Si hay algo que repiten continuamente todos los integrantes del equipo de Sánchez es que hay que devolver la normalidad a Cataluña. No diría yo que la normalidad haya sido precisamente la característica más habitual de esta Comunidad. Es más, el nacionalismo odia la normalidad. No quiere que Cataluña este dentro de la norma, una región más. Ansía que sea especial. Reclama su especificidad, es decir, sus hechos diferenciales que, como es lógico, piensan que son mejores que los hechos diferenciales del resto de las regiones, porque si no ¿para qué se van a demandar con tanto ahínco? Pero, en fin, dentro de esa campaña publicitaria en la que, desde el primer día, Pedro Sánchez ha convertido a su Gobierno, se encuentra el eslogan de la normalización.

La cuestión consiste en saber qué se entiende por normalización, y si no existe el peligro de que, al intentar que en Cataluña reine la normalidad, se termine por imponer la anormalidad dentro de toda España. Desde luego, no es normal que el presidente de una Comunidad Autónoma comparezca para poner verde al jefe del Estado, afirme que rompe todo tipo de relaciones con la Corona y manifieste que ni él ni sus ministros van a acudir a ningún acto al que asista el Rey y, viceversa, no le invitarán a los actos que convoque la Generalitat. Es más, anómalo es que el mismo presidente de la Generalitat participe en las manifestaciones callejeras en contra del jefe del Estado, algaradas que, por otra parte, él mismo había convocado.

Pero tampoco parece muy normal que el presidente del Gobierno de España se llame andana, no respalde al jefe del Estado y haya mantenido al mismo tiempo el encuentro previsto con el presidente de la Generalitat. Está muy bien ser republicano, aún más, yo diría que es lo único razonable, pero mientras el Rey sea el jefe del Estado las injurias contra él son también contra todos los españoles. En buena medida, los golpistas han establecido su estrategia en presentar su actuación no como una rebelión contra el Estado, sino como un enfrentamiento con un gobierno de derechas de ideología franquista. Tras la moción de censura, esta tergiversación ya no es posible de mantener. De ahí que ahora pretendan sustituirla por un desafío a la Corona, aun cuando saben perfectamente que se trata de una monarquía constitucional en la que el Rey no ejerce ninguna competencia. Crean así una situación ambigua, en las que ellos son maestros, que les permite mantener la calumnia y los exabruptos contra España centrándolos en el Rey y dejar así al margen a Pedro Sánchez, como si la guerra no fuese con él de manera que puedan obtener cesiones y ventajas en una posible negociación y presentarse como demócratas en el ámbito internacional. Lo grave es que el hoy presidente del Gobierno admita este doble juego y asuma el papel de niño bueno, dispuesto a pasar por alto todo tipo de ofensas a las instituciones españolas.

Parece también anómalo que en un acto en EE. UU el presidente de una región española insulte gravemente al Estado español., desacreditándolo, tachándolo de Estado antidemocrático en el que no se respetan los derechos fundamentales y en el que existen presos políticos. Lo que sin duda sí fue normal fue la contestación del embajador español, desmintiendo los exabruptos de Torra. No solo anómalas, sino ridículas resultaron por extemporáneas la espantada del presidente de la Generalitat y las intervenciones de los parlamentarios secesionistas pidiendo el cese de Morenés y la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores. Y algo parecido se podría afirmar de las manifestaciones posteriores de Sánchez caracterizadas por la falta de firmeza, eludiendo dar su apoyo al embajador y limitándose a declarar que, como tantas veces había afirmado, no creía que en España hubiera presos políticos. ¡Para chasco! Solo faltaba que el presidente del Gobierno afirmase que los hay. ¿Qué importa que Borrell dé instrucciones a los embajadores sobre el discurso con el que deben responder a los independentistas si el presidente del Gobierno no es capaz de mantenerlo y permite la ambigüedad?

A pesar de que Sánchez nos quiere hacer creer que la anormalidad en Cataluña proviene de que Rajoy no ha sabido dar una solución política al conflicto mediante un diálogo con la Generalitat, lo cierto es que su origen se encuentra exclusivamente en que las autoridades de una Comunidad Autónoma, valiéndose de los instrumentos de poder que le otorgan la Constitución y el Estatuto y la complicidad de ciertos empresarios, medios de comunicación y asociaciones civiles, han dado un golpe de Estado en toda regla. Golpe de Estado que, si bien por el momento ha fracasado, está lejos de estar totalmente desactivado, lo que se nos olvida con frecuencia. Cierta normalidad se estableció cuando, por una parte, actuó la justicia y, por otra, se implantó el artículo 155 de la Constitución, pero normalidad parcial y muy limitada en el tiempo, como parcial y efímera ha sido la aplicación del citado precepto, tal como impuso el PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno de entonces.

A pesar de que en un principio parecía que los independentistas desistían de sus intenciones, muy pronto se vio que no y muchas son las muestras de que no se han movido un ápice de su postura y de que continúan desafiando al Estado. Es mas cada día se encuentran más crecidos. Simplemente esperan mejor ocasión para volver a repetir el golpe. Por eso resulta bastante anómalo que desde el Estado se les vuelva a otorgar el control de la Generalitat. Es cierto que las fuerzas secesionistas ganaron en escaños las elecciones (esas elecciones que se debían haber convocado mucho más tarde), pero eso les da derecho a regir la Comunidad Autónoma, no a continuar con los planteamientos y las actuaciones anteriores y que habían motivado la aplicación del artículo 155.

Pero lo que en realidad ha instalado de forma muy alarmante la anormalidad en Cataluña e incluso en toda España es el funanbulismo y la pirueta practicada por Pedro Sánchez que, de estar en el bando de los que ellos mismos se habían denominado partidos constitucionalistas, en un día cambia de trinchera y pacta con todos los que defienden el derecho de autodeterminación, y en una semana pasa de estar considerando la posibilidad de aplicar de nuevo el art 155, a ser elegido presidente del Gobierno gracias a los votos de los que pretenden romper el Estado. ¿Dónde está ahora todo ese PSOE que prohibía a Sánchez llegar al poder con el apoyo de los secesionistas? ¿Dónde están todos aquellos periodistas y tertulianos que juraban y perjuraban que Pedro Sánchez nunca aceptaría eso?

Quizás no nos damos realmente cuenta de la transcendencia de lo ocurrido en la moción de censura y de la grave situación de anormalidad que a partir de ese día se originó tanto en Cataluña como en el resto de España. La cuestión no radica en que Sánchez no fuese nombrado presidente por el voto de los ciudadanos. En España, de acuerdo con la Constitución, el presidente del Gobierno nunca es elegido por los ciudadanos, sino por los diputados. El problema se encuentra en que ha llegado a la presidencia con los votos de los diputados representantes de los golpistas y, es más, necesitará esos mismos votos (tal como se aprecia ya en el nombramiento de los consejeros y del presidente de RTVE) para todos y cada uno de los acuerdos que pretenda sacar del Parlamento. Sánchez ha dinamitado la frágil unión establecida en el bloque constitucional, y se ha convertido en rehén de los secesionistas.

En estas circunstancias el diálogo y la negociación que pretende implantar Pedro Sánchez con los golpistas no van a contribuir a la normalidad, sino todo lo contrario. Diálogo no es lo mismo que negociación. Dialogar se puede dialogar de todo. La negociación implica un “do ut des”, partida y contrapartida. No todo es negociable. Es más, me temo que en estos momentos en Cataluña hay muy poco que negociar. La negociación con el nacionalismo siempre ha sido de más a más, las concesiones las hacía siempre el Estado, nunca el nacionalismo, puesto que se partía en todos los casos del suelo conseguido, para incrementarlo, jamás para reducirlo.

Parece evidente que el Estado puede realizar muy pocas concesiones en Cataluña si no quiere ir contra sí mismo, bien contraviniendo la ley o la Constitución, bien faltando a la equidad y a la justicia frente a las otras Comunidades, bien concediendo más armas e instrumentos a los independentistas para que la próxima vez no fallen en el golpe. Tampoco los secesionistas parece que puedan ofrecer mucho al Estado como no sea retornar a la legalidad, pero el cumplimiento de la ley ni se negocia ni tiene precio. Ahora bien, Pedro Sánchez sí ha precisado y va a precisar del apoyo de los independentistas todo el tiempo que dure la legislatura, y es difícil no creer que está dispuesto a pagar los peajes respectivos. Las cesiones de Pedro Sánchez van a incrementar la anormalidad política en Cataluña, pero también en toda España.

No parece que ayude a la pretendida normalización que se encomiende la custodia de los golpistas a los golpistas. Esto es lo que esconde el discurso del Gobierno sobre el traslado de los presos a Cataluña. Que esta Comunidad es la única que tiene transferida la competencia en materia penitenciaria. Se afirma que se trata únicamente de aplicar la ley, pero la ley señala tan solo una conveniencia que debe ser evaluada por los ministerios del Interior y de Justicia, de acuerdo con todas las circunstancias. En suma, es una decisión política que en esta ocasión tenía que haber considerado quien se va hacer cargo de los presos en Cataluña, las condiciones a las que van a estar sometidos, cómo pueden participar a partir de ahora en la rebelión que continúa activa y las posibles peregrinaciones de creyentes que va a dar lugar en las cárceles. Razones todas ellas suficientes para mantener a los presos alejados de Cataluña.

Por otra parte, el golpismo no puede tener premio ni se debe beneficiar a una Comunidad en detrimento de las otras, quizás mucho más necesitadas. En realidad, nos movemos en un sistema de suma cero, los recursos que se destinan a un objetivo no se dedican a otro. De ahí que las negociaciones de carácter financiero interterritorial deberían adoptar principalmente la forma de la multilateralidad, lo que odian los nacionalistas que pretenden siempre entenderse en un bis a bis con el Estado al que con frecuencia pueden chantajear. Por eso es bastante relevante la declaración de Pedro Sánchez de no acometer la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, cuestión que paradójicamente el PSOE reclamaba constantemente al anterior Gobierno. Bajo el pretexto de falta de tiempo, que no cuadra con su pretensión de agotar la legislatura, la pretende sustituir por conversaciones con cada una de las Comunidades.

Mano libre para el favoritismo y sobre todo para comprar el apoyo de los nacionalistas, principalmente de los catalanes. De hecho, todos los datos se orientan al mismo punto: el perfil de la ministra de Política Territorial, como si toda la actividad del Ministerio se redujese a Cataluña; el nombramiento de Isaías Táboas como presidente de Renfe, cuya capacidad no deriva, creo yo, de ser historiador, sino catalán, que induce a pensar que el objetivo principal es solucionar las cercanías de Cataluña (lo de Extremadura, aunque su ferrocarril se encuentre a nivel tercermundista, no corre prisa); o los anuncios del ministro de Fomento acerca de eliminar el peaje de las autopistas, que beneficiarán principalmente a Cataluña, y no digamos si se acepta la condonación de la deuda de la Generalitat.

No parece que del encuentro entre Pedro Sánchez y Torra haya surgido el compromiso por parte de este último de acudir a los órganos multilaterales sino que, de acuerdo con las exigencias independentistas, se establecen comisiones bilaterales. No es un mero tema de método, sino de principio. Detrás de ello se encuentra la concepción del secesionismo de que la relación se establece entre dos Estados soberanos. Torra hasta se permite invitar al presidente del Gobierno a una reunión en Cataluña. No resulta muy normal y menos aún que Sánchez no conteste adecuadamente. El lenguaje ambiguo tan querido por los secesionistas es sumamente peligroso.

Los golpistas en ningún momento han desistido de su objetivo, continúan reafirmándose en el 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia y consideran esta etapa como un paréntesis en el que fortalecerse para volver a dar otro golpe de Estado. En esta situación toda nueva concesión o transferencia de competencias supone lisa y llanamente dotarles de más armas e instrumentos para que el nuevo golpe tenga éxito. ¿Estamos ciegos? Mientras permanezcan en esta actitud, el restablecimiento de la normalidad debería provenir más bien de hacer los cambios legales precisos para privar a la Generalitat de aquellas competencias que pueden usarse y de hecho se usan para afianzar el golpismo. Nada impide aplicar de nuevo el 155, puesto que no han variado las condiciones por las que se aplicó la primera vez.

Antes de con el Estado, la negociación que se debería establecer es entre los propios catalanes cuya sociedad y parlamento están divididos en dos mitades enfrentadas y una impone despóticamente sus planteamientos a la otra. El establecimiento de la normalidad debería empezar por ahí. Mientras esa postura consensuada no se produzca, el Gobierno, como afirmó certeramente Arrimadas, no dialogará con Cataluña sino con los independentistas.

republica.com 13-7-2018