Acompañando al nacimiento en España de nuevas fuerzas políticas, ha surgido el fenómeno de que algunos partidos, cuyas siglas provienen de otras épocas anteriores a la Guerra Civil, tales como el PSOE, Esquerra Republicana o el PNV, han sacado pecho y se vanaglorian de sus muchos años de historia. Antes que nada, habrá que convenir en que no todo tiempo pasado fue mejor. En la historia de las organizaciones, al igual que en la de las naciones o en la de las personas, no todo es bueno, hay de todo, claroscuros, actos y realidades de los que sentirse orgulloso y otros de los que avergonzarse.
En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y cuarenta de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista. Presiento que de Esquerra Republicana y del PNV se podría predicar algo parecido, mucho más presentes en el exilio que en el interior, por más que ahora, cuando Franco ha muerto hace más de cuarenta años, estén dispuestos a luchar contra franquistas imaginarios que ven por todas partes. Tampoco se puede decir que estos dos últimos partidos tuviesen un papel muy lúcido durante la Segunda República y la Guerra Civil.
No hay por qué dudar de los cien años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los ochenta en un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ensayó por primera vez la financiación ilegal de un partido político.
Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el mono de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio, sin embargo, se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los dos últimos socialistas que ocuparon el cargo de presidente de la Comunidad. Estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.
Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP. En realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo. Pero sirvió de coartada. Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que pretenda recurrir ahora a los 140 años de historia de los que no queda nada sino las siglas?
Al felipismo se le pueden achacar cantidad de errores y defectos. No seré yo el que los oculte cuando tantas veces los he censurado, pero ese PSOE, el de los años ochenta y noventa, nunca hubiese pactado en Navarra con los herederos de ETA, ni sus federaciones del País Vasco, Baleares y Navarra se habrían comportado tal como están actuando en los momentos presentes con la aquiescencia de Sánchez. Tampoco se hubiese hipotecado a los intereses del PSC, ni hubiese dejado que fuesen los planteamientos de esta formación política los que se impusiesen en todo el partido. Aquel PSOE, por mucho que le tentase el poder, jamás hubiese aceptado ponerse al frente de un gobierno Frankenstein, formado por un amasijo de fuerzas políticas dispares entre las que se encontraban aquellas que acababan de dar un golpe de Estado y que permanecían en las mismas posiciones. Es verdad que en los años ochenta y noventa tanto el PSOE como el PP pactaron con los nacionalistas, que cedieron a muchas de sus reivindicaciones, colaborando así, de forma quizás inconsciente, a que se fortaleciesen de cara a la traca actual. Pero entonces aún no habían mostrado su auténtica faz. Se trataba de nacionalistas, no de golpistas. No se habían sublevado, permanecían, al menos aparentemente, dentro del marco constitucional. La situación ha cambiado radicalmente.
Sí, Pedro Sánchez ha inventado un nuevo PSOE, y ha barrido casi en su totalidad a todos los que representaban algo en el antiguo, pero por eso resulta tan irónica -más bien hipócrita- la postura de la vicepresidenta pretendiendo disculpar los coqueteos del sanchismo con los batasunos amparándose en las víctimas que ETA ha causado al PSOE. Es precisamente esa historia del partido socialista frente al terrorismo la que censura con mayor dureza el comportamiento actual del sanchismo. Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente no se siente concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.
Pero el hecho es que la corrupción del PSOE no queda confinada en el pasado, llega al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno. Él también se ha beneficiado del supuesto dopaje que ha usado el partido socialista de Andalucía. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.
Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podría haberse producido malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, y prevaricación.
Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía. La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar «in vigilando» a la ministra que lo ha traído de Andalucía.
Además, el ahora dimitido de la presidencia de la SEPI había ocupado previamente el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, es decir, encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por «ascensos» que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso. Llueve sobre mojado, puesto que quien ocupaba el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.
Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.
republica.com 25- 10- 2019
