El asilo en sagrado era una costumbre, casi una ley, en vigor principalmente durante la Edad Media, por la que cualquier delincuente se podía acoger a la protección de una iglesia para librarse de la persecución de la justicia. Nuestros clásicos se refieren con frecuencia a ella. Así, por ejemplo, Quevedo en su Buscón hace decir al protagonista: “Nos acogimos a la Iglesia Mayor a que nos amparase del rigor de la justicia”.
Hoy en día todo se moderniza, y parece que el lugar preferido de asilo es Europa. No, no me refiero a los refugiados políticos que provienen de Asia y de África, de conflictos creados a menudo por los propios europeos o norteamericanos. Ellos suelen tener bastantes dificultades para entrar. Estoy pensando en los golpistas españoles que se han acogido a sagrado, pero no en una iglesia, sino en algunos países europeos y últimamente también en el Europarlamento. Bueno, al menos ahora este órgano servirá para algo, aunque no sea precisamente para algo provechoso. Hay antecedentes. El sur de Francia fue el lugar de refugio del terrorismo etarra. El santuario se le denominaba. Costó años de negociación lograr que entendiesen que España era ya un Estado de derecho y una democracia similar a la de cualquier otro país de la Unión Europea.
Acabar con el santuario francés, allá por el año 1984, costó más que argumentos y palabras. Francia exigió contrapartidas por su colaboración. De una de ellas fui testigo de excepción. Se estaba informatizando en España todo el sistema presupuestario y contable del sector público estatal, y la compra de todos los equipos hubo que adjudicársela a una empresa francesa cuando la licitación estaba ya casi terminada en sentido contrario.
Los defraudadores fiscales y evasores de capitales han tenido siempre y continúan teniendo algunos países europeos para acogerse a sagrado y huir así de las haciendas públicas de sus respectivos países. Ahora, por lo pronto, Bélgica, Reino Unido y Alemania se han convertido en refugio de los golpistas fugados de España. El tema resulta tanto más chusco cuanto que todos estos países son miembros de la Unión Europea (Reino Unido aún lo es), y se supone que debe regir entre ellos si no la unión, que siempre brilla por su ausencia, como mínimo la colaboración y confianza. Y es que en esta materia como en casi todas, la tan ensalzada Unión Europea hace aguas y muestra sus contradicciones. Un país de la Unión se convierte en refugio de los delincuentes de otro. Ha quedado muy clara la inoperancia de ese instrumento denominado euroorden. A esa inutilidad me referí, con ocasión de la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en un artículo publicado en este diario el 12 de abril del 2018 con el título de “¿Sirve para algo la euroorden?”.
Ahora ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que en una sentencia en procedimiento prejudicial y en respuesta a una consulta del Tribunal Supremo de España ha convertido, se supone que de forma indirecta y no querida, al Parlamento Europeo en refugio de delincuentes. No seré yo el que tenga la osadía de juzgar la sentencia, pero sí conviene señalar algunos hechos y elementos cuando menos extraños. Lo primero es que un tribunal que juzga asuntos tan importantes como este y que afectan a toda Europa, en teoría compuesto por numerosos miembros, no admita votos particulares y que además siga en casi todos los casos las conclusiones y el dictamen de un solo abogado.
Algo que extraña también es que el TJUE considere un requisito sin demasiada importancia la aceptación y promesa de cumplir la Constitución de un Estado miembro. La sorpresa proviene de que quienes representan a España, Polonia o Italia en el Parlamento Europeo no tengan que comprometerse a cumplir la Constitución de sus respectivos países, y puedan ser eurodiputados sin hacerlo. Claro que hay que reconocer que en esto el Tribunal Europeo no se aparta mucho de la opinión de nuestro Tribunal Constitucional que con su tolerancia para con la famosa fórmula de “por imperativo legal” ha consentido que el juramento o la promesa a la Constitución en el Parlamento haya devenido una verbena.
Los expertos en estas lides afirman que, en este caso, el Tribunal de Luxemburgo ha cambiado radicalmente la doctrina que hasta ahora había sobre la materia, consistente en que, por lo que hace referencia al procedimiento electoral, prima la legislación del país miembro. Incluso esta era la opinión del propio Tribunal en su pronunciamiento del 1 de julio y, teniendo en cuenta que el artículo 8, párrafo primero, del Acta electoral de la UE establece que: «Salvo lo dispuesto en la presente Acta, el procedimiento electoral se regirá, en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales», no nos puede extrañar que haya quienes se pregunten si más que una interpretación de la norma, que es su función, no ha cambiado la norma misma, asumiendo funciones legislativas que desde luego no le corresponden.
De lo que no cabe ninguna duda es de que una vez más la UE es víctima de su asimetría. Es esa asimetría la que origina todos los problemas. Se crea la libre circulación de capitales sin establecer entre los países miembros la armonización fiscal y laboral que impida el chantaje del capital a los gobiernos. Se unifica la moneda sin la existencia de una unión presupuestaria y fiscal que compense los desequilibrios entre Estados que la unión monetaria origina.
Y ahora, por lo que se ve también en el tema judicial, ¿dónde está la asimetría? En la uniformidad que parece defender el tribunal de Luxemburgo y en el despiporre de las euroórdenes. No habría habido ningún problema en dejar que Junqueras se desplazase al Parlamento Europeo si su sede hubiera estado en España, o los países de la Unión estuviesen obligados a devolver los delincuentes de otros países. De hecho, con anterioridad, cuando fue elegido diputado nacional, el Tribunal Supremo le permitió asistir al Congreso custodiado por la policía para que pudiese tomar posesión de su escaño, cumplir los requisitos adecuados y volver a prisión. El resultado habría sido muy distinto si se le hubiese dejado asistir al Parlamento Europeo. No es preciso ser mal pensado para suponer que, dada la enorme eficacia de las euroórdenes, hubiera sido imposible hacerle retornar a España, y se hubiese puesto en peligro todo el proceso judicial que estaba a punto de culminar.
No se puede actuar en ciertos temas como si fuésemos un Estado y en otros como naciones separadas, si no enfrentadas, sí refractarias. El resultado es que vamos a tener unos golpistas sentados en el Parlamento Europeo. Es lo único que le faltaba a Europa para caer en el mayor desprestigio. En un momento en el que se critican -y quizás con razón- los privilegios de los políticos, no puede por menos que chocar la inmunidad de los parlamentarios europeos. Tanto más cuando les exonera de delitos cometidos en su propio país con anterioridad a ser elegidos para el cargo y sin que tengan nada que ver con su función. Algo vetusto y ciertamente injusto.
Pero hay que reconocer que en este caso el problema no está tanto en Europa como en España. ¿Cómo vamos a pedir que en Europa se trate a los golpistas catalanes como delincuentes si están negociando con el Gobierno, y el Gobierno se empeña en exculparlos? Tras la sentencia, la ínclita Carmen Calvo repite por doquier la consigna del Gobierno: lo de Cataluña es un problema (a veces dicen conflicto) político. Así dicho, es una obviedad, la política comprende todo. Lo que pasa es que los sanchistas le dan una connotación distinta. Pretenden señalar que no es un problema penal.
Pero penal lo es, y me atrevo a decir que antes que nada, porque lo que caracteriza desde 2012 lo que se llama el problema catalán es que el Gobierno de la Generalitat, apoyado por los partidos que le respaldan, se ha rebelado contra el Estado, la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña y ha saltado por encima de todas las leyes. Penal lo es en cuanto que estos partidos continúan afirmando que piensan repetirlo y que no renuncian a la vía unilateral, dicho de otra forma, a la rebelión.
A los sanchistas les estorba la vía penal porque, si no, cómo justificar que están pactando con unos golpistas y cómo llamarlos así si son sus socios. La vicepresidenta y la portavoz del Gobierno han dicho a dúo que esta sentencia es una herencia de Rajoy. Lo que no se entiende muy bien, aun cuando estemos dispuestos a echar la culpa de todo al anterior presidente del Gobierno. Solo es comprensible desde la creencia sanchista de que el Gobierno puede instrumentar a la justicia. De quién depende el fiscal general del Estado, se preguntaba en sentido retórico Pedro Sánchez cuando estaba en plena campaña electoral. Igual debe pensar ERC, ya que le exige que dé alguna señal de que el poder judicial va a prestarse a sus deseos.
Es difícil que Europa crea que de verdad son golpistas cuando en España hacemos cosas tan raras como negociar con ellos la investidura del presidente del Gobierno de la nación o como que nuestras leyes permitan que un prófugo de los tribunales pueda presentarse a todo tipo de elecciones sin previamente comparecer ante la justicia o pisar suelo español, o como que, a diferencia de otros países no se pueda juzgar a un delincuente en rebeldía.
Se entiende mal que, a lo largo de años, por complacer a los nacionalistas, hayamos cercenado el Código Penal de aquellas figuras delictivas que podían molestarles, pero que quizás eran imprescindibles para defender la Constitución y el Estado. Difícilmente se comprende no ya que, a diferencia de Francia o Alemania, hayamos aprobado una Constitución no militante, que permite que haya partidos separatistas, sino que incluso aceptemos que se presenten a las elecciones con el programa de rebelarse contra las leyes en cuanto puedan.
En cierto aspecto es explicable que, por ejemplo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no pudiese concebir que un gobierno de una Comunidad Autónoma se hubiese sublevado contra la Constitución española. En sus esquemas no entra ni por lo más remoto que el gobierno de Baviera pueda rebelarse contra la República Federal de Alemania. Lo más que logra imaginar a efectos de comparación es un conjunto de manifestaciones ecologistas en contra de la ampliación de un aeropuerto en Fráncfort.
Cómo entender que después de la sublevación de una Comunidad continúan gobernando los mismos que se han sublevado y que además muy posiblemente serán árbitros de la gobernación del Estado. No, definitivamente no, no es fácil que en Europa nos entiendan.
republica.com 27- 12- 2019
