Soy más bien reacio a las miles de bobadas que circulan a diario por la red o se reciben por WhatsApp. No obstante, el otro día llegó a mi teléfono móvil por este último medio un video que no tiene desperdicio. No puedo por menos que citarlo; lo encontré no solo enormemente gracioso, sino además muy acertado en su trasfondo. Consistía en un monologo protagonizado por Albert Boadella acerca de los hechos diferenciales. Después he descubierto que está colgado en Youtube a disposición de todo el que quiera verlo. Muchas serían las facetas a resaltar de su contenido, todas ellas interesantes, pero me centraré tan solo en dos.
La primera es que Boadella, tras aceptar irónicamente que, por su condición de catalán, tiene hechos diferenciales, supone que los demás, los que no son catalanes, también los tienen. Verdad de Perogrullo. «Principio individuaciones». Cada sujeto se diferencia de los demás. Hasta aquí nada nuevo. Pero Boadella enseguida va más allá y, parodiando el discurso nacionalista, afirma que, como es lógico, sus hechos diferenciales son superiores a los demás, porque de lo contrario, se pregunta con toda la razón, de qué serviría tener hechos diferenciales. No se tienen estos para ser iguales o inferiores a los otros. Y es que aquí en gran medida se encuentra el núcleo del discurso nacionalista. Cuando se afirma que son diferentes, lo que se quiere proclamar es que son de linaje superior y que por lo tanto son acreedores a un trato privilegiado. Es decir, se postulan no hechos, sino derechos diferenciales.
El segundo elemento a resaltar es su aseveración de que han sido muchas las personalidades del resto de España que han colaborado a incrementar la conciencia de los catalanes hacia los hechos diferenciales, personalidades tales como Ansón, Herrero de Miñón, Felipe González, García Margallo, Zapatero, Pedro Sánchez. Estos son los nombres que cita Boadella, pero a los que ciertamente se podrían añadir muchos más. Tal aseveración viene a confirmar mi tesis (ver mi artículo del 24-3-2016 en estas páginas) de que el problema del nacionalismo catalán no está en Cataluña sino en el resto de España, donde muchos de su prohombres se han empeñado en lograr lo que llaman el “acomodo” de Cataluña en España. La mayoría de los catalanes están perfectamente acomodados, al menos en la misma medida o incluso más que cualquier otro español. Nada es perfecto y todos tendríamos motivos para estar descontentos, no precisamente por ser catalanes. En cuanto a los nacionalistas, por su propia definición, nunca estarán satisfechos salvo con la independencia.
Desde la Transición y quizás por antagonismo al régimen franquista (de donde se deduce que nunca se pueden elegir opciones por el único argumento de diferenciarse de otro), nos hemos ido equivocando en el tema territorial, cediendo posiciones con el único objetivo de atraer al nacionalismo, lo que constituye una utopía. Hoy es tabú, pero puede que llegue el día en el que se reconocerá el error cometido con el establecimiento del Estado de las Autonomías. Yo, como muchos de mi generación que nos sentíamos de izquierdas, gritamos aquello de «libertad, amnistía, estatuto de autonomía». Ahora me pregunto cómo pudimos meter en el mismo saco la autonomía política en el ámbito territorial, de conveniencia muy discutible, con la libertad y la amnistía, exigencias imprescindibles para acceder a un Estado democrático. Y, sobre todo, cómo podíamos olvidarnos de la igualdad. Tal vez estábamos demasiado obsesionados con la falta de las libertades formales y no caíamos en que sí, estas son necesarias, no son suficientes. Deben ser completadas con las libertades reales, todas aquellas que hacen posible la igualdad. No pusimos el debido acento en ella, permitiendo incluso que las veleidades nacionalistas con sus requerimientos prevaleciesen sobre las exigencias de la equidad.
La Constitución se confeccionó con la mirada puesta en los nacionalismos, y con el objetivo de integrarlos para que no quedasen al margen del proceso de la Transición. Se realizaron concesiones importantes tanto en la Carta Magna como en la Ley electoral. Buen ejemplo de ello lo constituye el concierto vasco y navarro, régimen fiscal inconcebible en un Estado moderno y que rompe la igualdad en el plano territorial.
Aparentemente, la estructura política creada en aquel momento parecía contentar al nacionalismo. Eso explica cómo Cataluña fue de las Comunidades en las que la participación de la población en el referéndum para aprobar la Constitución fue mayor, y mayor también el porcentaje de votos positivos. Sin embargo, el equilibrio conseguido fue solo provisional, porque para el independentismo toda conquista constituye únicamente una plataforma en la que apoyarse para plasmar una nueva reivindicación. Paso a paso y año tras año se han ido creando las mayores cotas de autogobierno conocidas en España, y quizas en Europa, hasta el extremo de que el Estado ha ido progresivamente quedando reducido a su mínima expresión.
Pero hay algo más y quizás más grave, y es que el independentismo en todas su variantes ha empleado las estructuras del Estado para propagar su ideario en contra del propio Estado y a favor de la independencia. Se ha valido de toda clase de instrumentos: educación, recursos económicos, medios de comunicación, etc. Ha fabricado una historia nueva e inexistente. Ha construido también una realidad social, política y económica falsa, en la que Cataluña -¡oh, paradoja-, aparece como una Comunidad oprimida y explotada por regiones mucho más pobres. España nos roba. Esta labor de adoctrinamiento practicada año tras año ha tenido sus frutos y ha incrementado sustancialmente el sentimiento soberanista. Frente a los que afirman que el independentismo ha aumentado por la intransigencia del Gobierno central negándose a hacer concesiones, parece claro que la causa se encuentra más bien en las hechas por unos y por otros a lo largo de todo este tiempo, y que han dotado a los soberanistas de nuevos instrumentos para practicar el proselitismo.
Quienes defienden que el diálogo y las cesiones pueden servir para solucionar el problema o son unos inocentes o tienen intereses propios y puede que bastardos. Sin duda, Azaña pertenecía al primer grupo al defender el estatus de autonomía de Cataluña en la I República; ya que la razón estaba del lado de Ortega cuando mantenía que el problema del nacionalismo catalán no tenía solución y solo cabía la “conllevancia”. El propio Azaña más tarde reconocía su error y se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de la deslealtad del nacionalismo catalán; primero cuando Companys, aprovechando la Revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán y, más tarde, por el comportamiento de la Generalitat en plena Guerra civil.
En todos estos años de democracia, las prebendas concedidas al independentismo se han debido, al menos en parte, a las conveniencias de los dos grandes partidos nacionales. A pesar de practicar cuando gobernaban políticas bastante similares, se negaban sin embargo a entenderse entre ellos y, si se carecía de mayoría absoluta, preferían pactar con los nacionalistas y someterse a su chantaje. Este hecho se ha reforzado en el PSOE en los últimos años por la influencia y presión del PSC.
Fuel el PSC el que dio la victoria a Zapatero frente a Bono, hecho que marcó la actuación del primero en el tema de Cataluña, tanto como secretario general del PSOE, como en su calidad de presidente del gobierno. La tan recordada frase «Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el parlamento catalán» fue un precedente nefasto y en buena medida origen de la ofensiva secesionista. Los causantes del llamado desencuentro no han sido, tal como se nos quiere hacer creer ahora, los que recurrieron al Tribunal Constitucional, sino los que aprobaron un estatuto claramente anticonstitucional y quisieron modificar por la puerta de atrás la Carta Magna. Pero, eso sí, Zapatero, gracias al voto catalán, se aseguró una segunda legislatura.
La situación se ha hecho especialmente grave desde que comenzó la deriva separatista, verdadero golpe de Estado, en palabras de la propia patronal catalana. La actuación de las autoridades de la Generalitat es de clara sedición y rebeldía. Aun cuando la Fiscalía hasta ahora, por un problema de prudencia, no haya querido acusar más que de los delitos de desobediencia y prevaricación, que no conllevan asociadas penas de cárcel (se ha huido incluso de la figura de malversación de fondos públicos) no implica que los otros delitos no existan y no estén tipificados en el Código Penal.
Ante tal estado de cosas, es sorprendente la actitud de Pedro Sánchez desmarcándose de las medidas del Gobierno y queriendo jugar a la equidistancia. La postura del actual secretario general del PSOE solo se explica -que no se justifica- por el odio que al parecer tiene a Rajoy, por la pretensión de posicionarse en todos los temas en contra del PP y sobre todo por la ambición nunca abandonada de llegar a presidente del gobierno para lo que -de tener alguna posibilidad- necesita contar con los votos de los secesionistas. Su comportamiento raya en el esperpento cuando, ante los desafueros de toda clase planteados por el independentismo, su reacción se reduce, cual fraile franciscano, a predicar el entendimiento y el diálogo.
Junts pel sí y la CUP están a punto de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. No se ha hecho demasiado hincapié en ello, pero la verdad es que esta declaración se produciría automáticamente con la aprobación de la Ley del referéndum, ya que se proclama a sí misma ley suprema por encima de cualquier otra ley, del Estatuto y de la propia Constitución, con lo que se está presuponiendo la soberanía total del parlamento autonómico. Sabíamos que a los sediciosos les importaban poco la ley y la democracia, pero ahora sabemos que tampoco la lógica, ya que se da una petición de principio. Se hace una ley para habilitar un referéndum con el que preguntar a la ciudadanía acerca de la independencia, independencia que se supone ya realizada desde el momento en el que se ha declarado al Parlamento de Cataluña soberano.
Ante un momento tan crítico como el actual, lo único que se le ocurre a Pedro Sánchez es acusar al presidente del Gobierno de no dialogar y anunciar pomposamente que él sí va a proponer la verdadera solución, unida a una reforma constitucional, que todavía no ha explicado en qué va a consistir, pero que hay que temer que se oriente a nuevas concesiones a los nacionalistas para premiar la sedición y la rebeldía, concesiones que solo servirán para que en el futuro cuenten con más instrumentos para plantear con fuerza renovada la ofensiva separatista.
Pedro Sánchez mantiene una posición totalmente ambigua. Por una parte afirma que respalda al Gobierno en su oposición al referéndum independentista y en la defensa de la Constitución, pero al mismo tiempo pone reparos y se distancia de todas las medidas que el Ejecutivo se ve en la obligación de instrumentar; incluso, él y sus acólitos han llegado a desacreditar el artículo 155 de la Constitución, descartando a priori su aplicación y amenazando nada menos que, como cualquier sedicioso, con acudir a la opinión internacional en caso de que fuera necesario ponerlo en práctica.
El comportamiento adoptado por Pedro Sánchez contradice lo que ha venido siendo la postura tradicional del PSOE en esta materia, que siempre la ha considerado cuestión de Estado y en la que se debía estar al lado del Gobierno. Su condescendencia con el secesionismo catalán tiene que estar dejando descolocados a buena parte de sus compañeros de partido, incluso a aquellos que le hayan votado en las primarias, que seguro que no le dieron su voto para defender esa ambigua teoría de nación de naciones, que tan bien les puede venir a los nacionalistas. Andaluces, extremeños, castellanos, murcianos, etc., es imposible que vean con buenos ojos el hecho de que, a pesar de que la renta per cápita de sus Comunidades es muy inferior a la catalana, se les considere explotadores y a Cataluña colonia subyugada; y que para dejar contentos a los nacionalistas catalanes haya que reformar la Constitución y dejar muy claro que sus hechos diferenciales son superiores a los del resto de los españoles.
republica.com 4-8-2017
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