Es obvio que el nombre de banco emisor predicado de los bancos centrales obedece a su facultad en exclusiva de emitir dinero. Pero no es menos cierto que en el caso del Banco de España (BE) y de otros muchos bancos centrales ese nombre podría hacer referencia también al papel que asumen de ser el principal centro de emisión de cultura económica neoliberal. No se precisa que sea una opinión oficial de la entidad ni un acuerdo de su Consejo, basta con que uno de sus altos cargos dé una conferencia para que toda la prensa titule “El Banco de España afirma…”, como si constituyese un oráculo infalible, cuando la realidad es que nuestro banco emisor ha fallado más que una escopeta de repetición, y ha permitido no se sabe cuántas crisis bancarias sin enterarse de lo que estaba ocurriendo.
No es extraño por tanto que cada poco tiempo lancen un mensaje derrotista sobre el sistema público de pensiones. Constituye este una diana muy propicia para centrar los ataques del neoliberalismo económico. Primero, porque es uno de los capítulos más importantes del gasto público; segundo, porque aparece como claro competidor de los fondos privados de pensiones. En esta ocasión ha sido el director general de economía y de estadística del banco emisor en unas jornadas organizadas por el BBVA, lugar sin duda muy a propósito y donde jugaba en campo propio.
Esta intervención ha coincidido en el tiempo con las manifestaciones realizadas por José Luis Escribá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un acto organizado por Servimedia bajo el título de “La sostenibilidad del sistema de pensiones”. Como se ve, los órganos “independientes” compiten por hacer declaraciones acerca de asuntos políticos, que nunca deberían ser independientes, sino dependientes de las decisiones del Parlamento y en consecuencia, de la soberanía popular. El problema es que esta ha quedado muy mermada y perjudicada con la Unión Monetaria.
La Unión Europea se ha esforzado en mantener la política monetaria al albur de las decisiones políticas, de ahí el carácter de independencia que ha pretendido dar a los bancos centrales y en especial al Banco Central Europeo. Pero no contentas con ello, y a pesar de que las políticas fiscales quedan relegadas a los Estados nacionales, las autoridades comunitarias, cuando han podido, han presionado a cada país para que se crease una institución dedicada a las finanzas públicas y con la teórica característica de independencia, es decir, al margen de las decisiones políticas.
En esta ocasión el BE, como siempre, ha tirado por elevación. Tras pronosticar que si no se mantienen las reformas de 2011 y 2013 y se pretende actualizar anualmente las pensiones por el IPC, el gasto en este capítulo se incrementaría de aquí a 2030 en 2 puntos del PIB y, si extrapolamos hasta 2050 el incremento en lugar de 2 sería de 3 puntos, lo que según el alto funcionario del BE sería inasumible. Es curiosa la facilidad con la que se califica de inasumible todo lo que hace referencia a las pensiones. Nadie dice que el gasto en educación, en defensa, en intereses de la deuda, en sanidad, en esa maraña cada vez más densa de subvenciones y en otras muchas partidas, no es asumible.
El ser o no asumible (no las pensiones, sino todo el gasto público) depende del montante de impuestos que seamos capaces de soportar, pero conviene no olvidar que la presión fiscal en España es seis puntos inferior a la media de Europa. Y seis puntos también en porcentaje del PIB separan el nivel de nuestro gasto público del de la media de la Unión Europea. Catorce puntos del de Francia y nueve puntos del de Italia. ¿De verdad sería inasumibles dentro de treinta años dedicar tres puntos más del PIB a gasto público? Lo que ciertamente resultaría socialmente inasumible sería reducir la cuantía de las pensiones en un 30 o un 40%, resultado forzoso de no actualizarlas por el IPC. Se condenaría a la pobreza más severa a una gran parte de la población, y precisamente aquella que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad por encontrarse al final de su vida.
El presidente de la AIReF ha estado más moderado y mucho más acertado, quizás porque este organismo no pretende ser tan independiente como quiere serlo el BE y, además, se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda. Ha comenzado por reconocer el descalabro social que significaría mantener la actualización del 0.25% que fija la última ley de pensiones aprobada, e intenta buscar soluciones alternativas. No obstante, comete algunos errores como el de colocar parte de la solución en el retraso de la edad de jubilación y en la inmigración. Ello podría ser correcto si nuestra tasa de paro tuviese un nivel adecuado, pero mientras la oferta de trabajo sea muy inferior a la demanda, lo único que conseguiríamos sería incrementar el desempleo, es decir, aliviar un problema para agravar otro. La emigración se puede defender desde distintos puntos de vista, pero, hoy por hoy, no puede justificarse en la necesidad de importar mano de obra si luego no sabemos dónde colocarla.
Escribá acierta al sostener que la respuesta a los déficits que se puedan producir en el sistema de Seguridad Social remiten al presupuesto del Estado. Es el Estado con todos sus ingresos el que tiene que garantizar las pensiones y su adecuada actualización. Así lo dispone la Constitución. El error cometido hasta ahora parte de esa disociación espuria que hizo el Pacto de Toledo entre Estado y Seguridad Social. Es por eso por lo que tampoco parece apropiado el método que propone el presidente de la AIReF de trasladar al presupuesto del Estado las pensiones no contributivas, las bonificaciones sociales por creación de empleo y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Sin duda sería una solución a corto plazo, pero nadie asegura que antes o después no estuviésemos en las mismas y, sobre todo, continuaría la confusión de presentar las pensiones contributivas como si el Estado no tuviese nada que ver con ellas.
El planteamiento debe ser más directo, considerar las cotizaciones sociales como un impuesto más (así lo considera la Contabilidad Nacional) y hacer que el presupuesto del Estado asuma tanto el déficit como el superávit de la Seguridad Social. En realidad, se trata de cambiar los que en estos momentos aparecen como préstamos por aportaciones a fondo perdido. En los momentos actuales, y lo mismo ocurrió a mediados de los noventa, el déficit de la Seguridad Social se enjuga con un préstamo del Estado y, viceversa, cuando el sistema ha tenido superávit el excedente se ha prestado al Estado, comprando deuda pública (es la tan cacareada hucha). Ninguna de las dos cosas tiene sentido si se supone, tal como hay que suponer, que la Seguridad Social pertenece al Estado.
Se dirá, y con cierta razón, que de esta manera no se ha solucionado el problema, sino que simplemente se ha trasladado al presupuesto del Estado, pero lo que sí ocurre es que se le da una dimensión mucho más general. No existe un problema especifico de las pensiones; y, de existir alguno, es el de toda la economía del bienestar y de la capacidad para financiarla. La cuestión radica, por una parte, en la decisión política acerca de la presión fiscal necesaria y, por otra, en algo a lo que se suele dar muy poca importancia, la productividad de la economía. De ella depende en parte la suficiencia del sistema fiscal y sobre todo la capacidad económica de la totalidad de la sociedad porque, dependiendo de la productividad, cien trabajadores pueden producir igual que quinientos o mil. Pero de la productividad hablaremos otro día.
republica.com 11-10-2019
