Karl Marx escribe en su obra El 18 brumario de Luis Bonaparte: “Hegel sostiene en algún lugar que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa». Con esta frase Marx quería indicar cómo el golpe de Estado perpetrado en París el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte (Napoleón III) era un remedo, una mala imitación del ejecutado por Napoleón Bonaparte el 18 de noviembre (18 brumario) de 1799. De vivir Marx en la actualidad, alguien le podría objetar que eso ocurriría en Francia, pero que en España la frase debería enunciarse al revés, los golpes de Estado acaecen primero como farsa, bufonada, fiasco o amago frustrado, y la segunda vez como tragedia.
Al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que inició una cruenta guerra de tres años, le precedió la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932 que supuso el primer levantamiento del ejército frente a la República, y que claramente fracasó. El Gobierno de entonces no se tomó quizás demasiado en serio la intentona. A Sanjurjo se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua que, por supuesto, no cumplió; tan solo una pequeña temporada en el penal de El Dueso en un régimen de internamiento bastante benévolo, hasta que por último se exilió a Estoril. Cuentan que el llamado jefe de la Revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, envió el siguiente mensaje a Azaña: «Si quieres evitar el derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo». Mensaje que hoy, en un país europeo y después de más de ochenta años, con una mentalidad, por lo tanto, totalmente distinta de la que regía entonces en México, nos puede parecer muy duro y descarnado, pero no por ello deja de ser significativo.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque fallido finalmente, mantuvo en vilo a toda España durante una noche y humilló al Gobierno y a todos los diputados, auténticos representantes de la soberanía nacional. Le precedió en noviembre de 1978 la operación Galaxia, protagonizada por el mismo Tejero, quien ya había diseñado un año antes en Játiva un plan similar. Por supuesto, toda la operación fue una auténtica chapuza que terminó con el arresto de los golpistas. La reacción del Gobierno y del propio aparato judicial fue muy débil. Tejero e Inestrillas, cabezas del previsible levantamiento, fueron condenados a siete y seis meses respectivamente de arresto, sin que ninguno de ellos perdiese el grado de militar.
A finales del año pasado en Cataluña se ha producido un auténtico golpe de Estado, no militar, ciertamente, pero sí ejecutado por instituciones que contaban con mucho más poder y capacidad de coacción y amenaza que muchos generales. De haber triunfado, las consecuencias hubiesen sido similares o mayores que bastantes pronunciamientos militares. En principio, puede decirse que ha fracasado. El referéndum del 2 de octubre fue una patochada que ni siquiera validaron los llamados observadores internacionales convocados y pagados por la propia Generalitat; y la proclamación de la República, un espejismo que nadie reconoció y que carecía de todas las estructuras e instrumentos necesarios para funcionar.
No obstante, una vez más, haríamos mal en tomarnos a broma lo sucedido o infravalorarlo, porque, como hemos dicho, en España lo que comienza como farsa acaba presentándose como tragedia. Tras la moción de censura en la que a los golpistas se les otorgó legitimidad para cambiar el gobierno de la nación, se está desarrollando una nueva etapa bastante peligrosa, centrada en una negociación entre el nuevo Gobierno y los independentistas que puede tener consecuencias gravísimas. El equipo de Sánchez y algunas de sus prolongaciones mediáticas hablan de la agenda del presidente en Cataluña que, según ellos, pasa por un doble mensaje, reaccionar con cordialidad y sin inmutarse frente a los actos hostiles de los independentistas, y con toda dureza ante sus actos ilegales. Parece ser que tan solo consideran como acto ilegal la última declaración soberanista del Parlament que el Gobierno impugnó ante el Constitucional, aunque la dureza no se vio por ninguna parte porque el Gobierno ni siquiera pidió que el Tribunal requiriese a Torrent y a los demás miembros de la mesa. Y actos ilegales, aunque de menor trascendencia, están practicando los independentistas todos los días sin que el Ejecutivo reaccione en absoluto.
Yo pienso que Pedro Sánchez solo tiene una agenda, mantenerse en el gobierno a cualquier precio, y ahí se encuentra precisamente el peligro de las negociaciones entabladas, que se realizan desde la hipoteca. Los sanchistas vienen afirmando que dentro de la Constitución se puede negociar todo. Me temo que lo que realmente quieren decir es que dentro de la Constitución se puede ceder todo. Vayamos por partes. Lo primero es señalar que no se está negociando con Cataluña sino con los golpistas, que como mucho representan a la mitad de los catalanes. Y que hay otros muchos catalanes cuyas reivindicaciones son totalmente contrarias a las que colocan los independentistas encima de la mesa de negociación.
Lo segundo es que existe la sospecha, y sospecha fundada, de que Sánchez y sus adláteres poseen un concepto muy laxo de la Constitución, por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno afirma que el problema de Cataluña solo se soluciona votando. ¿A qué votación se refiere? Porque votar, votar, los catalanes salen a una elección por año. Otra cosa es que se pretenda, por más que se disfrace de una o de otra manera, que aquello que deben decidir todos los españoles se consulte exclusivamente a los catalanes. En ese sentido, aunque no se explican demasiado, es mal síntoma que hablen de un nuevo Estatuto, retomando aquellas cuestiones que el tribunal de garantías declaró inconstitucionales, o las manifestaciones de Meritxel Batet acerca de que si el 70 u el 80% de las fuerzas catalanas se pusiesen de acuerdo, el contenido se podría someter a referéndum en Cataluña. En ambos casos se está aceptando (o al menos se induce a confusión) que la soberanía no radica en el pueblo español en su conjunto.
Pero aun cuando creamos que la agenda de cesión de Pedro Sánchez tiene de verdad un límite, el de la Constitución, el camino emprendido es sumamente peligroso porque hay muchísimas cosas en las que el Gobierno no puede ni debe ceder, aunque no se opongan a la Constitución. Por supuesto, en todas aquellas reivindicaciones que representarían un claro agravio frente a otras Comunidades Autónomas. No hay que olvidar que Cataluña es una de las regiones más ricas, y sería totalmente injusto que al final el golpismo tuviese premio.
Pero existe incluso una limitación mucho mayor, la de no propiciar un nuevo golpe que quizás no aparecería ya como farsa, sino como tragedia. El independentismo, tras el fracaso obtenido con la declaración unilateral de independencia, si bien no ha tenido más remedio que aceptar los hechos y adaptarse a la realidad, sus representantes continúan sin embargo enrocados en su objetivo y dispuestos a repetir la rebelión tan pronto se les presente la ocasión y cuenten con los medios precisos para, ahora sí, tener éxito. En realidad, no engañan a nadie y admiten abiertamente su propósito. Consideran este periodo como un paréntesis en el que rearmarse para volver a intentarlo si nadie se lo impide. Por eso resulta tan obsceno que Pedro Sánchez quiera engañarse o engañarnos. Toda nueva cesión al independentismo es allanarles el camino para un segundo golpe de Estado, al que no han renunciado en ningún momento.
El primer golpe de Estado vino precedido de casi treinta años de cesiones en los que los dos partidos nacionales mayoritarios compraban el apoyo en las Cortes de los nacionalistas a costa de prebendas. Habrá quien pensase que esta política de continuos favores aplacaría las reivindicaciones independentistas. Todo lo contrario, sirvió para que el nacionalismo fuese robusteciéndose socialmente poco a poco y haciéndose con todas las estructuras en Cataluña. Los medios de comunicación públicos o subvencionados y la educación han ido consolidando el discurso, adoctrinando a gran parte de la sociedad, incluso, cosa sorprendente, a muchos de los que provenían de otras partes de España y que renegaban de sus orígenes para abrazar el supremacismo, esperando ser aceptados aunque fuese en un puesto de segunda fila.
Es de suponer que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE nunca pensaron que sus favores, y su pasividad hacia lo que ocurría en Cataluña, fuesen a terminar en un golpe de Estado. Pero la situación ahora es diferente. Los independentistas no lo ocultan. Permanecen en los mismos planteamientos que originaron la asonada el pasado año: autodeterminación y, si es necesario, por la fuerza. Continuar empeñados en contentarles con cesiones y nuevas competencias es pura demencia. Lejos de satisfacer sus aspiraciones, servirán únicamente como nueva plataforma en la que apoyarse para alcanzar su auténtico objetivo.
Pedro Sánchez, con la finalidad de perdurar en el gobierno, está insuflando aire al independentismo. El acercamiento de presos a Cataluña, cuando la política penitenciaria está transferida a la Generalitat; la dejación en el control de las cuentas de la Comunidad; la pasividad ante la refundación de las llamadas embajadas; el intento de dotar a Cataluña de más financiación, aunque haya tenido que disfrazarlo con la subida de la cifra de gasto público, y la prometida reestructuración de su deuda para que pueda financiarse en el mercado, son todos ellos escalones útiles para alcanzar el mismo punto, el segundo golpe de Estado al que en ningún momento el independentismo ha renunciado.
El mismo hecho de que el Gobierno de España no responda adecuadamente a las bravatas de los secesionistas y se humille una y otra vez ante sus imprecaciones es ya una cesión, porque se presta al equívoco y a que se fortalezcan frente a su clientela, al tiempo que la enfervorizan. Por el contrario, desanima por completo a la gran masa de catalanes que durante años han sufrido en silencio el despotismo de los independentistas y que se movilizaron por primera vez ante el golpe de Estado. La aceptación del funcionamiento de comisiones bilaterales sin que la Generalitat se haya incorporado a ninguno de los órganos multilaterales induce a la confusión, la que precisamente pretenden los secesionistas haciendo ver que son dos Estados que dialogan y negocian de igual a igual, tanto más cuanto que el Gobierno acepta en el orden del día la discusión sobre el derecho de autodeterminación y la situación de los presos.
Los independentistas no han tenido ningún reparo en violar la ley y cometer delitos muy graves sancionados por el Código Penal, en la confianza de que el Estado no iba a actuar, e incluso, en el caso de que actuase y recayesen sobre ellos condenas más o menos duras, estaban convencidos de que al final iba a producirse una negociación en la que situarían como punto primero el indulto de los condenados. Es lógico que lo piensen así cuando en plena campaña electoral lo insinuó el primer secretario del PSC y cuando Pedro Sánchez acaba de afirmar que no abrirá ninguna vía judicial más. Sin duda, ese mismo razonamiento será el que los independentistas apliquen cuando tengan que arriesgarse en una futura rebelión.
Si se produce un segundo golpe de Estado, al gobierno, sea del signo que sea, le va a ser más difícil reprimirlo. Me temo que los secesionistas cuando se lancen nuevamente a la aventura lo harán bastante más preparados, y dispuestos a presentar mayor resistencia. Resulta muy plausible que, ante lo incongruente una vez más de la actitud del Estado, los antiindependentistas se muestren reticentes a movilizarse de nuevo. Es muy posible que los mossos tampoco reaccionen de la misma forma, tras haber permitido el gobierno una caza de brujas entre sus filas. Uno de los factores que fue decisivo para que el golpe fracasara fue la asfixia financiera de la Generalitat, circunstancia que seguramente no subsista si las negociaciones continúan. En fin, la cabriola dada por Pedro Sánchez al romper la unidad de los partidos constitucionalistas y permitir ser nombrado presidente de gobierno por los secesionistas y, aún más, al depender de ellos para aprobar cualquier medida, sitúa al Estado español en una situación muy crítica y vulnerable, y aumenta la probabilidad de que se produzca un segundo golpe de Estado en Cataluña. Y hay que temer que en esta ocasión no sea como farsa, sino como tragedia.
republica.com 10-8-2018
