Todos aquellos que conozcan mínimamente la Administración no habrán podido por menos que quedar estupefactos al leer en la prensa que el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio, acordó llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de las administraciones públicas. Se comenzaría por las subvenciones con la finalidad de introducir «posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto». El encargo se realiza a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las conclusiones deberán estar disponibles a finales de 2018.
Es verdad que el Gobierno ya se había comprometido a tamaño desatino en el plan presupuestario y en el Programa de estabilidad 2017-2020, enviados a Bruselas. El origen parece estar en el pacto firmado con Ciudadanos, necesario para que Rajoy alcanzase la investidura. El acuerdo está lleno de estupideces, objetivos irrealizables y medidas más reaccionarias que las propias del PP. Eso es lo malo de tener que aceptar las exigencias de un partido que desconoce totalmente la Administración y el sector público, cuyos miembros no han regido ni un pequeño ayuntamiento y que, además, huyen de las responsabilidades de gobierno y orientan su actuación política en función tan solo de todo aquello que tiene buena prensa.
Solo así se puede hablar de una auditoría a todas las administraciones públicas (se supone que se incluyen organismos, entes, agencias, fundaciones y demás derivados, tanto del Estado como de todas las Comunidades Autónomas y los muchos miles de Ayuntamientos) y encomendar todo ello a un chiringuito como la AIReF, cuya existencia se debe únicamente a la pretensión de la burocracia de Bruselas de tener en todos los países tentáculos que puedan mantenerla informada de cuándo los gobiernos se desvían de lo que consideran ortodoxia. Los llaman organismos independientes, pero en realidad son bastante dependientes de Bruselas y de su política.
La propuesta de Ciudadanos y el plan que se acaba de aprobar, se mire por donde se mire, no hay por dónde cogerlos. Con las auditorías ocurre como con las comisiones, cuando no se sabe qué hacer con un determinado tema se crea una comisión, o se anuncia que se va a realizar una auditoría. Las comisiones de expertos (escogidos convenientemente) sirven de coartada al gobierno de turno bien para empantanar un asunto o bien para adoptar medidas impopulares tomadas ya de antemano. Los políticos, especialmente desde la oposición, cuando carecen de propuestas, de ideas y desconocen totalmente la materia, reclaman auditorías de las cosas más inverosímiles.
Resulta insólito que se pretenda inspeccionar de golpe todo el sector público, y que para ello se encomiende a un organismo carente de medios y de experiencia, que como mucho es tan solo un mediocre servicio de estudios, muy inferior desde luego al del Banco de España y al de otras entidades financieras. El único personal especializado con el que cuenta es el prestado por la IGAE. Es tan desproporcionada la tarea a realizar con respecto a las características de las institución que no se puede evitar pensar que lo que en realidad se pretende es que no se llegue a ningún resultado excepto el de anunciarlo en la prensa.
La decisión contrasta con los medios e instrumentos, tanto personales como materiales, que posee el Estado dedicados a planificar, controlar y analizar el gasto público: Tribunal de Cuentas, Intervención general de la Administración del Estado, Dirección General de Presupuestos, Dirección General de Gastos de Personal, etc. Miles de funcionarios a los que parece considerarse inútiles para tal cometido a pesar de que la ley se lo encomienda. ¿Para qué sirve la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gasto Público? Habrá que preguntarse qué piensa el Secretario de Estado y si lo lógico no sería que dimitiese ya que el Gobierno no le considera capaz de cumplir su función; aunque, quizá, es que él, hasta ahora, tampoco se ha enterado de cuál es su papel.
El colmo de la petulancia es afirmar, tal como hacen los portavoces de la AIReF, que no existen precedentes y que por primera vez se auditan las subvenciones o el gasto de las administraciones públicas. La IGAE lleva más de 100 años fiscalizando el gasto público. No digo que siempre haya cumplido perfectamente su función, pero experiencia no le falta. Al menos desde el año 1982 viene realizando toda clase de auditorías sobre el sector público. Más de 300 anuales. Eso sin contar el control financiero que en los ministerios y en la mayoría de los organismos y entes públicos ejercen los interventores destinados en ellos.
Es verdad que el ámbito de todas estas auditorías ha estado siempre limitado el sector público estatal y en momentos puntuales a los ayuntamientos, cuando el Estado se ha tenido que hacer cargo de determinados gastos o deudas de las corporaciones locales. El Estado de las Autonomías creado en nuestra constitución impide ir más allá. Pero en cualquier caso parece que la IGAE sería la institución más apta para acometer lo mucho o lo poco que se pueda avanzar en este sentido, ya que viene elaborando las cuentas de las administraciones públicas (y recibiendo información de las instituciones periféricas) desde hace más de cuarenta años. Es posible que muchos, y me encuentro entre ellos, no estén conformes con que se haya troceado el Estado en 17 reinos de taifas, pero me temo que no cabe la vuelta atrás y que las distintas Autonomías no van a recibir con buena disposición la intromisión de la Administración Central en sus competencias.
¿Alguien puede imaginarse a la docena o docena y media de funcionarios de la AIReF, yendo a auditar las 17 Comunidades Autónomas, y los múltiples entes, organismos, fundaciones y empresas públicas que dependen de ellas, así como a los miles de ayuntamientos distribuidos por toda España? Todo ello suena chusco. Como chusco es que la AIReF se dedique a dar subvenciones. Quizás es de las actividades que primeramente ha abordado esta institución. Dinero para catedráticos y universidades. Muy propio, cuando no se sabe qué hacer se subvenciona a un tercero, a ver si nos saca del atolladero. Becas de formación y de investigación sobre el análisis de la estabilidad presupuestaria, y últimamente subvenciona también estudios para que le digan cuál es su función y cometido. Es comprensible que no la conozca. Pretende copiar también al Instituto de Estudios Fiscales. Se me ocurre que deberían empezar la auditoría que les encarga el Gobierno analizando su propia casa. A lo mejor descubrirían que sus subvenciones son superfluas y que su propia existencia es reiterativa de otros organismos con mucha más tradición en la Hacienda Pública española.
En todo caso, el problema del gasto público, de haberlo, no se encuentra en la ausencia de auditorías. Auditorías, estudios, memorandos, etc., hay más que de sobra. Lo que falta es la voluntad política de hacer caso a sus conclusiones. Los informes de la IGAE y de sus interventores delegados, con un gobierno o con otro, suelen dormir en alguna mesa de ministro o de secretario de Estado esperando tiempos mejores, y en muy pocas ocasiones tienen repercusiones prácticas. Incluso cuando como fruto de ellos se acometen reformas importantes, las presiones son tan fuertes que se termina desnaturalizándolas; buen ejemplo de ello es la vigente Ley de subvenciones, que al final perdió virtualidad práctica al excluir de su aplicación a las fundaciones públicas, con lo que se generó una importante vía de de escape para librarse de su cumplimiento. De las subvenciones se sabe casi todo; también la reticencia de políticos, partidos y gobiernos a someterse a procedimientos reglados y mucho más a la comprobación de los resultados.
No deja de ser curioso también que la mirada se centre en el gasto y no en los ingresos, cuando hay pocas dudas de que la dificultad para cumplir los objetivos de déficit se encuentra en la escasa suficiencia de nuestro sistema fiscal. Tal vez la razón de esta decisión haya que buscarla en los prejuicios ideológicos del PP y sobre todo de Ciudadanos acerca de la maldad intrínseca del gasto público y de los impuestos.
Hace pocos días la asociación de inspectores se quejaba amargamente del nivel crítico al que había llegado la Agencia Tributaria en la carencia tanto de medios personales como materiales. Es posible que en los planes de Montoro esté también encargar a la AIReF la lucha contra el fraude fiscal y arrinconar a la Agencia, ya que esta última institución no es independiente, pues depende del Gobierno. ¿De quién depende la AIReF?
Estoy seguro de que la asociacion de inspectores tienen razón en sus reivindicaciones, pero ¿cuáles tendrían que ser entonces las demandas de los interventores que han visto en los últimos años reducirse críticamente el personal de todos los niveles en el conjunto de las dependencias y en las intervenciones delegadas? El edificio que ocupa la IGAE se está cayendo a trozos (y no es metáfora). Se interrumpieron durante dos años las oposiciones, con lo que se destruyó el cuerpo de opositores y ello ha ocasionado que al convocarlas de nuevo muchas plazas queden vacantes por no haber candidatos preparados. Desde hace más de diez años, los interventores no participan de los incrementos de productividad que han afectado a otros colectivos como el de los inspectores, A Montoro no le gustan los interventores ni parece que tenga ningún empeño en que la IGAE cumpla su función. Es más cómodo y sobre todo menos comprometido encargar de tal tarea a la AIReF.
En honor a la verdad este comportamiento no es exclusivo del actual ministro de Hacienda. La mayoría de los políticos al llegar al gobierno, en lugar de potenciar las instituciones u organismos existentes, quieren dejar su huella creando un ente nuevo que pueda anunciarse a la prensa (la novedad es el carburante de los medios) y que la mayoría de las veces acaba siendo totalmente vano. Cómo no recordar al ínclito Jordi Sevilla (el del tipo único y el de los tres días) anunciando a bombo y platillo la creación de la Agencia de evaluación de políticas públicas; parecía que todo proceso de racionalización del gasto público comenzaba con su constitución y de su funcionamiento iban a depender la eficacia y la eficiencia del sector público. Diez años después el resultado está a la vista. Sin embargo, continúa subsistiendo sin que nadie sepa por qué.
En estas mascaradas tiene mucho que ver la burocracia de Bruselas que oculta su incompetencia y carencia de auténticas soluciones para el atolladero en que se desenvuelve la Unión Europea, con genialidades y ocurrencias, entre las que se encuentran la de crear nuevos entes y organismos como si se partiese de cero y no se hubiera hecho nada hasta este momento. Se rumorea que ahora están detrás de crear un organismo (independiente, por supuesto) para el control de las contrataciones, y como a Montoro no le gustan los interventores piensa ubicarlo dependiendo de la Dirección General de Patrimonio, como si esta dirección general tuviese pocos agujeros que atender. En fin, de este futuro organismo hablaremos otro día.
republica.com 16-6-2017
