El Gobierno ha aprobado el proyecto de Presupuestos para 2017 que deberá discutirse y aprobarse en las Cortes, siempre que con el concurso de otras formaciones políticas se suscite una mayoría suficiente. Entrará en vigor con cierto retraso, más o menos a mitad de año. Algunos viven como una tragedia la ausencia de un presupuesto (en realidad, siempre hay presupuesto, aunque sea el del año anterior prorrogado). Sin embargo, quien conozca con cierto detalle y a fondo las cuentas públicas concederá bastante menos relevancia a su no aprobación.
Para un gobierno, en tiempo de recortes como el actual y, en presencia de cierta expansión económica no le resulta nada incómodo un presupuesto prorrogado. Los ingresos aumentan o al menos, deberían aumentarse al mismo ritmo que el PIB nominal (incremento real más inflación), mientras que, al haberse prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, la mayoría de los créditos permanecen congelados, con lo que el control del déficit, objetivo principal de la política de austeridad, impuesto por Bruselas, resulta más sencillo y más fácil de justificar por el Ejecutivo.
Por otra parte, el presupuesto goza de una gran ductilidad. El Gobierno posee un importante margen de maniobra para realizar modificaciones presupuestarias, transferir créditos de una a otra partida. Hace ya bastantes años que un abogado del Estado con amplia experiencia en la elaboración del presupuesto lo definía con cierta chirigota como un solo crédito y ampliable.
Se entiende por tanto que desde el punto de vista económico y administrativo el Ejecutivo no tenga demasiada dificultad en funcionar con un presupuesto prorrogado; es más, hasta es posible que le resulte más sencillo y le sirva como pretexto para no acometer determinadas tareas o para justificar ciertos recortes por los que de otra manera sería fuertemente criticado.
Otra cosa muy distinta es el ámbito político y el de las apariencias, ya que es bien sabido que las cosas no son como son sino como aparecen, y en la opinión pública está muy extendida la tesis de que para todo gobierno es un baldón no aprobar los presupuestos, tópico que va unido a otro mantra, el de que el documento presupuestario es la expresión de la política económica del Ejecutivo, lo que no es exacto. En primer lugar, porque las opciones y variaciones existentes no son demasiado numerosas, dados los compromisos ya contraídos y las obligaciones impuestas por Bruselas; y, en segundo lugar, porque puede existir una distancia significativa entre el proyecto inicial y la ejecución a final de año.
Es muy posible que sea por esta razon política por la que el Gobierno de Rajoy esté empeñado en aprobar los presupuestos y por lo que el PSOE eluda entrar en la negociación, con lo que el acuerdo, de haberlo, sería con Ciudadanos, PNV y los canarios. Por ahora no han trascendido demasiado las negociaciones con nacionalistas y regionalistas. Lo único que se conoce es el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, por cierto nada bueno y que va a complicar más los problemas que en la actualidad presentan nuestras finanzas públicas. En estos momentos el déficit de nuestro país es de los más altos de la Unión Europea y existe una responsabilidad evidente, la insuficiencia de recaudación del sistema tributario acentuada a partir de 2008. La presión fiscal de España es de las más bajas de Europa.
Dado el nivel de deuda pública acumulado durante la crisis, si se quiere mantener una administración eficaz, unas infraestructuras y unos servicios públicos adecuados, y dar respuesta a las necesidades sociales, es imprescindible incrementar la recaudación. De ahí que sea una mala noticia el compromiso adquirido entre el Gobierno y Ciudadanos de no elevar los tributos, especialmente el IRPF, por mucho que esa información pueda agradar a algunos tertulianos y demás elites económicas y mediáticas.
El acuerdo entre el PP y Ciudadanos conserva la misma línea de deflación competitiva de la etapa anterior. Su finalidad es abaratar los costes laborales y fiscales a los empresarios. Se mantienen e incluso se incrementan las bonificaciones y exenciones en las cotizaciones sociales y se establece el llamado complemento salarial, que viene a ser una subvención implícita a los empresarios, orientado a reducir los costes salariales. La contrapartida de todo ello es, por una parte, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y, por otra, la reducción sustancial en estos presupuestos de los recursos destinados a infraestructuras, con lo que se ha iniciado una guerra entre Comunidades, ya que todas se sienten maltratadas en esta partida por el Gobierno central.
Así y todo, existe la sospecha de que los números no cuadran y de que los ingresos están sobrevalorados aproximadamente en 8.000 millones de euros. El hecho, desde luego, no es nuevo. Desde 2008, año tras año, en todos los ejercicios se ha producido una fuerte desviación entre la cuantía de los ingresos presupuestados y la de los que finalmente se recaudan. Las opciones son claras: o bien los encargados de realizar las previsiones en la Secretaría de Estado de Hacienda fallan más que una escopeta de feria o se está inflando a propósito la cifra estimada en los presupuestos, a efectos de que el déficit cuadre en el proyecto inicial.
Republica.com 20-4-2017
