El independentismo catalán y el Gobierno Frankenstein nos tienen acostumbrados a lo insólito. Pues he aquí que, a pesar de ello, siempre logran sorprendernos, porque cada disparate es mayor que el que le precede. La última ocurrencia consiste en requerir la nacionalización de Nissan. Nada más y nada menos que una multinacional japonesa. El primero en lanzarse a la piscina parece haber sido el portavoz de Esquerra Republicana y, como se trata de nacionalizar, habría que preguntarle a cuál de las naciones se refiere, si a la española o a la catalana. Puestos a soñar empresas imperiales es posible que esté dispuesto a proponer también la invasión por la grandiosa nación catalana de Japón y su anexión posterior como colonia. Reinventando la historia, puede llegar a descubrir que, en algún momento, el imperio del sol naciente y otros similares pertenecieron al condado de Barcelona.

Rufián quiere ceder la fábrica en régimen de cooperativa a los trabajadores. Menudo regalo. Debe de pensar que las multinacionales del sector de la automoción se reproducen, como las estrellas de mar, por arquitomía. De un solo brazo fragmentado puede salir un individuo completo. Rufián cree que de una fábrica abandonada podemos extraer por la fuerza y la virtualidad del independentismo una Nissan pequeñita lista para mantener el empleo de 23.000 trabajadores, producir los coches más ecológicos del mundo y al precio más atractivo. Por supuesto, sin que importen el capital del que se disponga, las patentes, las marcas y la tecnología con la que se cuenta, el nicho que se posee en el mercado y los canales de distribución, y todo ello en uno de los sectores más competitivos del mundo, aunque al mismo tiempo de los más concentrados y en el que las economías de escala son fundamentales. Las limitaciones de la Unión Europea tampoco existen; en todo caso, carecen de importancia. ¿Pero en qué país viven?

El señor Rufián es muy joven para poder recordar, y por lo visto no ha tenido demasiado tiempo para documentarse, pero el sector público español ya tuvo una empresa de automoción, SEAT, reliquia del franquismo, nacida a la sombra de FIAT e incardinada en el holding INI. Dado que carecía de la tecnología y de los canales adecuados de distribución, y teniendo en cuenta la progresiva internacionalización del mercado del automóvil, SEAT resultó inviable en cuanto España se abrió a los mercados extranjeros. Su privatización, sin entrar a valorar la forma en que se llevó a cabo, fue inevitable. Se vendió a Volkswagenen 1986. ¿Qué decir después de 34 años, en los que la globalización se ha impuesto, el mercado del automóvil se ha integrado totalmente y nosotros pertenecemos a la Unión Europea?

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, muy seguro de sí mismo y cargado de razón, ha lanzado un tuit en el que afirma que «Nacionalizar Bankia para salvar un banco es de estadista; nacionalizar Nissan para salvar a 23.000 trabajadores es de comunista». Si yo fuese comunista me sentiría ofendido porque proponer nacionalizar Nissan no es de comunistas, sino de berzotas e ignorantes, eso sí con mucha prepotencia, y sin ser conscientes de su condición. Pero, de verdad, ¿son estos los que quieren crear el estado catalán? Lo malo es que no solo rigen la Generalitat, sino que están condicionando el gobierno de España.

Por otra parte, es difícil de entender el problema que algunos tienen con las entidades financieras. Rufián afirma con cierta ignorancia que Bankia se nacionalizó para salvar un banco. Por lo visto, los bancos no tienen trabajadores a los que rescatar. Pero es que, además, Bankia nunca se nacionalizó, se creó ya con carácter estatal y no para salvar un banco sino a una serie de cajas de ahorro que se encontraban prácticamente en quiebra. No tenían detrás a accionistas, asquerosos capitalistas, indignos de merecer el auxilio público, sino a trabajadores, a depositantes y demás acreedores, en muchos casos empresas, que a su vez se hubiesen visto arrastradas por la caída de las cajas y dejado en el paro a multitud detrabajadores. Eso es lo delicado y específico de las entidades financieras, que su quiebra conlleva la de otras muchas corporaciones y, en ocasiones, la de otras entidades financieras, transmitiéndose a toda la economía nacional en forma de dominó. Al final, no queda otro remedio más que socializar pérdidas. Por ello, su vigilancia resulta trascendental, ya que cuando se hunden terminan costando el dinero a todos los ciudadanos. Y entonces ya no tiene sentido llorar por la leche derramada.

Detrás de la crisis de las cajas de ahorro no ha habido banqueros, sino políticos, políticos de todos los signos. Constituye un triste legado para la izquierda, que vio diluirse la posibilidad de contar con una banca estatal. Fue mi primera desilusión respecto al partido socialista recién llegado al gobierno y también mi primera discrepancia, el tratamiento dado a las cajas de ahorro al poco tiempo de ganar las elecciones en 1982. Renunciaron a crear con ellas una potente banca pública. Mediante la Ley de órganos rectores de 1985, las dejaron en manos de las Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que se las configuró como presas fáciles del caciquismo local y se las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza -ni públicas ni privadas- las hizo totalmente vulnerables ante la recesión de 2008, en curioso contraste con la crisis bancaria de los años ochenta, en la que sufrieron mucho menos que los bancos, ya que fueron estos los que necesitaron en mayor medida la ayuda estatal.

Es posible que la razón por la que al portavoz de Esquerra Republicana no le guste el rescate de Bankia se encuentre en que los trabajadores y depositantes no eran catalanes, sino principalmente madrileños y valencianos. Pero habrá que recordarle que, en términos relativos, el mayor agujero al erario público no lo ha causado Bankia sino Caixa de Cataluña. Esta entidad, ahora en manos del BBVA, costó al Estado alrededor de 12.000 millones de euros, seguramente más en términos absolutos que la aportación a Bankia, si descontamos su valor actual. Pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta el volumen de ambas entidades, el pufo de la Caixa fue al menos cuatro veces mayor que el que puede resultar de Bankia. La diferencia, para que el portavoz de Esquerra no haya reparado en ella, puede estar en que era catalana y al frente de la entidad no estaba ningún gánster de la derecha, sino un prohombre del PSC como Narcis Serra.

Lo mejor que el independentismo catalán puede hacer en el tema de Nissan es examen de conciencia y procurar enmendarse de cara al futuro. No digo yo que la causa única de la marcha de Nissan estribe en el procés. Son, sin duda, muchas las variables que han podido influir en una decisión tan complicada como esta, e inserta en una estrategia de mercado de una multinacional de tales dimensiones. Habría que preguntarse incluso si la política medioambiental de la Unión Europea, comparativamente mucho más rígida que la de otras latitudes, no tiene su influencia. Pero, en cualquier caso, la inseguridad que la presión independentista ha instalado en Cataluña no ayuda precisamente.

El referéndum del uno de octubre y sus secuelas expulsaron de Cataluña a una parte considerable de su tejido empresarial, no solo por el número sino por la relevancia de muchas de las compañías que modificaron al menos su domicilio social. Otras, como las del sector de la automoción, de más difícil deslocalización, no tuvieron más remedio que quedarse, pero eso no quiere decir que permanezcan impasibles e indiferentes ante las pérdidas que sufren cada vez que a unos niñatos se les ocurre cortar las carreteras y las autopistas o cuando el muy honorable decide encabezar una marcha por la libertad. El “apreteu, apreteu” estará anotado en la memoria de sus responsables, y la amenaza de inestabilidad se encontrará presente cada vez que una multinacional tenga que tomar una decisión acerca de la localización de sus empresas.

La estulticia de la izquierda catalana ha llegado hasta el extremo de que hace tan solo unos días la teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, en un coloquio organizado por el periódico digital Cicloesfera, manifestó que había que aprovechar la caída de la actividad por el coronavirus y evitar que se reactivase la industria del automóvil. Ahora o nunca, exclamó. Hay que trasladar a los trabajadores a sectores más limpios. Pues bien, ahora. Solo para empezar, va a tener 23.000 parados que reciclar. A ver cómo limpia los puestos de trabajo. Digo que para empezar porque este sector representa en Cataluña el 10% de su valor añadido, y si ella y otros como ella continúan por esa senda los candidatos al desempleo van a ser innumerables.

La estulticia no es privativa de Cataluña, o al menos se contagia al resto de España. Las pláticas de la vicepresidenta cuarta (hay que llevar la cuenta con tantas vicepresidencias para no perderse) tampoco deben ayudar mucho a que la industria del automóvil permanezca en España. Claro que, tal como propone el niño Errejón respecto de Nissan, siempre nos quedarán las nacionalizaciones para reorientar la producción hacia la movilidad sostenible fabricando autobuses verdes o paneles solares. Ale, a llenar Españade autobuses verdes y paneles solares.

El vicepresidente segundo (creo que es el segundo) afirma que, de acuerdo con la Constitución española, las nacionalizaciones son perfectamente posibles. No cabe ninguna duda, pero lo que hace falta es que sean también posibles desde el punto de vista económico y, sobre todo, que sean convenientes. También acierta cuando añade que no son de izquierdas o de derechas. El franquismo fue adalid en esto de nacionalizar. Convirtió al sector público en la cloaca del sector privado. Como buena dictadura populista, se hacía cargo de empresas en pérdidas para evitar la quiebra y la consiguiente conflictividad laboral. En los años que llevamos de democracia tanto el PSOE como el PP, si se exceptúa el caso de las entidades financieras, se han dedicado más a privatizar que a nacionalizar. Así nos hemos quedado sin todas aquellas empresas públicas que eran rentables (algunas de ellas muy rentables). Las nacionalizaciones, por el contrario, cuando han existido, siempre han estado orientadas a asumir pérdidas. Un caso que sin duda viene a cuento señalar por la semejanza que guarda con la actual situación de Nissan fue la nacionalización en 1994 por la Junta de Andalucía de la factoría de Linares, tras su abandono por la multinacional Suzuki. Constituyó un agujero sin fondo en el que enterrar dinero público tanto de la Junta como del Estado, hasta que se terminó cerrando en 2011.

En principio, no solo las nacionalizaciones, sino en general todo lo que se denomina ayudas de Estado, están proscritas en la Unión Europea. Aunque siempre ha habido excepciones, como por ejemplo la de las entidades financieras, y sobre todo si afecta a los países miembros más importantes, como Alemania. En este momento, con la crisis del coronavirus se ha abierto la veda. La Comisión lleva ya autorizadas toda clase de ayudas por importe de dos billones de euros, de los que más de la mitad corresponden al país germánico. Me temo que ese plan de reactivación pendiente de aprobar que tanto ruido ha hecho vaya dirigido principalmente a este cometido (véase mi artículo de la semana pasada).

Es seguro que las prestaciones a fondo perdido, desmesuradamente esperadas, no se orientarán ni a pagar ese ingreso mínimo vital del que el Gobierno alardea ni a incrementar las prestaciones de desempleo a los parados (el SURE concede simplemente préstamos). Tampoco se encaminarán a potenciar y aumentar el equipamiento sanitario; las ayudas a esta finalidad se van a instrumentar mediante el MEDE cuya finalidad consiste exclusivamente en conceder créditos. El incremento de todos estos gastos, junto con el inevitable descenso de la recaudación fiscal, va a incidir sobre el ya abultado nivel de nuestro endeudamiento público, aumentando aún más nuestra vulnerabilidad financiera y fiscal sin que podamos esperar nada de la Unión Europea. Es muy probable, sin embargo, que las presuntas prestaciones a fondo perdido, sean muchas o pocas -que también costeará España como un país miembro más-, se dirijan principalmente a reflotar empresas en pérdidas (nunca mejor dicho lo de a fondo perdido), sea cual sea la modalidad de ayuda de Estado que en cada caso se elija, muy posiblemente también la de nacionalizaciones.

republica.com 5-6-2020