Por si cabía alguna duda acerca de la debacle económica que iba a sufrir el sector turístico español, la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros que provengan de España la ha despejado totalmente. Hay quien dice que la postura británica obedece a motivos económicos, su afán por fortalecer el turismo nacional; otros afirman que hay razones políticas, Gibraltar. Es posible, y también lo es que la medida haya sido improvisada y muy desconcertante para todos, incluyendo los propios ingleses. Pero todos esos argumentos palidecen cuando vemos que otros países: Noruega, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Austria, hasta Túnez, han tomado medidas si no iguales, al menos similares.
Desde luego algo ha fallado en nuestro país en la lucha contra la epidemia, y algo no funciona en la diplomacia española. El Gobierno, aunque lo pretenda, no se puede lavar las manos. Lo más llamativo han sido los bandazos. En marzo, en una semana, se pasó de afirmar que en España no había ningún problema y permitir manifestaciones y actos masivos de todo tipo a encerrar a toda la población en casa durante tres meses.
El Gobierno decidió imponer el mando único, lo que a todo el mundo le pareció lógico, teniendo en cuenta la grave situación que se avecinaba. De hecho, creo recordar que la primera prórroga del estado de alarma se aprobó en el Congreso casi por unanimidad. En las crisis, los problemas se multiplican cuando el Estado está troceado en diecisiete centros de decisión. Parecía evidente, y ahora se demuestra, que no caben los comportamientos estancos. Las situaciones sanitarias de Cataluña o Aragón están influyendo negativamente en las economías de Baleares, Canarias o Benidorm. No se les puede pedir a los países extranjeros que distingan entre regiones o localidades. Algunos lo hacen, pero es comprensible que otros muchos no entiendan nuestro tinglado autonómico.
El problema, sin embargo, surgió tan pronto como se comprobó que el Estado estaba desnudo, y que no había posibilidad de mando único o este devenía caótico. Un ministerio de Sanidad vaciado de competencias desde hacía no se sabe cuántos años y un Gobierno Frankenstein que no estaba hecho para gestionar, sino para la representación. Y representación fue lo que hizo, montando a diario ruedas de prensa con entorchados y todo, y cuantos más entorchados mejor. Todo a mayor gloria del Gobierno y de su presidente. Homilías continuas de los ministros, de la portavoz, e incluso de Pedro Sánchez, llenas de contradicciones, rectificaciones y justificaciones. Las cifras que se facilitaban periódicamente eran un caos, un conglomerado anárquico lleno de contradicciones y que resultaban increíbles. Y no tuvieron ningún pudor en mentir, desaconsejando la mascarilla, que más tarde impondrían como obligatoria, por el único motivo de carecer de suministro.
A pesar de haberse instalado el estado de alarma y de tener el Gobierno central todas las competencias, cada Comunidad en la mayoría de las ocasiones tuvo que apañarse como pudo y por su cuenta, especialmente en un espacio difícil y poco asequible para ellas, el de los mercados internacionales de artículos sanitarios tensionados en esos momentos por la pandemia. Es más, a la hora de la gestión el Gobierno central se convirtió a menudo en un estorbo porque quería y no podía. Era impotente pero no abandonaba la prepotencia. Buscaba el apoyo -más que el apoyo la sumisión de las demás fuerzas políticas-, pero sin pactar nada, simple adhesión a lo previamente aprobado por el Gobierno.
El Gobierno central, aun cuando el estado de alarma le concedía el mando único y todas las facultades, a la hora de las responsabilidades no dudó en quitarse de en medio y atribuir a las Autonomías los muchos errores, fallos y equivocaciones que se produjeron. Incluso la culpa se le adjudicó al PP desde el instante en el que esta formación política no quiso aprobar la cuarta renovación del estado de alarma y se negó a dar un cheque en blanco al Gobierno, ya que este en ningún momento negociaba, ni tan siquiera adelantaba lo que iba hacer.
Tras una desescalada llena de contradicciones y arbitrariedades, que quisieron hacernos creer que estaba regida por criterios científicos y que ahora nos enteramos, aunque lo sospechábamos desde siempre, que el comité de expertos no existía, es decir, que las decisiones obedecían en el mejor de los casos a motivaciones políticas, cuando no a meras ocurrencias, nos hemos adentrado en lo que llaman “nueva normalidad”, que da la impresión de que se traduce tan solo en anarquía y desconcierto. Continúa sin existir ningún plan B, a pesar de las promesas que el Gobierno hizo a Ciudadanos, a los que una vez más les han tomado el pelo y parece que van a continuar tomándoselo, mientras imperen en ese partido los vientos que provienen del grupo parlamentario europeo.
La nueva normalidad ha venido a significar que cada Autonomía haga lo que pueda y quiera, sometidas tan solo a diferentes jueces, que, en muchas ocasiones, como no puede ser de otra forma, mantienen criterios legales dispares. El Gobierno central ha desaparecido. Se ha pasado del todo a la nada. De encontrar policías en cada esquina, dispuestos a multar por si con el perro se andaba más de la cuenta, o si se salía a comprar exclusivamente una barra de pan o si la mujer y el marido viajaban en el mismo automóvil, a la pasividad más absoluta ante botellones, fiestas nocturnas o aglomeraciones en las playas, focos indudables de rebrotes y que pretenden que los solucionen los ayuntamientos con la mermada policía municipal, si es que existe.
La inmigración continúa siendo una competencia del Ejecutivo central y, sin embargo, las delegaciones del gobierno quieren inhibirse en el caso de los inmigrantes ilegales contagiados. Se niegan a adoptar controles efectivos en aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias, y el servicio diplomático, por su parte, ha mostrado estos días su total inoperancia.
El problema del Gobierno Frankenstein es que no sabe o no puede gobernar. Como la cucaracha de la canción, no puede caminar. Está hecho para la representación, pero no para la gestión. Y así resulta que se encuentra presto a montar con los agentes sociales todo un espectáculo tendente a anunciar a bombo y platillo determinadas ventajas económicas y laborales, pero posteriormente le resulta imposible implementarlas y gestionarlas.
Son muchos los trabajadores sujetos a ERTE que tras varios meses aún no han cobrado y los que lo han hecho ha sido con mucho retraso. El Servicio Público de Empleo Estatal se ha visto colapsado, los funcionarios amenazados y en las oficinas públicas se han producido frecuentes alborotos, ocasionados por una multitud de trabajadores, que se encontraban de la noche a la mañana sin ningún recurso económico, y arrojados a la cola de los comedores benéficos a lo que no estaban acostumbrados. Los teléfonos no contestaban y los que al final tenían suerte y obtenían cita era para dentro de varios meses. Todavía son muchos los que esperan al mes de septiembre para cobrar. Más grave es, si cabe, el hecho de que los que en este momento tienen la desgracia de perder el empleo estén recibiendo cita para apuntarse al paro en octubre, con lo que no comenzarán a recibir la prestación por desempleo hasta por lo menos noviembre.
Eso sí, el Gobierno tenía mucha prisa en anunciar con clarines y trompetas la aprobación del ingreso mínimo vital que ha logrado colapsar también la Seguridad Social. Hoy no es posible realizar ninguna gestión sobre pensiones. Con un diseño excesivamente alambicado y engorroso, que va a ser difícil de gestionar, el ingreso mínimo vital presenta aspectos sumamente discutibles, que merecerían un artículo completo. Por la manía de este Gobierno de vender la mercancía cuanto antes, su elaboración ha sido sumamente apresurada, y la palabra que más se repite en el texto es “reglamentariamente”. De manera que muchos aspectos quedan pendientes de un desarrollo posterior que vaya usted a saber cuándo se va a realizar, con lo que en la actualidad estas partes estos aspectos serán inaplicables o de dudosa interpretación.
Dado su diseño, existe la impresión de que apenas va a surtir efecto precisamente sobre los que más van a necesitarlo, aquellos que quedarán en paro como resultado de la crisis económica que acompaña a la pandemia. Es posible que se hubiesen logrado mejores resultados centrando los recursos en gestionar adecuadamente el seguro de desempleo y en ampliar su cobertura incluyendo a todos aquellos colectivos a los que ahora no llega. Bien es verdad que este camino no hubiera resultado tan atractivo y efectista como ha sido el de poder exhibir con toda la parafernalia la creación de una prestación universal para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Curiosamente, quizás a los que más vaya afectar -por lo menos a corto plazo- va a ser a aquellos que ya estaban recibiendo una prestación similar o parecida de las Comunidades Autónomas, pero ello ni siquiera servirá para homogeneizar el caos que hay actualmente en estas ayudas de muy diferente cuantía, ya que la estatal se añadirá a estas como un mínimo a completar y la cuantía final quedará en manos de cada una de las Autonomías.
No, el Gobierno Frankenstein no está hecho para gobernar. Cuando Pedro Sánchez en mayo de 2018 presentó la moción de censura y estuvo dispuesto a ganarla con ochenta y cinco diputados debería haber sido consciente de ello. En nuestra legislación las mociones de censura son constructivas (Vox tendría que tenerlo ahora en cuenta). Lo que quiere decir que su finalidad no puede ser exclusivamente repudiar al anterior gobierno, ni siquiera elegir sin más uno nuevo, sino uno que sea capaz de gobernar, y era evidente, como muy pronto se demostró, que las fuerzas concitadas en aquella moción de censura solo coincidían en el deseo de desalojar a Rajoy del Ejecutivo. Bien es verdad que todo esto no creo que le importase mucho a Pedro Sánchez. Lo único que entonces le interesaba era alcanzar como fuese el colchón de la Moncloa. No obstante, por más esfuerzos que hizo; por más cesiones que realizó, y por más mercedes que otorgó, no tuvo más remedio que convocar unas nuevas elecciones después de poco más de año y medio de desatinos.
Sánchez debería haber aprendido la lección y no haber pretendido construir por segunda vez un gobierno Frankenstein. No obstante, su ansia de poder ha sido siempre más fuerte que cualquier planteamiento racional. Así, a finales de 2019 conseguía recabar las complicidades necesarias (incluyendo a regionalistas, nacionalistas, independentistas, golpistas y hasta a pro etarras) para ser nombrado presidente de gobierno. Pero ese mismo batiburrillo (gobierno más Frankenstein que nunca) no le garantizaba que pudiera gobernar, al menos adecuada y democráticamente, y sobre todo sin hacer cesiones continuas a nacionalistas y regionalistas.
Poco después de su investidura se vio sorprendido por la pandemia y la subsiguiente crisis económica de las que sin duda él y su Gobierno no son culpables, pero difícilmente pueden eludir toda responsabilidad en el hecho de que nuestro país esté a la cabeza en el número de muertos por cien mil habitantes; de que nuestra economía se haya desmoronado en mucha mayor medida que la del resto de los países europeos o de que tengamos la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Pedro Sánchez huye de toda esta realidad, a la que llama el pasado, para fijarse exclusivamente en ese espejismo que él mismo se ha construido, el maná que viene de Europa. Por eso el otro día, con todo lo que está cayendo, pretendió que la reunión con los presidentes de las Comunidades, convertida una vez más en espectáculo con monarca incluido, se centrase fundamentalmente sobre los recursos europeos y su reparto, utilizándolos como reclamo para la Unión.
El Gobierno Frankenstein no puede gobernar. De ahí que Pedro Sánchez, el hombre del “no es no”, exija ahora la ayuda de la oposición, pero esa incapacidad que era cosa conocida, debería haberla tenido en cuenta cuando presentó la moción de censura y más tarde a los dos años, al pretender la investidura. En el fondo, no quiere la ayuda para gobernar. Solo para aprobar los presupuestos. La aprobación de los presupuestos es otro acto de representación, que, a pesar de lo que muchos creen, ya que le otorgan un carácter taumatúrgico, tiene poco que ver con la gobernanza. Lo que en realidad desea Pedro Sánchez es que todo el mundo esté pillado en la trampa y que nadie pueda criticarle, censurarle o cuestionar lo que hace.
El otro día en el debate del Congreso afirmó tajantemente que la legislatura sería larga y fructífera. Larga, no hay duda. He dicho desde el primer día que con presupuestos o sin presupuestos durará cuatro años. No hay nadie que pueda obligarle a abandonar la Moncloa. ¿Fructífera? Lo que pretende decir es que quiere que todo el mundo esté obligado a afirmar que lo es (esa es la ayuda que exige) aunque España se esté derrumbando. Una vez más, el “parecer” por encima del “ser”.
republica.com 7-8-2020
