Terminaba yo el artículo de la semana pasada afirmando que valía más no tener experiencia de gestión que una mala experiencia. Venía esto a cuenta del reproche que los sanchistas hacían a Podemos de carecer de práctica de gobierno. Lo cierto es que en los momentos actuales ningún partido político puede jactarse del currículum vitae de sus dirigentes. La casi totalidad de ellos ha iniciado desde muy temprano la actividad política en las respectivas juventudes, abandonando estudios y cualquier otra profesión. Se hacen expertos en escaramuzas y refriegas internas. Su bagaje se reduce en el mejor de los casos al ejercicio de responsabilidades organizativas o a la asunción de cargos públicos en Ayuntamientos y Comunidades.
Y ahí es donde viene lo de la mala experiencia en la gestión, porque las deficiencias, cuando no la corrupción, se han originado principalmente en las administraciones locales y autonómicas. Es uno de los puntos oscuros -no el único, desde luego- del estado de las Autonomías. Las administraciones nuevas se han construido sin los controles ni los contrapesos necesarios. No es ningún secreto que en aquellas Comunidades como el País Vasco, Cataluña o Andalucía en las que el poder apenas ha cambiado de manos, el clientelismo político haya sido el principio en el que se ha basado el reclutamiento de los funcionarios.
Estos días no se ha dado demasiada importancia a una noticia que venía de Andalucía. El anterior equipo de gobierno había dejado 4.656 millones de euros en derechos pendientes de cobro y 3.990 millones de subvenciones sin justificar. Según afirman desde el gobierno actual de la Junta, y parece que nadie lo ha desmentido, hay deudas de hace más de 30 años y son muchas las irrecuperables por haber prescrito ante la pasividad de la anterior administración. Es de esperar que se trate solo de negligencia (aunque ya es grave) y no de corrupción.
El problema radica, además, en que el anterior equipo de la Consejería de Hacienda es el mismo que rige ahora el Ministerio de Hacienda. La pregunta surge de forma espontánea, ¿es a esta experiencia a la que se refiere Pedro Sánchez? En la situación actual las Comunidades Autónomas, excepto el País Vasco y Navarra, apenas tienen gestión en materia fiscal, y sería de desear que se mantuviese así durante mucho tiempo. La cuestión es que, si las escasas competencias de que disponen se han desarrollado tan incompetentemente en Andalucía, ¿qué se puede esperar, además de verborrea, del funcionamiento actual del Ministerio de Hacienda donde el número y la importancia de asuntos a gestionar es infinitamente superior?
Siendo el tema fiscal en buena medida el núcleo en el que se debate la posibilidad o no de dar respuesta al Estado social, ¿nos puede extrañar que Podemos quiera estar presente en la gestión, como garantía de que la asfixia presupuestaria no aborta cualquier reforma social necesaria? Otra cosa distinta es si ello mejoraría o no la situación y, sobre todo si, tal como plantea la corriente anticapitalista, no constituiría una trampa para la formación morada al quedar comprometida en la marcha del Gobierno.
La Administración tributaria del Estado tiene una larga tradición y muchos años de experiencia. Se puede decir que marcha sola, al margen del buen o mal hacer de los responsables políticos. Pero no es cierto del todo. En primer lugar, la interferencia de estos puede ser decisiva, en especial si se pretende utilizar como arma política. En segundo lugar, porque las decisiones políticas son imprescindibles en muchos temas, no solo en el aspecto normativo, sino en algo tan sensible como el fraude fiscal.
Es por ello, por lo que,por ejemplo, el Sindicato de Técnicos de Hacienda se ha dirigido en estos días a las autoridades del Ministerio para que se aborde el agujero negro del fraude de los autónomos. Contrastan los pronunciamientos habituales del sindicato del cuerpo de titulados medios (GESTHA) con el silencio del cuerpo superior (inspectores), que es del que se nutren los altos cargos de la Administración tributaria. En esta ocasión, sin embargo, tiene su lógica, ya que son los técnicos los que asumen principalmente la inspección de los autónomos, por lo que saben bien de qué hablan.
Los datos además son los datos, y no deja de ser llamativo que uno de cada cinco autónomos con trabajadores a su cargo declare que gana menos que sus propios empleados. Según las estadísticas, hay tres millones de trabajadores por cuenta ajena que cobran más que sus jefes. Que el colectivo de autónomos constituye una importante bolsa de fraude no es ninguna novedad. Quien tenga curiosidad y ganas, puede consultar la hemeroteca y comprobar cómo los que éramos responsables de la materia a mediados de los ochenta denunciábamos ya la diferencia que se advertía en la tributación del IRPF entre los trabajadores dependientes y los empresarios (autónomos) y rentas de capital, en perjuicio de los primeros. Seguro que muchos lectores recordarán aún una figura que se hizo popular en la sociedad, la del fontanero, como ejemplo típico de facturación en negro.
Precisamente el sistema de módulos surgió en buena medida con la finalidad de que los beneficios gravados de los autónomos se adecuasen lo más posible a los reales. Ante la imposibilidad de poder controlar debidamente los ingresos y los gastos de millones de pequeños empresarios, especialmente si facturaban directamente al consumidor, se implantó el sistema de módulos. Tras el estudio detallado de una serie de sectores y de analizar en cada uno de ellos la correlación que existía entre determinados indicadores y los beneficios, este régimen fiscal preveía que los primeros sirviesen de valoración de los segundos. Aun cuando la estimación se realizó de forma conservadora, el impacto en la recaudación fue considerable. El sistema era voluntario, pero muchos autónomos se acogieron a él ante el riesgo de que en caso contrario podían sufrir una inspección, ya que el número de contribuyentes a inspeccionar de forma directa se reducía sustancialmente, y además se habían reclutado 5.000 funcionarios nuevos (agentes tributarios) con esta finalidad.
Pero lo que en un principio fue un régimen positivo para reducir el fraude en el colectivo de los autónomos se ha convertido en un mecanismo que progresivamente ha ido minorando la contribución de muchos de ellos y generando una clara injusticia con respecto al resto de contribuyentes. La razón hay que buscarla en que los diferentes gobiernos, en lugar de actualizar correctamente los módulos, llevados por la presión del colectivo y la rentabilidad electoral, han apostado por bajarlos de forma reiterada hasta el extremo en el que se encuentran ahora y que con razón denuncian los técnicos de Hacienda.
Mucho ha cambiado en estos últimos treinta años el colectivo de autónomos. Constituyen en la actualidad un grupo enormemente heterogéneo. La liberalización del mercado laboral y la permisividad de la que disfrutan las empresas para externalizar muchas de sus actividades han creado una clase laboral nueva, que podríamos denominar de falsos autónomos. En realidad, nada les diferencia de los trabajadores por cuenta ajena excepto la carencia de la mayoría de los derechos. Constituyen en muchos casos la parte más precarizada del mundo laboral. Desde luego no es ahí donde se encuentra el fraude ni es a ellos a los que se refiere el comunicado de GESTHA.
Hay otro grupo que podríamos denominar “autónomos a la fuerza”. Es el de aquellos que, ante la dificultad de encontrar un empleo, se lanzan en su desesperación a montar su propio negocio, que en la mayoría de los casos carece de viabilidad. A menudo estamos en presencia de paro encubierto. Tampoco es a estos ciertamente a los que se refiere el informe de los técnicos de Hacienda. Es muy improbable que alguno de ellos tenga capacidad para contratar asalariados o para la defraudación fiscal. Con frecuencia somos testigos en nuestros barrios de cómo se cierran locales comerciales y tornan a abrirse con nuevos dueños y quizás con un objeto comercial distinto, buscando afanosamente un nicho en un mercado cada vez más estrecho por la expansión de las grandes superficies.
Aun excluyendo los dos grupos anteriores, la tipología continúa siendo amplísima y muy heterogénea. Profesiones liberales (notarios, arquitectos, médicos y personal sanitario con consulta privada, dentistas, abogados, asesores fiscales o financieros, un gran número de periodistas, etc.). Además, todo tipo de oficios destinados principalmente a la obra doméstica (pintores, albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros…etc. y en general pequeños empresarios con negocios consolidados. La diversidad es enorme no solo en la actividad sino en las cantidades que facturan, pero sin peligro de equivocarnos la casi totalidad de ellos tributan menos que aquellos que perciben cantidades semejantes, pero en calidad de trabajadores por cuenta ajena.
Hay otro grupo de autónomos que han dejado de serlo fiscalmente, porque de forma un tanto tramposa se han transformado en sociedades sin que existan más socios que los familiares o los que con carácter de mariachis figuran tan solo a efectos legales. Este colectivo cae ciertamente fuera del objeto del informe de los técnicos de Hacienda y le afecta un impuesto distinto al IRPF, el de sociedades, lo cual no quiere decir que este tipo de sociedades y las patrimoniales no constituyan claramente un nicho de fraude y un campo abonado para que actuase prioritariamente la inspección de Hacienda. La extensión de esta actitud fraudulenta se ha hecho claramente presente con la composición del Gobierno de Pedro Sánchez y la manía de este de nombrar a lo que llamaba “representantes de la sociedad civil”. Poco a poco fueron cayendo, de uno en uno como en la novela “Los diez negritos” de Agatha Christie. Se fue descubriendo que muchos de los nuevos ministros poseían una sociedad que, se quiera o no, solo podía tener una finalidad, contribuir menos a Hacienda.
El informe de GESTHA ha provocado la indignación de las asociaciones de autónomos. No es de extrañar, últimamente no están acostumbrados a la crítica, dada la opinión favorable que se ha ido extendiendo en la sociedad respecto a este colectivo desde que se acuñó el término de emprendedor. Todos los partidos políticos y los creadores de opinión se han esforzado por encomiar su figura y defender la disminución de sus gravámenes y cotizaciones. Los primeros, porque consideraban que les proporcionaba réditos electorales; los segundos, porque muchos de ellos son autónomos.
Lo peor del asunto es que esta defensa a ultranza se hace sin la menor discriminación y sin establecer diferencia alguna en un colectivo que, como hemos visto, es muy heterogéneo y complejo y, se quiera o no, una buena parte de los que lo componen pertenece a eso que algunos periodistas llaman clase media y que en realidad no lo es. Son ciudadanos que se encuentran en los estratos del 10 o del 5% de la población con mayor renta, y que tributan muy por debajo de lo exigido por su capacidad económica.
La fiscalidad de los autónomos es uno de tantos aspectos a tratar en una reforma fiscal, que es algo mucho más complejo que elevar el gravamen de las grandes fortunas o establecer un impuesto ecológico. No digo que no haya que subir la tributación a las rentas altas, pero ello más por justicia y ejemplaridad que por efectos recaudatorios. Si se quiere garantizar el Estado social, no hay más remedio que abordar una reforma fiscal en profundidad más allá de toques cosméticos o demagógicos. Bien es verdad que en ese cometido aparecerá el obstáculo de siempre, la Unión Europea que dictamina sobre la mantequilla, las bolsas de plástico y la contaminación, pero que en un contexto de libre circulación de capitales se niega a toda armonización fiscal y consiente los paraísos fiscales.
republica.com 8-8-2019
