Dediqué el artículo de la pasada semana a señalar la contradicción existente, en mi opinión, entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la política fiscal de la Comisión y de la mayoría de los gobiernos nacionales. Terminaba haciendo referencia de pasada a las medidas adoptadas últimamente por el Gobierno español y prometía tratar algunas de ellas en el artículo de esta semana. Con carácter general, el primer reproche a realizar es que la ayuda se ha dividido en un número elevado de medidas de pequeña cuantía y escasa eficacia que complican enormemente la gestión. Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, que diría Luis Eduardo Aute.
Un sistema fiscal vale lo que vale la administración encargada de aplicarlo. Aseveración que es casi un tópico, pero no por eso deja de ser menos verdad. Los tributos, para ser justos, deben ser complejos, pero no tanto que hagan imposible su gestión y control, porque entonces terminan siendo radicalmente inconsistentes y arbitrarios al beneficiar tan solo a los que estén dispuestos a mentir o a defraudar.
A menudo, el Ministerio de Hacienda se ha equivocado, y continúa equivocándose, al establecer deducciones fiscales con tal cúmulo de requisitos y condiciones que hacen inviable su comprobación. Sin embargo, creo que ha acertado cuando ha renunciado a un control exhaustivo de toda la población y ha exonerado de declarar a aquellos contribuyentes con rentas bajas y que apenas tienen margen para defraudar. El coste administrativo podría ser mayor que el beneficio que se obtendría al intentar un control total.
Curiosamente, quizás por ignorancia, o por pensar que así obtenía más publicidad, el Gobierno, lejos de plantear las ayudas de forma unitaria y global mediante un solo instrumento, las ha dividido en múltiples medidas de escasa cuantía no conexionadas entre sí e imposibles de gestionar adecuadamente, como no sea consumiendo una gran cantidad de recursos administrativos que son necesarios para otros menesteres. Con un planteamiento un tanto simple han creído solucionar el problema encargando de la gestión a la Agencia Tributaria, a la que se enfanga con una pluralidad de asuntos menores que no puede analizar ni controlar adecuadamente, pero que la apartan de su misión, que es perseguir el fraude.
El inicio de este camino hay que asignárselo al ministro que se cree independiente, pero que es especialista en operaciones fallidas y en lanzar los muertos a los otros departamentos o entidades. Su ignorancia administrativa le llevó a crear un ingreso mínimo vital (IMV) alambicado y complejo que ha sido un fracaso, imposible de gestionar y más aún de controlar, y que ha inundado de papeleo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Se da la incongruencia de que se obliga a presentar la declaración del IRPF a aquellas personas, quizás a las de menores rentas, que estaban exentas y que desde luego no saben de qué manera hacerlo. La Agencia, por tanto, carece de una adecuada información respecto a ellas. Con lo que el control y las comprobaciones carecerán de rigor, pero alejarán a la administración tributaria de su objetivo.
La última ocurrencia en este sendero, por ahora, es la entrega por una sola vez de un cheque de 200 euros para aquellos ciudadanos con una renta anual inferior a los 27.000 euros y un patrimonio no superior a 75.000. El problema, entre otros, radica en que, al igual que en el IMV, en muchos casos la Agencia Tributaria carecerá de los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones, especialmente la cuantía del patrimonio.
La situación se hace más compleja cuanto que para determinar estos límites se considera el estado civil del beneficiario, siendo la familia, si existe, la unidad a considerar. Son los ingresos sumados del marido y de la mujer los que se computan a efectos de calcular si se tiene o no derecho a la subvención. Aparte de complicar enormemente la gestión, se genera una situación injusta, porque en una mayoría de casos el nivel de renta y patrimonio que permitiría cobrar la ayuda en el caso de ser soltero la excluye cuando los beneficiarios están casados o son pareja de hecho.
Se produce así no solo una arbitrariedad, sino que se plantea un grave problema jurídico. El Tribunal Constitucional a principio de 1989 declaró contrario a la Constitución la obligación que existía entonces de que los matrimonios realizasen una declaración conjunta en el IRPF. Sentaba así la doctrina de que el estado de casado o casada no podía implicar un trato desfavorable en materia fiscal. Parece lógico que este planteamiento se pueda extender al ámbito de las ayudas o subvenciones.
Esta complejidad en la gestión contrasta con la levedad de la ayuda, escasa cuantía y ceñida a un reducido colectivo. El hecho de que se excluya a los que cobran una pensión o el IMV, unido a que el cómputo sea por familias conduce a que el número de beneficiarios vaya a ser muy reducido. Eso no es óbice para que el Gobierno, como siempre, haga trampas e infle la cifra de subvencionados y la cantidad a emplear. Por otra parte, como ya es costumbre en las medidas aprobadas por este Gobierno, se cae en un error de salto. Es un desliz que solo es propio de aprendices. Se pierde el derecho a la subvención por tener un céntimo más de renta o de patrimonio.
Dentro de las medidas aprobadas se encuentra también la prórroga de la gratuidad del transporte de cercanías y a media distancia. Decisión sin duda muy discutible que únicamente tiene importancia, y solo relativa, para un número muy reducido de personas, aquellas que viven en ciudades y usan transporte público. Por otra parte, la experiencia de los últimos meses ha mostrado -lo que por otra parte ya se sabía- que el precio, entre otras finalidades, limita el consumo a niveles racionales y evita el despilfarro. En este caso, la gratuidad en el servicio originó que a muchas personas que necesitaban viajar no les fuera posible hacerlo, a pesar de que los trenes iban casi vacíos como consecuencia de que al no tener coste se reservaban muchos más billetes de los que después se utilizaban.
Se contrasta de nuevo la conveniencia de canalizar las ayudas mediante un solo instrumento y orientado a incrementar la renta o el ingreso personal, y no a través de múltiples subvenciones a productos específicos que complican la gestión y distorsionan el mercado. La aseveración es aun más cierta cuando se subvenciona la totalidad del precio, convirtiendo en gratuito el consumo de un producto. Se incentiva el derroche y muy posiblemente se genera escasez.
El Gobierno ha prorrogado también la congelación de los precios de los alquileres. Es una medida que no cuesta nada al erario público, ya que la fiesta corre a cargo de los propietarios. Quizás ayude momentáneamente a los actuales arrendatarios, pero perjudica a los arrendadores y a los futuros inquilinos, ya sean nuevos o que tengan que renovar su contrato. Se estrecha la oferta lo que aumenta el precio y las dificultades de los arrendatarios más precarios (ver mi artículo del 20-9-2018 en este mismo medio).
El Ejecutivo, después de resistirse y criticar a los que lo propusieron, ha decidido la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad. Lo llamativo es que una vez más ha querido cuadrar el círculo y comprometerse a lo imposible. Aunque ciertamente le da igual, puesto que no tiene ningún problema en incumplir las promesas. Ha asegurado que impedirá y no permitirá que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y que no lo repercutan sobre los consumidores. Misión quimérica. Sucede igual con el impuesto sobre los ingresos bancarios, que será totalmente imposible saber si se produce o no la traslación ¿cómo determinar en qué medida la reducción del IVA está incorporada en la variación de los precios o el nuevo impuesto en las modificaciones de los costes de los servicios bancarios? Solo la competencia puede impedir que los empresarios se apoderen de la bajada del IVA y los bancos trasladen los impuestos.
Refirámonos por ultimo a una medida ocurrente, como salida de la factoría del ministro independiente. Ante la falta de médicos, se ofrece a los de familia y a los pediatras la posibilidad de seguir trabajando después de la edad de jubilación haciendo compatible el sueldo con el 75% de la pensión. No deja de resultar curioso que en el país con más paro de toda la Eurozona se incentive el retraso en la edad de jubilación.
Es posible que exista carencia de médicos, pero esto es únicamente por las condiciones económicas que obligan a emigrar a muchos de ellos. El Estado español realiza un mal negocio. Corre con los gastos de educación de los aspirantes para que después terminen produciendo en otros países. Habrá que cuestionarse si no sería más lógico dedicar a la Sanidad más recursos, de manera que no se produzca semejante diáspora.
Podríamos preguntarnos también si no habría que considerar la sanidad pública como uno de los mejores destinos para los llamados fondos de recuperación, en lugar de dedicarlos a esas otras finalidades etéreas que están muy lejos de incentivar la economía -no hemos alcanzado aún los niveles de 2019-, pero que sí van a enriquecer arbitrariamente a determinadas empresas, de acuerdo con las conveniencias del Gobierno y de los objetivos electorales de Sánchez. Todo funciona a pegotes. Qué carnaval, qué pitote. Vaya chapuza que hay.
republica 19-1-2023
