Escrivá, tras muchas idas y venidas, pasos adelante y pasos atrás, ha presentado su propuesta sobre la reforma de las pensiones. El ministro, que en la AIReF se vanagloriaba de ser independiente y hoy tiene que ser dependiente entre otros de Esquerra y de Bildu, afirma que ha pactado la reforma con la Comisión Europea -que levita y no se entera de nada-, con Podemos y con los sindicatos. No es posible decir que Escrivá haya tenido demasiada suerte en su gestión. Se propuso él mismo para ministro aseverando, primero, que era capaz de establecer un ingreso mínimo vital que uniformase el desmadre que, respecto a esta prestación, tenían las Autonomías -en todas ellas diferente-, y que habían denunciado los organismos internacionales. Y, segundo, que podía reformar la Seguridad Social, haciendo viable el sistema público de pensiones.
En cuanto al primer punto, lo cierto es que no se homogenizó nada y que las Comunidades Autónomas continúan con el mismo desorden. Se creó una prestación estatal, declarada compatible con las anteriores, con lo que ahora la pluralidad se hace incluso mayor. Se elaboro, además, con un diseño que la condenaba desde el principio al fracaso (ver mi artículo publicado en este mismo diario el 23- 4-2021 con el título “La chapuza fiscal de los ERTE y del ingreso mínimo vital”), amén de enfangar la Agencia Tributaria y bloquear la Seguridad Social. Se ha producido un hecho inusitado, desconocido incluso en los peores momentos de la Administración: no hay forma de conseguir una cita y hay que esperar tres o cuatro meses para comenzar a percibir la pensión. Es más, ha aflorado algo escandaloso, todo un mercado negro de citas. En cualquier situación normal se habría provocado el cese inmediato del ministro. Bien es verdad que con el Gobierno Frankenstein no hay nada normal.
Sin embargo, el ministro de seguridad Social y de otras singularidades continúa en su puesto y se le ha seguido encomendando la reforma del sistema público de pensiones. La reforma que ha presentado no reforma nada y, por desgracia, deja las cosas igual o peor que estaban. Mientras se sigan ligando en exclusiva las pensiones a las cotizaciones sociales, difícilmente el problema va a tener solución. Tras muchos dimes y diretes, la propuesta se fundamenta en la subida de las cotizaciones. Para ese viaje no hacían falta tales alforjas. Pero eso sí, se reparte el incremento bien temporalmente bien en distintos conceptos, de manera que su cuantía pase desapercibida, al menos a corto plazo. Los efectos negativos que se puedan producir a medio y a largo ya se verán; y esto es lo peor, “el ya se verá”, es decir, que deja el problema sin resolver.
Las pensiones han sido siempre una de las dianas preferidas del neoliberalismo económico, donde se han cruzado el sectarismo doctrinal de los enemigos de lo público con los intereses de las entidades financieras que pretenden promocionar sus fondos. Los ataques se han transmitido a los medios de comunicación social, y todos, en mayor o menor medida, desde hace treinta años ponen en duda la viabilidad del sistema y anuncian apocalípticamente su quiebra.
Para acometer la verdadera reforma es preciso, antes de nada, destruir los tópicos y bulos que rodean el tema y, desde luego, este ministro y este Gobierno son incapaces de ello. El primer mito es la aseveración de que la actualización por el IPC de las pensiones representa una subida. Desde las filas neoliberales se echan las manos a la cabeza proclamando que la regularización poco menos que es inasumible por el Tesoro o, en todo caso, que pondrá en un serio aprieto a las finanzas públicas.
El Gobierno tampoco colabora a deshacer el entuerto cuando se jacta de subir las prestaciones y en un acto de propaganda partidista lo presenta como algo extraordinario y graciable, y reprocha a la derecha haberlas bajado, lo cual no es cierto porque el único que las congeló (es decir, las minoró en términos reales) fue Zapatero. Actualizar las pensiones por el IPC es simplemente mantenerlas en el mismo valor en que estaban y no se necesita de ninguna financiación adicional porque si con la subida de los precios se incrementan los gastos del Estado, también en igual o mayor medida lo hacen los ingresos. Otra cosa es que este exceso de recaudación se quiera emplear en otros menesteres.
En múltiples ocasiones he mantenido la tesis de que en sentido estricto no se puede calificar a la inflación de impuesto de los pobres, por la sencilla razón de que en los momentos actuales no constituye un impuesto, dado que el dinero no es creado ni total ni principalmente por el Estado. Sin embargo, si consideramos únicamente a los pensionistas y no se actualizasen las prestaciones por el IPC, sí seria posible hablar de un gravamen a los jubilados, ya que las prestaciones en términos reales se reducirían al tiempo que debido a la inflación, los ingresos del Estado aumentarían y el Gobierno se serviría de ese incremento para otras finalidades. Y puestos a fijarnos en los pobres, no creo que haya muchos con mayor derecho para este título que la mayoría de los pensionistas.
Para defender que los jubilados son unos agraciados se argumenta a menudo que la pensión media está por encima del salario medio, lo que puede ser cierto, pero ello no es indicativo de nada, puesto que se están comparando cosas heterogéneas, los jubilados han llegado al final de su vida laboral y no tienen ninguna posibilidad de conseguir por sí mismos una mejora en su nivel profesional y económico, mientras que en el salario medio se engloban las retribuciones de todos aquellos que se están incorporando al mercado de trabajo y por ello se les abrirán múltiples oportunidades de prosperar laboral y profesionalmente. Mucho más significativo es constatar que la pensión media se incrementa año tras año, debido precisamente a que las cuantías de las prestaciones de los que entran en el sistema (se jubilan) son mayores que las de los que salen (defunciones), lo que indica que por término medio los salarios aumentan en mayor medida que las pensiones.
Se afirma que hay que acometer la reforma para hacer frente a un mayor número de pensionistas que se incorporarán de aquí al 2050, y para actualizar las pensiones por el IPC. La primera finalidad puede ser cierta, pero no la segunda, que en cualquier caso cuenta, tal como se ha dicho, con financiación propia, la que resulta del hecho de que, con la inflación, los ingresos crecen en igual o en mayor medida que los gastos.
La reforma puede ser necesaria, pero esta, como las anteriores, será fallida ya que continúa sosteniendo que las prestaciones de jubilación deben sufragarse exclusivamente mediante las cotizaciones. No hay ninguna razón para que las pensiones deban costearse de manera distinta que la sanidad, la educación, la dependencia, el derecho a la vivienda, la justicia, etc. De hecho, hace años la sanidad pública se encontraba dentro de la Seguridad Social y también se pretendía financiar con cotizaciones. No obstante, por mera convención política y práctica, y no por ninguna razón metafísica, se la apartó de ese sector de la Administración para trasladarla al Estado y más tarde a las Autonomías.
Hay un principio de la Hacienda Pública que parece no cumplirse en esta ocasión, es el de no afectación, es decir, que la totalidad de los ingresos deben sostener todos los gastos. El problema a plantear no consiste en ver cómo se van a financiar las pensiones, sino que la cuestión tiene que ser más amplia, sino en saber cómo se va a sufragar, sí, el gasto en pensiones, pero también la sanidad, la dependencia, etc.
Para argumentar que el sistema es inviable se pretende contraponer al número de trabajadores, el de pensionistas y, planteado así y dada la evolución que se prevé de la población, puede ser que estén en lo cierto, pero no hay ninguna razón para que la financiación del sistema recaiga únicamente sobre los trabajadores y que no colaboren las rentas de capital, mediante otros impuestos. No tiene sentido que el déficit que se produce en la Seguridad Social se compense con préstamos del Estado y no con aportaciones a fondo perdido, como se hacía antes de inventar ese mecanismo erróneo y aciago de la separación de fuentes. Sería sin duda una de las fórmulas por las que el resto de los tributos podría participar en el sostenimiento de las pensiones, si se quiere mantener la convención de dos realidades diferentes, Estado y Seguridad Social.
Por otra parte, en esta ecuación hay que introducir una nueva variable, la productividad. El mismo número de trabajadores, por ejemplo, pueden producir el doble, si la productividad también se ha duplicado. Lo importante no es cuantos son los que producen, sino cuanto se produce. Es el producto o la renta nacional (más bien la renta per cápita) la magnitud a tener en cuenta a la hora de plantearse la capacidad de imposición y, en cierta medida, si resulta sostenible, no solo el sistema público de pensiones, sino toda la economía del bienestar y en general todos los servicios y bienes públicos. Durante décadas la productividad ha crecido sustancialmente en España, pero en los últimos años esta variable se ha detenido y es ahí donde debería centrarse la preocupación acerca de la financiación del Estado social.
La reforma planteada por Escrivá mantiene a la Seguridad Social enclaustrada tras los barrotes de la división de fuentes, por lo que está condenada a malograrse. Se fundamenta, en principio, en la subida de los ingresos, lo que puede ser muy acertado, pero no así la elección del gravamen escogido, las cotizaciones sociales, porque, por una parte, es un impuesto al trabajo y tiene el riesgo de que se desincentive el empleo y, por otra, su progresividad es muy reducida al recaer tan solo sobre las rentas del trabajo.
El incremento de la recaudación tiene que dirigirse por otros derroteros, abarcando un abanico más amplio de tributos, es decir, acometiendo una reforma fiscal en profundidad que este Gobierno en absoluto está dispuesto a emprender. Por otro lado, tampoco hay que descartar que la reducción de determinados gastos públicos colabore a financiar la consolidación del Estado de bienestar. No ciertamente la minoración de la cuantía de las pensiones, sino de otras muchas partidas de los presupuestos que sería conveniente cribar.
La reforma que ha aprobado este Gobierno es más bien una profecía porque se legisla para 2029, incluso para 2050. Es un brindis al sol. En realidad una osadía porque nadie sabe quién ocupará en ese momento el Ejecutivo. El Gobierno se jacta de haber blindado para el futuro el poder adquisitivo de los jubilados. Falso. No es posible garantizar nada. Una ley con otra ley se cambia. En realidad, Sánchez ha dado una patada hacia delante. Salir del paso. Pretende cumplir un requisito frente a Europa, que en la actualidad está en las nubes, y contentar al mismo tiempo, al personal de cara a las próximas elecciones. En el futuro ya veremos. Si hay otro gobierno, que se las componga, y si él gana tiene cuatro años por delante para enmascarar entuertos, sobre todo en los primeros años cuando se esté muy lejos de otros comicios. Lo que se ha aprobado no es una reforma, es un parche.
republica.com 16-3-2023
