UN PACTO PARA NO CUMPLIRSE
Solo el pavor que despierta Podemos a las distintas instancias mediáticas puede explicar la acogida tan favorable que se ha dispensado al documento suscrito por el PSOE y Ciudadanos. En cualquier otra circunstancia las críticas lo habrían destrozado por utópico, irrealizable y contradictorio. Tierno Galván, el viejo profesor, con ese cinismo que le caracterizaba, acuñó la conocida frase de que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas, y esto es lo menos que se puede decir de las doscientas medidas fijadas en el pacto.
Por eso suena tan hipócrita la aseveración de que lo único importante es el contenido y no quién pueda encarnar el Gobierno. En realidad, es todo lo contrario, no solo porque en lo que estamos ahora es en un proceso de investidura para elegir a un presidente, sino porque nadie piensa en serio que se puedan llevar a término las medidas anunciadas. Se trata tan solo un anzuelo con el que alcanzar el Gobierno. En la práctica, lo único relevante es la credibilidad que se otorgue a cada uno de los aspirantes.
En primer lugar, el documento parece ignorar todos los condicionantes que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria, lo que choca frontalmente con el hecho de que las dos formaciones políticas que lo suscriben se declaran firmes partidarias de la Moneda Única. Se plantea con mucha alegría la creencia de que se va a lograr que la Comisión cambie la secuencia en la consolidación fiscal. Pero es que, además, las limitaciones que el euro introduce en la economía van mucho más allá del simple cumplimiento del Pacto de Estabilidad.
Con independencia de los mandatos de la Comisión, el alto nivel que alcanza en la actualidad el stock de deuda pública, unido al también muy elevado porcentaje de endeudamiento exterior, junto con tasas de inflación alrededor de cero, sin posibilidad de devaluar y sin banco central propio que respalde a la económica española, el margen que podemos permitirnos en materia de déficit es casi nulo. Todo incremento en el gasto público tiene que financiarse forzosamente con una subida de la recaudación fiscal, y ahí comienza el enorme vacío del pacto, pues no se determina ni el coste de las medidas ni la forma de financiarlas. Quien afirme que quiere mantener la economía del bienestar pero no esté dispuesto a incrementar la presión fiscal es un ingenuo o un mentiroso.
Casi la mitad de las iniciativas propuestas implican elevación del gasto público o reducción de ingresos, que para el caso es lo mismo. Se proyecta dedicar más recursos a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la investigación, y en general a I+D+i, a la cobertura del seguro de desempleo, a las pensiones, a la formación profesional, a establecer un ingreso mínimo vital, a promocionar a los autónomos, incluso a sufragar parte de los salarios que deben pagar los empresarios mediante ese engendro -pergeñado por el señor Garicano y FEDEA- del complemento salarial garantizado. A lo que hay que añadir los beneficios y exenciones fiscales que se van a conceder por distintos motivos, entre otras figuras a los mecenazgos, y la enorme cantidad de organismos e instituciones que a lo largo de todo el documento se prevé crear.
Ninguna de estas partidas está valorada, pero es que tampoco aparece en el documento ninguna planificación adecuada acerca de dónde se piensan obtener los recursos. En materia fiscal se mueve en la mayor ambigüedad. Sus autores, en especial Ciudadanos, repiten que no se van a subir los impuestos. Al margen de generalidades, la única referencia cierta es la creación de un nuevo tributo sobre las grandes fortunas y el establecimiento de un mínimo obligatorio para todas las Comunidades Autónomas en el tipo del impuesto de sucesiones. Eso sí, y como no podía ser de otro modo, constituir una comisión de expertos. Ahora bien, con estos palillos poco se puede financiar, como tampoco es previsible que a corto plazo la lucha contra el fraude fiscal proporcione los recursos que se precisan.
Todos los gobiernos presentan como un objetivo inaplazable combatir la economía sumergida y la evasión fiscal, aunque lo cierto es que la tarea resulta más ardua de lo que se supone, especialmente ahora cuando la libre circulación de capitales es una exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y esta institución, a pesar de sus pomposas declaraciones, no se toma ningún interés en que desaparezcan los paraísos fiscales ni da ningún paso hacia la armonización de los impuestos directos. No deja de ser curiosa la promesa de establecer por ley la prohibición de reconocer futuras amnistías, lo que constituye un brindis al sol, ya que las amnistías se aprueban también por ley y una norma invalida a la otra. No hay que prohibirlas, basta con no aprobarlas; pero todos los gobiernos de una u otra manera han concedido alguna. Por ejemplo, la regulación de balances aprobada en tiempos de Zapatero constituye una de las formas más lesivas de amnistía fiscal, ya que exonera de gravamen a todas las plusvalías acumuladas por las sociedades a lo largo del tiempo.
Alguno de los portavoces de los partidos firmantes, especialmente de Ciudadanos, recurre a la supresión de las Diputaciones como forma de obtener los recursos precisos. Ello lo único que demuestra es el desconocimiento total que poseen de la Administración. Suprimir legalmente determinadas entidades no implica que puedan eliminarse las tareas que estas realizan y mucho menos prescindir de los medios humanos y materiales de las que están dotadas. La reestructuración y reorganización de la Administración local puede ser encomiable; la supresión de tumbonas y sinecuras, plausible; pero que nadie espere con ello financiar la sanidad, la educación, las pensiones o el seguro de desempleo.
El documento parece haber encontrado el bálsamo de Fierabrás en la creación de agencias y organismos independientes. Todo él está plagado del establecimiento de este tipo de entidades. Sin embargo, considero que lo único que se puede lograr con ello es incrementar el descontrol y la arbitrariedad. En esta materia, al igual que en el afán de introducir términos académicos, lo que se desprende es un cierto olor a pedantería y a un total desconocimiento del sector público. La misma inexperiencia que parió la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que lleva casi doce años siendo ejemplo de inutilidad.
Lo mejor que se puede decir de este documento es que está elaborado para engañar al personal y para mantener el espectáculo, y que de ninguna manera piensa aplicarse. Ha que suponer que sus mismos autores no creen en su viabilidad. De lo contrario, el problema sería mucho más grave, porque indicaría la total incompetencia de los que aspiran al Gobierno, absoluto desconocimiento de nuestro sector público, de nuestra economía y de las limitaciones que implica nuestra pertenencia a la Unión Europea. Tampoco las fuerzas mediáticas y económicas y los ínclitos comentaristas políticos se creen que vaya a aplicarse jamás, por eso no les da miedo, porque en el fondo los que nos les producen ningún temor son los firmantes del pacto. En realidad, sí es un tema de quien ocupa los sillones.
