En el clan de Pedro Sánchez se ha hecho rutina utilizar como amuleto determinadas palabras, que repiten todos como papagayos. Ahora emplean la palabra “cacería” para indicar que el Gobierno, según ellos, padece el acoso de la oposición y de la prensa. Resulta chusco que el Pedro Sánchez del “no es no” hable de caza. Hace unas semanas refiriéndose a Cataluña empleaban la palabra “normalizar”. Parece que ya no la usan, lo cual es lógico porque la situación en Cataluña se puede calificar de todo menos de normal. Ahora han cambiado a la palabra “apaciguamiento”, que les sirve de excusa para hacer todo tipo de concesiones a los secesionistas, aquellas que son necesarias para que Sánchez continúe en el gobierno.
El tema viene de lejos. Durante todo el tiempo que Pedro Sánchez ha estado en la oposición ha usado el procés para arremeter y criticar al Gobierno de Rajoy, situándose en la equidistancia, en esa tercera vía en la que siempre se ha colocado el PSC. Cada vez que condenaba a los golpistas se creía en la obligación de acusar al Gobierno de no practicar el diálogo y de haber judicializado la política, mantra que todos sus acólitos han repetido hasta la saciedad. A la luz de los últimos acontecimientos, este reproche de judicializar no deja de ser chusco en boca de un presidente que tiene a su gobierno trufado de ministros pertenecientes a la Administración de justicia.
El contraste es aún más llamativo si se consideran las manifestaciones que de forma premeditada y en cascada han hecho algunos de los miembros del equipo de Pedro Sánchez acerca de la conveniencia de que los presuntos golpistas no continúen en prisión preventiva, lo que ciertamente no significa una judicialización de la política, sino una politización de la justicia, y un intento en definitiva de presionar al juez instructor. Es más, esta postura del Gobierno no puede por menos que tener efectos en el extranjero, en el objetivo número uno de los golpistas, lo que llaman internacionalizar el proceso. Es el propio Gobierno el que cuestiona los acuerdos del Tribunal Supremo, y da la razón así a los que fuera de España, bien desde la administración de justicia o bien desde la prensa, ponen en duda el funcionamiento correcto de las instituciones españolas.
“El problema de Cataluña es político y no penal”. No se entiende bien esa afirmación de los golpistas que ha hecho suya también el Gobierno de Pedro Sánchez. El problema siempre ha sido político, pero además de político pasó a ser penal cuando los nacionalistas se hicieron golpistas y pretendieron segregar unilateralmente de España una parte de su territorio, transgrediendo la Constitución, el Estatuto y todo el ordenamiento jurídico español, y en contra de al menos la mitad de los catalanes y de casi la totalidad de los españoles.
Querer solucionar un golpe de Estado con diálogo es el colmo de la ingenuidad. Mientras que Pedro Sánchez ha estado en la oposición podía reivindicar el diálogo sin mayor concreción, incluso cuando los independentistas afirmaban que lo único que estaban dispuestos a negociar era la celebración de un referéndum de autodeterminación o bien dando un paso más allá pactar cómo tenía que desarrollarse el proceso de segregación de Cataluña de España. Ahora que ya está en el gobierno y le corresponde poner en órbita ese diálogo que tanto ha demandado, se encuentra con que el rey está desnudo, es decir, que la negociación está vacía de contenido o, lo que es peor, que todo el diálogo se reduce a una serie de concesiones por parte del Estado sin recibir nada como contrapartida, porque en el fondo nada pueden ofrecer los independentistas al Estado español, excepto cumplir la ley y la Constitución, pero eso debe hacerse sin compensación y sin obtener premio alguno. Otra cosa es lo que puedan ofrecer a Pedro Sánchez, esto es, garantizarle la permanencia en el gobierno.
Los independentistas no se engañan, saben que tienen de rehén a Sánchez, y que les debe el gobierno. A pesar de que mantienen viva su reivindicación máxima, el derecho de autodeterminación y la República, y que lo repiten y reclaman cada poco, saben que no está en manos de Sánchez concederlo, pero ello no es óbice para que estén muy contentos con el llamado diálogo, puesto que está constituyendo un maná de favores y prebendas.
El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez constituye claramente una quiebra de la equidad respecto a las otras Comunidades Autónomas. El presidente del Gobierno, a pesar de que lo había prometido en la oposición, ha renunciado a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica. La razón hay que buscarla en su aspiración de tener las manos libres para establecer relaciones bilaterales con la Generalitat, condición sine qua non de los independentistas, ya que no quieren ni oír ni hablar de plataformas multilaterales.
Según la ministra de Política Territorial, que parece más bien ministra exclusivamente para Cataluña, hay más de 20 mesas de diálogo, lo que representa 20 plataformas para el victimismo y la reivindicación, y 20 canales por los que las cesiones y las dádivas del Estado irán a parar a la Generalitat desviando recursos de otras finalidades y destinos. El victimismo tiene tanta o menos razón cuanto que el sistema actual de financiación autonómica fue diseñado por Zapatero y Montilla de acuerdo a las conveniencias de la Generalitat.
La gravedad de estas cesiones se incrementa al considerar que el Gobierno de Sánchez ha renunciado a controlar las cuentas de la Generalitat y no pueden garantizar que los recursos transferidos no se orienten a favorecer la independencia: constituir nuevas embajadas, subvencionar a las llamadas asociaciones civiles -que son instituciones encargadas de promocionar la independencia y dirigir la rebeldía-, ayudas a la prensa para que hagan propaganda del procés, nombramientos de afines, etc.
El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez se orienta a ampliar las competencias de la Generalitat, lo cual resulta ciertamente difícil, dado el nivel de autogobierno que tiene Cataluña. El presidente del Gobierno, ante la petición de independencia de los secesionistas, sabiendo que tal demanda está fuera de cualquier posibilidad, se ha escudado en la ampliación del autogobierno. Ha comenzado por plantear la retirada de los recursos que el anterior Ejecutivo había interpuesto ante el Tribunal Constitucional sobre determinadas leyes propuestas por la Generalitat. El problema no es si contienen o no medidas sociales, sino si la Generalitat tenía o no competencia para aprobarlas. Si son anticonstitucionales, no parece lógico que el Gobierno de la nación se inhiba y dé por bueno el ejercicio por parte de una Comunidad de unas competencias de las que carece. Si se está de acuerdo con las medidas sociales contenidas en esas leyes, lo coherente es que se aprueben para toda España y que no se apliquen solo en Cataluña, sobre todo cuando la Generalitat demanda dinero continuamente al Estado.
Tampoco parece correcto que el doctor Sánchez asuma el discurso falaz de los secesionistas acerca del último estatuto de autonomía, situando en la sentencia que sobre él dictó el Tribunal Constitucional el origen de todo el conflicto. Y menos honesto es aún que prometa la aprobación de un nuevo estatuto incorporando los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, sabiendo que son anticonstitucionales y que su partido solo cuenta con 84 diputados.
Todos los gobiernos de la democracia, cuando han estado en minoría, han cedido al chantaje de los nacionalistas comprando su apoyo en el Parlamento de Madrid mediante nuevas transferencias y prebendas. Es indudable que las cesiones de todos estos años se encuentran en el origen de los problemas actuales, pero en descargo de esos ejecutivos se puede aducir que quizás no eran conscientes de lo que iba a venir después, ya que entonces los nacionalistas no habían traspasado aun la raya. La situación ahora es muy distinta; la gravedad, mucho mayor. Sánchez y sus acólitos no tienen disculpa cuando han presenciado todo lo que ha ocurrido estos años, y son conscientes de que el golpe continúa vivo. Los secesionistas aprovecharán la primera oportunidad que tengan para repetir la rebelión. Concederles más competencias y medios es armarles y equiparles para que la próxima vez tengan éxito.
El diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez conduce a que el Estado esté ausente de Cataluña y a que se vea obligado a guardar total silencio ante el caos que reina en esta Comunidad, sufriendo toda clase de humillaciones. El Gobierno es incapaz de contestar a las bravatas del independentismo. Acepta que los secesionistas impongan el orden del día en las reuniones, aunque en él se incluya del derecho de autodeterminación. El presidente de la Generalitat arremete permanentemente contra el jefe del Estado con la total permisividad del Gobierno y de su presidente que, al mismo tiempo, recibe a Torra, aun cuando este había puesto un veto para que el rey no fuese a Cataluña.
El Gobierno de Sánchez está consintiendo que en Cataluña reine la anarquía y el gobierno despótico y violento de los comités de defensa de la república. Se han adueñado de las calles, ensucian todos los espacios públicos con lazos amarillos e impiden por la fuerza que discurra con normalidad, aun cuando esté plenamente autorizada, toda otra manifestación con la que no comulguen. Cortan carreteras, autopistas y las vías del AVE. Se adueñan de edificios oficiales y asedian y asaltan el Parlamento. Todo ello de forma muy pacífica, solo hay que contemplar las imágenes… Tan pacifica como las acciones llevadas a cabo el 1 de octubre del año pasado. No en vano son los mismos, solo que entonces se llamaban comités de defensa del referéndum. Cuentan con la complicidad de las autoridades de la Generalitat, que han distorsionado el funcionamiento normal de los mossos, hasta el punto de suscitar las críticas y las quejas de todos sus sindicatos.
Cuentan, si no con la complicidad, sí al menos con el silencio del Gobierno de Sánchez y de la Fiscal General del Estado que parece que se encuentra de vacaciones y casi se puede dudar de si la plaza está ocupada. Supongo que el diálogo del apaciguamiento del doctor Sánchez hace imposible que se califique a los comités de defensa de la república de agrupaciones criminales, pero lo cierto es que la definición que el artículo 570 bis del Código Penal ofrece de esta figura delictiva les viene como anillo al dedo.
republica.com 12- 10-2018
