Durante los años duros de la actuación de ETA, todas las fuerzas políticas, la opinión pública y la opinión publicada, coincidían, al menos en teoría, en que el terrorismo no podía tener premio. Digo en teoría, porque en ocasiones se tuvo la tentación de lo contrario. Por ejemplo, en las negociaciones que Zapatero estableció con la banda en las que si las cesiones no se llegaron a consolidar se debió al atentado de la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas. Incluso también cabría pensar que en algunos momentos, aunque de forma indirecta, por intermediario, a través del PNV, sí hubo cesiones. Ahí está la afirmación de Arzallus acerca de que “ETA agita el árbol y nosotros recolectamos las nueces”.

En los momentos presentes parecería lógico suscribir que el golpismo tampoco debe tener premio y, sin embargo, lo está teniendo. De hecho, ahí se encuentra uno de los grandes fallos de la teoría del diálogo. Resulta una contradicción, amén de una enorme injusticia, primar a una región frente a las demás por el único motivo de que sus dirigentes se hayan rebelado contra la Constitución y el Estado. El asunto bordea la iniquidad cuando la negociación se establece con la finalidad exclusiva de mantener a un gobierno que de otra manera no existiría. El diálogo entonces se convierte en una compra de votos, y además con el dinero ajeno.

Desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura con el apoyo de los secesionistas no ha dejado de conceder dádivas a Cataluña, aunque más bien habría que decir que las concesiones son a los independentistas. La situación ciertamente es humillante para él, pero lo es aún más para su partido y para todos los españoles. La temperatura ha ascendido muchos grados con la elaboración de los presupuestos. Estos se han convertido en una variable fundamental para Pedro Sánchez. No tanto para mantenerse en el poder (estoy convencido de que piensa hacerlo aun cuando no se aprueben las cuentas públicas, prorrogando las del año pasado) como para aumentar sus posibilidades de cara a las futuras elecciones. Por eso han elaborado unos presupuestos irreales.

Estos presupuestos no están hechos para cumplirlos, sino para la batalla electoral. Son populistas, orientados a la captación de votos de colectivos concretos. Lo que importa es el documento inicial, sin que tenga demasiada relevancia su ejecución. Presenta a todas luces una previsión inflada de los ingresos, por lo que antes o después se terminará por recortar los gastos. Se afirma que son unos presupuestos sociales. Todos los gobiernos cuando presentan sus presupuestos los consideran los más sociales de la historia. (Ver las declaraciones en su momento de Montoro y mi artículo del 19 de abril del año pasado). No obstante, hay que reconocer que en este caso se han sabido escoger partidas de gasto de pequeñas cuantías a las que no se precisa añadir grandes recursos para presentar incrementos espectaculares. En realidad, las dos partidas mayores, el aumento del sueldo de los empleados públicos y la revalorización de las pensiones, estaban en cierta forma condicionadas ya por acuerdos realizados por el anterior Gobierno.

En los ingresos se ha seguido una táctica parecida, primando las medidas efectistas, por encima de la verdadera eficacia en la tarea de reformar a fondo el sistema fiscal español, lo que sin duda es urgente para acercar la recaudación de la Hacienda española a la de los países de su entorno. En cierta forma son unos presupuestos mentirosos. Me recuerdan lo que nos ocurrió hace mucho tiempo a un grupo de amigos en una de esas tabernas antiguas, la que solíamos frecuentar para el aperitivo. En cierta ocasión, pedimos una morcilla a la plancha y cuando nos la sirvieron troceada observamos con extrañeza que era una morcilla muy rara, tenía tres culos. Estos presupuestos son también muy raros, tienen cinco trimestres de IVA.

Las medidas anunciadas tienen solo la apariencia de cambio, en realidad dejan las cosas casi como están, sin abordar los auténticos problemas. Ejemplo significativo es lo que se estipula acerca de las SICAV. Independiente de la conveniencia o no de su existencia, lo cierto es que su uso está siendo abusivo y tramposo por parte de las grandes fortunas, que han convertido una figura financiera de inversión colectiva, y por lo tanto con una tributación reducida del 1%, en una sociedad de inversión individual que debería tributar al tipo general. El procedimiento es sencillo, reclutan 99 hombres de paja (a los que coloquialmente se les llama mariachis), con lo que formalmente se cumple el requisito de los 100 partícipes, pero cometiendo fraude de ley.

Esta forma de actuar originó que la inspección de Hacienda en los primeros años de este siglo levantara actas a las principales SICAV considerando que no tenían esta condición y que por lo tanto debían tributar al tipo general. La presión del poder económico sobre el poder político no se hizo esperar. El medio empleado fue el de casi siempre cuando se trata de favorecer al capital, Convergencia y Unión (CiU). Es conveniente que en Podemos sean conscientes de quiénes son sus aliados. Constituyó uno de los asuntos más bochornosos en materia fiscal de Rodríguez Zapatero y de su ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Con la aquiescencia del Gobierno se aceptó una enmienda de CiU por la que se retiraba a la Agencia Tributaria la competencia para determinar si una sociedad tiene o no la condición de SICAV, y se le encomendaba a la CNMV, cuya presidencia ocupaba a la sazón Manuel Conte. Es más, cosa insólita, se consiguió que la medida tuviese carácter retroactivo, con lo que quedaban anuladas las actas levantadas. Ni que decir tiene que hasta la fecha la CNMV no ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto y durante este tiempo las grandes fortunas de este país han continuado utilizando las SICAV a su antojo.

Ahora Pedro Sánchez, bajo la presión de Podemos, devuelve en la Ley de Presupuestos la competencia a la inspección de Hacienda, pero, como quien hace la ley hace la trampa, establece que la última palabra la continúe teniendo la CNMV. No podía ser de otra manera, ya que lo que ahora se quiere corregir es lo que había establecido el propio PSOE con Zapatero y, lo que es más importante, porque el patrocinador de la medida fue CiU cuyo sucesor en estos momentos es el PDeCAT que, junto con Esquerra, constituye el oscuro objeto de deseo de Pedro Sánchez, y a los que no se quiere desairar. En buena medida, la totalidad del presupuesto está montado para conquistarles. Esto es lo que convierte a estos presupuestos en los presupuestos de la vergüenza.

En la moción de censura, Aitor Esteban del PNV inició su intervención en tono irónico, mofándose del Estado español, cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo decidió quienes no creen en España, los que quieren separarse de ella, romper el Estado español. A partir de ese día, se han dado muchos más pasos en la misma dirección. El Gobierno de España tiene como objetivo no ya mantener contento al nacionalismo, sino a los golpistas. Está secuestrado por ellos y dispuesto a humillarse todo lo que sea necesario para no perder su apoyo. Ha elaborado un presupuesto para darles satisfacción y en detrimento del resto de las Comunidades Autónomas.

Desde el primer momento, Pedro Sánchez descartó acometer la reforma del sistema de financiación autonómica con la finalidad de tener las manos libres para negociar bilateralmente con la Generalitat y destinar a Cataluña los recursos necesarios para comprar el voto de los golpistas. Ahora, en los presupuestos, ha consignado un importante aumento de la inversión pública (la regionalizada se incrementa en un 22,25%), lo que le permite dotar a Cataluña con 2.251,38 millones de euros, un 66,82% de incremento, y casi la quinta parte de toda la inversión regionalizada. Solo el incremento de Navarra es superior, aunque en realidad, dada su pequeña cuantía, carece de relevancia. El trato de favor que se pretende dar a Cataluña carece de toda lógica y constituye una enorme injusticia, ya que Cataluña es de las Comunidades más ricas y desarrolladas y su equipamiento contrasta con el de otras regiones como Extremadura, tristemente de actualidad por los desafortunados sucesos acaecidos en las últimas fechas y que ponen de manifiesto el estado calamitoso en el que se encuentran sus infraestructuras.

El Gobierno intenta justificar el arbitrario reparto de los recursos entre las distintas Comunidades y el trato extremadamente privilegiado dado a Cataluña, por la disposición adicional tercera del Estatuto, que establece que “la inversión del Estado en Cataluña se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado”. La ministra de Hacienda, obviando (no se sabe si por conveniencia o por ignorancia) la doctrina al respecto del Tribunal Constitucional, afirmó en rueda de prensa con mucho descaro -como suele hablar siempre, aun cuando desconozca la materia: “El Gobierno contempla el respeto al Estatuto no como una contrapartida, sino en cumplimiento estricto de la ley y porque creemos que hay que cumplir aquellas disposiciones que se establecen en las leyes orgánicas, como son los Estatutos de Cataluña y otras Comunidades, y que en demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde”.

La disposición adicional citada rompe la integración territorial y los principios del Estado social. Cumplirla implica consolidar el grado de desigualdad regional existente en la actualidad, incluso lo aumentaría y, por lo tanto, hace imposible la convergencia. Solo se entiende como parte de la demencia que se apoderó de Zapatero al aprobar un estatuto anticonstitucional. La Abogacía del Estado, para cumplir las indicaciones del Gobierno de Zapatero de lograr que el Tribunal Constitucional anulase la menor parte posible del Estatuto, no vio otra manera de salvar esta disposición que haciendo una interpretación sui generis, como mero deseo político sin que pueda haber ninguna exigencia legal al Gobierno. Y esta interpretación fue la que acabó siendo refrendada por el Tribunal Constitucional e hizo posible que la disposición no fuese declarada anticonstitucional. Existe una razón más que invalida la postura mantenida por la ministra al pretender basar en el Estatuto su prodigalidad con el dinero ajeno hacia Cataluña y es que lo dispuesto en la disposición adicional tercera tenía una vigencia de siete años, con lo que ha vencido en 2014.

Las cifras que figuran consignadas en el capítulo 6 de los Presupuestos tienen un elevado grado de incertidumbre pues no existe ninguna seguridad de que se realicen. Ello introduce una duda acerca de si muchas de esas cantidades que pueden parecer elevadas en determinadas Comunidades Autónomas no están solo puestas para que los recursos destinados a Cataluña no sean tan escandalosos, sin que en realidad se piense llevar a cabo la inversión. Por ejemplo, en el caso de Extremadura la cifra consignada en los presupuestos actuales engloba la que figuraba el año pasado y que no se realizó.

De los 2.251,38 millones de euros que se consignan para inversión en Cataluña 200 millones corresponden al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que sostenía que la Generalitat tenía derecho a ellos no por el Estatuto sino porque el Gobierno se había comprometido a dárselos. Lo preocupante de la cuestión es que no figuran en el capítulo 6 sino en el 7, como transferencia de capital. Es decir, se acepta que la Administración central no vaya a realizar las obras (por otra parte, no se sabe cuáles son), sino que se transfieran esos 200 millones a la Generalitat para que disponga de ellos a su gusto. Dada la parcialidad de sus órganos de control y el abandono del Gobierno central de sus funciones fiscalizadoras no hay ninguna garantía de que no se terminen gastando en embajadas o en aplicaciones parecidas, orientadas a preparar el siguiente golpe de Estado.

Contemplar al Gobierno de España mendigando los votos de los separatistas y dispuesto a todo tipo de concesiones es un panorama triste y humillante. Hay quien pretende disculpar este comportamiento alegando que todos los gobiernos han comprado el voto de los nacionalistas cuando no han tenido mayoría absoluta. Lo cual es cierto y ha sido uno de los graves defectos que han carcomido nuestro sistema político. Son múltiples las veces que en distintos artículos desde su comienzo he venido refiriéndome a ello y señalando cómo esta actuación distorsiona la equidad interregional y potencia las fuerzas centrífugas, siendo la antesala de lo ocurrido después. Pero lo que no es cierto es que se pueda comparar con la situación actual y con la postura de Pedro Sánchez. Hay una diferencia esencial. Ahora no se trata de nacionalistas, ni siquiera de secesionistas, sino de formaciones políticas que han protagonizado un golpe de Estado y, lo que es peor, muestran su intención de repetirlo. Es este factor el que otorga extrema gravedad a la actitud adoptada por este Gobierno y permite calificar a estos presupuestos como los de la vergüenza.

correspondencia.com 25-1-2019