Como es sabido, el 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña, en una sesión en extremo insólita (se ausentaron de la Cámara Ciudadanos, PP y PSC), aprobaba la declaración unilateral de independencia, que tan solo fue leída por la presidenta de la mesa sin intervención de miembro alguno del Govern. Pocas horas después, Rajoy anunciaba la entrada en vigor en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, con un punto sorpresa, el de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre siguiente. En una tribuna dedicada a analizar la problemática del citado artículo y publicada en este mismo diario digital el 2 de noviembre, señalaba yo los riesgos que podían derivarse de esa convocatoria tan apresurada:
«Quizás haya que buscar en estos escrúpulos del PSC y en el oportunismo de Ciudadanos -formación que cree tener buenas expectativas electorales- la urgencia en convocar desde el primer momento elecciones autonómicas. Convocatoria a todas luces precipitada y a ciegas porque se desconoce la situación en la que la sociedad catalana puede encontrarse dentro de 54 días. Se supone que el objetivo del artículo 155 no es la convocatoria, de cualquier modo, de elecciones, sino el regreso a la legalidad. La convocatoria de elecciones es tan solo el final lógico de esa normalidad conseguida, pero no puede precederla… La convocatoria de elecciones para una fecha tan próxima, el 21 de diciembre, plantea muchos interrogantes. Tras lo que ha costado llegar hasta aquí, no parece razonable quedarse a mitad del camino y encontrarnos con que a los tres meses estamos de nuevo en el inicio del problema… Son muchos años de errores, de cesiones y de inhibiciones del Gobierno español y de sectarismo de las instituciones catalanas… Sin duda, no es fácil invertir todo esto y menos a corto plazo… Existe, desde luego, el peligro de que se quieran convertir de nuevo estas elecciones de autonómicas en plebiscitarias, y si los resultados son los mismos, de que retornemos al principio».
Por desgracia, los pronósticos se cumplieron. Los partidos independentistas, aunque perdieron en votos, ganaron en escaños (cosas de la ley electoral) y eso fue suficiente para que les faltase tiempo para interpretar en clave plebiscitaria que los comicios les habían dado la razón, lo que transmitía los peores augurios para el futuro. Unos días después de las elecciones (el 28 de diciembre) me preguntaba de nuevo desde este mismo diario ¿y ahora, qué? y manifestaba mi creencia de que se iban a producir múltiples contradicciones y situaciones caóticas:
«Lo cierto es que el hecho de haber convocado con tanta premura las elecciones nos adentra en una situación kafkiana, difícil de asimilar. Quiérase o no, se van a entremezclar los sucesos políticos y los judiciales… Nadie discute que los jueces deben actuar con criterios estrictamente jurídicos y al margen de cualquier suceso político. Los votos pueden lavar en todo caso la responsabilidad política, pero nunca la penal. No obstante, eso no es óbice para admitir que la situación va a ser en extremo complicada y que los sediciosos van a querer utilizar los resultados electorales para librarse de las condenas…».
Todo esto era previsible, así como que se entablaba una partida de ajedrez sumamente compleja; lo que no estaba previsto es que uno de los jugadores a mitad de la partida se cambiase de bando y además se llevase las fichas y el tablero. La actitud saltimbanqui de Sánchez, que a los tres días de llamar xenófobo a Torra se apoya en los golpistas para llegar al gobierno, crea un escenario tan sumamente distorsionado que nada es lo que parece y se pueden producir las mayores incongruencias, comenzando por la mayor de ellas, la de estar obligados a preguntarnos ante cada acontecimiento en qué bando están situados Sánchez y su Ejecutivo. En el tema de Cataluña todas sus posturas han pasado a ser sospechosas, al tener que apoyarse en los sediciosos para mantenerse en el poder y para dar cualquier paso en sus actuaciones de gobierno.
De ahí en adelante, lo que se quiera. Llevamos tres meses de desatinos. Los golpistas, custodiados en las cárceles que dirigen los golpistas; el representante del Estado en Cataluña que afirma que hay que destruir el Estado, y que pretende vetar la presencia del jefe del Estado en Cataluña; golpistas huidos que cobran un sueldo del erario público; Ayuntamientos e instituciones haciendo proclamas públicas a favor del golpe y colocando todo tipo de señales con claro sentido denigratorio del Estado; la policía que actúa con total pasividad frente a los que ponen lazos insultando a España, pero identifican y confiscan el material a los que se deciden a quitarlos. Podríamos continuar con la relación, pero todo esto es de sobra conocido y nos quedaríamos siempre cortos.
No obstante, se ha producido un acontecimiento que, por su extrema trascendencia y por las consecuencias que puede tener de cara al futuro, hay que situar en primer plano. Me refiero a la demanda judicial en Bélgica contra el juez Llarena y todo lo que la ha rodeado. No insistiré en el comportamiento anormal de la justicia belga dando curso a una demanda civil que no tiene ni pies ni cabeza, presentada por unos ciudadanos “españoles” prófugos de la justicia “española” que aparentemente denuncia a un magistrado del Tribunal Supremo de “España”, casualmente el que le está juzgando en un proceso penal, pero que en realidad es un panfleto contra el Estado “español”, que se supone miembro de la UE. ¿Qué pinta la justicia belga en todo esto? En Bélgica todo es posible, y en la UE también. ¿Pero cómo quieren que no se incremente el euroescepticismo?
Pero más allá de Bélgica y de la UE, la profunda gravedad del tema reside en la reacción del Gobierno y, por qué no decirlo, también de la formación política Podemos. El Consejo del Poder Judicial (CPJ), como no podría ser de otra forma, concedió amparo al juez Llarena, en un escrito sumamente duro en el que mantiene que la denuncia presentada tiene como único fin condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales. Considera difícil que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español y añade que cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de Derecho. El CPJ comunicó su escrito a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia “para que adoptasen las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.
Es difícil pronunciarse acerca del celo que el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya tomado en el empeño (el mundo diplomático siempre es recóndito y difícil de descifrar), pero lo que sí se sabe es que la eficacia conseguida frente al Gobierno belga ha sido más bien escasa, por no decir nula, lo que puede ser un toque de atención para todos aquellos entre nuestros gobernantes que van jactándose de ocupar un puesto muy relevante en el ámbito europeo. Lo que, sin embargo, sí ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la postura adoptada por el Ministerio de Justicia que, mediante un comunicado, se desentendía de la defensa del juez Llarena, con la excusa de que la demanda se dirigía contra manifestaciones privadas del magistrado.
La ministra, incomprensiblemente, caía en la trampa urdida por los golpistas que, para atacar al Estado español y negar su carácter democrático y de derecho, se valían de una triquiñuela jurídica, demandando civilmente al juez español. Es evidente que a quien se demanda no es a Pablo Llarena, ciudadano, sino a Llarena, magistrado del Supremo e instructor de la causa que se sigue contra los golpistas. Es incuestionable que solo así, en su calidad de magistrado, el juez Llarena podría haber infligido el daño que se le atribuye sobre el honor, sobre la integridad moral y sobre el fundamento de la acción política de los demandantes. Las manifestaciones de Llarena a los medios de comunicación del 22 de febrero pasado en Oviedo se citan en la demanda tan solo como coartada y como ejemplo de la falta de imparcialidad del juez, pero esa falta de imparcialidad, suponiendo que la hubiese habido, poca importancia podría tener si Llarena fuese tan solo Pablo Llarena y no magistrado del Supremo, o no estuviese llevando la instrucción de los golpistas. Las palabras del juez, aun trastocadas de forma torticera, eran de lo más inocuo. ¿Se podría esperar que afirmase que en España había presos políticos?
Es más, dado que, en España, digan lo que digan los sediciosos, el Estado de derecho es en extremo garantista y existen infinidad de recursos, recursos cuya totalidad han ido utilizando y perdiendo los sediciosos, el juez Llarena solo podría haber cometido las felonías de que se le acusa contando con la complicidad de la Fiscalía y de todo el Tribunal Supremo. Se precisaba, por tanto, elevar el tiro por encima del magistrado y acusar a todo el sistema judicial y al Estado, presentándolo como no democrático y violador de los derechos fundamentales. La demanda es casi un panfleto que no escatima insultos y descalificaciones sobre el Estado español, hasta el punto de compararlo con Kazajstán. Hemos llegado al verdadero quid de la cuestión, la intención de los sediciosos es la de utilizar a la justicia belga para montar una farsa que desprestigie y desacredite internacionalmente a la democracia española. Lo indignante es que la justicia belga entre en el juego, y más irritante aún que la ministra, no se sabe con qué intenciones, minimizase el tema y lo quisiera convertir en un asunto privado del juez Llanera. Es el Estado, estúpidos, es el Estado.
El intolerable comportamiento de la ministra no se puede atribuir a la ignorancia, ya que contaba sobre su mesa con dos informes, uno de la Abogacía del Estado de su propio departamento y otro de la Abogacía General del Estado (antiguamente, Dirección General de lo Contencioso), y ambos dejaban perfectamente clara la intención de la demanda y la necesidad de que el Estado se personase no solo en defensa del Estado español, sino del juez Llarena, porque resultaba imposible separar una de la otra. Especial importancia reviste el informe de la Abogacía General del Estado, ya que la competencia de este órgano, al igual que la de la Intervención General del Estado, trasciende el ámbito de un ministerio para insertarse en el de la totalidad del Gobierno. En escasas ocasiones un ministro se ha atrevido a actuar contradiciendo un dictamen de la Abogacía General del Estado. El sectarismo de la ministra ha llegado hasta el extremo de indignarse porque tales informes se habían filtrado e iniciar una verdadera caza de brujas, sin percatarse de que tales documentos deben ser públicos y conocidos.
No es extraño, por tanto, que la decisión de la ministra incendiase a la totalidad del mundo judicial. Jueces y fiscales mostraron por todos los medios su disconformidad y descontento. Esta movilización se debe, sí, al convencimiento de que la defensa del Estado español exigía la defensa del magistrado, pero también a una razón práctica de justicia. La decisión del Ministerio representaba un antecedente muy peligroso. Cualquier delincuente a partir de ese momento, para defenderse, podría actuar judicialmente contra jueces y fiscales y estos en su ejercicio como servidores públicos no contarían para su defensa con el apoyo del Estado. En el extremo, esta situación de indefensión podría influir en la independencia judicial. Es más, de alguna manera es posible que la intranquilidad se extienda a otros colectivos de funcionarios como inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, etc.
Ante el incendio producido, la vicepresidenta asumió el puesto de bombero que, como es habitual y nos tiene acostumbrados desde su época de ministra con Zapatero, empeoró la situación al intentar solucionar el entuerto. Afirmó que la defensa del juez Llarena no correspondía al Gobierno, sino al CPJ, ignorando que existía un convenio firmado con este órgano constitucional por el que el Gobierno se hacía responsable, mediante la Abogacía del Estado, de la defensa de los jueces.
Al final, el Gobierno ha tenido que corregirse a sí mismo y prometer que va a defender con todos sus medios al juez y al Estado, pero la rectificación no aleja las preguntas ni las sospechas. ¿Cuál ha sido la razón de un comportamiento tan sectario del Gobierno? La versión más inocua sería pensar que obedece a los rencores personales de la ministra contra el Supremo, derivados de su amistad con el juez Garzón. Desde luego, ciertas actuaciones posteriores, como dar a conocer el contrato firmado con el despacho de abogados encargados de la defensa en Bélgica, así como su importe, haciendo pasar lo que era una provisión de fondos por un precio definitivo, y lo que va orientado a proteger en el extranjero los derechos y la soberanía del Estado español por el precio de la defensa de LLarena, dan lugar a ello. Parece bastante claro que la ministra pretendía alentar las críticas y exabruptos de los demagogos, aquellos que actúan como si fueran la sucursal de los golpistas en el resto de España.
Pero puede haber una versión más preocupante. La intención del Gobierno de ir preparando el camino para un cambio de rumbo en el proceso, mediante la corrección en las calificaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Habrá quien afirme que esto es pensar tendenciosamente, pero también dijeron en su momento que Sánchez no llegaría jamás al Gobierno con el apoyo de los independentistas (entonces aún no eran golpistas), pero llegar, ha llegado, y se mantiene gracias a ellos.
republica.com 13-9-2018
