ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

Entre la opinión pública actual se ha extendido la suposición de que la actividad política se encuentra paralizada en España. Se basan, sobre todo, en la falta de resultados legislativos. Vaya por delante mi creencia de que la moderación en la actividad legislativa no es forzosamente negativa. A menudo, las reformas legales son contraproducentes y sería bastante mejor que no se produjeran. Por otra parte, las permanentes modificaciones jurídicas crean un clima de inseguridad e incertidumbre bastante pernicioso para la sociedad.

Ahora bien, esto es una cosa y otra muy distinta que la inoperancia de los partidos paralice todo avance y reforma legislativa necesaria. Muchos creadores de opinión señalan al Gobierno como único culpable, lo cual sería cierto si tuviese mayoría absoluta o al menos el escenario político presentase la estructura de las etapas anteriores, es decir, el bipartidismo. Pero en este nuevo contexto en el que el arco parlamentario se ha fraccionado de forma considerable y en el que ha desaparecido -parece que para siempre- el bipartidismo y las mayorías absolutas, las responsabilidades hay que repartirlas. En la estructura actual no hay posibilidad de avance sin pacto y sin consenso, por lo que la mayor responsabilidad recae sobre las formaciones políticas que se niegan a priori a la negociación y al acuerdo, sea estando en el Gobierno o en la oposición.

El secretario general del PSOE ha reprochado a Rajoy su ineptitud para sacar los presupuestos adelante, retándole a que dimita o a que se presente a una moción de censura si no es capaz de lograr su aprobación. En su esquema -que es quizás el que se había seguido hasta ahora con resultados muy negativos- el presupuesto era cosa del Gobierno y la función de la llamada oposición era criticarlo, enmendarlo en su totalidad y votar en contra.

En ese escenario donde o bien se daba la mayoría absoluta de una formación política o bien esta se construía a base de acuerdos con algún partido nacionalista -pagando por supuesto el correspondiente peaje-, el Gobierno controlaba prácticamente el Parlamento. En realidad, la diferencia entre Ejecutivo y Legislativo desaparecía o, más bien, el último se convertía en correa de transmisión del primero. Es por eso por lo que en la práctica las leyes, y la propia ley de presupuestos, que en sí deberían ser frutos del Parlamento, se convertían en obra exclusiva del Gobierno sin que la oposición tuviese nada que decir.

En la nueva situación, sin embargo, en la que se ha superado el bipartidismo e impera el fraccionamiento del espacio político, se ha devuelto al Parlamento la capacidad (no solo formal) de legislar y modificar eficazmente los proyectos de ley (entre ellos el del presupuesto) presentados por el Gobierno, y el Legislativo ha adquirido autonomía frente al Ejecutivo. El Gobierno pierde capacidad de maniobra y el resto de partidos debe trascender el simple papel de oposición para convertirse en agentes políticos activos que pueden hacer realidad parte de su programa mediante el pacto y la negociación.

Esta transformación invalida la tesis que culpa exclusivamente al Ejecutivo de la supuesta paralización institucional y le hace responsable único de la aprobación o no aprobación del presupuesto. Ciertamente sería responsable si se negase a negociar o si negociando fuese inflexible en sus planteamientos, pero cuando son las otras formaciones políticas las que rechazan incluso sentarse a dialogar hay que afirmar que por lo menos tienen tanta o más responsabilidad que el Gobierno.

Es evidente que Pedro Sánchez continúa en el escenario anterior, reclamando para sí el papel exclusivo de jefe de la oposición, reduciendo su función a la denuncia y a la crítica, esperando pasivamente tiempos mejores en los que por fin logre que Rajoy se marche y pueda sustituirle. El problema está en primer lugar en que puede que el sucesor de Rajoy no se llame Pedro Sánchez, sino Albert Rivera o cualquier otro que en este momento ni siquiera imaginemos y, en segundo lugar, que, si por fin el Gobierno fuese del PSOE, no existe ninguna certeza de que no terminase realizando la misma política que el PP. Además, esa postura y actitud de cerrazón a toda negociación tiene el gran inconveniente de preferir ciento volando a uno en la mano, de perder el tiempo presente y condenarse mientras se está en la oposición a la inoperancia política sin aprovechar la gran ventaja de que el Gobierno se encuentre en el Congreso en una posición precaria y necesite el concurso de otras fuerzas para sacar adelante cualquier ley.

Podemos, que surgió en contra del bipartidismo, se mantiene paradójicamente en la misma lógica que el PSOE de Pedro Sánchez; es más, pretende disputarle el título de oposición. Se contenta con criticar al Gobierno, denunciar y reclamar todo tipo de medidas (en algunas ocasiones sin considerar demasiado acerca de si dentro de la Unión Monetaria son posibles). Todo ello está muy bien para un movimiento activista, pero no tanto para un partido político que tiene que saber pasar de su programa máximo a obtener la aplicación del máximo posibles de sus medidas. En último término, se les exige resultados y no solo palabras. Pablo Iglesias se presentó en el primer momento renegando de la vetusta izquierda que se había contentado con una postura testimonial, sin tener influencia práctica en la política. Ellos iban a por todas, y ciertamente capitalizaron el descontento de la crisis y de los recortes y consiguieron más de cincuenta escaños. Pasado el tiempo, da la sensación de que la vetusta IU con sus quince o veinte escaños obtuvo más resultados prácticos que ahora Podemos con cincuenta.

Ortega y Gasset en su “Mirabeau”, afirmaba que una cosa era hacer filosofía y otra, política. Me temo que tanto el PSOE de Pedro Sánchez como el Podemos de Iglesias se dedican a hacer filosofía, o algo parecido, y no política. Todo se les va en querer echar a Rajoy, por eso dejan a Ciudadanos y al PNV que se lleven el gato al agua, pactando con el Gobierno. No solo no echan a Rajoy, ni logran, –al negarse a negociar con él– modificar lo más mínimo sus políticas-, sino que con su parálisis e inoperancia consienten que sean las medidas regresivas de Ciudadanos y del PNV las que se terminen aprobando. Pueden, por ejemplo, salir en manifestación con los pensionistas, pero exclusivamente con ello no lograrán que se retorne a la actualización anual por el IPC.

En las condiciones actuales, permitir que el PNV tenga la llave de la política española tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado. No se trata ya de que, como siempre, cobren su peaje al margen del interés general y en contra de otros territorios, sino que se les concede la posibilidad de chantajear al Gobierno respecto a la política que haya de aplicarse en Cataluña. Supongo que al Podemos de Iglesias, dada su política territorial y la actuación de su sucursal en Cataluña, esto no le importará demasiado; pero en cuanto al PSOE -aunque sea el de Pedro Sánchez, que ha mantenido continuamente la tesis de que estará siempre en la defensa del Estado de derecho-, su parálisis y su inoperancia institucional y presupuestaria, dejando el mando en manos del PNV, es un baldón difícil de justificar.

republica.com 30-3-2018

También podría haber titulado este artículo “La rebelión de los pensionistas (III)”, porque va a ser seguramente el asunto de las pensiones el que acabe dando la puntilla al presidente del Gobierno. Rajoy ha sido un superviviente. Con su carácter gallego y con cierta dosis de sentido común ha resistido todos los envites, que no han sido pocos. Su principal error, sin embargo, ha sido el de los nombramientos de sus ministros; entre los que sobresale el de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez quien, como se han encargado de vocear en Internet, no ha tenido ningún empleo ni público ni privado, solo político, y nunca ha cotizado a la Seguridad Social. Y aunque en su currículum aparece como economista y licenciada en Derecho, me temo que lo que posee es uno de esos títulos híbridos que dan algunos centros universitarios de la iglesia, que pretenden abarcar todo, pero cuyos alumnos terminan no siendo ni juristas ni economistas.

Lo cierto es que Fátima Báñez ha empujado al Gobierno de Rajoy a aprobar dos de las leyes más nocivas desde el punto de vista social: la de la reforma laboral y la de las pensiones. La primera hizo perder al PP casi la mitad de los diputados en las pasadas elecciones, y la de las pensiones y el empecinamiento actual a no corregirla les puede conducir a perder parte del resto. No sé si Rajoy se ha dado cuenta de que entre los actuales pensionistas y los que están a punto de jubilarse se encuentra una buena parte de sus votantes.

Pocas veces se ha podido ver tan indignados a los pensionistas. Lo que no tiene nada de extraño, porque es ahora cuando comienzan a manifestarse los efectos perversos de la reforma. En los años anteriores, en plena crisis, la inflación era negativa o cercana a cero con lo que la actualización o no de las pensiones apenas tenía importancia. Es en este año, cuando el incremento de los precios ha comenzado a tener cierta relevancia y además se acerca ya 2019, momento en el que entrará en vigor el factor de sostenibilidad que deprimirá aun más las prestaciones futuras.

Rajoy recurre una vez más a Europa y a poner como pantalla la necesidad que hubo de eludir el rescate. No caben demasiadas dudas de que Bruselas y más bien Frankfurt estuvieron detrás de la aprobación de ambas leyes. Es más, en cierto modo estas exigencias estaban ya implícitas en la carta que Trichet y Fernández Ordóñez enviaron a Zapatero en 2011. Sin embargo, no está nada claro que, de no haber aprobado la ley de pensiones, se hubiera tenido que instrumentar el rescate. Entre otras cosas, porque las fechas no cuadran.

No se le puede negar a Rajoy el mérito de no haber sucumbido a las presiones de los poderes económicos y mediáticos que pretendían, asustados por los elevados tipos de interés que dañaban fuertemente sus intereses, que se pidiese el rescate. De ello no se deduce, sin embargo, que la negociación con Europa fuese la epopeya que intenta vendernos de Guindos en su libro “España amenazada”. Rescatar a España no era lo mismo que rescatar a Grecia o a Portugal, y la situación y dimensión económica de estos países no son iguales que las del nuestro. Merkel tampoco quería, por razones de su política interior, que Rajoy solicitase el rescate; y, sobre todo, las dificultades que sufría España eran similares a las de Italia, país gobernado en ese momento por Monti, impuesto por Berlin y Bruselas; y además Draghi era italiano.

Todo ello coadyuvó a que no fuese necesario pedir el rescate. En la solución tuvo mucho que ver el ortodoxo Monti que, contra todo pronóstico, en la Cumbre de junio de 2012 se rebeló y amenazó con vetar el comunicado final si no se aprobaba que fuese la Unión Europea (MEDE) la que asumiese el saneamiento de los bancos en crisis. A esta pretensión se sumó inmediatamente Rajoy, inmerso en la crisis de la banca española, y un poco más tarde, aunque quizás con menos decisión, Hollande. Merkel no tuvo más remedio que aceptar la idea, pero echó balones fuera, condicionándola a que antes se adoptasen las medidas necesarias para que las instituciones de la Unión asumiesen la supervisión y la potestad de liquidación y resolución de las entidades.

Aun cuando esa cumbre no sirvió para que el MEDE absorbiese el coste de las crisis bancarias de España e Irlanda, sí fue el precedente de que tan solo un mes después Mario Draghi pronunciase la famosa frase “El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente”, que sirvió para despejar los negros nubarrones que se cernían sobre el euro y sobre las deudas italiana y española. En todo caso, lo que parece evidente es que la ley de pensiones que se aprobó más tarde (2013) no ha tenido nada que ver en la superación de la crisis, ni con la corrección del déficit ni con la recuperación económica. Curiosamente hasta este momento ha sido totalmente inoperante, y es precisamente ahora cuando la economía lleva varios años de crecimiento, cuando comienza a surtir sus efectos.

Es por esto por lo que se entiende muy mal la cerrazón de Rajoy de no actualizar las pensiones, siquiera de acuerdo con la inflación. Ya no hay presión de la Unión Europea, al menos no tiene la misma fuerza. La política de austeridad pierde puntos y se pone en cuestión. ¿Cómo se puede afirmar que la crisis ha pasado y que la economía va viento en popa y al mismo tiempo defender que hay que recortar la renta a una parte importante de la población, tan vulnerable como la de los pensionistas? Además, son en buena medida el huerto electoral del Partido Popular. Hay que remarcar el hecho de que la cuestión no radica en subir o no subir las pensiones, sino de si se reducen, pues esa es la consecuencia al no regularizarlas por la inflación.

España es de las pocas economías en las que no se actualizan (porque el índice de revalorización de la ley es realmente una broma macabra). Alguien le ha soplado a Rajoy que solo dos países lo hacen con el IPC, lo cual puede ser cierto tan solo a medias porque los otros o bien lo hacen con la evolución de la economía (PIB nominal) o con los salarios, y ambas variables llevan ya un componente de precios. En estos casos la actualización no se limita a mantener el valor adquisitivo de las pensiones, eso se da por descontado, sino que se intenta que además participen de alguna forma de la bonanza de la economía cuando esta se produce. Supongo que los jubilados españoles estarían encantados de que sus prestaciones se regularizasen de acuerdo con la evolución nominal de la economía, o de los salarios. Saldrían sin duda ganando, solo hay que constatar que la prestación media de los pensionistas que salen del sistema es bastante inferior a la de los que entran.

Tanto Ciudadanos como el PP y el Gobierno pretenden engañar a los jubilados limitando la posible mejora a las pensiones mínimas y a las de viudedad. Deberían tener en cuenta que en materia de pensiones ninguna prestación es alta. La pensión máxima lleva bloqueada desde hace treinta años, de manera que son muchos los jubilados que están cobrando una prestación menor de la que les correspondería de acuerdo con su cotización. Los gobiernos son proclives a realizar una única política redistributiva, la que transfiere fondos de los pobres a los muy pobres. Entre los pensionistas hay muy pocos ricos; economías sencillas, como mucho, clase media, pero clase media de verdad y no la que pinta Albert Rivera en sus peticiones de bonificaciones y subvenciones. Los niveles medios y altos de las pensiones hacen referencia en su mayor parte a trabajadores muy normales, incluso modestos, que simplemente han cotizado a lo largo de toda su vida profesional. Tratarles como ricos y manifestar que solo se van a subir -mejor dicho, que no se van a bajar- las pensiones mínimas no tiene sentido.

En cuanto a las pensiones de viudedad, hay cosas difícilmente explicables. La Biblia establece como una de las principales obligaciones religiosas la de socorrer a los huérfanos y a las viudas, hasta el extremo de instituir la ley del levirato, exigencia de casarse con la viuda del hermano difunto. Esa condición de debilidad social de las viudas se ha perpetuado a lo largo del tiempo y ha llegado a nuestra sociedad capitalista desde el momento en que era el marido el que trabajaba fuera de casa y el que proporcionaba los recursos económicos. Su defunción era un drama para la familia. Pero esta situación hace tiempo que está cambiando. La incorporación de la mujer al mercado laboral hace que, en primer lugar, tengamos que hablar también del viudo y, en segundo lugar, que las circunstancias económicas se hayan modificado. Sin embargo, se produce la inconsistencia de que la pensión de viudedad es compatible con todas las rentas del trabajo (cosa que no ocurre en otros países como Francia, Italia o Alemania), pero incompatible con la propia jubilación. En cualquier caso, en las circunstancias actuales no se puede decir que todas las pensiones de viudedad sean las más necesitadas de subida.

Ciudadanos, el PP y el Gobierno quieren engañar también al personal estableciendo la posible mejora mediante una reducción en el IRPF. Es curiosa la buena prensa que en ciertos ambientes tiene la rebaja de impuestos y la repulsa que suscita el incremento del gasto, cuando en principio tendrían que tener el mismo efecto macroeconómico. Los resultados distributivos, sin embargo, casi siempre son distintos. Las minoraciones impositivas son mucho menos transparentes y, como van unidas a otras muchas variables, nunca se sabe a quién benefician y sobre todo en qué medida. Eso es lo que ocurre con la oferta que Rivera va pregonando para ocultar su falta de propuestas para los pensionistas. La subida del límite exento de 12.000 a 14.000 euros no implica que beneficie precisamente a los perceptores de estas rentas, que podrían estar ya exentos, beneficia a todos los contribuyentes y en mayor medida a aquellos que tengan un tipo marginal más alto, es decir, a los de rentas superiores. Hay que esperar que ni los pensionistas ni las clases bajas se dejen engañar. Cuando oigan hablar de reducciones de gravámenes en impuestos progresivos como los del IRPF, deberían echarse a temblar porque seguro que por uno u otro motivo terminan resultando perjudicados.

Tampoco parece que ni el PSOE ni Podemos se aclaren mucho en esta materia. Su actuación, demasiado sesgada por sus intereses electorales, no termina de abandonar el reducido círculo de las cotizaciones, del fondo de reserva y de considerar a las pensiones como un problema diferente al del resto de las prestaciones y servicios del Estado de bienestar. Sobre todo, son incapaces de hablar claro a los ciudadanos y de decirles abiertamente que todo ello solo es posible manteniendo un sistema fiscal potente, estructurado y progresivo, que hay que subir los impuestos, y que lo que pone en peligro las pensiones y el resto de logros del Estado social, han sido las rebajas fiscales que de forma un tanto demagógica tanto el PSOE como el PP han venido practicando desde mediados de los ochenta.

Proponer impuestos a la banca está muy bien y tiene muy buena prensa, pero que nadie crea que con ello está resuelto el problema. Detrás de los bancos casi nunca se sabe quién hay o, lo que es peor, está el Estado que termina haciéndose cargo de las insolvencias. Lo importante es gravar a los banqueros, a los accionistas y a los ejecutivos, pero no solo de la banca, sino de otras muchas empresas. En general, restituir la imposición de las rentas de capital a las que casi se ha eximido de tributar y reformar globalmente todos los impuestos directos (IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio) para que recuperen la virtualidad de la que se les ha privado a lo largo de las tres últimas décadas. El mensaje de que hay que subir los impuestos no es fácil para una formación política, pero, si de verdad quieren ser creíbles, no tendrán más remedio que afrontarlo. Todo lo demás es demagogia y pretender engañar al personal, y al personal no se le engaña tan fácilmente.

Rajoy, por su parte, haría mal en minusvalorar el problema. Sus votos salen principalmente del grupo de los jubilados, colectivo que está realmente indignado. Han tomado conciencia de que pertenecen a las generaciones que han levantado el país en las últimas décadas, que incluso han mantenido en buena parte la economía en la reciente crisis y ven cómo ahora se les quiere condenar a morir en la indigencia. Presiento que no van a consentirlo y que pueden llevarse a Rajoy y al PP por delante.

republica.com 23-3-2018