ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

En plena campaña electoral de Madrid, un tema ajeno al debate político logró hacerse un hueco relevante en los medios de comunicación. Me refiero a la creación de la supercopa. No sé nada de fútbol y, si me apuran, tampoco de otros deportes. Me pierdo entre la FIFA, la UEFA, las ligas, el Comité Olímpico y otros chiringuitos, tanto en el orden nacional como internacional. Pero no se necesita saber mucho para llegar a la conclusión de que son organismos o sociedades privadas con muy poca transparencia, libres de todo control y carentes de cualquier mecanismo democrático, sin que se conozca muy bien mediante qué medios se designan sus órganos directivos y por qué los emolumentos y prebendas de sus miembros son tan desproporcionados, sin que los poderes públicos hayan puesto nunca orden dentro de este enjambre de oligarcas.

Así que cuando escuché la noticia de la creación de la supercopa realicé mi propia composición: unos aprovechados que pretendían dar un golpe de mano a otros aprovechados y que no han tenido éxito. No había que darle mayor importancia. Pero he aquí que escucho unas declaraciones de Florentino Pérez afirmando que el fútbol está en peligro, que muchos clubs pueden desaparecer porque tienen una deuda que no pueden soportar; y hay que suponer además que se refería principalmente a los equipos importantes.

Mi extrañeza fue enorme, porque casi todos nos hemos quedado estupefactos y un poco escandalizados cuando la prensa ha publicado las primas y las retribuciones de ciertos futbolistas. Incluso habrá quien haya pensado sobre lo rara que es esta sociedad que retribuye de forma tan desigual al que se dedica a dar patadas a un balón respecto a los que, por ejemplo, se juegan la vida salvando a otras personas en un hospital en tiempos de pandemia o a aquellos que tras años de investigación descubren algo que puede beneficiar considerablemente a la humanidad.

Pero, ante estas reflexiones, no faltará quien nos aleccione en tono didáctico acerca de que una cosa es el valor y otra el precio, que rara vez coinciden, como lo ilustra el clásico ejemplo del aire y el oro. El precio no depende del valor intrínseco de la cosa, sino del mercado, de lo que se esté dispuesto a pagar por ella, de su escasez. Pero ahí es donde cruje el discurso de Florentino, porque si los clubs están al borde de la quiebra solo puede ser porque han pagado mucho más por el fichaje de ciertos futbolistas que lo que van a percibir por ellos. La solución para no quebrar es relativamente sencilla, como en cualquier economía, no gastar más de lo que se puede.

En cuanto a las deudas contraídas por los equipos de fútbol, que serán principalmente ante las entidades financieras, surge alguna que otra pregunta. ¿Por qué los bancos han asumido estos riesgos? Tal vez porque intuyen que en caso de insolvencia las Administraciones públicas no van a dejar caer un equipo que tiene un valor emblemático para una ciudad, o para un determinado territorio. Terminarán saneándolos de una o de otra manera, directa o indirectamente mediante operaciones urbanísticas, con tal de que no desaparezcan. ¿No sería lógico entonces que el Estado tuviese algo que decir en todo este tinglado del fútbol, sobre todo en lo que se refiere a la vigilancia de las insolvencias?

Hablando de retribuciones astronómicas y escandalosas, también por esas fechas, en medio de la campaña electoral, varios ministros, entre ellos la de Economía, han denunciado el contraste que se da en los bancos entre las retribuciones de sus ejecutivos y los ERE que piensan acometer con miles de despidos. Calviño, sin duda, tiene razón excepto por un pequeño detalle: se le ha olvidado que ella es la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno y, por lo tanto, tiene mucho que decir -y más que decir, hacer- en estos asuntos.

Ciertamente, los sueldos que se han adjudicado los ejecutivos de las entidades financieras son obscenos, pero hay que añadir enseguida para ser justos que no son exclusivos de ellos y que afectan a la totalidad de las grandes compañías. El abanico de las retribuciones dentro de las empresas se ha ido ampliando a lo largo de los años hasta niveles que hoy parecen indecentes e inmorales, convirtiéndose en una de las principales causas (no la única) del incremento de la desigualdad en la sociedad.

Podríamos recurrir de nuevo a la diferencia entre valor y precio; pero tampoco parece que aquí sea el mercado el que determina la cuantía de las retribuciones. Por más que intenten justificar lo  contrario, en la mayoría de los casos no existe correlación entre las remuneraciones de los ejecutivos y los beneficios de las empresas. Llevándolo al extremo, solo tenemos que recordar los altos sueldos de algunos directivos que en la crisis pasada llevaron a sus entidades a la ruina, o el caso más reciente de Abengoa.

Ya sabemos cómo funcionan los consejos de administración de las grandes sociedades y el papel de los consejeros independientes. Conocemos de sobra la forma oscurantista en la que se adoptan los acuerdos y lo poco que pintan los accionistas. No es el mercado el que fija los sueldos, sino el juego de los distintos grupos de poder que dominan la empresa.

En cuanto a la multiplicación de los ERE, la razón habrá que buscarla en que las distintas reformas laborales han ido dando una definición cada vez más laxa de las causas objetivas, en la que cabe casi todo, y deja a las empresas un amplio margen de maniobra para realizar los ajustes que ansían, aunque no sean necesarios para la viabilidad de la compañía, solo para obtener mayores beneficios. En el caso de las entidades financieras, resulta muy dudoso que sea imprescindible el ajuste en la plantilla, al menos en la cantidad que están planteando los ERE.

Es cierto que los avances tecnológicos y la posibilidad de gestionar on line casi todos los productos financieros hacen menos necesarias las oficinas de los bancos, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer o reducirse de tal modo su número y su plantilla que se produzcan importantes insuficiencias en los servicios. Los usuarios tienen ya, y cada vez más, la sensación de que cuando se ven obligados a realizar en los bancos una gestión de manera personalizada se enfrentan a bastantes dificultades, y no digamos los problemas con los que chocan aquellos clientes que no cuentan con Internet o no se manejan con las nuevas tecnologías.

El BBVA acaba de anunciar un ERE de 3.800 de trabajadores y proyecta cerrar una de cada cuatro sucursales; pero las señales de alarma han sonado, sobre todo, cuando Caixa Bank, como consecuencia de la absorción de Bankia, ha hecho pública su intención de mandar al paro a 8.291 trabajadores provenientes solo de sucursales, sin contar los posibles despidos de servicios centrales. Ha sido principalmente este último anuncio, que además ha coincidido con una subida de sueldo sustancial de sus ejecutivos, el que ha originado las críticas de la ministra de Economía y de alguna otra ministra.

El hecho es curioso porque ha sido el Gobierno el que ha propiciado la fusión entregando Bankia a Caixa Bank, lo que ha debido de ser muy provechoso para la segunda entidad, pero no estoy nada seguro de que lo haya sido también para el Estado. En cualquier caso, el Gobierno podría haber introducido en el acuerdo de fusión la condición de que la nueva entidad no pudiese aprobar ningún ERE en un periodo determinado. Sin duda, la justificación de los despidos choca con la noticia de que el nuevo presidente de la entidad se ha triplicado el sueldo, y con él otros 26 ejecutivos van a ver incrementadas sustancialmente sus retribuciones.

El motivo aducido es la necesidad de equilibrar los sueldos de los directivos de las dos entidades fusionadas. Bankia, al estar intervenida por el FROB, los tenía congelados. En cierto modo, la dirección de Caixa Bank, puede estar en lo cierto cuando, como contestación a la ministra, ha afirmado que sus sueldos -los de Caixa, no los de Bankia- son los que están a nivel de mercado. Quieren decir que están en consonancia con el que pagan otras entidades financieras. Sin embargo, eso no significa que lo esté determinando el mercado, como lo prueba el hecho de que planteen al mismo tiempo la necesidad de aplicar un ERE. Lo que los fija son los chanchullos de los consejos de administración y la emulación de unos ejecutivos frente a otros.

Caixa Bank plantea además   que no sería correcto que el Gobierno interfiriese en este tema, a pesar de que el Estado mantiene a través del FROB el 17% de las acciones de la nueva entidad. Las cifras, pero no solo en la banca, son desde luego escandalosas. En algunos casos alcanzan, englobando todos los conceptos, varios millones de euros anuales. La parte socialista del Gobierno, que yo sepa, nunca había criticado esta situación ni había propuesto ningún mecanismo de limitación. Por el contrario, desde Podemos sí han planteado en algunas ocasiones poner un tope a las retribuciones, lo que desde el sector bancario se considera una injerencia inaceptable. No lo calificaría yo así, pero sí que es una medida que carece de finura y, por lo tanto, puede introducir en la economía distorsiones, al no poderse aplicar con la generalidad necesaria.

Al mismo resultado se llega por otro camino. Si se quiere, la solución existe desde hace mucho tiempo y no hay que inventar nada. Habrá que acudir al sistema fiscal, al IRPF y a la tarifa progresiva. Se trata de ampliar hacia arriba tantos tramos como sean necesarios, cada uno de ellos a un tipo marginal mayor, de manera que a determinados niveles se desincentive totalmente la subida de sueldos al quedarse Hacienda con la mayor parte del incremento. Los datos indican que, en Europa, hasta 1980, cuando existían tipos marginales máximos considerablemente altos (en algunos países del orden del 80 o 90%) los sueldos de los grandes ejecutivos se mantuvieron moderados; sin embargo, a partir de los ochenta, y a medida que se reducía la progresividad del impuesto de la renta, disminuyendo los tipos marginales máximos, las remuneraciones de los ejecutivos comenzaron a desbocarse hasta los niveles actuales.

En España, hoy, tocar el tema de los impuestos es meterse en un hormiguero. Los comentaristas políticos, tertulianos, articulistas y todos los que crean opinión, reaccionan de forma histérica y con total irritación. Lo cierto es que, con la coyuntura actual y el nivel que va alcanzar el endeudamiento público, la subida de impuestos es ineludible. Se va a producir sí o sí. La única duda es qué tributos van a incrementarse si los regresivos o los que son progresivos. Por lo que se ha publicado del Plan de Recuperación claramente los indirectos y regresivos.

Puede pensarse que la modificación de la tarifa del IRPF anterior es un tema secundario, sin demasiado impacto en la recaudación. Quizás sea cierto que su capacidad recaudatoria es muy baja, pero afecta sin duda a la equidad en la distribución de la carga tributaria. Ver que las rentas altas tributan de acuerdo con sus ingresos parece una condición necesaria para que los ciudadanos asuman una mayor presión fiscal. No parece lógico que la escala progresiva del impuesto sobre la renta termine en 60.000 euros (el último añadido a 300.000 euros es un pastiche que eleva solo en dos puntos el tipo marginal máximo). Hay que recordar que a principio de los ochenta este tipo en España estaba fijado en el 65% y la tarifa tenía 36 tramos. No obstante, conviene añadir que el primer paso tendría que ser retornar a una tarifa única, es decir, que las rentas de capital vuelvan a unirse con las de trabajo.

republica.com 7-5-2021

Los desafueros y desatinos de un gobierno pueden cometerse de forma consciente, motivados por el propio beneficio y por objetivos bastardos, pero también se pueden deber a la propia ineptitud o incompetencia; nunca se sabe qué es más grave. Se trata de la clásica alternativa entre la maldad y la estupidez, y resulta difícil apostar sobre cuál de ellas puede producir resultados peores.

Este año, la Administración tributaria va a tener que soportar una importante carga adicional de trabajo, que sin duda la alejará de cometidos más provechosos en la persecución del fraude fiscal y -lo que puede ser aun peor-, un número considerable de ciudadanos, pertenecientes precisamente a las clases menos favorecidas y con menores conocimientos, se van a ver sorprendidos con una obligación administrativa para la que no están preparados y que no esperaban, y muchos de ellos, además, con una deuda tributaria con la que no contaban. Me refiero a las personas que durante la pandemia han estado en ERTE y las que han cobrado el Ingreso Mínimo Vital  (IMV).

El impuesto sobre la renta es un tributo personal, universal y progresivo que gira sobre la totalidad de las rentas del contribuyente. De ahí la necesidad de que cada uno de ellos (a pesar de que en las distintas fuentes de renta los pagadores hayan ido haciendo retenciones que ingresan posteriormente al fisco) tenga que hacer una declaración anual en la que habrán de englobar todos sus ingresos. Según las especiales características personales y familiares y, por tanto, las deducciones que correspondan al contribuyente, así como la tarifa progresiva y las retenciones practicadas, el resultado de la declaración será o bien positivo con la correspondiente cuota diferencial e ingreso en el fisco, o bien negativo con la consecuente devolución de Hacienda.

La Administración tributaria optó, hace ya muchos años, aun a costa de perder información, por liberar lo más posible a las rentas bajas de la obligación de declarar; al tiempo que se eximía ella misma de una carga de trabajo no demasiado productiva, para poderse dedicar a otras labores mucho más rentables en la persecución del fraude. Actualmente, están exentos de hacer la declaración del IRPF aquellos contribuyentes cuyas rentas de trabajo sean inferiores a 22.000 euros, que provengan además de un solo pagador o la cuantía de la segunda retribución o sucesivas no superen en total los 1.500 euros, y siempre que las rentas de capital, si las hubiere, estén por debajo de 1.600 euros. La condición de que haya un solo pagador tiene su razón de ser en que, al conocer este la totalidad de los ingresos, las retenciones que aplicará estarán en consonancia con la tarifa progresiva.

Cuando hay más de un pagador la cosa cambia, puesto que cada uno de ellos solo conoce una parte de la renta del contribuyente y no es posible, por lo tanto, aplicar la progresividad. El límite para no declarar se sitúa entonces en 14.000 euros, que viene a coincidir con la exención mínima del gravamen, puesto que la tarifa tiene un límite exento de 12.450 euros, al que habría que añadir las deducciones de carácter general.

Los trabajadores que durante 2020 han estado en un ERTE han contado con dos pagadores, la empresa correspondiente y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La gran mayoría de ellos, al comenzar la campaña del impuesto sobre la renta, se han encontrado con una desagradable sorpresa, la obligatoriedad de hacer declaración, a lo que muy pocos estarían acostumbrados y -lo que aún es peor- se ven en la necesidad de tener que ingresar en Hacienda unas cantidades que no tenían previstas. Ciertamente, eso no significa que el gravamen que tengan que soportar sea mayor que si hubieran continuando trabajando en sus empresas, sino que ahora tienen que pagar una cuantía que el SEPE no les había retenido; pero ello no les libra del sobresalto y de que no se desestabilice todavía más su maltrecha economía.

Se dirá que constituyen un caso más, y que en la misma tesitura se encuentran todos aquellos que a lo largo del año hayan tenido dos o más trabajos, pero en estos supuestos no se puede evitar la duplicidad de pagadores y además no conforman un colectivo más o menos homogéneo de tres millones y medio de personas. En el asunto de los ERTE, el problema se podía haber obviado de manera sencilla. Solo hubiese sido necesario que el SEPE hubiese continuado realizando la misma retención que venían practicando las empresas, ya que contaba con toda la información requerida. Por otra parte, hay otra diferencia que justificaba la retención, el hecho de que, en teoría, los ERTE constituyen una situación provisional, y se supone que transitoria, aunque bien es verdad que está a punto de convertirse en algo crónico o permanente.

Mayor gravedad, si se quiere, tiene lo referente al IMV. Los perceptores del IMV (parece ser que al final serán unos 460.000) van a tener que hacer la declaración sobre el IRPF. Lo primero que hay que constatar es que esta obligación no deriva de ninguna norma tributaria, sino que está motivada por la incompetencia de un ministro que se dedica a hacer leyes desde el despacho desconociendo totalmente la realidad. Me consta que desde la Agencia Tributaria se han hecho gestiones para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (mucho nombre para ser en realidad la mitad de un ministerio) eliminase tal exigencia, pero por supuesto con escaso éxito, y es que en realidad es imposible la supresión porque, por desgracia y por ineptitud, esta obligación está en la base de la ayuda tal como se ha diseñado.

Contra toda lógica, y me extraña que apenas se haya señalado, esta prestación social, aun cuando no se dice explícitamente, se ha configurado como un impuesto negativo sobre la renta (INR), en cuanto que la cantidad a percibir se fija en cada caso como la diferencia entre una renta garantizada por ley y los ingresos obtenidos por el beneficiario en el ejercicio anterior. De ahí que la declaración del impuesto sobre la renta aparezca como un elemento sustancial de la prestación, y también la que la convierte en totalmente inoperante y difícil de gestionar.

No existe la proximidad necesaria entre la ayuda y la situación de indigencia, ya que su cuantía se determina en referencia a la renta del ejercicio anterior, renta que además se conoce con mucho retraso. Es decir, que la situación económica del beneficiario o beneficiarios del año 2020 será la que servirá para fijar la prestación en el 2022. Ni que decir tiene que en el mundo actual los cambios en la realidad económica se producen con mucha más celeridad. Una gran mayoría de ciudadanos depende económicamente de su puesto de trabajo. Su pérdida ocasiona la pobreza, sin que tengan un colchón de ahorro con el que resistir y cuyo remedio precisa de una inmediatez de la que carece el diseño dado al IMV.

Desde que hace ya bastantes años Friedman propusiera el impuesto negativo sobre la renta (por cierto, de acuerdo con su ideología liberal conservadora, como sustituto de todo otro subsidio o ayuda social) dada su complejidad, ningún país ha optado por implantarlo. Eso sí, ha hecho correr ríos de tinta en tesis universitarias, en informes de gabinetes de estudios, en artículos en revistas especializadas; todo ello desde la pura teoría y con desconocimiento total de la realidad. De todos estos papeles ha debido de beber el ministro independiente y no de la comprensión de la sociedad y del conocimiento de las condiciones sociales y económicas.

Esta figura de protección social, tal como se ha construido, implica que cada beneficiario va a recibir una cantidad diferente, no solo debido a la unidad de convivencia, sino porque de la renta garantizada en la ley hay que reducir los presuntos ingresos que hayan tenido los beneficiarios en el año anterior. Es hacer un traje a medida para cada uno de ellos. Su implantación fue ya un auténtico fracaso (véase mi artículo publicado en estas páginas el 3 de septiembre del año pasado con el título “El patinazo del ingreso mínimo vital”) y, como es de prever, el desatino será aún mayor en la gestión y en el control posterior.

El señor Escrivá ha echado sobre la Agencia Tributaria casi toda la tarea, y no puede ser de otra forma al haber prefigurado la prestación como un INR. No parece que tenga mucho sentido, dado el ingente fraude existente, desviar la atención de esta institución hacia las presuntas defraudaciones de cantidades insignificantes que puedan cometer perceptores que, en teoría, están en situación de pobreza. O bien la Administración tributaria pierde un tiempo precioso que debe dedicar a otros menesteres mucho más rentables desde el punto de vista fiscal, o no habrá nadie que controle esta prestación, constituyendo un agujero negro y las delicias de aquellos beneficiarios que tengan pocos escrúpulos. Desde luego, pocos serán los que acepten trabajos ocasionales- al menos de forma legal-, conscientes de que los ingresos así obtenidos se van a descontar después de la cuantía de la ayuda. Un incentivo importante para la economía sumergida.

Por otra parte, si el colectivo beneficiado es aquel para el que se supone que iba destinada la prestación, muchos de sus integrantes van a tener gran dificultad a la hora de hacer la declaración, aun cuando Hacienda, tal como ha prometido, instrumente medidas para simplificarlo. Incluso habrá quienes ni siquiera se enteren de que existe tal obligación.

En el artículo citado del 3 de septiembre ya señalaba que la palabra más repetida a lo largo del decreto ley era la palabra reglamento, lo que indica la indeterminación y ambigüedad de la norma y la cantidad de puntos que necesitaban desarrollo reglamentario posterior. Pues bien, a estas alturas nada de esto se ha producido.

Esta falta de concreción llega a la propia exigencia de hacer la declaración del IRPF, porque si bien queda clara su obligatoriedad, se mantiene la confusión acerca de cuál va a ser la consecuencia del incumplimiento. Incluso permanece en cierta oscuridad su tratamiento fiscal. El IMV está exento, pero si se acumulan otras ayudas de origen autonómico o provenientes de la Administración local la cuantía a partir de la cual se comienza a tributar, según apunta la Agencia Tributaria, es de 11.279, lo que crea cierta confusión cuando se considera la unidad de convivencia y la posibilidad de que incluso los menores puedan ser titulares de la prestación.

Una de las mayores contradicciones del IMV, tal como está planteado, es que la percepción del subsidio sea compatible con las distintas ayudas – llámense como se llamen-  que las Comunidades Autónomas conceden con la misma finalidad; es decir, que estas no minoren la renta garantizada, del mismo modo que lo hace cualquier otro ingreso. Perpetúa por tanto la desigualdad territorial anterior y la misma situación de caos entre regiones. El ministro Escriva ha venido justificando la creación del IMV en la petición de los organismos internacionales, pero la denuncia de estos se dirigía principalmente contra la disparidad que se producía entre las Comunidades, que es precisamente lo que la nueva ayuda no soluciona.

El IMV no remedia la pobreza e indigencia creadas por los cambios repentinos de la situación económica que se producen en crisis como la actual, y que se derivan fundamentalmente de la pérdida de empleo. Carece de la inmediatez precisa al remitir a las condiciones económicas de los beneficiarios con un desfase de casi dos años (declaración del IRPF). Si la gran mayoría de los casos de necesidad se producen como consecuencia de verse privado del puesto de trabajo, la vía lógica hubiese sido potenciar el seguro de desempleo y ampliarlo todo lo necesario, así como hacerlo extensivo a aquellos colectivos que no tienen derecho a su percepción.

Parece que el IMV esté destinado exclusivamente para los casos de exclusión y pobreza que podríamos llamar estructurales, de larga duración o indefinidos, pero para este objetivo hubiese sido mucho más fácil, lógico y conveniente haber utilizado las prestaciones y ayudas ya existentes en las Autonomías, aprovechar su experiencia, haber obtenido lo mejor de cada una de ellas y elaborar una sola para el conjunto del país, y desde luego mucho más simple y adaptada al segmento de población al que va dirigida. Pero ciertamente eso podía haber creado problemas con las Comunidades Autónomas y, sin duda, era mucho pedir a un Ejecutivo que precisa de los partidos nacionalistas y regionalistas para gobernar.

republica.com 23-4-2021

Hace aproximadamente un año publiqué, en la editorial El Viejo Topo, mi último libro, “Una historia insólita, el Gobierno Frankenstein”. Tal como indica el título, mi pretensión era narrar la gestación en el tiempo de una realidad tan inaudita como la de que en la España del siglo XXI se hubiese producido un golpe de Estado en Cataluña, que los golpistas desde la cárcel o desde el exilio continuasen rigiendo esa Autonomía y, lo que era mucho más grave, que al mismo tiempo condicionasen y en cierto modo rigiesen el gobierno de España. Las situaciones que se estaban produciendo y, que sin duda se iban a producir, no podían por menos que sorprendernos a todos.

Al finalizar el libro, se desataba la epidemia y se decretaba el primer estado de alarma, que introducía variables nuevas de máxima relevancia, de modo que creí conveniente, antes de publicarlo, añadir un epílogo en el que me preguntaba, sin pretensión de hacer de profeta, cuál sería el impacto de la nueva situación en el segundo gobierno Frankenstein que acababa de constituirse. A pesar de ello, no se podía decir que Sánchez fuese un presidente recién nombrado, llevaba ya casi dos años durmiendo en el colchón de la Moncloa.

Las perspectivas no eran para él especialmente halagüeñas. No había podido ejecutar su propio presupuesto, continuaba con el de Montoro, que tanto había denostado. En 2019 el déficit se había desmandado y, en el intento de ocultarlo, sufrió la corrección y la reprimenda de Eurostat, que en seguida pilló el pufo en las cuentas públicas. Sánchez, que había llegado a la Moncloa por un solo voto de diferencia y apoyándose en un conglomerado de fuerzas difíciles de armonizar, había renunciado ya a elaborar unos presupuestos para 2020. La actividad económica entraba en un proceso de desaceleración, la evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo, y todo indicaba que la negativa a subir los impuestos y los propios estabilizadores automáticos iban a complicar más las finanzas públicas. Por último, dar satisfacción a las fuerzas políticas que le habían hecho presidente no iba a ser nada fácil.

En esta tesitura surge la pandemia. Era, ciertamente, una coyuntura inesperada, y que colocaba al nuevo Gobierno en una difícil encrucijada y para la que desde luego no estaba preparado, pero también era posible que Sánchez, y así lo indicaba yo entonces en el epílogo, acariciase la idea de utilizar la crisis sanitaria para ocultar todos sus errores y equivocaciones y convertirla en la coartada perfecta que le permitiese acometer toda serie de desafueros e irregularidades. Podía ser la cortina que encubriese las contradicciones de un gobierno Frankenstein, y le evitase toda crítica, ya que cualquier censura se disfrazaría de deslealtad y de falta de colaboración en la solución de los graves problemas que afligían a la sociedad española.

Se ha cumplido un año y esta última estrategia parece haberse cumplido al milímetro. La única preocupación del Gobierno en la pandemia no ha sido salvar vidas, como repiten a diario, ni minimizar los enormes costes económicos que se derivan de la crisis sanitaria, sino sacar de ella la máxima rentabilidad política. En una primera etapa pensaron que colocándose al frente de la manifestación podían conseguir apreciables beneficios electorales. De ahí el primer estado de alarma y las durísimas medidas de confinamiento aprobadas, sin comparación con otros países, que hundieron la economía más que en ningún otro Estado de la Eurozona. Pero pronto comprobaron su incapacidad para solucionar los problemas que se presentaban, y que los costes políticos podían ser más elevados que los beneficios, con lo que la factoría de la Moncloa acuñó inmediatamente una palabra, la de cogobernanza”. Comenzaba un nuevo periodo que podríamos denominar de “culpas fuera”.

Casi siempre que se ha dado en el plano económico una agrupación público-privada el resultado ha sido el mismo, privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Algo parecido representa la cogobernanza sanchista en el ámbito político: los costes los asumen las Comunidades; los triunfos, para el Gobierno. No soy precisamente un defensor del Estado de las Autonomías, pero tengo que reconocer que en líneas generales durante este tiempo las Comunidades Autónomas han estado mucho más a la altura de las circunstancias que el Ejecutivo. Cada una de ellas ha hecho lo que ha podido, incluso sin que Sánchez les concediese los medios necesarios. Es más, en algunas como en el caso de Madrid el Gobierno ha jugado claramente en contra. Se ha producido el resultado lógico, la heterogeneidad y que cada Autonomía aplicase medidas distintas, con lo que el caos ha estado servido.

Sánchez se ha colocado por encima del bien y del mal, como si el tema no fuese con él. Se ha lavado las manos en todos los asuntos que podían ser desagradables, derivando las culpas a las Comunidades Autónomas o incluso a la Unión Europea, como en el caso de las vacunas. Es más, no ha asumido ni siquiera la responsabilidad de las competencias que mantiene totalmente en exclusiva, tales como las referentes al Ministerio del Interior o a los aeropuertos.

El Gobierno es el principal responsable (excepto en el País Vasco y en Cataluña, donde las políticas de orden público están transferidas), de que se cumplan o no las medidas adoptadas, ya que las policías municipales carecen en la mayoría de los casos de medios y capacidad suficiente para conseguir este objetivo. Por ello resulta paradójico que se hayan empleado por ejemplo las fiestas ilegales en Madrid como arma con la que denostar al Gobierno de la capital, cuando la responsabilidad era del Ejecutivo central. El sectarismo ha funcionado de forma llamativa. Los controles han sido bastantes exhaustivos cuando las normas eran las establecidas con carácter obligatorio por el Gobierno o por ese Consejo territorial que Sánchez maneja a su antojo y cuyos acuerdos se han transformado de recomendaciones en preceptos. Sin embargo, las cosas cambian por completo y las fuerzas del orden desaparecen cuando se trata de controlar las medidas impuestas por las Autonomías.

Algo parecido ha ocurrido con las fronteras y con el transporte aéreo, competencia exclusiva del Gobierno central. A diferencia de otros países, España ha sido totalmente renuente a prohibir o al menos dificultar la entrada de extranjeros. Siempre ha ido con retraso. E incluso, cuando al final ha impuesto condiciones como la necesidad de presentar una PCR, no ha hecho nada para controlarlo. La falta de vigilancia es tanto más inexplicable cuanto que la verificación en los aeropuertos no presenta ninguna dificultad al poder realizarse al mismo tiempo que el pasaporte o el documento nacional de identidad. La dejación del Gobierno en esta materia ha sido tan llamativa que ha provocado incluso la crítica de uno de los apoyos del Gobierno Frankenstein, el portavoz parlamentario del PNV. El Gobierno, en su línea, ha tirado balones fuera y responsabiliza a Europa y al Acuerdo de Schengen de su negativa al cierre de fronteras, lo que no tiene ninguna verosimilitud, puesto que han sido muchos los países miembros que lo han puesto en práctica en distintas ocasiones. La misma España mantiene cerradas las fronteras con Portugal.

No es la única vez que Sánchez se escuda de manera tramposa en la UE. Lo ha hecho, por ejemplo, con las rebajas del IVA en las mascarillas y en la factura de la luz. Especial relevancia tiene el asunto de las vacunas. En él se ha plasmado perfectamente la  asimetría que ha presidido todo el plan sanchista: apropiarse de los éxitos y adjudicar a los demás los fracasos. En un acto impúdico de propaganda, el Gobierno etiquetó los primeros paquetes de vacunas que llegaban con enormes carteles en los que aparecía en letras grandes, Gobierno de España; intentó apuntarse el tanto, pero tan pronto vislumbró el notable fracaso que iba a representar el suministro se escudó tras la UE.

Ciertamente, la UE se ha cubierto de gloria en un tema tan sensible. Incluso los que hace mucho tiempo hemos abandonado esa postura bobalicona de admiración hacia ella, y somos conscientes de las enormes contradicciones y lacras de las que está afectada, no podíamos sospechar que el fracaso en este caso fuese tan enorme. Era difícil de prever que una organización con tal poder económico y político fuese incapaz de resolver adecuadamente un asunto, por una parte, de tanta importancia, pero al mismo tiempo relativamente sencillo de gestionar, como han demostrado algunos países cuyo potencial es infinitamente menor que el de la UE.

El retraso en el aprovisionamiento de las vacunas es de una extrema gravedad, y su coste va a ser muy elevado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. Es absurdo que se haya perdido tanto tiempo y esfuerzo en aprobar unos fondos económicos (por otro lado, todavía en el alero) para intentar recomponer la situación económica y a la vez no se haya puesto la diligencia adecuada en evitar la demora en la vacunación, en buena medida responsable del deterioro económico que se va a producir. Sánchez, como viene siendo habitual, se ha desentendido del problema refugiándose en la UE, como si esta organización fuese independiente de los gobiernos y España no fuese el cuarto país más importante de ella.

Durante los meses en los que el abastecimiento de vacunas ha sido un total desastre, Sánchez ha estado totalmente ausente, pero logró desviar la atención mediática del problema principal, la carencia de material, hacia un hecho de mucha menor relevancia, sobre si una u otra Comunidad vacunaban a mayor o menor velocidad. El absentismo de Sánchez se ha traducido también en la ausencia de un verdadero plan de vacunación. Aparte de que frecuentemente ha sufrido modificaciones, se ha elaborado en unos términos tan generalistas que, junto a un suministro del material irregular y caótico, ha conducido a que los colectivos y el orden de los vacunados estén siendo dispares en cada una de las Autonomías.

Sin embargo, en cuanto las vacunas han comenzado a llegar de una manera más regular y en mayor número, a Sánchez le ha faltado tiempo para salir a la palestra en tono triunfalista como si fuese el mecenas que las proporcionaba, para anunciar la vacunación masiva en los próximos meses, con un calendario inventado y sin dar prueba alguna de que se vaya a cumplir. Se fija el famoso 70% para finales del mes de agosto, con lo que se da por perdido el verano, y que en realidad significa una corrección de las promesas anteriores que lo fijaban para finales del mes de junio. Pero Sánchez confía en la falta de memoria de los ciudadanos, con lo que ha convertido su comparecencia en un acto de propaganda orientado a la campaña electoral de Madrid, en la que él es el auténtico candidato, puesto que Gabilondo es tan solo una marioneta como lo fue Illa en el Ministerio de Sanidad y en las elecciones catalanas.

El lavado de manos de Sánchez durante la pandemia ha tenido, en el fondo, un carácter aparente, librarse de todo coste político, porque en realidad ha mantenido casi todo el tiempo el estado de alarma que le permitía, por una parte, situarse al margen, echando toda la responsabilidad sobre las Autonomías, pero, por otra, actuar despóticamente e imponer sus decisiones cuando lo creía conveniente y de acuerdo con sus intereses políticos. El asunto está siendo especialmente llamativo con la Comunidad de Madrid. Sánchez usa la pandemia como arma en su particular guerra con Ayuso, aunque las víctimas sean los madrileños. Resulta sorprendente escuchar a un presidente de gobierno en pleno estado de alarma, y por lo tanto con poderes absolutos, afirmar que Madrid es un desmadre donde se hace circular el virus.

republica.com 16-4-2021