otra blanquear a los golpistas, que es lo que se hace cuando se les califica de presos o exiliados políticos y en el culmen se les compara con los que fueron perseguidos por una dictadura fascista. Los abogados de Puigdemont piensan ya incorporar todas estas manifestaciones a su defensa en Europa. ¿Cómo van a creer en el extranjero que son verdaderos delincuentes si el vicepresidente del Gobierno español no lo cree, y el presidente parece ser que tampoco?

José Borrell, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez, se quejaba amargamente de la negligencia del Gobierno de Rajoy al no haber sabido combatir el relato independentista en el extranjero y aseguraba que el Gobierno de Sánchez se iba a dedicar a ello con ahínco. Aquella promesa choca tan frontalmente con los hechos actuales que da cierto bochorno recordarla.

El líder de Podemos defendió la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes, ya que “lo requiere el interés del Estado”. Creo que es todo lo contrario. Precisamente su condena y encarcelamiento obedecen a que atentaron gravemente contra el Estado e intentaron romperlo, y, lo que es peor, mantienen la misma actitud y afirman sin ningún pudor que están dispuestos a repetirlo. Parece lógico pensar que el interés del Estado precisamente lo que exige, por tanto, es que continúen en prisión para que no se pueda dar de nuevo otro primero de octubre ni otro golpe de Estado. Otros son quizás los intereses en juego tanto de Iglesias como de Sánchez. Pero no entremos en profundidades.

republica.com 29-1-2021

En una de esas tertulias en las que los participantes muestran su alergia a todo lo que suene a subida de impuestos, invitaron, el otro día, a la ministra de Economía a una extensa entrevista. Se habló de casi todo: de la tasa hiperbólica de crecimiento para el año que viene, del elevado déficit, del fuerte incremento de deuda pública en 2020 y 2021, y se incluyeron algunas puyas sobre el aumento de los tipos impositivos y acerca de los nuevos tributos. Al final, el director del programa lanzó la pregunta que tenía preparada desde el inicio, pregunta trampa. ¿Usted es de las que creen que la subida de impuestos daña el crecimiento? Cuestión a la que la señora Calviño no supo o no quiso contestar. Al principio se quedó parada y más tarde envió balones fuera, afirmando que ella ya se había explicado y de cómo el Gobierno actuaba con suma prudencia en todo momento.

La escolástica tenía múltiples defectos, pero no se le puede negar su capacidad retórica. Y a esa capacidad retórica debería haberse agarrado la ministra Calviño y haber contestado con un “distingo”, tal como hacían los antiguos filósofos y teólogos en la Edad Media al responder a cada una de las proposiciones que se planteaban en sus manuales o textos. Sí y no, cierto y no cierto. Depende. Cada aseveración no es simple ni sencilla. Está compuesta de muchos recovecos y derivaciones. Hay que separar, diferenciar, según los casos y las circunstancias. Sería de sumo interés que este hábito se introdujese en el discurso económico y en cada cuestión se distinguiese según las múltiples hipótesis. Nada es totalmente blanco o negro. Las generalizaciones casi nunca son posibles y la respuesta puede ser una u otra dependiendo de los condicionantes.

Este método, sin embargo, está totalmente alejado de la cultura actual, en la que imperan los mantras, los eslóganes y los falsos axiomas. Lo he dicho tres veces, luego es verdad. Presumimos de sociedades secularizadas. Pero lo cierto es que, aun cuando hayamos renegado de toda confesión religiosa en sentido estricto, mantenemos adhesiones incondicionales a determinados credos políticos o económicos con tanta o más firmeza que los miembros de las iglesias a sus dogmas. En la Edad Media –cuando la sociedad era intrínsecamente religiosa- los intelectuales se creían en la necesidad de racionalizar su fe. Es verdad que no solían conseguirlo. Pero es que, ahora, los nuevos profetas políticos o económicos ni siquiera se sienten obligados a intentar demostrar las verdades que presentan como evidentes.

El neoliberalismo económico es un discurso totalmente cerrado, mostrenco, que ha logrado imponerse como pensamiento único y que maneja cada una de sus proposiciones como conclusiones inapelables. Entre otras muchas, destaca la de que la subida de impuestos daña el crecimiento, y se ridiculiza a los que defienden lo contrario. Sin embargo, a esta cuestión, como a casi todas, habría que contestar distinguiendo. El “sí” o el “no” depende de muchos factores. Especialmente de los tributos que consideremos; también, y casi con la misma relevancia, del destino que se vaya a dar a los recursos obtenidos e incluso de la situación en la que se encuentre la economía en esos momentos.

El mismo concepto de crecimiento económico es relativo, y no siempre se puede calificar de beneficioso. Casi todo el mundo canta las excelencias del acaecido a la economía española con motivo de la adopción del euro. Pero la realidad es que ese crecimiento tuvo mucho de ilusorio, basado en el crédito y en una burbuja financiera. Duró lo que duró y puso los cimientos de la mayor crisis económica acaecida desde la Transición, con efectos devastadores para los trabajadores españoles. La realidad se ha vuelto a imponer y el porcentaje de la renta per cápita española con respecto a la europea ha retornado a los niveles de 1999 y, lo que es peor, se ha incrementado la desigualdad, creándose una serie de desequilibrios, que se han hecho presentes y agudizados con la pandemia. Quiero decir con ello que a la hora de contestar a la pregunta de cómo influye la subida o bajada de impuestos en el crecimiento habrá que considerar también de qué tipo de crecimiento se está hablando y cuál va a ser su grado de solidez a largo plazo.

La creencia de que en todos los casos una subida de la carga fiscal genera una reducción de la actividad económica y viceversa se basa en una suposición radicalmente falsa, la de que, con los gravámenes, esos recursos desaparecen o, lo que es lo mismo que el gasto público no tiene ningún impacto positivo sobre la economía o, al menos, que será muy inferior al que se generaría si tales fondos permaneciesen en el sector privado. No digo yo que el Estado no pueda despilfarrar el dinero, pero tampoco podemos asegurar (la garantía es aún menor) que esos recursos sean utilizados adecuadamente en manos privadas.

Como mucho, es creíble que cada ciudadano pretenda maximizar su propio beneficio (y no siempre), pero no la rentabilidad social, y es muy posible que para la mayoría de la población su participación en esta última sería mucho mayor que la rentabilidad individual que pudiesen obtener de los escasos recursos que quedasen en su poder tras la bajada o el no incremento de los impuestos. La aseveración de que donde mejor está siempre el dinero es en el bolsillo de cada contribuyente no tiene ningún fundamento y obedece a esa concepción desfasada que reiteradamente se ha mostrado falsa, de la mano invisible, y del laissez faire, laissez passer. ¿Podemos imaginar lo que hubiese ocurrido, por ejemplo, si se hubiese dejado la solución de la pandemia a la mano invisible?

¿Es posible asegurar que la inversión en sanidad, en educación, en infraestructuras, en I+D, en justicia, en orden público etcétera, es más útil que muchas inversiones privadas? ¿Acaso el empleo público resulta menos productivo que esa gran multitud de trabajos que se dan en sector privado, de una mínima productividad y que constituyen en realidad subempleo? Es curioso que en dificultades como estas, sin embargo, la gran mayoría de los detractores de los tributos y del gasto público terminen dirigiendo su mirada al Estado y exijan de este la solución de todos los problemas, sin confiar en que la mano invisible los solucione.

El repudio de los impuestos, especialmente de los directos, suele fundamentarse en la necesidad de incentivar el ahorro, que, según dicen, se trasformará en inversión y en empleo, pero no hay ninguna garantía sin más de que esto ocurra. Desde el tiempo de Keynes se sabe que, aunque la inversión y el ahorro realizados son iguales por definición, la inversión y el ahorro planeados no tienen por qué coincidir. Un exceso de ahorro planeado sobre la inversión también planeada desencadena fuerzas contractivas y, a la inversa, cuando la inversión supera al ahorro se generan impulsos expansivos. Se produce así lo que se puede llamar la paradoja del ahorro: un incremento del ahorro planeado podría llevar a una reducción del ahorro efectivo mediante una disminución de la renta. Aún más en la medida en que la propensión marginal al ahorro aumenta con la renta, todo cambio en la distribución de esta hacia una mayor desigualdad tendría efectos perniciosos no solo desde el ángulo de la justicia social, sino también para el crecimiento.

Keynes en su “Teoría general” se expresa en estos términos: “De este modo nuestro razonamiento lleva a la conclusión de que, en las condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza, lejos de depender del ahorro de los ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidades de encontrar en él un impedimento. Queda, pues, eliminada una de las principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza”.

Es decir, las cotas de mayor igualdad que promueven los impuestos directos, lejos de ser un impedimento para el crecimiento pueden colaborar a él, según como se destinen lo recursos obtenidos. Existe la sospecha de que si molesta el incremento de la fiscalidad no es porque deprima la actividad, sino porque la redistribución de renta y riqueza que promueve va contra los intereses particulares de determinadas clases sociales. Estas observaciones en cierto modo serían perfectamente aplicables a la Unión Europea. Las profundas desigualdades entre los países miembros están lastrando el crecimiento conjunto de la Unión, y la aplicación de políticas más redistributivas entre los Estados contribuirá a una mayor expansión de toda la economía comunitaria.

Los daños económicos de la pandemia están recayendo de forma diversa entre los ciudadanos, sectores o grupos sociales. Incluso los ingresos de algunos de ellos se han incrementado considerablemente. Según el índice Bloomberg, en el año que acaba de terminar, las veinte personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en un 24%. Solo tres de ellos experimentaron pérdidas. Resulta bastante indudable que, en España, a pesar del manido eslogan de no dejar a nadie atrás, los efectos económicos del Covid 19 están acentuando de manera significativa la desigualdad, que se superpone, además, a la originada por la anterior crisis. No se ve la razón, en consecuencia, por la que no se pueda incrementar ya la imposición directa, elevando la progresividad del sistema fiscal, siempre y cuando los recursos obtenidos se orientasen a conseguir una redistribución más equitativa de la renta y del patrimonio.

No se trata solo de elevar la carga fiscal de las grandes fortunas, aunque también (nadie se siente aludido cuando se habla de ellas, por eso es tan fácil exigirlo políticamente), sino de modificar en profundidad los impuestos sobre las personas físicas, de patrimonio y de sucesiones. Estos dos últimos gravámenes deberían volver a ser estatales. Es cierto que estas modificaciones afectarían no solo, como se dice, a las grandes fortunas, sino a los dos o tres deciles superiores de la distribución de los ingresos y del patrimonio. Por supuesto, de manera muy diversa, en tanta mayor medida cuanto más arriba estuviese situado el contribuyente en la escala de renta y riqueza.

No parece que el Gobierno vaya por este camino. Las modificaciones introducidas en los presupuestos referentes a la imposición directa -y más concretamente al IRPF- son una parodia, un arañazo en la normativa, orientada únicamente a recubrirse de un tinte seudoprogresista, pero sin verdadera efectividad. El incremento de recaudación mínimo necesario para que el déficit no alcance niveles astronómicos (aunque los va a alcanzar de todos modos) piensa obtenerlos de las tasas y de los impuestos indirectos, que quizás sí pueden ser ahora un obstáculo para que se reanime la economía.

No caben muchas dudas de que, en los momentos actuales, con tipos negativos de interés, con tasas de inflación que el BCE- por más que introduce dinero en el sistema- no logra acercar siquiera al objetivo del 2%, lo que necesita tanto la economía europea como la española, no es precisamente que se estimule el ahorro, sino el consumo. No parece que tenga mucho sentido, por tanto, desde el punto de vista de la teoría económica subir los impuestos indirectos en lugar de los directos, aunque bien es verdad que los primeros pasan más desapercibidos, mientras que los segundos son presa  fácil de la demagogia, especialmente de esos dos o tres deciles de la población, que son los que crean la opinión económica y política. He ahí sin duda la razón del comportamiento de un gobierno sin ideología y sin conocimientos económicos suficientes, que se rige únicamente por la imagen y la representación.

republica.com 22-1-2021

¿Democracia orgánica o republica bananera? En realidad, no sé a qué carta quedarme. Solo hay una sola cosa que sí parece ser cierta, que el sanchismo huye de los mecanismos clásicos de una democracia representativa. Todo en él es publicidad y propaganda, y habitualmente se basa en las más radicales mentiras, simulacros y teatro. Se ha convertido ya en rutina que, siguiendo las peores costumbres de las repúblicas bananeras, el jefe se dirija en largas sesiones al pueblo usando a su antojo los medios de comunicación a los que controla en su mayoría; en un escenario perfectamente montado, a veces hasta lo ridículo, con pianista incluido, al que se retribuye generosamente concediéndole la nacionalidad española en detrimento de los otros muchos miles de aspirantes que estaban antes que él en la cola.

Al final del 2020, Pedro Sánchez ha comparecido en una alocución de hora y media para decirnos que ha cumplido; al tiempo que presentaba un documento respaldado por unos palmeros a los que se ha llamado expertos. Todos ellos profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de universidades que han surgido al abrigo de las Autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó. Conozco a uno de ellos que recibió idéntico privilegio, solo que en este caso no tanto por la política como por la ayuda de su papá, importante en el mundo del deporte.

El informe que es ante todo un compendio de gráficos, cuadros, y porcentajes (da la impresión de que los cumplimientos se evalúan al peso) comienza, como es usual en todo lo que en estos tiempos sale de la Moncloa, en tono mitinero y supertriunfalista. Todo es histórico, único, a la cabeza de todos los demás. Hasta Filomena. “España se sitúa, de esta manera, a la vanguardia de la rendición de cuentas con un ejercicio singular y pionero… somos el primero de los países de nuestro entorno que no solo somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que también comienza a experimentar un sistema de verificación externo e independiente que confirma la calidad y la veracidad de la rendición de cuentas presentada ante los ciudadanos”.

Como se ve, nos movemos en un lenguaje épico y retorico. En transparencia, estamos a la vanguardia de todos los países. Hay que tener descaro e impostura. Un gobierno que se ha caracterizado por declarar secreto de Estado las cosas más nimias, con la intención de no tener que dar explicaciones prácticamente de nada; un gobierno que ha sufrido legión de requerimientos del Consejo de la Transparencia, sin que en general haya hecho el menor caso a ninguno de ellos.

Tan solo cuando este organismo le ha concedido un plazo perentorio de diez días (o de lo contrario recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual el ministro filósofo y candidato se ha escudado siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simple decisiones políticas-, se han dignado a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o, mejor dicho, que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Como ha insistido Calvo, funcionarios, expertos, cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su “expertitud”. Ahí es nada, “expertitud”. Esta palabra debe de formar parte del lenguaje inclusivo. Y es esa misma expertitud la que ha servido para elegir a los palmeros que han puesto su firma en el informe de marras. “Verificación externa e independiente”. Tan independientes que han sido designados todos por el Gobierno. Yo me los guiso y yo me los como, como Juan Palomo. Todos pertenecen a la misma familia ideológica y con tanta expertitud que no han sentido vergüenza de echar su firma a un bodrio como ese.

“Ejercicio singular y pionero para conocer el cumplimiento de las promesas adquiridas por el Gobierno en la investidura”. Afirman que es un ejercicio de calidad democrática. No lo veo yo así. Ejercicio de calidad democrática sería contrastar el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electoral, pero por supuesto que no se pretende nada de eso. Ya lo dijo claramente Calvo, al negar que el presidente del Gobierno hubiese manifestado que en Cataluña se había producido un delito de rebelión, porque cuando Sánchez dijo lo que dijo no era presidente del Gobierno. Una cosa eran las afirmaciones y promesas realizadas antes de las elecciones y otra lo dicho o hecho después. Que desde luego no casan en absoluto. Esa sería la verdadera rendición de cuentas que podría interesar al ciudadano.

Lo que han presentado no es una rendición de cuentas del Gobierno hacia el exterior, del Gobierno frente a la sociedad. Es una rendición de cuentas en el interior del Gobierno, del sanchismo frente a sus otros nueve socios, que le facilitaron la investidura. Pedro Sánchez ha pretendido decirles a todos que está cumpliendo sus acuerdos, acuerdos en su mayoría bastardos con organizaciones políticas casi todas ellas sectarias o egoístamente provinciales o regionales.

De ahí la importancia que Sánchez ha pretendido dar a los presupuestos. Ciertamente, había un elemento de representación, de imagen. Era una vergüenza que Sánchez gobernase casi tres años con unas cuentas que no eran los suyas, que él mismo se había negado a apoyar y que, además, había criticado duramente. Aunque en contra de lo que se cree y se dice con frecuencia, la elaboración de unos nuevos presupuestos no resultaba imprescindible para que Sánchez continuase en la Moncloa toda la legislatura, siempre que estuviese dispuesto -y no hay duda de que lo estaba- a seguir manejando con total alegría los decretos leyes. Con ellos se pueden modificar cuanto se quiera y sea preciso en los presupuestos. Solo hay que retribuir generosamente a quienes los apruebe. La constatación más evidente es que Sanchez ha ocupado la Moncloa durante casi tres años sin ninguna dificultad, a pesar de utilizar unas cuentas públicas prestadas.

Sanchez descartó de antemano elaborar unos presupuestos para 2020, que es lo que se esperaba de él una vez ganadas las elecciones, tal como Felipe González hizo para 1983, aprobándose incluso un presupuesto extraordinario. Entonces, el PSOE estaba virgen y los usos presupuestarios, no tan deteriorados. Sánchez, por el contrario, no ha tenido ninguna prisa en elaborar unas nuevas cuentas. Para él ha constituido un problema de imagen y, lo que le resultaba quizás más importante, un instrumento para consolidar el apoyo de sus nueve socios, conglomerado contra natura que conforma el gobierno Frankenstein. Sánchez, al englobar todas sus peticiones en el presupuesto, expresaba que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos.

La mayor parte de la prensa, realizando, tal como nos tiene acostumbrados, una lectura de la situación bastante superficial y mecánica, ha interpretado la aprobación de los presupuestos como un gran triunfo de Sánchez, sin caer en la cuenta de que en realidad se trata del simple resultado de una confluencia de fuleros dispuestos a sacar tajada de esa situación de decepción política y de multiplicidad de partidos, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de la mayoría. No hay nada de meritorio ni de exitoso en esos presupuestos, sino, por una parte, previsiones erróneas que van a servir para engañar al personal y presentar un panorama ilusorio y, por otra, muchos intereses bastardos que confluyen para distorsionar la justicia y equidad que deben regir las relaciones entre regiones.

La casi totalidad de los compromisos cuyos cumplimientos anuncia Sánchez no son nada convenientes para la mayoría de los españoles, porque en el mejor de los casos implican privilegios de unos determinados grupos o regiones frente a otros. Pero, con todo, lo peor y más preocupante son las promesas, principalmente las que corresponden al País Vasco y a Cataluña, que no se incluyen explícitamente en los presupuestos, pero que atacan gravemente a la ley, a la justicia y al armazón jurídico del Estado.

Pedro Sánchez en el “Aló presidente” de fin de año ha querido dejar claro que está dispuesto a conceder los indultos a los golpistas catalanes. En realidad, ya había mandado a sus profetas por delante para preparar el camino. Ábalos, con la finalidad de justificar los indultos, había manifestado que el Gobierno tiene la obligación de buscar la reconciliación y Calvo criticó de forma rotunda el informe de la Fiscalía contrario al indulto. Paradójicamente, echaba en cara que las razones esgrimidas fueran políticas y no jurídicas.

Nada menos cierto. Cualquiera que lea el informe del Ministerio Fiscal puede comprobar que los argumentos que emplea se basan en que no se dan las condiciones para el indulto, principalmente el arrepentimiento y el propósito de no volver a intentarlo. Si cita la política es tan solo para señalar algo obvio, que el derecho de gracia no se puede ejercer por meros motivos políticos. Debió de ser esto último lo que molestó principalmente a la señora Calvo, porque de forma bronca terminaba su alocución afirmando que los informes no eran vinculantes, que la decisión era del Gobierno y poco más o menos que este iba a hacer lo que le diese la gana.

Pedro Sánchez, en su plática de fin de año, recogía el relevo de sus heraldos para lanzar el mismo mensaje: “Este es un gobierno que no ha escondido sus intenciones desde el principio. Es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España”. Estaba bien especificado eso de gobierno, porque Sánchez sí que ha cambiado. No quizás de pensamiento, pero sí de discurso, pero ya se sabe que, como dice Calvo, una cosa es cuando se es presidente y otra antes de serlo. Este Gobierno sí ha apostado desde el principio, si no por la reconciliación, el recuentro y la convivencia, sí por los independentistas y por los golpistas como medio para poder subsistir. Es el plus que le permite a Sánchez ocupar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con la convivencia en Cataluña y menos con el reencuentro con el resto de España, que los nacionalistas no desean.

La opción de gobernar con los nacionalistas y golpistas empuja a Sánchez al más radical cinismo, al afirmar que “cuando hablamos de Cataluña todos somos responsables”. Tanto descaro es difícil de creer. Fuera de los que se han sublevado y han dado un golpe de Estado, los únicos que pueden ser culpables son este Gobierno y las fuerzas políticas que han justificado la rebelión y que ponen las condiciones para que el golpe pueda repetirse. Desde luego, no se puede culpabilizar ni a esa más de la mitad de catalanes que están siendo marginados por sus ideas y condenados a ocupar un puesto secundario en Cataluña, y mucho menos al resto de españoles a los que se ha pretendido hurtar su soberanía y que contemplan con sorpresa cómo un gobierno y unas formaciones políticas estatales a las que quizás han votado se colocan del lado de los golpistas y los premian con privilegios.

Lo más extraño es que los líderes socialistas y de Podemos de los territorios perjudicados no hayan levantado la voz oponiéndose a la acción del Gobierno. Hasta ahora las críticas han sido muy escasas, por no decir nulas. Tan solo García-Page se ha posicionado frente al indulto recordando primero el exabrupto de Junqueras, “Que el indulto se lo metan por donde les quepa”, y añadiendo después algo muy razonable: ¿Cómo conceder el indulto a los que afirman que están dispuestos a repetirlo? García-Page con lógica se pregunta: “¿Qué responsabilidad asumiríamos si les indultásemos, y mañana volvieran por el mismo camino? ¿Qué ridículo histórico no cometeríamos?”. La verdad es que ya lo estamos cometiendo, porque jamás han abandonado la ruta.

republica.com 15-1-2021

Los detractores del proyecto de la ley orgánica reguladora de la eutanasia comienzan su alegato haciendo un canto a la vida, proclamando que es el mayor bien que tiene el hombre, juicio muy respetable pero que está lejos de ser universal. A lo largo de la historia del pensamiento, casi desde el inicio, las posiciones se han situado en uno u otro bando y no han faltado opiniones que sustentaran los juicios más negativos y nihilistas acerca del sentido de la vida. Ya Teognis de Megara en el siglo VI antes de Cristo sostenía: “De todos los bienes, el más deseable para los habitantes de la tierra es no haber nacido, no haber visto nunca los deslumbrantes rayos del sol; o bien, si han nacido, franquear lo antes posible la puerta del Hades, descansar profundamente sepultados en la tierra”. Opinión que tiene cierto parecido a la expresada por Segismundo en “La vida es sueño”, de nuestro dramaturgo Calderón de la Barca: “El delito mayor del hombre es haber nacido”.

Durante la Edad Media y casi hasta la Ilustración el mensaje en el mundo occidental es casi unívoco, el establecido por el pensamiento cristiano: la vida es un don de dios y solo Dios puede disponer de ella. Quizás sea Balmes quien lo formule de forma más clara: “El hombre con el suicidio perturba el orden moral. Destruye una cosa sobre la que no tiene dominio. Somos usufructuarios de la vida. No propietarios. Es un crimen contra Dios». Como se puede observar, los argumentos no son muy diferentes de los empleados actualmente.

No todas las religiones, sin embargo, han mantenido este planteamiento. En otras latitudes, lejos de Occidente, el budismo y el taoísmo tienen una concepción distinta de la vida individual -que es de la que aquí estamos hablando-, del principium individuaciones, haciéndole responsable de todos los males.  No es muy diferente la postura de Schopenhauer cuando mantiene que «la vida es sufrimiento» y «el suicidio, lejos de ser una negación de la voluntad, es una de sus más fuertes afirmaciones». A partir de Schopenhauer se abre toda una línea de pensamiento radicalmente pesimista, casi nihilista, acerca de la vida. Nietzsche proclama que la vida es la muerte y la muerte es la vida. y Camus comienza su ensayo “El hombre rebelde” anunciando que solo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.

Hay que añadir además que muchos de los que proclaman que la vida es el bien supremo lo desmienten en la práctica cuando, por ejemplo, saludan como héroes y dignos de admiración a aquellos que han dado la vida por la patria. Muchos comportamientos aceptados y a veces aplaudidos demuestran a menudo que no se terminan de creer en serio que la vida individual se encuentra en la cúspide de la tabla de valores. El médico que en una epidemia sabe con seguridad que va a contagiarse de una enfermedad mortal y sin embargo cumple con lo que cree que es su obligación. Nuestros clásicos supeditan la vida al honor. Pedro Crespo, el protagonista del alcalde de Zalamea, exclama: “Al rey la vida y la hacienda se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios”. La misma Iglesia se contradice al calificar de mártires a los que han preferido morir antes que apostatar de su religión, o eleva a los altares como santas a jóvenes que optaron por perder la vida antes que la virginidad.

Hay diversos tipos de suicidios que son aceptados por las respectivas sociedades: rituales como el harakiri, de protesta como la auto inmolación de los bonzos o la de Mohamed Bouazizi, detonante de la revolución tunecina y con ella de la primavera árabe. Y más recientemente el farmacéutico griego Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, que se suicidó en la plaza Sintagma de Atenas para mostrar su rechazo e indignación por la política económica y social practicada por el gobierno griego, forzado por Alemania y las autoridades europeas.

A no ser por los condicionamientos religiosos, no parece que debieran existir muchas dudas acerca del derecho que toda persona tiene a decidir sobre su propia vida. Nada mas íntimo y personal que la existencia de cada uno y, por lo tanto, la prerrogativa que le corresponde de elegir en cada momento si quiere o no quiere seguir viviendo y, en el caso de que la respuesta sea negativa, pedir la colaboración, si fuese necesario, de quien esté dispuesto a prestársela. En todo ello no parece que tenga cabida el Estado, como no sea para garantizar la voluntariedad, tal como hace en otras muchas facetas sociales.

No obstante, si bien el actual Código Penal no castiga a aquellos que intentan quitarse la vida, sí lo hace a los que inducen o cooperan con actos necesarios al suicidio de una persona; con penas que van de 2 a 10 años, aunque estas pueden rebajarse en uno o dos grados en el caso de que “la víctima sufriera enfermedad grave que condujese necesariamente a la muerte o que produjese serios padecimientos difíciles de soportar”. Sin embargo, la realidad se impone y es de sobra conocido que, en España, al igual que en otros países, se vienen realizando eutanasias clandestinas. De una encuesta de la OCU del año 2000 se desprende que un médico de cada diez reconoce haber ayudado a sus pacientes a morir.

La ley que está a punto de aprobarse viene a solucionar en parte estas normas tan poco razonables del Código Penal, legalizando, con ciertas condiciones, tanto el suicidio asistido como la eutanasia, cuando un paciente la demanda por enfermedad grave e incurable, origen de un sufrimiento intolerable, es decir, se encuentra en esa situación a la que se refería Heródoto “cuando la vida resulta una carga tan pesada, la muerte se convierte para el hombre en un refugio”.

En su epístola 70 a Lucilio, Séneca afirma lapidariamente que lo bueno no es vivir, sino vivir bien. Por eso el sabio debe vivir lo que deba, no lo que pueda. El bien vivir se corresponde con el bien morir. Ambos son cara y cruz de la misma moneda. No se trata de morir más tarde o más temprano, sino del bien o mal morir. El bien morir consiste en rehuir el peligro del mal vivir. Séneca va más allá y proclama que quienes sostienen que hay que aguardar siempre el momento natural de la muerte no comprenden que ello es cerrar el camino de la libertad. Hay un solo modo de entrar en la vida, pero muchos de salir de ella. Por tanto, “si te place, vive, si no, libre eres de regresar al lugar del que viniste”. Ciertamente el suicidio no puede ser un acto de frivolidad. Así lo entiende Séneca, sino una decisión seria, meditada y libremente tomada.

Eso es lo que parece estar en la mente de Dostoievski cuando hace que Iván Karamazov prometa no atentar contra su vida antes de los treinta años. Se da este tiempo para comprobar si la copa amarga o no. “Aunque hubiese perdido la fe en la vida, aunque dudase de la mujer amada y del orden universal y aunque estuviese convencido de que este mundo es un caos infernal y maldito seguiría apurando la copa hasta cumplir los 30 años”. Iván, que se declara firme partidario de la vida, que se confiesa dominado por un insaciable deseo de vivir, ese afán de vivir a toda costa que es el rasgo característico, según dice, de los Karamazov; que ama la vida por encima de su sentido y de la lógica, a pesar de ello, ese vitalista declarado hasta el absurdo se da un plazo, sí, hasta los treinta años, pero a partir de entonces se deja las manos libres para, en el caso de que la copa amargue, tirarla al suelo.

La ley que se va a aprobar si peca de algo es de exagerado puritanismo, requiriendo todo tipo de garantías de que la resolución se toma con toda seriedad y conocimiento. El procedimiento es en exceso complejo y largo. Carecen de razón los que quieren hacer ver que se va a aplicar solo a unos pobres ancianitos un poco gagás y sin capacidad de decisión. El peligro más bien se encuentra en lo contrario, en que, con tantas garantías, en muchos casos, cuando se apruebe la eutanasia esta no sea ya necesaria porque el paciente haya muerto; y no digamos si la comisión creada al efecto llega a una conclusión negativa y el enfermo se ve obligado a recurrir a un contencioso administrativo.

No deja de resultar paradójico que los que se oponen a ley de eutanasia pertenezcan principalmente a organizaciones políticas que ponen el grito en el cielo ante toda intervención estatal y defiendan ardorosamente la iniciativa privada y la autonomía y libertad individual frente a la injerencia de los poderes públicos, sobre todo si se trata de materia económica. Sin embargo, les parece muy bien que el Estado se inmiscuya en los actos más personales de los individuos, bien sean los de la alcoba o los de aquellos en los que una persona decide libremente sobre su vida y su muerte.

Las únicas motivaciones para ello parecen ser religiosas y el deseo de que el Estado imponga coactivamente los preceptos morales de una determinada confesión. Preceptos que pueden ser honorables para los creyentes, pero no hay por qué implantarlos como obligación al resto de la sociedad. Existe la sospecha de que la jerarquía eclesiástica duda de que sus fieles adopten de manera voluntaria tales mandamientos y de que, por lo tanto, precise recurrir al brazo secular para imponerlos. Será quizás por eso por lo que el arzobispo de Oviedo declara que la ley no tiene demanda social. Quizás lo que quiere decir es que le gustaría que no hubiese demanda social, porque los datos afirman otra cosa. En las encuestas realizadas por las distintas empresas tanto en 2017, como en 2018 y 2019, los españoles que están a favor de que se regule la eutanasia superaban el 80%.

Los argumentos de los detractores son en realidad muy pobres, lo que no es de extrañar pues se mueven en el ámbito de la fe y no en el de la razón. Ha sido también el arzobispo de Oviedo el que ha afirmado que “leyes como estas suponen jugar a ser dios”. Es un argumento empleado frecuentemente por teólogos y por la iglesia. Algo parecido afirmaba la Humanae Vitae respecto del control de la natalidad. Lo cierto es que si el hombre no hubiese jugado a ser Dios y a cambiar la naturaleza estaríamos aún en la Edad de Piedra.

Sánchez Albornoz en su obra “España un enigma histórico” capitulo 17, relata un hecho que es bien significativo de lo que afirmamos. Felipe IV. que proyectaba hacer navegable el Manzanares y el Tajo, nombró una comisión de teólogos para que se pronunciasen al efecto. El dictamen fue negativo. Los expertos concluyeron que si Dios hubiese querido que ambos ríos fuesen navegables con un simple “fiat” lo hubiese realizado, y que sería atentatorio contra la Providencia mejorar lo que ella por motivos inescrutable, había querido que quedase imperfecto. Nadie tenía derecho a contradecir las leyes de la naturaleza ni usurpar la voluntad de Dios. Para algunos, los años y los siglos no han pasado.

republica.com 8-1-2021