Convocados por la CEOE, se han reunido los líderes de las grandes empresas del país. El Covid-19 ha cambiado muchos de nuestros conceptos. Por ejemplo, el de reunión. Las cumbres ahora son telemáticas, y telemática ha sido la del IBEX 35. Ello no ha impedido que cada uno haya ido, como Umbral, a hablar de su libro, es decir, a trasladar su rogativa particular a papá Estado. Resulta curiosa la contradicción del discurso. Por una parte, alardean de autosuficiencia, y piden al Gobierno que les deje actuar, que ellos son los que saben, en una palabra, que el Estado no intervenga; pero inmediatamente a continuación reclaman todo tipo de ayudas públicas. Todos, de repente, se vuelven keynesianos.
Hay un tópico mantenido por el mundo empresarial y difundido ampliamente por los voceros de la derecha. Repiten de forma machacona que los empresarios son los que crean empleo y riqueza. El relato, ciertamente, se podría hacer al revés. Son los consumidores y los trabajadores los que hacen posible la existencia de las empresas. El tópico anterior encierra, además, una segunda intención, la de contraponer sector público a sector privado. El segundo es el que hace que la economía crezca; el primero, no. Desde esta perspectiva se da por sentado que todo el empleo público es improductivo y que cuanto más reducido sea, mejor.
A menudo, se tiene la impresión, de que los gobiernos participan de esta creencia, al no dimensionar adecuadamente las plantillas de los empleados públicos o, al concederles, con la finalidad de obtener rentabilidad política y electoral, beneficios en los horarios o en los días festivos, sin la compensación correspondiente en el número de efectivos, como si el trabajo pudiera ser de chicle y adaptarse a todas las circunstancias. Buen ejemplo de esto es el acuerdo adoptado la semana pasada entre la ministra de la Función Pública y los sindicatos sobre el teletrabajo en la Administración central. Todo lo referente al Plan Concilia está muy bien, pero sin incremento de las plantillas termina influyendo negativamente en los otros trabajadores o en la eficacia de los servicios públicos.
Después de la pandemia, la tesis acerca de la inutilidad de los empleados públicos resulta difícil de mantener. ¿Cómo defender que el personal sanitario es improductivo cuando toda la riqueza del país, pública o privada, ha estado dependiendo de ellos? Digamos la verdad, lo que subyace detrás de esta postura no es la diferente valoración de los servicios o de los bienes que se producen, sino de la forma de financiarlos. Se prefiere el precio a los impuestos. Se tienen como productivos aquellos outputs que presta el mercado por una contraprestación económica y personal, e improductivos los que suministra el sector público, financiados de forma colectiva mediante tributos. En realidad, lo que se repudia es la función redistributiva del Estado.
Las crisis -y esta no es una excepción- demuestran, guste o no, el papel imprescindible del sector público. En estos meses ha sido el Estado el que ha mantenido el empleo, no solo público sino, también privado, a través de los ERTE y de los avales ICO. Es por eso por lo que los líderes de las grandes sociedades del país se han reunido y, según Garamendi, presidente de la patronal, para mostrar su compromiso con España y porque querían sumar en el proceso de reconstrucción. En realidad, lo que más bien parecen querer es que el Estado sume. Así que cada uno, como Umbral, ha venido a hablar de su libro.
La señora Botín ha reclamado protección para el sector turístico, pero sobre todo está interesada en un plan de ayuda para la compra de la vivienda para jóvenes menores de 35 años, muchos de ellos desempleados y con trabajos precarios, a los que se les facilitaría la adquisición de la primera vivienda mediante el aval del Estado. Según la presidenta del Banco Santander, se crearían 1.700.000 empleos. No dudo de que el plan sería muy beneficioso para la banca, al igual que lo están siendo los créditos del ICO al trasladar el riesgo al sector público. Pero no parece que lo más conveniente para la economía española, ni ahora ni nunca, sea acentuar esa tendencia de convertir a todos los ciudadanos, aun cuando no tengan medios económicos, en propietarios de un piso.
Cabría pensar que las entidades financieras no han aprendido nada de la crisis pasada, cuyo origen se encuentra en los años en los que la banca concedía préstamos hipotecarios a gogó; incluso en muchas ocasiones a quienes no iban a poder hacer frente a la deuda, en cuanto se presentase el menor problema económico. Aunque pensándolo bien, quizá sí tengan presente aquella crisis y por eso ahora piden que el riesgo de los insolventes lo asuma el Estado. Hay que esperar que por una vez el Gobierno tenga mejor criterio y los recursos destinados a este sector los destine a la rehabilitación y a la vivienda pública de alquiler.
Sin duda, ese es el camino para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hay que incentivar el alquiler y no la compra, aunque las entidades financieras prefieran lo contrario. Y dentro del alquiler, para hacerlo asequible y moderar el precio, es preciso incrementar la oferta pública y desechar todas aquellas medidas como la de anatematizar los desahucios que pueden expulsar a los arrendatarios del mercado, con lo que se producirá el efecto contrario al deseado. Puestos a que el Estado avale no sería mala idea que lo hiciese, no a los que van a adquirir un piso, sino a aquellos que por estar en situación laboral precaria y no ofrecer garantías de solvencia no encuentran a nadie que esté dispuesto a alquilarles una vivienda. Esta medida tendría además el efecto positivo de incrementar la oferta al movilizar a muchos propietarios que hoy prefieren tener los pisos vacíos por miedo a los impagados.
A veces, los libros de los que han venido a hablar los líderes empresariales también son contradictorios entre sí, y es que los intereses de sus empresas son a menudo opuestos. La postura de Galán (Iberdrola) ha chocado con la de Brufau (Repsol). Galán, arrimando el ascua a su sardina, pide que se adelante a 2025 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima previsto para el 2030, y que se establezcan impuestos para aquellos sectores que emiten CO2: transporte, calefacciones, etc. Los recursos obtenidos deberían servir para reducir la factura de la luz. A Brufau no le gusta la idea y defiende que se atienda a la neutralidad tecnológica, evitando medidas que alejen a la inversión. Para el presidente de Repsol hay que proteger a la industria, que ha demostrado durante la pandemia ser menos vulnerable que los servicios. En concreto, ha defendido al sector del automóvil, que en la actualidad genera el 10% del PIB.
El Gobierno ya ha anunciado un plan de ayuda al automóvil, pero como siempre epatando con cantidades ingentes, pero sin que esté claro el destino ni el modo en el que se van aplicar los recursos; en esto se parece a la Unión Europea. En todo caso, habría que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que estamos en una economía abierta y que solo una parte limitada de la producción del sector se orienta al consumo interior, el resto va a la exportación, por lo que los incentivos a la demanda tienen un efecto muy reducido, tanto más cuanto que también se pueden diluir vía importaciones. El segundo es que creer que la salvación del planeta depende de nosotros puede tener consecuencias negativas para nuestra industria y para nuestra economía, cuando las grandes potencias se toman los problemas ecológicos con más parsimonia.
Tal vez el libro más interesante sea el de Jordi Gual, presidente de Caixabank, que echa en falta que la Unión Europea no sea como Estados Unidos y que no disponga de un Tesoro único. El problema es que la idea llega con treinta años de retraso. Algunos, desde el Tratado de Maastricht (1990), venimos señalando una y otra vez esta carencia, que creemos que es la que hace inviable el funcionamiento correcto de la Unión Monetaria, o al menos imposibilita que los gobiernos puedan instrumentar una política económica seria. En buena medida, el libro de Gual cuestiona y pone en cuarentena todos los otros libros que han venido a plantearse en la cumbre de empresarios. El presidente de Caixabank ha calificado de pequeño embrión de unión fiscal el plan de recuperación puesto sobre la mesa por la Comisión. Desde luego, embrión y muy embrión, pero es que además está en el aire y precisa de todo tipo de concreciones. Se cuenta con él de forma generalizada, se reparte la pieza antes de cazarla. Puede ocurrir como en la película «Bienvenido Mister Marshall», que después quedemos sumidos en el mayor de los chascos.
En los momentos actuales, todo el mundo incita al gasto, o a la reducción de impuestos que para el caso es lo mismo. Hasta Kristalina Georgieva, gerente del Fondo Monetario Internacional, invita a los gobiernos a gastar todo lo que puedan. Desde el Ejecutivo español se señala con cierto triunfalismo y jactancia la diferencia con la crisis pasada, y ciertamente la hay, pero conviene no olvidar que en los primeros años de aquella la propensión a incrementar el gasto público también estuvo muy presente y de forma generalizada en todos los países. En distintos artículos saludé con alborozo el hecho de que todos los organismos internacionales, hasta el mismo G20, se hubiesen vuelto keynesianos. Pero más tarde vinieron los ajustes, el llanto y el crujir de dientes. Entre las múltiples estupideces que dijo Zapatero el otro día en la COPE, manifestó una verdad irrebatible, que ni en 2008 ni en 2009 hubo recortes. Más bien lo que se aplicó en casi toda Europa fue una política expansiva. Los ajustes aparecieron más tarde, en 2010, cuando los mercados comenzaron a bramar y los políticos se asustaron.
Las diferencias entre ambas crisis son evidentes. No obstante, existen parecidos esenciales. El primero y más importante, y que distingue estas dos crisis de todas las anteriores, es la carencia de moneda propia en países como España, que quedan a merced de los mercados y del BCE. El segundo, y que acentúa y empeora esta debilidad y dependencia, es el fuerte endeudamiento exterior que estuvo en el origen de la crisis de 2008, y que, aunque en la crisis actual la causa sea diferente, puede crear múltiples problemas en los próximos años.
En bastantes ocasiones he defendido las políticas económicas expansivas y he censurado esa obsesión injustificada por el déficit público que a menudo tenían las autoridades fiscales y económicas en los años ochenta y noventa. Pero las circunstancias han cambiado sustancialmente con la entrada en la Unión Monetaria. Los gobiernos nacionales tienen atadas las manos, y poco se puede esperar de las instituciones europeas, al no existir, como afirma Gual, un Tesoro comunitario. El embrión será eso, como mucho embrión. Sea cual sea la cantidad del fondo de recuperación y se instrumente como se instrumente, el endeudamiento público español va a crecer considerablemente y a partir de ahora, con más motivo que en 2008, estaremos a expensas del BCE.
Es cierto que el comportamiento actual del BCE es muy distinto al de entonces. De momento, parece comprometido con la finalidad de que no se disparen las primas de riesgo. Pero quién nos asegura que va a actuar de la misma manera en el futuro. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán revolotea como pájaro de mal agüero, y constituye un pésimo presagio de cara al futuro. Cuidado con los libros.
republica.com 26-6-2020
