Le ha costado cuatro años, pero lo ha conseguido. En diciembre de 2015 nadie podía imaginarlo, ni tampoco hasta dónde íbamos a llegar en los desatinos. Era difícil, por no decir imposible, prever entonces la aberración que se iba a consumar en el Congreso el día 7 de enero de este año. Solo se le pudo pasar por la cabeza a Sánchez. Bueno, tal vez también a alguien más, al artífice, al ideólogo, a Iceta. Sánchez puede ser un inmoral, que lo es, pero de ninguna manera es tan listo. Iceta, por el contrario, es un Rasputín, curtido en no se sabe cuántos aquelarres políticos, que han constituido su única profesión y universidad, y dispuesto siempre a la intriga y a moverse entre dos aguas, como buen militante del PSC.
En diciembre de 2015 Sánchez no tenía a favor prácticamente nada. Había perdido las elecciones y, además, con unos resultados peores que los obtenidos por Almunia y Pérez Rubalcaba en sus respectivos comicios, tras los cuales ambos habían dimitido. Cabría suponer que Pedro Sánchez les imitaría. Nada de eso pasó por su mente, más bien acariciaba la idea de ser presidente de gobierno. Comenzó por negar cualquier diálogo o negociación con Rajoy, con lo que aparentemente quedaba bloqueado el camino hacia la formación de todo gobierno, ya que en aquellos momentos nadie contemplaba como viable un acuerdo con los nacionalistas catalanes, que estaban ya en un proceso claro de rebeldía. Sánchez, como más tarde se ha comprobado, no era de la misma opinión y continuó pensando de manera similar tras los comicios de 2016, en los que consiguió peores resultados y quedó aún a una mayor distancia del PP.
Los botafumeiros de Sánchez repetían a diario que este nunca pactaría con los secesionistas. Está claro, a la vista de los acontecimientos posteriores, que se equivocaban (o bien querían equivocarse). Sánchez, aparentemente, no disponía de ninguna baza, excepto la falta absoluta de escrúpulos y su capacidad para colocar su ambición y su yo por encima de cualquier otra consideración. Era capaz de pactar con el diablo si era preciso para obtener su objetivo.
Ha tardado cuatro años, pero finalmente lo ha logrado. Para ello ha tenido primero que desvertebrar totalmente su partido estableciendo, ayudado por ese mal invento de las primarias, un sistema caudillista en el que han desaparecido todos los contrapoderes. Ha montado una Comisión Ejecutiva, un Comité Federal y un grupo parlamentario a su conveniencia con personas de su total confianza. De ahí que haya conseguido que el tradicional pensamiento del PSOE en materia territorial haya dado un giro radical. Se ha echado en manos del PSC, lo que provocó que él y el PSOE en su conjunto hayan mantenido una postura confusa ante el secesionismo, una actitud ambigua que se proyectó en el 1 de octubre y en la misma activación del art. 155 de la Constitución. En esta ocasión condicionó su aprobación poniendo limitaciones tanto en su contenido como en su duración.
No tuvo ningún inconveniente en llegar a la presidencia del gobierno mediante la farsa de una moción de censura ganada con la complicidad de los nacionalistas catalanes, que para entonces eran ya golpistas. No puso ningún obstáculo en establecer una negociación humillante, de igual a igual con el gobierno de la Generalitat cediendo en casi todas sus pretensiones. No le importó incluso presionar a la Abogacía del Estado para que modificase su calificación en el proceso del 1 de octubre. Como el nacionalismo no tiene límite, llegó cierto momento en que Sánchez creyó que le era imposible aceptar todas sus reivindicaciones, no tanto por considerarlas inmorales o injustas, sino porque podían ser perjudiciales para sus intereses, que entonces pasaban más por convocar unas nuevas elecciones. Creía que los resultados le darían un mayor margen de maniobra.
El desenlace no fue el esperado ni en los primeros comicios (18 de abril) ni en los segundos (14 de noviembre), a pesar de que durante su estancia en la Moncloa supo utilizar partidistamente todos los engranajes de poder, y a pesar también de que durante este tiempo Sánchez cambió, sin el menor pudor, de discurso y de planteamientos todas las veces que consideró conveniente, diciendo digo donde antes decía diego. Al final ha elegido de nuevo el gobierno Frankenstein como la forma que mejor le garantiza su continuidad en la Moncloa. Este Gobierno será ahora más Frankenstein que nunca. Son diez las formaciones políticas implicadas, siete de ellas nacionalistas o regionalistas (eso, si consideramos a Podemos como partido nacional, que es mucho considerar pues en su interior conviven por lo menos tres o cuatro organizaciones distintas). Ciertamente, el aglutinante de este Gobierno no tiene nada que ver con la homogeneidad ideológica, sino con los intereses partidistas y provincianos de cada una de las formaciones. Cada uno extiende la mano para recibir el peaje, que Pedro Sánchez pagará con el dinero de todos.
Especial gravedad tienen los acuerdos con Bildu, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, porque los peajes, aparte de ser crematísticos, van a afectar a la estructura territorial y a la soberanía nacional. Las tres formaciones políticas se han mostrado muy satisfechas por el acuerdo. Esquerra y Bildu han declarado que se trata de una gran oportunidad. Si para ellos significa una gran oportunidad, echémonos a temblar el resto de los españoles. Pero quien ha mostrado más alegría quizás haya sido Andoni Ortuzar, quien ha llegado a decir que el nuevo gobierno era un regalo de reyes para todos los españoles. Hay que pensar que para quien es en realidad un gran obsequio es para el nacionalismo vasco; se les ha concedido todo lo que habían pedido en la carta a los reyes magos, es decir, todo eso que llaman “la agenda vasca”.
El PNV nunca da puntada sin hilo, y en esta ocasión son muchas las puntadas y muchos los hilos. Solo había que ver la cara de satisfacción de Andoni Ortuzar en la rueda de prensa. Con tal de lograr los seis votos que le podían hacer presidente, Sánchez les ha concedido todas sus reivindicaciones, incluso para el gobierno de una Comunidad vecina, como Navarra, dando a entender que es algo más que vecina, y todo ello con la pasividad de la señora Chivite y del resto del Gobierno navarro.
Lo malo de este acuerdo, al igual que del firmado con Esquerra, es que quien va a ser presidente del gobierno español asume un discurso muy querido por el nacionalismo, pero nunca aceptado hasta ahora por el gobierno central, tales como el compromiso “de cambiar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso de Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. En román paladino, la concesión del carácter de nación (no solo cultural, sino también político) a Cataluña y al País Vasco.
En la misma línea aparece, tanto en el acuerdo con el PNV como en el acuerdo con Esquerra, el tópico tan querido por los nacionalistas de eliminar lo que llaman judicialización de la política. Negar en cualquier área social toda posibilidad a la actuación judicial es tolerar la anarquía, el desorden y la delincuencia, que es por ejemplo lo que se ha instalado desde hace tiempo en la política catalana. Precisamente el Estado de las Autonomías blinda a las Comunidades de tal manera que el Gobierno central carece de instrumentos adecuados ante las ilegalidades -incluyendo la rebelión frente al Estado- que los gobiernos y demás instituciones autonómicas puedan cometer, a no ser la compra de la paz con nuevas concesiones, que parece que es el camino que propugnan el PSC y Sánchez. Cuando una Autonomía aprueba acuerdos o leyes que son anticonstitucionales, pocas opciones le quedan al gobierno central como no sea acudir al Tribunal Constitucional, y cuando los políticos autonómicos cometen delitos tipificados en el Código Penal los tribunales no tienen más remedio que actuar. Impedir u obstaculizar en este caso la acción de la Fiscalía constituye cuando menos una prevaricación.
El peligro no está tanto en la judicialización de la política como en la politización de la justicia, y hacia ello se está escorando Pedro Sánchez. En función de sus intereses, que no son otros más que permanecer en la Moncloa, ha pretendido manipular a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía. A esta última institución le ha resultado imposible controlarla hasta ahora; sin embargo, ha entrado a saco en la primera hasta sumirla en el mayor desprestigio. Primero fue la negativa de la ministra de Justicia a defender al juez Llarena cuando fue acusado por los fugados golpistas en un tribunal de Bélgica. En ese momento pretendió escudarse en un informe de la Abogacía del Estado. Después, fue el vergonzoso cambio de criterio en la tipificación penal de los hechos llevados a cabo por los acusados en el proceso del 1 de octubre. Cambio que se produjo por presiones del Gobierno, hasta el extremo de cesar al abogado del Estado responsable cuando este se negó a firmar un informe que no había hecho.
Más tarde, un acontecimiento, casi un vodevil. Pedro Sánchez pretendía la investidura. Con la intención de presionar a los otros partidos mediante los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la doctora ministra de Hacienda tuvo la ingeniosa idea de encargar un informe a la Abogacía del Estado en el que se defendiese que un gobierno en funciones no tiene competencias para transferir las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las Autonomías. La investidura no se llevó a cabo. Se disolvieron las Cortes y entramos en campaña electoral. Los intereses de Pedro Sánchez también cambiaron. Ahora quería presentarse ante la ciudadanía como pródigo y generoso, con lo que de nuevo se acudió a la Abogacía del Estado para que dijese lo contrario de lo que había sostenido antes, es decir, que un gobierno en funciones sí podía instrumentar las susodichas transferencias. El nuevo informe no tuvo más remedio que firmarlo la abogada general del Estado.
Por último, ha llegado la traca final. Lo nunca visto. Una vez más se demostraba que Pedro Sánchez se podía superar a sí mismo. Que estaba dispuesto a pasar por todo con tal de conseguir la investidura. Pedro Sánchez ha consentido que la postura a tomar por la Abogacía del Estado de cara a la situación en la que queda Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo entrase públicamente en la balanza, como una mercancía más, de una negociación política y no demasiado limpia para su investidura. El tema ha sido tan vergonzoso que el informe de la Abogacía del Estado (órgano acusador) le ha sido presentado a Junqueras (delincuente) para su visto bueno antes de mandarlo al Tribunal Supremo.
Algunos periodistas y tertulianos, con tono docto, han querido ilustrar al personal manifestando que la Abogacía General del Estado es una subsecretaría del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, tiene que obedecer al Gobierno. Lo primero es cierto; lo segundo, no. Al menos no en todos los sentidos. Toda la Administración depende del Gobierno, pero la ley y el ordenamiento jurídico están por encima de ambos. Es a ese ordenamiento jurídico al que de forma prioritaria los abogados del Estado, al igual que el resto de la Administración, deben supeditarse, máxime en un tema tan sensible como la posición que como acusadores en nombre del Estado mantienen ante los tribunales. ¿Alguien podría imaginar las consecuencias de que el Gobierno pudiese dar órdenes a los inspectores fiscales señalando los contribuyentes concretos que deben inspeccionar y a quién deben sancionar y a quién no?
Los que hemos trabajado muchos años en la Administración sabemos que las presiones políticas existen y que afectan -qué duda cabe- a los abogados del Estado, pero pienso que en temas menores y siempre con límites. Conocemos que los abogados del Estado, como buenos abogados, son especialistas en hacer cuando quieren informes ambiguos en los que no se sabe si van o vienen. Pero siempre dentro de un orden y sin traspasar determinadas líneas rojas. Ahora bien, en este caso se han traspasado las líneas de todos los colores. Difícil encontrar un informe tan alambicado, contradictorio y confuso como el presentado por la Abogacía del Estado al Supremo, y es que se ha querido servir a muchos señores. Solo comparable, por cierto, con el comunicado emitido por la asociación de abogados del Estado. Es totalmente imposible saber lo que querían decir. En algún artículo he señalado el papelón que estaba haciendo la abogada general del Estado. Hoy tengo que preguntarme, con tristeza, acerca del papelón que ha hecho la asociación profesional de abogados del Estado que, se quiera o no, va a terminar salpicando a todo el colectivo.
Intento gravísimo de politizar la justicia se encuentra también en ese punto del acuerdo firmado entre el PSOE y Podemos en el que proyectan que el acceso a la carrera judicial se realice por la puerta de atrás por el método de la selección a dedo. Pero este tema merece que le dediquemos un artículo completo otra semana.
El otro día en el debate, Sánchez repitió continuamente que el PSOE ha ganado las elecciones. Eso no significa nada en un sistema parlamentario en el que lo que cuentan son las alianzas. No las había ganado en el 2016 y, sin embargo, llegó a presidente de gobierno. Lo que a Sánchez le ha permitido estar este pasado año en la Moncloa y lo que le va a permitir ahora formar gobierno es el hecho de ser capaz de doblegarse y humillarse ante los independentistas, ante los que han dado un golpe de Estado, y aún permanecen en él cómodamente. La hégira de Pedro Sánchez demuestra sobradamente que Maquiavelo tenía razón y que en política -al menos a corto plazo- no gana el más honesto y sincero ni el más consecuente, ni siquiera el más inteligente y preparado, sino el más mendaz, tramposo y carente de escrúpulos, triunfa el que carece de todo principio, el que está dispuesto a resistir (manual de resistencia), el que se pega a los sillones y si es preciso se arrodilla para conseguir sus propósitos.
republica.com 10-1-2020
