En el artículo de la semana pasada mantenía (con algunos ejemplos como el de la judicialización de la política) que una de las peores consecuencias de los pactos que Sánchez ha firmado con los secesionistas de todos los pelajes radica en haber accedido a utilizar su propio lenguaje, lenguaje que tiene muy poco de inocente. Detrás de él hay todo un discurso y una concepción política claramente contraria a la Constitución, y me atrevo a decir que también al Estado de derecho. El nacionalismo ha desplegado una gran habilidad para utilizar palabras con un doble sentido que, si aparentemente parecen inocuas, no lo son. Cuando el Gobierno de la nación usa el lenguaje de los golpistas -incluso de los defensores de los terroristas-, los está blanqueando, legitimando, incluso internacionalmente. Termina siendo presa, además, de la ambigüedad de su discurso y sus planteamientos.
Sánchez habla ya sin ningún pudor de conflicto político. Expresión que los independentistas catalanes han copiado de ETA, y que tiene unas connotaciones difícilmente aceptables. El mismo Sánchez hace solo algunos meses negaba que se diese un conflicto político y, en su lugar, hablaba de un conflicto de convivencia entre catalanes; pero ya sabemos que Sánchez puede cambiar de discurso en veinticuatro horas. Lo que sí se puede sostener es que en Cataluña hay un problema (no conflicto) político. Pero, como acertadamente sostuvo Ortega en las Cortes españolas con motivo del debate del estatuto de autonomía de Cataluña, no todos los problemas tienen que tener solución, y eso parece que es lo que ocurre con el catalán, que solo se puede conllevar. Bien es verdad que, como el mismo Ortega defendía, la “conllevanza” no solo implica “que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y yo me atrevería a decir que unos catalanes tienen que conllevarse con los otros. Sería bueno que todos los que piensan que el problema nacionalista (problema eterno, lo llamaba Unamuno) puede solucionarse a base de concesiones, leyesen el memorable discurso de Ortega en aquella ocasión. Aun cuando fue pronunciado hace noventa años, sigue siendo perfectamente aplicable en la actualidad.
Para los sediciosos, la expresión conflicto político tiene varias derivaciones que Sánchez está asimilando una tras otra. La primera es que con ella se pretende indicar que no es un conflicto judicial, de lo que ya hablamos la semana pasada. La segunda es que lo plantean como un conflicto entre España y Cataluña. Pero ellos no son Cataluña; y, además, Cataluña, les guste o no, también forma parte de España. El único conflicto posible es de orden público. Una parte de Cataluña se subleva contra todo el Estado y, por lo tanto, también contra Cataluña, y pretende imponer por la fuerza y no mediante la ley sus pretensiones. La tercera derivada es que aprovechan para plantear todo en términos de bilateralidad.
Los catalanes -incluso muchos de los no nacionalistas- han reclamado siempre la bilateralidad, como una forma de especificidad, de salirse del común de confesores, del resto de las Autonomías. Invocan con frecuencia lo que llaman sus hechos diferenciales y algunos, como los del PSC, que si en teoría no son nacionalistas siempre han estado próximos, reclaman el federalismo asimétrico. Sánchez en el debate de investidura enumeró todos los estatutos de autonomía que recogían la bilateralidad. Constituye uno de los efectos negativos del nacionalismo, que todas las regiones quieren alcanzar sus mismos privilegios y así terminan copiando sus mismos defectos y desviaciones.
En cualquier caso, por mucho que los estatutos de autonomía recojan la bilateralidad, en ninguna Comunidad como en Cataluña se establece una mesa de diálogo, de tú a tú, de igual a igual, entre los dos gobiernos a los máximos niveles. Esta mesa se sitúa fuera de toda la estructura y organización del Estado y de la Comunidad Autónoma, suspendida en el aire, con la finalidad de que, como afirman los sediciosos, sus acuerdos no se puedan recurrir ante los tribunales (desjudicializar la política), por encontrarse en el limbo jurídico y administrativo. En ninguna Comunidad como en Cataluña se alterna el lugar de la reunión entre gobiernos (Madrid-Barcelona) para dejar constancia de forma muy expresiva de que la negociación se hace de igual a igual. Y con ninguna Comunidad Autónoma como con Cataluña se constituye una mesa de negociación en la que se pueden tratar todos los temas, aun los ilegales y los que vayan contra la Constitución.
En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez se asume el lenguaje de los secesionistas al eludir la palabra Constitución, sustituyéndola por esa expresión tan ambigua de “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Los sanchistas se defienden asegurando que en esa fórmula está contenido el reconocimiento a la Constitución, pero habrá que preguntar, entonces, la razón por la que no se la cita expresamente. La respuesta resulta sencilla y lo han manifestado los mismos secesionistas. Ellos interpretan la afirmación remitiéndose a un supuesto derecho internacional inexistente y por relación a unos etéreos derechos humanos con exégesis propia y singular, que se colocan frente a la Constitución y a la legislación española.
El acuerdo contempla también someter a referéndum en Cataluña (aun cuando lo llame consulta) el resultado de la mesa. El actual secretario de Organización del PSOE se refirió a esta anormalidad alegando que la población tiene que opinar para superar el conflicto enquistado y recomponer la Comunidad de Cataluña. No parece que haya nada parecido en nuestra Constitución y en nuestras normas jurídicas que estipule que la población de Cataluña, al margen de los ciudadanos del resto de España, tenga que opinar acerca de las conclusiones aprobadas en una mesa inexistente jurídica y administrativamente hablando.
Es cierto que los estatutos de autonomía se someten a votación de los ciudadanos de la respectiva Comunidad, pero la mesa bilateral que se propone no tiene nada que ver con las reformas estatutarias. Primero, porque no sigue el camino procedimental de ellas. Se deja al margen tanto al parlamento catalán, como a las cortes españolas. Segundo, porque los golpistas han afirmado una y otra vez que ya no están en clave autonómica y estatutaria. Tercero, después del chasco del anterior estatuto, no creo que quede mucho margen para modificaciones estatutarias, a no ser que se pretenda repetir la actuación de Zapatero y cambiar la Constitución por la puerta de atrás disfrazada de reforma del estatuto de autonomía.
El 8 de abril de 2014, el soberanismo trajo a las Cortes la petición, más bien exigencia, de que el Congreso delegase en el Parlament la competencia para convocar en Cataluña un referéndum no vinculante acerca de su autodeterminación. La propuesta fue rechazada con los votos del PP, del PSOE, de UPD, y de alguno del grupo mixto. En total, 299 frente a los 47 a favor, de los nacionalistas y de IU. El resultado contrasta con lo que hemos presenciado estos días de atrás en el Parlamento. La diferencia es que entonces Pérez Rubalcaba lideraba el grupo socialista, y hoy la Secretaría General del PSOE está ocupada por Pedro Sánchez. El requerimiento de los proponentes fue claro y muy expresivo de cómo iban a concebir el diálogo a partir de entonces: “Es un proceso sin retorno”. Es decir, la alternativa es sí o sí. Si no nos lo dan, nos lo tomaremos. Lo que no estaba previsto es que en esa tarea fuesen a tener la ayuda del presidente del Gobierno de España, y por supuesto del vicepresidente segundo.
Lo más impúdico de la posición adoptada por Sánchez es que todas sus concesiones no han tenido ni una sola contrapartida de parte de los golpistas. No han renunciado a la unilateralidad, o lo que es lo mismo, amenazan con repetir el golpe de Estado. No han cedido ni un ápice. Más bien, todo lo contrario. Se han crecido y piensan que todas las bazas están en su mano. Tanto Bildu como Esquerra en el debate de investidura han actuado con total chulería sin ocultar lo más mínimo sus planteamientos.
No se lo han puesto fácil a Sánchez. Daba vergüenza ajena. Él, tan prepotente habitualmente, se ha empequeñecido ante las intervenciones y exabruptos de los golpistas y batasunos. Ha tenido que escuchar de Montse Bassa que le importaba un comino la gobernabilidad de España. Tanto EH Bildu como Esquerra Republicana le han dejado claro quién manda. Mertxe Aizpurua se lo advirtió de forma bastante elocuente: “Sin nuestros votos y sin atender la demanda de nuestras naciones no habrá gobierno progresista”. Nadie le contestó que era su presencia la que impedía precisamente cualquier gobierno de corte progresista. A su vez, Rufián también le previno que sin mesa de diálogo no habrá legislatura.
Uno de los efectos más perniciosos del sometimiento de Sánchez a los golpistas es la repercusión muy negativa que va a tener en el exterior. Es difícil que los jueces y los políticos europeos se crean que en España se ha producido un golpe de Estado cuando el presidente del Gobierno funda en los golpistas su nuevo gobierno y plantea la necesidad de desjudicializar la política, como primera medid cambia de fiscal general para conseguirlo. No deja de resultar irónico que Borrell tras la moción de censura criticase al gobierno de Rajoy por no haber sabido contrarrestar el relato de los golpistas en el extranjero y prometía solemnemente que el nuevo gobierno sabría corregir esta omisión. Está claro que lo ha conseguido, ya no es una omisión, sino una postura activa. Pedro Sánchez se está convirtiendo en el portavoz del pensamiento independentista.
En el debate de investidura Sánchez centró toda su argumentación en dos ideas. La primera, agrupar a todos los que no le apoyan, en lo que llama mayoría de bloqueo. Es realmente irónico escuchar al señor del “no es no”, eslogan con el que ganó las primarias, atribuir a los demás lo que él llevaba haciendo desde el 2015, porque en realidad el bloqueo ha existido desde esa fecha y ha sido él quien de una u otra forma ha estado bloqueando el funcionamiento normal del sistema político hasta que se ha hecho con el gobierno.
La segunda ha consistido en repetir una y otra vez que este es el gobierno que han elegido los españoles, lo que es totalmente falso. En el sistema político español, los ciudadanos no eligen al gobierno ni a su presidente, sino a los diputados y son estos los que eligen al presidente del gobierno. A Pedro Sánchez, por lo tanto, quienes le han elegido son los golpistas de Esquerra, los postetarras de Bildu, los nacionalistas del PNV; algunos regionalistas que se han lanzado a imitar a los nacionalistas y que están dispuestos a vender su voto al mejor postor; Podemos, que hace tiempo que perdió el norte; y los propios diputados socialistas que habían hecho la campaña electoral con un discurso radicalmente diferente al que ahora se ven obligados a asumir.
Teniendo en cuenta esto último no es extraño que Inés Arrimadas se haya acordado de Sodoma y Gomorra y haya pedido no treinta justos como Abraham, sino uno solo que impidiese que el gobierno de España quedase rehén de los golpistas y de los defensores de ETA. La demanda de Arrimadas tenía su fundamento en el hecho de que en 2016 los órganos del partido socialista echaron a Sánchez de la Secretaría General ante la sospecha de que intentaba hacer lo que ahora por fin ha consumado. El requerimiento de Arrimadas, sin embargo, tenía desde el principio poco futuro considerando la purga a la que Sánchez ha sometido al grupo parlamentario socialista, precisamente en previsión de que cuando diese el salto al gobierno Frankenstein no hubiese nadie dispuesto a oponerse. Lo que sí parece cierto es que -quieran o no- quedarán marcados por haber colaborado en esa ignominia que tuvo ya su antecedente en la moción de censura.
Hay quienes en arranque de optimismo anuncian que este gobierno durará muy poco porque, según dicen, en seguida surgirán los enfrentamientos y discrepancias. Creo que quienes así piensan se equivocan; quizás no conocen a Pedro Sánchez. Carmen Calvo lo ha dicho con total rotundidad: esta legislatura durará cuatro años, y es que una vez que ha sido investido, Sánchez tiene la sartén por el mango y el mango también, tal como se decía en aquella famosa adaptación del “Tartufo” de Llovet-Marsillach, que se puso en escena en la época franquista y en la que se criticaba a los ejecutivos del OPUS. Una vez en la presidencia del gobierno no hay nada ni nadie que le pueda obligar a marcharse. La moción de censura es constructiva y pase lo que pase es quimérico pensar que pueda prosperar una alternativa a Sánchez. Y este no va a estar dispuesto en ninguna circunstancia a la dimisión ni a disolver las Cortes. Con acuerdos y sin acuerdos, con presupuestos o sin presupuestos, nada le va a hacer que abandone la Moncloa. Durante cuatro años ha sido capaz de pasar por todo con tal de llegar a la presidencia del gobierno, tanto o más fácil le será ahora mantenerse.
republica.com 17- 1- 2020
