Resulta harto evidente que, desde el inicio de la legislatura, Pedro Sánchez ha tenido un único objetivo: llegar a ser presidente del Gobierno, lo que constituye una aspiración respetable para un líder político, siempre que espere conseguirlo mediante los votos de los ciudadanos y no a cualquier precio. El problema se encuentra en que los electores no han ido en la misma dirección y no le premiaron con resultados suficientes para aspirar de forma directa y normal a su ansiada meta.
La historia es de sobra conocida: su enroque en el “no es no“, y la negativa a toda negociación con el partido mayoritario -ya que un acuerdo con esta formación le impedía lógicamente ser presidente de gobierno-; su predisposición a pactar con cualquiera otro partido, fuese el que fuese, con tal de asegurarse su objetivo de llegar a la Moncloa; su intento de casar contra natura a dos formaciones antitéticas como Podemos y Ciudadanos; la necesidad de una nueva consulta electoral; la parálisis del país de cerca de un año sin gobierno y, por último, el intento de formar un gobierno Frankenstein, con el apoyo de los independentistas y en contra del Comité Federal de su partido, que se vio obligado a forzar su dimisión para abortar la operación.
Desde hace más de quince años, en múltiples artículos he venido criticando las primarias y mostrando los defectos que ocasionan en el funcionamiento de los partidos y en su estructura democrática. Por este sistema tan imperfecto Sánchez retomó el control del PSOE, pero esta segunda vez de manera autocrática y despótica. Es el gran vicio de las primarias, porque al ser investido el líder directamente por los militantes, se debilitan y casi desaparecen los órganos intermedios, de manera que las posibles discrepancias resultan casi inviables.
Durante cierto tiempo parecía que Pedro Sánchez había abandonado sus pasadas veleidades de formar un gobierno Frankenstein, tanto más en cuanto que la situación en Cataluña se hacía cada vez más dura y el independentismo había dado un golpe de Estado. Es más, aunque ciertamente a remolque, se mantuvo unido al resto de partidos constitucionalistas en las medidas a tomar respecto al golpismo.
Pero la cabra siempre tira al monte y, por lo visto, el secretario general del PSOE no había perdido la esperanza de llegar al gobierno y, consciente de que las encuestas no le eran favorables y por lo tanto tampoco el porvenir ante las próximas elecciones, ha retornado al viejo proyecto de hacerse con el gobierno, aunque sea apoyándose en los partidos catalanes, a pesar de que ya no solo eran independentistas sino también golpistas. Contaba ahora con la ventaja de que no era fácil que en su partido se produjese resistencia. De todos modos, la decisión se adoptó al margen y con total desprecio de la Ejecutiva y del Comité federal, en el entendido de que después de las primarias dichos órganos son tan solo una prolongación del secretario general.
Se trataba de buscar un pretexto, una coartada, y la ocasión se presentó con la primera sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. En realidad, la sentencia no dice nada nuevo que no se conociese ya. Es más, lo sabido y publicado es mucho más extenso que su contenido, puesto que este no hace referencia a la totalidad del caso. Incluso todo ello ya había sido utilizado por el propio Pedro Sánchez en las pasadas campañas electorales y seguramente tenido en cuenta por los votantes en los comicios de 2015 y 2016. En buena medida, por lo tanto, estaba ya descontado.
Por otra parte, conviene no confundir el plano penal y el político. Ahora que se habla tanto de no judicializar la política, es curioso cómo nos dejamos llevar por la ley del péndulo. En ocasiones, cuestionamos y denigramos las sentencias hasta el extremo de linchar a un tribunal (como en el caso de la manada) o de intentar descalificar y coaccionar a los jueces (como en el proceso contra los golpistas catalanes). Pero en otros casos como en el de la sentencia que nos ocupa se concede a todas sus aseveraciones y expresiones la condición de «palabra de Dios» que hay que creer como si fuese una verdad revelada. Las sentencias se deben acatar y respetar, pero también es posible disentir en ocasiones, sobre todo en aquellos aspectos que se salen de los términos estrictos de una sentencia penal, y no se basan en los hechos, sino que constituyen más bien juicios de valor.
Uno se sorprende al escuchar que se había creado una inmensa indignación ciudadana, un clamor popular acerca de que la situación era insostenible. El único griterío lo constituía el de Ciudadanos que, ante los buenos augurios de las encuestas, reclamaban elecciones anticipadas. ¿qué había cambiado del 23 al 24 de mayo para que se produjese tal cataclismo?. ¿De verdad creemos que el mayor problema de los ciudadanos se encuentra en unos hechos que por muy corruptos que fuesen se produjeron en dos ayuntamientos de Madrid hace quince años? Lejos de mi intención disculpar la corrupción del Partido Popular, pero tampoco me gusta que me engañen o me tomen por tonto, y que utilicen una sentencia judicial que apenas añade nada a lo ya sabido como excusa para tapar la ambición del secretario general del PSOE y para justificar su pacto espurio con los golpistas. La corrupción es sin duda una lacra, pero no solo ni principalmente la narrada en esta sentencia, sino la que ha afectado desde el primer momento de la Transición a casi todos los partidos que han gobernado en Ayuntamientos y en Comunidades Autónomas, y habitualmente en proporción directa al tiempo que lo han hecho.
Que la sentencia es un pretexto aparece de forma bastante clara cuando quien la ha usado es el secretario del partido socialista. No se trata, tal como se dice, de poner el ventilador, pero si se colocasen en un platillo los casos de corrupción del PSOE desde los principios de la democracia y en otro los del PP resultaría difícil saber cuál de los dos pesaría más. Y si hablamos de financiación irregular, la mayoría de los partidos de uno o de otro modo la han practicado. Para no irnos muy lejos, ¿qué es el caso de los ERE sino un sistema de dopaje? Los recursos que estaban dedicados a los parados se han dirigido al clientelismo, es decir, un medio para conseguir adhesiones y votos. Pedro Sánchez se desliga del tema dando a entender que es un problema de Andalucía o de los dos presidentes que han dimitido; pero si se profundiza en el tema, Sánchez sería como mínimo participe a título lucrativo, ya que dicho clientelismo no solo ha servido para obtener mejores resultados en la Comunidad Autónoma sino también en las elecciones generales en las que él aparecía como candidato a presidente del gobierno.
La prueba de que la sentencia se utiliza como pretexto es que mientras Sánchez proponía que se censurase al PP por corrupción, pedía el voto al partido más corrupto de España, el del 3%, el de la familia Pujol, el que durante más de treinta y cinco años ha saqueado las finanzas públicas no solo para enriquecerse, sino para ir creando estructuras independentistas y supremacistas, en buena medida xenófobas, que preparasen una futura secesión. Incluso Esquerra, que se jacta de su honradez y pureza, ha sido cómplice, al menos en la última temporada, de esta corrupción que es de las peores, no solo por la cantidad de fondos empleados, sino por las graves consecuencias y resultados que acarrea.
A estas alturas no puedo por menos que suscribir las palabras de Rodríguez Ibarra: «El independentismo me preocupa mucho más que lo que haya robado el PP». Hay problemas más graves que la corrupción, sobre todo cuando esta se ha cometido hace quince años y no parece que pueda repetirse. La integridad territorial es desde luego uno de ellos y de los más importantes, no por cierto patrioterismo o nacionalismo españolista, sino porque, como certeramente ha afirmado Alfonso Guerra, detrás de la unidad está la igualdad. A lo que habría que añadir que detrás del Estado se encuentran la política redistributiva y social.
Por escandaloso que aparentemente pueda parecer, lo más negativo de la actuación de un político no se encuentra en la posible corrupción, al menos en el sentido restrictivo en que lo hace el Código Penal. La ineptitud, la estulticia, la incompetencia y el sectarismo en un gobierno pueden tener consecuencias mucho más negativas para la ciudadanía que lo que entendemos vulgarmente por corrupción. Otra cosa es el juicio ético o penal que merezca tal comportamiento. El 7 de mayo del 2015 en este mismo diario digital escribía un artículo que titulé «Los dos Ratos». Criticaba yo entonces la tesis mantenida por algunos comentaristas de diferenciar entre el Rato gran artífice de la economía nacional entre los años 1996 y 2004, que sería acreedor a todo tipo de elogios y el otro, el Rato de Bankia, de las tarjetas opacas y de las cuentas en Suiza, que merecería todo tipo de reproches, vilipendios y anatemas. Discrepaba profundamente, porque los errores y los pecados sociales del primer Rato serían mayores, a mi juicio, que los del segundo, pues, en su calidad de responsable económico, inició un proceso que introdujo a la sociedad española en una ratonera de la que aún no hemos salido por completo, y que ha producido enormes y numerosos daños y costes sociales y económicos.
Ni la corrupción ni la sentencia están en el origen de la moción de censura que se celebró a finales de la semana pasada. Son exclusivamente la excusa. La verdadera razón se halla en la ambición mostrada desde el primer día por Pedro Sánchez, dispuesto a conseguir la presidencia del Gobierno, aunque fuese con el voto de los independentistas, y en el deseo de estos de librarse de Rajoy. Sánchez simplemente ha retomado su objetivo de hace dos años y que el Comité federal de su partido no le permitió acometer.
A pesar de su reiterada autoproclamación de hombre de Estado e incluso de su apoyo al art 155, su postura ha estado siempre regida por la ambigüedad y por el seguimiento al PSC. El PSC ha venido siendo uno de los factores de inestabilidad del PSOE y que le ha arrastrado a las situaciones más críticas, una verruga difícil de controlar. Estuvo detrás de los enormes errores cometidos por Zapatero con respecto al Estatuto de Cataluña, aprobando un texto inconstitucional y que ha sido en buena parte el origen de los conflictos con los nacionalistas. El PSC ha estado detrás de la ambigüedad que ha mostrado siempre Pedro Sánchez, con discursos como el de nación de naciones o situándose durante mucho tiempo en una extraña equidistancia: si bien criticaba duramente al independentismo, no lo hacía nunca sin censurar al mismo tiempo al Gobierno, acusándole de no hacer política en Cataluña. Hasta el último momento, cuando ya la declaración de la independencia era un hecho, estuvo oponiéndose a la aplicación del artículo 155. El PSC también ha estado detrás de que Sánchez abogase y forzase una aplicación mitigada de dicho artículo y por el plazo más breve posible.
En esta ocasión, no ha disimulado y ha pedido directamente el voto a los nacionalistas. Lo ha conseguido y ya es presidente del Gobierno. Los sanchistas afirman que no ha habido pactos y que no se ha pagado ni se va a pagar precio alguno. Difícil de creer. Al menos con el PNV se ha pactado, que se sepa, el mantenimiento de los presupuestos (esos presupuestos, que según afirmaba el partido socialista nunca podría votar) y la no convocatoria inmediata de elecciones. No habrá habido pactos, pero Pedro Sánchez desde la tribuna no ha dejado de hacer guiños a los secesionistas, comprando por ejemplo el relato independentista acerca del último estatuto y prometiendo su modificación para incorporar la parte declarada inconstitucional en su día. Pero, mientras tanto, el golpe de Estado continúa activo. Nadie ha renegado de la declaración unilateral de independencia, y el muy honorable y xenófobo presidente de la Generalitat reta permanentemente al Estado.
Haya habido o no haya habido pactos, Sánchez debería preguntarse por qué los golpistas le prefieren a Rajoy o a Rivera. No creo que el motivo sea la corrupción ¿Qué esperan de él? Es más, cabría interrogarse acerca de por qué Torra se encontraba gritando en la puerta de Ferraz a favor de Pedro Sánchez (según aparece en la famosa foto) en la noche que el Comité federal defenestró al hoy presidente del Gobierno. ¿Los parlamentarios socialistas se han parado a pensar que todos los que votaron a favor de Sánchez, excepto ellos, supuestamente, defienden el derecho de autodeterminación?
El otro día en la moción de censura, Aitor Esteban inició su intervención en tono irónico, riéndose del gran Estado español cuyo Gobierno estaba pendiente de los cinco diputados del País Vasco. Comentario humillante, pero cierto. El Gobierno de España lo han decidido quienes no creen en España y quieren separarse de ella, los que pretenden romper el Estado español. Es mentira que a Rajoy le haya echado la corrupción, por muy grande que sea la del Partido Popular. No creo yo que la corrupción preocupase mucho al PDeCAT. A Rajoy le han desalojado de la Moncloa los secesionistas, que piensan sentirse más cómodos y tener más oportunidades con Pedro Sánchez. Al nuevo presidente de Gobierno lo han nombrado los mismos que en Cataluña designaron al xenófobo Torra. Quizás sea verdad que haya que modificar la Constitución, pero para impedir que los que quieren destruir el Estado sean los que decidan precisamente sobre el Estado. El tiempo dirá cómo termina la aventura, pero si yo fuese militante socialista no estaría nada contento. Es muy posible que el pasado sábado el PSOE haya iniciado una carrera hacia su total desaparición.
Para los que consideramos perversa la Unión Monetaria, pero también sabemos que es difícil, casi imposible, que un país en solitario pueda abandonar el euro, tal vez encontremos en todo esto un efecto colateral positivo. Y es que entre lo de Italia y lo de España cabe la posibilidad de que la moneda única comience a desquebrajarse. A lo mejor, hay que terminar dando las gracias a Pedro Sánchez.
republica.com 8-6-2018
