Para quien conozca cómo se elabora el presupuesto y, sobre todo, cómo se ejecuta, pocas cosas serán tan cómicas como presenciar a los políticos y a los medios de comunicación discutiendo sobre él, y concediéndole una importancia que está muy lejos de tener. La verdad es que desde hace mucho tiempo el presupuesto, una vez aprobado, es totalmente flexible y maleable, puede encogerse y estirarse al antojo del gobierno de turno. Como alguien dijo, constituye un solo crédito y ampliable.
En teoría, en origen, se entendía que el presupuesto era un documento en cierto modo coercitivo, aprobado por el legislativo, que condicionaba la actuación financiera del gobierno, limitaba los gastos que este podía realizar y cuyos créditos en ningún caso podían superarse. Pero nada de ello ocurre ahora. Todos los principios presupuestarios han quedado sin valor. No solo es que los recursos pueden trasladarse de un concepto a otro, sino que también se pueden crear partidas nuevas o dejar sin efecto las existentes.
Poco importan las cantidades que figuran en el documento inicial. Lo único realmente relevante es cómo se ejecuta, pero para ese momento todo el mundo está pensando ya en el nuevo presupuesto y nadie se fija en la realización del pasado. Bueno, hay una excepción, los nacionalistas catalanes que están prestos a practicar el victimismo y gritar que el Estado les engaña; según ellos, les promete una cosa y ejecuta otra, sin considerar (o considerando) que es imposible, por la propia técnica presupuestaria, que las inversiones se realicen al cien por cien en un año.
La inestabilidad e incertidumbre del presupuesto ha llegado a su cima con este Gobierno. Todo es posible. Además de las facilidades que ofrece actualmente la normativa para modificar todo lo que se quiera el documento inicial, se encuentra la querencia y el abuso que ha adoptado Sánchez de aprobar decretos leyes cada poco, con lo que se puede disponer de todo tipo de gastos que no están incluidos ni previstos en los presupuestos. Todos estos gastos no constituyen un plan coherente de estímulos y prestaciones sociales diseñado previamente, sino un conjunto de ocurrencias que van jalonando su gobierno al unísono de lo que cree que le conviene electoralmente.
Este sistema de conceder las ayudas y subvenciones sin planificar, separadas en diversos cajones y sometidas a todo tipo de condiciones genera una casuística de tal calibre que resulta imposible de gestionar y de controlar. La mayoría de las veces la tarea se encomienda a la Agencia Tributaria que es la única entidad que puede disponer de alguna información acerca de las condiciones y requisitos que se solicitan; no obstante, el conocimiento del que dispone es muy incompleto y reducido a los datos fiscales y a la declaración de la renta de cada uno, de manera que saldrán precisamente beneficiados aquellos que hayan cometido fraude o tengan propiedades o ingresos opacos para el fisco.
En cualquier caso, es indudable que se está echando sobre este organismo una carga de trabajo que va a dificultar seriamente su labor principal, perseguir el fraude. Todo comenzó con el ministro Escrivá y ese disparate del ingreso mínimo vital que, al haberse diseñado como un impuesto negativo sobre la renta, resulta imposible gestionar y mucho menos controlar. Ante el fracaso conseguido hasta ahora, el ministro, siguiendo la tónica de este Gobierno, lo achaca todo a la falta de información y para solucionarlo ha tomado una roulotte y se ha dispuesto a recorrer todos los rincones de España. El problema, sin embargo, no es de conocimiento, sino de diseño y definición.
La forma sanchista de ejecutar el gasto público obliga a ver con cierta ternura la reacción de Podemos con respecto al incremento de los gastos de defensa. Se han conformado con el hecho de que no se haya incluido dentro del techo del gasto, pero ni eso ni que no figuren en el presupuesto constituye garantía alguna de que no se vayan a realizar. En realidad, ni siquiera estando en el gobierno los lideres de Podemos se han enterado de los incrementos sufridos en esta partida a lo largo del presente ejercicio.
También creo que se encuentran bastante desorientados aquellos que critican al Gobierno por haber presentado los presupuestos sobre unas estimaciones macroeconómicas erróneas. Piensan que conducirá a que los ingresos acaben siendo muy inferiores a los previstos. Pocas dudas caben de que el crecimiento económico será bastante menor que el anunciado por el Gobierno, pero es muy posible que la inflación sea mayor y por lo tanto se compensen.
Que los precios afecta también a los ingresos es algo que durante mucho tiempo parecía olvidado, especialmente cuando se atacaba la indización de las pensiones por tratarse de, se decía, una carga inasumible para el Tesoro, sin considerar que los ingresos públicos se habían incrementado por la inflación al menos en el mismo porcentaje.
Para justificar, o hacer al menos más digerible el ataque a la actualización de las pensiones, algunos terminan su diatriba salvando de su crítica a las prestaciones más reducidas, sin especificar dónde se sitúa el límite. Lo cierto es que, aunque se diga lo contrario, todas las pensiones son bajas. Desde 1985 la máxima está plafonada. No hay ninguna pensión de la Seguridad Social por encima de 30.000 euros brutos anuales. Por lo menos hasta ahora. Es posible que esto cambie en el futuro gracias a los inventos creados por Escrivá. Es contradictorio que se pida la deflactación de la tarifa del IRPF para los contribuyentes con rentas hasta los 30.000 o 40.000 euros anuales y al mismo tiempo se promueva que a los pensionistas se les rebaje la prestación en términos reales.
Hubo una cosa en la que el gobernador del Banco de España no estuvo acertado el otro día en el Congreso. Manifestó el peligro que representa la actualización de las pensiones por el IPC. Razón: que constituye un gasto estructural, es decir, que se consolidará para el futuro mientras que los ingresos extraordinarios (si se les puede llamar así) obtenidos por la inflación y que financiarían en este ejercicio la regularización son coyunturales. Pero eso no es cierto. Lo que parece olvidar el gobernador es que el nivel de precios de este año se traslada al siguiente y con él el mismo monto de ingresos, siendo por tanto su subida estructural y consolidada para el futuro.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se entiende demasiado el interés del Gobierno por sacar adelante los presupuestos a pesar de que sabe que va a tener que pagar cuantiosos chantajes a la legión de socios que precisa para su aprobación. Todo lo que va a poder hacer con el nuevo presupuesto se podría hacer con el actual prorrogado. Hay que pensar que más que una conveniencia o necesidad económica se trata de un interés político. El objetivo es sobre todo de representación, de propaganda. Pretende hacer ver que este Gobierno es estable y cuenta con los apoyos necesarios para aprobar unos presupuestos. Efecto contagio y persuasión. Es lo mismo en lo que confía conseguir Tezanos cuando falsifica las encuestas.
republica.com 27-9-2022
