ARTICULOS DEL 10/1/2016 AL 29/3/2023 CONTRAPUNTO

En el artículo de la semana pasada, al filo de la manifestación de pensionistas, traté el tema de las pensiones. No obstante, limité mi análisis a la conveniencia de que las prestaciones se actualicen anualmente por la inflación; postulé la necesidad de que su cuantía en términos reales no se recorte ni se produzcan transferencias del colectivo de los pensionistas a otros colectivos o, lo que es lo mismo, que los poderes públicos no utilicen la inflación y las pensiones para solucionar sus problemas presupuestarios. Al final del artículo prometí abordar esta semana el manido tema de la suficiencia financiera del sistema público de pensiones.

Anticipaba ya que la solución del problema no podía restringirse a bajar la cuantía de las pensiones. Así, lo soluciona cualquiera. Aunque en realidad, en este caso no se trata de solución sino más bien de destrucción progresiva del sistema público. Adelantaba también que, si realmente se pretende resolver la cuestión, hay que rescatar las pensiones del estrecho campo al que las confinó el Pacto de Toledo con la separación de fuentes y de su exclusiva financiación mediante cotizaciones sociales. En ese marco no hay salida posible, ya que entran en funcionamiento todos esos condicionantes de la pirámide de población, del empleo, de los salarios, e incluso de la presión de los empresarios y la permisividad de algunas fuerzas políticas acerca de la reducción de las cotizaciones sociales, alegando como excusa que se trata de un impuesto al trabajo.

Hay que negar hasta que haya que plantearse el problema. ¿Por qué específicamente nos preguntamos si es posible la financiación de las pensiones públicas y no de la educación, de la sanidad, del ejército, de la policía, de las ayudas a la dependencia, del pago de la deuda, de las subvenciones a los empresarios y emprendedores, de los gastos de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, del servicio exterior del Estado, de la justicia, del seguro de desempleo, del AVE, y de otras muchas obras públicas, y de tantas y tantas partidas de gasto público? Si de algún capitulo de gasto no se debería dudar, es precisamente del de las pensiones, porque en cierto modo se trata de una deuda contraída por el Estado: devolver a los jubilados lo que han aportado (en su conjunto) a lo largo de su vida activa.

La pregunta que hay que hacerse es qué estructura fiscal se precisa para financiar los múltiples aspectos de un Estado social, al que recurrimos continuamente para reclamarle toda clase de servicios y prestaciones, pero al que somos totalmente renuentes a la hora de financiarlo. La cuestión habrá que plantearla en toda su amplitud. Es el conjunto de los ingresos del Estado el que debe financiar todos los gastos, sin hacer corralitos, sin comportamientos estancos y sin crear impuestos afectados a finalidades concretas. Desde esta perspectiva, la variable estratégica no es la pirámide de población o la tasa de natalidad. Si lo fuesen, la salida sería relativamente sencilla, permitir mayores tasas de emigración. ¿Pero para qué queremos incrementar la población activa si se va a traducir en un número mayor de desempleados? Tampoco podemos afirmar que el quid radique, en sentido estricto, en el número de ocupados. Lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce. Lo que no es lo mismo. Un número más reducido de personas puede producir una cantidad mayor de bienes si se incrementa la productividad.

Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones.

Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, realiza un enorme esfuerzo para obtener series históricas de determinadas magnitudes, remontándose de manera estimable en el tiempo. Entre las variables que estudia se encuentra la elevación de la renta per cápita como resultado del incremento de la productividad. El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita en términos constantes pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%.

Por supuesto, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. Centrándonos en los últimos treinta dos años (1980-2012), la tasa promedio fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de las décadas anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación en su conjunto del Estado social, incluyendo por supuesto las pensiones. Podemos afirmar que por término medio somos cada vez más ricos, por lo que se viene abajo el famoso discurso de la austeridad y ese intento de convencernos de que ahora no es posible lo que ayer sí lo era.

Un ejemplo muy fácil ayudará a entender lo que afirmamos. En aras de la claridad, el supuesto se ha simplificado al máximo, pero el resultado sería siempre parecido por mucho que lo complicásemos. Para hacerlo lo más sencillo posible se ha supuesto que el único gasto que tiene que afrontar el Estado es el de las pensiones, de manera que el producto se reparte entre el excedente empresarial, los trabajadores y el Estado, es decir, los pensionistas. Todos los datos se expresan en moneda constante prescindiendo de la inflación.

En el año t, existen 20 millones de trabajadores y 8 millones de pensionistas y la renta nacional ha ascendido a 800.000 millones de euros. El excedente empresarial neto de impuestos alcanza el 51% del producto o, lo que es lo mismo, 408.000 millones de euros. La retribución media anual neta de los 20 millones de trabajadores es de 16.000 euros, y la cantidad global, por tanto, dedicada a salarios asciende a 320.000 millones. Los impuestos absorben los 72.000 millones de euros restantes, con lo que se puede hacer frente a una pensión anual media de 9.000 euros.

En el año t+25, el número de trabajadores ha descendido a 16 millones, mientras que el número de pensionistas sube hasta los 12 millones. La renta nacional debido al incremento de productividad se ha elevado en un 25%, ascendiendo por tanto a un billón de euros. El excedente empresarial mantiene su participación en la renta del 51%, en este caso 510.000 millones de euros. Para mantener la pensión media en 9.000 euros anuales (sin pérdida de poder adquisitivo) los impuestos alcanzan los 108.000 millones de euros, lo que permite un sobrante de 382.000 millones de euros que, dividido por el número de trabajadores, ofrece un salario medio de 23.875 euros.

Este sencillo ejemplo desmonta todas las profecías catastrofistas de los que ponen en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. El incremento de un 25% del PIB (porcentaje más bien modesto de acuerdo con la tendencia existente en Europa desde 1700) permite que, aun cuando la cifra de los jubilados haya crecido un 50% (cuatro millones) y los ocupados hayan descendido en un número similar, las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo y al mismo tiempo es posible un crecimiento sustancial del excedente empresarial y del salario medio.

La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución. Trabajadores, empresarios y Estado concurren a participar en la renta nacional. No es tanto una cuestión económica sino política. ¿Qué parte de la renta debe ir mediante impuestos al Estado para acometer todas las cargas del sector público? John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años la idea de que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigirían una redistribución de los bienes y servicios que habrían de ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente como para garantizarse una pensión de jubilación digna?

Hay dos tipos de ahorro: el individual y voluntario; y el público y obligatorio mediante impuestos. Desde el punto de vista del Estado social, no se puede confiar en el ahorro privado y voluntario para proporcionar los recursos necesarios a los jubilados. Solo algunos, muy pocos, tendrían en ese caso una pensión digna. Sin embargo, la economía nacional produce recursos suficientes para que el ahorro público y obligatorio del Estado (impuestos) subvenga a cubrir con carácter general esta contingencia.

La verdadera amenaza a las pensiones y en general al conjunto del Estado social radica en esa postura cada vez más generalizada que se opone a la subida de impuestos a pesar de que España cuenta con una presión fiscal muy por debajo de la media Europea; y el mayor peligro se encuentra en las fuerzas políticas como Ciudadanos que van más allá, puesto que para pactar con el Gobierno lo primero que exigen es la bajada de impuestos y se niegan después a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación. Eso sí, pretenden engañar al personal (como buen partido populista) afirmando que la rebaja impositiva va dirigida a los pensionistas.

Los detractores del sistema público de pensiones adoptan a menudo un tono compasivo, preocupándose de las futuras generaciones y considerando que no rebajar las pensiones constituye una enorme injusticia intergeneracional, ya que, según dicen, se hará recaer sobre las próximas generaciones una carga muy pesada. En primer lugar, hay que señalar que los más interesados en que se mantengan las pensiones públicas o en que no se reduzca su cuantía son los jubilados del futuro, porque el efecto de cualquier recorte o reforma será tanto mayor cuanto más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada generación es más rica que la precedente se debe en buena medida a que parten de un nivel técnico, educacional y social mayor, gracias al esfuerzo realizado por las anteriores generaciones que acumularon un bagaje de estructuras y de inteligencia colectiva que ha hecho posible el incremento de la productividad.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. También con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

republica.com 16-3-2018

Las pensiones públicas se han visto siempre amenazadas, pero no por las limitaciones económicas, sino por los intereses del sistema financiero y de las fuerzas económicas. La ofensiva ha sido constante. Ya en los años ochenta y noventa el sistema público sufrió varias reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del euro y principalmente con la crisis económica, cuando el ataque ha sido férreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.

Las pensiones públicas han estado en el centro de todas las políticas de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los países miembros por Bruselas. En España la agresión se inició en aquella fatídica noche de mayo de 2010 en la que, contra toda lógica, Zapatero y su ministra de Economía se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de Alemania. Junto al tajo dado a las retribuciones de los empleados públicos, se congelaron las pensiones. La ofensiva continuó con la reforma acometida más tarde, en 2011, por el mismo Zapatero, en la que ya se perfilaba el factor de sostenibilidad; pero se consumó y perfeccionó con la emprendida por Rajoy en 2013, con efectos letales tanto por la eliminación de la actualización anual de la pensión por el incremento del IPC, como por la concreción del factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuantía de las futuras prestaciones.

Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen, la coacción, de una o de otra forma de Bruselas. Difícilmente se puede hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a los pensionistas sus anteriores derechos. No puede extrañarnos, en consecuencia, el grado de virulencia que están mostrando las múltiples manifestaciones de pensionistas. Era evidente que cuando la inflación retornase a tasas normales, iba a hacerse presente uno de los efectos más negativos de la reforma, la depreciación progresiva de la cuantía en términos reales de las prestaciones.

Durante este tiempo, las distintas fuerzas políticas han estado mareando la perdiz sin enfrentarse seriamente con este problema. Tan solo cuando los pensionistas se han echado a la calle es cuando han intervenido, pero con una única finalidad: pescar votos en río revuelto. Junto a los muchos errores, el Pacto de Toledo tenía dos aspectos positivos. El primero, el compromiso de todos los partidos de no utilizar las pensiones como arma electoral; el segundo, garantizar a los jubilados que sus prestaciones mantendrían el poder adquisitivo. Ambos factores parecen haberse perdido en el momento presente.

En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados, conviene separar. Uno es el de la actualización anual de las pensiones, contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del sistema en el futuro.

La actualización o no de las pensiones por el IPC es un falso problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la época en la que estaba vigente la actualización de las prestaciones por el IPC, si la inflación había crecido más de lo esperado y había que pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los medios de comunicación asumían la mentira de que representaba un coste adicional al erario público, lo que no es cierto, ya que con la inflación también se incrementan los ingresos del sector público en igual o mayor cuantía.

Antiguamente muchas familias de economía modesta cuando iban a tener un hijo afirmaban, con cierta ironía, esa especie de máxima de que los niños traían un pan debajo del brazo, lo cual en la mayoría de los casos no era cierto. Pero algo parecido, y en esta ocasión sí que con razón, se puede predicar del impacto de la inflación sobre el presupuesto del Estado. La inflación viene con su financiación debajo del brazo, porque si bien puede incrementar los gastos del Estado, también aumenta automáticamente todos los ingresos.

Hacienda afirma que este año la recaudación impositiva va viento en popa. La razón hay que buscarla ciertamente en que la economía en términos reales está creciendo un 3%, pero también en el incremento de los precios, que aumenta de forma automática los ingresos del Estado. No hay, por lo tanto, ninguna razón para negarse a la actualización. Rechazarla es tan solo aprovechar la inflación para hacer una transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras aplicaciones presupuestarias o a la reducción del déficit.

La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma también Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es un tema de elección, de decisión política. ¿Por qué el recorte tiene que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? ¿Por qué no en defensa, en la financiación de las Comunidades Autónomas, en los gastos de los Ayuntamientos o en las inversiones públicas? ¿Por qué no prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo suponen una subvención a los empresarios, o de reducir las cotizaciones sociales? ¿Por qué quitar a los pensionistas lo que les corresponde para dedicarlo a otras partidas quizás mucho más dudosas e inadecuadas?

La no actualización puede considerarse un robo, un verdadero expolio. Constituye sin justificación un impuesto específico a los pensionistas. Impuesto que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflación promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6% el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente. El año diez, el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo que le correspondería si se hubiese actualizado año a año.

La protesta de los pensionistas está obligando a todos los partidos a pronunciarse. El Gobierno se está viendo forzado a dar una alternativa, alternativa que no es fácil de entender. Se trata de conceder a algunos pensionistas una desgravación fiscal. Todos los gobiernos tienen la tentación, contra la lógica más elemental de la Hacienda Pública, de conceder las ayudas sociales como minoración de ingresos, en lugar de a través del correspondiente capítulo de gastos. Además de los muchos defectos que la teoría impositiva predica de los gastos fiscales, hay que señalar que la finalidad de la administración tributaria es la de cobrar los impuestos y perseguir el fraude, no la de gestionar las pensiones. Para este cometido, ya está el Ministerio de Trabajo.

Aun cuando no se conoce bien en qué va a consistir el alcance concreto de la medida, se puede afirmar que solo hay una explicación para huir de la actualización anual de las pensiones por el IPC y establecer en su lugar una prestación social a los pensionistas. La razón hay que buscarla en que el coste de esta ayuda será muy inferior al de la actualización, seguramente porque el número de beneficiarios será muy reducido, pero también y principalmente porque la prestación no será acumulativa y en el caso de la actualización, sí.

El Gobierno en su argumentación está utilizando cifras que pueden inducir a engaño. Afirma que la pensión media ha crecido en el último año el 14%. El dato puede ser cierto, pero la razón no es, tal como se asegura, porque ese haya sido el incremento de las pensiones individuales, sino porque las prestaciones de los jubilados que abandonan el sistema es sustancialmente inferior a la de los jubilados que se incorporan, lo que es más bien revelador de cómo la cuantía de las pensiones se deteriora a lo largo del tiempo, y eso que hasta ahora se han venido actualizando por el IPC.

Desde el Ministerio de Trabajo, departamento del que han surgido las reformas más duras y reaccionarias (no sé por qué los pensionistas se fueron a manifestar ante el Ministerio de Hacienda en lugar de ir al de Trabajo, que es el que elaboró la ley), se ha filtrado un cuadro que ha recogido algún periódico de Madrid. Pretende mostrar cómo evolucionará en el futuro el porcentaje del gasto en pensiones sobre el PIB, si se actualizasen las prestaciones por el IPC. Distingue varios escenarios según el incremento real de la economía, pero curiosamente la hipótesis que escoge para la inflación siempre es la misma, 1,8%. La razón es evidente, los datos son idénticos sea cual sea la inflación; incluso si esta fuese cero y por lo tanto no hubiese ninguna actualización de las prestaciones. No sé si los datos son buenos o malos. Solo el ministerio tiene las tripas, y conoce las hipótesis sobre las que se han elaborado, pero cuadros como este se vienen confeccionando desde los años ochenta sin que jamás se haya acertado en las previsiones a tan largo plazo. En cualquier caso, lo que es seguro es que la evolución del porcentaje del gasto sobre el PIB no depende de la inflación ni de que se actualicen las pensiones. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para rebajar las prestaciones a los jubilados y conseguir así que el gasto total se reduzca. En ese caso es innegable que cuanto mayor sea el IPC, mayor será el recorte que se dé en términos reales a las pensiones y menor, el gasto total, lo que no tiene mucho sentido.

Ante el tema de la revalorización, el líder de Ciudadanos se pone trascendente y afirma que ese no es el problema, sino que hay que acudir al tema de la sostenibilidad a largo plazo, y habla de crear empleo, de subir los salarios, de arreglar el problema de la natalidad, de la conciliación. Todo eso está muy bien, pero, mientras se consigue, permítase a los jubilados actuales no perder al menos poder adquisitivo. Es la falsa parábola de la caña y el pez, que tanto emplean los que se oponen a las prestaciones sociales. Lo de enseñar a pescar puede ser muy bueno, pero mientras aprende, désele el pez al que lo necesita, porque mientras aprende o no se ha podido morir de hambre. Algo parecido ocurre con las pensiones. Mientras se crea empleo, se corrige la tasa de natalidad o se suben los salarios, manténgase el poder adquisitivo de los pensionistas.

La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. Además, así soluciona el problema cualquiera. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación, ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitución. Pero este aspecto merece un artículo completo, así que lo dejamos para la próxima semana.

republica.com 9-3-2018

Se ha consumado lo previsto, lo ya iniciado hace tiempo; simplemente se puso por escrito y se aprobó por el Comité federal el pasado día 17. No podía ser de otra manera, ya que este órgano de dirección, al igual que el Congreso, se ha conformado como simple prolongación del secretario general. Quizás esté mal el decirlo, pero se está cumpliendo punto por punto lo que escribí en este mismo diario digital el 1 de junio pasado en un artículo titulado “El 18 de Brumario”. Era evidente que Pedro Sánchez, tras ser ratificado por los militantes, iba a tratar de acaparar todo el poder en el PSOE. Se anuncia que únicamente se trata de dar voz a las bases; pero, en realidad, lo que se pretende es quitársela a los órganos pluripersonales para concentrar toda la autoridad en el jefe.

En el fondo, nada inesperado. No se precisa mucha perspicacia para darse cuenta de que las primarias, lejos de ser un instrumento de democratización de los partidos, se han convertido en un mecanismo para todo lo contrario, de hecho, destruyen la pluralidad y promueven el caudillismo. No nos puede extrañar, por tanto, que el Comité federal haya aprobado sin ningún voto en contra los estatutos propuestos por la Ejecutiva, que es lo mismo que decir que por Pedro Sánchez. A los barones, que a su vez son representantes de gran parte de la militancia, solo les ha quedado el pobre recurso de la no asistencia o de ausentarse en el momento de la votación.

Lo malo es que la uniformidad que se ha creado artificialmente en el PSOE produce efectos negativos en la sociedad y en el Estado. Por lo pronto, la imposibilidad de crítica interna y la inviabilidad del contraste de opiniones han originado que el sesgo a favor del PSC que mantiene Pedro Sánchez incline al partido socialista a adoptar posturas sorprendentes en materia territorial en lo referente a Cataluña, que difícilmente aceptarían sus votantes del resto de España.

El Gobierno quizás se haya equivocado en plantear un problema, el de la inmersión lingüística en Cataluña, antes de tener diseñada la solución; sin embargo, el hacerlo ha tenido un efecto positivo, obligar a que todos hayan tenido que definirse. No dudo de que, tal como afirman todos los que no quieren que cambie el statu quo, sea un tema sensible. Tal vez por eso conviene contemplarlo con toda frialdad y de forma aséptica, desde fuera. Y mirado así, es difícil encontrar justificación para que se discrimine a favor de uno y en contra de otro de los dos idiomas que son oficiales en Cataluña.

El primer secretario del PSC y detrás de él el PSOE de Pedro Sánchez (aunque lejos de interpretar el pensamiento de todos los socialistas) se apresuraron a salir en defensa de lo que eufemísticamente llaman el “modelo escolar de Cataluña” que, en el fondo, se reduce a mantener el catalán como lengua principal y casi exclusiva en la enseñanza, relegando el castellano a un papel casi residual. Quizás lo más sorprendente radique en los argumentos que se utilizan. Se afirma que la inmersión lingüística pretende evitar la segregación de los alumnos, atendiendo a la lengua, en dos grupos diferentes. Y jactándose de progresistas mantienen que no quieren que los castellanoparlantes se encuentren más tarde en inferioridad de condiciones al dominar de forma más imperfecta el catalán.

Hay que preguntarse por qué motivo el trato paritario de las dos lenguas, y la igualdad en el tiempo que se dedica a ambas, va a dividir a los alumnos, y hay que señalar que resulta preocupante que muestren, aunque de forma inconsciente, su visión supremacista cuando aseveran que no dominar completamente el catalán resta más posibilidades profesionales que no controlar a la perfección el castellano. En diversas ocasiones, los tribunales han dictaminado la necesidad de corregir esta situación discriminatoria sin que las fuerzas independentistas ni el PSC hiciesen el menor intento para que las sentencias se cumpliesen.

Tampoco los gobiernos centrales han hecho mucho para garantizar los derechos de todos los catalanes en materia lingüística. El único paso dado parece haber sido la chapuza introducida en la LOMCE y que ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado como no podía ser de otra manera, puesto que la competencia es de la Generalitat. La única manera de que el Gobierno central pueda interferir en el tema es mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que está precisamente diseñado para corregir todas aquellas situaciones en las que las autoridades autonómicas no ejercen adecuadamente sus competencias.

Se entiende por tanto mal que algunos, desde distintos ángulos, comenzando por el PSOE, hayan defendido que no es este el momento de solucionar el problema. Lo cierto es que -dado que la Generalitat no parece que vaya a cumplir las sentencias- de no interferir ahora habría que aplicar de nuevo el art. 155, aunque lógicamente limitando su actuación a esta materia. Aún más, lo correcto hubiese sido que dicho artículo se hubiera aplicado mucho antes, en general en todas aquellas ocasiones en las que las Comunidades Autónomas se han negado a cumplir la ley o las sentencias de los jueces. Estaría entonces ausente ese carácter dramático y de excepcionalidad con el que se le ha revestido en esta ocasión. (Ver a este respecto mi artículo del 2 de noviembre del año pasado).

Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE por una senda muy estrecha. Fuerza a la organización a adoptar comportamientos sectarios y bastante dogmáticos, que no pueden por menos que causar sorpresa. No puede extrañarnos que Ramón Tremosa, habiendo adoptado todos estos meses el papel de palafrenero de Puigdemont, y después de robar fotos a los políticos belgas, se haya dedicado durante el proceso de la elección de vicepresidente del Banco Central Europeo a denostar al candidato español y a hacer propaganda a favor del irlandés. Los independentistas catalanes nos tienen acostumbrados a denigrar todo lo que se refiere al Estado español, que quieran o no, hasta ahora, es el suyo, y que por lo tanto su deterioro irá también en su propio detrimento. Lo que resultaba, sin embargo, difícil de imaginar era que Podemos y mucho menos el PSOE actuasen de la misma forma.

La cuestión no giraba en torno a juzgar sobre las virtudes o defectos del señor de Guindos, sino de ver si era un español o un irlandés el que se sentaba en el segundo sillón de la institución más importante de la Unión Monetaria, y en la que reside el poder real por encima del de los gobiernos. Durante todos estos años, Italia ha notado claramente la importancia de que Draghi sea italiano. Hoy por hoy, las nacionalidades cuentan y mucho en Europa. Tampoco se trataba de escoger entre una mujer y un hombre; que yo sepa el señor Lane no pertenece al género femenino. Por otra parte, si la pulsión que siente Pedro Sánchez por promocionar a las mujeres es tan grande, podía haber renunciado a su candidatura en las primarias, con lo que hubiese sido una mujer la que hubiera llegado a secretaria general del partido.

El criterio de elección no era tampoco ideológico. Los dos candidatos pertenecen al Partido Popular Europeo, y sería difícil determinar cuál de ellos tiene un pensamiento más neoliberal. Resulta una ingenuidad pensar que al Banco Central Europeo pueden incorporarse representantes de otras tendencias. El reproche de haber trabajado en Lehman Brothers es desconocer los orígenes de la mayoría de los que ocupan puestos relevantes en la Unión Europea. Draghi fue vicepresidente, para Europa, con cargo operativo, de Goldman Sachs; Duisenberg fue vicepresidente del banco privado Rabobank; Jean-Claude Trichet, aunque al final fue absuelto, se vio acusado de haber falsificado las cuentas del Crédit Lyonnais; Mario Monti fue director europeo de la Comisión Trilateral y asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs, y así se podrían continuar citando otros muchos casos. Por otra parte, me parece que Luis de Guindos y Pedro Solbes serían perfectamente intercambiables.

Al final, Luis de Guindos ha sido designado para el puesto, y Pedro Sánchez una vez más ha hecho el ridículo, y con él los eurodiputados socialistas que pasarán a los anales de la historia de la Unión Europa como el único caso en el que frente a dos candidatos de similares características se vitupera al de la propia nacionalidad y se hace propaganda por el contrario. Supongo que a más de uno dentro del PSOE la cara se le habrá puesto sonrosada. Pero qué se le va a hacer, le han elegido los militantes.

republica.com 2-3-2018