Presiento que Nuñez Feijóo va a complicar la vida a Sánchez. Difícilmente este va a poder seguir manteniéndose en ese doble papel de, por una parte, gobernar autocráticamente sin dar cuenta a nadie y, por otra, echar la culpa a la oposición de que no colabora. Feijóo ha presentado frente al plan del Gobierno un documento con 41 folios, lleno de medidas con sus respectivas justificaciones. Medidas muy discutibles, como también lo son las aprobadas por el decreto-ley del Gobierno. Precisamente porque todas son discutibles se deberían haber discutido y no presentar el asunto como un trágala, un plan para la adhesión. Cuando no se está dispuesto a cambiar una línea del propio programa y no se quiere aceptar ninguna de las medidas propuestas por la oposición, no se puede echar las culpas a los demás de no llegar a acuerdos.
Pero dicho esto, en el documento de Feijóo, tal como se ha señalado, hay muchas cosas discutibles y otras, claramente erróneas o falsas. El análisis económico que se hace como introducción es correcto. La situación de España no es buena, mantiene uno de los endeudamientos públicos más altos de Europa, cercano al 120%, que limita enormemente las finanzas públicas. Su economía, en el 2020, con la epidemia, se hundió más que ninguna otra de la Eurozona y va a ser la única que hasta 2023 no llegará a alcanzar el nivel de 2019. Y si aparentemente se ha recuperado el empleo es tan solo porque los ERTE y los contratos fijos discontinuos permiten que no figuren como parados los que en realidad lo son. Los resultados son muy distintos cuando se consideran las horas trabajadas. De todos modos, de lo que no hay duda es que nuestro país tiene la tasa de paro más elevada de la Eurozona; y, en cuanto a la inflación, España está a la cabeza de la Unión Europea, muy superior a la media y doble que, por ejemplo, Francia.
Pero una cosa es acertar en el diagnóstico y otra cosa distinta en la medicina. El documento parte de una premisa falsa. La inflación ha enriquecido al Gobierno y ha empobrecido a las familias y a las empresas. En cuanto a la primera parte, es verdad que la inflación ha incrementado los ingresos del Estado, pero es tan solo nominalmente y tiene su correlato en el aumento que deben sufrir los gastos para mantener el mismo valor real. Desde que se disparó la inflación son muchas las voces que cuestionan la revalorización de las pensiones y estiman que van alcanzar un monto inasumible para el sector público. Hace poco lo hacía el presidente de la patronal, sin tener en cuenta que si la inflación incrementa los gastos públicos también aumenta los ingresos. Es paradójico que se diga, por una parte, que el Estado no va a poder cumplir sus obligaciones con los pensionistas y, al mismo tiempo, anuncie que presenta un excedente desproporcionado de ingresos.
Ese excedente, como la mayoría de todo aquello que tiene que ver con la inflación, es pura ilusión, ya que solo se puede hablar de excedente si el Estado no cumple con sus obligaciones. Las compras del sector público también subirán al mismo ritmo que los precios, las inversiones públicas estarán sometidas a la cláusula contractual de revisión de precios, y por lo tanto su cuantía aumentará a medida que lo haga la inflación. Si no se quiere que las prestaciones de los pensionistas se reduzcan en términos reales hay que actualizarlas con el IPC. No hay ninguna pensión pública por encima de 40.000 euros anuales. Los empleados públicos: sanitarios, profesores, policías, etc., la mayoría de ellos con un sueldo inferior a 40.000 euros anuales, exigirán también la actualización de sus retribuciones con tanta o más razón en cuanto que arrastran por término medio la minoración del 5% del sueldo que les sustrajo Zapatero y que nunca les ha sido reembolsado.
No parece que tenga demasiada justificación quitar el dinero a los pensionistas o a los empleados públicos para gratificar de forma indiscriminada a todos los contribuyentes, tanto personas físicas como empresas. De forma indiscriminada porque, aunque el papel pretende indicar que se ha puesto un límite en las rentas de 40.000 euros anuales, en la realidad no es así. Quizás esos técnicos que cita Feijóo no se lo hayan explicado adecuadamente, pero, dada la estructura del impuesto sobre la renta, la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa beneficia a todos los contribuyentes, incluso a los de mayores ingresos.
A menudo existe una cierta confusión creyendo que el tipo marginal se aplica a la totalidad de la renta, pero no es cierto. Por ejemplo, los contribuyentes con una renta superior a 300.000 euros anuales tributan al 47% solo por la parte de su renta que exceda de esa cantidad, 300.000 euros. En cambio, aquella comprendida entre 60.000 a 300.000 euros lo hará al 45%, que es el quinto tramo, y así sucesivamente en todos los tramos hasta los 12.500 euros primeros que se gravan al 19%, absolutamente en todos los contribuyentes.
Aquellos que pertenecen a un determinado tramo se ven afectados por todo lo que se aplica a los tramos inferiores, ya sean subidas o bajadas. Lo mismo cabe afirmar del límite exento. Además, como se trata de un impuesto progresivo, la deflactacion de la tarifa en el IRPF no beneficiará a todos por igual, sino a unos más que a otros, en función de los ingresos. En este caso, esta relación se cumple hasta los 40.000 euros de renta, y a partir de ahí todos reciben la cantidad máxima.
Los autores anónimos del documento eran conscientes de que aquellos ciudadanos que están exentos de tributar o cuya tributación era muy reducida, los del primer grupo, los de menores renta, apenas salían beneficiados con la medida y por eso señalan sin concreción, porque los casos pueden ser muy variados, un impuesto negativo sobre la renta. A Feijóo no le han explicado bien lo que esto significa. Es lo que nos faltaba después del ingreso mínimo vital del ingenioso Escrivá, que también se diseñó como impuesto negativo sobre la renta y que ha sido un total fracaso, teniendo enormes dificultades de gestión y que enfanga en tareas no propias a la Agencia Tributaria. Armonizar ambas ayudas entre sí con las rentas mínimas de las distintas Autonomías, con lo bonos sociales, etc., sería una tormenta perfecta.
La segunda parte de la premisa que citábamos antes también es errónea. La suposición de que la inflación ha perjudicado a todas las empresas y a todos los ciudadanos está equivocada. Precisamente el peligro de la inflación radica siempre en que tiene un componente explosivo, una espiral que no solamente se cumple en la dinámica beneficios-salarios, sino entre las propias empresas. Cada sujeto económico se defiende de la elevación de sus costes subiendo sus precios, pero nada garantiza además que muchos de ellos no aprovechen la ocasión para fijarlos en una cuantía superior al que les fuerza el incremento de sus inputs.
El origen de esta inflación se encuentra ciertamente en el exterior, en la subida del gas, del petróleo, etc., pero más tarde tomó fuerza en los precios interiores. No hay un solo precio, sino tantos como productos y servicios, y cada sector pugna por trasladar a ellos la elevación de sus inputs. Sin embargo, no todos tienen la misma facilidad. Aquellos sometidos a la competencia exterior, bien porque exporten gran parte de su producción, bien porque puedan ser sustituidos por productos exteriores, tendrán muchos más problemas para resarcirse. Otros, por el contrario, contarán con mayores oportunidades, incluso pueden caer en la tentación de obtener una ganancia fácil subiendo los precios más que los costes.
No todas las empresas y negocios, tal como se nos quiere hacer creer, están teniendo graves dificultades. Incluso muchos de ellos han podido obtener un beneficio extraordinario. Precisamente por ello la inflación alcanza valores tan altos, que no obedecen únicamente a la subida del valor de la energía, sino también a la reacción en cadena de empresas y autónomos para ajustar sus precios a sus costes.
No tiene sentido hablar de perjudicados con carácter general, y mucho menos plantear una rebaja en el impuesto de sociedades. Este impuesto grava exclusivamente a los que obtienen resultados positivos y por lo tanto las rebajas en este tributo irían dirigidas a los que tienen beneficios, es decir, a los que no han salido perjudicados. Por el contrario, no ayudaría a los que han sufrido pérdidas, que serían los verdaderamente damnificados. Por otra parte, el procedimiento escogido, la libertad de amortización, es de los más dañinos para la hacienda pública, aunque quizás de los más beneficiosos para los empresarios. Si acaso, tan solo podría estar justificado en momentos en que se precisase incrementar fuertemente la inversión. No parece que sea este el caso. Hoy, el objetivo principal es defenderse de la inflación.
Plantear la solución del problema bajo la forma de ayudas directas a las empresas y a las familias tiene el enorme inconveniente de que se dispara a ciegas con dinero público, sin saber muy bien quién lo necesita. Una vez que la inflación se ha extendido es difícil conocer a quién ha perjudicado y en qué medida. El proceso inflacionario es complejo como compleja es la multitud de productos y precios. Resulta en extremo complicado averiguar cómo están reaccionando los empresarios y trabajadores de los distintos sectores.
Plantear la rebaja del IRPF y de Sociedades despide un cierto tufillo a que en el documento ha participado el Instituto de Estudios Económicos, organización dependiente de la CEOE. El escrito insinúa que la finalidad de las ayudas a las empresas y a las familias es reducir el impacto que el incremento de los precios pueda tener en sus presupuestos, sin que tengan que demandar subidas salariales desproporcionadas, que se trasladarían a los costes empresariales. Es decir, que el objetivo que se percibe es el pacto de rentas y que las negociaciones colectivas se aprueben con salarios más bajos. Siempre he sospechado que las múltiples rebajas fiscales del IRPF de Solchaga, Solbes, y Rato se han transmitido en buena parte a los beneficios de las empresas. Existe un cierto espejismo en los trabajadores a la hora de negociar los salarios, ya que con frecuencia piensan en retribuciones netas.
Si se quiere combatir la inflación con recursos públicos el camino correcto y más rápido es la reducción de la imposición indirecta. Constituye una acción directa sobre los precios. Feijóo lo plantea como una segunda vía, parece que le da un carácter secundario, sin concederle la misma importancia que a la primera, las ayudas directas. De hecho, se debía haber actuado de este modo desde el principio, reduciendo selectivamente los gravámenes indirectos antes de que la subida del precio de la energía se hubiese trasladado al de otros muchos artículos, que es lo que ha hecho explosiva la inflación. La disminución de los impuestos indirectos tiene la ventaja de que actúa a priori para evitar la subida de los precios y no a posteriori como la reducción de los tributos directos, concediendo ayudas para los damnificados por la inflación, sin saber muy bien quiénes son.
Ahora bien, dado el elevado nivel que alcanza el endeudamiento público, la reducción de los impuestos indirectos ligados a los distintos tipos de energía debería acompañarse de la correspondiente financiación, bien por la reducción del gasto público bien por el incremento de otros ingresos. Lo primero no parece demasiado aconsejable, porque si bien hay partidas de las que se podría prescindir hay otras que deberían ser reforzadas. Pero este tema merece otro artículo, seguramente la semana que viene. En cuanto al asunto de los ingresos, aun sabiendo la oposición que levanta, lo cierto es que hay margen dentro de la imposición directa, incluso y con mayor razón en los momentos de crisis, para aumentarla, por ejemplo en lo referente a las rentas de capital. Si en la sociedad española hay muchas personas muy necesitadas, incluso en situación de pobreza, existen también otros muchos ciudadanos con rentas elevadas y con capacidad tributaria. Hay pobres, pero también ricos, aunque estos últimos no se tengan por tales y se consideren a sí mismos rentas medias.
republico.com 5-5-2022
