Con las cosas de comer no se juega, y hay cosas con las que los políticos nunca deberían jugar. Por ejemplo, con la pobreza. Por eso resultaba tan indignante aquella campaña franquista de “Siente un pobre a su mesa”; por eso también fue tan acertado el film “Plácido” de Berlanga, en el que la denunciaba y ridiculizaba. Y los políticos no deberían jugar con la pobreza extrema que hoy se asienta en los inmigrantes. Por ello parece tan obsceno emplearlos como arma electoral para atacar a la formación política contraria, pero también -y quizás en mayor medida- para utilizar su sufrimiento como propaganda y marketing comercial o político.
Casi nadie se atrevió a decirlo por miedo a ser tachado de xenófobo, o por lo menos de retrógrado, pero la actuación gubernamental en junio pasado con el Aquarius ha sido uno de los muchos actos de hipocresía que cometen los políticos. Los emigrantes importaban poco. Toda la parafernalia estaba montada como un panegírico, a mayor gloria del Gobierno recién formado, para indicar a los ciudadanos lo muy humanitario y progresista que era.
Con tal motivo, el 21 de junio pasado escribí un artículo en este mismo periódico digital que titulé «Aquarius: siente un pobre a su mesa», en el que comentaba este acto de exhibición del Gobierno Sánchez a la luz de la impostura de la campaña franquista y de la denuncia de Berlanga. Al mismo tiempo, señalaba que al tratar con tanta frivolidad un tema de tal envergadura se corría graves riesgos y se generaban múltiples contradicciones. Me planteaba varias cuestiones que el tiempo se ha encargado de contestar.
Qué ocurriría, me preguntaba, cuando tras el Aquarius llegasen nuevos barcos de ONG cargados de emigrantes y se encontrasen de nuevo con la negativa a desembarcar en Italia y Malta. Como era de esperar, España, como si no tuviese bastante con las pateras del Estrecho y las avalanchas de Ceuta y Melilla, se había convertido en la única nación dispuesta a recibir en sus puertos los barcos de las organizaciones no gubernamentales. No hubo que esperar mucho tiempo. Primero fue, en el último día del mes de junio, un barco de la ONG española Proactiva Open Arms con 59 emigrantes a bordo el que cursó su petición de salvamento marítimo. Llamada que fue atendida inmediatamente por Ada Colau, que se apresuraba así a reclamar su derecho a participar en la fiesta humanitaria y su cuota de gloria. Sánchez señaló a Barcelona como puerto de acogida.
Más tarde, a mediados del mes de julio, esta misma ONG pidió a las autoridades españolas permiso para desembarcar en un puerto español a una mujer rescatada junto a los cadáveres de otra y de un niño. En esta ocasión Open Arms apeló directamente a España, sin molestarse en acudir previamente a Italia y a Malta, alegando que no eran puertos seguros. Bien es verdad que Francina Armengol, al ser de la tribu de Sánchez y al no querer ser menos que Colau y Ximo Puig, había ofrecido los puertos de Baleares para el desembarco, desembarco que se produjo finalmente en Mallorca.
Da la impresión de que esta ONG había tomado la medida al Gobierno español, porque en los primeros diez días del mes de agosto, después de rescatar a 87 emigrantes en aguas libias, el buque, por su cuenta, puso rumbo a España, obviando pedir autorización para recalar, como era su obligación, en los puertos italianos y en los tunecinos que eran los más próximos. El Gobierno español, según las protestas de la ONG, tardó cuatro días en contestar y derivó el barco a San Roque (Algeciras), pese a que Proactiva había pedido atracar en Palma, Barcelona o Valencia. La decisión del Gobierno incluía también la negativa a ofrecer los privilegios de acogida que venía concediendo a los barcos anteriores y que constituían una clara discriminación con respecto a los miles de inmigrantes que entraban cada semana por Andalucía, Ceuta o Melilla. Cuando las cosas se hacen mal y por puro postureo, es difícil corregir un desaguisado sin crear otro y así la ONG Proactiva Open Arms puso el grito en el cielo con lo que consideraba ahora un agravio comparativo en el trato dado a estos inmigrantes con respecto a los anteriores.
No se había apagado aún la polémica del barco desembarcado en Algeciras, cuando se inició la tragicomedia del segundo Aquarius. Tragedia por parte de los emigrantes; comedia, principalmente por la de las autoridades españolas. El Aquarius, con 141 emigrantes a bordo, pedía de nuevo puerto seguro para desembarcar. Todas las miradas, como era lógico dados los antecedentes, se dirigieron a España. El Gobierno español en su laberinto, laberinto que él mismo se había fabricado, durante varios días dio la callada por respuesta, para terminar contestando que los puertos españoles no eran puertos seguros por no ser los más cercanos. La respuesta se prestaba a la hilaridad, como si en los casos de los barcos anteriores los puertos españoles hubiesen sido los más cercanos.
Para que la comedia, más bien la farsa, estuviese completa, Torra, cual esperpento, sale a la palestra ofreciendo tres puertos catalanes de poca monta, aquellos que están transferidos a la Generalitat. Con ello ha puesto a Sánchez frente al espejo, uno de aquellos que se encontraban en el Callejón del gato valleinclanesco. Determinados gestos no solo no tienen ningún valor, sino que pueden tenerlo negativo. Se puede ser xenófobo y aparecer como humanitario siempre que sea con el dinero y los medios ajenos. Torra es perfectamente consciente de que las cuestiones de inmigración y de fronteras son competencias exclusivas estatales. Pero a él le importa poco la realidad, sino más bien las apariencias y el postureo. En eso no se diferencia mucho del presidente del Gobierno.
Para culminar la comedia y a los pocos días de su negativa a hacerse cargo del segundo Aquarius, Sánchez se declaró muñidor del acuerdo adoptado entre varios Estados (Alemania, Francia, España, Portugal, Luxemburgo y Malta) para dar solución al problema de los 141 rescatados por el barco de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée. «España ha coordinado un acuerdo pionero con seis países para distribuir la acogida de las personas del Aquarius». El caso es presentarse como protagonista y usar el botafumeiro. El ridículo se produjo cuando Macron hizo público que el acuerdo partió de una iniciativa franco-maltesa, dio las gracias a Malta por su gesto humanitario y no mencionó en absoluto a España. Poco después era Malta la que confirmaba la tesis de Francia y elogiaba la función de intermediación de las autoridades europeas sin acordarse mínimamente ni de Sánchez ni de España. En fin, todo un sainete.
Aun cuando algún diario se ha deshecho en alabanzas respecto al acuerdo, lo cierto es que no deja de ser un parche que muestra la extrema debilidad de la Unión Europea. El acuerdo, por no ser, no es ni siquiera original. La solución adoptada se basa en la que se dio en su día al Lifeline, un barco de la ONG alemana Seenotrettung que a finales de junio tuvo que esperar seis días a que Malta le permitiese atracar con 238 personas a bordo y tan solo después de que ocho países se pusiesen de acuerdo para recoger a parte de los emigrantes. En este tema, como en otros muchos, la incapacidad de la Unión Europea es evidente. Se limita a ir de remiendo en remiendo, en una huida hacia adelante, sin enfrentarse en serio con los problemas.
El Gobierno español, como de costumbre, cae en el triunfalismo. Se pone orejeras y pinta la realidad a su antojo y conveniencia. En el colmo del delirio, continúa afirmando que su gesto de junio con el Aquarius ha sido el detonante que ha obligado a Europa a enfrentarse con el problema. Pero el detonante ha sido más bien la negativa de Italia a admitir en sus puertos a los barcos de las ONG cargados de emigrantes, y la postura española lo único que ha hecho ha sido retrasar el planteamiento del conflicto; al igual que el acuerdo actual con el Aquarius II consiste tan solo en tirar balones fuera, para tener que replantearse la cuestión en la próxima ocasión, que ya se ha presentado. Resulta un tanto sorprendente que teniendo España un gran problema migratorio en sus costas, el Gobierno se adentre y se entrometa en los problemas que se producen en la otra punta del Mediterráneo.
En el artículo del 21 de junio señalaba yo el cabreo que debía de tener la presidenta de la Junta de Andalucía al contemplar la comedia que se montaba en Valencia con el Aquarius, cuando a las costas andaluzas llegaban en un solo día un número igual o mayor de inmigrantes que los que transportaba el barco, sin que se le diese ningún bombo, y sin el trato privilegiado que se concedía a los ocupantes del Aquarius. El malestar ha debido ir en aumento, apropiarse de toda Andalucía y extenderse a Ceuta y a Melilla, cuando prosiguieron los desembarcos, incluso señalando como destino de uno de ellos, Algeciras (como si esta ciudad no tuviese ya bastante con las pateras que llegan a sus costas) y, sobre todo, cuando el Gobierno central, tan preocupado de su imagen internacional y de sus operaciones de marketing, se niega a facilitar fondos y recursos para paliar los problemas de la inmigración en el sur de la península.
La irritación de la Junta de Andalucía seguramente ha crecido en intensidad ante el fracaso de la reunión que las Comunidades Autónomas celebraron con el propósito de repartir los inmigrantes menores no acompañados que se agolpan en el sur de España carentes de las instalaciones y los medios necesarios. Parece ser que la solidaridad y la humanidad tan publicitadas por algunos solo es efectiva cuando sirve como propaganda, puesto que la reunión terminó sin resultados y sin que el Gobierno central impusiese la necesaria distribución. Curiosamente se repitió la situación de desencuentro europeo. Si es grave que los países miembros de la Unión Europea no se pongan de acuerdo en el tema de la inmigración, resulta mucho más grave y sin duda incomprensible que no lo hagan las Comunidades Autónomas de un mismo país. No deja de ser paradójico que Sánchez se disfrace de hombre de Estado y se jacte de solucionar el problema migratorio de la Unión Europea cuando es incapaz no de solucionar sino siquiera de dar un paso en los retos que este mismo fenómeno genera en España.
La demagogia siempre es inadmisible, pero mucho más cuando se juega con la miseria y la precariedad de los emigrantes. Los desafíos que la inmigración plantea tanto a Europa como a España son sumamente complejos y no se pueden afrontar desde la frivolidad o desde el buenismo, sobre todo cuando los que se utilizan son los recursos o el bienestar de los demás. Resulta imprescindible considerar los parámetros económicos implicados, y considerarlos con objetividad, con realismo, prescindiendo de todo voluntarismo. Me propongo hablar de ello en un nuevo artículo, tal vez la próxima semana.
republica.com 24-8-2018
